Los jóvenes del PSUV y de la Misión Jóvenes de la Patria son los llamados por el gobierno a promover la idea de una Constituyente en los estados Trujillo[1], Guárico y Apure[2]; en el caso de Mérida[3], la labor fue encomendada al Instituto de la Juventud de Mérida.

Para Elías Jaua, la Constituyente persigue defender los derechos de los jóvenes[4] y en tal sentido, Pedro Infante, del Instituto Nacional del Deporte, invitó a la Juventud a defender y ampliar sus derechos a través de la Asamblea Nacional Constituyente.[5]

¿A qué derechos se refieren Jaua e Infante?

Desde el año 2009 está vigente la Ley Orgánica del Poder Popular para la Juventud, en cuyo texto se garantiza a la juventud el derecho al primer empleo, a una protección especial para la joven embarazada, a una salud integral, a disfrutar de un régimen especial para trabajar y atender los estudios al mismo tiempo, a disfrutar de los beneficios del seguro social, entre otros derechos.

La Ley mencionada expresamente reconoce que son los órganos que ejercen el Poder Público los responsables de diseñar medidas legislativas, judiciales y administrativas que garanticen a los jóvenes el pleno e integral disfrute de sus derechos humanos, políticos, laborales, sociales, económicos, civiles, colectivos, científicos, tecnológicos y culturales. Defender y ampliar los derechos exige que el gobierno reconozca a los jóvenes como sujetos activos del proceso de desarrollo, tal y como lo señala la Constitución vigente o como actores del desarrollo nacional, según la Ley respectiva del 2009.

Para el régimen, atendiendo a la hoja de ruta llamada Plan de la Patria 2013-2019, los jóvenes son reconocidos como sujetos de un proceso de formación para la ética socialista y para una cultura económica productiva socialista. En consecuencia, ha diseñado espacios que sólo pretenden ejercer control político y social sobre los jóvenes por parte del Ejecutivo Nacional.

Si el gobierno tuviera el interés de facilitar a los jóvenes los espacios legalmente establecidos para el ejercicio efectivo del derecho a la participación y así ser actores protagónicos de la política nacional, como señala la Ley respectiva, simplemente hubiera impulsado el Sistema Nacional de Juventud.

En el Plan de la Patria 2013-2019, el régimen se había comprometido a fortalecer los Consejos Populares de Juventud en el ámbito comunal, parroquial, municipal y estadal, que son parte del Sistema Nacional de Juventud; pero en lugar de ello, lo que hizo fue impulsar una Misión Jóvenes de la Patria, creada en 2013, reimpulsada en 2014 y posteriormente en 2015 e inventar, desde el Ejecutivo, un Consejo Presidencial para la Juventud y los Estudiantes.

Hoy los jóvenes, para defender y ampliar sus derechos, deben partir porque reconocen que están formalmente excluidos de todo espacio institucional para la toma de decisiones en los asuntos públicos, es decir, el Estado no les ha garantizado los espacios para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Una invitación a ampliar y defender los derechos a través de una Constituyente representa un gran engaño para los jóvenes, pero además, un gran abuso por parte del régimen que, aprovechándose de la juventud, pretende hacerles creer que agregando normas en una nueva Constitución van a mejorar sus condiciones de vida porque serán más reconocidos.

Ser más reconocidos exige de una institucionalidad que facilite, legalice y legitime su participación en los asuntos públicos, de manera permanente y además responsable. Ello exige que se cumpla con la Ley de 2009 o en su defecto que se reforme la Ley, para lo cual sólo se requiere que la Asamblea Nacional cumpla su función de legislar y en la actualidad, exige que tal labor sea reconocida por los poderes Ejecutivo y el Judicial.

Esos jóvenes del PSUV, que a través de espacios institucionales pretenden impulsar una propuesta que es engañosa, pues sólo persigue imponer un modelo político centralizado y autoritario, deberían asumir la invitación de Elías Jaua y Pedro Infante, a partir de un ejercicio de contraloría social al régimen sobre las políticas juveniles y como sujetos activos del desarrollo promover la reflexión sobre las palabras que el propio Presidente Maduro, les dijo el 5 de junio de 2013 en el marco del lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria, a saber:

“La juventud tiene que ser rebelde contra lo que está mal hecho, tiene que ser crítica contra lo que está mal hecho, tiene que enfrentar la corrupción, señalarla con el dedo, buscarla, desnudarla”[6].

Los jóvenes venezolanos, sin discriminación política, son llamados a ser actores protagónicos del desarrollo nacional. Unos y otros tienen el derecho de disfrutar de su juventud, como lo hacen otros jóvenes del mundo en un ambiente seguro, sano, equilibrado y con las garantías mínimas de protección del Estado.

No hay justificación alguna y menos aún palabras que puedan explicar por qué el Estado no ha podido garantizar la vida de aquellos jóvenes que han muerto en las últimas semanas, por asumir la participación a través de la protesta pacífica, exigiendo condiciones políticas para defender y ampliar sus derechos.

Nuevamente, cuando Jaua e Infante invitan a los jóvenes del PSUV a promover la Constituyente como vía para defender y ampliar sus propios derecho, ¿A cuáles derechos se refieren? ¿A los mismos que han sido desconocidos por el régimen, previstos en la Ley Orgánica del Poder Popular para la Juventud de 2009?

[1] AVN. Jóvenes trujillanos impulsan espacios para debates sobre constituyente. 12 de mayo de 2017. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/j%C3%B3venes-trujillanos-impulsan-espac...

[2] AVN. Jóvenes bolivarianos discutirán sobre la constituyente en Guárico. 05 de mayo de 2017. Online en: http://avn.info.ve/contenido/j%C3%B3venes-bolivarianos-discutir%C3%A1n-s...

[3] Seguridad y Paz Mérida. Juventud revolucionaria merideña impulsa acciones en pro del proceso constituyente. 11 de mayo. Online en:

http://seguridadypaz.merida.gob.ve/wordpress/jovenes-revolucionarios-act...

[4] El pitazo. Elias Jaua invitó a los jóvenes a participar en la constituyente. 17 de mayo de 2017. Online en: https://elpitazo.com/politica/elias-jaua-invito-los-jovenes-participar-l...

[5] Correo del Orinoco. Pedro Infante: La juventud tiene que asumir como suya la constituyente para defender y ampliar sus derechos. 3 de mayo de 2017. Online en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/pedro-infante-la-juventud-tiene-que-a...

[6] Noticias24.com. Maduro lanza Misión jovenes de la patria: “La juventud tiene que enfrentar la corrupción”. 5 de junio 2013. Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/172368/maduro-anuncia-que-la...

Artículo escrito para PolitiKa UCAB mayo 19, 2017

Venezuela se aproxima, aceleradamente, hacia otro parteaguas histórico, distinto de los que ha conocido casi siempre pasada una generación y desde su aurora republicana.

Esta vez trata que su lucha agonal – con costos de vidas, heridos y encarcelados – le permita renacer como nación, como sociedad con textura y más allá de sus partes, comprometida con prácticas políticas ajustadas a la moral, a las leyes universales de la decencia, desaparecidas a lo largo de los últimos 17 años; pero arrebatadas tales leyes y sus frenos desde el instante mismo en que una logia narco-terrorista se apropia del andamiaje del Estado. Impedir la prórroga de ésta y que se frustre la empresa de libertad que guían jóvenes y hasta niños con admiración de sus mayores – la he llamado “revolución de los pantalones cortos” – es un deber inaplazable.

Toda duda, toda omisión, toda falsa discreción o prudencia, incluida la de gobiernos extranjeros que se neutralizan alegando no querer darle aliento a una “guerra civil” en ciernes e imaginaria, pues es, antes bien, represión abierta y criminal – casi genocida – por parte de militares y paramilitares contra ciudadanos quienes protestan en paz al régimen de Nicolás Maduro, expresa complicidad con éste, responsabilidad compartida por los crímenes que a diario se le suman.

No exagero. El milagro de la tecnología digital hoy impide la censura, el ocultamiento dictatorial y la desfiguración de realidades crudas como las señaladas. Nadie puede decirse ajeno o ignorante. Quien no reacciona con indignación ante el oprobio es socio y cooperador activo o pasivo con la vesania que se fragua desde los laboratorios del Palacio de Miraflores y sus ministerios de defensa y del interior; éste último, bajo la dirección de una suerte de Pablo Escobar acusado de ser la cabeza de uno de los cárteles de la droga que ha secuestrado al país.

Los disparos, las torturas, las patadas de guardias nacionales y colectivos criminales organizados por el propio Maduro para sostenerse en pie por sobre el dolor de un pueblo inerme pero corajudo, son verdades palmarias que aceleran los latidos de todas las opiniones públicas en el mundo.

Cada día son más quienes se deslindan del régimen, con valentía que cabe admirar en la hora, pues es más fácil el alineamiento de quienes a él se oponen como víctimas sufrientes que el de otros, como la Fiscal General de la República, que han convivido con la dictadura y mezclado con sus tuétanos, y ahora la abandonan vomitando intoxicados ante los propios y escamados frente a los ajenos.

La responsabilidad de quienes tienen en sus manos las riendas para administrar y ordenar las protestas – es el caso de la Asamblea Nacional, depositaria de la única legitimidad democrática que resta en medio de la total desarticulación del país – y, sobre todo, de darles su propósito final, es más exigentes que nunca. Se requieren acciones concretas, decisiones incluso simbólicas que anuden al conjunto en su rechazo a lo insostenible, a la presencia de Maduro y su mafia criminal en el poder de facto que a todos intenta dominar. Y ello impone un diálogo, pero no con el crimen, jamás con los criminales, sino con ese resto de actores propios y ajenos, sean nacionales o internacionales, quienes desde sus distintas y no pocas veces antagónicas o diferentes posturas puedan darle una pronta salida al mal absoluto que lucha por sobreponerse de forma definitiva, para salvar sus pellejos incluso sobre un río de sangre inocente que va inundando el suelo de la patria doliente.

La Conferencia Episcopal Venezolana y su presidente, monseñor Diego Padrón, han sido contestes al respecto. Si de conversar se trata bien, pero sólo para que se le devuelva al pueblo el ejercicio cabal de su soberanía, se respeten las competencias de la Asamblea, se liberen a los presos políticos, y la ayuda humanitaria restañe las heridas vitales que causan la hambruna y la falta colectiva de medicinas.

El hemisferio y el mundo, a través de sus organismos más calificados – la OEA y la ONU, y la OEA en primer término como lo ha dicho la ONU – ya marca rumbos, pero ellos son, al fin y al cabo, el público o audiencia que ha de estar presente en el teatro de nuestra reconstrucción democrática. Es a los actores, a los venezolanos, con sus narrativas oportunas y ordenadas, como dueños de la trama y su desenlace, a quienes corresponde salir a la escena y llevarla hasta su clímax antes de que cierre con el éxito que todos esperamos. Vivimos un drama. Hemos de evitar que derive en tragedia.

Apenas falta que los ejecutores materiales de la violencia, los soldados, bajen sus armas y adquieran conciencia de que son igual carne de cañón por obra de un gobierno criminal y los generales que los mandan; para que se sumen – como ocurriera en la Alemania comunista – a quienes se esfuerzan en derrumbar los muros de la vergüenza, las paredes que a todos nos han separado siendo hermanos.

Las horas cuentan, las horas pasan.

correoaustral@gmail.com

http://www.analitica.com/opinion/cuenta-regresiva-4/

Con voz propia

A la intención fraudulenta de aprobar a “como de lugar” la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la dictadura castrense recurre al abuso criminal de las autoridades policiales y militares que usurpan el nombre del Libertador, al adoptar la denominación de Bolivariana. Incrementan la represión con el método de las crueles torturas para lograr confesiones amañadas y más recientemente el uso de tribunales militares para procesar a civiles.

Deplorable denuncia formuló el abogado Luis Betancourt, coordinador del Foro Penal en Carabobo (estado gobernado por un militar): “De 40 detenidos, 37 denunciaron que los golpearon, les raparon el cabello, uno dijo que le apagaron un cigarro en el brazo; y de ese grupo, 15 denunciaron que les obligaron a comer pasta con monte y excremento. Ellos contaron al juez militar que los funcionarios les ponían el polvillo de la bomba lacrimógena en la nariz para obligarlos a abrir la boca y entonces les metían la pasta con excrementos y los hacían tragar”.

Laura Valbuena, del Foro Penal Zulia, también confirmó malos tratos en esa entidad: “8 de los detenidos en Villa del Rosario, llevados a la justicia militar, denunciaron que los funcionarios les rociaban el rostro con un polvo blanco que les ardía y picaba la piel, y los amenazaban con meterlos a la cárcel”.

Otros 8 jóvenes detenidos en Sucre, también llevados ante un juez militar, denunciaron maltratos. “Nos echaron pica pica en la cara, y al que no se dejó los guardias le cayeron a golpes y patadas. Nos amenazaban con que nos matarían”, contó Ramón Castro, uno de los detenidos.

La ONG Funpaz denunció el caso de Samir Rojas Balbuena, detenido en Barquisimeto, y llevado a la justicia ordinaria. “Permanece esposado, recibe tratos crueles, inhumanos y degradantes en el destacamento 121 de Lara”.

“Los aprehendidos fueron llevados al interior de la compañía, ahí uno de ellos defecó y un uniformado hizo la mezcla para torturarlos”.

En su empeño en consolidar el poderío militar en el autoritario régimen de NM ordenó una constituyente militar en la FAN, NM cita al Almirante Remigio Ceballos Ichazo, jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada para reemplazar a la Fiscal General Luisa Ortega. El alto oficial, denunciado de corrupción dijo que participarán en Constituyente militar para fortalecer la seguridad de la nación.

Oportuno es señalar que OEA sesionará sobre caso Venezuela el 31 de mayo. La propuesta de México, fue aceptada por 18: Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos: uno solo votó en contra: Nicaragua. Se abstuvieron 13: Haití, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Bolivia, Costa Rica, Dominica, Ecuador y El Salvador.

Ausentes Granada y Venezuela, que dejó por tercera vez consecutiva su asiento vacío.

Las 14 delegaciones promotoras de la reunión lograron apoyo de 4 -Jamaica, Guyana, Bahamas, Barbados- de los 8 que a veces se han desmarcado de Caracas (Bahamas, Belice, Barbados, Jamaica, Santa Lucía, Guyana, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago).

De la bestial actuación militar ya está en cuenta la OEA.

“Las Fuerzas Armadas no pueden seguir matando y torturando gente impunemente. El asesinato y la tortura por motivos políticos, por pensar diferente, es Crimen de Lesa Humanidad, delito internacional”, afirmó en comunicado sobre Venezuela.

Al MARGEN. Foro Penal Venezolano, informó detención de 65 oficiales de diferentes fuerzas e indicó que hay otro grupo recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

jordanalberto18@yahoo.

Los jóvenes venezolanos nacidos y desarrollados en la democracia del siglo XX tuvimos libertad para decidir la orientación política de nuestra preferencia, resultando en que de esas generaciones hoy tenemos simpatizantes y militantes de una variada gama de partidos políticos tales como Acción Democrática, Copei, Partido Comunista de Venezuela, Unión Republicana Democrática, Movimiento Electoral del Pueblo, Movimiento al Socialismo, Causa R, entre otros.

Muchos de quienes participaron en el PCV y otros movimientos de los denominados de tendencia izquierdista, se adoctrinaron y creyeron que cosas como la URSS, Europa Oriental, Cuba, Fidel y el Che Guevara, eran buenas, porque así se lo hicieron creer ya que solo las veían desde lejos. Un buen grupo de ellos sigue creyendo en lo mismo a pesar que la URSS ya no existe, los países de Europa Oriental ya no son comunistas como antes, Fidel desapareció pero previamente y según algunos expertos parece ser que envió al Che Guevara a su destino final cuando ya no era útil para su revolución, y Cuba se ha degradado social y económicamente desde que triunfó ese movimiento popular. Siguen creyendo y buscan justificación a su pensamiento a pesar de haber sido testigos a distancia, por ejemplo, que los cubanos prefieren morir en el mar lanzándose a la aventura de llegar a Florida en rústicas y frágiles embarcaciones y los alemanes que quedaron del lado oriental exponían sus vidas tratando de cruzar la frontera hacia la libertad que se vivía del lado occidental, antes que permanecer viviendo en esos infiernos, donde no se respeta nada ni a nadie que piense de manera diferente y donde se tortura y hasta se asesina sin piedad a los opositores como lo demostraba el Che, donde no hay independencia de poderes y por lo tanto el destino de todo lo deciden el dictador y su séquito sin ningún tipo de limitación jurídica.

En Venezuela, algunos han abandonado al gobierno socialista del siglo XXI aceptando su fracaso, pero otros, los que tienen más ambición material y de poder que convicción de su pensamiento político y moral, y han llegado a acumular una inmensa y fraudulenta riqueza o han cometido demasiados desmanes contra los ciudadanos y las propiedades, continúan en el gobierno, enchufados como han sido denominados popularmente, y mantienen en esa posición a la mayor parte de sus familias. Pero han perdido el apoyo de los ciudadanos, pobres y ricos, ya que éstos han sido testigos de todos estos desbarajustes que han conducido a la miseria, a la hambruna crónica, a la muerte por falta de atención hospitalaria debido a escasez de recursos, a la ausencia o pésima calidad de los servicios básicos, en fin, a una increíble pobreza en un país inmensamente rico.

A los jóvenes venezolanos que han crecido y se han desarrollado con la única vivencia del socialismo del siglo XXI y creen que es bueno, no se les puede poner como ejemplos a la Unión Soviética o el muro de Berlín, ni la realidad cubana a menos que visiten y convivan con el pueblo cubano, pero deberían revisar sus fanatismos al ver los desastres que realiza el gobierno contra la vida y las propiedades de los ciudadanos, especialmente en estos días tristes de abril y mayo del año en curso. Algunos han cambiado su manera de pensar y de actuar, pero otros se han dejado convencer de que esos desastres son buenos, que se realizan dentro de la constitución, que sus respuestas agresivas se deben a que quieren darle un golpe de Estado a este Estado forajido, y como no tienen mayores puntos de comparación, siguen creyendo que estos gobernantes, quienes sí son el producto de un golpe de Estado, son demócratas y quieren el bienestar de la población. No se dan cuenta que los gobernantes controlan todo, disponen de todo y se apoderan de todo, y como consecuencia de su incapacidad para gobernar y de sus habilidades para delinquir han arruinado al país, pero todos sus fracasos se los achacan a una supuesta guerra económica, orquestada y dirigida desde la oposición con apoyo del imperio norteamericano.

Hace pocos días me embargó una enorme tristeza porque un joven sobrino, recién graduado de abogado, escribió en las redes justificando nuestra pobreza y miseria con la existencia de la famosa guerra económica, todo debido quizás a que es un enchufado más. Así como él, existen otros familiares nuestros y familiares de algunos amigos que andan en la misma onda, y al justificar estas barbaridades no creo que puedan dormir tranquilos. A ellos les voy a exponer un ejemplo nuestro, que muestra el respeto a la constitución, a la vida, a la decencia por parte de un gobierno democrático y el irrespeto por parte de un gobierno autoritario, forajido, tramposo:

Cuando Hugo Chávez fue apresado, junto a otros militares que dieron un golpe de Estado contra un gobierno de elección popular y que actuaba dentro de las normas de convivencia que dicta nuestra constitución, donde había separación de poderes; fue enjuiciado y enviado a una prisión especial, no por razones de seguridad si no porque se trataba de un privado de libertad por causas muy especiales y muy graves. A pesar de la gravedad de su delito, por haber intentado derrocar un gobierno democrático causando la muerte de muchos ciudadanos venezolanos, fue tratado respetando sus derechos humanos. Disfrutaba de una vida confortable y lo único que le faltaba era poder salir a la calle. Lo visitaban sus amigos y admiradores pasando momentos de alegría compartiendo sus emociones y, posiblemente conspirando, ya que no se esperaban que el reo, además, iba a ser beneficiado con un increíble indulto. Como prueba de esto, recientemente ha circulado una fotografía de esa situación, mostrando en su reclusión a un reído Chávez, rodeado por su esposa y sus alegres amigos tales como Tarek William Saab, Luisa Ortega Díaz, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Freddy Bernal y otros, que hoy han llegado a ocupar posiciones insospechadas en el gobierno venezolano.

Veamos la otra cara de la moneda. Leopoldo López se entregó a la justicia luego de dictársele auto de detención, se hicieron arreglos ilegales para enjuiciarlo, se le acusó de falsos delitos sin pruebas, con testigos fantasmas, se dictó sentencia totalmente irregular, se envió a una cárcel donde disfruta de lo mínimo para sobrevivir, donde es torturado físicamente y emocionalmente, donde no se le permite visitas ni siquiera de sus familiares más cercanos si no cuando a los cancerberos les provoca; es decir, se violan todos los derechos humanos de una persona injustamente e ilegalmente privada de su libertad. Esto que ocurre con Leopoldo López también lo hacen con otros detenidos de carácter político, igualmente sin considerar las etapas reglamentarias para arrestarlos y sentenciarlos, los cuales en su mayoría son salvajemente torturados como ha ocurrido en los peores regímenes comunistas y fascistas que han existido en la historia de la humanidad.

Jóvenes, creo que es momento de revisar sus actuaciones y ver el ejemplo de infinidad de jóvenes que representan una gran mayoría de esas generaciones que denominan X y Y, de unírseles para que en conjunto puedan aspirar a un verdadero futuro de desarrollo y de decencia.

Mayo 2017

pedroraulsolorzano@yahoo.com

www.pedroraulsolorzanoperaza.blogspot.com

Apreciación de la situación política #107

La situación del país es cada vez más confusa y la anhelada solución final, que debería pasar por un cambio de gobierno de acuerdo a lo que reflejan las últimas mediciones de opinión, parece más confusa aún. Los únicos que parecieran estar seguro de que hacer son los regentes del régimen: mantenerse en el poder como sea, o por lo menos, el tiempo que puedan.

Y, para mantenerse en el poder, la convocatoria constituyente fraudulenta del jefe parece ser la excusa perfecta para hacer tiempo y evitar unas elecciones que a todas luces perderían; no les importa el costo político, ya eso parece también que no les importa, ni las condenas internacionales que todos los días les llegan por todos los medios audiovisuales disponibles. Las nuevas acusaciones del gobierno norteamericano poniendo en sus listas de solicitados por la justicia a todos los miembros de la sala constitucional, es un motivo más para aferrarse al poder como sea. Bajo estas perspectivas no se puede esperar ningún tipo de medida por parte del gobierno para aliviar la crisis.

Por parte de la oposición, mantenerse en la calle sigue siendo la consigna. Sin embargo, la intensidad de las manifestaciones y la interpretación del llamado a la desobediencia o resistencia civil tiene variadas interpretaciones y matices a nivel nacional. En los andes y en el Táchira específicamente y de acuerdo a lo que se publica en las redes sociales, los enfrentamientos tienen características violentas entre los manifestantes y las fuerzas del orden público, que parecen insuficientes, al punto que, el ministro de la defensa debió anunciar un contingente importante para restablecer el orden en ese estado. En las capitales de Lara, Zulia, Miranda y Carabobo, el enfrentamiento ha tenido también mucha intensidad, pero no se han extendido a otras ciudades o pueblos, mientras que, en Aragua, tanto en Maracay, Cagua y El Limón la represión ha sido mínima, incluso las dos veces que se ha tomado la ARC.

En la capital, los enfrentamientos son los más noticiosos y es evidente que la GNB y la PNB han actuado con excesiva violencia contra los manifestantes, pero al final de la tarde los manifestantes se retiran y no continúan otras acciones como parece que pasa en el Táchira y Mérida, por ejemplo.

Pero este tipo de demostraciones tienden a anarquizarse y, desde el punto de vista del accionar conjunto para lograr el objetivo final, no pareciera estar dando los resultados esperados. La anarquía incluye voces que proponen un paro o plantón indefinido hasta que se vaya el gobierno, hasta propiciadores de una guerra civil. No faltará mucho para los que comiencen a anunciar la marcha final a Miraflores, con todo lo que eso pueda significar. En este punto, los dirigentes de la oposición deben hacer un alto (que es perfectamente válido) para reevaluar sus acciones en la calle y darle un nuevo contenido ya que el desgaste, los fallecidos, los heridos y detenidos pueden comenzar a tener consecuencias adversas, especialmente cuando el nivel de las expectativas de cambio no se ha cumplido.

Aunque los manifestantes no quieren saber nada de negociaciones, la oposición democrática debe saber, y conocer, que la historia ilustra que la salida final a estas crisis es la negociación, y para eso debe estar preparada.

@lesterllopezo

Desde el 29 de abril, durante dos semanas he publicado sendos artículos con relación a la necesidad de tender puentes hacia la “élite” del régimen dictatorial que nos gobierna para lograr que abandonen el poder al menor costo posible en sufrimientos y vidas humanas; y lo de vidas humanas no es un recurso retórico, todos conocemos, sufrimos y lamentamos la irrecuperable perdida de jóvenes venezolanos, asesinados en el último mes y medio.

El objetivo de ambos artículos era contribuir a la discusión, incipiente en ese momento, sobre el punto de la necesidad de negociar una salida con el actual gobierno que permita una transición sin más derramamientos de sangre. En las tres últimas semanas, desde que publiqué el primer artículo, ya son varios los que han opinado y se han referido al tema, varios analistas y algunos dirigentes políticos y diputados. Creo que el tema de una “negociación” ya está menos satanizado, aunque todavía hay algunos que no sé cómo se imaginan que se va a producir una salida a todo lo que estamos viviendo, como no sea a través de algún tipo de negociación, que implique ceder de parte y parte.

No se requiere de mucha imaginación para entender que las solicitudes de la oposición democrática que han animado las protestas de las últimas semanas (Fijación de un cronograma electoral, devolución de las atribuciones de la Asamblea Nacional, libertad de los presos políticos y apertura de un canal humanitario para socorrer a la población venezolana) conducen al fin del llamado socialismo del siglo XXI y a la salida del poder del actual régimen de una manera inexorable.

A esas razones, que ya eran suficientes, hay que agregar lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, en las cuales se ha hecho evidente la violación de otros derechos ciudadanos y humanos fundamentales, como el derecho a manifestar y la libertad de expresión, al no permitir manifestaciones y reprimirlas brutalmente; el derecho al debido proceso, al detener ilegalmente manifestantes y mantenerlos encarcelados, sin las debidas ordenes y procesos judiciales; el derecho a la vida, al reprimir brutal e inconstitucionalmente las protestas con un saldo de vidas humanas, heridos y lesionados.

De acuerdo a las encuestas y lo que hemos visto en las calles durante el último mes y medio, parece ser, además, el sentir y exigencia de la mayoría del país el que se encuentre lo antes posible una fórmula para salir de este gobierno, de este régimen dictatorial, que ha perdido toda legitimidad y se restituya el estado de derecho, el régimen de libertades y la democracia en nuestro país.

En otras palabras, lograr los objetivos que la oposición se ha trazado en este proceso de protestas y manifestaciones, implica concluir en un proceso de negociación, en el que se acuerden las formulas y condiciones para que la transición ocurra. Y esa negociación obviamente debe tomar en cuenta las fortalezas, debilidades y limitaciones de las partes en conflicto.

Esta negociación final, en el sentido de que ponga fin al conflicto y obligue a la salida del régimen del poder, a su renuncia, y ceder el paso a un proceso de transición, no es algo trivial y debemos estar preparados para su complejidad.

Vamos a estar claros en que la oposición carece de la fuerza física para obligar al régimen a ceder. Será una conjunción de presiones internas y externas las que convencerán a los personeros del actual régimen que su mejor opción es abandonar el poder, y para algunos de ellos, que están en posiciones de poder muy importantes, esta decisión no es sencilla.

Probablemente para el Presidente Nicolás Maduro y su entorno más íntimo, llegar a esa conclusión es más fácil que para algunos de sus “colaboradores inmediatos”, incluidos en esa categoría algunos miembros del gabinete, la Asamblea Nacional y la FAN. Algunos de esos “colaboradores inmediatos” del régimen de Maduro, sin contar con los delitos internos que puedan haber cometido, violación de derechos humanos o actos de corrupción, están acusados de narcotráfico a nivel internacional, por lo que, a estos últimos les va a ser mucho más complejo lograr alguna “garantía” o “inmunidad” que les permita dejar el gobierno. Esos se plantearán luchar hasta el final para mantener el poder.

La estrategia opositora, por tanto, debe ser aislar al grupo de esos “colaboradores inmediatos” de los demás funcionarios gubernamentales, hacerles entender a los segundos que para ellos hay una salida, una posibilidad de continuar en el país y hasta seguir con sus actividades políticas, pues si bien se pudieran considerar participes de políticas gubernamentales que han causado daños al país, al menos no son cómplices de haber cometido delitos graves contra los derechos humanos o actos de corrupción por los cuales deban pagar y mucho menos están incursos en delitos de narcotráfico, por los que puedan ser perseguidos internacionalmente.

Hace varias semanas propuse una alternativa: Que la AN sesione y de emergencia apruebe una nueva Ley de Amnistía, favoreciendo a los inhabilitados y presos políticos, e incluya a los funcionarios del actual gobierno no incursos en faltas graves. (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2017/04/15/tres-propuestas-polemicas-para-una-salida-2/)

Esta nueva ley debe delimitar muy bien –como hizo la anterior, la de marzo de 2016, que fue declarada inconstitucional por el TSJ– los hechos respecto de los cuales aplicará la amnistía; en ese sentido creo que debe ser clara en incluir las inhabilitaciones dictadas ilegalmente por la Contraloría General de la Republica y así mismo debe abarcar también algunos delitos cometidos por funcionarios del Gobierno desde 1999, obviamente excluyendo los de narcotráfico y contra los derechos humanos.

Este tipo de amnistías, que abarque a funcionarios del actual Gobierno, no es algo original ni osado, ni estoy diciendo nada que no hayan dicho otros o que no haya pasado en otros países del mundo con largas y cruentas dictaduras, a cuyos personeros importantes –incluidos los propios y sanguinarios dictadores– se les concedió amnistía o se les dio garantías de que sus vidas y las de sus familias no correrían peligro siempre que estuvieran dispuestos a dejar el poder.

Creo que estamos en el momento de empezar a considerar a fondo este tema de la amnistía, de ofrecer garantías a los funcionarios del actual gobierno y comenzar a poner sobre la mesa fórmulas que le ahorren sufrimientos al país, violencia, destrucción, y evitar se siga derramando valiosa sangre inocente y familias enlutadas en el dolor y la desesperanza.

Esta vía es la única que permitirá construir la Venezuela de todos sobre la fuerza de la épica ciudadana desplegada durante las últimas semanas, que nos hará crecer como sociedad y forjar el futuro de progreso y bienestar que merecemos, por el que hemos luchado y han muerto tantos jóvenes.

@Ismael_Perez

El comentario de la semana

El sufrimiento de las personas para conseguir el tratamiento de sus enfermedades, o las de sus familiares, es ilimitado. Al ir a cualquier farmacia se puede constatar que “no hay” es la respuesta habitual que encuentran las personas al solicitar medicinas, y la cara de preocupación refleja que saben la consecuencia de no tratarse. Es harto conocido que la vida de los enfermos está comprometida sin tratamiento, por producir discapacidades, deteriorar la calidad de la vida y/o la acortarla. Que no se consigan las medicinas y mueran personas es una verdad del tamaño del cielo, una tragedia y un crimen.

Garantizar el acceso a los medicamentos de los ciudadanos es una función vital de los gobiernos en las sociedades modernas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza la vida y el acceso a los medicamentos. En el artículo 2 establece que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida,…”; el artículo 83 reza: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida…”; mientras que el artículo 84 instituye que: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, (…) garantizando tratamiento oportuno…”. El derecho a la vida, también está consagrado en pactos internacionales suscritos por las autoridades e incluidos en nuestra Carta Magna.

Según esa ley madre el Poder Ejecutivo es el responsable para que esta garantía se haga realidad, es decir, el gobierno nacional; la tarea de hacer que ese derecho humano se cumpla, es de la Defensoría del Pueblo; mientras que los que deben investigar, demostrar que se incumple y acusar a los violadores del incumplimiento de tal deber es la Fiscalía y en última instancia quien debe sancionar a los causantes del sufrimiento actual es el Poder Judicial.

Pero llama la atención el silencio y la inacción de las personas que detentan esos cargos ante una situación pública, notoria y noticiosa, tan grave que resulta criminal. Peor aún, el nuevo Ministro de Salud afirmó ante las cámaras de televisión que no había escases de medicinas, y por lo tanto no se requiere ayuda humanitaria. Hay que ser ciego e inhumano para hacer tal afirmación.

En el caso del Defensor del Pueblo, Aragua En Red acudió hace un año a la delegación en nuestra entidad federal y solicitó formalmente, por escrito, que se activara por lo alarmante de la escasez. Nada ha ocurrido. Acudiremos nuevamente ante esta institución del Estado que tiene el deber de obligar al ejecutivo de garantizar el derecho humano más preciado, nada más y nada menos que la vida.