Resumen
Si bien es complejo establecer la calidad de la educación impartida por un sistema educativo, existen indicios de que la educación superior en Venezuela está atravesando una crisis. En lugar de enfrascarse en una discusión política o teórica, sobre el significado de la calidad de la educación universitaria, resulta más práctico y provechoso considerar cada uno de los aspectos indiciarios de que algo anda mal, tales como: calidad de los profesores, admisión de los estudiantes y prioridad a la investigación, entre otros.
La propuesta es debatir estos aspectos, entre los actores que corresponda, en la búsqueda de los consensos sobre políticas públicas u otras iniciativas que deben auspiciarse, en la prosecución de una mejora de la calidad de la educación universitaria.
Palabras clave Calidad, educación, universidad, excelencia, Venezuela.
Some Thoughts on the Quality of Venezuelan Higher Education
Abstract
Despite the fact that it is complex to measure the quality of the education taught on a specific educational system, there are some hints that point out that higher education in Venezuela is passing through very difficult times. Instead of stalling a proper debate with the same old political and theoretical discussions about the concept of quality in higher education, it is more practical and helpful to consider each of the other aspects that are indicative of wrongdoing, such as: quality of the faculty, admission processes and institutions’ priorities for research and development.
The proposal for this particular case is to perform a thoughtful debate between the entities and stakeholders involved in the matter, in the lookout for consensus about which new initiatives or public policies should be sponsored in order to pursuit the continuous enhancement of the quality of higher education.
Keywords
Quality, Education, University, Excellence, Venezuela.
Quelques réflexions sur la qualité de l’enseignement supérieur au Venezuela
Résumé
Bien qu’il soit difficile d’établir la qualité de l’enseignement dispensé par un système éducatif, il semble que l’enseignement supérieur au Venezuela traverse une crise.
Au lieu d’engager une discussion politique ou théorique sur la signification de la qualité de l’enseignement universitaire, il est plus pratique et utile d’examiner certains indices de ce qui ne va pas, tels la qualité des enseignants, le système d’admission des étudiants et les priorités de la recherche, entre autres. Nous proposons de discuter ces aspects, parmi les acteurs correspondants, dans la recherche d’un consensus sur les politiques publiques ou d’autres initiatives qui devraient être entamées, dans le but d’améliorer la qualité de l’enseignement universitaire.
Mots clés
Qualité, éducation, université, excellence, Venezuela.
Introducción
Se desconoce que exista un estudio global y objetivo, mediante el cual se haya evaluado recientemente la problemática de la calidad de la educación universitaria en Venezuela. No obstante, hay una serie de indicios que hacen pensar que la educación superior está atravesando una crisis muy profunda, cuyas consecuencias son incalculables en términos de atraso científico-tecnológico y cultural, recursos mal empleados, generación de productos que no responden a las exigencias nacionales ni de los mercados globalizados de talento y frustración de ilusiones.
En todo caso se sabe que dichas consecuencias tendrán repercusión a futuro sobre el progreso humano y el desarrollo productivo del país. De aquí la amplia relevancia del tema. Las reflexiones que se exponen seguidamente no provienen de un especialista en educación, ni son el resultado de un proceso de investigación científicamente instrumentado. Constituyen apreciaciones hechas por un profesor universitario preocupado por el desarrollo de su país, basadas en el acopio de elementos de juicio y percepciones generales sobre la situación de la calidad de la educación universitaria.
Se considera que tales opiniones merecen ser constatadas, analizadas y discutidas por los actores involucrados en el tema, para abrirle curso a soluciones, cuando existan en Venezuela circunstancias más propicias.
Estas reflexiones no son en ningún caso exhaustivas, dada la magnitud y gravedad del problema que se aborda. Hablar de la calidad de la educación universitaria significa tratar sobre aspectos muy diversos y complejos, tales como la relevancia, pertinencia, eficiencia, eficacia y equidad del sistema educativo, gobernanza y sistemas de acreditaciones, entre otros factores resaltantes (Toro y Marcano, 2007, p. 44). Todos esos aspectos, en una forma u otra, tienen que ver con la calidad de la educación universitaria, pero no hay consenso sobre la posibilidad de hacer una suerte de síntesis o integración cuantitativa de ellos, que refleje inequívocamente el nivel de calidad alcanzada por un sistema educativo o por una institución en particular.
Es más, hay que aceptar que todavía no se ha logrado un acuerdo concluyente y unánime, sobre la definición misma del término, aunque se admite que la calidad de la educación universitaria es un concepto de naturaleza multidimensional, que debe ser tratado por lo tanto de una manera holística (Stark and Lowther, 1980, p. 286). Por ejemplo, el investigador sobre la educación superior Jamil Salmi (2009, p. 7) vincula las universidades de alta jerarquía a tres factores relacionados: concentración de talento, financiamiento abundante y gobernanza apropiada.
De aquí que, en líneas generales, resulte complicado el abordaje de esta cuestión, debiéndose reconocer además, como señala Albornoz (1998, p. 125), que existe un déficit importante de información empírica sobre la educación universitaria que permita sacar conclusiones bien fundamentadas al respecto.
En algunos países existen organizaciones cuya función es evaluar y hacerle el seguimiento sistemático a la calidad de la educación en las instituciones de educación superior pública y privada. Los sistemas de evaluación aplicados por dichas organizaciones comprueban en qué medida una serie de procesos coadyuvantes a mejorar la calidad de la educación, que son previamente definidos, son cumplidos por las instituciones universitarias; y, a partir del análisis, sacan sus conclusiones y formulan recomendaciones.
Tales sistemas no arrojan, por lo tanto, resultados cuantificados de la calidad de la educación impartida por las instituciones investigadas, ya que no es eso lo que se persigue. La Unión Europea, por ejemplo, considera manuales que sirven de guía para que los diferentes países asociados establezcan sus sistemas de aseguramiento de calidad de la educación universitaria (ENQA, 2009).
Desde otra perspectiva, cabe señalar que la calidad de la educación impartida en una institución puede ser el reflejo de la jerarquía que esta ocupe dentro de un sistema de evaluación basado en diferentes criterios, para apreciar si es igual, mejor o peor, que otras instituciones de su especie.
Consecuencia de este último enfoque es el surgimiento de una serie de clasificaciones que jerarquizan a las instituciones de educación superior a escala mundial o nacional, según diversas metodologías y parámetros: “Times Higher Education Supplement”, THES, de Gran Bretaña; Universidad Jiao Tong de Shanghái; Clasificación de Universia de España y HEEACT de Taiwan, por citar solo algunos ejemplos.
Tabulados algunos de los resultados de diferentes sistemas de clasificación de universidades a los que se hizo referencia, las casas de estudio venezolanas aparecen sumamente rezagadas, y otras ni siquiera han sido clasificadas. Esto se considera una señal preocupante, que debe ser atendida por los responsables de la educación superior a nivel nacional.
De todo lo anterior se desprende la inconveniencia de enfrascarse en una discusión política, filosófica o puramente teórica sobre el significado de la calidad de la educación en el país. Luce preferible y es lo pragmático, la consideración de aquellos aspectos indiciarios de que algo anda mal en nuestras universidades y en su relación con el entorno exterior público y privado.
Se trata de aspectos, si se quiere parciales, dentro de esta problemática, pero que se aprecian como básicos, pues históricamente han tenido incidencia en lo que se acepta comúnmente como calidad de la educación universitaria. En esta proposición va implícita una estrategia de abordaje selectivo a lo que se considera son los punto nodales o críticos del problema, pensando que, al resolverlos, se hace un avance sustantivo y se abre la oportunidad para un tratamiento integral de la situación existente en la educación superior.
En paralelo pueden irse estudiando los progresos que se han hecho en cuanto a sistemas de aseguramiento de calidad que se están instrumentando con destacado ímpetu en otras naciones y que podría ser conveniente adaptarlos progresivamente al país, a pesar de la renuencia natural que se observa en tal sentido en nuestro medio, donde se ha dicho que: “La cultura de la evaluación académica tiene sus dificultades en la sociedad venezolana” (Ruiz Calderón y López de Villarroel, 2007, p. 137).
De una discusión amplia de esos aspectos entre todos los actores que corresponda, deben surgir una serie de políticas y acciones que redunden en un mejoramiento sustancial de la calidad de la educación universitaria en el país.
Entre estos aspectos, se piensa que merecen analizarse y discutirse primordialmente los aspectos críticos que se exponen a continuación.
La calidad de los profesores
En alto grado, la calidad de la educación universitaria sepende del nivel del profesorado; y, por ende, de la preparación del personal docente y de investigación. “El cuerpo profesoral es el elemento que le da vida a la educación universitaria y debe constituir la mayor inversión a realizar” (Lombardi, 2013, p. 2).
Por eso, las instituciones de educación superior que gozan de mayor prestigio en el mundo exigen niveles superiores de preparación al personal académico que entra al escalafón o es contratado: entre esas exigencias, son obligatorios los estudios de postgrado y los doctorados otorgados por instituciones reconocidas, además de la demostración de otras aptitudes académicas.
Por otra parte, son sumamente rigurosos en la selección de candidatos, lo cual tiende a hacerse a través de procesos mayormente competitivos y en ningún caso condicionado por credo político o de otra naturaleza.
Se está consciente de la complejidad implícita en la determinación de la calidad profesoral (Serrano de Moreno, 2007, pp. 41-63; Lizardo, 2007, pp. 67-84), pero se tiene una razonable seguridad de que, cuando existe un estricto proceso de selección de los nuevos profesores y se aplica un sistema justo y sistemático de evaluación de su desempeño académico a lo largo de su carrera, mediante la participación de pares y de los propios estudiantes, se asegura en buena medida la calidad deseable.
Por supuesto que ello implica, también, un esmerado y costoso esfuerzo de cada institución y de la sociedad en general, para el mejoramiento continuo de los planteles profesorales, mediante el otorgamiento de los estímulos académicos y sociales, y la asignación de los recursos suficientes para ello.
En este contexto, es oportuno reconocer que, en algunas casas de estudios superiores venezolanas, se han efectuado encomiables esfuerzos en ese sentido, como es el caso de la Universidad de Los Andes, a través del Programa Andrés Bello (PAB), de estímulo a la calidad del pregrado, establecido en 2006 (Ruiz Calderón y López de Villarroel 2007, p. 135). El PAB es único en Venezuela y busca elevar la calidad de los estudios de pregrado fundamentando su acción en el criterio de autorregulación del trabajo académico.
Sin embargo, resulta particularmente preocupante la situación generada por la creación masiva de nuevas universidades en el país, o la conversión de institutos técnicos universitarios en las llamadas “universidades territoriales”, cosa que ha ocurrido durante los últimos años y que no ha sido precedida de una adecuada fase de planificación, organización y dotación de recursos humanos idóneos.
Se ha pasado por alto la importancia de un cuidadoso proceso de selección de docentes e investigadores, reclutándose estos algunas veces más por motivos ideológicos que por sus credenciales académicas. Se ha conformado así un subsistema de educación superior nuevo, que es mucho mayor que el existente antes de 1998, en cuanto número de universidades, docentes y alumnos.
Si se considera el sistema universitario público como un todo, esto último debe haber contribuido de manera importante en la degradación de su calidad académica. En síntesis, lo que está planteado en Venezuela ahora es la revisión de los procedimientos de evaluación del profesorado que se están aplicando en todas las universidades, para ver en qué medida responden a criterios de excelencia como los anteriormente esbozados, como paso inicial para una reforma en tal sentido.
Admisión de los estudiantes a la educación superior
Todos los venezolanos, de acuerdo con la Constitución, tienen derecho a ser admitidos a la educación superior, “sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” (Art 103).
Pero es un hecho verificable a través de evaluaciones pedagógicamente diseñadas, que no todos los jóvenes tienen la capacidad o la preparación suficiente para cursar la carrera que aspiran de manera exitosa. De aquí que resulte indispensable aplicar un proceso previo de evaluación, que permita diferenciar entre los que pueden ser admitidos inmediatamente y aquellos susceptibles de recibir una mejor preparación para entrar más adelante a la educación superior o para continuar en carreras técnicas, también indispensables para el desarrollo nacional.
Lo anterior adquiere especial relevancia cuando hay elementos cuantificables que demuestran que la educación primaria y secundaria también ha desmejorado durante los últimos años.
Esto coloca el tema con prelación al de la misma calidad de la educación universitaria, pues se sabe que ésta estará condicionada por la buena preparación del estudiantado que ingrese a las universidades.
Sin embargo, dicha problemática, aunque trascendental, rebasa el alcance de estas reflexiones. A nivel mundial existe consenso acerca de que la calidad de la educación universitaria depende de manera muy importante de la excelencia de sus profesores, pero también de la calidad del estudiantado.
No existen universidades de reconocida calidad donde no haya un proceso cuidadoso de selección de sus estudiantes. En algunos países avanzados la identificación de los estudiantes con mayor potencialidad académica comienza desde la educación primaria y secundaria. Esto se hace para facilitarles el acceso a las instituciones universitarias más apropiadas; y es así, tanto en las economías de mercado como en los países socialistas.
La Oficina de Planificación Universitaria, del Consejo Nacional de Universidades dio un importante paso al respecto en 2002, al aprobar el “Proyecto Alma Mater para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Universitaria”, cuyas estrategias para alcanzar sus objetivos consideraban establecer un sistema de evaluación y acreditación institucional, control presupuestario y un sistema que asegurase la equidad en el acceso a la educación superior. Sin embargo, dicho proyecto apenas pudo instrumentarse parcialmente, pues la sustitución de las autoridades ministeriales del sector y diferencias radicales de enfoque de las autoridades entrantes frustró una iniciativa que estaba correctamente orientada (Parra Sandoval, 2010, p. 119).
Consecuentemente, a partir del año 2003, se dio inicio a un curso acelerado de creación de nuevas instituciones de educación superior a las que antes se hizo referencia, y se abrió un proceso masivo de admisión de estudiantes, sin ninguna evaluación previa.
La política de admisión libre a nuestras universidades impuesta como dogma durante los últimos años es absolutamente contraproducente. Esa política no tiene que ver ni con el principio de inclusión, ni con el de equidad del sistema educativo, los cuales son prioritarios. Mantener lo contrario solo se justifica desde un enfoque “demagógico”, en detrimento de las nuevas generaciones de profesionales y del desarrollo del país.
Por lo tanto, se considera que en una agenda para mejorar la calidad de la educación universitaria en Venezuela tiene absoluta prioridad la discusión sobre un sistema integral de admisión y asistencia para los estudiantes que aspiran ingresar a las universidades.
Prioridad académica y financiera a la investigación básica y aplicada y a su divulgación
Las universidades, además de ser instituciones concebidas para transferir conocimientos, deben ser reconocidas por su capacidad para crear nuevos conocimientos y divulgarlos a través de publicaciones y cursos de extensión.
La investigación, por ser el principal producto del cuerpo profesoral y la fuente primigenia de todo lo que se enseña, debe gozar de absoluta prioridad dentro del Claustro (Lombardi, 2013, p. 57).
Además, un principio de la universidad de calidad es que la docencia no puede ni debe estar separada de la investigación. No existen universidades prestigiosas en el mundo que no tengan una buena producción científico-tecnológica y humanística. Pero, además, es de suma importancia que las agendas de enseñanza e investigación estén cada vez más relacionadas con las realidades socioeconómicas nacionales.
A esto es a lo que se denomina la pertinencia social de la enseñanza impartida, aspecto de destacada importancia al tratar sobre la calidad de la educación. De aquí que sea necesario privilegiar una mayor vinculación de las universidades con el Estado y la sociedad en general; pero, especialmente, con sus sectores productivo, laboral y cultural.
Derek Bok, por largo tiempo Presidente de la Universidad de Harvard, ha expuesto: “La prosperidad de los Estados Unidos de América ha sido movida por la investigación y los descubrimientos tecnológicos que frecuentemente se inician en los laboratorios universitarios y las aulas, de donde sus egresados migran a los negocios y al gobierno” (2013, p. 43).
La investigación constituye, en este sentido, una misión clave de las instituciones de educación superior; y ha de constituir un objetivo prioritario y, por ende, recibir estímulos de toda índole, y especialmente financieros.
Fuera de algunas excepciones, las universidades venezolanas dan poca prioridad a la investigación y, por lo tanto, asignan cantidades exiguas de recursos a esta actividad; o sus presupuestos están tan limitados que se hace muy difícil atender apropiadamente este concepto.
Estas carencias trataron de subsanarse en el pasado, aunque fuese tímidamente, a través del Programa de Promoción del Investigador (PPI), establecido en 1990: Prácticamente las únicas iniciativas que lograron consenso y probablemente más por la presión gremial ante el deterioro del salario de los profesores, que por presiones del gobierno o de las propias instituciones, fue la instauración del Programa de Promoción del Investigador (PPI), con el cual se otorgaba reconocimiento monetario a los investigadores, de conformidad con el número de “productos de investigación” presentados, los cuales son evaluados de acuerdo con los indicadores internacionalmente reconocidos para tal fin.
Este programa de corte nacional, a su vez fue replicado internamente por las instituciones para incentivar la producción científica, lo cual a la larga se convirtió en un mecanismo de compensación de los deteriorados salarios de los profesores, sin que ello produjera a su vez procesos de evaluación institucional y de mejoramiento y consolidación de la capacidad de los grupos, centros e institutos de investigación (Parra Sandoval, 2010, p. 115).
Sin embargo, dicho programa fue prácticamente extinguido a partir del 2009, al ser sustituido por el Programa de Estímulo al Investigador (PEI), con características muy diferentes y en cuyo diseño no participó la comunidad académica (García Guadilla, 2012, pp. 1-2).
Según Requena (2015), el cambio no ha sido beneficioso para el desarrollo científico: El resultado de ya varios años de este accionar se hace evidente hoy en día. Hace unos diez años (digamos para el año 2002 para ser precisos) contábamos registrados en el PPI con unos 1.987 investigadores que producían unos 1.681 trabajos de investigación. De estas publicaciones, 1.100 fueron reseñadas en revistas reconocidas y acreditadas como de primera línea.
Hoy en día, el PEI cuenta con 5.981 inscritos que apenas alcanzaron a producir unos 900 artículos el año pasado y que este año van camino de producir mucho menos aún.
Desde el sector privado y con este mismo objetivo, es de relevar el establecimiento de los premios Lorenzo Mendoza Fleury a los investigadores venezolanos más destacados, otorgados por la Fundación Empresas Polar, los cuales suelen recaer en profesores universitarios.
Por otra parte, La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) del 2001 estableció un sistema de apoyo financiero a la investigación que pareció apuntar en la dirección correcta para subsanar la escasez de fondos a escala universitaria; y, en efecto, sirvió para financiar un número importante de proyectos de investigación durante los primeros años de su vigencia.
No obstante, su modificación en el año 2005 centralizó la captación de fondos y alteró algunos de sus procedimientos, de manera negativa al cumplimiento de sus objetivos fundamentales. Requena (2015, 1) señala al respecto: Empero y contraviniendo explícitamente lo que pauta su ley, el dinero de LOCTI ha sido y está siendo usado en otras actividades, muy distintas de la investigación.
Para peor mal, en una altísima proporción, lo poco que está siendo otorgado como financiamiento a la investigación es dado a personas con una clara orientación política o a proyectos sin mayor calidad, trascendencia o relevancia.
Las estadísticas sobre artículos científicos publicados por venezolanos en revistas internacionales indexadas, en lugar de aumentar con el tiempo, muestran una progresiva disminución, como testimonio incontrovertible del fracaso de la política de estímulo a la investigación en nuestras universidades durante los últimos años, ya que en ellas se genera la mayor parte de las investigaciones referidas (De la Vega, Requena y Fernández-Gómez, 2015, pp. 128, 132-133).
Por lo tanto, en la actualidad no se cuenta con un instrumento verdaderamente efectivo para catalizar la investigación en el contexto universitario en la medida requerida; por lo que, entre otras acciones inmediatas para subsanar la situación de retracción del sector científico, debería reformarse nuevamente la Ley mencionada, para regresar a un estatus similar al que existió originalmente, amén de otras políticas que puedan instrumentarse con el mismo objetivo.
La remuneración y seguridad social del personal académico
Para poder asegurar la estabilidad y constante superación de los cuerpos docentes y de investigación, hay que otorgar buenas condiciones salariales, seguridad social y la posibilidad de su mejoramiento académico continuo a través de becas, asistencias a reuniones especializadas a nivel nacional e internacional, subvenciones y otra variedad de opciones existentes en ese campo.
Esta visión deseable de tan importante aspecto contrasta con lo que está ocurriendo en la realidad con las escalas salariales de los profesores universitarios en las instituciones públicas, las cuales han venido disminuyendo en términos reales a niveles que son absolutamente absurdos, lo que ha causado la descapitalización acelerada de los recursos humanos, el capital más importante de las casas de estudio.
El alto éxodo de talentos de las universidades venezolanas a otros países en desarrollo o industrializados, está motivado principalmente por la disparidad de salarios que se ofrecen dentro y fuera de Venezuela.
Por otra parte, esa política de restricción presupuestaria que se está aplicando a las universidades autónomas públicas actúa como un elemento disuasivo para que nuevos y destacados profesionales aspiren a incorporarse al noble oficio de ser formadores de juventudes.
De hecho, constantemente se denuncia que los nuevos concursos de cátedra se declaran desiertos por inexistencia de aspirantes. Se considera que la corrección de esta anómala situación en cuanto a la remuneración integral del profesorado universitario constituye una de las iniciativas que debe acometerse con mayor urgencia, pues sus consecuencias están siendo ruinosas en la actualidad.
Bienestar estudiantil: asistencia económica, servicios de salud, actividades académicas, culturales, sociales y deportivas
Para poder ofrecerle a la población estudiantil un sistema de vida cónsono con sus deberes, el Estado está obligado a implantar un sistema de seguridad social que comprenda asistencia económica directa de acuerdo con el ingreso familiar de cada estudiante, y su complemento, a través de buenos servicios de alimentación, salud, transporte y dotación de textos, entre otros.
Igualmente, no se concibe una educación de calidad que no conlleve el acceso cuasi obligatorio de los futuros profesionales a un conjunto de actividades deportivas, culturales y científicas contribuyentes a una formación integral, para un desarrollo físico y mental equilibrado.
La Ley de Universidades de 1958, modificada en 1970, en su artículo 122 establece el deber de las instituciones de educación superior de establecer un sistema de previsión social para el alumnado.
¿Se puede decir que en Venezuela, al menos en las universidades públicas, se están atendiendo estas necesidades de una manera medianamente satisfactoria? Se desconoce la realización de algún estudio enfocado a evaluar la situación señalada en escala nacional.
Sin embargo, se han efectuado indagaciones parciales sobre sistemas de previsión social del alumnado que han tratado de establecerse en las nuevas universidades públicas (García Martínez, 2010, pp. 81-82). Los resultados obtenidos muestran que los sistemas ensayados son muy deficientes, lo que debe servir para motivar una acción más ordenada y sistemática, de abordar este aspecto tan vinculado con la calidad de la educación universitaria.
Estrictos sistemas de evaluación académica y establecimiento de códigos de ética estudiantil
Los avances pedagógicos han permitido diseñar diferentes maneras y técnicas para evaluar de la forma más objetiva y eficaz posible el rendimiento académico de los candidatos a ser profesionales. La universidad de calidad debe prestarle atención muy seria al cumplimiento de los sistemas de evaluación del rendimiento estudiantil que se consideren apropiados, porque ellos permiten medir la asimilación de los conocimientos enseñados e inducen a la constante superación de los alumnos.
No se concibe una educación universitaria sin evaluación continua y justa. Dentro de la Unión Europea se ha establecido como pauta que los estudiantes universitarios deben ser evaluados empleando criterios que se hayan hecho previamente públicos y mediante regulaciones y procedimientos que se apliquen consistentemente (ENQA, 2009, p. 17).
Por supuesto, ello conlleva al establecimiento de códigos de comportamiento estudiantil durante las evaluaciones que deben ser acatados con rigurosidad, so pena de las sanciones previstas.
La infraestructura educativa: edificios de aulas, laboratorios, hardware y software, bibliotecas y residencias
La educación universitaria de calidad resulta costosa, entre otras razones, porque demanda una infraestructura física que, sin ser ostentosa, pueda cumplir con los estándares de funcionalidad y confort apropiados.
Desde esta perspectiva, aunque constituye un elemento puramente instrumental para la educación universitaria, no deja de tener alta importancia desde la perspectiva de la calidad de la educación.
Asimismo, son importantes las características y tipo del entorno ambiental en que estén localizadas las infraestructuras universitarias. De las numerosas nuevas universidades que se han decretado recientemente en Venezuela, algunas han ocupado instalaciones antes construidas para otros propósitos, y que han tenido por lo tanto que ser refaccionadas para adaptarse a su nueva función.
¿Pero cuántas nuevas y modernas edificaciones se han levantado para las instituciones creadas? ¿Cuántos edificios adaptados a las exigencias de las bibliotecas modernas, llamadas a constituirse en los centros del acontecer universitario han sido construidos durante la última década? ¿Cuántas residencias estudiantiles se han erigido, siendo este déficit de equipamiento una muestra de la escasa atención que tan importante aspecto del bienestar estudiantil significa?
Muchas de nuestras universidades carecen de instalaciones adecuadas para laboratorios; y es muy frecuente que estos, cuando existen, no estén dotados de los equipos y materiales indispensables.
De igual modo, cuando se vocea que se ha entrado en la sociedad del conocimiento hay que preguntarse si se mantiene actualizada la dotación de hardware y software a nuestras universidades, indispensable para poder asegurar un flujo de conocimientos apropiado y oportuno, así como la realización de la investigación con el instrumental más avanzado.
Las llamadas Aldeas Universitarias de la Venezuela contemporánea, son conceptos puramente virtuales que generan justificadas críticas. Y entre sus fallas está el hecho de que no cuentan con sus propias edificaciones.
La gobernanza de las instituciones de educación superior y la libertad de cátedra
La experiencia acumulada a través del estudio comparado de los sistemas de gobierno universitario a nivel mundial indica que este factor, dependiendo de lo acertado de los arreglos que se adopten para designar las autoridades y otras instancias de dirección y asesoría, además de su integración con los sistemas de aseguramiento de la calidad, constituye un elemento clave para el mejoramiento de la educación del tercer nivel (Henard y Mitterle, 2010, p. 15).
En la gobernanza exitosa participan integrantes de diversas colectividades, los miembros del cuerpo docente y de investigación y, con diferente peso, la representación estudiantil. Los empleados administrativos suelen tener una participación limitada en dichos procesos; pero es inconcebible que, en nombre de una mayor democratización del proceso educativo, el personal obrero tenga influencia en la integración del gobierno universitario y mucho menos que puedan tener calidad paritaria a las del cuerpo académico, como se pretende en Venezuela.
Tampoco, en las instituciones de gran prestigio académico está presente el factor político partidista en la selección de las autoridades universitarias. Una tendencia que se aprecia cada vez con mayor intensidad a nivel internacional es la incorporación a los organismos de asesoría del gobierno universitario de representantes de la sociedad civil y de distintos sectores interesados en la suerte de la educación superior.
Se persigue una relación cada vez mas cercana y fluida con el entorno público y privado, quienes son a la postre los beneficiarios de recursos humanos mejor formados.
Con la llamada reforma universitaria de Córdoba, a principios del siglo XX, surgió la propuesta de la autonomía de las instituciones de educación superior para administrarse y establecer sus carreras y programas de estudios; y, por ende, la libertad de cátedra. Ambas conquistas están asociadas al concepto de calidad de la educación de tercer nivel y quedaron por lo tanto reflejadas en la Ley de Universidades de Venezuela de 1958, modificada en 1970.
No obstante, esta Ley, al establecer un régimen uniforme para todas las universidades, dio paso a un sistema de gobierno inflexible que en muchos casos no se adecua a las exigencias y características de cada una de las nuevas instituciones creadas en el país.
Por lo tanto, es hora de que dicha Ley sea reformada para actualizarla, dando paso a la posibilidad de establecer diversos esquemas de gobernanza, según sea más conveniente en cada caso.
Por supuesto, ningún actor social se atreve a poner en discusión la libertad de cátedra, que significa libertad de enseñanza, de investigación y de aprender, aunque se tenga conciencia de las limitaciones derivadas del entorno social e institucional prevaleciente.
Resulta paradójico, sin embargo, que mientras el Gobierno venezolano propicia reformas para modificar el régimen de integración de las autoridades en las universidades autónomas, a ninguna de las nuevas instituciones creadas después de 1999 por el Gobierno Nacional se les haya otorgado autonomía, de manera que éste continúa designando sus autoridades, manteniéndose de esa forma el control político-ideológico sobre dichos establecimientos.
Garantía de un financiamiento seguro y apropiado
En la actualidad, posiblemente no exista un problema más serio en Venezuela, con relación a la calidad de la educación universitaria, que la política de limitación del financiamiento a la cual están sometidas desde hace varios años las universidades públicas autónomas por parte del Gobierno Nacional.
Ello está generando consecuencias devastadoras en las principales casas de estudio del país. Hay coincidencias en que la mejor calidad de la educación universitaria está asociada a un financiamiento apropiado.
Por supuesto, una educación de calidad es más costosa. Lo cual no significa que un presupuesto mayor asegure una buena calidad del desempeño académico de las instituciones.
De lo que sí se tiene certeza, sin embargo, es de que con un financiamiento escaso e injustamente distribuido, difícilmente puede haber mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte.
Por lo tanto, en una sociedad moderna, el financiamiento de la educación superior suele ser un tema que demanda atención preferente en la agenda socio-política y por eso ha de estar sometido al debate público.
Se debe tener conciencia de que las decisiones que se tomen al respecto comprometen el desarrollo futuro de todo el país, ya que si los recursos son inadecuados, puede estarse comprometiendo la capacidad de los profesionales y dirigentes que harán que el país funcione de manera apropiada en el mediano y largo plazo, al no estar a la altura de los retos que plantea el progreso del país.
Por el contrario, si los recursos asignados son abundantes, pero no son administrados con eficiencia, estamos mermando las capacidades de inversión en otras áreas que también pueden ser importantes para el desarrollo.
Para tratar el tema del financiamiento de la educación superior, hay que tomar conciencia de que el país está obligado a alejarse cada vez más de la cultura rentista-petrolera.
En Venezuela la responsabilidad de financiar a la educación universitaria corresponde tanto al estado como al sector privado. En cuanto el aporte público, es deseable que se asigne una cuota presupuestaria predecible y cónsona con la prioridad del sector; pero, asimismo, es importante que se establezcan los sistemas adecuados para medir la eficacia y efectividad con que se aplican dichos recursos y se les exija rendición de cuentas a los gerentes que administran las universidades.
De igual modo, es indispensable que dichos montos, en lo posible, estén protegidos de las oscilaciones de los ingresos fiscales y del factor inflacionario.
Por supuesto, debe constituir también un objetivo de las universidades públicas, la generación y venta cada vez mayor de servicios que, a la vez de satisfacer la demanda social o del sector productivo, contribuyan a fortalecer la hacienda universitaria.
En cuanto a las aportaciones del sector privado a la educación superior, que es deseable sean cada vez mayores, se aprecian dos vertientes. En primer lugar, contribuciones del sector privado al financiamiento de la educación superior pública a través de donaciones y compra de servicios. Y segundo, el financiamiento de instituciones universitarias privadas, a través del pago de matrículas que cancelan los estudiantes, donaciones y compra de servicios.
En este último caso, es conveniente que el mercado determine la cuantía de dichas aportaciones.
En tal sentido, resulta contraproducente cualquier intento del Gobierno por imponerle regulaciones a las tarifas que se cobren en estas instituciones.
Acreditaciones y bench marking entre las instituciones de educación superior
En la medida en que nuestras instituciones universitarias sean evaluadas, se asegurará su mejoramiento.
Existen para estos menesteres los procesos de acreditación o certificación, que constituyen evaluaciones por grupos colegiados externos conformados por pares, con base a criterios preestablecidos, conducentes a establecer si un determinado programa académico satisface y en qué grado, los objetivos que se ha planteado.
Los procesos de acreditación pueden utilizarse como requisito para la obtención de subvenciones financieras provenientes de diferentes fondos a los cuales se accede de manera competitiva.
No obstante, se tienen noticias de que, como política oficial, tales procesos se están empleando cada vez menos en Venezuela, cuando debería ser todo lo contrario.
Otra forma de lograr la evaluación es sometiendo a las instituciones a procesos de comparación reglada, con otras similares, nacionales o foráneas, de reconocido prestigio, por los logros alcanzados.
Esto último es lo que se denomina estudios de bench marking, a los cuales cada vez se recurre más en la escena internacional, pues permiten identificar los aspectos débiles que deben ser reforzados o modificados para elevar la calidad de los estudios.
Reflexiones finales
A lo largo del presente trabajo, se han hecho una serie de afirmaciones sobre aspectos que se consideran claves, para aproximarse al complejo y escabroso tema de la calidad de la educación del tercer y cuarto nivel en Venezuela.
Dentro de esta problemática, se ha identificado como asunto crítico en Venezuela la conformación durante los últimos años de dos subsistemas de educación pública superior, claramente diferenciados.
Uno, tradicional, integrado en su mayor parte por universidades públicas autónomas que abogan con variada intensidad por el mejoramiento de la calidad de la educación y que están sometidas a fuertes limitaciones en su financiamiento.
Y otro, segundo, conformado por anteriores y nuevas universidades experimentales y la Misión Rivas, dirigida a atender la población que no había logrado culminar la educación secundaria.
Este segundo subsistema, en el cual por encima de los conceptos tradicionales de calidad de la educación, prevalece el factor político-ideológico, goza del favoritismo del Gobierno Nacional, a través de las asignaciones presupuestarias y otras ventajas que reciben de manera exclusiva.
Una situación tan anómala tendrá que abordarla el país serenamente cuando sea oportuno, a fin de encontrar una solución que sea conveniente de cara al funcionamiento y producción óptima del sistema de educación universitaria.
Es importante que se reconozca, en este sentido, que son las instituciones universitarias de más alta calidad las que mayores beneficios económicos y sociales generan a sus países.
Hay que tomar en consideración, asimismo, que la población estudiantil universitaria será cada vez más numerosa y los egresados están expuestos a la competencia profesional a nivel nacional o a escala internacional, dentro del proceso de mundialización en marcha.
Ante esta situación, la profesora García Guadilla ha expuesto: Frente a la alta concentración de conocimiento en universidades de clase mundial existe preocupación porque se observan asimetrías que muestran tendencia a profundizarse en un contexto de alta competitividad como está sucediendo con los flujos globales de conocimiento.
Cada vez existe más distancia entre países con mayor concentración de conocimientos y países que tienen menos; entre países que son capaces de utilizar al máximo sus propios talentos, y además absorber los talentos de afuera; y los países, que ni siquiera son capaces de retener sus propios talentos, ni tienen políticas a través de las cuales participar en el conocimiento global.
Se estima que un tercio de los científicos e ingenieros formados en los países menos avanzados económicamente, dejan sus países para trabajar en países avanzados (2012a, p. 27).
Las anteriores opiniones han sido expuestas con el propósito de contribuir a un debate nacional pendiente. Es deseable que en tal oportunidad, ideas de este tenor sean sometidas al análisis de los actores públicos y privados correspondientes, con el propósito de verificar su validez y relevancia, para pasar luego a construir consensos sobre las políticas públicas o diversos tipos de iniciativas, que conviene promover en la prosecución de una mejora de la calidad de la educación universitaria.
En otras palabras, se aprecia la urgencia de construir una agenda nacional sobre la calidad de la educación universitaria, que marque de manera irrebatible la hoja de ruta que el país debe seguir durante los próximos lustros, para subsanar una situación donde hay sólidos indicios de que nos estamos quedando atrasados.
Toda sociedad debe estar intelectual y espiritualmente preparada para hacer los cambios de rumbo apropiados; y, en esa circunstancia, mientras haya mayor claridad de ideas y mejor sepamos lo que debe hacerse, es más probable que se tenga éxito en la empresa propuesta.
Ese es el mejor camino para poder alcanzar una sociedad más democrática, justa, permeable, inclusiva y con mayor equidad.
Notas
1. La profesora Carmen García-Guadilla (2012b, p. 3) ha caracterizado el nuevo subsistema de educación superior de esta manera: “En el año 2000, Venezuela tenía una matrícula de pregrado alrededor de ochocientos mil estudiantes; para el 2010 tiene más de dos millones. Las nuevas universidades y programas que fueron consolidando una “nueva institucionalidad”, están conformadas por la gigantesca expansión de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), la Universidad Bolivariana, la Misión Sucre, y expresiones de esta última como los Fundos Zamoranos Universitarios y las Aldeas Universitarias”.
Durante la primera década de los 2000, la UNEFA emprendió un gigantesco proceso de expansión matricular sin precedentes, pues de 2.800 inscritos en octubre de 2003, pasó a 235.000 en 2009, contando con 61 sedes en casi todos los estados del país.
Según cifras oficiales en 2008 se contaba con educación superior en 335 municipios del país, a través de 1915 Aldeas Universitarias (Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, 2008).
2. Una definición de gobernanza: “La gobernanza encuadra las estructuras, relaciones y procesos a través de los cuales a nivel nacional o institucional se desarrollan, instrumentan y revisan, políticas para la educación del tercer nivel. La gobernanza comprende una compleja red que incluye el marco legal, las características de las instituciones y cómo ellas se relacionan con el sistema en su totalidad; cómo se asigna el dinero a las instituciones y cómo ellas se hacen responsables por la forma en que se gaste, así como estructuras y relaciones menos formales que guían e influencian el comportamiento” (OECD, 2008, p. 68).
Referencias
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Universidad Simón Bolívar
Artículo publicado en Argos Vol. 34 Nº 66-67. 2017 / pp. 133-152