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Opinión

Analítica.com

Editorial

Es fácil llenarse la boca señalando que Juan Guaidó es una simple marioneta de Leopoldo López o, en el más generoso de los casos, de un muy mentado G4 integrado por los titiriteros de 4 partidos opositores.

Es fácil ser un mediocre e inventarse una asociación civil, nombre que hoy viste mucho, y lanzar reclamos al hombre que se puso o lo pusieron –la diferencia hoy no es importante- para que diera la cara por el creciente número de ciudadanos disconformes con el persistente desastre castrochavista que, a falta de Hugo Chávez, preside Nicolás Maduro con el beneplácito de la Cuba cargada con sesenta años de represión y miseria, la China poderosa que disfraza con empresas mixtas y dinero el férreo control del Partido Comunista, la Rusia asesina de opositores de un Vladimir Putin que lleva veinte años aferrado al poder, de un Irán hundido en un fanatismo religioso medieval y, por su fuera poco, por los bandidos asesinos y secuestradores que hacen fortunas con la producción y distribución de drogas y, de unos años para acá, con el control de tierras y minas venezolanas.

Cada quien puede o no estar de acuerdo con las propuestas de esos cuatro y otros partidos que se oponen al actual castromadurismo, y que se han estado jugando el tipo desde que Hugo Chávez, fascinado por Fidel Castro, se adueñó del poder con el voto mayoritario de una sociedad por una parte hipnotizada por la antipolítica, y por la otra confiando en medios de comunicación y empresarios que apoyaron a Chávez pensando en ellos mismos.

Pero aquél demagogo que cantaba rancheras y mostraba su machismo en público engañó a todos por igual –excepto a Fidel Castro, que era el ídolo de su mente ramplona y mal formada- y se dedicó a derrochar dinero como heredero loco pedaleando en medio de la corrupción y la ignorancia como mérito.

Ya entonces, justo es recordarlo, hubo venezolanos que se le enfrentaron, muchos de ellos dirigentes y militantes de partidos políticos que también cometieron errores pero jamás dieron la espalda, que pusieron los presos políticos, los torturados y los muertos, y que hoy siguen siendo las grandes barreras contra la tiranía absoluta.

No se trata entonces de si Juan Guaidó será Presidente, o si lo será María Corina Machado o cualquiera de los dirigentes que hoy se enfrentan a la tiranía. Se trata de que nuestro deber de víctimas de la injusticia de una dictadura que nos arruina es darles respaldo, y ése es un acto de decisión y conciencia personales.

No será la multitud de asociaciones civiles de todo tipo que parecen ser la nueva moda de los buscadores de lucimiento quien pondrá punto final a la opresión. Seremos los ciudadanos como comunidad, y los partidos políticos como representación civil, quienes ya lo estamos haciendo. No es tarea fácil, no la compliquemos más con orgullos personales.

La comunidad internacional no reconoce como Presidente interino –calificativo éste que él, sus partidos y cada uno de nosotros debe subrayar- por él mismo, sino porque representa lo que realmente importa y la tiranía no puede dar: la legitimidad y permanencia de las instituciones.

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Raquel Esther Jorge-Ricart

China se presenta como un país que, mediante su Nueva Ruta de la Seda Digital (o DSR), busca ayudar a países de renta media o en vías de desarrollo a cerrar la brecha digital. Sus objetivos: fortalecer la infraestructura de Internet en otros países, profundizar en cooperación espacial, desarrollar estándares tecnológicos comunes, y mejorar la eficiencia de los sistemas de seguridad y policía de países socios.

Si bien la Unión Europea empieza a prestar atención en cierta medida –aunque de forma todavía muy limitada– a los programas chinos de conectividad digital en el Sur Global, que viran desde centros de datos en África Subsahariana, lo cierto es que el énfasis puesto en la creciente presencia de China en los países de América Latina y el Caribe es menor del que debería haber por parte de la UE, y también de España, en política tecnológica.

A diferencia de África Subsahariana, todavía no hay un programa en la Unión Europea dedicado a la digitalización para el desarrollo para LATAM. En diciembre de 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba el lanzamiento oficial del Digital4Development Hub. A este marco se han unido 11 Estados miembros, entre ellos España. Por el momento, solo se ha anunciado el primer componente regional operativo: el D4D Hub Unión Africana-Unión Europea. El objetivo es crear diálogos multiactor permanentes, acuerdos de colaboración conjuntos, y fomentar las inversiones en la economía digital africana. Sin embargo, todavía no se ha planteado –al menos de forma pública– hacer lo mismo con América Latina y el Caribe, una región y socio claves en comercio, energías renovables, inversiones y cooperación.

Hacerlo debería ser una prioridad para las instituciones de la Unión Europea en general, y para España en particular. Y no solo en clave de cooperación al desarrollo. ¿Por qué?

Entre el anuncio de la Ruta de la Seda Digital –inicialmente, “Ruta de la Seda de la Información”– en un Libro Blanco publicado por varias instituciones del gobierno chino en 2015, y la primera vez que América del Sur –que no América Latina y el Caribe– aparecía como región de interés en cooperación al desarrollo en 2017, solo pasaron dos años. Meses después, en enero de 2018, se formalizaba la entrada de la CELAC a la Ruta de la Seda en el Foro China-CELAC o Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde entonces, los programas de la Ruta de la Seda, entre ellos la Digital, se han ido desplegando en la región.

Ya antes de 2015, China invertía en el sector tecnológico en LATAM, especialmente en las telecomunicaciones. Por ejemplo, Huawei recibía 240 millones de dólares de Electricidad Costarriqueña en 2009, o 300 millones para la construcción de satélites para Bolivia en 2013.

La diferencia con la Ruta de la Seda Digital es que ahora es difícil encontrar una lista definitiva o cerrada de proyectos. Tampoco hay criterios oficiales publicados sobre qué se considera o no un proyecto de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda (BRI por sus siglas en inglés). Aunque estos megaproyectos suelen financiarse con préstamos de bancos como el EXIM (Export-Import Bank of China), no hay un patrón.

Por otra parte, solo unos pocos países de América Latina tienen programas de inversiones, estrategias u hojas de rutas dedicadas a lo digital (en infraestructuras, servicios o habilidades). Entre ellos, Brasil con un Plan para el Internet de las Cosas, o Chile con una Estrategia de Industria Inteligente. La mayoría de países también se han unido, y han creado eLAC, una alianza para fomentar la Agenda Digital en LATAM. Sin embargo, monitorizar datos sobre la incidencia de la Ruta de la Seda Digital china sigue siendo una ardua tarea.

Efectos en la Unión Europea

Es aquí donde entra la Unión Europea. Que el sector de las telecomunicaciones aparezca como primer sector estratégico es un asunto relevante para la Unión. Las tres empresas que lideran el desarrollo y despliegue de hardware en 5G en LATAM son Huawei, y dos empresas europeas: Ericsson (Suecia) y Nokia (Finlandia). Sin embargo, Huawei ha apretado el acelerador en los últimos años y su paquete de acuerdos y despliegue ya supera el total de los de Nokia y Ericsson en su conjunto. Además, con tecnologías de última generación 5G, y no con 4G, donde las europeas siguen trabajando. Las compañías sueca y finlandesa ya argumentaron en 2020 que se sentían excluidas en las negociaciones sobre 5G en la UE, y pedían mayor apoyo por parte de los Estados miembros para no perder competitividad global.

Pero no todo es 5G. Los cables submarinos se han convertido en activo estratégico para China. China Unicom y Huawei Marine Networks anunciaban en 2017 un acuerdo con Brasil para construir un cable de fibra óptica submarino en el Atlántico que conecte Brasil con Portugal a través de Cabo Verde. Un proyecto similar entre Brasil y Camerún terminó en 2018. Lo mismo ocurre con acuerdos para cámaras de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial entre ZTE y el Programa de Seguridad Ciudadana de Bolivia; o la provincia argentina de Jujuy, una de las regiones más pobres del país.

La presencia de tecnologías críticas de origen chino conectando LATAM con un país europeo y África Subsahariana, así como la pérdida de mercado de compañías europeas, deberían ser una llamada de atención para la UE, de forma constructiva, para avanzar en políticas estratégicas. Por ejemplo, cuando Chile anunció un acuerdo de cable submarino con China, que conectaba Chile-Auckland-Sydney-Shanghai, el gobierno de EEUU reaccionó rápidamente, incluyendo una visita al país del anterior Secretario de Estado, Mike Pompeo. Poco después, Chile anunciaba que la ruta finalizaría en Sydney, y el proveedor pasaba a ser la japonesa NEC.

Un paso adelante

Este escenario plantea la necesidad de que la UE articule su estrategia con LATAM en dos sentidos: en intensidad y en alcance. La UE debería incrementar las capacidades e instrumentos existentes del Servicio Europeo de Acción Exterior dirigidos a la región. Entre otras medidas, las delegaciones diplomáticas de la UE en LATAM deberían recibir formación específica sobre política tecnológica y establecer embajadas flagships que sirvan como Punto de Contacto y Coordinación en la región. Desde Bruselas, se debería reconsiderar la estrategia con LATAM, con un apoyo mayor a las empresas europeas, aunque sea mediante instrumentos de asuntos públicos para ser competitivos en subastas.

El papel de España en este sentido resulta clave. Una estrategia de política tecnológica para España debería incluir la mirada a América Latina como región estratégica, y medidas específicas para China en este asunto. Si los lazos históricos, el entendimiento cultural y las inversiones económicas han sido algo recurrente, en lo tecnológico lo debería ser todavía más si España –y, por extensión, la UE– no quieren quedarse atrás. En ese “triángulo tecnológico” –entre China, España y LATAM– como algunas personas expertas denominan, será esencial que España articule unos instrumentos –diplomáticos “tecnológicos” o, al menos, formados en la materia– y capacidades suficientes –el papel de las Oficinas ICEX será esencial. Además, España debería proponer, crear y liderar una agenda europea de este asunto en el Parlamento Europeo y en las negociaciones del Consejo de la UE.

En definitiva, en medio de la rivalidad China-EEUU, la UE y España no deberán dejar de mirar a América Latina y el Caribe en el mundo de la competitividad global tecnológica. No hacerlo sería un error.

21 de abril 2021

Elcano

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Andrés Ortega

Una gran revolución de los últimos lustros ha sido la erupción de una significativa clase media global. Entre los destrozos que está provocando la pandemia del COVID-19, uno de los mayores es su caída y el crecimiento del número de pobres, en todo el planeta salvo en China. Tras una década de progreso en ambos frentes, respecto a las previsiones para 2020 la clase media global se ha encogido en 54 millones de personas, a lo que sumar la reducción de la clase media alta y de los más ricos, según un análisis del Centro Pew. Y sin visos de que se recupere, sino más bien de que se estanque. El país más afectado ha sido la India, que ha supuesto un 60% de este tropezón social, perdiendo una tercera parte de su clase media (que de 99 millones ha pasado a 66 millones). Pero incluso las economías desarrolladas están sufriendo esta merma que puede tener consecuencias sociales y políticas, con un impacto negativo en el consumo global e impulsando el ascenso de los populismos y autoritarismos identitarios.

Empecemos por las definiciones que usa Pew de acuerdo con otros centros y organizaciones internacionales pues los datos que usa el estudio están basados en los del Banco Mundial. Se centran en los ingresos diarios o anuales, aunque puede haber otros factores como el tipo de educación, empleo, propiedad de vivienda, etc… Clase media supone vivir con 10 a 20 dólares de ingresos al día, o de 14.600 a 29.200 dólares al año para una familia de cuatro; clase media alta de 20 a 50 dólares al día. Los ingresos más altos parten de 50 dólares al día. Los pobres se definen por vivir con menos de dos dólares al día o 2.920 dólares anuales para una familia de cuatro.

Antes del COVID-19 se calculaba que esa clase media global, que está o estaba cambiando el mundo, había pasado entre 2011 y 2019 de 899 millones a 1.380 millones de personas (de una población global de más de 7.700 millones). En 2020 (las cifras serían mayores ahora pues la pandemia ha seguido en 2021) hay 54 millones menos de personas en esa clase media, 36 millones menos entre los de ingresos medio-altos y 62 millones menos de ingresos altos. La gran parte de los más ricos viven en economías desarrolladas –489 millones de 593 millones– y entre ellos son numerosos los que caen a escalones inferiores, con lo que la verdadera pérdida es aún mayor. El número de pobres, tras una década de éxito en la reducción de la pobreza, con unos 49 millones de personas saliendo de esa situación al año, ha aumentado en 2020 en 131 millones debido a la recesión, hasta 803 millones o un 10,4%, afectando especialmente al Sureste asiático y al África Subsahariana, cuando las proyecciones indicaban que habrían bajado a un 8,7% sin la pandemia.

China es la única economía grande que en el conjunto del pasado año no sufrió una recesión, y en este primer semestre de 2021 ha experimentado un crecimiento espectacular. Pew calcula que el número de chinos de ingreso medio se ha reducido en 10 millones –y ya eran 504 millones antes de la pandemia–, y 30 millones de personas han ingresado en las filas de los ingresos bajos (de 2 a 10 dólares diarios). Los niveles de pobreza no han empeorado. En China ya hay más gente entre la clase media y media-alta global que en la pobreza y media-baja. Puede explicar algunas cosas del comportamiento asertivo del régimen chino y de su apoyo real.

Lo peor es que las perspectivas de mejora de esta clase media global no son buenas. El estudio prospectivo del Consejo de Inteligencia de EEUU, Global Trends 2040, con los mismos datos de base, apunta a que es poco probable –dependerá de la dinámica política y social– de que de aquí a final de la próxima década la clase media global crezca a un ritmo similar al de antes de la pandemia, dada la disminución en el crecimiento de la productividad mundial y el hecho de que el auge de la población en edad de trabajar está demográficamente tocando a su fin en términos globales.

En las economías avanzadas, apunta el estudio estadounidense, la clase media se está contrayendo, atrapada entre el segmento de mayores ingresos que crece, y la parte, menor, que cae por debajo del umbral de la pobreza (una vez superada la pandemia, y aunque el porcentaje de la población que cae por debajo del umbral de pobreza nacional en las economías avanzadas ha aumentado en 19 de los 32 países estudiados entre 2007 y 2016, incluidos Francia, Alemania, Italia y España). Además, indica, la clase media de muchos países se ve afectada por el aumento de los costes de la vivienda, la sanidad y la educación. Hay una polarización, en la que el número de trabajadores en puestos de trabajo de bajos ingresos y el número de gente con ingresos altos se expande al mismo tiempo. Es lo que el economista Tyler Cowen (Average is over, 2013) anticipó al hablar del vaciamiento del medio.

Esta polarización se puede agravar con la automatización de tareas propia de la Cuarta Revolución Industrial, como ahora apunta hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre la economía global. Al considerar el desarrollo de software que hace las veces de tareas de cuello blanco, escriben informes, redactan noticias deportivas y económicas, y otros avances, una reciente columna de Lex en el Financial Times hablaba de “la marcha invisible de los droids de clase media”. No obstante, la digitalización y la conectividad están sirviendo para bancarizar (muchas veces a través de las FinTechs) a amplios sectores de la población en los países en vías de desarrollo, lo que contribuye a su progreso social y entrada en la clase media global.

El informe del Consejo de Inteligencia de EEUU apunta que “grandes segmentos de la población mundial desconfían de las instituciones y los gobiernos a los que consideran incapaces o poco dispuestos a atender sus necesidades”, lo que hace a los ciudadanos “gravitar hacia grupos conocidos y afines en busca de comunidad y seguridad, incluidas las identidades étnicas, religiosas y culturales, así como las agrupaciones en torno a intereses y causas, como el ecologismo”.

Ya antes de la pandemia, planteamos con Miguel Otero y Federico Steinberg que un reto de nuestro tiempo era evitar un choque global de clases medias, entre las que descendían en las economías desarrolladas y las que estaban dejando de ascender en las emergentes. Con los efectos de la pandemia y otros desarrollos, este movimiento tectónico puede ir a peor y generar desestabilizaciones internas y externas.

20 de abril 2021

Elcano

https://blog.realinstitutoelcano.org/caida-y-estancamiento-de-la-clase-m...

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Fernando Mires

Cuando comienzo a escribir estas líneas, Rusia es conmovida por grandes demostraciones exigiendo, como punto mínimo, que el preso político número 1 del régimen, Alexei Navalny, sea tratado de forma humanitaria. Según todas las informaciones, Navalny está recluido en un campo de concentración, el tétrico IKZ, en el oeste de Rusia. Su salud está muy debilitada, no puede ser asistido por un cardiólogo que no sea del régimen. El mismo Navalny, al lograr comunicarse con Instagram, ha señalado: “soy un esqueleto”.

A diferencias de otras demostraciones, las que en estos días tienen lugar a favor de Navalny no comenzaron en las grandes urbes. Fueron iniciadas en Siberia, en ciudades como Kémerovo, Irkutsk, Tomsk. Después avanzaron hacia Nobisibirsk para estallar finalmente en San Petersburgo y Moscú. Hecho que muestra tres aspectos. Primero, el muy alto grado de organización de las protestas. Segundo, sus dimensiones nacionales, incluyendo la “Rusia profunda” y sus bastiones putinistas. Tercero, la inmensa resonancia internacional.

Un plan coordinado en contra de Rusia, aduce el inefable ministro del exterior, Sergei Lavrov. Efectivamente, es un proyecto que sigue una línea planificada, pero no en contra de Rusia, ni siquiera en contra de Putin, sino a favor de las libertades democráticas avasalladas en el inmenso país. Un intento para poner límites al proyecto putinista, uno que va mucho más allá de Rusia, uno que obedece a la línea demarcatoria que estableció desde un comienzo el presidente Biden cuando señaló al primer ministro de Japón: “la contradicción principal de nuestro tiempo es la que se da entre las democracias y las autocracias”.

Y bien, la capital de todas las autocracias y de los movimientos nacional-populistas del mundo entero, es la Rusia de Putin. Prácticamente no existe gobierno anti-democrático en esta tierra que no mantenga fuertes vínculos con Rusia.

Al fin, después de contemplar pasivamente la expansión territorial de Rusia en sus aledaños, sus permanentes amenazas a Ucrania, sus intentos de penetración política en la Europa democrática, sus alianzas con gobiernos criminales como el de Siria, su apoyo irrestricto a la dictadura persa y a la autocracia turca, la popularidad que goza entre partidos de ultraizquierda y de ultraderecha, y no por último, los intentos para distorsionar la propia democracia norteamericana durante la era del pro-ruso Trump, son acciones que, para los gobiernos democráticos de Europa, han colmado todos los vasos de agua. Y bien, en contra de todo eso, ha prestado su cuerpo Alexei Navalny. Acto inmolatorio. Pero, para Navalny, inevitable. La otra posibilidad era el exilio en un país extranjero y así seguir el destino triste de tantos políticos perseguidos por tiranías.

La opción de Navalny, vista desde su perspectiva, aunque parezca cruel decirlo, es realista. Cierto, decidió arriesgar el todo por el todo: su propia vida. Pero al fin y al cabo, después de haber sido envenenado por los esbirros de Putin, Navalny ya conocía los ojos de la muerte. El mismo, probablemente, se considera a sí mismo como un resucitado. Putin enfrenta a un político que ha perdido el miedo y eso, evidentemente, lo desconcierta. Por eso se muestra muy nervioso. Los dos segundos de Navalny, Kira Yarmish y Libvov Sóbol, se encuentran detenidos. Durante las noches, hay continuos allanamientos. Putin, poco a poco, comienza a cruzar la delgada línea que separa a una autocracia de una vulgar dictadura.

Angela Merkel, una persona a la que no podemos considerar admiradora de sacrificios inútiles, entendió el sentido de la lucha que simboliza Navalny. El día martes 21 de abril, pronunció ante el Consejo Europeo, en Strasburgo, las siguientes palabras: “Los ciudadanos no pueden ser (propiedad) del estado” (…..) “los derechos humanos son el núcleo fundamental de la constitución en los estados democráticos”. Palabras dichas con acostumbrada tranquilidad, pero lo suficientemente claras para contrariar a los eternos tacticistas que imaginan que con los valores políticos se puede jugar póquer, a los que creen solucionar todos los problemas con reuniones secretas, o por medio de negocios suculentos, a los que piensan que hay que tolerar, nada menos que en las cercanías de Europa, a autócratas y dictadores.

La Europa unida, en la visión de Merkel, no puede ser solo una unión aduanera. Antes que nada debe ser una confederación política y democrática. Por eso sus palabras también fueron dirigidas a los políticos de su país. Pues no solo en su partido hay quienes comparten con el nacional-populismo de AfD el ideal trumpista de que cada nación debe preocuparse solo de sus intereses. Para la Linke, el enemigo es Erdogan, pero Putin es poco menos que un demócrata. Los liberales solo se preocupan de la economía y, en el caso de Rusia, del gas. Los socialdemócratas, desde los tiempos de Gerhard Schröder - premiado por Putin con un suculento puesto en la petrolera rusa Rosneft - nunca levantan la voz por los derechos humanos violados desde y por el Kremlin. Y entre los Verdes, su futura candidata presidencial, Annalena Baerbock, jamás ha pronunciado una sola palabra sobre política internacional.

Navalny es un foco democrático, escribió la columnista Simone Brunner, desde el periódico “Die Zeit”. Mejor habría sido decir, un símbolo. Pues si hay un nombre que comienza a unir a todas las luchas democráticas de Europa, ese nombre es Alexei Navalny. Esa es la razón por la cual políticos a los que nadie puede acusar de soñadores y románticos - además de Merkel y Biden, Macron y Borrel, y gracias a ellos, la mayoría de los gobiernos de Europa (los de América Latina están como siempre en el limbo) - cierran filas alrededor de ese símbolo llamado Navalny.

Navalny no solo es un símbolo moral, aunque también lo es. Estamos en este caso frente a un ejemplo que comprueba la afirmación de Kant relativa a la no separación entre política y moral. Kant, es cierto, vio siempre a los moralistas, vale decir, a los que intentan subordinar la acción política a reglas morales, como un peligro para la política. Pero a la vez estimaba que la moral no podía abandonar a la política, hecho que solo se notaba, lo dijo sutilmente, cuando la moral y la política eran separadas. Este es precisamente el caso de Putin. Pese a todos sus acercamientos a la ultraconservadora iglesia ortodoxa de su país, no puede quitarse de encima el estigma de ser uno de los gobernantes más inmorales del mundo. Un asesino, dicho en las poco diplomáticas palabras de Biden. Un asesino corrupto, además.

Quizás fue el instinto político de Navalny el que lo llevó a fundar un partido orientado a la lucha en contra de la corrupción. Como buen autócrata, Putin paga muy bien a sus esbirros. El problema es que lo hace a costa del erario nacional. El enjambre de mafias que rodea a su administración es grande y complejo.

Navalny descubrió que la corrupción y, en consecuencia, su denuncia, apunta hacia uno de lo talones de Aquiles del régimen. Pero también hacia un segundo talón de Aquiles y ese es, sin duda, el que más causa irritación a Putin. Ese talón es la lucha electoral.

El poder de Putin, como el de todo autócrata, no solo reposa sobre las armas. La suya es una autocracia política. Por lo tanto requiere no solo de la obediencia sino también de la aceptación política de la gran mayoría ciudadana de su país. En otras palabras, para convertirse en un líder de significación internacional, Putin necesita tener resuelto el frente político interno. De más está decir que Navalny y su partido amenazan a este último bastión.

Si pudiera, Putin mandaría a matar inmediatamente a Navalny. En cualquier caso, antes de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar en septiembre del 2021. Pero el asesinato a Navalny no aumentaría su caudal electoral y, mucho menos, su áurea política externa. Por el momento Putin ha optado por una imposible vía intermedia, la de mantener a Navalny vivo y muerto a la vez, o dicho brutalmente: en condición agonizante. No obstante, esa vía tampoco parece dar resultados inmediatos. El partido de Putin, Rusia Unida, baja rápidamente en las encuestas y la táctica de Navalny, la del “voto inteligente”, la de apoyar a cualquier candidato que no sea putinista, puede dar resultados muy desfavorables para el presidente ruso.

Así se prueba una vez más que cuando la ciudadanía democrática elige consecuentemente la vía electoral, las autocracias tiemblan. Navalny no es ni será candidato. Pero vivo o muerto será el símbolo que unirá a todos los candidatos de la oposición rusa.

Con toda seguridad los políticos democráticos de Occidente no se hacen demasiadas esperanzas. Saben que un personaje como Putin está dispuesto a renunciar a todo, menos al poder. Pero el intento por reducir o limitar su poder no deja de ser importante. Para cualquier presidente, un hecho no muy grave. Sin embargo, para uno como Putin, cuya aspiración es comandar a un imperio mundial, es un hecho gravísimo.

23 de abril 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2021/04/fernando-mires-ese-simbolo-llam...

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Arnoldo José Gabaldón

No vengo en el papel criollo “de que cada pulpero, alaba su queso”, para ampliar los múltiples aspectos positivos del libro: “Plan de Recuperación de la Industria Petrolera 2018-2022”, que el Grupo Orinoco entregó a la opinión pública el pasado 21 de abril. Lo hicieron con brillo y abundancia de razones en el acto de presentación, los compañeros ingenieros Elizabeth Cruz y Juan Szabo y el economista Francisco Monaldi.

La intención de mi intervención en esa oportunidad, fue formular algunas reflexiones sobre los obstáculos que debe superar la sociedad venezolana para lograr con éxito el objetivo de recuperar la salud de su industria petrolera.

No serán problemas inherentes a la nueva empresa que logremos poner en marcha. Son los cambios en el entorno sociologicopolítico y económico que lucen necesarios y acerca de los cuales es conveniente debatir reiteradamente para crear conciencia, sobre su importancia. Me refiero a ellos seguidamente de manera somera, ya que para la mayoría son suficientemente conocidos.

Primero, la necesaria transformación de mentalidad de las elites, que incluye por supuesto al liderazgo político, pero también al empresarial y sindical, entre otros. De ellos se espera definitivamente una mejor conducción. Que aclaren sus ideas sobre lo que es un genuino desarrollo sostenible. Consideración profunda de los condicionantes históricos que preceden la formación de nuestra actual sociedad. Terminar de una vez por todas con la errónea creencia que somos un país muy rico. Cambio en la acepción de lo que es el nacionalismo petrolero, que en el pasado nos llevó a enorgullecernos falsamente. Renovación en la concepción sobre lo que tradicionalmente se ha interpretado como independencia económica; está en su esencia, es producir localmente una mayor oferta de bienes y servicios más diversificada y competitiva internacionalmente, no importa en cabeza de quien. Modificación de lo que apreciamos es la fortaleza de los gobiernos; estos serán débiles mientras no logren que los ciudadanos cumplan estrictamente con las leyes y tenga capacidad para ofrecer eficientemente los servicios públicos que tiene la obligación de prestar.

Es indispensable lograr un convencimiento mayoritario de que el modelo económico rentista-extractivista, que se llegó a pensar era la mejor respuesta para atender la injusticia social, por haberse agotado, debe ser transformado en un modelo de economía social de mercado. Este ha sido una suerte de ritornelo en el Grupo Orinoco.

Y por si fuese poco, estoy convencido que la recuperación de nuestra industria petrolera solo será viable, en la medida que haya una transición política hacia un sistema democrático.

De esos aspectos va depender en buena parte la generación de un estado de confianza que haga atractivo nuestro país a los inversionistas nacionales y foráneos para que nos traigan sus capitales y conocimientos que hoy más que nunca son indispensables.

Segundo, del cuerpo social se va a requerir además una modificación importante en sus hábitos y conductas. No sabemos exactamente cuáles han sido las alteraciones en la cultura del venezolano medio ocurrida durante los últimos 30 años, que los hagan más o menos refractarios a las reformas necesarias para progresar. Es indispensable generar un país con ciudadanos que piensen diferente a aquellos que fueron víctimas del desastre y que por lo general han perdido sus esperanzas. Vamos a necesitar gente más optimista y revestida de cierto espíritu pionero, pues la empresa que tenemos por delante es de conquista, de domar la mentalidad del subdesarrollo que prevalece en nuestro socioecosistema y de construcción de nuevos porvenires. Y para paliar la enorme tragedia social que se ha causado, requerimos en general de mayor sentido de solidaridad y cooperación ciudadana e institucional para compensar las profundas disparidades que se han ocasionado.

Para salir a flote del abismo al cual nos ha conducido el régimen, se requiere más disciplina social y mejor disposición para cumplir con la Ley. Un liderazgo mucho más sensible ante el dolor humano. Sanción social más explícita a los delitos de corrupción, tanto pública como privada. Adquirir masivamente el hábito de pagar los impuestos y servicios públicos, acorde a sus costos. Requeriremos igualmente una revisión profunda en las políticas de subsidios gubernamentales para coadyuvar a un mayor equilibro social. Relevar el valor de la meritocracia para la adjudicación de los cargos públicos y muchos otros rasgos necesarios para aproximarnos al perfil de una sociedad desarrollada.

Profundas alteraciones sociologicopolíticas y económicas como las mencionadas son posibles. Existen experiencias históricas suficientemente documentadas. Pero ellas no se darán ni espontanea, ni voluntaristamente. Dependerá de que le echemos mano a todo lo afirmativo que el Profesor Augusto Mijares identifico en los venezolanos; que nos empinemos como pueblo; que contemos con modelos de líderes políticos y sociales ejemplares; que concibamos e instrumentemos las políticas más efectivas de formación y orientación de la opinión pública. Si lográsemos esto, pudiese darse en Venezuela un segundo periodo de verdadero renacimiento nacional, después del de 1936. De ese tamaño es el reto que tenemos ahora.

Coordinador del Grupo Orinoco, de energía y ambiente en el contexto del desarrollo sostenible

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Mariza Bafile

Años de mal gobierno y corrupción han logrado corroer la democracia peruana hasta llevarla al borde de un abismo.

Las recientes elecciones mostraron un país cansado, fraccionado, sin esperanza. Sentimientos que son el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de los populismos. En segunda vuelta, se disputarán la presidencia, con un porcentaje reducido de papeletas y una abstención significativa a pesar de la obligatoriedad del voto, Pedro Castillo, maestro sindicalista, y la inefable KeikoFujimori, digna hija del ex dictador.

Castillo logró movilizar a la población del interior del país mientras que Keiko consiguió sus votos en los círculos privilegiados de Lima. Sin embargo, el resultado de ambos fue muy pobre. Castillo obtuvo el 19 por ciento de los votos y Fujimori el 13 por ciento. Los que se abstuvieron junto con los que dejaron su papeleta en blanco superaron el 30 por ciento. Son ellos los verdaderos ganadores de estas elecciones, pero no serán ellos quienes gobernarán el país.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori, representantes de la izquierda y la derecha más radicales muestran una vez más como los opuestos se tocan.

Sin importar quien gane, Perú parece encaminado hacia un gobierno autocrático dispuesto a dar un duro golpe a los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGTBQ+. Ambos prometieron políticas duras contra la paridad de género, el derecho al aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Como si esto no fuera suficiente el partido ultraderechista Renovación Popular, encabezado por el miembro del Opus Dei Rafael López Aliaga llevará al Congreso a más de 10 representantes. Se agravará aun más la situación de los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGTBQ+, baste pensar que este partido condena el aborto hasta en los casos de violaciones.

Tras los dolorosos años en los cuales la violencia de Sendero Luminoso y la dictadura de Fujimori dejaron una estela de muertos y heridas de no fácil cicatrización, los peruanos trataron de defender la recuperada y frágil democracia. Frente a un pueblo dispuesto a luchar por ella, hubo una clase dirigente incapaz de estar a la altura de su mandato.

Corrupción, nepotismos, injusticias, enlodaron la política salpicando casi todos los partidos. El Congreso se fue transformando en un mercado de favores y en el lugar ideal para ralentizar la justicia y evitar condenas a pesar de la gravedad de las acusaciones. Un ejemplo para todo: la candidata y posible presidenta Keiko Fujimori está siendo investigada por lavado de dinero durante la campaña de 2011. Según la Fiscalía habría recibido un millón de dólares de la constructora Odebrecht. Indiferente a esta acusación Keiko, promete, además, liberar al padre Alberto quien sigue en prisión tras la condena por sus gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Solo un sostenido crecimiento económico permitió a la población sobrevivir a pesar de sus gobernantes. Delicado equilibrio que desbarató con violencia la Covid 19.

La pandemia mostró en toda su descarnada evidencia la ineficiencia de la política. Mientras la sociedad sufría los estragos de una peste que cobraba vidas y debilitaba la economía, los presidentes fueron cayendo uno tras otro llegando al cambio record de tres en poco más de una semana. El conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo se agudizó y una guerra sin exclusiones de golpes concluyó con la destitución del Presidente Vizcarra y la entronización de Manuel Merino, ex Presidente del Congreso.

Demasiado. Miles de personas, en su mayoría jóvenes, se volcaron a las calles y, a pesar de la violencia policial, no las dejaron hasta que Merino dimitió y asumió la presidencia el ingeniero y profesor universitario Francisco Sagasti.

Las esperanzas de un cambio se esfumaron rápidamente. La Covid 19 colapsó un sistema sanitario obsoleto e ineficaz, la crisis económica se fue profundizando y la población mostró en las urnas todo su cansancio y decepción.

Lamentablemente cada papeleta en blanco, cada voto perdido, significaron una ganancia para el radicalismo, único capaz de movilizar sus bases. Perú corre el riesgo de perder su democracia, que, a pesar de los errores, es mejor de cualquier dictadura. Y, como si eso fuera poco, también está a punto de sufrir un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos. Democracia y derechos requieren de años y años de lucha. Sin embargo, tan solo un minuto es suficiente para perderlos. Es el triste futuro que podría tocarle a los peruanos.

@MBAFILE

19 de abril 2021

ViceVersa

https://www.viceversa-mag.com/triste-futuro-para-peru/

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Acceso a la Justicia

La sociedad civil organizada está amenazada en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro se ha trazado como meta acabar con cualquier voz disidente y no alineada con sus objetivos; y para ello ha recrudecido la ofensiva que, desde finales de 2020 mantiene contra las organizaciones de derechos humanos y humanitarias que trabajan en el país.

La creación del Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, contenido en la providencia 001-2021 de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo pasado, no es más que el último movimiento del Ejecutivo nacional por controlar uno de los pocos espacios que todavía no domina.

La providencia obliga a las organizaciones sin fines de lucro a reportarle a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada información sensible como quiénes son sus donantes y un listado de personas beneficiarias, debidamente identificadas, que reciban “asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades” ejercidas por dichas agrupaciones civiles.

Debemos agregar que este registro anómalo, está completamente fuera de los estándares y las prácticas internacionales en materia de control de legitimación de capitales y financiamiento de terrorismo, de modo que esto no es más que una excusa para limitar y controlar a las ONG.

Es una acción que expone a los beneficiarios de las acciones que conducen las organizaciones no gubernamentales y abre las puertas para que sean víctimas de actos de intimidación, hostigamiento y discriminación como los sufridos por quienes firmaron a favor del referendo revocatorio presidencial de 2004 y terminaron engrosando la infame “lista Tascón”.

El registro no es un hecho aislado, sino que forma parte de una ofensiva que en los últimos meses han lanzado las autoridades venezolanas. Así, debemos recordarle al país y al mundo que, a finales del año pasado, los ministerios de Interiores, Justicia y Paz y de Relaciones Exteriores emitieron una resolución conjunta, para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales extranjeras que laboran en el país. El texto creó el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas (Regong), a través del cual las agrupaciones foráneas no domiciliadas en el país deberán registrarse para obtener una certificación que les permita desempeñar sus actividades.

La resolución antes señalada deja en claro que las organizaciones extranjeras solamente podrán desempeñar actividades de asistencia y cooperación internacional “en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades de las Naciones Unidas”.

Semanas después, el Gobierno de Nicolás Maduro le ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) que vigilara las transacciones financieras de todas las agrupaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, para lo cual esta emitió una circular para regular esa situación.

Pero como si lo anterior no fuera suficiente, la Asamblea Nacional ha anunciado en las últimas semanas su intención de reformar este mismo año leyes como el Código Penal. Aunque su texto es desconocido, el objetivo, según ha informado un diputado del partido de Gobierno, es endurecer delitos como el de traición a la patria e incorporar otros nuevos que afectan a la libertad de expresión mediante el uso de medios informáticos como las redes sociales.

Asimismo, el Parlamento controlado por el oficialismo ha revelado su intención de desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, un texto que como la espada de Damocles ha estado pendiendo sobre las cabezas de las organizaciones no gubernamentales venezolanas desde 2005 y que pretende forzarlas a entregar el financiamiento que consiguen en instancias internacionales a un fondo que administrará el Gobierno.

Debemos recordar que esta propuesta no solo ha sido rechazada por la sociedad civil organizada, sino también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por considerar que atenta contra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a asociarse y a buscar fondos para llevar adelante esa misión.

Acceso a la Justicia denuncia que la arremetida gubernamental no se limita a la creación de registros y la amenaza de nuevas regulaciones y controles inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales de derechos humanos, sino que abarca también acciones represivas tangibles como allanamientos y detenciones de activistas. El país y el mundo fueron testigos como en enero pasado cinco miembros de la organización zuliana Azul Positivo fueron detenidos y se les abrió un proceso judicial por “legitimación de capitales”. El delito real de estos activistas fue tratar de ayudar a aliviar el dolor y las penurias que vienen padeciendo los venezolanos más pobres debido a la gravísima emergencia humanitaria que atraviesa el país.

Estas aprehensiones estuvieron precedidas de una ola de allanamientos de las que fueron víctimas las organizaciones Acción Solidaria, Alimenta La Solidaridad y Convite y revelan que en Venezuela hay un patrón que considera a los defensores de los derechos humanos como unos enemigos a los que hay que vencer y eliminar. Solo en los primeros dos meses del año, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizó un total de 99 ataques para enero de este año contra activistas y organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza.

Las acciones adoptadas por las autoridades violan flagrantemente la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de 1999, la cual en su artículo 1 señala: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

Por su parte, recordamos que el artículo 17 del instrumento estipula claramente que:“en el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática”.

Por último, llamamos a los venezolanos y a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los relatores, grupos de Trabajo y demás procedimientos especiales de la ONU a condenar enérgicamente las acciones de las autoridades venezolanas y a exigirles que cesen en su actitud y que permitan a la sociedad civil organizada ejercer sus actividades, sin más limitaciones que las impuestas por la Constitución y los tratados internacionales.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La más reciente arremetida contra las ONG, que las precalifica como delincuencia organizada y financiadoras del terrorismo al obligarlas a registrarse en la Oficina Nacional de la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, no es solo una obvia violación a la presunción de inocencia, sino que también criminaliza a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, ambos deberes de los Estados y correlativamente derechos de las ONG.

Al final, este tipo de regulación afecta a todos los habitantes del país, especialmente, a los más vulnerables, quienes, ante la ausencia de Estado en Venezuela, producto de la emergencia humanitaria compleja, se encuentran desprovistos de lo más básico para vivir, cuando la actividad de las ONG de asistencia humanitaria y caritativas es lo único que les permite sobrevivir.

Asimismo, ante la opacidad informativa en Venezuela, las masivas violaciones de derechos humanos y un Estado que no rinde cuentas, el rol de las ONG es fundamental para proteger a las víctimas de esas violaciones, y, además, para documentar y denunciar ante la comunidad internacional de manera adecuada y objetiva lo que realmente pasa en el país. He aquí la verdadera causa de la providencia comentada: disuadir a víctimas y ciudadanos en general de denunciar las masivas violaciones de derechos humanos que comete el Estado venezolano, así como sus arbitrariedades.

19 de abril 2021

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