Una mirada a las recientes encuestas de opinión del país – Datanálisis y Varianzas- evidencia la profunda transformación que ha ocurrido dentro de nuestra sociedad.

Los números dan cuenta de una situación que se caracteriza por el peor momento de penuria económica que afecta transversalmente a todos los segmentos sociales. 91% de los venezolanos ve la situación del país como mala o muy mala y dos tercios de nuestros compatriotas le atribuyen al costo de la vida y al mal manejo de la economía su crítica situación.

Al mismo tiempo, paradójicamente se ha estado configurando una desconexión generalizada del país entero de la suerte que nos deparan los meses que vienen. Prevalece la inercia y la resignación frente a un destino que casi todos ven como ineluctable. Como si el desmadre, las carencias y las estrecheces de cada familia nada tuvieran que ver con la conducción del país. Menos de la mitad de la población muestra interés por pronunciarse con un voto en las elecciones regionales de noviembre.

La ciudadanía se está deliberadamente colocando al margen de lo público, de lo gubernamental, de las acciones tanto del régimen de oprobio como de la oposición blandengue por cansancio, por agotamiento, por la imperiosa necesidad de dedicar lo mejor del tiempo de cada quien a fraguarse un ingreso mínimo vital, un espacio de supervivencia que cada día se vuelve más exiguo y por tanto más limitante .

Una especia de inercia maluca se ha apoderado de los individuos que hoy no pueden más que prestarle atención a sobrevivir. Una bien armada estrategia de esclavización del colectivo ha conseguido surtir el efecto esperado: cuánto mayor la pobreza, más efectiva la mordaza que representan los programas de dádivas sociales, los que ni quitan el hambre ni resuelven las carencias pero que esperanzan al receptor en cuanto a su próxima entrega. Ello unido a la represión consigue inmovilizar a las masas y ponerle sordina al descontento.

Ni las tesis del gobierno ni las de la oposición movilizan hoy a la ciudadanía porque ni los adeptos de unos ni los seguidores de los otros encuentran un asidero para justificar entusiasmo frente a la intervención de un cambio en el pavoroso estado de las cosas. Las toldas que adversan al régimen le han fallado al país tanto como las promesas del chavismo. A la gestión catastrófica del gobierno reconocida por los venezolanos – Maduro alcanza apenas a conseguir 11% de simpatizantes- viene a sumarse la desilusión por los objetivos no alcanzados por los líderes de los movimientos prodemocráticos -apenas de 1 de cada cinco le apuestan a la oposición.

¿Cómo hacer para mirar el futuro con espíritu y actitud constructiva cuando es necesario moverse dentro de un ambiente donde lo que reina es el desapego? Es preciso, antes que nada, despertar en el ciudadano de la calle el ánimo de recomponer las cosas y terminar con el estado de sumisión que aletarga a la ciudadanía. No vale solo que los eventuales candidatos opositores hagan causa solidaria e irreductible para enfrentar al poder aplastante del régimen. Sin duda que ello es una condición imperativa de cualquier negociación que pueda emprenderse de la mano de actores internacionales. Pero más decisivo es concitar al conglomerado de individuos inquietos y descontentos a acciones proactivas que sean demostrativas de la fortaleza de la determinación al cambio. No en balde, 68,8 % de nuestros compatriotas consideran que Maduro debe irse este año de 2021.

La antesala de una lucha electoral es propicia para reposicionar el tema del caótico rumbo económico e institucional que debe lleva el país. La apertura de un procedimiento de referendo revocatorio del mandato presidencial a Nicolás Maduro Moros que ya se encuentra en desarrollo también debe contribuir a crear un ambiente que canalice los descontentos. Tomemos en cuenta que en los estratos C y D más del 80% de sus componentes avalúan como negativa la gestión del mandatario. Las mismas elecciones primarias dentro del PSUV pueden ser útiles para hacer aflorar en las filas oficiales y para ponerle volumen a las múltiples inconformidades que se manifiestan en torno al manejo económico del país y, particularmente, en lo relativo al trato de la pandemia que sigue azotándonos a pesar de que el mundo ya se ordena en torno a una recuperación.

En síntesis, una negociación con el gobierno desde una posición de debilidad del liderazgo y de atonía política del conglomerado no conduce a otra cosa que no sea la permanencia del régimen.

La hora es nona.

Circula un modelo de contratación colectiva (IV-CCU) destinada a liquidar a las universidades. No fue suficiente ahogarlas económicamente, ni propiciar la fuga de talento o por parsimonia en la vacunación acabar con la vida universitaria y reducir la matrícula. Ahora el odio hacia el talento, la investigación y la formación de recursos humanos propicia un nuevo instrumento que, entre otros dislates, pretende (Cláusula 51) que el 75% de los trabajadores universitarios, profesores, empleados y obreros, sean designados por el sindicato oficialista, el único que participa, es decir por un partido político.

Con dolor y desazón, esto me ha hecho pensar en aquellos años cuando el poder nazi penetró y controló a las universidades alemanas, persiguiendo a los profesores, liberales, judíos, marxistas o aquellos simplemente en desacuerdo con las ideas de Hitler. No más concursos de oposición, ni estudios de postgrado o cualquier cosa que tenga aroma a meritocracia y libertad de opinión, que es la esencia de la universidad. Fuera la libertad de cátedra, ahora 7 de cada 10 profesores e investigadores serán seleccionados por un sindicato en una brutal expresión del populismo y del clientelismo político. Tanto es así, que se pretende crear un “Consejo de Participación Protagónica de los Trabajadores y Trabajadoras en el modelo de gestión socialista universitaria”.

Pero eso no es todo, el documento también pretende la creación, en el seno de una institución que debe ser laica y civil, de una fuerza militar supuestamente dirigida a defender a la patria. Imaginen apreciados lectores, a estudiantes y profesores con un uniforme similar al de los milicianos, alineados y luego entrando a las aulas a paso redoblado y probablemente cantando un himno evocador de la revolución bolivariana ya que la cláusula 10 establece, aunque parezca increíble cosas como “la creación y consolidación de cuerpos de combatientes…asimilados como ejército universitario con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”…”y la infraestructura física y tecnológica serán puestas a la disposición del Consejo Nacional Universitario de Defensa de la Patria a ser creado como órgano de control...”

No creo que este desafuero pudiera haber pasado por la mente de Bolívar y de José María Vargas cuando redactaron los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela y mucho menos en la de los redactores de la Ley de Universidades de 1958.

Un contrato colectivo no sólo violador del artículo 109 de la Constitución, sino también de los valores y los derechos fundamentales que además pretende lanzar a la basura 300 años de tradición. Me resulta muy difícil creer que esta bizarra idea sea compartida por los profesores universitarios que abrazaron la ideología del proyecto bolivariano y ocuparon cargos ministeriales. Confío que no desearán ser juzgados por la historia.

Si esta contratación colectiva se ejecuta, ningún título universitario venezolano tendrá valor ante el mundo occidental, nuestras casas de estudio serán clasificadas entre las peores del mundo, ningún profesor podrá portar con orgullo el haber ingresado por méritos y gracias a ellos, a forjar nuevos profesionales o aumentar el acervo de conocimientos del país.

Egresados, profesores, empleados y obreros universitarios deben elevar su voz de protesta y rechazo a esta contratación colectiva.

Escribo esta nota, porque todo apunta a que habrá una negociación, queramos o no. Hay razones para creerlo, entre ellas el giro de 180 grados de Guiado y de la oposición que lo respalda y la respuesta del Gobierno, a lo que se suman los giros, aunque sutiles, de la diplomacia norte americana, el pronunciamiento, aunque disimulado, de la OEA sobre el Acuerdo de Salvación Nacional y un nítido apoyo europeo. Solo hace falta que termine de llegar el grupo de Noruega. Para comenzar creo que, al contrario de lo que alguien dijo, el Gobierno es quien más la necesita porque aparenta fuerza, pero en realidad está más débil. La oposición también la necesita porque no tiene más alternativa.

Quizás algunos criterios podrían ayudarnos a pensar mejor el tema. Unos triviales, unos formales y otros más de fondo. El claro que el Gobierno intente ganar tiempo, como siempre lo ha hecho y, que también “lance mortíferos dardos”, previos a la negociación, inclusive el mayor de todos, la toma de El Nacional. Agrega todo lo que puede, pero a la vez cede en pequeñas cosas. La concesión limitada del CNE da una señal de apertura que favorece el apoyo internacional a una negociación.

Del lado opositor, sucede lo mismo, primero tiene que “abrir una puerta” porque las demás están cerradas. Basta con la disolución del Grupo de Lima y la postura del nuevo gobierno de los Estados Unidos para constatarlo. Quedan apoyos como el de la Unión Europea y luego con los de Colombia, Brasil y Ecuador, países atravesando crisis severas y Chile en plena “Constituyente”. El frente internacional cambió de objetivo. ¿Es posible un consenso político?

En ese sentido, desearía evaluar hasta donde Venezuela pueda repetir su historia y alcanzar un nuevo consenso político que esté enfocado sobre los principales problemas y soluciones de fondo que el país requiere y no solamente sobre los temas que día a día se discuten, si bien estos pueden formar parte de él. Mi observación está orientada a examinar si existen las condiciones para romper la ruta de conflicto y exclusión política que hemos experimentado hasta ahora.[1]

El conflicto y la exclusión política como patrón histórico

La experiencia nos dice que el conflicto y la exclusión política han regido nuestros tiempos modernos. Si examinamos con cierto detenimiento nuestra historia republicana encontramos que este ha sido el patrón de conducta del mundo político. Desde la continua lucha por instalar la democracia contra las dictaduras militares de los Gomez o los Perez Jiménez, hasta los que permitieron y luego destruyeron el único consenso de gran alcance que tuvimos, el Pacto de Punto Fijo, Venezuela ha vivido una intensa secuela de conflictos, cuyos máximos exponentes son la defenestración de una presidencia en ejercicio, la de Carlos Andrés Perez hasta la profunda ruptura que ha creado la revolución bolivariana.

Una comparación del tipo de conflictos que hemos tenido puede ayudar a colocarnos en una perspectiva que ilustre su viabilidad. Desde la profundidad de la lucha por la democracia en los inicios de nuestra era moderna, hasta los menos profundos, aunque con huellas dolorosas dentro del periodo democrático, educan sobre lo que puede pasar, porque no existe, en ninguno de ellos, una grieta tan honda y tan aguda como la que tenemos ahora. Lo que está en juego no es trivial, tal como en los casos anteriores donde persistía el ordenamiento democrático, mientras que ahora esa es la apuesta fundamental. Una situación en la que se juega el “todo por el todo”, pues la principal concesión exigida es, precisamente, el regreso a la democracia, lo que conlleva al mayor sacrificio del Gobierno.

Siendo esta la cuestión esencial a resolver, la pregunta es ¿Qué puede obligarlo a ceder esa sensitiva renuncia? ¿Hasta donde de verdad estaría dispuesto a ceder ese sacrificio mayor? Por una parte, es indispensable acercarse a lo que puede ser la real situación del Gobierno y, por la otra, que acciones pudieran obligarlo a una concesión de esa naturaleza.

Fortalezas y debilidades.

Sabemos que su mayor fortaleza es el apoyo de la Fuerza Armada, el total dominio del poder político y judicial, incluyendo Gobernaciones y Alcaldías, y el control social sobre la población, pero también sabemos que su principal debilidad es la necesidad de conseguir apoyo financiero, ante la insuficiencia de los recursos petroleros para mantener la economía y la sociedad funcionando[2]. Ahora que perdió uno de sus baluartes fundamentales, el monopolio de las divisas, con la insurgencia de un mercado privado, casi equivalente al suyo, el Gobierno quebrantó sustancialmente su poder económico. La economía privada y la pública se han emparejado, más todavía si PDVSA, en la práctica ha colapsado[3].

Nótense, las últimas decisiones gubernamentales y ubiquémonos en los últimos recursos políticos utilizados. Su última arma política defensiva la Asamblea Constituyente no sirvió para nada, en realidad es su fracaso más estrepitoso, por lo que ya no hay, ni habrá más Constituyentes. La Ley Antibloqueo, su única herencia no convence a nadie, menos a sus principales apoyos internacionales. De lo contrario pregúntesele a Rosneff o a CNPC Services Venezuela Ltd, S.A.o a Chevron. La nueva Asamblea Nacional se inició con una aparente cara “conciliatoria” y con el objetivo de modificar la Ley de Hidrocarburos.

Por otro lado, están las iniciativas dentro del mundo petrolero para obtener nuevo capital privado, sea por la vía de la Ley Antibloqueo, por las intenciones de modificar la Ley de Hidrocarburos, o por decisiones menores incorporando a inversionistas locales o externos en el área de los servicios a la industria, con lo que le resta poder y negocios a la fuerza armada[4], cual ha sido el formato para mantenerlas asociadas al poder. El Gobierno sabe que, de ampliar pronto esos recursos le es “cuesta arriba” mantener la revolución. Anótese que no han ingresado nuevos ingresos financieros de apoyo de sus dos principales socios, Rusia y China. Por el contrario las deudas anteriores se han ido cancelando, sin renovaciones sustantivas.

Queda el arma del Poder Comunal, con lo de las Ciudades y el Parlamento, dos amenazas que, por supuesto, hay que tomar en cuenta y evaluar en su capacidad para construir un poder equivalente al de los Gobernadores y Alcaldes, aunque aquellas tienen como contrapartida que estas instituciones se consolidan con las nuevas elecciones.

Queda por evaluar el tema del “control social”, esto es, hasta donde lo puede preservar. Para tales fines habría que reconsiderar sus tres políticas, la de las necesidades, la del miedo y la de la adhesión y estas, sin lugar a dudas mantienen inmovilizada a la mayoría de la población. Sabemos, por experiencia, que la capacidad de movilización de una sociedad no es espontanea, salvo que se produzca un evento excepcional e inesperado, pero que, salvo ese incidente, movilizarla requiere un liderazgo que la impulse y este, sabiamente el Gobierno, lo ha erosionado. Damos por descontado que esta fortaleza gubernamental se va a mantener.

Recapitulando, el Gobierno necesita dinero y esta es, casi, su única debilidad, pero también necesita producir o importar bienes y mejorar el sistema de servicios públicos, especialmente electricidad y agua, por lo que necesita, no solo de dinero, sino de capacidades productivas, por lo que el rol de la economía privada ha cambiado. Obsérvese que ya no se habla de “guerra económica”, que el primer acercamiento de la nueva Asamblea fue hacia Fedecamaras. También que, con el próximo y muy significativo encuentro con la Conferencia Episcopal, quizás la más representativa de la sociedad civil venezolana, fue cuando en realidad, se inició el verdadero “dialogo conciliatorio”.

El campo negociador es ampliado

Lógicamente que, si bien una negociación se plantea, inicialmente con unos partidos políticos muy debilitados, la verdadera habría de ser no solo con ellos, pues quienes han adquirido alguna fuerza (a pesar de la ruina en que están) son la economía privada y la sociedad civil venezolanas, con lo cual nos encontramos con un cuadro en el que quien tiene una fortaleza equivalente a la del Gobierno es el dueto sociedad civil y economía privada, especialmente por el vínculo de esta con el mundo exterior.[5]

En otras palabras, una negociación, circunscrita a los partidos y solo sobre los temas políticos (elecciones, etc.) si no toma en cuenta esa nueva fortaleza corre el riesgo de fracasar pues, si se está hablando de un “Acuerdo de Salvación Nacional”, de carácter Integral y dada la situación de precariedad económica y social que vive Venezuela, muy lejos va estar de “salvar a Venezuela”, si no cuenta con una alianza significativa del componente a que aludo.

Consenso político y prosperidad económica sostenible.

El Pacto de Punto Fijo, por más que criticado y no suscrito por todas las fuerzas políticas venezolanas promovió dos tareas fundamentales. La primera, la consolidación de un periodo democrático de larga duración, hasta que su ruptura inició una nueva era de conflictos y exclusión política y, la segunda, el diseño y desarrollo de primer plan económico de la democracia, el cual, no solo permitió el desarrollo de la planta industrial venezolana, con las políticas de sustitución de importaciones, sino que originó la mejor época de indicadores sociales que hemos disfrutado. La ventaja de un consenso para desarrollar una economía sostenible y duradera y no volátil, cual es la característica fundamental de la nuestra, puede considerarse un logro sustantivo, sobre todo porque el consenso logra romper con las políticas de corto plazo que tanto daño le han hecho a Venezuela.

Dicho esto, queda por decir que si, podemos, llegar a un acuerdo en el campo político que restaure el ordenamiento democrático, y que ello, de si solo es altamente plausible, pero si el acuerdo no logra transformar el modelo petrolero, estatista, centralista y pro – socialista que siempre dominó en Venezuela, en sus expresiones moderadas o extremas, terminaremos en lo mismo. Lo que sería peor, como lo demuestra la experiencia, que los acuerdos terminen en una apertura petrolera para aumentar la producción y las exportaciones que oxigenen al Gobierno actual, producto de una atenuación de las sanciones. En ese caso, no solo estaremos “vendiendo” el futuro de Venezuela como país libre y realmente democrático, sino que estaríamos sacrificando las posibilidades de una recuperación económica, sana, sostenible y duradera.

Apelar, por tanto a un Consenso Político de mayor profundidad que tenga como objetivo deslastrarnos, de una vez por todo, de ese “modelo[6]”, que tanta conmoción y ruina ha causado y que nos ha conducido a esta posición extrema, del “todo por el todo”, no puede ser entendida como una exigencia banal y trivial, en especial porque detrás de ella están todos los daños infringidos a la sociedad venezolana.

Viabilidad de un consenso político.

La profundidad de la crisis a la que ha llegado Venezuela dificulta considerablemente alcanzar un consenso político que la regrese a un status de normalidad, inclusive a uno en el que las fuerzas democráticas ganen condiciones de participación política. Pedir, mas allá de eso, la restitución de un modelo en el cual la economía privada y la sociedad civil tengan una influencia decisiva en el destino de Venezuela resulta, para decir lo más, casi imposible. Sin embargo, la posibilidad de un consenso de esa naturaleza va a depender de la comprensión de los actores oponentes al Gobierno de cuales son realmente los aliados y cuáles son realmente sus propias fuerzas. Del lado del Gobierno están dos opciones o acompaña a Venezuela en una floreciente reivindicación democrática, económica y social o asume la responsabilidad de permitir la consolidación de una sociedad indigente en Venezuela, tal como el caso cubano.

¿Nuestra última carta?

Podría sonar extrema preguntar si esta será la última carta que se juega la Venezuela democrática y allí, el papel que pueda jugar la comunidad internacional y las acciones de persuasión o presión que pueda ejercer son vitales, pero también es indispensable que comprenda quienes son los actores reales de esta contienda, no solo en el campo de los aliados internaciones del Gobierno, Rusia y China, como se sabe, sino de lo representan las fuerzas internas que el país todavía posee. Descuidar esa percepción, creemos, es esencial para saber si nos estamos jugando la ultima carta.

[1] Diferencio aquí conflictos atinentes a los partidos políticos de aquellos de índole social que fueron atenuados por el ingreso petrolero.

[2] Las recientes entrevistas con Blomberg ilustran esta necesidad e indican una señal a los inversionistas de ese país para que presionen sobre allá sobre el tema de las sanciones.

[3] La gasolina y el diésel son todavía armas a favor del Gobierno, pero, “per contra” dificultan el abastecimiento interno que no pueden compensar con importaciones.

[4] Interesante el lugar en que quedaría la empresa CAMIMPEG.

[5] En especial las que tradicionalmente han existido en el terreno petrolero y financiero.

[6] Ni siquiera estamos pidiendo completar la agenda que propusimos en el libro “Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela” recién publicado.

Sorpresa, confusión, incertidumbre son algunas de las palabras que están dominando las reflexiones sobre los resultados electorales en Perú y, en efecto, el país enfrenta una compleja situación política que tiene años acumulando tensiones; en consecuencia, sorprende la posición de los partidos y, en particular de los políticos, que han estado jugando a la inestabilidad. También impacta la posición de algunos críticos que, sorprendidos por los resultados de la segunda vuelta –objeto de exhaustiva revisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)– plantean explicaciones simplificadoras o teorías conspirativas, que efectivamente tienen incidencia, pero por sí solas no permiten comprender la compleja situación que enfrenta Perú y la región en su conjunto.

No exageramos al decir que en Perú y, podría ocurrir en otros países de la región, se está presentando un doble voto castigo que combina, tanto el rechazo a la situación de la coyuntura, como la indignación por la profundidad de los problemas estructurales. En la coyuntura se suman varios factores, entre otros, la severa crisis política que enfrenta Perú en los últimos años, y que ha tenido como epicentro al Congreso de la República, una institución que recibe las consecuencias del desprestigio de los políticos y los partidos, y ha servido de marco para prácticas clientelares, negociados oportunistas, corrupción e impunidad.

La creciente desconfianza de la población frente a las organizaciones políticas ha estimulado, entre otras, indiferencia, rechazo y antipolítica.

Todo un conjunto de posiciones que se reflejaron claramente en la primera vuelta del actual proceso electoral, tanto por el sorprendente número de 17 candidatos participantes, que en su mayoría no contaban con mayor respaldo popular y, luego, durante el proceso electoral, con el nivel de la abstención (votos nulos y en blanco) del electorado.

En los últimos años la institucionalidad política peruana se ha deteriorado sensiblemente, situación que se presenta en la mayoría de países de la región, pero no podríamos afirmar que es un fracaso de la democracia, en gran medida tiene que ver con las limitaciones de los actores que participan, la desconexión con la realidad y la concentración en las agendas personales. Ahora bien, la desconexión de los políticos con la sociedad, en particular con los sectores más vulnerables, es un problema que se ha tornado estructural.

En este contexto, sorprende la falta de comprensión sobre la compleja realidad que vive el Perú y, en gran medida, nuestra región. Enfrentamos una crisis multi e intersistémica, que conjuga aspectos económicos, sociales, éticos y todo se proyecta en la política. Son muchos años acumulando exclusión, intolerancia, marginalidad y, para agravar la situación, llegó la pandemia del covid-19, que ha multiplicado exponencialmente los problemas.

Al descontento social frente a los fracasos e indiferencia de los políticos y sus organizaciones, debemos sumar la deficiente administración de la pandemia y sus perversas consecuencias en los sectores más vulnerables. El descontento popular ha crecido, pero debemos tener presente que, en el caso de los sectores más vulnerables, la exclusión e indiferencia se están acumulando desde hace muchos años.

Es evidente que Perú ha logrado importantes niveles de crecimiento económico, situación que no se ha proyectado en todo el país. Conviene recordar que luego de la dictadura de militares de izquierda y su fracaso económico, situación que se arrastró por varios años, el país alcanzó un deterioro tan significativo que algunos llegaron a calificarlo como un país fallido. Luego, la adopción de una disciplina macroeconómica y la apertura comercial permitieron que Perú se transformara en una de las economías prosperas de la región.

Ahora bien, en la medida que el país fue creciendo económicamente, paralelamente se desarrolló otro problema estructural que enfrentan la gran mayoría de países de la región, lo que Fernando Fajnzylber en 1990 resumió como: «El casillero vacío: crecimiento económico, pero sin equidad social». Este problema se ha mantenido en el tiempo, se ha incrementado y con la pandemia del covid-19 se ha multiplicado. Ahora el PNUD, en el Informe de Desarrollo Humano de nuestra región, recientemente publicado, considera que estamos atrapados en una «trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento».

Las organizaciones internacionales tienen años alertando que la región enfrenta una marcada desigualdad. Actualmente, también resaltan las graves consecuencias sociales que está generando la pandemia, con mayor rigor en los sectores más vulnerables. En tales condiciones, suficientemente analizadas durante varios años, impacta que no se pueda entender que la población vulnerable ejerza el derecho al voto, que en Perú es obligatorio, como un instrumento de castigo, para expresar su indignación por años de abandono y menosprecio.

Es obvio que los grupos populistas y radicales aprovechan la crisis estructural para manipular y atraer el descontento. La población vulnerable aspira a soluciones urgentes, que los radicales prometen con sus falsos discursos, además de cultivar el enfrentamiento social.

Como lo reconocen muchas organizaciones sociales, gran parte de los sectores vulnerables que están enfrentando hambre, desnutrición, miseria, no están en condiciones para realizar mayores reflexiones de racionalidad política.

Indiscutiblemente que los movimientos populistas y radicales tienen sus apoyos transnacionales, de hecho, el objetivo es lograr el poder y perpetuarse, destruyendo progresivamente la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Pero, lo sorprendente es que los partidos democráticos no están haciendo bien su tarea en la mayoría de nuestros países y, en el caso de Perú, lo han hecho muy mal. Recordemos que para la segunda vuelta resultaba un lugar común la expresión: «Votar por el menor mal posible».

En Perú, como en la mayoría de países en la región, tanto la prosperidad económica, como la dinámica política han generado esquemas de burbujas, caracterizadas por la desconexión tanto demográfica como geográfica; pero no se trata de algo nuevo, por el contrario, desde hace varios años se presenta como la reproducción del modelo centro-periferia al interior de cada país. Las zonas que concentran el desarrollo productivo, industrial, modernizado, con altos nivel de competitividad, que absorbe poca mano de obra cada día más especializada; frente al resto del país, como una periferia, con altos niveles de pobreza y exclusión.

En este cuadró debemos agregar la exclusión étnica que experimentan la mayoría de los países andinos. Los sectores más vulnerables se concentran a nivel rural, en la serranía, con la mayor concentración de población indígena. En el caso del Perú esas zonas deprimidas ejercieron el voto castigo, frente al fracaso de los políticos, la ineficiencia del gobierno ante la pandemia y la exclusión ancestral.

Para la población descontenta, el voto a favor de Pedro Castillo representa su expresión de rechazo e indignación. Los movimientos radicales, como Perú Libre, están aprovechando la grave situación, la manipulan, aspiran su voto para lograr el poder, el resto del libreto ya lo conocemos; pero es lamentable que quienes defienden la democracia no asuman sus responsabilidades y, peor aún, que no adopten los cambios que exige las actuales circunstancias.

Asumir que la situación de Perú —en particular los resultados electorales— es producto exclusivamente de las maniobras del radicalismo y sus respaldos transnacionales, implica una visión limitada de la realidad social; confirma la desconexión con la dramática situación que enfrentan los sectores vulnerables y reduce la capacidad de acción para enfrentar de forma efectiva y sostenible los problemas.

Félix Arellano es internacionalista y Doctor en Ciencias Políticas-UCV.

Mail: fgap1749@gmail.com

Si de algo podemos tener certeza los venezolanos es de que la renta petrolera no ha sido distribuida entre la población de manera equitativa a lo largo de los últimos 100 años. Los conflictos recientes y pasados, en el fondo, tienen que ver con esto.

En la mera presencia del recurso algunos han visto una maldición, un fatalismo que nos condena por siempre. Sin embargo, la evidencia empírica reciente apunta, más bien, a que no es el recurso sino las instituciones creadas alrededor del mismo las que determinan si este representa una maldición o una bendición para la sociedad.

Las instituciones, antes de distribuir la renta, distribuyen poder entre los distintos actores de la sociedad: sea a través de la organización económica y las redes creadas o a través de los privilegios que ciertos grupos adquieren con sus conexiones y jerarquía dentro de la sociedad. Esto hace que las instituciones no emerjan del consenso social para beneficiar a toda la sociedad sino a los grupos que pugnan por controlar el poder político e imponer sus intereses.

Estos grupos alrededor del poder han organizado las instituciones (de manera conscientes o no) para maximizar su propia renta y no la de todos en la sociedad. Sus incentivos (implícitos o explícitos) suelen ser la inversión en actividades y conductas que fomentan la maximización de captura de rentas. En esa competencia, el capital no está alineado con la innovación y la productividad sino con la búsqueda de rentas.

Dado este diseño institucional, algunos han sabido organizarse eficientemente de manera que por medios legítimos no han logrado capturar mayores dimensiones de la renta en el ejercicio de sus roles en la sociedad. Esto ha dado como resultado una sociedad profundamente corrupta, con altos niveles de desigualdad y pobreza que hace inviable la vida común. Lo anteriormente expuesto me lleva a plantear maneras alternativas a este proceso de distribución de la renta, que en el fondo me enfrenta al meollo del asunto: un cambio institucional.

Pero ¿tiene sentido hablar de la renta petrolera en un mundo que se ha propuesto realizar una transición energética de los hidrocarburos al hidrógeno?

La transición energética

Para Venezuela es urgente actuar frente al reto que supone la transición energética: lograr insertarse tanto en la ventana de oportunidad de hidrocarburos que se está cerrando y la necesidad de participar en la ventana de oportunidad de renovables que se está abriendo.

La transición energética, prevista por la agenda climática 2050, implicaría una seria contracción de la industria del petróleo mundial; su objetivo es reducir la demanda actual de 90 millones de barriles a 24 millones de barriles en 30 años.

Esta agenda tiene previsto detener las exploraciones de nuevos campos petroleros y gasíferos distintos a los ya aprobados. Esto podría tener un impacto de mediano plazo en las cuentas fiscales de los países productores de petróleo, que verían caer sus ingresos hasta en 90% según la Agencia Internacional de Energía, afectando seriamente el financiamiento de la educación, la salud y demás servicios públicos.

Este escenario requiere acciones inmediatas, en coordinación con organismos multilaterales, para hacer que las consecuencias de una transición energética sean mitigables. Esto nos llama a pensar reformas de inmediato para invertir en educación, investigación y desarrollo; crear nuevas redes de intercambio de conocimiento y garantizar los derechos de propiedad para ayudar a las empresas a innovar e invertir en la infraestructura necesaria con un marco regulatorio adecuado, a fin de que puedan ser parte de la transición energética. ¡El conocimiento irá a los que se muevan primero!

Pero Venezuela también debe aprovechar la ventana de oportunidad que se cierra en la industria energética.

Siguiendo el modelo de una industria que declina (Harrigan y Porter, 1983); Venezuela, que algún momento fue el máximo exportador de crudo y que es la gran reserva mundial, debe generar los incentivos para aumentar su poder de mercado y el rendimiento de su industria, abriendo la participación privada de los yacimientos con un marco regulatorio competitivo para recuperar su liderazgo en el sector.

Al mismo tiempo se debe apuntalar al país como nicho energético del mundo occidental: fuente segura de energía de este lado del mundo. Países como Catar y Emiratos Árabes Unidos han identificado la aviación como un nicho al cual pueden proveer combustible a bajo costo. Venezuela, por su ubicación geográfica y oferta turística, tiene las condiciones para el desarrollo de una industria aeronáutica que le permita aumentar la complejidad de su economía en sectores distintos al petróleo y al gas, relacionados con el turismo y los servicios logísticos.

Sea cual sea la velocidad de la transición energética que el mundo marque y la adaptación que a ella hagamos, la renta petrolera va a seguir fluyendo por los próximo 30 años y, tal vez, por otro siglo más con independencia del éxito que tengamos en la diversificación económica. ¿Qué hacemos con ella para que llegue de manera justa a los venezolanos? ¿Cómo hacemos reformas institucionales para que esto sea así?

El ejemplo de Togo

Encontrar soluciones fuera de la caja no es un tema de recursos sino de enfoque. Durante la pandemia, países pobres como Togo se han movido más rápido que muchas naciones desarrolladas para proteger los ingresos de sus ciudadanos a través de transferencias directas casi universales, con pagos quincenales a monederos móviles donde hay confinamientos.

Según el Banco Mundial, las transferencias de efectivo representaron en torno al tercio de todas las políticas de protección social relacionadas con la pandemia.

Es fundamental que en los países pobres no se pierdan por completo los medios de subsistencia. Es urgente conseguir dinero para financiar las transferencias de efectivo de la misma forma que ha ocurrido en las economías avanzadas.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en marzo de 2020, de forma casi unánime, una ley de ayuda ante la covid-19 que incluía una disposición para el envío sin condiciones de cheques de hasta 1.200 dólares a la mayoría de los ciudadanos adultos (a finales de año hubo una nueva ronda de cheques). Los residentes de Hong Kong recibieron pagos por valor de casi 1.300 dólares; los de Japón, unos 950 dólares; la mayoría de los adultos de Singapur, unos 425 dólares.

La pospandemia va a dejar a una buena parte de la población mundial sumida en la pobreza. El Banco Mundial estima que el mundo tendrá 150 millones de nuevas personas viviendo por debajo de la línea de pobreza a partir del año 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19. Por primera vez desde 1998 se experimenta un incremento de la pobreza según Naciones Unidas. De acuerdo con el Programa Mundial para la Alimentación, 130 millones de personas no tuvieron suficiente comida en sus hogares en 2020. La pobreza está en el tapete de la discusión pública actual.

Desde el Observatorio Venezolano de Finanzas hemos estimado que la caída de la Actividad Económica de Venezuela para 2020 (-40%) es superior al resto del mundo y de la región. Esto implica que las consecuencias de la pandemia son más profundas en Venezuela y duraderas debido a los bajo niveles de vacunación que el país exhibe.

Renta básica universal

Ante esta situación, el Banco Interamericano de Desarrollo ha propuesto «intervenciones específicas para mejorar el ingreso y la nutrición de la población, el acceso a salud y educación, y también la adopción de reformas que permitan el retorno de la inversión privada y la dinamización de la economía» (Abuelafia y Saboin, 2020).

Estas intervenciones tienen como máxima expresión un programa de transferencias directas de dinero no condicionadas casi universal:

«Dentro de las acciones orientadas a atender las necesidades urgentes de la población se sugiere implementar un programa de transferencias no condicionadas a nivel nacional de cobertura casi universal, con el objetivo de lograr cubrir a la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible, y complementarlo con un programa de transferencias en especie para cubrir situaciones especiales. En el mediano plazo se espera transitar hacia un programa focalizado en aliviar la pobreza y apoyar el consumo de la población más vulnerable por medio de transferencias focalizadas, inicialmente no condicionadas. El costo estimado para el programa de transferencias cuasi universales y de transferencias en especie para el primer año alcanza los US$ 2.800 millones. Para el segundo año, el monto total es de US$ 2.954 millones, en cuyo caso las transferencias focalizadas representan más del 50% del total del gasto. Para el tercer año, el costo se ha estimado en US$ 2.250 millones» (Abuelafia y Saboin, 2020).

Esta propuesta es equivalente a un programa de Renta básica universal (transferencias de dinero universal y no condicionada), el cual ha venido ganando apoyo en el mundo académico por su efectividad y por la necesidad de redefinir y hacer más eficientes los programas sociales de los Estados modernos. La evidencia empírica es robusta sobre los efectos positivos de este tipo de programas en la generación de capacidades de la gente.

No hay ningún programa social del que se esté hablando más en el mundo que el de la Renta básica universal, el cual se ha venido implementado en fase de prueba en 119 países con mil millones de beneficiarios.

La Renta básica universal es menos costosa que los programas focalizados y es más efectiva en Estados débiles sin capacidad de identificar y encauzar la pobreza, ya que reduce los errores de inclusión en la selección de beneficiarios.

Esto lo ha convertido en un programa defendido por distintos grupos del espectro académico, desde los liberales (impuesto negativo de Milton Friedman) hasta las escuelas más intervencionistas que ven en ella una política efectiva en la búsqueda de la equidad (Paul Samuelson, James Tobin).

La evidencia empírica sobre los beneficios es abundante, robusta y aceptada por la literatura especializada. A modo de resumen podemos reportar los siguientes hallazgos:

1. Mejoras en la nutrición, gasto en salud y educación (no hay aumentos en el gasto de tabaco o alcohol).
2. Aumentos en los gastos de comida.
3. Empoderamiento de la mujer (si el dinero se la da a la mujer se le ayuda a empoderarla).
4. No hay evidencia que indique que las personas trabajen menos al recibir las transferencias. De hecho, un poco más de dinero los lleva a trabajar más, a asumir más riesgos o buscar nuevos trabajos.
5. Es una manera de proveer liquidez o financiamiento a personas excluidas del sistema financiero.
6. Aumento de la banda ancha mental. Mitiga el impuesto mental que implica la pobreza, aumenta la confianza propia y la estima.
7. Reducción de delincuencia, mortalidad infantil, embarazo precoz, absentismo escolar, violencia doméstica.

El financiamiento

Si los beneficios de la Renta básica universal saltan a la vista, los medios para financiarlos representan un escollo para cualquier sociedad que debe recurrir a una reforma tributaria para pechar, en el mejor de los casos, la riqueza de los que más tienen y dar espacio a la redistribución de la riqueza. Venezuela no tiene este costo.

Lo que planteo es distribuir la renta petrolera de otra manera, no redistribuir los impuestos. Estamos hablando de un programa para repartir los ingresos petroleros de manera directa entre la población, hacer que la renta petrolera sea universal; es decir, que llegue a todos los venezolanos de manera transparente y equitativa, ejerciendo sus derechos de propiedad sobre el yacimiento de manera afectiva y no difusa.

Venezuela en medio del colapso que vive no tiene espacio fiscal para implementar este nuevo esquema de distribución de la renta. En una primera etapa, un programa con estas características se debe financiar con organismos multilaterales ―como ha sugerido el Banco Interamericano de Desarrollo― mientras el país recupera su infraestructura física.

Una vez recuperadas las capacidades del país, hacerlo sostenible a largo plazo no requeriría de nuevos impuestos sino del compromiso de aumentar la producción petrolera y destinar 150 miles de barriles diarios de petróleo (a US$ 55 promedio del crudo) para sustituir el financiamiento (US$ 3.1000.000) de este organismo.

Un programa más universal ha sido propuesto por Moreno, 2020. Su propuesta implicaría destinar 423 miles de barriles diarios de exportaciones petroleras para atender a 90% de la población mayor de 18 años con US$ 1,25 diarios por persona (US$ 8.500.000 anuales), lo cual equivale a US$ 38 mensuales.

Poner en los bolsillos del venezolano de manera directa la renta del recurso petrolero es un acto de justicia social, es desencadenar un proceso de empoderamiento ciudadano, es arrebatarle el poder a los que controlan el Estado y sus procesos; es, en mi opinión, una manera de levantar la dura carga que supone la pobreza para el venezolano.

Referencias

Abuelafia, E y Saboin, J (2020). Una Mirada a futuro para Venezuela. Documento para discusión Banco Interamericano de Desarrollo IDP-DP-798.

Harrigan, K., and M. Porter. 1983. End-Game Strategies for Declining Industries. Harvard Business

Review 61 (4): 111–20.

Moreno, M (2020). Ingreso Mínimo Universal para Venezuela. Debates IESA (Julio, 2020)

Ángel Alvarado es Economista-UCAB con Maestría en Estadística-USB. Electo diputado a la Asamblea Nacional en 2015.

Twitter: @AngelAlvaradoR

¿Cuál debe ser el papel de los trabajadores petroleros dentro de la sociedad venezolana? ¿Cómo son percibidos? ¿Por qué participaron en el conflicto político iniciado con la llegada de Hugo Chávez al poder? Sea propicio un aniversario más de la creación de la Asociación Civil Gente del Petróleo y de Unapetrol para aportar alguna información para el conocimiento de nuestra principal industria y su relación con el resto de nuestros compatriotas.

Época de las transnacionales: Inicialmente, las compañías extranjeras explotaron a los trabajadores y evadían impuestos. Las huelgas realizadas por obreros en 1925 y 1936 por reivindicaciones socioeconómicas y la Ley de Hidrocarburos de 1943, corrigieron en parte esta situación. Gradualmente las trasnacionales se percataron que estaba en su interés mejorar las relaciones con su personal. Construyeron campos residenciales y deportivos, comisariatos, planes de vivienda y de jubilación y aumentaron sueldos y salarios. Establecieron becas y personal venezolano fue ascendiendo de acuerdo con su formación y méritos. Además, establecieron programas de responsabilidad social.

Período 1976- 2002: Pdvsa y filiales continuaron con la política de personal de las transnacionales y mantuvieron los mismos beneficios. Como las ciudades alrededor de las cuales había actividad petrolera habían progresado, gradualmente se inició un programa de eliminación de los campos petroleros. Los presidentes de Pdvsa fueron nombrados por mérito, pero también por la cercanía a los presidentes de la república. Cuatro de los presidentes no tenían experiencia petrolera, pero eran reconocidos por sus logros gerenciales. En unos pocos casos se violó la meritocracia y se contrataron trabajadores recomendados. En los últimos años se consultaba al ministerio de Energía y Minas para designar a presidentes y directores de las filiales. Se produjeron algunas grietas menores. Pdvsa llegó a ser una gran compañía.

Percepción de la empresa: El venezolano nunca se ha identificado con su principal empresa, solo se conformaba con saber que era la segunda petrolera del mundo. La percepción de que era una caja negra, un Estado dentro del Estado y que no contribuía al desarrollo del país era un sentimiento mayoritario, a pesar de que había una Contraloría Delegada de la Contraloría General de la República, una gerencia de auditoría interna, los planes y resultados debían contar con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas, y presentaba informes trimestrales y anuales que eran públicos. Tenía que entregar al accionista sus ingresos y este autorizaba las inversiones y gastos, además de un monto para programas de responsabilidad social alrededor de sus áreas operativas, relacionados con educación, salud, cultura, infraestructura, ambiente y agricultura. Se puede entender que los políticos de extrema izquierda distorsionaran la realidad, pero extraña que el venezolano común no se preocupara por averiguar la verdad. Desde luego, cabe a los petroleros parte de la culpa por no informar adecuadamente.

Percepción sobre los petroleros: Se criticaba que tenían sueldos exageradamente altos, aunque si hubiesen sido extranjeros eso no se mencionaría, buenos planes médicos, de adquisición de vivienda y de jubilación, que eran prepotentes y que vivían alejados de la problemática del país. Realmente los sueldos estaban dentro del 75 percentil de las mejores empresas de Venezuela, el plan médico y de viviendas era muy bueno, como corresponde a una empresa que debe tener responsabilidad social con sus trabajadores. El plan de jubilación era contributivo y muy inferior al de la mayoría de las instituciones del Estado. La acusación de prepotencia tiene mucho de verdad, aunque no es exclusiva de los petroleros.

¿Indiferentes al acontecer nacional y quinta columna de las transnacionales?: Los trabajadores petroleros teníamos conciencia de que era importante para el país que su principal industria se manejara como un negocio, sin injerencia política partidista. Por ello, durante la etapa de una democracia imperfecta, pero perfectible, nos abocamos exclusivamente al trabajo. En febrero del 2002 comprobamos que el presidente Chávez quería poner a Pdvsa y filiales al servicio de su proyecto político, por lo que reaccionamos en defensa de la empresa y, después de conversaciones sin resultado, iniciamos un paro el 5 de abril. Aclaramos a quienes sostienen que los petroleros eran instrumento de las transnacionales y actuaban en defensa de estas, que los siete trabajadores despedidos con el pito el 7 de abril, así como la mayoría de los casi 23.000 despedidos posteriormente, nunca trabajamos con las compañías extranjeras, y quienes trabajaron en ellas también evidenciaron los mismos principios y valores en defensa de los intereses de Venezuela.

Después que Chávez regresó al poder el 14 de abril, pidió perdón, reenganchó a los siete despedidos y a los jubilados prematuramente, los petroleros decidimos que había que hacer algo. A principios de julio creamos la Asociación Civil Gente del Petróleo, para contribuir a mejorar la relación petróleo-sociedad, y el sindicato Unapetrol para la defensa de los trabajadores, ante la arremetida que era de prever. Ante el paro cívico del 2 de diciembre del 2002, Gente del Petróleo y Unapetrol no convocaron a sus miembros, sino que estos se sumaron motu proprio. Algunos nos criticaron porque no éramos quiénes para desatar una huelga que podría derrocar al gobierno. La respuesta es sencilla: por mandato constitucional, todos estamos obligados a contribuir a la restauración de nuestra Carta Magna cuando esta es violada, como era y es evidente.

A raíz de los despidos, Gente del Petróleo y Unapetrol tuvieron que dedicarse prioritariamente a denunciar los atropellos del régimen, apoyar a los partidos políticos y al resto de la sociedad civil en la lucha para recuperar la democracia y contribuir en la elaboración de planes para recuperar la industria petrolera. Al frente de Gente del Petróleo estuvo Juan Fernández, desde el 2002 al 2004, quien esto escribe estuvo entre esa fecha y el 2014 y hoy la Coordinadora Nacional es Beatriz García. Tenemos delegados en 16 estados de la república y todos somos también miembros de Unapetrol, al frente del cual están Horacio Medina y Antonio Méndez. Por defender a nuestra empresa y a la democracia perdimos nuestra carrera en Pdvsa, quedamos sin jubilación, sin prestaciones y sin fondo de ahorros, pero después de 19 años seguimos presentes y comprometidos en la lucha por la democracia, sin aspirar poder político.

eddiearamirezhotmail.com

29-06-21

La RAE define a orate cómo, “Persona que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales.” Coloquialmente, hablamos de “loco”, alguien que ha perdido la razón. Entre otras manifestaciones, está el de perder el sentido de la realidad, ajeno a lo que se consideraría un comportamiento “racional”.

Leyendo la novela “documentada” de Antonio Scurati sobre Mussolini, “M. El hombre de la providencia”, se capta la manera cómo el personaje, con una calculada escenificación de poses, proclamas oportunas, desplantes histriónicos y acciones llenas de simbolismo, va plasmando su fantasía de verse como el elegido por la providencia para conducir a Italia a recuperar las glorias que legó el imperio romano. Numerosas batallas domésticas –la del “trigo”, de la “natalidad”, de la “lira”—, su creciente protagonismo internacional, irguiéndose ante las potencias para hacerles ver que Italia no aceptaba trato de segundón, y las aventuras foráneas que va culminando exitosamente, proyectan decididamente al Duce como el héroe sin el cual Italia no tendría futuro. Y para asegurar que así sea, reprime concienzudamente a toda disidencia –golpizas, inhabilitaciones, confiscación de nacionalidad, terror judicial, muertes. Pero no solo masajea su inmenso ego, captura las esperanzas de un pueblo que se sentía víctima de la Gran Guerra, ninguneado a pesar de haber estado del lado ganador. Mussolini no estaba loco. Estaba en plena sintonía con un pueblo que lo aclamaba y se le entregaba emocionado a sus pies, por haberles prometido un lugar destacado en el mundo. En absoluto estaba en disonancia con la realidad que lo rodeaba: la dialéctica desatada entre él y los italianos era la que fraguaba esa realidad.

Chávez compartió muchas de esas mañas y, sin duda, capturó el imaginario de buena parte de los venezolanos con sus posturas patrioteras, prometiéndoles la felicidad para la cual Bolívar había luchado. Sus ínfulas de segundo Libertador encontraron eco en las ansias por un liderazgo fuerte, alimentadas por los resentimientos y expectativas frustradas cuando el ingreso petrolero ya no podía ofrecer soluciones. Si uno sustituye la figura del Duce por la de Chávez en el mencionado libro, no desencaja. Guardando las distancias, expresa el mismo populismo extremo, autoritario e invocador de épicas del que abusó Mussolini, buscando bañarse en gloria ante los suyos. Y Chávez, a pesar de sus numerosos disparates y poses estrafalarias, tampoco estaba loco. Por demás, sus encantamientos contaron con altísimos precios del crudo para responder a las esperanzas de sus seguidores.

Pero ahora, con la destrucción tan absoluta del país y un dictador torpe y desangelado, se sigue con el mismo libreto. ¿Con qué se sienta la cucaracha?

Ofende a la razón presenciar, después de años de estrepitoso fracaso, que han hundido al país al lúgubre abismo que sufre hoy, a personeros del régimen continuar, impertérritos, con sus consignas, mitos y embustes “revolucionarios”, como si la cosa no fuera con ellos. Seguimos escuchándolos declarar que gobierna el “pueblo”, cuando las encuestas recogen un rechazo de más del 80%; que una “guerra económica” explica el desastre actual, no el saqueo a la nación cometido por ellos; que las sanciones impuestas a altos funcionarios, por violación de derechos humanos, lavado de dólares y otros ilícitos, son “contra el pueblo”; y tantas sandeces más. ¿En qué país viven? ¿A quién creen engañar?

Luego de haber destruido a PdVSA, Tareck el Aissami, ministro de Petróleo, hace pocos días afirmó que el régimen la pondrá a la vanguardia de la industria petrolera. Cuando Nicolás Maduro comenzó su gestión, la producción era de 2,784 millones de barriles diarios, según cifras oficiales suministradas a la OPEP. El último informe registra 582 mil para mayo, 2021. Pero el flamante ministro anuncia que, con esa empresa exangüe por la depredación sostenida de su flujo de caja, la falta de mantenimiento y la huida de personal calificado por las deplorables condiciones de trabajo, aumentará a 1,5 millones para finales de año (¡!) Milagros así no ocurrieron ni en sus mejores momentos.

Pero donde la enajenación alcanza niveles más patéticos, es en el ámbito militar. “Que el sol incandescente de Carabobo sea el esplendor que nos conduzca, unidos como un torbellino de voluntades”, a la conquista de “nuevas glorias” --palabras del sempiterno ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en rimbombante discurso para celebrar el bicentenario de la Batalla de Carabobo—“derrotando a todos los imperios que sea necesario vencer.” Libramos, “una tercera batalla de Carabobo”, en medio "de una campaña cívico-militar que ha tomado las riendas del pueblo por sí misma para defenderse de la agresión sistemática". Días antes, un video circuló por las redes sociales exhibiendo a varias decenas de soldados en cuclillas, repitiendo en eco los cánticos amenazadores de un oficial con megáfono: “gringuito … seremos tu Vietnam, latinoamericano; somos caribes dispuestos a morir.” Es decir, ese ejército tristemente vapuleado en Apure por una disidencia de las FARC colombianas, con más de una decena de soldados muertos y otros capturados; que pasa hambre y carece del apresto necesario --a pesar de la millonada gastada en armas rusas y chinas--; que tiene que llegar a entendimientos con bandas criminales porque no puede con ellas, invita a pelear al ejército más poderoso del mundo.

Manuel Noriega, dictador de Panamá, se le ocurrió lo mismo hace unos 30 años, blandiendo airadamente un machete por televisión. Antiguo agente de la CIA, había caído en desgracia al traficar drogas. Al invadir, esos “gringos” que quiso asustar, lo encontraron escondido en el Episcopado. Loco es poco.

Las dictaduras suelen caer en este tipo de bravuconadas: la argentina con el conflicto de Las Malvinas, Sadam Hussein ante Bush. Pero a diferencia de éstas, la venezolana está obligada a refugiarse en ellas, porque no tiene otra forma de camuflar los desmanes asociados a su razón de ser. La dictadura militar – civil de Maduro vive de la expoliación del país. Hacen de ejército de ocupación, a cuenta de creerse herederos del Ejército Libertador. Pero como su actividad parasitaria ha ido minando su poder, han tenido que forjar alianzas con otras organizaciones criminales que exigen su parte, para garantizar el orden. El tinglado de mafias resultante necesita un discurso legitimador, y éste no es otro que el que les enseñó Chávez en sus proclamas patrioteras rimbombantes. Pero ahora la masa no está para bollos y la incongruencia de ese discurso con la realidad insulta a la inteligencia de la gente cuerda. Más razón para refugiarse en la burbuja ideológica que han construido. No importa si se la creen o no; la necesitan y se aferran a ella para mantenerse cohesionado en torno al poder. La realidad no existe.

Y he aquí uno de los principales desafíos de la negociación en ciernes: cómo entenderse con quienes, como todo fascista, han construido su propia realidad, alterna, para legitimar” sus crímenes. Una de las dificultades a sobreponer es que los gobiernos democráticos que nos apoyan entiendan que las negociaciones difícilmente descorran por la fuerza de la razón. En su mundo ficticio, desconectados de la trágica realidad que han generado, habrá que combinar esto con la razón de la fuerza.

Como sabemos, Mussolini fue capturado por partisanos huyendo de Milán, al enterarse de la derrota alemana, en abril de 1945. Luego de ejecutarlo, junto a su amante, Clara Petacci, los cadáveres de ambos fueron colgados con ganchos de carnicero de un poste para escarnio público. Años alimentando a un monstruo que tanto horror les trajo, desató una furia entre los italianos, difícil de contener.

Lo sensato es que Maduro, Cabello, Padrino y cía., negocien su salida en paz --bajo condiciones a convenir--, antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, siempre es posible hacerse loco.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com