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Opinión

Mariza Bafile

Durante un día particularmente intenso, celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, una utopía se transformó en realidad: latinoamericanos de países diferentes y profesiones diversas, se unieron para mostrar el impacto positivo que tiene nuestra presencia en este país e ilustrar cómo en la región se está trabajando para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible. Lo logró la organización Alianza de Impacto Latino que comenzó gracias a una iniciativa de la Fundación PVBLIC y la Fundación Ismael Cala y sobre todo a la pasión y perseverancia de sus respectivos fundadores, Sergio Fernández de Córdova e Ismael Cala.

Con gran visión de futuro los integrantes de Alianza de Impacto Latino construyeron una red que por cuarta vez ha mostrado al mundo el trabajo que desarrollan los latinoamericanos en sus patrias y en el exterior para luchar contra los grandes males de todos los países: la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la violencia, la destrucción de la naturaleza. Es un trabajo que involucra a diferentes profesionales, desde empresarios hasta líderes comunitarios, desde integrantes de ONG’s, hasta abogados, periodistas, expertos en marketing, y también dirigentes del sector público. Personas todas que llevan adelante un trabajo silencioso que, gracias a la Alianza de Impacto Latino se dio a conocer en toda su variedad y fuerza.

En el cuarto Summit se habló de temáticas relacionadas con los objetivos de la agenda 2030 de desarrollo social sostenible adoptada por la ONU, haciendo énfasis sobre la necesidad de superar el esquema de los debates llenos de buenas intenciones, para proponer acciones concretas y soluciones viables para cada problemática.

Sería largo hablar de las muchas intervenciones, todas interesantes que nos permitieron conocer la labor de personas comprometidas, sensibles y el excelente trabajo que están realizando.

Lo que consideramos fundamental subrayar es la importancia, casi podríamos hablar de urgencia, de la unión entre todas las fuerzas socialmente comprometidas de nuestras sociedades. Ese llamado a crear redes, a trabajar juntos, estemos donde estemos, es fundamental. Solo así podremos transformar el esfuerzo individual en una voz colectiva fuerte, capaz de hacerse eco de las necesidades de los sectores de las poblaciones más vulnerables, de las mujeres, de todas las minorías. Solo así podremos lograr un desarrollo sostenible también en los países de América Latina y el Caribe, y defender nuestra naturaleza ofreciendo un apoyo fundamental a los líderes comunitarios y activistas sociales.

Trabajando juntos podremos mostrar, en toda su excelencia, el impacto positivo que tienen los latinoamericanos en Estados Unidos y así crear un cordón de solidaridad para defender a quienes trabajan de sol a sol siendo muchas veces víctimas de humillaciones y maltratos.

Como dijo Estefanía Grajales Rojas, directora ejecutiva de Alianza de Impacto Latino, si estamos logrando tanto en solitario no es difícil imaginar lo que podríamos hacer si nos uniéramos todos.

DICIEMBRE 9, 2019

@MBAFILE

Photo by: Flavia Romani ©

ViceVersa

https://www.viceversa-mag.com/los-latinos-tenemos-que-unirnos/?goal=0_fd...

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Jesús Elorza G.

Al conocerse oficialmente por parte del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, la suspensión de la edición de los Juegos Nacionales Juveniles 2019, programadas para que se realizarían durante el mes de diciembre del 05 al 14, los atletas, entrenadores y dirigentes deportivos no se sintieron sorprendidos por esta Así estamos dese el 2013 hasta la fecha. Lo que si ha sido permanente, es la asignación decisión.

Durante siete años consecutivos la situación ha sido la misma: Se anuncia la restitución del calendario de los Juegos Nacionales y de seguida, en los próximos meses se anuncia la posposición de la fecha inaugural y finalmente se anuncia la suspensión definitiva para ese año lectivo.

de nuevos presupuestos para cada anuncio. Por ejemplo, en esta oportunidad se asignaron 9.000 millones de bolívares para los Juegos 2019 y ¡solo se conoce el anuncio de la suspensión!, pero no del destino de los recursos económicos!!! Incompetencia y corrupción han sido las conductas permanentes de todos aquellos que han ocupado la cartera ministerial del sector deportivo.​

Al igual que en el "Teatro del Absurdo" los rasgos más representativos de los burócratas enchufaos en el Ministerio del Deporte son la incoherencia, el disparate y lo ilógico. Se hace evidente la incongruencia entre el pensamiento y los hechos. Prueba de ello lo constituye el hecho objetivo de anunciar un evento deportivo nacional sin tomar en cuenta la situación de los factores que inciden en la realización de los mismos.​

Solo a burócratas enchufaos, se les ocurre convocar a unos Juegos Deportivos Nacionales pasando por alto que el 90% de las piscinas carecen de los insumos químicos necesarios para el tratamiento de sus aguas y hoy solo son pantanos verdes criaderos de sapos. En 23 de los 24 estados de la geografáa nacional las pistas de atletismo se encuentran inservibles o en un estado de deterioro que hace imposible la práctica de los atletas. Los esgrimistas prácticamente han regresado a la edad de piedra (o madera, en este caso) practican con !espadas de madera y palos de escoba como florete o sable!

En el caso del beisbol, se ha llegado al extremo de realizar las sesiones de entrenamientos con !peloticas de goma! debido a que carecen de la dotación requerida. En el caso de Remo y Canotaje, las embarcaciones prácticamente han sido sustituidas por curiaras.​

A todo esto, hay que agregarle que los burócratas enchufaos del régimen pretender llegar a la fase final de los Juegos sin la realización de los Zonales Clasificatorios y llegan al descaro de sus incompetencias al aprobar una reducción de más del 30% en las delegaciones o en la realización de Campeonatos Fraccionados (?) sin explicar las bases o fundamentos de esas decisiones. ​

En materia presupuestaria, cabe señalar que, los presupuestos extraordinarios que se anuncian solo caen en el barril sin fondo de la corrupción. En la actualidad ninguna de las Direcciones Deportivas Estadales tienen los recursos económicos necesarios para asistir a unos Juegos Nacionales, no hay recursos para los comedores, ni becas para los atletas. En fin, los atletas y entrenadores carecen de Programas de Asistencia Social Integral para el desarrollo de su trabajo.​

En este teatro del absurdo resalta con toda sus fuerzas el populismo ministerial que intenta con palabras vacías hacernos creer, en este caso, que los Juegos se van a dar !Porque al régimen le da la gana! y luego, como todo cara dura, anuncia la suspensión del evento y prepara a sus administradores para guisarse los recursos presupuestarios que le asignen para el próximo teatro.​

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Daniel Eskibel

Argentina y Uruguay tuvieron elecciones presidenciales el mismo día. El 27 de octubre de 2019 Alberto Fernández ganó en primera vuelta en Argentina. Ese domingo Luis Lacalle Pou salió segundo en Uruguay y un mes después ganó en segunda vuelta.

Detrás de ambas victorias hay excelentes ejemplos de alianzas políticas.

Dos países iguales pero diferentes

Las raíces históricas y culturales unen a Argentina y Uruguay tanto como la geografía. Pero los procesos políticos de ambos países son muy diferentes.

En Argentina gobernaba desde hace 4 años Mauricio Macri. Su triunfo hizo que muchos analistas políticos consideraran que era el final de la carrera política de la ex Presidenta Cristina Kirchner.

En Uruguay el Frente Amplio gobernaba desde el año 2005. Ya había ganado tres elecciones presidenciales consecutivas y llegaba a la cuarta siendo el mayor partido político del país.

En ambos países había descontento. Más intenso quizás en Argentina y más moderado en Uruguay. Pero descontento al fin.

Como es habitual, el descontento por sí solo no alcanzaba para decidir los resultados electorales. Faltaban los caminos políticos para hacerlo. Cuando el descontento es mucho y los caminos políticos no logran encauzarlo se suele abrir la brecha para los estallidos sociales y la violencia. Pero Argentina y Uruguay encontraron los caminos.

Mejor aún: Argentina y Uruguay construyeron los caminos. Porque previamente no estaban allí, y para que estuvieran mediaron importantes decisiones políticas.

¿En qué se parecen Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou?

Son diferentes, claro que sí.

Tienen personalidades diferentes, trayectorias políticas diferentes e ideas diferentes.

Pero también tienen algunos puntos de contacto nada menores:

Ambos son producto de un espacio histórico-cultural como el del Río de la Plata, con todos sus vasos comunicantes a lo largo del tiempo.

Los dos tienen una conexión personal: Alberto tiene desde hace muchos años una relación de amistad con los padres de Luis.

También tienen una curiosa conexión académica que es la Universidad Camilo José Cela. Tanto Alberto Fernández como el ex Presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera, padre de Lacalle Pou, han estado vinculados a dicha institución educativa durante mucho tiempo como docentes y conferenciantes.

Alberto y Luis tienen trayectorias dentro de partidos políticos bien establecidos y con una larga historia: el Partido Justicialista (peronista) de Argentina y el Partido Nacional de Uruguay.

Los dos confían en las herramientas políticas clásicas: recorren el país, hablan con la gente y negocian con otros dirigentes políticos. Pero al mismo tiempo los dos también confían en la profesionalización de la política y de las campañas electorales.

Detrás de ambas candidaturas hubo alguien muy importante que dio un paso al costado. En el caso de Fernández fue la ex Presidenta Cristina Kirchner quien realizó una jugada estratégica excepcional desplazándose a sí misma al segundo lugar de la fórmula presidencial. En el caso de Lacalle Pou fue el ex Presidente Lacalle Herrera quien se mantuvo con gran disciplina estratégica fuera de los escenarios políticos mientras su hijo construía su liderazgo.

Tanto Alberto Fernández como Luis Lacalle Pou, finalmente, tejieron pacientemente sus alianzas políticas. El primero superó primero sus viejas diferencias con Cristina Kirchner y luego articuló detrás suyo la inmensa diversidad peronista. El segundo creó una coalición con su histórico rival el Partido Colorado, con la nueva formación de derecha Cabildo Abierto que lidera el General Manini Ríos, con el Partido de la Gente y con el centro-izquierdista Partido Independiente.

Alianzas políticas

La política de alianzas debe ser siempre una pieza estratégica indispensable en todos los partidos políticos serios y con aspiraciones.

Esto es así porque ninguna sociedad es, y seguramente no lo será nunca, un todo homogéneo y compacto. Por el contrario, toda sociedad es una multiplicidad diversa de ideas y experiencias. Y nunca una fuerza política única logra expresar toda esa diversidad.

Por eso hay que buscar alianzas políticas. Alianzas con los diferentes, por supuesto, ya que con los iguales se construye un partido o un movimiento pero no una alianza.

También las alianzas son diversas. Algunas son alianzas políticas de máxima que abarcan asuntos esenciales, principios y valores. Y otras son alianzas políticas de mínima que son parciales y que buscan solo un objetivo específico. Corresponde a cada cual definir con quién hacer cada clase de alianza.

El caso de la izquierda uruguaya ha sido siempre muy claro. A medida que ensanchó y profundizó sus alianzas se fue convirtiendo en alternativa de gobierno. Pero durante sus 15 años de gobierno se parapetó en su mayoría parlamentaria, se negó a tender puentes con otras formaciones e inclusive no supo ver a tiempo las señales de descontento de la mitad de la población.

Al llegar a la segunda vuelta presidencial de 2019 el Frente Amplio de Uruguay ya no tenía ningún aliado posible. Y perdió. Perdió por un margen estrecho, es cierto. No perdió solo por eso, también es cierto. Pero es indiscutible que el fallo sistemático de su política de alianzas jugó un papel decisivo en su camino hacia la derrota.

Muchas elecciones se ganan y se pierden en la mesa de negociaciones. Porque las buenas alianzas políticas deciden los resultados electorales. Así ocurrió tanto en Uruguay como en Argentina en 2019.

Maquiavelo&Freud

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En Venezuela la corrupción ha crecido exponencialmente porque quienes usurpan el poder son genéticamente corruptos, tanto material, como intelectualmente, pero también porque no se castiga socialmente debido a cierta tendencia a aceptar convivir con corruptos y, desde luego, porque nuestro sistema judicial es pútrido. El chantaje es otra lacra. Chantajista es el régimen al exigir fidelidad en intercambio por una bolsa de comida o por dólares preferenciales. También son chantajistas algunos opositores que de mala fe exigen que Guaidó renuncie a ser candidato presidencial a cambio de apoyar su reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Afortunadamente, una inmensa mayoría de los venezolanos, políticos o no, son honestos.

La corrupción es una plaga extendida en el mundo, aunque es mayor en pueblos cuyas instituciones son débiles y gobiernos autoritarios. Es una peste que afecta a hombres y mujeres, civiles y militares, clérigos y laicos, políticos y ciudadanos comunes, sin embargo existe la creencia equivocada de que abunda más entre los políticos. En Venezuela. hemos tenido gobernantes corruptos y otros honestos.

Con el arribo del Socialismo Siglo XXI se incrementó la corrupción tanto por la desaparición de hecho de la Contraloría General de la República, como por el nombramiento a dedo de jueces deshonestos y también porque los “bolivarianos” están conscientes de que el poder que tienen es efímero y mal habido, por lo que necesitan llenar sus alforjas para cuando les toque la época de las vacas flacas. Estas sabandijas solicitan comisiones para otorgar cualquier contrato, induciendo a los empresarios a corromperse para que sus empresas puedan sobrevivir.

En el caso de nuestros partidos y dirigentes políticos, una vía para disminuir la tentación es que el Estado financie parcialmente a los partidos, controle las donaciones privadas y no sancione a los donantes. Por su parte, los partidos deben realizar un escrutinio estricto de sus candidatos a ocupar cargos. Así mismo, tienen que ser inflexibles cuando detecten actos de corrupción. La permisividad es una invitación a delinquir. Es inaudito que, por ejemplo, Juan Carlos Caldera siguiera siendo vocero de su partido después de recibir dinero del conocido chavista Ruperti. Aspiramos que los diputados recientemente señalados sean investigados y sancionados, si resultaren culpables. Considerando la corrupción de los jueces, los ciudadanos tienen que aplicar una sanción moral, marginando a quienes se enriquecen ilegalmente, aunque sean familiares o amigos.

El chantaje es otro tipo de corrupción que parece aumentar. En esta oportunidad me referiré a un caso específico de chantaje político del que está siendo objeto el presidente (e) Guaidó. Previamente debemos aclarar que no lo conozco y el único interés se debe a que tiene mayor porcentaje de aceptación y menos rechazo entre la población, está reconocido por 58 gobiernos democráticos por ser el presidente de la Asamblea Nacional y corresponderle el cargo de presidente encargado de acuerdo a la Constitución, es trabajador y valiente. Si lo defenestramos por envidia, por el absurdo argumento de que no ha acabado con la usurpación como prometió, o por considerar que no es el líder capaz de sacarnos de este atolladero, estaremos aplazando la posibilidad de salir del régimen.

Nos parece un vulgar chantaje que el diputado Omar González haya declarado que “si el presidente(e) Guaidó quiere recuperar la confianza de los ciudadanos debe anunciar que no aspirará a ser candidato presidencial”. Es decir, que sus cualidades dependen de que tenga o no aspiraciones de lanzarse como candidato en una próxima elección. Asumimos que esa decisión la tomarán los partidos que lo apoyan y dependerá de lo que digan las encuestas o de una elección primaria si así lo deciden.

El respetado doctor Enrique Aristeguieta solicita de buena fe la renuncia del presidente(e), lo cual podría ser punto de discusión si tuviésemos otro candidato con mayor aceptación y menos rechazo que Guaidó. Como no lo tenemos, lo procedente es reelegirlo como presidente de la Asamblea, así le de náusea a alguno.

Como (había) en botica:

Muchos estaban confundidos sobre cuál era la directiva legítima de Copei. La intelectualmente deshonesta magistrada Carmen Zuleta de Merchán, sancionada por los países del TIAR y otros, despejó cualquier duda al sentenciar el 3 de diciembre que la “legítima” es la presidida por Miguel Salazar y en la que está incluido Pedro Pablo Fernández. Ya nadie debe tener dudas de que la directiva legítima es la presidida por Roberto Enríquez, hoy asilado en la embajada de Chile.

El incendio en la anterior sede de Pdvsa Exploración Producción, frente a la Plaza de la Meritocracia en Chuao, hoy ocupada por la UNEFA, evidencia la falta de prevención y de mantenimiento.

El elevado costo para solicitar y renovar pasaportes, así como el de las Notarías y Registros es para dificultar la libertad de tránsito y disposición de propiedades.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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A principios de 2019, Juan Guaidó saltó de las sombras y se convirtió en una alternativa real para el regreso a la democracia en Venezuela. Fue una noticia trepidante que logró concentrar a su alrededor un nutrido y sólido respaldo internacional. Casi doce meses después, su liderazgo está cada vez más fragmentado, un escándalo de corrupción salpica a casi toda la dirigencia opositora, y el propio país —en medio de un contexto regional convulsionado— se ha ido apagando, incluso como noticia. ¿Cuál es la esperanza para Venezuela ahora? ¿Qué puede hacer la oposición después de un año con muchas promesas y pocos resultados?

En 2019, Venezuela tuvo, como nunca antes, un escenario tan favorable para un cambio político. El fracaso del modelo oficial y la aterradora crisis económica; el apoyo internacional —con sanciones concretas a altos funcionarios del régimen—; el surgimiento de un liderazgo nuevo, distinto, con otra imagen y otra retórica; un sustento legal propicio, anclado al fraude electoral que permitió que Nicolás Maduro prolongara su estancia en el poder en mayo del año pasado… El chavismo, por su parte, se dispuso a resistir implementando dos de sus políticas más eficaces: la violencia y la indolencia. La represión feroz y la total falta de sensibilidad ante la tragedia que vive la gran mayoría de la población. Nuevamente apostó al desgaste y confió en los recurrentes errores de sus adversarios.

Ya se sabe: es muy difícil ser de oposición en Venezuela. Implica tener a todo el Estado y las instituciones como enemigos. Los partidos políticos ni tienen ni pueden tener ningún tipo de financiamiento, la gran mayoría de sus dirigentes están en el exilio, en la cárcel, o viven perseguidos. El control hegemónico de los medios oficiales se dirige a invisibilizar o descalificar cualquier vocería o actividad que no muestre su fiel apoyo a “la revolución”. Pero, aparte de todo esto, además, no es fácil ser oposición en Venezuela porque sus propios representantes viven en una permanente guerra interna. No hay un liderazgo que pueda sobrevivir a ese circo de conspiraciones múltiples. La ambición personal y el oportunismo parecen ser ya una condición genética de buena parte de la dirigencia de la oposición en Venezuela. Hay egos tan duros que no se ablandan ni siquiera con la catástrofe que vive el país. Se trata, sin duda, de un saboteo suicida.

El tema de la corrupción debe también analizarse dentro de este contexto. Hace una semana, una investigación independiente del portal periodístico Armando.info reveló que al menos una decena de diputados de diferentes partidos de oposición estaban realizando acciones en favor de personas o empresas ligadas al gobierno de Maduro y sancionadas o investigadas internacionalmente por manejos irregulares y lavado de dinero.

No es la primera vez, ni será la última, que un funcionario público resulta implicado en un caso de corrupción o tráfico de influencias. Menos en Venezuela. Si algo define al chavismo es la corrupción. Ese es su modo de vida. Basta recordar un espantoso caso de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), cuando aparecieron cien mil toneladas de alimentos podridos y toda la dirigencia chavista, en bloque, impidió que se investigara y castigara a los responsables. Visto desde este presente de hambre y precariedad, resulta todavía más criminal. En el fondo, el chavismo goza de un récord incómodo: la revolución bolivariana, sin lugar a dudas, es la revolución más corrupta de la historia.

Que unos diputados de partidos de oposición sean unos charlatanes profesionales que, por debajo de su retórica contra el régimen de Maduro, hayan hecho tratos y sean sospechosos de haber recibido dinero para limpiar los ilícitos oficiales, es tan indignante y criminal como que unos banqueros ganen enormes fortunas ayudando y enseñando a los jerarcas del chavismo a lavar todo lo que han robado del tesoro público o que algunos empresarios, hijos de la burguesía caraqueña, se hayan vuelto multimillonarios estafando al país. Todo forma parte de una misma realidad, de un país sin ley y sin instituciones. Hablar de un Estado fallido es hablar de una sociedad que solo funciona a través de la corrupción.

Nada puede defender a estos diputados opositores de la sanción que merecen y del escarnio público. Su caso, lamentablemente, también alimentará las diatribas intestinas entre los diferentes sectores políticos y seguirá sumando puntos en la abultada desesperanza nacional. Es un combustible más en la explosiva dinámica de escaramuza interna en la que vive la dirigencia de la oposición. El futuro de la democracia no puede quedar suspendido entre los iluminados que han hecho del radicalismo su zona de confort, los extremistas que nunca hacen política y, por eso mismo, siempre tienen la razón; o los oportunistas que entienden la negociación como una transacción y la política como una operación comercial.

El general Alberto Müller Rojas, jefe del comando electoral de Hugo Chávez en los comicios de 1998, señaló en una oportunidad que su trabajo había sido “fácil”. El triunfo —decía— se produjo “más por la gran cantidad de errores políticos que cometieron sus adversarios que por la calidad de nuestra campaña electoral, que fue relativamente desordenada”. Casi veinte años después, lo único que parece haber cambiado es el chavismo. Ya no improvisan. Dos décadas como gobierno han mejorado su falta de escrúpulos y su manejo perverso del poder. La oposición, sin embargo, sigue encontrándose con una piedra eterna, sigue tropezándose consigo misma.

Según las proyecciones de la ONU, para finales de este año la migración venezolana alcanzará la cifra de cinco millones de personas. De esta manera también migra la esperanza. Y la oposición también tiene una responsabilidad en todo esto. Su dirigencia no puede seguir repitiendo los mismos errores. Los chavistas seguirán jugando sus mismas cartas. Se mantienen en el poder gracias a la violencia mientras pretenden inventar una oposición “oficial”, a su medida. Pero internacionalmente están heridos, necesitan eliminar las sanciones económicas que los mantienen cercados. Esto parece ser lo único que podría empujarlos hacia una transición, obligarlos a aceptar unas elecciones libres y transparentes. Pero del otro lado, es imprescindible que haya una oposición unida y articulada, honesta y con altura política. El 2019 pasó y se está yendo como otra gran oportunidad perdida para los venezolanos. Lo que está en disputa no es ya el triunfo de un bloque sobre otro sino la existencia de todos. Por ahora, Venezuela solo es un país en vía de extinción.

8 de diciembre 2019

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2019/12/08/espanol/opinion/oposicion-venezola...

 5 min


Moisés Naím

El partido centrista dominante en Suecia, revierte su posición y anuncia que está dispuesto a aliarse con los nacionalistas de extrema derecha”. “Para mantenerse en el poder, [el primer ministro canadiense] Trudeau debe aprender a trabajar con sus rivales”. “Israel, en camino a su tercera elección en un año”. “Protestas callejeras llevan a la renuncia del primer ministro de Irak”. “El premier de Finlandia renuncia al colapsar su coalición”. “Pelosi anuncia que el Congreso procederá con la acusación formal contra Trump”. Estos fueron titulares de prensa de la semana pasada.

Hay países donde los rivales políticos logran ponerse de acuerdo, y gobiernan, compartiendo el poder. En otros, el odio entre los contrincantes hace imposible acuerdo alguno. Los rivales son vistos como enemigos cuyas ideas o actuaciones los inhabilitan. La posibilidad de cohabitar políticamente con personas o grupos que promueven agendas inaceptables o, peor aún, que han sido acusados de crímenes y abusos, resulta moral y psicológicamente inaceptable para sus adversarios. Una alianza con estos adversarios muchas veces equivale al suicidio político de quien se atreva a proponerla. Otras veces es la solución. Dura de tragar, ciertamente, y fácil de denunciar apelando a la moral y a la justicia. A veces, sin embargo, la incapacidad de los adversarios políticos para ponerse de acuerdo condena al país a la parálisis política y gubernamental. Entre 2010 y 2011, por ejemplo, Bélgica estuvo 589 días sin que las facciones en pugna pudiesen formar gobierno.

Actualmente, la polarización es la norma en la mayoría de las democracias del mundo. Si bien siempre ha existido, en los últimos tiempos la polarización se ha exacerbado. Naturalmente, en las democracias la división de la sociedad se refleja cada vez que hay elecciones. Ninguna agrupación política recibe suficientes votos como para formar un gobierno.

Esto no fue siempre así. Décadas atrás, Sudáfrica y Chile lograron evitar la violencia política y tener prolongados periodos de estabilidad y progreso gracias a las alianzas que se dieron entre enemigos históricos.

Nelson Mandela logró lo que nadie creía posible: una transición pacífica de la hegemonía de la minoría blanca, que impuso el apartheid, a una democracia en la cual la mayoría negra alcanzó el poder a través de las elecciones. En Chile, el movimiento democrático negoció un acuerdo con el general Augusto Pinochet que para muchos chilenos era inaceptable. Dejaba al dictador no solo como senador vitalicio sino como intocable comandante de las Fuerzas Armadas, ya que impedía que los presidentes electos pudiesen destituir del cargo a los jefes militares. La Constitución también garantizaba un número de senadores nombrados a dedo por los militares y refrendaba la obligatoriedad de asignar automáticamente a las Fuerzas Armadas el 10% de los ingresos generados por las exportaciones de cobre, la principal fuente de divisas del país. Obviamente, para quienes sufrieron las persecuciones y torturas de la Junta Militar, aceptar todo esto era como ingerir un revulsivo. No obstante, también en Chile, el resultado de una negociación entre el Gobierno militar y las fuerzas democráticas permitió la transición pacífica de una dictadura a una democracia.

Como sabemos, en los últimos tiempos, ni Chile ni Sudáfrica han podido salvarse de las convulsiones políticas que incendian las calles. Pero ambas sociedades se beneficiaron de un largo periodo en el cual enemigos políticos lograron convivir.

En Sudáfrica, después de abolido el apartheid, la economía se expandió, la inflación cayó y proliferaron los programas sociales, muchos de los cuales, por primera vez, beneficiaron a las mayorías más necesitadas. En Chile, las distintas facciones políticas, que incluían tanto a quienes apoyaban a Pinochet como a quienes fueron sus víctimas, lograron ponerse de acuerdo sobre la política económica. El resultado fue una de las economías más exitosas del mundo. Según cifras del Banco Mundial, en el año 2000, más de un tercio de los chilenos vivía en condiciones de pobreza, mientras que para el 2017, la proporción de pobres había bajado al 6,4%.

Estos éxitos no fueron suficientes. En Sudáfrica el desempleo, la inmensa corrupción y un estado inepto son fuentes de grandes frustraciones. En Chile, se descuidaron las necesidades de vastos sectores de la sociedad. En ambos países la desigualdad económica está entre las más altas del mundo.

Queda por verse si estos dos países encontrarán la forma de producir coaliciones que hagan posible gobernar y prosperar. El reto que enfrentan Chile y Sudáfrica hoy lo enfrentan la mayoría de las democracias del mundo: crear, en una sociedad altamente polarizada, acuerdos entre grupos que se odian.

Es posible imaginar un futuro en el cual las democracias del mundo se dividen entre aquellas que están empantanadas en conflictos irresolubles que las estancan y otras que, gracias a acuerdos entre enemigos políticos, logran formar gobiernos capaces de gobernar. En el siglo XXI, aprender a hacer gobiernos con gente que se odia puede llegar a ser un requisito para que las democracias prosperen.

Twitter @moisesnaim

9 de diciembre de 2019

El País

https://elpais.com/elpais/2019/12/07/opinion/1575735457_241840.html

 3 min


Un sistema, por ejemplo un sistema socio-económico y político, vive un proceso de transición, cuando está cambiando gradualmente desde un estadio o modo de ser inicial a otro distinto, lo que implica que las características de cualquier situación intermedia en el proceso sean una combinación de los rasgos del estadio inicial y de otros nuevos que anuncian el estadio final.

Considerando lo anterior, quienes hoy discurren sobre una transición en Venezuela, no se refieren a una forma particular de cambio cuasi instantáneo en el cual todos los elementos del estadio inicial habrán desaparecido en un breve plazo; se refieren a un proceso de cambio gradual, en cuyos estadios intermedios convivirán elementos del régimen inicial que casi todos los venezolanos rechazan y de un estado de cosas final que desea la mayoría. Por otra parte, siendo realistas, para los venezolanos puede ser atractiva la opción de iniciar muy pronto una transición, frente a la apuesta por un desplazamiento total del régimen hoy imperante, la cual tiene una probabilidad muy baja de éxito en el corto plazo, debido a la correlación de las fuerzas que están en capacidad de emplear el gobierno y los aliados internacionales que lo mantienen, por una parte, y la oposición democrática y sus aliados por la otra.

Hay que entender que no sería corto el proceso de transición que nos podría llevar a salvar el enorme abismo que hay entre lo que hoy tenemos y lo que aspiramos tener como sistema socio-económico y político futuro, y que las transformaciones necesarias trascienden el sólo ajuste de algunos instrumentos electorales, acomodo al que se limitan muchos voceros de la Oposición cuando hablan de transición.

Está claro cómo es el estadio inicial del cual partiría la transición. Él implica, entre otros rasgos dominantes, la inexistencia de las libertades individuales y las instituciones fundamentales de la democracia, la desaparición de las bases y reglas requeridas para el progreso de la sociedad, el predominio de la pobreza y el empleo sistemático de políticas populistas clientelares para manipular a los más pobres, la siembra de odios entre grupos sociales, la violación sistemática de los derechos humanos y la desinstitucionalización de la justicia, el uso de la Fuerza Armada para reprimir a los ciudadanos, la corrupción de buena parte de la clase política y de una clase empresarial relacionada con ella, y la asociación del Estado con redes criminales y organizaciones terroristas internacionales.

En el otro extremo del proceso de transición deseable deberíamos buscar un sistema socio-económico y político cuyos rasgos fundamentales fuesen opuestos a los comentados para el estadio inicial. Si bien podría argumentarse que algunas de las transformaciones implícitas en el paso de un sistema a otro llevarían muchos años y pertenecen a lo que se ha llamado “la reconstrucción” de Venezuela, la cual vendría después, si continuamos con las analogías constructivas se nos hace evidente que al menos las fundaciones para esa reconstrucción deberían quedar armadas como parte de la transición.

Partiendo de las premisas anteriores, y pensando en la hipótesis de que se negociaría un proceso deseable de transición entre la Oposición, el Chavismo y la Fuerza Armada, planteamos a continuación tres grupos de propuestas a ser consideradas en ocasión de tal negociación. El primer grupo se refiere a unas estrategias para hacer pacífico e irreversible el proceso inicial de transformaciones; el segundo tiene que ver con cómo vencer algunas amenazas muy serias, internas y externas, que podrían desviar al proceso del destino deseado por la mayoría de los venezolanos; y el tercero involucra la duración de la transición, es decir el horizonte temporal en el cual puede completarse lo que hemos llamado las fundaciones.

UNA TRANSICIÓN PACÍFICA E IRREVERSIBLE

Lograr que la transición sea pacífica y que no se revierta en medio del camino, implica poner en marcha una estrategia de reconciliación con justicia que construya nuevos soportes para la convivencia, reducir notablemente la exclusión social y restablecer una Fuerza Armada que sea garante de la democracia, las libertades y la paz. Nuestras propuestas en los tres ámbitos constan de políticas públicas y reformas concretas que fueron planteadas en nuestro libro “Venezuela, vértigo y futuro” de la Universidad Metropolitana y Editorial Dahbar.

Nuestras propuestas sobre la reconciliación con justicia persiguen, en una primera dimensión, superar la animosidad política extrema; en una segunda esfera plantean una estrategia para hacer justicia y reparar a las víctimas de crímenes graves contra los derechos humanos cuyos responsables son dirigentes del Estado; y en un tercer espacio, formulan políticas y programas para reducir a la mínima expresión posible la violencia delictual que ha llegado a niveles nunca antes vividos.

En cuanto a la reducción de la exclusión social, nuestra propuesta fundamental consiste en poner en ejecución -desde el inicio de la transición- un conjunto de políticas públicas soportadas en un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza, en el cual se comprometan el gobierno, los partidos políticos, los organismos empresariales y los sindicatos. Las políticas del Pacto deben dirigirse a la estabilización macroeconómica, el abatimiento de la inflación y la recuperación de los salarios reales; a la generación de progreso real en las condiciones de empleo, la seguridad social y los servicios de salud; a la recuperación de la calidad en la educación pública; y a una mejora sostenida de los servicios y equipamientos de todos los barrios del país mediante programas con una vida no menor de 20 años.

Lograr una lealtad activa de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución será indispensable para que vivamos una transición pacífica y para que podamos reconstruir y consolidar nuevamente las instituciones republicanas. Para lograr esto, es necesario que las negociaciones que den inicio a la transición acuerden la forma en que serán implementadas una cultura civilista y democrática en el seno de la FAN, así como las reformas en los estatutos que sustentan su funcionamiento y el alcance y la manera de realizar la depuración de los altos mandos actuales.

EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LAS REDES INTERNACIONALES DEL CRIMEN Y EL TERRORISMO

Son rasgos del sistema de gobernanza actual de Venezuela, la corrupción generalizada en la dirigencia del Estado y la vinculación orgánica del alto gobierno y las élites militares con el lavado internacional de dinero y con redes delictivas globales que trafican drogas, armas, personas y minerales estratégicos. De admitirse que algunos de estos rasgos persistan en la transición, el proceso sería prisionero del régimen anterior y sus aliados internacionales, y nunca llegaría a avanzar.

La corrupción contribuyó a la pérdida de la democracia a finales del Siglo XX y hoy ha penetrado cuadros dirigentes de la Oposición, debilitando con descrédito los esfuerzos que se hacen por la liberación de Venezuela. La transición venezolana tiene que basarse en un acuerdo explícito de lucha contra la corrupción y debe dotarse de los mecanismos institucionales para hacerlo efectivo.

Por su parte, el tráfico de drogas en general y en particular el apoyo al mismo a través de órganos del Estado; las relaciones con Hezbollah, Iran y Cuba para desestabilizar a otras democracias; y la exportación ilegal y sin controles de minerales del Arco Minero, no solo deben ser activamente perseguidos por la Venezuela de la transición a través de la justicia y sus cuerpos auxiliares. Venezuela debe defenderse de estas amenazas externas reincorporándose a los tratados internacionales de los cuales la retiró el régimen socialista, y con el mismo fin debe participar de otros mecanismos de coordinación de la seguridad internacional, de la lucha contra el crimen organizado y de la cooperación internacional para el desarrollo.

LA DURACIÓN DE LA TRANSICIÓN

Como se desprende de lo antes dicho, la duración del proceso de transición no debe establecerse ex-ante reduciendo sus alcances a asuntos puramente electorales. Hay políticas y medidas necesarias para construir las fundaciones de la posterior reconstrucción, que tienen lapsos de maduración superiores a los electorales y que sólo tendrán éxito si su aplicación es apoyada por los factores de la actual oposición, el chavismo y la Fuerza Armada. Lo responsable de parte de la Oposición sería colocar en segundo plano los apetitos electorales, para no arriesgar la gobernabilidad en lo inmediato y la sostenibilidad futura de la democracia.

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