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Opinión

Ignacio Avalos Gutiérrez

Dio una muestra más de que va leyendo bien los “signos de los tiempos”. Los años no le han pasado por encima, los ha sabido driblar, al fin y al cabo es futbolero como todo argentino, lástima que no sea del Boca Junior, mi equipo de por allá. No ha mermado, por tanto, su empeño para terciar en esta época tan complicada. Tampoco lo han logrado las críticas, en no pocas ocasiones lanzadas desde su mismo lado, envueltas en soberbia, con pretensiones de ortodoxia. Y, menos aún, los frecuentes chismes, según se le llamaba antes a los “fake news”. Visto que recientemente se celebró el día internacional de la mujer, cabe mencionar, a título de simple ejemplo de lo que señalo, la forma cómo le han reprochado su inconformidad con la exclusión femenina en diversos ámbitos de la actividad eclesiástica, suerte de veto apuntado desde hace rato en la lista de los “pendiente por pagar” de la institución.

“Fratelli tutti”

La semana anterior, en medio de la pandemia, el Papa Francisco viajó a Irak en donde permaneció tres días y visito seis ciudades. Tomó la decisión, a pesar de que dicho país continúa siendo, según dicen los politólogos, un escenario para el ajuste de cuentas globales y regionales, ubicado en medio de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, cuyos enfrentamientos recientes se han desarrollado en suelo iraquí. Y a pesar de que se trata de una sociedad punteada por violentos conflictos cocinados en el sectarismo, a menudo basados en un fundamentalismo que entraba sensiblemente la convivencia entre grupos étnicos y religiosos, con ideas, creencias y culturas diversas.

En el aeropuerto lo recibió una delegación oficial y luego se trasladó al palacio presidencial con el fin de entrevistarse con el jefe de Estado, Barham Salih, En sus palabras de bienvenida éste le indicó que su “…encuentro llevaba un mensaje para el mundo y representaba un paso para la fraternidad, asegurando que “…Oriente no puede imaginarse sin los cristianos…”, y lamentando que “… muchos de ellos se hayan visto forzados a abandonar su territorio por la violencia en las últimas décadas.”

Así mismo, tuvo una reunión con el gran Ayatolá Alí Sistani, la máxima autoridad religiosa del Islam chiita que, se espera, marcará las futuras relaciones entre la Iglesia católica y el Islam chiita.

Los analistas piensan que las conversaciones realizadas a propósito de la breve gira papal significaron un gran respaldo a la institucionalidad de un país que es clave para la estabilidad de una región tan llena de problemas, muchos de ellos generados a raíz de la invasión estadounidense en los días de Sadam Hussein. Por otro lado, tiende importantes puentes con la rama chií del islam y reclama la defensa de todas las minorías, incluyendo, no sólo a la cristiana, sino a todos los iraquíes, cualesquiera sean de sus convicciones.

Nadie debe quedar excluido de la cultura del encuentro y del diálogo, manifestó Francisco. “Hay que aprovechar la ocasión para rezar junto a los creyentes de otras confesiones religiosas, en particular los musulmanes, a fin de reconstruir la concordia más allá de las facciones y las etnias”.

Las religiones, cada una respondiendo a sus fundamentos, van dejando permanentemente mensajes de solidaridad, de respeto, de fraternidad y de perdón. Predican que el otro ser humano es un prójimo, lo que no pocas veces se olvida, incluso entre los que más las practican.

Este viaje es un revés para la intransigencia en sus diversos empaques. Y para la guerra, por supuesto, tal como el Papa lo escribe en su última Encíclica “Hermanos Todos”, calificándola como “…un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal.”

“La Casa Común”

Esta metáfora, que le dio nombre otra encíclica escrita por Francisco hace algunos años, no solo tiene sentido en el marco de la crisis ecológica (su propósito central), sino que, además, tiene pleno significado en todos los espacios que conciernen a la vida. Su presencia en Irak, además de lo señalado en estas líneas, representa, pues, una apelación que va que más allá de la mera coexistencia mundial. Hay que entenderla como la exigencia de darle al mundo “… un sentido común de humanidad”. Ojalá que este largo viaje desde Roma hasta Bagdad influya para que los terrícolas nos empeñemos más en la faena de examinar y calibrar el modo como nos paramos en un planeta – en la cancha, como seguramente diría Francisco -, cuya suerte nos concierne a todos. En este contexto, el de la Casa Común, las contiendas religiosas son, sobre todo, una estupidez.

El Nacional 10 de febrero de 2021

 3 min


Amanda Mars

El estatus de protección temporal que la Administración de Joe Biden ha concedido a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos debido a la crisis que vive su país constituye la primera gran señal factual de un cambio de rumbo de Washington respecto a América Latina. El giro se antoja lento y complicado ante los dos conflictos más inmediatos en la región, Venezuela y Cuba. La Casa Blanca recalca que la modificación de la estrategia respecto al régimen castrista “no figura entre las principales prioridades” de Biden y que, aunque no comparte la estrategia de sanciones del Gobierno republicano respecto a Caracas y recuperará la cooperación internacional, tampoco tiene prisa por suavizar los castigos. El mensaje sirve para mantener la presión ante cualquier negociación futura, pero también constata las dificultades. Las últimas decisiones tomadas por Trump, además, han aumentado la tensión internacional.

La doctrina del expresidente para América Latina se fundamentó en la idea de una “troika tiránica” que englobaba Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este grupo constituía una reedición de aquel famoso “eje del mal” que George W. Bush popularizó en 2002: Irak, Irán y Corea del Norte. En Washington hay pocas casualidades y esta no es una de ellas. El último presidente republicano se había rodeado de halcones del tiempo de Bush hijo, como John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional con el que acabaría de uñas; o Elliott Abrams, el viejo gladiador de Ronald Reagan para Centroamérica, designado por Trump como enviado especial para Venezuela.

“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida la militar si fuera necesario”, dijo Trump en agosto de 2017, en mitad de sus vacaciones, desde su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey). “No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo”, continuó, con ese estilo suyo tan particular, capaz de vincular una acción armada a la conveniencia de la ubicación.

Pero ese ardor guerrero, para disgusto de algunos nostálgicos, no iba más allá de los discursos. Y sus palabras de apoyo al pueblo venezolano, para frustración de muchos otros, tampoco se tradujeron durante su mandato en el estatus de protección que reclamaban los opositores al régimen de Nicolás Maduro. No fue hasta el último día en la Casa Blanca, el 19 de enero, cuando aprobó una orden para diferir las deportaciones de venezolanos durante 18 meses, lo que les iba a mantener en un limbo administrativo y no les permite trabajar, a diferencia de la TPS (estatus de protección temporal) recién anunciada por la Administración demócrata. Lo que sí hizo Trump fue apretar las tuercas con las sanciones. Redobló las que iban dirigidas a los individuos y atacó el pulmón económico del país, el petróleo, con el fin de forzar a Maduro a convocar elecciones.

El actual Gobierno estadounidense subraya los escasos frutos que la estrategia ha brindado. “Hemos visto cómo el régimen y los mercados se han adaptado a las sanciones del petróleo y podemos seguir así no se sabe cuánto tiempo. No hay prisa por levantar esas sanciones, pero sí un reconocimiento de que las multas unilaterales no han funcionado para forzar la celebración de elecciones y que la anterior Administración falló en la coordinación con Europa y con los aliados a Latinoamérica”, explicó este lunes un funcionario de la Casa Blanca en una conferencia con periodistas.

Aun así, Biden “seguirá con la presión”, afirmó esa misma fuente, “hasta que Maduro se siente en la mesa y tome la decisión de convocar elecciones”. “Una vez pase eso, hablaremos con la comunidad internacional para ver qué sanciones podrían levantarse.”

No suenan los tambores de guerra ahora en la Casa Blanca y se ha concedido la ansiada protección temporal, pero Washington no está abriendo una página en blanco en la relación con Caracas. A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pese a que la Asamblea Nacional, de la que emanaba su legitimidad constitucional, ha cambiado de color político tras las elecciones de diciembre (cuyos resultados no han sido reconocidos por la UE). No ha virado un milímetro en la idea de que el de Maduro es un Gobierno ilegítimo, aunque la campaña electoral de Trump, acusando a Biden de socialista, hizo mella en el electorado latino más conservador, que ayudó al republicano a ganar las elecciones en el codiciado Estado de Florida.

“La política de presión contra Venezuela, en realidad, es bastante bipartita y es normal que Biden no tenga prisa en suavizar esa presión sin motivos claros. Tampoco va a tener prisa con Cuba, él es un moderado. Para qué buscarse esa pelea a nivel doméstico”, reflexiona Dany Bahar, experto en economía para la región de la Brookings Institution.

El camino emprendido por Trump sobre Cuba, que Biden ha prometido revisar, es uno de esos incómodos de desandar ante parte de los ciudadanos. En el crepúsculo de su presidencia, el republicano incluyó a la dictadura cubana en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, que solo comparte con Siria, Corea del Norte e Irán, y dejó a su sucesor en la tesitura de sacarlo de ahí. La designación, que conlleva la imposición de “sanciones a personas y países” que comercian con la isla, provocó el rechazo del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y de políticos latinoamericanos como el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

La Unión Europea y muy especialmente España, aguardan también que Biden dé marcha atrás en la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, que permite las demandas de ciudadanos estadounidenses contra empresas internacionales por lucrarse con propiedades confiscadas por el régimen castrista tras la revolución. Esta norma había sido suspendida por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1996 y Trump decidió activarla en 2019.

Sobre este asunto, la Administración estadounidense indica que nada va a ocurrir demasiado rápido. “El giro en la política hacia Cuba no figura en las prioridades del presidente, que son la pandemia, la recuperación de la economía y la reconstrucción de alianzas en el extranjero”, responde una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Aun así, añade, la Casa Blanca sí va a “revisar cuidadosamente” las decisiones del Gobierno anterior. Al margen de una modificación en esos dos frentes concretos, que además le crean problemas con los aliados europeos, un proceso de deshielo como el emprendido por Barack Obama resulta improbable a corto plazo.

“Estamos comprometidos en hacer de los derechos humanos el centro de nuestra política exterior y eso incluye redoblar nuestra dedicación a los derechos humanos en el hemisferio”, explica también la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. En el equipo de política exterior de Biden figuran veteranos de la Administración de Barack Obama, como Antony Blinken, el secretario del Estado, que había trabajado en el departamento también durante la etapa de Bill Clinton. El director para la región latinoamericana en el Consejo de Seguridad Nacional es Juan S. González, que había ocupado ese mismo puesto y también asesoró al propio Biden como vicepresidente.

La llegada de Biden a la Casa Blanca también ha alentado grandes expectativas en el flanco migratorio. La nueva Administración ha impulsado una reforma migratoria que se centra en los motivos de la emigración de Centroamérica, con un plan de inversiones de 4.000 millones de dólares en cuatro años para dinamizar la economía de la región. También ha prometido “humanizar” el proceso de llegada y entrada a Estados Unidos, tras años de mano de hierro por parte de Trump, pero esa voluntad también requerirá tiempo y, como Washington ha querido recalcar, no se traduce en una política de puertas abiertas.

En una “visita virtual” reciente de Blinken a México, el jefe de la diplomacia lanzó un aviso claro a las personas que huyen de la pobreza y la miseria en Centroamérica: “A cualquiera que esté pensando en hacer ese viaje nuestro mensaje es: no lo haga. Estamos haciendo cumplir de forma estricta nuevas leyes migratorias y nuestras medidas de seguridad en la frontera. La frontera está cerrada para la inmigración irregular”. Pero la presión en ella no amaina. Según cifras publicadas por The New York Times este lunes, en las últimas dos semanas el número de menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se ha triplicado.

9 de marzo 2021

El País

https://elpais.com/internacional/2021-03-09/biden-impulsa-un-complicado-...

 6 min


José Machillanda

El régimen postchavista aturdido, mayormente descompuesto después del 6D, más temeroso por el crecimiento de una masa democrática cuantificable como movimiento político democrático, cono energía para generar un cambio político expresión del gen democrático venezolano, en un acto público ensaya una solicitud acudiendo al constructo de la Memoria Pública. La Memoria Pública que registra hoy el venezolano es el hambre, la miseria exponencial, la persecución policial, la corrupción política y el intento del militarismo socialista de seguir de espaldas a la Constitución en apoyo a una tiranía en pleno siglo XXI. Tiranía que, como régimen militarista, es el responsable por la regresión política que viven Venezuela y los venezolanos.

La Memoria Pública que deja este régimen está cercana a las imágenes de los cañones, violencia y regresión política exponencial encubierta por un militarismo obsecuente, que la ciudadanía democrática repudia, razón por la cual demanda como ciudadanía un comportamiento para crecerse en la adversidad política, que le permita enunciar su encuentro con una real democracia acudiendo a un hecho electoral en condiciones legítimas y universales en la anunciada megaelección. La Memoria Pública inspirada en exhibicionismo armado, armamentismo y fuerza bruta militar es la revivencia del autoritarismo, de las fuerzas y engaños más la corrupción exponencial de un régimen nacido del golpismo militarista en 1992. Con un gobierno militar que derivó en gobierno militar de calle -expresión grotesca de la subpolítica y la antipolítica- de quienes desprecian al ciudadano y la democracia violando la Constitución.

La venezolanidad del 2021 está muy distante de la simbología político-militar. Está asqueada de imágenes, representaciones y fantasías que intenta el régimen fijar a juro, donde las acciones contrarias a la democracia está cercanas al fanatismo y al primitivismo político que emplea las fuerza-violencia para gobernar desde 1999. El venezolano demócrata 2021 como gran mayoría expresa su rechazo a la experiencia del militarismo, a quien encabezó esta insensatez política, económica y sobre todo ideológica. No es un acontecimiento político para movilizarlos… sino para desterrar cuanto tenga que ver con el militarismo y la militarización de la política y la sociedad.

La Venezuela del 2021 es democrática en su 91.8%, en consecuencia la Memoria Pública no puede aceptar el 5 de marzo que gire alrededor y demostrar voluntades que permitan el primitivismo armado como acto político por grotesco, inconstitucional, además de corrupto. La energía política del venezolano y sus Memoria Pública están orientadas hacia el devenir, que tendrá que ser la democracia, los demócratas y la Constitución. La democracia con la mayoría tiene claro lo desgraciado lo que es la remembranza del 5 de marzo, de quien presidió un régimen autoritario al margen de la Constitución y, sobre todo, potenció su violación sistemática. La Memoria Pública 2021 está azotada por el hambre, está arrinconada por el militarismo y, por lo tanto, en los demócratas no hay espacio para la Memoria Pública.

La Memoria Pública 2021 se mostrará para conservar actuación y acciones como evocaciones y reconocimiento constitucionales, el 5 de marzo no existe ningún estímulo, evidencia o imágenes para recordarlo ¡No en el venezolano demócrata, que es la mayoría! En consecuencia, es ridículo, es equívoco solicitar mediante una treta del elemento armado que el venezolano del 2021 avive la Memoria Pública. En el venezolano demócrata no tiene significación el 5 de marzo, no tiene razón para llamar a la memoria que recuerde cuando todo lo que pudiera recordar de esa fecha está cerca del dolo, de la violación de la norma y del irrespeto al sistema.

El ciudadano 2021 ha decidido reinstalar la democracia, en consecuencia hace uso de su curva de olvido hacia todo aquello que se relacione con una trampa política engañosa, como el militarismo y su dictadura que cuanto ha significado es una regresión política y una desgracia del venezolano. La curva del olvido se nutrirá del gen democrático y, con fuerza y energía, se apresta para activar y desarrollar un manifiesto rechazo a quienes han subyugado y destruido al sistema político venezolano, acomodando una tiranía grotesca y primitiva vergüenza del mundo y la postmodernidad.

El ciudadano demócrata 2021 montado sobre la curva del olvido no perderá tiempo como los furibundos e ignaros fanáticos en una supuesta Memoria Pública, que avergüenza a la Venezuela Estado, hociqueada y ofendida pero dispuesta a conquistar su dignidad. No y nunca anclada en la Memoria Pública fanática, antipolítica, militarista sumisa, sino todo lo contrario en la Memoria Pública que resguarda la ecuación democrática. Los aduladores de oficio, sirvientes de la violencia y seguidores del golpismo, pareciera que han comenzado a comprender que la mayoría de los venezolanos accionarán con una participación política contendiente para recrear una memoria que sí se corresponda con lo público, con lo constitucional, respetando el merco vigente y el gen democrático, lo cual muestra la Decencia Política y jamás la barbarie, la adulancia y, sobre todo, la mentira política.

Es original,

Director de CSB-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 9 de marzo de 2021

 4 min


Jesús Elorza G.

Una de las más importantes características de los veinte y dos años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, su indetenible carrera hacia la destrucción total del país.

La crisis económico-social generada por el régimen, destruye el aparato productivo y la infraestructura de servicios, empobrece a la mayoría nacional y siembra el hambre por todos los rincones de la geografía venezolana. Entramos en el 8º año consecutivo de depresión económica y el 4º de hiperinflación. En 2020 el PIB cayó un 26%, lo que representa un acumulado de 76%, de acuerdo con cifras de la CEPAL. Esto significa una paralización brutal del aparato productivo nacional, cuya mercadería se suple parcialmente con importaciones.

La hiperinflación (3.713% en 2020, según cifras de la Comisión de Finanzas de la legal AN) y la devaluación sostenida y continuada del Bolívar han pulverizado nuestro signo monetario y disparado los precios de todos los bienes y servicios. El dólar ha sustituido, de facto, a la moneda nacional como medio de pago, es decir, para las transacciones comerciales, reduciendo la función del bolívar a las transacciones electrónicas, mientras el efectivo ha quedado para pagar el transporte urbano, a duras penas

La liberalización de las importaciones (exenciones tributarias, entre otras cosas), la dolarización de los costos y precios y el lavado de capitales han incrementado la actividad comercial y el abastecimiento, pero su adquisición es cada vez más inaccesible.

El rasgo más importante de la situación social es el empobrecimiento generalizado del pueblo, hasta el punto de la posibilidad de una hambruna. Este riesgo ha sido advertido por los organismos de la ONU especializados en la materia y sus primeras manifestaciones ya se han registrado en estados como Miranda, donde en septiembre 2020 se produjo la muerte de 18 infantes por desnutrición, por solo citar un caso.

La pobreza por ingresos se sitúa en más 90%, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Solo bastaría contrastar el salario mínimo mensual (Bs 1,8 millones) con el costo de la canasta básica que supera los Bs 500 millones.

El salario, las prestaciones sociales y el ahorro de los trabajadores y sus familias han sido pulverizados. Las contrataciones colectivas han sido sustituidas por unas tablas salariales de hambre que borran viejas conquistas y reivindicaciones alcanzadas en etapas anteriores y los derechos a sindicalización y huelga han sido borrados casi por completo.

La salud vive una situación similar resumida en los siguientes factores principales: deterioro de la calidad de vida y de las condiciones medioambientales (pobreza y hambre); infraestructura hospitalaria en decadencia y abandono; escasez grave de medicamentos, equipos e insumos médicos; encarecimiento de los precios de las medicinas y servicios; deserción creciente del personal especializado. Prácticamente, los trabajadores carecen de un Sistema de Seguridad Social que les permita superar la crítica, por no decir dantesca, situación que hoy están viviendo.

Con los pírricos salarios mínimos, menores a un dólar mensual y sueldos de hambre, con la congelación de la discusión de los contratos colectivos, con la criminalización y sangrienta represión de las luchas gremiales, la imposibilidad de poder ser atendido frente a un problema de salud por la carencia de coberturas suficientes de seguros HCM y el colapso de los centros hospitalarios de país, la ¨revolución¨ socialista del siglo XXI ha condenado a muerte a los trabajadores venezolanos.

Toca, en este momento crítico, mantener en alza las banderas de La lucha por la Vida transitando el camino de la Unidad de las fuerzas sociales para lograr superar la crisis social, política y económica generada por este régimen genocida.

No hay salida a la crisis con el chavismo en el poder. Desplazarlo del poder e iniciar una transición sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas democráticas del país. En la lucha por la vida y contra una condena de muerte, se hace impostergable que todas, las sindicales, gremiales, culturales, deportivas se concentren en una sola lucha. El llamado a la unidad en la lucha es la única garantía para que los trabajadores logremos derrotar y superar la política de muerte que nos impone el régime

 3 min


Humberto García Larralde

El régimen de expoliación que quedó del “Socialismo del Siglo XXI” hizo de Venezuela el país más pobre de América Latina, después de haber sido uno de sus más prósperos. Su economía es, hoy, apenas la cuarta parte de la de hace siete años y de igual dimensión a la de 1965, pero sirviendo a una población tres veces superior. El ingreso real por habitante alcanza solo a la mitad de la que gozaba el ciudadano promedio en 1950. Y ello ha ocurrido en una nación que, entre 2008 y 2014, disfrutó de la mayor bonanza de exportación experimentada en su historia, con precios para su crudo de USD 100 el barril o más.

Infelizmente, esta enorme riqueza fue dilapidada, esquilmada por contratos leoninos con países “amigos” o simplemente robada. En los años subsiguientes, los venezolanos sufrieron la mayor destrucción de medios de vida registrada en épocas recientes para un país que no esté en guerra. Más de cinco millones decidió emigrar.

Recuperar niveles de bienestar que hagan de nuevo a Venezuela una nación en que vale la pena residir constituye, sin duda, el mayor reto a enfrentar por las fuerzas democráticas, una vez recuperada de la horrible aberración militar que hoy la consume.

Nuestro país enfrentó en el pasado crisis económicas –ninguna, ni remotamente, con las dimensiones de la actual— que fueron solventadas, en mayor o menor grado, gracias a aumentos oportunos en los precios internacionales del petróleo. Proveyeron a la nación con mayores ingresos de exportación para afrontar sus dificultades. El dispendio a discreción de la renta petrolera por parte de diferentes gobiernos sirvió también para cosechar réditos políticos y sembró una expectación en el venezolano de que el Estado estaba ahí para asegurarle su bienestar material.

Esto pasó a ser percibido como un derecho adquirido, no condicionado por otras consideraciones. La captación de rentas internacionales por Venezuela durante décadas obnubiló la vinculación entre la remuneración salarial y la productividad. Las actitudes y valores inherentes a la cultura rentista mellaron, asimismo, las presiones para emprendimientos competitivos. Más rentable fue, para muchos, dedicarse a cazar las rentas que deparaba el intervencionismo del Estado. La viabilidad social, política y económica de un gobierno de transición democrática habrá de verse seriamente comprometida si no logra revertir esta visión.

Repartir la renta petrolera ya no es posible como solución, lo que genera serios desafíos a la hora de querer satisfacer las expectativas de mejora de los venezolanos. El país produce, hoy, apenas 16% de cuando Maduro ocupó la presidencia, privando a Venezuela de las divisas y de los encadenamientos productivos que, en otras oportunidades, dinamizaban al llamado sector conexo de industrias del metal, químicas, de la construcción, como de numerosos servicios. Haberle entregado PdVSA a los militares como premio por su apoyo, terminó la destrucción de su capacidad productiva que había iniciado Rafael Ramírez, cuando hizo de ella una empresa “roja-rojita” al servicio de intereses chavistas.

A nivel mundial es notoria la transición energética a fuentes renovables, hecha posible por los desarrollos tecnológicos, y los intentos deliberados por reducir el uso de combustibles fósiles. En el marco de los acuerdos de París, países europeos se han propuesto como meta reducir sus emisiones netas de gases de carbono a cero para 1950. Muchos se han comprometido, también, a dejar de producir autos de combustión interna para 2030. Metas como estas hacen que la vuelta de precios de bonanza para el crudo sea muy improbable. Los análisis anticipan, más bien, el arribo a una situación de “Peak Demand” en los próximos lustros, a partir del cual el consumo de hidrocarburos se irá reduciendo de forma sostenida. ¿Cuántos años podemos esperar seguir como proveedor importante de recursos energéticos al mundo? Difícil precisar, pero debe tenerse en cuenta, además, que Venezuela no es, actualmente, la provincia petrolera más llamativa para atraer inversiones al sector.

Recuperar un nivel de producción de unos 2,5 millones de b/d tomará al menos 5 años en el mejor de los escenarios. Requerirá, entre otras cosas, una reducción sustancial de la carga fiscal para atraer ingentes inversiones internacionales al sector, sin los cuales ello sería imposible. En consecuencia, el monto de ingresos petroleros del que dispondría el Estado para transferir en auxilio de los sectores más desasistidos será bastante menor. Hoy, parte importante de las exportaciones ni siquiera se cobran por la necesidad de amortizar los préstamos otorgados por China y Rusia al régimen, y por el petróleo que todavía insiste Maduro en regalarle a Cuba.

Enfrentar las expectativas de la población acostumbrada a “soluciones mágicas” provenientes del petróleo constituirá un problema fundamental para la transición democrática. Satisfacer, hasta donde sea posible, sus ansias de superación, implica optimizar el aumento de la productividad, a la vez que se busca cambiar la cultura rentista por una de emprendimiento y competitividad. Si bien se espera negociar un generoso financiamiento internacional con los organismos multilaterales --parte del cual debería destinarse por razones humanitarias a mejorar de inmediato la situación de los más desfavorecidos-- su disponibilidad dependerá de un programa consistente que augure una respuesta favorable de la economía, capaz de asegurar en el tiempo el reintegro de buena parte de los préstamos desembolsados y un crecimiento sostenido que, en un marco de equidad, provea la estabilidad del régimen democrático.

Políticas para fortalecer la productividad y, consecuentemente, la competitividad, serán decisivas para la transición y la consolidación de una Venezuela democrática. Esto supone lo siguiente:

1) Un retorno al ordenamiento constitucional y a las garantías inherentes al Estado de Derecho;

2) Un programa exitoso de estabilización macroeconómica, con un tipo de cambio estabilizado en torno a sus valores de equilibrio o una economía totalmente dolarizada;

3) Aprovechamiento cabal de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional en el corto plazo;

4) El desarrollo de un marco y una cultura favorables al emprendimiento productivo;

5) Una estrategia de desarrollo explícitamente orientada al desarrollo de la competitividad, en la cual ocupen papel importante políticas industriales bien concebidas y articuladas;

6) Un esfuerzo especial por insertar al aparato productivo en la ola de la 4ª Revolución Industrial, fortaleciendo sus capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico.

La capacidad para atraer inversiones extranjeras, de estimular también la inversión nacional y de aprovechar, de una manera u otra, el talento que emigró –así sea que sus portadores no regresen al país—será sumamente importante. Asimismo, requiere, como se mencionó, del apoyo de los organismos multinacionales, tanto para la provisión de un importante financiamiento externo, como para apoyar al país en la reestructuración de su deuda externa, de forma de hacer compatible su manejo con las metas de desarrollo propuestas.

La instrumentación de un programa de esta naturaleza, ambicioso y con su visión puesta en el largo plazo, es inconcebible bajo un régimen como el actual, guiado por la idea de que la riqueza no necesita ser producida, sino aprovechada, siguiendo intereses personales y políticos. Es lo que se denomina un régimen de expoliación. Descansa en las jerarquías y relaciones de poder articuladas en torno al Estado, y en la ausencia de normas y contrapoderes. Es el reino de las mafias, muchas de ellas, militares.

Es crucial tener en mente qué se está jugando cuando se propone negociar con personeros del régimen una salida pacífica a la actual tragedia. ¿Podrá ser una solución verdadera, hacia la recuperación de niveles de vida dignos y en libertad? ¿Qué hace falta para ello? Valgan estas líneas como referencia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

 5 min


Francisco Russo Betancourt

Un comentario de un influencer, radical opositor venezolano, establecido en el exterior, me ha interesado en escribir sobre el título que encabeza esta crónica. Denunciaba el influencer, respecto del maltrato que un Alcalde del interior de nuestro país hacía contra una familia a quien pretendía desposeer en la propiedad de su vivienda, que “no estaba obligado a dar oportunidad de respuesta al funcionario, para que se defendiera de sus graves denuncias, porque no había legislación que lo obligara”.

El tema del derecho a la información y a la libertad de expresión, no deja de ser siempre, por sí mismo, un tema delicado y polémico, pero que en un Estado de Derecho, al que aspiramos los demócratas, -que resulta ausente en el ejercicio diario del grupo que ejerce el gobierno-, resulta siempre ineludible tratarlo en atención al ordenamiento legal escrito y por quienes somos creyentes del acatamiento a la ley, vale decir, gobernantes y gobernados sujetos a la disciplina legal. Es en el fondo, lo que quiero comentar.

Con la ley del ejercicio del periodismo de 1972, se reguló el derecho de rectificación, como obligación de periodistas y medios de comunicación, de rectificar en toda tergiversación de la información, obligando a la empresa, si fuese el caso de dar cabida a aquella rectificación. La vigente ley de ejercicio del periodismo, del año 1995, amplia en su artículo 9 esa obligación, al establecer, que “toda tergiversación o ausencia de veracidad en la información debe ser rectificada oportuna y eficientemente, y el periodista estará obligado a rectificar y la empresa a dar cabida a tal rectificación o a la aclaratoria que formule el afectado”. De modo, que frente a informaciones inexactas, falsas o no veraces y que perjudiquen a cualquier persona, subsiste el derecho de réplica del afectado o de rectificación por las mismas, a que se efectúe en el medio de difusión, sin que ello lo exima de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido.

Como se trata de un medio audiovisual, en el cual la persona, a través de un canal de youtube, sube videos o contenidos, y los comenta ofreciendo su particular versión sobre hechos y/o imágenes, entiendo, que no sólo asume la responsabilidad de lo que afirma o denuncia, sino que está obligado en caso de no ser veraces sus comentarios, o extralimitarse en la calificación de una conducta personal, en dar oportunidad para que el afectado de respuesta y en todo caso, la otra parte rectifique. Pero si bien, el Reglamento de Radiodifusión vigente en el país, nada dice sobre este tema, toda vez que, en el capítulo de las infracciones de los concesionarios de las radiodifusoras y televisión, el artículo 80, se limita a prohibir la reproducción de videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y/o no autorizadas a grabar por parte de los involucrados… de manera que se afecte el derecho a la intimidad y al honor de las personas consagradas en la Constitución, nuestro Texto Fundamental si consagra el derecho a réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes (art. 58).

Nos hemos acostumbrado a oír desde las tribunas más encumbradas hasta las de menor jerarquía del régimen que nos gobierna, ejecutivas y legislativas, frases ofensivas, ominosas y denigrantes contra quienes se oponen democráticamente al gobierno, y no hay derecho a réplica que valga ni tampoco fiscal ni funcionario judicial que alze su voz y ordene el acatamiento constitucional. La Constitución es entonces, letra muerta para el régimen, es el sometimiento de una legislatura al servicio del Ejecutivo y una judicatura sorda y muda frente a las arbitrariedades de los que ejercen el poder.

Así ha sido en los últimos 20 años, vivimos en un país en estado de destrucción donde no hay instancias de representación para que se nos oiga, pero tampoco debemos admitir que en el campo de los que queremos construir un país donde haya democracia, incurramos en el desaguisado de retar al ordenamiento legal.

La democracia es el ejercicio de la libertad, pero en el camino de la ley trazada y no podemos caer ni en los excesos de la libertad ni tampoco en los excesos del poder incontrolado y absolutista, y es lo que observamos si nos adentramos, aunque sea superficialmente en la vida venezolana; acá tenemos una situación de poder abusivo, perverso y no institucionalizado, que queremos sustituir para construir un país de iguales oportunidades y de respeto a la Ley y al Estado de Derecho. Será entonces, más temprano que tarde, que la aspiración de la gran mayoría de nuestros compatriotas, respondan para alcanzar la vida justa y digna que nos niega el socialismo del siglo 21, y para construir el país que queremos, el de la paz y el desarrollo, en el que me atrevo a soñar y decir, como en los soliloquios de Shakespeare en Hamlet, “tenemos la seguridad de que esto será así”.

Finalmente, cuando la Constitución dice que toda persona tiene el derecho de réplica y rectificación, nos dice a todos los venezolanos, sea cual fuese su oficio, que ese derecho lo sostiene nuestra Constitución, cuando aquel se vea afectado por informaciones inexactas o tergiversadas.

Es probable que el influencer o el youtuber no sea periodista, y pueda decirse que su conducta no está regulada por la Ley de Ejercicio del Periodismo, pero el derecho de aclaratoria o de rectificación y de réplica se encuentra consagrada, para todos en nuestra Carta Fundamental, que además es un derecho inherente a la persona humana, que implica, cuando se afecta el honor de una persona por informaciones inexactas, que ésta tiene el derecho a responder las imputaciones que se le hacen, sean del color político que fuese.

frusbet@gmail.com

Maracay, marzo 7 de 2021

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Eddie A. Ramírez S.

¿Qué induce el comportamiento inconsistente y ligero de algunos compatriotas en relación con los éxitos y fracasos en la lucha en contra de la dictadura atípica de Chávez-Maduro? ¿Por qué ese afán de descalificar a nuestra dirigencia por no haber puesto fin a la usurpación? ¿Hay razones para darle crédito a cualquier mentira del régimen o a las especulaciones, bien o mal intencionadas, de algunos tuiteros políticos y no políticos? Como son evidentes los sufrimientos y frustraciones de la población, sería impertinente afirmar categóricamente que rechazamos “la insoportable levedad del ser”, como diría Kundera. Lo procedente es predicar la necesidad de entender la complejidad de nuestra situación política e intentar valorar los éxitos y los intentos fallidos para lograr el cambio.

Todos somos responsables de la terrible situación que vivimos. Nos deslumbramos ante el espejismo de la renta petrolera. Por ello, a partir de 1974, elegimos dirigentes populistas, unos más, otros menos. Cuando esa renta no fue suficiente, acudimos a un teniente coronel que prometía acabar con la corrupción y un mejor país. Al percatarnos del engaño, arremetimos en contra del predicador del socialismo siglo XXI.

La jornada del 11 de abril del 2002 logró la renuncia del pichón de dictador. La gran mayoría aplaudió a los trabajadores petroleros que iniciaron el paro el 4 de abril, a Carlos Ortega y a Pedro Carmona, presidentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y de Fedecámaras, respectivamente, organizaciones que se sumaron al mismo, así como a los militares que fueron el factor decisivo. Cuando los errores cometidos permitieron el regreso de Chávez al poder, se generó una frustración que se descargó en contra de Carmona, y también de los militares que no aceptaron la petición de Chávez de que lo dejaran irse a Cuba.

Siguieron las protestas en contra del repuesto presidente y el 2 de diciembre todos los partidos de oposición, la CTV y Fedecámaras llamaron a otro paro. Como el mismo no tuvo el éxito esperado, muchos drenaron la frustración criticando a Carlos Ortega, a Carlos Fernandes, nuevo presidente de Fedecámaras, y a los petroleros que individualmente se habían sumado al paro. Este logró algo importante que muchos olvidan: un acuerdo que obligó a ceder al gobierno en puntos fundamentales. Como el gobierno no respetó dicho acuerdo y, además, Chávez se impuso en el referendo, los ciudadanos culparon a los políticos. En el 2005 hubo elecciones parlamentarias, pero los partidos estaban muy debilitados y los electores estaban reacios a participar por la inexistencia de condiciones transparentes. Sin embargo, los políticos fueron posteriormente criticados por esa justificada abstención.

En las siguientes elecciones presidenciales se impuso Chávez por trampas y ventajismos, sin desconocer que gracias a las llamadas misiones llegó a tener un número importante de seguidores y que los partidos de oposición se habían venido a menos. En la elección de 2013, todo indica que Maduro fue derrotado por poco margen por Capriles. Este fue objeto de críticas por no llamar a la gente a la calle a reclamar el triunfo, aunque el régimen ha evidenciado que no le importa reprimir y son numerosos los ciudadanos asesinados, heridos, torturados, encarcelados y exiliados. La elección parlamentaria del 2015 fue un gran éxito de la oposición. Todos festejamos. Esta Asamblea no pudo cumplir su cometido por las trabas del régimen. Sin embargo, todavía resuenan las críticas a la misma.

Surgieron grandes esperanzas cuando Juan Guaidó, presidente constitucional interino, trazó la ruta de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Como esto no se ha logrado, la tendencia ha sido criticar a Guaidó, sin tomar en cuenta que el régimen se sostiene por el apoyo de los militares y del Poder Judicial. Las consultas populares del 2017 y del 2020, fueron exitosas desde el punto de vista político, pero sin la fuerza necesaria para doblegar al régimen, como tampoco lo han logrado, hasta ahora, las sanciones.

Gracias a las gestiones de nuestros diputados, la OEA y la Unión Europea no reconocen las farsas electorales del 2018 y 2020. Sin embargo, no cesan las descalificaciones a nuestros representantes, a pesar de que, incluso, no reciben remuneración y muchos han estado o están presos o exiliados. Intentos fallidos de enfrentar al régimen por medios no convencionales ante el bloqueo de la vía electoral, como fueron los episodios de entrar por Cúcuta ayuda humanitaria y el llamado a la Fuerza Armada para que cumpla con su deber constitucional, el pasado 30 de abril, han sido reprobadas por algunos por no lograr el objetivo. Lo mismo sucedió con la operación Gedeón, un intento valiente, pero poco sensato, de poner fin a la narcodictadura.

En estos últimos años los dirigentes han fallado por no lograr la unidad. Aquí cabe culparlos y ello se refleja en las encuestas. También a veces no han sido consistentes. Por ejemplo, nos convocaron a dos consultas populares que se pronunciaron enfáticamente a favor de elecciones transparentes, sin embargo, recientemente anunciaron que los partidos agrupados en el Frente Unido Venezuela Libre discutirían si acuden o no a la elección de gobernadores. Por parte de los ciudadanos de a pie, es necesario que cesen las descalificaciones injustas a la dirigencia, las cuales no suman. Debemos hacer un esfuerzo para lograr la unidad, que es un requisito necesario, aunque no suficiente para salir del régimen.

Como (había) en botica:

Continúa injustamente detenido nuestro diputado Gilberto Sojo. También el comunicador social Roland Carreño.

Excelente la videoconferencia de Venamérica, coordinada por Horacio Medina y Eduardo Betancourt, con intervenciones sensatas sobre el futuro de la industria petrolera, de los dirigentes sindicales Carlos Ortega, Iván Freites y Rafael Zambrano. También la de Rafael Gallegos sobre Geopolítica petrolera.

Lamentamos los fallecimientos de Celestino Franco y Eutimio Franco, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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