La negociación como fórmula para buscar una salida a la difícil situación del presente está de nuevo sobre el tapete. Ninguna persona sensata ni demócrata puede negarse a explorar ese recurso. Lo que pasa es que el oficialismo no se caracteriza precisamente por su credibilidad en ese terreno.

Una eventual negociación de las fuerzas democráticas con el Gobierno sólo sería pertinente, a estas alturas, si es para rescatar la vigencia y observancia de la Constitución vigente de parte del Gobierno y no para ganar tiempo a fin de prolongar la vida de un régimen inconveniente para los intereses del país y rechazado por la mayoría de la ciudadanía.

Si el oficialismo apuesta sinceramente por embarcarse en un proceso de negociación útil y con resultados positivos para la nación, debe dar un primer paso que genere confianza al país y a la Comunidad Internacional. Ese gesto no es otro que derogar la convocatoria a la Constituyente Comunal.

El movimiento democrático y su dirección política, la MUD, tienen también una responsabilidad clave en el particular. Si el Gobierno adelanta los pasos adecuados en la dirección arriba sugerida, la MUD no debe negarse de plano a explorar de manera unitaria y consensuada ese escenario. Lo anterior no supone dejar la presión, que incluye la calle y otros tableros en los que se escenifica la confrontación. Firmeza, flexibilidad, realismo y compromiso con los intereses del país son los criterios que deben guiar la acción opositora.

La Constituyente Comunal no debe consumarse porque carece de legitimidad, legalidad y pertinencia. También porque es un fraude en todo el sentido de la palabra. Es lo más alejado de un proceso transparente, libre, justo e inclusivo. Además, de que sus objetivos conocidos van en la dirección contraria a la superación de la mega crisis en progreso. Está emparentado en primer grado con el Plebiscito inconstitucional convocado en 1957 por Pérez Jiménez; en ambos procesos confluyen el militarismo y el despotismo. El de 1957 abrió las puertas al fin de la dictadura de entonces, éste no sabemos cómo puede concluir, quizás de la misma manera que el anterior.

Al momento que escribo estas notas (martes 25/7, 8am), todo parece indicar que se consumará el fraude del domingo 30/7. Creo también, que no se debe descartar que algunos acontecimientos y sucesos sobrevenidos más la presión ciudadana puedan obligar al chavismo gobernante a suspender el proceso.

De persistir el régimen en imponer y materializar la constituyente se producirá un cambio significativo, el paso de la neo dictadura implantada por el chavismo el año pasado a una dictadura totalitaria, versión chavista de la que martiriza a Cuba. Con todas las consecuencias negativas que ya hemos venido experimentando.

Venezuela devendrá en un Estado forajido, que solo se podrá sostener apelando al terror, a la represión indiscriminada y masiva.

¿Cuánto recorrido y durabilidad podrá tener esa nueva situación? Presumo y espero que no mucho, de lo que si estoy convencido es que su singladura causará mucho daño al cuerpo social de la nación. Convertirá al Estado venezolano en una amenaza para sus homólogos, empezando por los fronterizos porque puede terminar generando una crisis de refugiados amén de otros males.

Caracas, 25 de julio de 2017

La mayoría democrática venezolana ha decidido tocar a-rebato al régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices, el partido político en armas. A-rebato que significa que nos sabemos la mayoría abrumadora de esta nación para contener y vencer la irresponsabilidad y miedo de un grupo de insensatos que llenos de cobardía se niegan a aceptar el revocatorio del 16J. A-rebato no es violencia, es actitud y aptitud para reclamar como ciudadanía el ejercicio del poder originario de los demócratas de Venezuela. Ciudadanía que decidió, como corresponde, un cambio político de la tiranía a la re-instalación de la democracia liberal.

A-rebato señala peligro, que no es motín, que sí es una alarma con convocación y movilización ciudadana para defender los derechos establecidos en la Constitución que el régimen pisotea porque montado en las bayonetas desestima el imaginario social democrático de los mejores ciudadanos. A-rebato es consciencia, decisión y apuesta a la construcción que desde el 4D y 27N de 1992 unos bastardos, mal formados en la Academia Militar, se propusieron instituir la violencia como forma y modo de gobierno en Venezuela. Pues para eso y para ellos es el toque de a-rebato.

A-rebato que simboliza y significa solidaridad política con la comunidad venezolana con sus hombres y mujeres, mártires y héroes, que no están físicamente, pero que son historia y serán mención sagrada en el imaginario político de los venezolanos. A-rebato si quieren… violencia legítima fundamentada en el derecho consuetudinario que habla del valor colectivo de una masa democrática responsable por el mejor destino para los venezolanos. Los venezolanos que por dieciochos años y mil millones de vergonzosas acciones políticas hemos sido maltratados y nos asiste el derecho a la defensa cívica y civilista.

El a-rebato es para que, quienes abrazados a la torpeza política, a la locura colectiva y al miedo exponencial, se enteren de que en Venezuela cuanto sobra es decencia, coraje y virtudes propias de un gentilicio que apunta y se nutre de las grandes virtudes y corrientes del saber y de la ciencia. En consecuencia, no hay más espacio para la incapacidad, el robo, la cobardía y el uso de la fuerza intimidatoria. A-rebato significa que se van del poder y de inmediato serán enjuiciados según lo prevé la Súper Ley, esa que todos ustedes mancillan, violan y se burlan.

A-rebato que no es insurrección ni revuelta pero sí es convocatoria y movilización, que sí es solidaridad democrática, que sí es violencia legítima y mucho más después del 16J es una expresión de clara rebeldía ante una amenaza extrema: la imposición de un Estado comunal, del Comunismo en regresión y vergüenza muestra de la infrapolítica y la locura en pleno siglo XXI, contra una sociedad postmoderna con un imaginario democrático que se niega a tolerar la imposición militarista y primitiva de eunucos e ignaros de la gran ciencia del poder. Atorrantes que todavía afirman que Venezuela es un vivac.

A-rebato para reunir y accionar con toda la fuerza de la ley y poder político que representa la gran mayoría de los venezolanos, responsables en el siglo XXI por reinstalar la democracia. A-rebato para expulsar el primitivismo y el militarismo que avergüenza la historia de Venezuela como país. A-rebato para que el mundo civilizado sepa de la convocación y movilización después del 30J, cuando pretendan engañar con cifras imposibles el resultado de un acto írrito, inconstitucional y sobre todo inmoral y cobarde, que tiene como fundamento el pánico a su derrota política.

A-rebato señala peligro, razón por la cual se activará toda la Venezuela democrática, como símbolo del reclamo justo, expresión de la hidalguía criolla y voluntad común de una fuerza unificadora definitiva para hacer lo que reza en la Constitución. A-rebato que es responsabilidad del liderazgo político para que no haya más hambre, no más robos, no más militarización, no más ofensas ni violaciones. Fracasaron, están en peligro y Venezuela nación-Estado los desprecia y los confinan como invasores a que entreguen el poder. El a-rebato simboliza la decisión sabia y la rectitud de líderes y ciudadanos que si se les ocurriese desafiarla y no comprender su realidad política estarían pisando el terreno de la locura política… están en peligro. Comunistas están alertados.

@JMachillandaP

Director de CEPPRO

Caracas, 25/07/2017

En 1958 los partidos AD, COPEI y URD reconocieron que tenían una responsabilidad de orientar a la opinión pública para consolidar en ese momento histórico los principios democráticos y a tal fin, luego de debates y discusiones, lograron suscribir lo que hoy conocemos como el Pacto de Punto Fijo.

En ese Pacto, firmado el 30 de octubre de 1958, los partidos mencionados reconocieron que tenían como interés común la tarea de consolidar la Unidad y garantizar una tregua política, sin perder de vista la existencia de una autonomía organizativa y de caracterización ideológica.

Los compromisos políticos asumidos por los Partidos en 1958 fueron los siguientes:

1.- Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. En este sentido, se planteó una resistencia permanente contra cualquier situación de fuerza, principalmente a lo largo del período 1959-1964. Se calificó como un asunto de deber patriótico asumir esa resistencia permanente.

2.- Conformación de un gobierno de unidad nacional, que fue propuesto como necesidad y camino para canalizar las energías partidistas, que además procurara evitar una oposición sistemática que para aquél momento se consideró podría debilitar el movimiento democrático. Además, se planteó que a través de ese gobierno de unidad, se lograría garantizar la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del Estado de Derecho tanto tiempo como perdurase los factores que amenazaban al ensayo republicano.

Así mismo, el Pacto de Punto Fijo se comprometió a que en el marco de ese Gobierno de Unidad, no habría espacio para una hegemonía en el Gobierno.

3.- Impulsar un programa mínimo común, que se orientó a buscar una administración nacional patriótica y el afianzamiento de la democracia como sistema. En este sentido, se acordó que cualquier otro tema que no estuviera enmarcado dentro de ese programa mínimo, podría ser incorporado siempre y cuando, hubiera un debate público sobre la materia, en un marco de tolerancia, respeto mutuo, y bajo el compromiso de una unidad popular y una tregua política.

4.- Se asumió la Unidad como un ideal y como un instrumento político contra la tiranía y contra las aventuras despóticas. Se aceptó la posibilidad de que hubiera varios candidatos presidenciales, pero se advirtió que la diversidad era posible si cada candidato asumía su compromiso con el interés patriótico, la tolerancia y el mutuo respeto entre las fuerzas unitarias.

5.- Hubo en aquél documento una serie de compromisos electorales, que reiteró la libertad de postular candidatos, asumiéndose además, que los votos emitidos por todos los candidatos serían sumados como afirmación del régimen constitucional.

El Pacto aspiró a ser el marco político que permitiera en primer lugar asegurar que el proceso electoral y los poderes públicos electos, respondieran a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio y en segundo lugar, garantizar que el propio proceso electoral no lesionara la tregua política acordada y facilitara la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartridista y la definición de las normas que facilitarían la formación del gobierno y de los cuerpos deliberantes.

El Pacto de Punto Fijo, permitió que los Partidos Políticos AD, Copei y URD, reconocieran expresamente ante los electores y el pueblo en general, la existencia de una preocupación común por defender en conjunto los intereses perdurables de la Nación.

El 19 de julio de 2017, la crisis política, social y económica del país, obliga a los Partidos Políticos que 60 años después están en el tablero de actores sociales, a presentar a la sociedad venezolana un nuevo Pacto, llamado Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, pero que lamentablemente, aún siendo urgente, no pareciera garantizar ese principio Unitario a que se refiere el título, pero cuyo contenido es útil para facilitar el camino a ese necesario nuevo Pacto político.

Ese documento se presenta como una respuesta a la certeza que expresa la Unidad democrática sobre el cambio político en Venezuela, certeza que luego en los medios de comunicación no se traduce en un mensaje claro de Unidad.

El Compromiso Unitario para la Gobernabilidad se presenta como una hoja de ruta para asumir ese cambio político, y expresa un compromiso político con la Justicia Social como principio rector.

La Unidad, en este documento, es presentada como un instrumento indispensable y como condición necesaria para lograr ese cambio político sobre el cual la Unidad expresa su certeza. Además, así como en 1958, se plantea que es una estrategia necearía para garantizar la viabilidad, estabilidad y gobernabilidad de los próximos gobiernos.

La Unidad es asumida como un Compromiso y como plataforma válida, que se anuncia operará como instancia de conducción y coordinación política, junto a los partidos y con la participación de lo que denomina un Gran Frente Social, a través del cual, participen los sectores del país.

El Compromiso plantea que una vez superado el actual régimen; se hace indispensable la conformación de un Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional, amplio, plural e incluyente.

Esa hoja de ruta que representa ese Compromiso Unitario para la Gobernabilidad, anuncia que será sometida a una amplia discusión y debate sobre las bases o lineamientos mínimos del Plan de Gobierno de Unidad Nacional. En el marco del Paro-Tranca del 21 de julio de 2017 se perdió una oportunidad ideal para la divulgación y el debate público sobre ese nuevo Pacto Político.

El Programa Común que propone la Unidad Democrática a través de ese Compromiso presentado públicamente el 20 de julio, distingue tres etapas para su ejecución: una primera de esas etapas en la de emergencia social; otra etapa, la segunda es la de estabilización del país bajo el criterio de un nuevo modelo social y económico que procure el progreso nacional y finalmente, la tercera etapa es la ejecución de reformas necesarias para la modernización del país y el bienestar del país.

El Compromiso Unitario por la Gobernabilidad asume que el Gobierno Unitario amplio, plural y eficiente, será incluyente y en consecuencia se integrará por los mejores, los más capacitados, por todos aquellos que hayan demostrado mayor vocación de servicio, mayor sensibilidad y un profundo patriotismo.

En materia electoral, se comprometió la Unidad Democrática a un candidato presidencial por primarias, sin reelección. Y en materia de defensa y seguridad de la Nación, reivindica que el gobierno es civil, por lo que garantizará que la Fuerza Armada Nacional retome el rol y las funciones que les corresponde constitucionalmente.

Resulta importante, que el documento presentado el 20 de julio, expresamente reconozca como compromiso, el reconocimiento a las autoridades regionales y municipales; así como también, a la descentralización como principio Constitucional. En este punto se distingue claramente del Plan de la Patria 2013-2019, en cuyo contenido se omite mención alguna a las autoridades regionales y municipales.

Diversas opiniones y comentarios ha generado ese Compromiso Unitario por la Gobernabilidad, considero que el mismo abre un camino importante para un debate responsable que le incorpore mayor contenido y que contribuya con mayor confianza a este proceso complejo de desobediencia civil en la búsqueda por restituir el orden constitucional y democrático de Venezuela.

Politika UCAB

21 de julio de 2017

https://politikaucab.net/2017/07/21/compromisos-politicos-en-la-sociedad...

Las autoridades de la Guardia Civil de España, realizaron una operación anticorrupción que afecta a la cúpula directiva de la Real Federación Española de Futbol. El juez Santiago Pedraz acompañado de los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la guardia procedió a detener a Ángel María Villar presidente de la federación, su hijo Gorka Villar y al vicepresidente económico del ente deportivo Juan Padrón.

Las detenciones obedecen a supuestos manejos económicos del presidente de la federación y de su hijo en provecho de ambos y en perjuicio de las arcas de la organización deportiva. Juan Padrón, es señalado como el hombre encargado mantener un sistema clientelar de repartir dinero entre los delegados para asegurar el voto a favor de Villar en los procesos electorales y cobrar las comisiones ilícitas provenientes de las negociaciones de campañas publicitarias de ropa deportiva. Las investigaciones han dejado al descubierto, delitos de corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes.

En el caso de Gorka Villar, la fiscalía ha profundizado sus indagaciones en los partidos amistosos de la selección española. Por sus manos pasaban la gestión de derechos de imagen y retrasmisión de los partidos. Dicha operación se ejecutaba a través del despacho de abogados Sport and Adviser, donde Gorka aparecía como único administrador. Desde su puesta en marcha en el 2011 habría obtenido millonarios beneficios gracias al nepotismo de su padre que lo favorecía en las negociaciones.

Gorka también está inmerso en un proceso derivado del escándalo de la FIFA, abierto en Uruguay, en el que se le acusa de extorsión y de haber utilizado las influencias en relación con la venta de los derechos televisivos de los torneos de la CONMEBOL, organización de la que llego a ser su director general.

Entre los partidos disputados para desviar de manera directa o indirecta los recursos económicos, se encuentran los celebrados con equipos de la Confederación Suramericana de Futbol (CONMEBOL) y Corea del Sur. Uno de esos eventos fue el celebrado el 7 de junio del 2011, en el Estadio General José Antonio Anzoátegui ubicado en la Puerto La Cruz, para ese momento las autoridades deportivas nacionales eran Héctor Rodríguez Ministro del Deporte, Rafael Esquivel Presidente de la Federación Venezolana de Futbol y Eduardo Álvarez Presidente del Comité Olímpico Venezolano.

Los hechos que se indagan se remontan al 2009 y años sucesivos. Y los mismos revelan que Villar ha propiciado adjudicaciones de contratos a firmas vinculadas con su hijo en claro perjuicio de la Federación y para el enriquecimiento ilícito de ambos. Todo ello, bajo el amparo del vicepresidente económico Juan Padrón. Empresas y firmas como Estudio 2000, Pony, Amanecer Latino y Sport and Adviser servían como fachadas para las ilícitas operaciones.

Esta operación llevada a cabo por las autoridades españolas representa sin lugar a dudas un Goool-pe contra la corrupción. En el caso del futbol venezolano, queda demostrado que el encuentro entre la selección española y la Vinotinto sirvió de fachada, al igual que la Copa América. para el enriquecimiento ilícito de los organizadores…esperamos que el brazo de la justicia agarre a los responsables de los actos de corrupción.

La literatura especializada es clara: las protestas en la calle, la presión internacional y todo aquello que genere ingobernabilidad, tienen como objetivo causar una fractura en la coalición de poder que sostiene a un gobierno. Una vez se produce la fractura, se abren los escenarios políticos que permiten la restitución de la democracia. Los resultados de la estrategia son múltiples y disímiles. Y van desde el fracaso absoluto de la estrategia hasta una transición indolora que culmina en una democracia.

El pasado 1 de mayo, treinta días después de iniciarse este ciclo de protestas, Nicolás Maduro anunció un proceso constituyente que le permitió retomar la iniciativa política perdida desde que la Fiscal Luisa Ortega Díaz decretara el rompimiento del orden constitucional. La constituyente fue asomada como un instrumento de paz. Pero se reveló desde el mismo anuncio como un instrumento de paz orwelliana, un instrumento que le permitiría a la coalición de gobierno liquidar cualquier resquicio de poder independiente y anular a la disidencia y a cualquier fuente de competencia política.

La pregunta que se hicieron en el Gobierno fue simple: ¿Cómo mantenerse en el poder sin hacer elecciones directas, universales y secretas? En 2016 lograron evadir el revocatorio y las regionales. Pero en 2017, la estrategia de la oposición requirió del Gobierno una respuesta de escala nuclear: la constituyente comunal. Un constituyente con poderes ilimitados, que sería aprobada sin consulta previa, y con unas bases comiciales que le garantizaban al gobierno la obtención de una mayoría a pesar de ser minoría. Porque ese es el obstáculo principal que tiene, y que tendrá, la coalición de gobierno: son minoría. Perdieron el favor y la preferencia de los ciudadanos, y no pueden mantener el poder mediante elecciones libres.

Las grietas en la coalición son visibles, pero no sabemos cuál es el alcance del daño a la estructura del poder, si lo hubiere, por lo que no especularé sobre la probabilidad de fractura y los resultados. También es conveniente recordar que la caída de los ingresos disponibles en manos del Gobierno implica una disminución en la capacidad de comprar lealtades políticas, como recuerda Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith en su Manual del dictador (Siruela, 2011), lo que afecta la solidez de la coalición. Me dedico aquí a otro quiebre, uno que luce irreversible y lleno de desafíos. Se trata del fracaso del modelo económico y social del chavismo y sus consecuencias: un empobrecimiento súbito de la población venezolana acompañada de una economía disfuncional. Allí, en ese fracaso, está el origen de la fractura entre la coalición del gobierno y los ciudadanos.

El modelo madurista-chavista no puede obtener otro resultado sino la pobreza. Fue así en el socialismo clásico del siglo XX, no podía ser diferente en el del XXI. El boom de los precios de petróleo de la primera década de este siglo disparó el consumo de Venezuela creando la “era dorada” del chavismo, una era en la que no le temieron a las elecciones libres, directas y universales. Pero fue en esa misma era cuando se establecieron las bases del fracaso de la economía y el rápido deterioro del bienestar de los venezolanos.

El desplazamiento y acorralamiento del sector privado, los controles de cambio como fuente de distorsiones y corrupción, el gigantismo del Estado empezando por la hipertrofia de la nómina de PDVSA y su partidización, la utilización política del Banco Central, el desmontaje de los instrumentos de estabilización macroeconómica, las estatizaciones con fines políticos, el uso del gasto público con fines electorales y clientelares fueron parte de un conjunto de acciones autodestructivas. Sólo era cuestión de tiempo. El precio del petróleo cayó y terminó por desnudar el modelo. No hay otro país petrolero que sufra lo que sufre Venezuela. La economía venezolana ya era disfuncional aun con precios del petróleo sobre los 100 dólares. La caída aceleró la debacle. Una caída para la que debimos haber estado preparados y no lo estuvimos.

Los desafíos económicos y sociales son enormes e inmanejables con la mismas recetas que nos han traído aquí. La hiperinflación ya es un tema de discusión semántica no de impacto en el bolsillo. Las importaciones colapsaron y eso se refleja en la escasez. La producción agrícola está en emergencia mermando aún más la posibilidad de producir alimentos en el país. La producción de petróleo ha caído 20% desde 2012. Las reservas ya están por debajo de los 10.000 millones y Venezuela tiene compromisos de pagos en los próximos 18 meses por 12.722 millones de dólares.

El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es una de las variables determinantes de la dinámica política actual. La coalición del gobierno es minoría, entre otras razones, porque su oferta a los venezolanos, más allá de la propaganda, son vidas rotas y una precaria sumisión a la dependencia estatal para proveerse de bienes básicos. Una promesa que ni siquiera puede cumplir. Una oferta sin poder de persuasión porque no tiene cómo apalancarse. Ni siquiera en la nostalgia. Ni siquiera en el olvido.

Para la coalición del gobierno, el problema sigue intacto: en democracia las minorías no pueden mantenerse en el poder.

Todo diálogo tiene que ser dentro de la Constitución y para cumplirlo, no desde su violación y para eliminarlo. Es falsa la propaganda que presenta la Constituyente (ANC) fraudulenta como fórmula de amplio diálogo, cuando en realidad es una declaración de guerra contra las instituciones democráticas, muerte para la Constitución y eliminación de la oposición y de los derechos democráticos de la población. Constituyente que elimina la Constitución y la expresión de la soberanía popular en el voto libre, secreto y universal, y no resuelve ninguno de los problemas, sino que bloquea las salidas. Mienten al decir que una nueva Constitución es necesaria para que haya alimentos, medicinas, seguridad ciudadana e ingresos suficientes sin inflación. Sin el testimonio directo de las víctimas, yo no hubiera creído en la perversión con que el gobierno está chantajeando y obligando a votar el 30 de julio, abusando de la necesidad de comida y trabajo. Métodos canallescos e indignos que dejan al pobre sin alternativa. Al final darán el resultado que quieran, triplicando el número de los que voluntariamente hubieran votado. Esta Constituyente es anticonstitución, antidiálogo y antipobres. Faltando tres días para la votación el régimen está atrapado: si la suspende o aplaza, cae en el ridículo y si proclama el triunfo con la cantidad de votantes que invente, Maduro caerá en la trampa montada por él mismo para el enemigo. Una locura.

El diálogo no es una opción en la democracia, sino una condición indispensable; sin él no hay democracia participativa y plural. Los demócratas venezolanos en una extraordinaria y memorable jornada de Consulta Popular han demostrado ante el mundo que sí es posible el cambio de régimen y que hay energías y espíritu para ello. La inmensa mayoría no ha caído en la trampa, los venezolanos defienden la democracia y no aceptarán la dictadura comunistoide de la ANC, a pesar de toda forma de coacción. Sin los 100 días de movilizaciones de calle no hubiera sido posible poner al régimen a la defensiva, y en evidencia su carácter dictatorial. Ahora viene una etapa más exigente: combinar el coraje y firmeza de la movilización pacífica con la sensatez para reunificar democrá­ticamente la diversidad y construir un país sin pobreza, con reconocimiento y convivencia pacífica. Sólo es posible producir el bien común con la comple­mentariedad de los distintos y activando las virtudes ciudadanas de creatividad productiva, respeto y solidaridad. Hay que vencer la tentación de la venganza; para quienes violan los derechos humanos están los tribunales nacionales e internacionales y las sanciones debidas, pero sería suicida tomar la justicia por la propia mano y lamentable desatar, en un próximo cambio, linchamientos criminales y “juicios populares”, como los que ocurren a la llegada de las “revoluciones”. Un pacto de gobernabilidad y de unión nacional para la reconstrucción requiere un esfuerzo sobrehumano animado por una actitud espiritual nueva y constructiva, distinta a los comprensibles sentimientos de venganza y de retaliación. Nada se puede lograr sin un amplio acuerdo nacional para la reconstrucción y sin un extraordinario apoyo internacional.

Hay conciencia de la necesidad de desbloquear palabras como diálogo o negociación, hoy repudiadas por la mala experiencia reciente. Parece cierto que en alguna parte se están dando los primeros tanteos entre opositores y gobierno para la negociación y acuerdos que eviten la destrucción mutua. No hay país democrático, ni organismo internacional que no esté recomendando el diálogo sincero y eficaz en Venezuela. Pero no se puede ignorar que recientemente el “diálogo” fue una trampa gubernamental usada para engañar, desactivar y dividir a la oposición. Los demócratas deben partir de la mala experiencia de haber sido engañados con promesas y acuerdos no cumplidos. A mediados del mes pasado en Roma “el Papa Francisco hizo saber a los 6 miembros de la presidencia de la CEV (Conferencia Episcopal Venezolana) que algunos de los que sirvieron como facilitadores en el fallido intento del diálogo del último trimestre del año 2016, han insistido en solicitar a la Santa Sede su participación en un nuevo proceso, sin embargo, la respuesta ha sido contundente: la Santa Sede sólo tomará parte en una nueva iniciativa de diálogo, siempre y cuando el gobierno cumpla con las cuatro condiciones ya expresadas en la carta del cardenal Parolín a inicios de diciembre de 2016, es decir: la apertura de un canal humanitario que permita hacer ingresar al país alimentos y medicamentos, la presentación de un cronograma general de elecciones, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y, la liberación de los detenidos por causas políticas” (comunicado de la CEV desde el Vaticano) . Ahora además que el gobierno retire la fraudulenta y dictatorial Constituyente. Esos son puntos no negociables y sería un gravísimo error que algunos factores de la oposición democrática dialogaran sin exigirlos o hicieran concesiones; por ejemplo, elecciones regionales, sin reconocimiento de las plenas atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El Ejecutivo al eliminar las plenas atribuciones constitucionales de la AN, degüella la democracia y trata de imponer la fraudulenta Constituyente que es el antidiálogo para afianzar e imponer un modelo político, económico y social totalitario, eliminando toda oposición democrática.

La negociación como fórmula para buscar una salida a la difícil situación del presente está de nuevo sobre el tapete. Ninguna persona sensata ni demócrata puede negarse a explorar ese recurso. Lo que pasa es que el oficialismo no se caracteriza precisamente por su credibilidad en ese terreno.

Una eventual negociación de las fuerzas democráticas con el Gobierno sólo sería pertinente, a estas alturas, si es para rescatar la vigencia y observancia de la Constitución vigente de parte del Gobierno y no para ganar tiempo a fin de prolongar la vida de un régimen inconveniente para los intereses del país y rechazado por la mayoría de la ciudadanía.

Si el oficialismo apuesta sinceramente por embarcarse en un proceso de negociación útil y con resultados positivos para la nación, debe dar un primer paso que genere confianza al país y a la Comunidad Internacional. Ese gesto no es otro que derogar la convocatoria a la Constituyente Comunal.

El movimiento democrático y su dirección política, la MUD, tienen también una responsabilidad clave en el particular. Si el Gobierno adelanta los pasos adecuados en la dirección arriba sugerida, la MUD no debe negarse de plano a explorar de manera unitaria y consensuada ese escenario. Lo anterior no supone dejar la presión, que incluye la calle y otros tableros en los que se escenifica la confrontación. Firmeza, flexibilidad, realismo y compromiso con los intereses del país son los criterios que deben guiar la acción opositora.

La Constituyente Comunal no debe consumarse porque carece de legitimidad, legalidad y pertinencia. También porque es un fraude en todo el sentido de la palabra. Es lo más alejado de un proceso transparente, libre, justo e inclusivo. Además, de que sus objetivos conocidos van en la dirección contraria a la superación de la mega crisis en progreso. Está emparentado en primer grado con el Plebiscito inconstitucional convocado en 1957 por Pérez Jiménez; en ambos procesos confluyen el militarismo y el despotismo. El de 1957 abrió las puertas al fin de la dictadura de entonces, éste no sabemos cómo puede concluir, quizás de la misma manera que el anterior.

Al momento que escribo estas notas (martes 25/7, 8am), todo parece indicar que se consumará el fraude del domingo 30/7. Creo también, que no se debe descartar que algunos acontecimientos y sucesos sobrevenidos más la presión ciudadana puedan obligar al chavismo gobernante a suspender el proceso.

De persistir el régimen en imponer y materializar la constituyente se producirá un cambio significativo, el paso de la neo dictadura implantada por el chavismo el año pasado a una dictadura totalitaria, versión chavista de la que martiriza a cuba. Con todas las consecuencias negativas que ya hemos venido experimentando. Venezuela devendrá en un Estado forajido, que solo se podrá sostener apelando al terror, a la represión indiscriminada y masiva.

¿Cuánto recorrido y durabilidad podrá tener esa nueva situación? Presumo y espero que no mucho, de lo que si estoy convencido es que su singladura causará mucho daño al cuerpo social de la nación. Convertirá al Estado venezolano en una amenaza para sus homólogos, empezando por los fronterizos porque puede terminar generando una crisis de refugiados amén de otros males.

Caracas, 25 de julio de 2017