Posponer la implementación del acuerdo humanitario firmado en la mesa de negociación en México solo sirve al interés del gobierno de Nicolás Maduro, que ha utilizado este retraso para tratar de reforzar su narrativa sobre las sanciones.

Este es el principal hallazgo del nuevo informe publicado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina (AALAC) del Atlantic Council, donde además explican que en los meses transcurridos desde la firma del Acuerdo Social en noviembre, el progreso en la transferencia de fondos o la implementación de programas de asistencia ha sido lento. “Gran parte de la demora inicial parece deberse a obstáculos burocráticos dentro de una variedad de instituciones”.

Cabe recordar que el referido acuerdo estableció la base para crear una serie de programas de asistencia humanitaria y de desarrollo en distintos estados del país, financiados por activos venezolanos que han sido congelados en el extranjero por las sanciones financieras de los Estados Unidos y que deben ser administrados por organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este sentido, advierten que “las Naciones Unidas están preocupadas por el riesgo reputacional de implementar un programa que ha hecho comparaciones con el controvertido Programa de Petróleo por Alimentos en Irak —, un programa que estuvo plagado de mala gestión y corrupción. Además, los funcionarios de la ONU quieren garantías de dónde están los fondos, cómo los Estados Unidos y la comunidad internacional pueden ayudar a protegerlos en el proceso de transferencia, y cómo pueden existir dentro del sistema financiero de los Estados Unidos de acuerdo con las regulaciones financieras internas de las Naciones Unidas.

Explican igualmente que el retraso de las autoridades norteamericanas es evidente y que además han cambiado de posición con respecto al fondo en varias oportunidades.

“En diciembre de 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos envió una carta a las Naciones Unidas que indicaba que el gobierno de los Estados Unidos no podía garantizar completamente que el Fondo de Protección Social pudiera existir en los Estados Unidos debido a reclamos de los acreedores de deuda venezolana. Desde entonces, Estados Unidos ha cambiado de rumbo, y en mayo de 2023 la Administración de Biden envió una segunda carta a los representantes de las Naciones Unidas, esta vez garantizando que el fondo podría existir en el sistema financiero de los EE. UU. y que indicara que el riesgo de los reclamos de los acreedores era mínimo para beneficiar al pueblo venezolano. Funcionarios estadounidenses también han comenzado a trabajar con bancos europeos para identificar fondos congelados para el acuerdo”, puntualiza el informe.

El Atlantic Council señala que “comprender que la implementación del fondo llevará tiempo no debería ser una sorpresa. Las partes involucradas en la firma del acuerdo acordado deben tener claro que el progreso en negociaciones más amplias no puede ser condicionado, suspendido o retrasado por ningún aspecto derivado de la ejecución del presente acuerdo. Esto sugiere que las partes reconocieron que la implementación del Acuerdo Social no sería inmediata. Sin embargo, Estados Unidos y la comunidad internacional deben buscar una manera proactiva vías para ayudar a avanzar en su realización”.

La organización señala que este resumen de temas destaca cinco recomendaciones clave para los formuladores de políticas y los líderes de la sociedad civil en los Estados Unidos y en el extranjero para ayudar a dar forma al camino para la implementación exitosa y eficiente del Acuerdo Social de Venezuela — en tanto a corto como a largo plazo.

Esas recomendaciones son:

1. En primer lugar, es esencial reconocer que no es necesario que exista el fondo para que el dinero sancionado se canalice a la respuesta humanitaria de la ONU. Hay grandes cantidades de dinero en activos congelados retenidos en instituciones financieras de todo el mundo que podrían ser transferidas a los organismos de las Naciones Unidas de manera eficiente y segura, incluso antes de que se establezca el fondo. Estados Unidos puede y debe dejar en claro que está listo para hacerlo, poniendo la pelota en la cancha de Maduro.

2. También es necesario un nivel de coordinación más clara con las múltiples partes interesadas involucradas, incluidos los actores políticos venezolanos, los países en los que se congelan los fondos sancionados y las instituciones financieras asociadas, de modo que haya expectativas claras sobre cómo proceder. El apoyo al acuerdo y los detalles de su implementación deben comunicarse claramente.

3. Paralelamente, se debe alentar a la ONU a aprovechar su éxito en la gestión de fondos fiduciarios de donantes múltiples (MDTF, por sus siglas en inglés) durante los últimos treinta años. Si bien el acuerdo humanitario de Venezuela no está exento de riesgos, la ONU ha construido los sistemas necesarios para administrar estos mecanismos de financiamiento con transparencia y rendición de cuentas. La Oficina de Fondos Fiduciarios de Socios Múltiples de la ONU actualmente administra cerca de 100 mecanismos de financiamiento común, que representan más del 95 por ciento de todos los fondos canalizados a través de programas administrados por la ONU. Esta experiencia debe aprovecharse para garantizar que esta oportunidad histórica no se desperdicie.

4. Estados Unidos debe garantizar que los reclamos legales válidos de los acreedores no impidan la asistencia al pueblo venezolano. Algunos acreedores ya han manifestado que no reclamarán al Fondo Social, un gesto positivo que debe ser aplaudido. En última instancia, los reclamos válidos de los acreedores deben abordarse pero mantenerse separados de los esfuerzos para resolver la crisis humanitaria.

5. Finalmente, EE.UU. y los aliados internacionales deben comprometerse con una estrategia de comunicación coordinada. La reunión de julio de diplomáticos de la UE y América Latina con negociadores venezolanos en Bruselas, y la conferencia sobre Venezuela en Bogotá en abril, demuestran que cuando la comunidad internacional está en sintonía puede enviar un mensaje poderoso en apoyo de las negociaciones.

11 de agosto 2023

Con información del Atlantic Council

https://hispanopost.com/atlantic-council-posponer-la-implementacion-del-...

La ministra de educación, cada vez que le tocaba presentarle el balance escolar a su camarada presidente, no dejaba de mostrar su estado de nerviosismo e inconformidad con los soportes estadísticos que mostraban los informes de las diferentes dependencias de su despacho. En el 2021-2022 me correspondió calarme todo lo negativo causado por la pandemia del Covid en el sector escolar, se decía a sí misma a cada rato. Y ahora, leyendo lo relacionado con el periodo 2022-2023 me consigo, entre otros datos, que en el sistema educativo público, 74,7% de las escuelas básicas se encontraba altamente deteriorada en su planta física y 78,5% no contaba con un suministro regular de agua. El 56% de los docentes se retiró del sistema, por exiguos salarios, malas condiciones de trabajo y desvío de los objetivos educativos, ocasionando que 73,0% de las escuelas presentara déficits de maestros y profesores.

Con este inicio, en el informe final del balance del año escolar me puedo imaginar lo que sigue en las próximas páginas. Y con las manos sudorosas, acompañadas de un ligero temblor, continuo con la lectura: la población estudiantil de primaria y bachillerato fue de 5.4 millones que comparados con los 7,71 millones que estaban inscritos en el periodo anterior; nos indica que más de 2 millones de niños y adolescentes abandonaron las aulas. En cuanto a las causas de la inasistencia escolar, tenemos que las más comunes son la falta de comida en el hogar (78,3%), la falta de servicios básicos (56,7%), no poder costear los implementos (55,5%), razones de salud (44,4%), porque debe ayudar en las tareas del hogar (43,7%), porque el alumno no quiso seguir estudiando (43,5%), porque el alumno no lo considera importante (39,7%) y por el costo del transporte (25.9%).

En este punto, también resalta que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ejecutado por nuestro gobierno revolucionario, funciona en 9 de cada 10 escuelas, pero sólo el 32,27% recibe el servicio todos los días de clases y 36,7% varias veces a la semana. 70,8% se limita a una comida diaria, con poca proteína y más carbohidratos. 90% de los planteles no cuenta con los suministros necesarios de alimentos, además de la falta de utensilios y el mal estado de las áreas de cocina y comedor.

La ministra estaba a punto de colapsar, no por las aberrantes cifras, sino por tener la certeza que al presentar este desastre la iban a botar del cargo. Sin embargo, armándose de valor siguió leyendo con la esperanza de encontrar una salida a estas negativas cifras: por retrasos en el pago del bono vacacional las clases no pudieron iniciarse en el mes de septiembre 2022 lo que generó que el inicio de las clases comenzara en el mes de octubre. La no atención y solución a los reclamos de los docentes provocaron que, a partir del 9 de enero hasta el día de hoy, los educadores activaran los mecanismos de acciones gremiales para reclamar sus derechos laborales. Desde el ministerio se intentó establecer “El Horario Mosaico” para tratar de solventar las consecuencias del conflicto laboral. Pero, esta medida solo significó apenas 48 días de clases. El 40 % de lo que realmente deberían asistir (…) El efecto de no ir a clases trae pérdida de aprendizaje, pero cuando es tan marcado trae pobreza de aprendizaje y por eso vemos que hay niños de tercer grado que no saben leer.

Coño, estoy botada, ni Mandrake me salva. He debido discutir y aprobarles ese contrato a los educadores y hoy otro gallo cantaría…pero, con este balance estoy jodida.

Durante ese lamento, entró al despacho de la ministra una de sus asistentes que, al verla tan decaída, le dijo, tranquila camarada, ese desastre es consecuencia del bloqueo imperialista y oligarca que pretende acabar con nuestra revolución …, no le pare a ese informe, la culpa es de la oposición. no de nuestro eficiente gobierno.

Tienes razón mi amor, respondió la ministra, pero ese disco del bloqueo está rayado y la respuesta de la oposición ya la conozco “No es bloqueo/es saqueo. Hay que inventar otra vaina. Sigamos leyendo a ver que se nos ocurre: en el caso de la Educación Superior, sufrimos una enorme emigración de profesores, disminución notable de alumnos, desmantelamiento de la infraestructura, cerco presupuestario, salarios-jubilaciones y pensiones de hambre (en su creciente protesta los docentes reclaman un mejor salario, que oscile en el orden de los 500 dólares mensuales o su equivalente al costo de la Canasta Básica Alimentaria), ausencia de programas de protección social, inexistencia de comedores, falta de transporte, carencia de seguros médicos, quiebra de las Cajas de Ahorro y de los Institutos de Previsión Social lo cual incide dramáticamente en la calidad de la formación. Estos efectos perjudiciales pueden trascender en más de una generación. La deserción de estudiantes es mucho más alarmante, por ejemplo, permítame camarada presidente decirle que, en el caso de la UPEL (Universidad Pedagógica Experimental Libertador), la matricula pasó de 13.000 estudiantes a solo 3.000.

Listo, se me prendió el bombillo gritaba la ministra. La forma de superar ese informe será la de agregarle a las consecuencias del bloqueo, el establecimiento de nuevas Mesas Técnicas para la discusión, oigan bien discusión, no confundan con aprobación, de la nueva y revolucionaria Convención Colectiva. Eso sí, debemos dejar en claro que solo participaran en esa mesa técnica las Federaciones Bolivarianas, las de la oposición que se vayan a lavar ese paltó. Además, el camarada presidente anunciará al país la puesta en marcha del Nuevo Diseño Curricular para la Educación Revolucionaria y segura estoy, decía muy emotiva la ministra, que eso distraerá la atención de los educadores y el país en general…y nosotros solo estaremos concentrados en los preparativos para las elecciones del 2024.

A la mañana siguiente, en el despacho del camarada presidente al terminar de presentar el balance del desastre escolar 2022-2023, solo se le escuchó decir a Nicolás, ministra usted sigue firme y enchufada en mi gobierno. Con su balance seguiremos adelante…Venceremos.

La deuda externa impaga de Venezuela, tiene varios componentes, tales como los bonos de la República y de Pdvsa, los fallos en contra del Ciadi y de los de tribunales en EE UU, y las de Cadivi (deuda privada externa), China, Rusia, bancos y otros, todo junto sumando alrededor de 250 mil millones de dólares.

Nuestro PIB actual ronda los 60 mil millones de dólares, por lo que nuestra deuda externa cuadriplica nuestro nivel de actividad… más o menos… porque sin cifras oficiales, todo el tiempo hay que estar triangulando y estimando.

Un manejo razonable de la economía aconsejaría, para un país como el nuestro, que su deuda no superara 30% de su PBI, para mantener ciertos equilibrios macroeconómicos, que pudieran reflejarse en bienestar para su población; por lo que nuestra deuda, en normalidad, debería estar alrededor de los 20 mil millones de dólares.

Esa diferencia es la que se refleja en el valor de mercado de la deuda (entre 2% y 9% de su valor facial) y en nuestra vida diaria con mucha pobreza, fallas en los servicios públicos, y, para poder manejar la situación, una gran debilidad institucional, cuya consecuencia más visible es la corrupción y la informalidad. Lo cual funciona como un lastre que nos mantiene siempre en el fondo del pozo.

Es como si en una familia siempre estuvieran endeudados, pero intentando mostrar un alto nivel de vida, pero que solo un par de miembros pueden sostener, mientras que el resto, la mayoría, vive en la miseria. Pero de eso no se habla… solo se muestra el pseudo bienestar de unos pocos, y se esconde la miseria de los muy muchos. Y para colmo, ponen “cara de tabla” y se enojan cuando los sancionan o les quieren cobrar.

En el caso concreto de la deuda soberana y de Pdvsa, los protocolos son más precisos, y, a los casos usuales de default, como ya ocurrió con Argentina y Ecuador, hay que sumarle el tema de las sanciones, porque no tenemos un gobierno amigo de EE UU, y nos consideran una “amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad interior”, por lo que el tratamiento que nos hacen es el de un país enemigo… como Corea del Norte o Irán.

Por eso, a veces, parece extraño que los opinadores excluyan de sus análisis ese hecho… el que nos consideren sus enemigos, y que, por esa razón, nunca permitirán que el gobierno tenga el mínimo excedente financiero, porque lo podrían usar en contra de EE UU. Y es por eso que la OFAC, que es la administradora de las sanciones financieras y operativas, hace tanto énfasis en que no quede ningún acceso de dólares a la tesorería nacional o de PDVSA. Caso Chevrón, y caso Trinidad & Tobago. Y ese concepto será extendido a cualquier comfort letter que permita alguna liberalidad, especialmente en el campo petrolero.

En el marco anterior, hay que entender que los bonos de deuda externa fueron emitidos bajo la jurisdicción de Nueva York, y que es en sus tribunales donde se dirimen las controversias derivadas de esa deuda, especialmente cuando no se pagó y se declaró el default. A partir del momento del impago, comenzaron a correr plazos de prescripción, que, para ese tipo de tema y en esa jurisdicción, se produce a los seis años del último impago.

El último pago de esa deuda se produjo en 2017, así como el primer impago, fecha a partir de la cual se comienzan a contar los seis años para que se aplique automáticamente, el statute of limitations, que es una ley que establece el tiempo máximo que las partes involucradas en una disputa tienen para iniciar un proceso judicial a partir de la fecha de un presunto delito, ya sea civil o penal.

El período de tiempo que el estatuto permite que una víctima (en este caso el tenedor de un bono que compró de buena fe, creyendo que iba a cobrar ese dinero) inicie una acción legal contra el deudor, que se comprometió a pagarlo y que ahora no lo hace; puede variar según la jurisdicción y la naturaleza del delito. Los defensores de los estatutos de limitaciones creen que son necesarios porque después de un tiempo, se pueden perder pruebas importantes. y los recuerdos de los testigos pueden volverse confusos.

O sea que, pasados los seis años del último impago, quien no inició una acción legal para cobrar ese instrumento, pierde las posibilidades de hacerlo y queda en manos de la buena voluntad del deudor; si quiere pagarle, cuándo y cuánto. Mientras que, demandando, se asegura de tener una sentencia que obliga al deudor a pagar, y no solo eso, sino que le asegura unos intereses compensatorios, así como le aumenta el valor nominal, hasta 200%. O sea que el acreedor, protege su inversión, la cual, de otra manera, prácticamente estaría perdida.

El deudor podría extender los plazos, dando tiempo a que se llegue a alguna negociación para el pago. Tal como hizo el gobierno de Venezuela unos meses atrás, y como se dice que está haciendo la AN de 2015. Para el primer caso, al no ser el gobierno de Venezuela reconocido en NYC, es como si no hubiera extendido el plazo, porque para esa jurisdicción, el statute of limitations es automático, a menos que alguien lo suspenda, y para ellos, ese alguien no es reconocido.

Para el segundo caso, el intento de la AN 2015, se entiende que para extender los plazos debe haber una voluntad ejecutiva, la cual se extinguió cuando disolvieron el interinato, que era la autoridad ejecutiva venezolana, reconocida por el gobierno de EE UU. Por lo que parece que esta vía de extensión de plazos, tampoco vaya a funcionar, por tratarse de un órgano legislativo; el cual, si bien está reconocido por EE UU, lo está en su carácter de legislativo.

Y suponiendo que se llegue a algún entendimiento y se le permita extender los plazos, esa extensión sería tan vulnerable, que fácilmente, en el futuro, se podría pedir su nulidad.

Tal como les decía, suponiendo que para cuando llegue el momento de reestructurar la deuda, y que el FMI se convierta en el articulador, es posible que, por las expectativas generadas por el cambio de rumbo que dio lugar a que la deuda se renegocie, nuestro PBI aumente, y alcance los 100 mil millones de dólares. Por lo que, si hay que hacer “calzar” los 250 mil millones que debemos en 30% de ese PBI, que serían 30 mil millones, entonces, el valor de la deuda caería desde 250 a 30 mil millones de dólares.

Y la lista de prioridades para cobrar, colocaría necesariamente de primeros en la cola, a aquellos que cuenten con una sentencia firme, porque son los que tendrían el derecho para embargar o cualquier otro método que haga que su inversión no se pierda.

Mencioné al demonizado FMI, porque será el actor necesario que dará confianza al mercado, no solo para las condiciones de reestructuración, sino también para extender los créditos puente, y habilitar la inversión extranjera, sin la cual nunca podremos salir del pazo que les decía. Alguien dijo esta semana que hacían falta 500 mil millones de dólares para rescatar al país. No sé si ese es el número, pero puedo pensar que es un mínimo a ser inyectado a lo largo de una década, pero en condiciones de empresa privada, mercado y de libertad económica, evitando volver a caer en el, ahora, tristemente célebre “Estado empresario”.

Político

A medida que pasa el tiempo y se acercan las fechas clave, como las primarias opositoras, y más tarde las elecciones presidenciales, se percibe una mayor permeabilidad de la gente hacia el tema de la política. Hay que recordar que, tan solo un par de meses atrás, había una profunda desvinculación entre la gigantesca base opositora, y sus dirigentes, la mayoría de ellos en Caracas o en el exterior. Y solo unos pocos recorrían el país y se interesaban por sus problemas.

Entonces yo les anticipaba que cuando quisieran buscar sus votos, iban a encontrar un rechazo derivado del abandono y el desinterés que mostraron hacia las bases. Se ocuparon de eliminar el interinato y execrar al único que sí recorrió el país y dio la cara –Juan Guaidó– en vez a hacer política incluyente, y acompañar a la gente en, tal vez, la época más negra de la historia, que es la que están viviendo hoy en día los pobres y el interior del país. Y el mejor reflejo de lo anterior es el alto nivel de rechazo, y la baja aceptación que tienen los políticos en general, pero los opositores en particular.

Claro… hay que sacar del lote anterior a María Corina Machado, cuyo nivel de aceptación se refleja en un trabajo de Meganálisis (que no difiere mucho de otras encuestadoras, tanto del chavismo, como de oposición) que le pregunta a 76,1% que no votaría por Maduro y el chavismo, en una elección presidencial, “por cuál de los 13 candidatos inscritos en las primarias votaría usted en esas primarias”. Y la respuesta fue 65,36% para María Corina Machado, 8,77% para Capriles, y 8,62% para Delsa Solórzano; Andrés Velásquez 4,69%, César Pérez Vivas 4,24%, Carlos Prosperi 3,18%, Roberto Enríquez 1,97%, Freddy Superlano 1,82%, y los cinco candidatos restantes 1,36%.

Y ya a estas alturas podemos pensar que los números de María Corina Machado no son los de un efecto espuma, sino que cada día se ve más consolidada, y sería razonable que el resto de los candidatos, a la luz de sus propios números y de las diferencias abismales, dejen los resentimientos y las envidias de lado, y se dediquen a apoyarla, y a aportar ideas.

Porque hay que estar claros que en esta elección los partidos están desdibujados, y todo gira alrededor de personas… de las personas que les mencioné más arriba. Y casi pueden estar seguros que cualquier opositor que se haya “guardado” para las presidenciales, sin pasar por primarias, debe estar por debajo de los números de Capriles y Solórzano.

Y lo anterior es natural, porque la gente que estaba desencantada de los políticos, ahora se encontró con una líder que los representa, y los atrae nuevamente al ruedo político. Cada día que pasa hay más gente que abandona el escepticismo, y asume una actitud más activa, lo cual conspira contra la abstención; si tuviéramos que mirar el futuro desde las tendencias que se van percibiendo, la abstención está tendiendo a cero, sin importar las trabas que el gobierno pueda intentar para desanimar.

Ahora todo depende de cómo María Corina maneje las diferentes situaciones que se le irán presentando, tanto de cara al chavismo, como de cara al resto de los opositores. Porque tenemos que estar claros que la gente, la gigantesca base opositora, está muy susceptible a señales confusas y con las que no se sientan identificados. Por ejemplo, ciertos nombramientos en los grupos que la apoyan, despertaron resquemores, por tener pasados controversiales. Debería apostar a gente con más futuro que pasado…

Y también ya debería estar claro que el tema de inhabilitar a María Corina, no conduciría a que pongan a otro en su lugar, porque la gente no está votando por la oposición, sino por ella, como persona individual. Y tratar de extrapolar el caso Barinas es un error, porque en barinas no votaban a favor de los candidatos, sino en contra del chavismo.

Mientras que, en este caso, ocurre todo lo contrario: votan por ella…

Social

Hoy no hay señales de violencia social. Hay desencanto, descontento y desesperanza. Pero al mismo tiempo hay una necesidad de expresarse que aún no está madura. Pero lo estará.

En la medida que la gente vaya sustituyendo escepticismo por proactividad, también va a ir liberando fuerzas renovadoras que podrían sacarlos de sus casas y regresarlos a las calles. Porque el tema María Corina, si bien es político, es esencialmente social, y relacionado antropológicamente a la sociedad y su transformación y comportamiento.

Que no son estáticos, sino que, por el contrario, son dinámicos y cambiantes, no solo desde lo perceptivo sino principalmente en su topología, con los cambios en la pirámide socio demográfica, la pérdida del bono demográfico, la juventud extendida, y los espacios nuevos que hay que cubrir, y que, en este momento, no tenemos cómo hacerlo.

Cuando la población se entusiasme nuevamente, no será solo saliendo a votar contra vientos y mareas, sino también tratando de recuperar los espacios que el miedo y la pobreza les ha hecho perder. Por eso es tan importante el rol relevante que ha ido tomando María Corina, que va más allá de una candidatura, porque lo que está quedando claro es que se está construyendo un liderazgo -ya sea que haya o no haya primarias o presidenciales- que marque el camino “hasta el final”.

Económico

Con las reuniones entre gobierno y empresarios, por el momento, una vez más, estamos en la etapa en la cual “el papel aguanta todo”, que descomprime y mediatiza los temores de lo que todos intuimos que es, mayor intervención del Estado en la economía. Se nota en el tema de tasas, impuestos y aranceles a la importación, los cuales, en un país como el nuestro, esencialmente importador, se transfiere directa y linealmente a los precios.

Y como del otro lado de un precio está un consumidor con sueldos casi congelados ya por dos años, el resultado se refleja en caída del consumo, aumento de inventarios, baja en la importación, achicamiento de las empresas, y los despidos consecuencia de todo lo anterior.

Más allá de las reuniones y las palabras bonitas y halagüeñas de lado y lado, la realidad es que la presión tributaria neta se va a incrementar, aunque más ordenada y previsible por lo de la armonización tributaria, pese a que las tasas y aranceles se comienzan a hacer sentir.

Y lo anterior es tan así, que los importadores están inclinándose al esquema “bodegón”, y esperar a ver si el mercado aguanta la formalización de los costos y gastos, que son los que, en definitiva, pondrán el piso al sistema de precios, y ayudarán a decidir si se sigue en el negocio, o se deja.

Porque hoy estamos en un momento de toma de decisiones e inflexión, porque el mercado ha mutado, mientras que la capacidad instalada, por sus características, es más rígida y más difícil de modificar. Pero habrá que hacerlo; habrá que ver cuál es la capacidad para sostener una oferta fija de bienes y servicios, cuando el mercado, a los gritos, está pidiendo cambios como para poder alinear la oferta con la demanda, y lograr que, en ese momento único, en el que se cruzan la oferta y la demanda, en cada transacción, en un mostrador, se logra que la operación se complete y se cierre.

Si la oferta es en paquetes de 1 kilogramo, pero el cliente tiene dinero solo para comprar 100 gramos, entonces, si cada uno se ancla en su postura, esa transacción nunca se va a concretar. Ahora, si el oferente estuviera dispuesto a venderle los 100 gramos que el cliente puede pagar, bueno, ya hubo un progreso, y el inventario, poco a poco comenzará a rotar, el flujo de caja comenzará a moverse, y el cliente podrá comprar lo que necesita, y puede pagar.

Hoy es el momento de “refrescar la estrategia” de cada empresa, de forma tal de confirmar o ajustar el rumbo que llevaba. Lo cierto es que lo peor que puede hacerse, es no hacer nada…

Internacional

El asesinato en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha dado la vuelta al mundo y ha generado suspicacias sobre los motivos y los posibles responsables. Es posible que, como ha ocurrido en el pasado, que nunca se sepa la verdad. Pero ya la opinión pública, desde el momento cero, tuvo algún nombre top of mind, y eso es lo que contará para las elecciones de la semana próxima. Y ese nombre, es el que perderá votos.

Sin tanta visibilidad global, en Argentina hubo tres muertos en dos días, a tres días de las PASO, las cuales, si bien ya son parte del paisaje diario del cordón urbano de Buenos Aires, en este caso, al tratarse de una niña de 11 años que murió defendiendo la mochila con sus libros de escuela y su celular, se lo atribuyen al gobierno, porque la ambulancia llegó 20 minutos tarde, y la policía 40 minutos tarde.

Ese caso, más un médico asesinado y un piquetero que murió de un infarto, terminan como responsabilidad del gobierno, que perdió gobernabilidad en muchos campos, entre los cuales está la seguridad personal. El ministro de seguridad dijo “ese no es mi problema” … bueno… que se puede esperar entonces.

Y como la violencia política en la región, liderada por el caso de Nicaragua, podría extenderse, hay que estar atentos a nuestro caso venezolano, donde el gobierno debería poner especial protección a la candidata María Corina Machado, que lidera las encuestas, porque ya un gobernador del chavismo, la amenazó con golpearla, él y toda su gente.

Este domingo 13 de agosto son las PASO en Argentina, donde se espera que el candidato presidencial del gobierno, y actual ministro de economía, no haga un buen papel; es posible que el día lunes 14 de agosto, haya respuestas de los mercados y los indicadores económicos desmejoren. Lo que no está claro es si desmejorarán mucho o poco, pero seguro que desmejorarán. Con el indicador bandera que es el llamado dólar blue.

En agosto de 2019, cuando Macri perdió las PASO, el dólar, que estaba a $ 40, saltó a $ 60… si ocurriera algo proporcional, iríamos en camino a los $ 1.000 por dólar para fin de año, lo cual tendría un impacto equivalente en la inflación. El dólar oficial cuesta la mitad con $ 296, pero solo unos pocos lo consiguen, y es una potencial fuente de corrupción y arbitraje.

Recomendación

• Al gobierno: que las reuniones que se están dando entre el gobierno y las organizaciones empresariales, deben convertirse en proyectos concretos, con tareas, tiempos y productos tangibles a obtener. No hay que olvidar que las gacetas y las autoridades únicas no son las que producen los negocios, sino que son las empresas privadas. Y si estas no pueden hacerlo sin que el gobierno intervenga, entonces, lo más probable es que se queden en letra muerta.

• A la dirigencia opositora: que revisen su estrategia en términos de escenarios posibles, en la claridad de que solo habría una elección presidencial competitiva, si María Corina Machado compite, porque, según parece, solo ella será capaz de sacar a la gente de sus casas y ponerlas a votar.

• A la dirigencia empresarial: que prepare una estrategia exportadora y comience a enviar misiones comerciales privadas a los diferentes mercados potenciales, import/export. Y convoque a las cámaras binacionales en la definición y ejecución de esa estrategia. Sigue siendo el momento de la empresa privada que debe cuidarse en no caer en juegos de política que tanto daño le han hecho al país. Recordar que las sanciones son para el gobierno, y que los empresarios sufren los daños colaterales; que poco a poco se han ido solventando.
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• Twitter: @btripier

https://www.elnacional.com/venezuela/analisis-de-entorno-el-futuro-va-to...

Las guerras suelen ser populares solo en sus inicios. Por lo general se desatan olas de fervor patriótico cuando parten los primeros combatientes. Pero, si a medida que transcurre el tiempo no se observan resultados efectivos, la popularidad de la guerra, lo que es muy obvio, comienza a declinar. Esa es la razón por la que Putin y su círculo militar han llegado a la conclusión de que la población europea, acostumbrada a una vida apacible y consumidora, no iba a soportar durante mucho tiempo el mantenimiento del costoso apoyo militar a Ucrania, máxime si –y con eso también calcula el dictador– existen sectores políticos occidentales dispuestos a explotar cualquiera contingencia para desprestigiar a sus respectivos gobiernos y así aumentar sus cuotas de poder.

No enviar armas a Ucrania, por ejemplo, ha sido una de las consignas «pacifistas» de los extremos políticos en cada nación europea. Problemas existentes antes de la guerra, entre ellos las migraciones, tendencias inflacionarias, disminución del salario real, son atizados no solo por sectores fascistizados, afines ideológicamente a Putin, sino además por políticos oportunistas que culpan a la guerra en Ucrania de todos los problemas habidos y por haber. Comentarios como «esta guerra no es la nuestra» comienzan a ser escuchados por doquier. Líderes putinistas como Alice Waidel y Marine Le Pen agitan desde sus respectivos extremos en contra de la solidaridad que ejercen los gobiernos democráticos a favor del invadido país.

Es cierto que los países occidentales no han ido a la guerra, pero cual más cual menos todos están involucrados en ella, así como casi todos sus gobiernos, salvo el de Hungría, o el de Brasil (suponiendo que el de Lula sea un gobierno occidental), han manifestado su más decidido apoyo a la causa ucraniana.

¿Por qué apoyamos a Ucrania? Ha preguntado en su más reciente artículo Michael Walzer, uno de los más sensibles filósofos políticos de los EE UU. Walzer aduce tres razones: las geopolíticas o geoestratégicas, cuyo objetivo es debilitar al imperio ruso (y su aliado más estrecho, el imperio chino, podríamos agregar); las morales, cuyo objetivo es castigar a un agresor que ha hecho caso omiso de todas las resoluciones internacionales dictadas después de la segunda guerra mundial; y las ideológicas, a las que aquí llamamos, políticas propiamente tales. Walzer se detiene a analizar las últimas pues son las que tienen que ver con sentimientos, emociones y pensamientos de los ciudadanos de su país.

Y bien, según el conocido filósofo, el avance de Rusia hacia Ucrania es parte de una ofensiva general de los países antidemocráticos en contra del Occidente político. Luego, la solidaridad con Ucrania no solo debe ser simbólica pues deviene de la conveniencia práctica de todos los ciudadanos que viven en esa nación democrática llamada EE UU, la que por su potencial económico y militar está llamada a jugar un papel hegemónico a escala mundial. O como dijo Michael Ignatieff, a ser y actuar como un imperio, aún en contra de su voluntad.

Quien es solidario con su democracia, ha de serlo con todas las naciones democráticas, parecería ser, de acuerdo a la terminología de Kant, un imperativo categórico moral de nuestro tiempo. No obstante, siguiendo al mismo Kant, «para que un imperativo impere» se requiere de una razón que, enlazando con la razón pura, devenga en razón práctica, vale decir, en una razón percibida como conveniente. O como especificaba el mismo Kant en el apartado II de su Crítica a la Razón Práctica, en una que ha de llevar a la razón pura al uso práctico en donde una ampliación (Erweiterung) de «lo especulativo en sí, ya no es (más) posible». En términos menos filosóficos, cuando llega ese momento en que lo posible se convierte en necesario. En ese mismo sentido kantiano argumenta Walzer al explicar a sus lectores que la solidaridad no puramente simbólica con Ucrania conviene a los ciudadanos de su país en términos muy reales, es decir, muy prácticos

«Defender a Ucrania es tanto como fortalecer la democracia en nuestros países y en cualquier parte del mund», escribe Walzer. En ese sentido Walzer da fundamento pensante a la premisa del presidente Biden relativa a que el mundo vive una contradicción entre democracias y autocracias. Desde el punto de vista político, una polaridad.

En el marco de esa polaridad, Rusia, como China, busca aumentar el espacio de su esfera de influencia. La diferencia es que esa esfera es para Rusia predominantemente territorial y para China más económica que territorial.

Los EE UU, ese es el meollo práctico de la guerra según Walzer, apoyan a Ucrania para, si no aumentar, por lo menos defender el espacio de su propia zona de influencia. Mientras más democrático sea el mundo, mejor le irá a los EE UU, piensa Walzer. Lo que es obvio: nunca, o casi nunca, ha habido guerras entre países democráticos. No así para el polo autocrático cuya expansión depende, por lo menos para Rusia, de su poder militar, no del político y mucho menos del cultural.

Desde esa óptica, Xi necesita a Putin como aliado militar pues la invasión rusa a Ucrania, al frenar la ampliación territorial del polo democrático, colabora con la mantención del polo autocrático donde China ejerce indiscutida hegemonía económica la que, en el marco de un nuevo orden mundial –esa es sin duda la visión de Xi Jinping– podría llegar a ser política. En ese contexto, el nuevo orden mundial propagado por la izquierda antidemocrática occidental significaría en la práctica no una multipolaridad entre naciones económicamente ascendentes, sino la unipolaridad china (y en parte rusa) sobre un espacio antidemocrático en expansión.

Defender la zona de influencia norteamericana es, para Walzer, defender el espacio democrático mundial y con ello, el bienestar de los propios ciudadanos norteamericanos. La razón pura deviene entonces en razón moral y la moral en razón práctica. Cuando estas tres razones no discrepan, la razón, no solo la kantiana, será cada vez más razonable. Sobre todo lo es, si aceptamos de una vez por todas, la premisa de que la guerra que Occidente apoya en Ucrania tiene un carácter antiimperial y, por lo mismo, defensivo.

No ha sido la expansión de la OTAN la razón que ha llevado a la expansión de la democracia en Europa, sino la expansión de la democracia, sobre todo la que devino del colapso de la URSS y las correspondientes revoluciones democráticas en los países del este, la razón que ha llevado a la expansión de la OTAN.

Con un mínimo de empatía hacia los sufridos países del este europeo, podemos entender así por qué todos, todos sin excepción, han solicitado ingresar a la OTAN. Poner esta premisa al revés, como hacen los putinistas internacionales, a saber, que ha sido la expansión norteamericana a través de la OTAN el motivo que ha provocado la guerra de Rusia a Ucrania, no solo es pura ideología, es maldad pura o, para usar la terminología de Kant, es “maldad radical”.

Lamentablemente, a Ucrania – uno de los países que más luchó para obtener su independencia nacional después del desplome de la URSS, y uno de los que ha hecho más esfuerzos por consolidar una democracia estable en diferentes episodios («revolución naranja» del 2004, revolución de Maidán del 2013, entre otros)– le ha sido negado su ingreso a la OTAN por razones geopolíticas (y en el caso de algunos gobiernos europeos –en primera línea los de Schröder y Merkel en Alemania – por razones económicas). Desde ese punto de vista, Occidente arrastra una culpa moral con relación a Ucrania. Si no más fuera por eso, la solidaridad euro-occidental hacia Ucrania estaría plenamente justificada y, por lo tanto, no debería ser materia de discusión.

Pero además de la razón moral, existe una razón geoestratégica que conduce a una razón política. La razón geoestratégica, impedir que Rusia, y con ello China, amplíen su espacio de dominación territorial y militar en el mundo, está clara. Pero la razón política, impedir que las antidemocracias impongan su hegemonía política mundial, incluso al interior de las naciones occidentales, no está tan clara, y eso llevó a Walzer a escribir sobre el tema.

Bloquear el avance de naciones y organizaciones antidemocráticas se ha convertido en una tarea política fundamental del momento. Por eso, cada elección que tiene lugar en cualquier país de Europa, en los EE UU, e incluso en América Latina, es seguida con un interés, más todavía, con una pasión que antes no existía.

Como hemos subrayado en otro texto, lo local es hoy políticamente global y lo global es políticamente local. Sin embargo, lo que a personas como Walzer aparece muy claro, no lo es para una cantidad de políticos y gobiernos que siguen pensando en que la entrega de armas es solo un acto de solidaridad con Ucrania y no con ellos mismos. De otra manera no se explica el regateo de armas de algunos gobiernos, o los anuncios de entregas de armas hechos con ruido ostentoso, como para demostrar al mundo cuan generosos son esos gobiernos con una pobre nación agredida.

En breve, esos gobiernos no se asumen como partes de la guerra, sino como simples observadores que apoyan a un determinado bando debido a razones principalmente humanitarias y ante los cuales Zelenski no solo debería estar agradecido, sino, además, debería expresarlo todos los días. Así lo dijo el ministro de defensa británico Wallace, así lo dijo después el secretario de estado del gobierno polaco Marcin Przidacz. Tuvo que intervenir el subdirector de la Oficina del presidente de Ucrania, Andrii Sybiha para poner las cosas en su lugar: «Son los ucranianos quienes están protegiendo los valores y la seguridad de nuestra región, y también lo hacen en interés de Polonia y de todo el mundo libre». Y para que lo entendieran mejor, agregó que apoyar a Ucrania no es caridad, sino una inversión.

Pocos son los gobiernos, solamente los del este europeo, los que se atreven a decir la verdad sin ropas: la de que no estar en guerra no significa no estar en la guerra, la de que defendiendo a Ucrania se están defendiendo a sí mismos, la de que no son espectadores sino actores. Por lo demás, y como para que nadie lo olvide, Putin no se cansa de decir que la guerra en Ucrania es en contra de Occidente.

Cierto, la guerra no es en contra del Occidente de Putin (ateo, libertino, culturalmente decadente) Es algo todavía peor: es contra el Occidente político, es decir, contra los derechos humanos, contra las constituciones, contra el sistema de partidos, contra las elecciones libres, contra la libertad sexual, contra la libertad de opinión y de prensa, es decir, contra todo lo que está prohibido en China, Rusia, Irán, Corea del Norte, y otros países cuyos jerarcas imaginan ser conductores del llamado “Sur Global”, sucesor ideológico de ese Tercer Mundo “antimperialista” al que invocaban ayer Mao, Stalin y Castro.

En América Latina al menos debería saberse: mientras más abyectos son los regímenes autocráticos del subcontinente, más grande es el apoyo que estos manifiestan al régimen de Putin.

Que una guerra produce cansancio, que la visión de batallas interminables termina por aburrir a los televidentes, y que la solidaridad declina con el paso del tiempo, es algo perfectamente explicable y, además, comprensible. Probablemente el cansancio, más aún, la indignación en Rusia, es mucho más grande, sobre todo cuando aparecen las redadas que arrancan a los jóvenes de sus casas para llevarlos, por medio de un reclutamiento forzoso, a morir en los campos de batalla de Ucrania. El hecho de que cuando la rebelión de los mercenarios comandados por Prigoshyn avanzaba hacia Moscú, nadie saliera a las calles a dar su apoyo a Putin, demostró que el tiempo no solo está jugando en contra de Occidente sino también, y tal vez mucho más, en contra del régimen ruso.

Sabemos, al estudiar guerras pretéritas, que estas se ganan no solo en el frente militar sino también en el político. O para ser más claros, no solo en el frente externo sino también en el interno. Sabemos que en el primero son responsables los generales y en el segundo los políticos, sobre todo cuando son gobernantes. Sabemos que en el frente externo –y de eso no cabe duda– los generales ucranianos han cumplido perfectamente su tarea. Resistir un año y medio al ejército mejor armado y más numeroso del mundo, ya es una de las más grandes hazañas militares de las que se tiene noticia en la historia mundial. Pero también, y no por último, sabemos que en el frente interno no todos los gobernantes han estado a la altura de estadistas, entendiendo por estadistas no a los desquiciados que se preocupan del futuro lejano (a lo Putin), sino a los que saben comunicar a sus pueblos, en palabras simples y sencillas, las razones de la guerra que tiene lugar en estos momentos en Ucrania, la que involucra y seguirá involucrando más y más, a todo el mundo democrático.

Hoy la lucha por la democracia mundial se libra en la guerra de liberación nacional de Ucrania. Mañana tendrá lugar en otro país. Desde las revoluciones madres, la norteamericana y la francesa, la democracia avanza a través de una ruta marcada con sangre y con balas. No es lo que uno más quisiera. Pero es así.

Twitter: @FernandoMiresOl

Referencias:

Immanuel Kant – KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNFT, Werke 3, Könemann, Köln 1995

Michael Walzer – NUESTRA UCRANIA (polisfmires.blogspot.com)

Fernando Mires – GLOBAL Y LOCAL (polisfmires.blogspot.com)

Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador y Cientista Político, Escritor, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la revista POLIS.

«De lo que tengo miedo es de tu miedo»

William Shakespeare

Hace algunos días mi muy admirado amigo Roberto Briceño León escribió, más que un artículo, un breve y sabio tratado sobre cómo y de qué diferentes maneras el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado el miedo para sostenerse en el poder y casi neutralizar la reacción de los oprimidos.

Citaré algunos párrafos de ese excelente escrito: «Para que el miedo pueda cumplir su función social es necesario fragilizar a las personas, hacerlas vulnerables y dependientes. Es necesario infantilizarlas, pues de ese modo se les devuelve a una fase primera de la vida, cuando todos necesitaban un protector, un padre o una madre que les alimentara y defendiera de los enemigos externos que podían atentar contra sus vidas»…. La violencia policial introduce un miedo específico y nada despreciable, pues es amenaza a la integridad física, a la vida. Pero la dictadura requiere que el miedo sea general y difuso. Por eso la tarea de infantilizar y llevar a la población al estado de vulnerabilidad requiere de otros afanes y dimensiones.»

Entonces Briceño León menciona y describe la infantilización y tras ella el miedo que permite el atropello a la libertad y a los derechos fundamentales, mediante el control del acceso a los alimentos, al agua, al gas que sirve para cocinar, al servicio eléctrico. «Para que la dictadura del miedo se imponga es necesario que todas esas dimensiones de la vida sean fragilizadas y que su protección o provisión se vuelva dependiente de ‘otro’. Si la gente tiene un trabajo que le permite alimentarse, y conseguir agua, leña y sal, ¿para qué necesitaría del ‘otro’?».

Hasta consumada por el chávez-madurismo la destrucción de toda la infraestructura de servicios claro que teníamos miedo, pero el que causan los fenómenos naturales como por ejemplo un terremoto, las enfermedades, un asalto, un secuestro y por supuesto la muerte. En mi caso agregaría algo que parece banal pero que está más extendido de lo que imaginamos: el miedo a las cucarachas y a todo animal rastrero.

Recuerdo que en la noche del golpe militar de febrero 1992, encabezado por Hugo Chávez, mi hija me llamó angustiada y me rogó que me refugiara en casa de una amiga que vivía en un edificio contiguo. Para hacerlo debía atravesar, en la oscuridad, unos jardines donde había visto ratas. Mi repuesta: ¡le tengo más miedo a una rata que a los militares que me van a llevar presa! Y me quedé en casa esperando lo peor.

Claro que aún no había sido infantilizada. Ahora vivo bajo el trauma de un apagón como aquel que duró 72 horas y sufro cada día con la crisis del agua que padece casi toda mi familia.

Me aterroriza un terremoto en las condiciones de ineptitud e insensibilidad que caracterizan a este régimen. Recuerdo una conferencia dictada hace más de 10 años por el arquitecto Alfredo Cilento, quien era parte del Ministerio de Obras Públicas cuando el terremoto de 1967. Narró la diligencia con la que el ministro Leopoldo Sucre Figarella, hombre de reconocido carácter y autorictas, reunió en pocas horas a todos los contratistas que tenían tractores y de una vez comenzaron a remover escombros y a rescatar víctimas. Cilento se preguntaba con angustia que pasaría si sucedía un terremoto ante el caos urbanístico y administrativo de hace diez años. Temblemos pensando en lo que sucedería ahora.

Ahora bien, ¿somos los opositores que constituimos el 85 o 90% de la población los únicos que tenemos miedo? ¿Qué pasa con ésos que se aferran al poder omnímodo y que nos subyugan? Hace más de veinte años almorzaba con mis hermanas y una sobrina, en el restaurante del museo de Arte Contemporáneo que entonces se llamaba «Sofía Ímber» y cuya chef era la entonces esposa del psiquiatra Jorge Rodríguez. Salí a fumar un cigarrillo y en una mesa de la terraza había dos hombres, los zapatos deportivos de uno de ellos me encandilaron, nunca había visto algo similar. Subí la vista y el hombre se había tapado la cara con las manos. Cuando regresé al restaurante descubrimos que era Eliézer Otaiza, para entonces director de la Disip. El poderoso policía había tenido miedo de una indefensa ex parlamentaria con ninguna otra arma que no fuera la palabra. Tiempo después estaba en un restaurante de carnes en Altamira, esperando a los amigos con los que iba a almorzar. En una mesa cercana estaba un diputado del PSUV sentado con un «gringo» muy conocido desde la era democrática por su condición de lobbista. El diputado se tapó la cara con el cartón del menú y así estuvo, ocultándose de mí, hasta que llegaron mis amigos y nos mudamos de mesa.

El miedo de los poderosos, de esos que nos maltratan, humillan, encarcelan, torturan y asesinan, es el mismo del enfermo aislado porque sufre una enfermedad altamente contagiosa. Jamás podrán ir a un restaurante de moda o tradicional salvo que lo hagan cerrar para su uso exclusivo.

Nunca a un espectáculo, a un parque de diversiones con sus hijos, a un partido de beisbol. Sus automóviles, en caso de que se atrevan a circular por las vías más concurridas, tienen vidrios tan oscuros que es imposible ver quién va adentro. Viven encerrados en sus lujosas mansiones, generalmente en Fuerte Tiuna.
Sus lujos son para lucirlos entre ellos mismos como las mujeres de un harén. Los menos notorios, cuando deciden mudarse a un edificio, compran todos los apartamentos al precio que les pidan. Y quienes optan por mansiones levantan unos muros gigantescos para que nadie vea el interior. Son presos de sí mismos por el odio que sembraron y que se les ha devuelto como boomerang.

Claro que los dos miedos no son iguales, las personas del común llevamos la peor parte. Pero al menos nos entra un fresquito que se agradece.

Paulina Gamus es abogada, parlamentaria de la democracia.

Una de las tesis del filósofo alemán Herbert Marcuse fue “el final de la utopía”, contenida en un librito de ese nombre que este servidor masticó con voracidad caníbal en la escuela de sociología, como todo lo que llegó de ese personaje. El “capitalismo”, decía, supera la escasez milenaria de bienes materiales, surge la “sociedad opulenta”, “la sociedad de consumo” y la clase obrera pierde su negatividad histórica, para hacerse soporte del sistema. El “capitalismo” ya no “depaupera a los trabajadores”, sino otorga casas, neveras, lavadoras, cocinas y automóviles. Además, el fracaso del socialismo era incontrastable en la otra mitad del planeta donde imperaba en la miseria y la brutal represión. La utopía se realiza paradójicamente en el confort de las naciones “capitalistas” occidentales. Eso deroga el pauperismo del pensamiento de Marx, que justificaba moral y políticamente una lucha ahora sin razón de ser. Décadas después, los edificios podridos se desploman con el Muro de Berlín y es más ostensible la estafa vivida por la humanidad durante setenta años, que disfruta de una amplísima satisfacción de las necesidades materiales sin precedentes. La victoria sobre patologías hasta hace poco mortales alarga la vida hasta el doble de hace un siglo y 9/10 de la población mundial supera el hambre endémica.

Somos los primeros humanos para quienes morir es una eventualidad remota mientras antes era normal perder uno o dos hermanos. Vivíamos poco y la Sombra estaba demasiado presente, era invasiva, convivía con y obsedía al hombre. En esa estremecedora maravilla que se llama El séptimo Sello, el director sueco Ingmar Bergman cuenta la historia de un cruzado, Antonius Block, que como rutina jugaba ajedrez todas las noches con la muerte. Pero hoy día la Fatalidad es una presencia inesperada, un accidente y por eso los tanatorios, ya ni siquiera cementerios gracias a la cremación, se ubican en las afueras, para que nadie los vea, y entre los cadáveres cremados debía estar el marxismo. Pero como demuestra la historia de las sectas religiosas, el fanatismo ideológico es inmune al fuego de la realidad y asistimos periódicamente a redefiniciones, “nuevas izquierdas”, vueltas y más vueltas que terminan en el mismo nosocomio. Sánchez, Petro y Boric, “la izquierda posmoderna”, repiten inmancablemente los fracasos precedentes, aunque el chileno decidió devolverse y pasarse al “enemigo” y ya veremos si se desnuca.

Prefirió ser González Videla y no Allende. Llevo tantos años oyendo al Camila Vallejo decir necedades, que casi celebro su nuevo look ideológico “neoliberal”, de un día para otro, a partir de dos palizas electorales. Marcuse y otros condujeron al marxismo cultural: como las banderas del hambre o la explotación no tienen sentido, la nueva subversión de quienes nunca se han saltado una comida, será étnica, sexual, religiosa, a partir las debilidades emocionales y sicopatías y de dividir el mundo en víctimas y victimarios. El movimiento aprende política y surgen los Objetivos de Milenio y posteriormente la Agenda 2030. Las clases medias, demuestran que, fuera de sus especialidades, tienen una compresión subestandar, del mundo, inferior a los trabajadores o sectores populares, y siquiera se percatan de sus propias lagunas e insuficiencias. Sucumben a la engañifa ambientalista, veganas, a las aberraciones de brillantes perturbados sexuales y encarnan la nueva amenaza fascista, !mientras denuncian al fascismo¡ Apoyan el sometimiento de las musulmanas a velos indignos, que caminen detrás de los hombres, les amputen el clítoris, reciban palizas, prohibición de salir de sus casas, nada menos que en Barcelona, Amsterdam o Roma.

Pero en la tarde son femininazis y posmo con un pastiche ideológico indigerible que pretenden encubrir con “fobias” imaginarias. La subversión marcusiana se apoya en minorías resentidas antisistema: drogadictos, delincuentes, grupos étnicos, sexuales y religiosos que odian a la mayoría. Si los héroes del mayo 68 francés fueron las tres M: Marx, Mao y Marcuse, este repite postmorten sin que nadie lo celebre en julio 2023. Francia vivió un levantamiento de antisociales, que viven de los impuestos de ciudadanos, que soportan delincuencia “étnica” cotidiana y cadenas de acciones terroristas. Habitantes de los ghettos son 10% de la población, pero cometen 50% de los delitos. Marcuse argumenta la revolución de delincuentes, aunque la tesis no es original suya y viene del llamado “primer comunista alemán”. El sastre Wilhelm Weitling, proponía organizar “una masa irresistible de desesperados…unos cuarenta mil ladrones y atracadores, maestros de la acción directa…(pues)… los socialistas…consideran perjudicial la forma de gobierno llamada democracia…el pueblo en armas debe alzar la voz y no ir a las urnas puesto que es el dominio de capitalistas, mercaderes, clérigos, abogados, lacayos y otros parásitos…”. Marx expresó su gran admiración: “recordaré los geniales escritos de Weitling, que desde el punto de vista teórico, superan …a Proudhon…”. En España la lucha de clases es de jubilados y trabajadores contra delincuentes, okupas africanos, que sin más arrebatan las viviendas a quienes ahorran toda la vida para tener una y cometen el error de irse el fin de semana a alguna parte. Hasta la revolución marcusiana y la Agenda 2030, la jerarquía de las personas se medía en su historia. La experiencia, el currículum, los títulos, las realizaciones, eran credenciales que fijaban el estatus y el ascenso. La revolución actual es iconoclasta en sentido estricto, pero no se destruyen solo las estatuas, sino las reputaciones y las personalidades. Se cancela lo que alguien escribió antaño, si difiere de la mediocridad de algún cabeza de chorlito de los lobbies, que cuenta con la posibilidad de poner en cuestión toda la cultura. En vez de lo añejo, tenemos lo vintage, envejecimiento inducido desde la óptica posmoderna. Se nos ocurre, aunque sea impreciso, hablar de adolescencia social, una relación alegre con el mundo, sin carga de responsabilidades, propia de las sociedades de consumo y la exacerbación del Estado de Bienestar, hasta la situación suicida de hoy. El pretérito, la cultura, se convierte en un lastre como es típico de las revoluciones, cuyos protagonistas son precisamente los que no tienen pasado.

Los sans culottes en la Francia jacobina, eran el populacho que aplaudía en la guillotina, primero a Luis XVI y después a Robespierre; hoy su papel de saqueadores, violadores, pirómanos, lo desempeñaron los islámicos. Lenin aspiraba a que el “proletariado” ruso barriera con la herencia y creara el prolekult, la cultura proletaria, que aniquilaría los valores burgueses y para dejar clara la distancia que lo separaba de sus creaciones (de la burguesía), se refería a “su Louvre”, “su Notre Dame”, “su Sainte Chapelle”. Las Brigadas Rojas de Mao linchaban a los maestros y profesores por transmitir la cultura dominante y los Jemeres Rojos de Camboya, que además eran niños de doce años, consideraban enemigo a cualquier adulto y ejecutaban por “occidentalizado” a todo aquel que usara lentes o hablara francés. Hoy vemos hordas apoderarse de las calles europeas, de las mujeres para violarlas, de los espacios urbanos para quemarlos, de las vidas para quitarlas. Pero veamos que ocurre en el hasta ahora tenido como modelo universal, Suecia, al extremo de que socialistas y capitalistas lo reivindican como suyo. Es terrible decir que el mito del milagro sueco ha terminado estrepitosamente.

Apenas el año pasado, 2022, lo declaró Magdalena Anderson, cuando aún era primer ministro, con carácter dramático por decirlo una socialista comprometida con la Agenda 2030: que la política de inmigración sueca era un fracaso catastrófico, que en Estocolmo hay sesenta bandas con armamentos de punta (por cierto, vendido por Ucrania). Sostiene que la debilidad de la policía hace a los funcionarios renunciar a sus trabajos y que “vivamos en dos países paralelos”. En 2021 hubo 335 tiroteos y ni en el lejano oeste. Con su saldo de heridos, violaciones y fallecidos, los más altos de Europa, supera 10 a 1 el promedio de Alemania, y Europa del este. En 2019 se cometieron 260 delitos con explosivos, y la mayor tasa europea de crímenes de odio contra homosexuales, por militantes islámicos. La mitad de quienes cumplen sentencias son inmigrantes y al incluir los hijos de inmigrantes, la cantidad llega a 90%. Lo paradójico es que, contra las vaciedades ideológicas de la izquierda, en vez de serlo de la exclusión, los criminales son producto de la inclusión. Reciben grandes masas de recursos de apoyo, especialmente bonificaciones por cada hijo, desde el nacimiento hasta los 16 y 20 años. Ayudas para el pago de alquileres a las familias, facilidades para acceder a viviendas públicas, subsidios directos a quienes solicitan asilo. El efecto perverso es que eso se convierte en un cómodo sistema de vida, desincentiva que busquen trabajo, aprendan la lengua y se incorporen a la sociedad. Se hacen vagos, se ghettizan, (hay un barrio llamado Pequeño Mogadiscio) y nacen las bandas armadas. Estocolmo es la primera capital europea donde se impone la sharia en contra de la legislación normal y las autoridades piensan en usar las fuerzas armadas contra esta perversión.

@CarlosRaulHer

https://www.eluniversal.com/el-universal/161802/marcuse-vintage

El acuerdo anunciado el 26 de noviembre de 2022 se traduce en un avance histórico, tras años de prolongada crisis y confrontación política entre el oficialismo y la oposición. Los negociadores venezolanos firmaron el «Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano», creado para aliviar a millones de venezolanos que sufren las consecuencias de la crisis humanitaria del país, incluidos los 7,7 millones que la ONU estima que necesitan asistencia humanitaria. Atlantic Council hace cinco recomendaciones para avanzar en el Acuerdo

El Atlantic Council, con la firma de Geoff Ramsey e Ignacia Ulloa Peters, publicó este viernes su último informe sobre Venezuela, inherente al Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, firmado entre la Delegación de la Plataforma Unitaria -oposición democrática- y la Delegación del Gobierno de Nicolás Maduro. El «Think Tank«, que se traduce en grupo de expertos que brindan asesoramiento a Venezuela, enumeró cinco recomendaciones básicas para que Venezuela pueda avanzar en este paso tan importante, pero que por ahora aparece estar en «stand by».

El Cooperante tuvo acceso al informe de la organización no partidista. El Atlantic Council destacó que la crisis multifactorial que ha azotado a Venezuela durante los últimos años ha generado una de las mayores y más complejas emergencias en el mundo.

Mediante la implementación de este acuerdo humanitario, Estados Unidos tiene una oportunidad única para abordar el sufrimiento humano sobre el terreno, al tiempo que trabaja para avanzar en una solución política. Si bien la situación en Venezuela puede haber caído de los titulares internacionales en los últimos años, EE .UU. y sus aliados en todo el continente americano, tienen un claro e inquebrantable interés en trabajar para resolver la emergencia humanitaria y política en Venezuela, que ha generado un éxodo de más de siete millones de refugiados y migrantes; y que ha permitido a los rivales geopolíticos de EE .UU. profundizar su influencia.

La comunidad internacional tiene claro que la mejor manera de resolver la crisis de Venezuela es incentivar las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición democrática. Es sabido que los avances no han sido fáciles, ya que desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, han transcurrido cuatro intentos respaldados internacionalmente para fomentar las negociaciones, que han terminado sin avances significativos.

Sin embargo, el último intento es una excepción, estiman los expertos: a diferencia de anteriores intentos de negociación, esta ronda de conversaciones ha dado lugar a acuerdos sustanciales.

Recordó que las negociaciones comenzaron en agosto de 2021, cuando dos delegaciones de nueve miembros que representaban al gobierno de Maduro y a la Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos, se reunieron en Ciudad de México para acordar debatir una ambiciosa agenda para resolver la crisis, que incluía abordar las necesidades humanitarias, la celebración de elecciones libres y justas, el restablecimiento del orden constitucional y la reparación a las víctimas. Desde entonces, las partes han mantenido una comunicación regular entre bastidores, y las negociaciones continúan en Caracas, sirviendo Ciudad de México principalmente como plataforma en la que las delegaciones anuncian los acuerdos finales alcanzados en el proceso.

En este contexto, EE .UU. tiene una oportunidad urgente y es que puede y debe trabajar para revitalizar el proceso de Ciudad de México facilitando la creación de un fondo fiduciario gestionado por Naciones Unidas, cumpliendo un acuerdo de noviembre de 2022 y ayudando a generar confianza entre los negociadores del gobierno y la oposición.

¿Cómo lograrlo?

Recomendación 1: Ayudar a identificar y descongelar los activos venezolanos en el extranjero. Autorizar transferencias directas a agencias de Naciones Unidas

En primera instancia, las partes deben empezar por lo más fácil, ya que esto podría ser la mejor manera de avanzar en la aplicación del Acuerdo Social.

Hay grandes cantidades de dinero en activos congelados en instituciones financieras de todo el mundo que podrían transferirse a los organismos de las Naciones Unidas de manera eficiente y segura. Aunque este planteamiento a corto plazo es una solución rápida para los retrasos que actualmente pesan sobre los organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos, envía un mensaje de apoyo ante los obstáculos de mayor envergadura que se avecinan.

Sin embargo, transferir fondos congelados por valor de 3 000 millones de dólares es exponencialmente más complejo que una transferencia bancaria normal. En primer lugar, hay que localizar cada cuenta y calcular con precisión los fondos que contienen. Aunque tanto el Gobierno de Maduro como la oposición han intentado determinar dónde y cuántos fondos venezolanos han sido congelados por las sanciones, las estimaciones actuales oscilan entre 3 000 y más de 20 000 millones de dólares.

Estiman que las oficinas federales como la Red de Ejecución de Delitos Financieros y otras unidades internacionales de inteligencia financiera pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación de fondos. Al rastrear la estrategia de evasión de sanciones de Maduro, tienen la capacidad de identificar cifras más fiables y localizar fondos más allá de lugares bien conocidos como Portugal, Francia e Inglaterra.

Una vez reconocidas las cifras, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro debería ayudar a las instituciones financieras a reducir el riesgo asociado a la transferencia de fondos congelados mediante la emisión de licencias detalladas y cartas de compatibilidad que garanticen que dichas transacciones no violarán las sanciones estadounidenses.

Sin embargo, las actividades de divulgación de la OFAC deberían ir más allá como medida para evitar el exceso de cumplimiento. Las instituciones financieras que poseen porciones de activos venezolanos responden a los intereses de los accionistas como cualquier otra empresa. En la mayoría de los casos, estos intereses incluyen realizar operaciones bancarias con una institución que no financie regímenes autocráticos. A menos que se comunique adecuadamente, la realización de transferencias de dinero a Venezuela podría generar efectos adversos en las tenencias de los inversores y en la demanda de servicios bancarios por parte de los consumidores debido a una disminución de la confianza pública.

Para evitar este escenario, la OFAC tendría que comprometerse directamente con las autoridades locales para asegurarse de que se hacen eco de la autorización de las transferencias, proporcionando tranquilidad a los accionistas y evitando así preocupaciones de sobrecumplimiento.

Un paso final, y posiblemente difícil, es conseguir que el gobierno de Maduro solicite formalmente los fondos a las Naciones Unidas. Como titular nominal de muchas de estas cuentas bancarias, el gobierno de Maduro tendría que solicitar que el dinero se transfiriera a las agencias de la ONU, incluso después de que dichas transferencias recibieran el visto bueno de los gobiernos estadounidense y local.

Recomendación 2: Establecer y comprometerse con una estrategia unificada y un mensaje conjunto para facilitar la implementación del Acuerdo Humanitario de Venezuela

La implementación exitosa del Acuerdo Humanitario de Venezuela depende enteramente de la coordinación eficiente y ágil de una variedad de actores globales, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos, el Tesoro, las Naciones Unidas, las instituciones financieras, los partidos políticos venezolanos y los países que mantienen fondos congelados.

Si bien la coordinación de todos estos actores podría considerarse uno de los mayores retos para el éxito de la puesta en marcha del Fondo Social, la necesidad de coordinación interna dentro de cada organismo añade una capa de complejidad, ya que la mayoría de estas instituciones siguen discrepando sobre el enfoque correcto de la crisis.

Sólo en Estados Unidos, los puntos de vista opuestos entre las partes interesadas en el Congreso, la Casa Blanca e incluso en el Departamento de Estado han obstaculizado la capacidad de transmitir un frente unido. Así que establecer una estrategia unificada con la que se comprometan todos los actores requiere esfuerzos precisos para asegurar que el mayor número de voces relevantes sean escuchadas e incorporadas al proceso, incluyendo agencias gubernamentales, el Congreso, bancos y actores más pequeños como los venezolanos en la diáspora y las familias de personas detenidas ilegalmente en Venezuela.

Estados Unidos desde su posición única como actor clave, debería encabezar los esfuerzos de coordinación mediante la creación de mecanismos sistematizados para la identificación de fondos, el aseguramiento de instituciones financieras y las solicitudes oficiales de fondos desde dentro de Venezuela.

Una estrategia unificada ofrece múltiples beneficios más allá de las medidas de eficiencia. En primer lugar, ofrece una oportunidad para que la Plataforma Unitaria y la comunidad internacional desarrollen una sólida campaña de comunicación dirigida a educar al público venezolano sobre el fondo y los programas específicos que serían apoyados por el capital entrante. Esta campaña de comunicación no sólo celebraría la creación del fondo, sino que también destacaría la victoria de los negociadores de la oposición en su obtención.

Además, un mayor conocimiento y compromiso con el Acuerdo Social generaría una aceptación crítica por parte de las comunidades locales e internacionales, sobre todo porque el régimen se enfrenta a incentivos para reclamar el crédito exclusivo de los fondos entrantes. Mediante la implementación de una estrategia conjunta y un enfoque de mensajería, la oposición puede generar una aceptación más amplia, demostrando efectivamente su propiedad sobre el proceso de negociación y convenciendo al mismo tiempo a terceros actores de su legitimidad.

Por último, la adopción de esta estrategia ayudaría a avanzar en las negociaciones, pero también pone de relieve las posibles consecuencias de la inacción para el Gobierno de Maduro. Serviría para animarles a perseguir avances políticos, liberar a los presos políticos, entablar un diálogo político, lograr avances democráticos en términos de elecciones y demostrar buena voluntad hacia otros actores relevantes.

Confían en que las demandas planteadas a través de estos canales señalarían el compromiso de la comunidad internacional de apoyar un proceso de negociación creíble y significativo en Venezuela, lo que podría acelerar la implementación del acuerdo antes de su fecha límite.

Recomendación 3: Alentar a las Naciones Unidas a aprovechar su éxito en la gestión de fondos fiduciarios de múltiples donantes para garantizar la transparencia y la supervisión del Fondo de Protección Social.

Las Naciones Unidas son idóneas para supervisar el Fondo Social, ya que desde la controversia sobre el Programa Petróleo por Alimentos, la ONU ha aumentado drásticamente sus normas de transparencia, creando un conjunto de normas y reglamentos financieros para evitar que se repitan la corrupción, la mala gestión de los fondos y los recargos ilegales detectados en todo el programa de Irak.

La parte de Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada del capítulo de Finanzas y Presupuesto de las Naciones Unidas establece un marco para descentralizar la toma de decisiones, alinear las autoridades con las responsabilidades, reforzar la rendición de cuentas y delegar la autoridad de gestión necesaria en los jefes de las entidades para una ejecución eficaz de los mandatos. Del mismo modo, la Planificación, Programación, Presupuestación, Seguimiento y Evaluación (Ppbme) proporciona directrices financieras y presupuestarias para todas las actividades y programas emprendidos por las Naciones Unidas. Los instrumentos utilizados para gestionar con éxito los fondos garantizan la coordinación, la rendición de cuentas y la adecuada utilización de los recursos.

Con estos nuevos reglamentos, la planificación, programación, presupuestación y evaluación se convierten en parte integrante del proceso general de elaboración de políticas y gestión de las Naciones Unidas. La regla 4.2 del Ppbme, en particular, estipula que los objetivos y estrategias de un proyecto deben derivarse de las orientaciones y metas políticas establecidas por los órganos intergubernamentales que reflejen las prioridades de los Estados Miembros.

Esta regulación garantiza la alineación con los mandatos legislativos y mejora la capacidad de respuesta de la organización a los retos globales.

Además, los procedimientos establecidos, los mecanismos de gobernanza, los procesos de concesión de subvenciones y la experiencia de las Naciones Unidas en la gestión de fondos fiduciarios la convierten en una opción fiable para supervisar el Fondo de Protección Social de Venezuela. Los fondos fiduciarios del sistema de las Naciones Unidas se establecen mediante resoluciones de la Asamblea General o del Secretario General y se rigen por reglamentos y normas financieras. La gobernanza de los fondos fiduciarios implica juntas o comités directivos formados por expertos independientes, representantes de organismos de la ONU, países donantes y organizaciones de la sociedad civil. La secretaría de cada fondo, que suele formar parte de un organismo competente de la ONU, se encarga de servicios administrativos como la evaluación de propuestas, la concesión de subvenciones, el desembolso, la supervisión y la evaluación.

A lo largo de los años y con estos nuevos sistemas de regulación financiera, las Naciones Unidas han adquirido una amplia experiencia en la gestión de mecanismos de financiación mancomunada, como los fondos fiduciarios multidonantes (FFDM), que son una modalidad específica utilizada para canalizar las contribuciones de los donantes hacia múltiples entidades ejecutoras de programas específicos de cada país. Ofrecen flexibilidad en los procedimientos de ejecución, minimizando los retrasos y los costes de transacción.

Los fondos fiduciarios multidonantes son gestionados por la Oficina del Fondo Fiduciario Multipartito, administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Oficina del FFGP gestiona actualmente casi 100 mecanismos de financiación mancomunada, que representan más del 95% de todos los fondos canalizados a través de programas administrados por la ONU. Aunque la administración de un fondo fiduciario multimillonario como el previsto en el Acuerdo Social supondría una tarea ingente para el sistema de las Naciones Unidas, se debería animar a la ONU a aprovechar su experiencia actual en la gestión de fondos fiduciarios.

Recomendación 4: Garantizar que las reclamaciones legales válidas de reembolso de los acreedores no impidan la asistencia al pueblo venezolano

Uno de los retos más discutidos de la implementación del Acuerdo Humanitario de Venezuela es el riesgo de que los fondos sean redirigidos a los donantes y acreedores para honrar las obligaciones de deuda existentes.

Si los acreedores presentan reclamaciones contra los fondos que se están transfiriendo, las transacciones en curso se congelan hasta que se resuelva la disputa legal, que a menudo tarda años en resolverse. Si surge una serie de retrasos como este, tendría consecuencias nefastas sobre las medidas que se están tomando para paliar la crisis humanitaria de Venezuela. Mientras que los acreedores deben resolver sus deudas con prontitud, la comunidad internacional necesita establecer vías que salvaguarden el dinero destinado al fondo de Protección Social frente a las obligaciones de la deuda, incluso mediante la creación de fondos fiduciarios.

Las cuentas fiduciarias protegen los fondos de donantes y acreedores garantizando que solo pueda acceder a ellos un mandante, en este caso, las Naciones Unidas. La realidad es que, como organización internacional, la ONU goza de amplias inmunidades que complican las demandas.

Aunque grupos de acreedores como la Comunidad de Acreedores de Venezuela han dado muestras de buena fe al afirmar que no presentarán reclamaciones al Fondo Social, es importante ser proactivos para evitar retrasos en el caso de que se presenten reclamaciones. Las reclamaciones válidas de estos acreedores deben ser atendidas, pero idealmente de una manera que no obstaculice la financiación para fines humanitarios.

Recomendación 5: Garantizar el apoyo internacional coordinado al proceso de negociaciones, reforzando la necesidad de que el gobierno de Maduro alcance acuerdos políticos significativos con la oposición.

En Atlantic Council están convencidos de que Estados Unidos puede hacer más para coordinarse con sus aliados en América Latina y Europa para maximizar el potencial de unas elecciones libres y justas en 2024.

Partiendo de la declaración de clausura de la conferencia internacional sobre Venezuela celebrada el 25 de abril en Bogotá, que puso de relieve un amplio consenso internacional a favor de las negociaciones. La conferencia también concluyó con el compromiso de un número no revelado de países participantes de enviar representantes a Caracas para reunirse con el gobierno, así como con «partidos y sectores de la oposición y la sociedad civil, los resultados de la conferencia para su evaluación y comentarios». Esto crea una oportunidad para que los diplomáticos estadounidenses garanticen la coherencia de los mensajes que se transmiten a los actores políticos venezolanos.

Sugieren que una forma de hacerlo es llevar a cabo una diplomacia activa con aliados clave de toda Europa y América para identificar un sentido compartido de los puntos de referencia necesarios de cara a 2024. La administración Biden debería buscar más compromisos de alto nivel para debatir cuestiones relacionadas con Venezuela, incluso con gobiernos que tienen enfoques diferentes. En los últimos años, gobiernos que van desde las administraciones Petro y Lula en Colombia y Brasil hasta el presidente electo Santiago Peña de Paraguay han comenzado a volver a comprometerse con el gobierno de Maduro directamente después de años de participar en una campaña de aislamiento liderada por Estados Unidos.

La Unión Europea, aunque sigue apoyando el retorno a la democracia en Venezuela, ha comenzado a explorar oportunidades de gas natural en Venezuela dados los cambios en los mercados energéticos tras la invasión rusa de Ucrania.

Consideró que la comunicación con Caracas puede ser estratégica, pero debería reforzar los esfuerzos para presionar a favor de negociaciones que conduzcan a elecciones presidenciales libres y justas en 2024, así como también debería animarse a los gobiernos latinoamericanos y europeos a apoyar al equipo negociador de la oposición en sus deliberaciones con los representantes de Maduro.

Expresar públicamente el apoyo a la implementación oportuna del Acuerdo Social es una forma vital de impulsar la credibilidad del equipo negociador y, en última instancia, de garantizar que Maduro se enfrente al incentivo adecuado para seguir dialogando con los negociadores de la oposición. Desacreditar al equipo o apoyar vías alternativas de negociación puede socavar la autoridad de la oposición, debilitar su posición en la mesa de negociaciones y proporcionar a Maduro un poder de negociación derivado de las alternativas de compromiso.

La comunicación con Caracas puede ser estratégica, pero debe reforzar los esfuerzos para presionar en favor de unas negociaciones que conduzcan a unas elecciones presidenciales libres y justas en 2024.

¿De qué trata el Acuerdo Social?

El acuerdo anunciado el 26 de noviembre de 2022 se traduce en un avance histórico, tras años de prolongada crisis y confrontación política entre el oficialismo y la oposición venezolana.

Los negociadores venezolanos firmaron el «Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano», creado para aliviar a millones de venezolanos que sufren las consecuencias de la crisis humanitaria del país, incluidos los 7,7 millones que la ONU estima que necesitan asistencia humanitaria.

El documento stablece las bases para crear una serie de programas de ayuda humanitaria y al desarrollo financiados con activos venezolanos que han sido congelados en el extranjero por las sanciones financieras de Estados Unidos.

Pese a que en la versión pública del acuerdo no se menciona ninguna cantidad fija, fuentes de la oposición cercanas a las negociaciones afirman que la ejecución completa de los proyectos que se esbozan en anexos no publicados del acuerdo requeriría aproximadamente 3 200 millones de dólares.

Será esta cantidad la que se descongelará y canalizará hacia un fondo fiduciario gestionado por la ONU, denominado «Fondo de Protección Social», que beneficiaría a los venezolanos más necesitados.

En la práctica, sin embargo, el proceso de identificación, descongelación y transferencia de fondos llevará tiempo, por lo que los funcionarios estadounidenses han advertido de que las contribuciones iniciales al fondo serán significativamente menores.

Solicitud de financiación del plan de respuesta humanitaria de la ONU para 2023 frente a las necesidades de financiación estimadas para la plena aplicación del acuerdo social

Los programas humanitarios y de desarrollo se ejecutarían con la participación de organismos de las Naciones Unidas y serían supervisados por dos órganos de nueva creación compuestos por tres representantes cada uno tanto del gobierno como de la oposición. El primero, denominado Mesa de Atención Social, se creó para supervisar los esfuerzos específicos de ayuda, mientras que el segundo, el Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento, se encargó de identificar y evaluar los efectos del sobrecumplimiento de las sanciones estadounidenses en el sistema financiero internacional.

Si bien las sanciones estadounidenses han incluido excepciones para la asistencia humanitaria, los bancos y otras instituciones financieras han sido tradicionalmente reacios al riesgo de hacer negocios en Venezuela desde que se emitieron las primeras sanciones económicas sectoriales en agosto de 2017. Esto ha tenido un impacto documentado en las organizaciones humanitarias en Venezuela, que se han enfrentado a transacciones congeladas, cierres bancarios y otras complicaciones como resultado indirecto de las sanciones.

El texto de cara al público del Acuerdo Social esbozó cinco áreas clave de enfoque para los programas de asistencia, cada una de las cuales está conectada a proyectos específicos que han sido diseñados y acordados por las partes y que se detallan en anexos privados. Estas áreas son:

1. Restaurar el sistema de sanidad pública
2. Rehabilitar la averiada red eléctrica del país
3. Hacer frente a la desnutrición, haciendo hincapié en los niños necesitados
4. Mejorar la infraestructura de la educación pública
5. Socorrer a las víctimas de las recientes inundaciones en el centro de Venezuela.

Estas iniciativas se financiarían con activos venezolanos congelados en el extranjero y se llevarían a cabo con una importante participación de organismos del sistema de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para el Atlantic Council este acuerdo es un paso sin precedentes en el proceso de negociación, que podría ayudar a impulsar el avance de los demás puntos de la agenda de negociación, como los acuerdos electorales y judiciales. Pero el acuerdo también es importante de forma más directa y tangible para la población venezolana en apuros.

Refirió a que para 2023, el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas para Venezuela solicita unos 719 millones de dólares para financiar todas sus actividades humanitarias; entonces, los 3 000 millones de dólares que se han discutido como un Fondo de Protección Social de presupuesto completo representan más de cuatro veces esa cantidad, y el Plan de Respuesta Humanitaria anual de la ONU nunca ha recibido más del 40 % de su financiación.

Afirmó que la magnitud de esta afluencia de fondos humanitarios podría cambiar la vida de quienes sufren la falta de artículos de primera necesidad en Venezuela.

Retraso en la implementación y mensajes contradictorios

En los meses transcurridos desde la firma del Acuerdo Social en noviembre, los avances en la transferencia de fondos o la puesta en marcha de los programas de asistencia han sido lentos. Gran parte del retraso inicial parece deberse a obstáculos burocráticos en el seno de diversas instituciones.

Por un lado, las Naciones Unidas están preocupadas por el riesgo que supone para su reputación la puesta en marcha de un programa que ha suscitado comparaciones con el controvertido Programa Petróleo por Alimentos en Irak, un programa que estuvo plagado de mala gestión y corrupción. Por otra parte, los funcionarios de la ONU quieren garantías de dónde están los fondos, cómo pueden ayudar los Estados Unidos y la comunidad internacional a protegerlos en el proceso de transferencia, y cómo pueden existir dentro del sistema financiero de los Estados Unidos de acuerdo con la normativa financiera interna de las Naciones Unidas.

Por otro lado, también ha habido retrasos por parte de Estados Unidos. En diciembre de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos envió una gestión a las Naciones Unidas en la que señalaba que el Gobierno estadounidense no podía garantizar plenamente que el Fondo de Protección Social pudiera existir en Estados Unidos de forma que quedara protegido de los acreedores con reclamaciones de deuda venezolana. Desde entonces, Estados Unidos ha dado marcha atrás y, en mayo de 2023, la Administración Biden envió una segunda carta a los representantes de las Naciones Unidas, esta vez garantizando que el fondo no sólo podría existir en el sistema financiero estadounidense, sino que estaría protegido de los acreedores para beneficiar al pueblo venezolano. Los funcionarios estadounidenses también han empezado a trabajar con bancos europeos para identificar fondos congelados para el acuerdo.

Entender que la puesta en marcha del fondo llevará tiempo no debería ser una sorpresa. Las partes implicadas en la firma del acuerdo acordaron que el progreso en negociaciones más amplias «no puede ser condicionado, suspendido o retrasado por ningún aspecto derivado de la ejecución del presente acuerdo».

Esto sugiere que las partes reconocieron que la aplicación del Acuerdo Social no sería inmediata. Sin embargo, Estados Unidos y la comunidad internacional deberían buscar proactivamente vías para ayudar a avanzar en su realización.

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