Tras reflexionarlo, creo que no debo callar en esta ocasión, pero algunos personajes públicos quizás sí deberían hacerlo por el bien que dicen buscar.

Este libro, el más reciente del autor, se trata de una compilación de artículos y otros escritos políticos que, en su mayoría, publicó en el lapso de una década (2012-2022), advirtiendo que la obra no es un “cajón de sastre.” No es un montón variado y desordenado de textos, pues los reunidos poseen cierto carácter común – en cuanto a temática e intencionalidad, a perspectiva y argumentación, a emocionalidad y moralidad – lo que permite ofrecerlos como un libro orgánico. O casi. Su hilo conductor más general, filosófico si se quiere, es una visión de la sociedad que podría llamar humanismo liberal y cívico.

La vida de cada uno es encontrarse en medio de una circunstancia y tener que estar haciendo siempre algo para sostenerse en la existencia, escribió Ortega y Gasset. Resumió sus ideas en potentes frases, como: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo.” Pues bien, el autor piensa que “mi vida soy yo y Venezuela, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Por ello, necesita alguna claridad sobre su circunstancia y sobre qué hacer en ella. En este libro compila parte de su búsqueda.

Casanova ha agrupado los textos en función de una idea clave: saber colocarnos vitalmente, en forma alternada, en dos “modos”. El modo rebeldía que, fundado en la dignidad que cada uno reconoce en sí mismo y en los otros, y que exige sea respetada por todos, nos debe conducir a persistir, con creatividad y coraje, en el enfrentamiento a la dictadura. El modo transformación que, orientado a dar forma a un orden social de libertad, prosperidad y solidaridad, nos debe impulsar a encontrar las mejores ideas y soluciones, y a ponerlas en práctica en cualquier contexto y en nuestras propias vidas, sobre todo, cuando hayamos acabado con la usurpación.

Dos temas destacan en los escritos aquí incluidos. El primero, asociado al modo rebeldía, es el problema de coordinación, problema que los sectores democráticos solo han podido resolver, ocasionalmente, en forma frágil y efímera. El segundo, relativo al modo transformación, es la creación de un centro político, necesario para alcanzar y adelantar los acuerdos que nos permitan enfrentar el desafío de dar forma a un nuevo orden político y económico.

Todos somos protagonistas de la historia venezolana y hemos ido aprendiendo que solo merecen la libertad los pueblos que están dispuestos a defenderla. Una invitación aparece reiteradamente en esta obra: elijamos la esperanza creadora.

El libro se adjunta como archivo anexo a esta breve presentación, elaborada con expresiones propias de su autor, Roberto Casanova.

1. Que los opositores nos mantengamos divididos es una situación ideal para la dictadura. Que, a pesar de compartir el objetivo último, acabar con el régimen chavista, nos hallamos fraccionado entre quienes esperan por una intervención extranjera, quienes apuestan a una salida electoral y quienes pretenden presionar al régimen hasta su quiebre, es algo que la dictadura promueve sin descanso. (Dentro de las fracciones opositoras no incluyo al grupo que mantiene un supuesto diálogo con el régimen pues al sumarse a esa iniciativa embaucadora dejaron de ser opositores para convertirse en colaboracionistas). Mientras eso ocurre la mayoría de los ciudadanos solo piensa en cómo sobrevivir, cómo acomodarse, cómo emigrar.

2. Sin unidad opositora no habrá democracia. Por eso no debemos renunciar a la creación de puentes entre nosotros. Al respecto, un artículo reciente de Carlos Blanco, titulado «Si es la fuerza, ¿cómo?», me parece una buena oportunidad para plantear algunas ideas[1]. En ese texto, breve pero sustancioso, Carlos sintetiza su opinión sobre la manera de acabar con la dictadura. Critica, para empezar, a quienes proponen participar en elecciones bajo dictadura. Hacerlo sería, en su opinión, simple entrega o negociación acomodaticia. La opción realista y válida sería el uso de la fuerza. Por fuerza entiende una «combinación de medidas de carácter cívico –incluidas formas no violentas–, con desobediencia militar, con presión internacional política, diplomática y militar.» Con tal definición toma distancia, aunque no lo diga, de quienes se limitan a proponer o a esperar una intervención armada extranjera. El desafío es, según Carlos, construir la fuerza necesaria para desalojar a la dictadura del poder, algo distinto a fuerza electoral. Esa fuerza –no electoral, repito–, ejercida con inteligencia estratégica, podría quebrar al régimen. Para esto se requeriría de un liderazgo capaz de alinear a todos los factores relevantes, sin subordinarse a ninguno de ellos, especialmente a Estados Unidos.

3. Paso ahora a realizar un ejercicio de acercamiento entre posiciones. Asumo la premisa de que el objetivo central de quienes las promueven es el mismo –la salida del dictador– y que la discrepancia entre ellas se ha referido y sigue refiriéndose a las estrategias sobre cómo lograrlo. Podrá objetarse, con razón, que no toda la dirigencia opositora busca realmente la caída de Maduro y que unidad no debe ser equivalente a unanimidad. Asimismo podrá argumentarse correctamente que los demócratas venezolanos nos enfrentamos a una compleja y corrupta red política y económica de carácter internacional y no a una simple dictadura. Son precisiones que resultan muy relevantes pero que no invalidan, creo, lo que plantearé.

4. Coincido con la tesis del uso de la fuerza, tal como la presenta Carlos. Fuerza no es sinónimo de violencia ni de amenaza de su uso, aunque no las excluye. Pero, me pregunto, ¿no es esto lo que ha llamado Guaidó creación de capacidades? Y si no lo fuese ¿hay acaso una brecha insalvable entre ambos planteamientos?

5. No estoy de acuerdo, por otra parte, con descalificar a toda participación electoral como algo que se acuerde «al lado de un fruit punch en una deliciosa playa de Barbados», como afirma irónicamente Carlos. Participar de cualquier modo podría ser, efectivamente, simple cohabitación. Pero participar en elecciones, con el objetivo real de acabar con la dictadura es otra cosa.

6. Pienso, pues, que estar de acuerdo con el uso de la fuerza y, al mismo tiempo, considerar la participación en elecciones no es contradictorio. En efecto, el uso de la fuerza no electoral puede encontrar en una coyuntura electoral una circunstancia propicia. Puede ser, para decirlo brevemente, una legítima emboscada democrática. Se que no lo hemos logrado antes. Se, también, que el poder electoral es ilegítimo. Se, además, que la dictadura intentará, de nuevo, robarse las elecciones si anticipase una derrota. Pero precisamente porque hemos aprendido y porque sabemos cómo actuaría la dictadura es que tendría sentido plantearse esta nueva batalla.

7. La dictadura también sabe todo esto y, sin embargo, se prepara para unas elecciones parlamentarias. No cabe duda alguna, insisto, que, de ser necesario, cometerá un nuevo fraude. Pero tal vez no tenga que hacerlo. Unas elecciones, tal como están las cosas ahora en el mundo opositor, ahondarían nuestras divergencias, interna y externamente. La dictadura, contando con nuestra desmovilización, nuestra desunión y nuestra emigración, podría hacer algunas concesiones para ganar algo de legitimidad. Tal vez ni siquiera necesite hacer trampa para obtener la victoria. Intentaría conseguir así lo que tanto requiere: una Asamblea Nacional chavista que le sirva para destrancar la situación en la que las sanciones internacionales la han colocado.

8. Un evento electoral en dictadura no se enfrenta con una campaña tradicional. Es preciso concentrar toda la fuerza opositora –electoral y no electoral– en ese encuentro ante el adversario. No es cuestión de exigir condiciones para participar pues ello supone depender de lo que la dictadura decida o no hacer. Nuestra creatividad política nos debe servir para pasar a la ofensiva y acometer iniciativas propias. ¿No podríamos, por ejemplo, partidos y ciudadanos, en cumplimiento de la obligación de restablecer la Constitución, organizar en el extranjero los futuros eventos electorales? La experiencia del 16J del 2017, la existencia de embajadores democráticos y el apoyo de numerosos gobiernos le darían factibilidad a una jugada como esa.

9. La meta no debe ser, en todo caso, que Maduro acepte un resultado desfavorable para él sino que los militares lo hagan. En este punto surge, naturalmente, la referencia a la reciente experiencia de Bolivia. Cualquier comparación, sin embargo, debe considerar las diferencias entre las fuerzas armadas venezolanas y las de ese país. La dictadura venezolana es, entre otras cosas, una dictadura militar. Es de esperar, por tanto, que las fuerzas armadas actúen como corporación y eviten un enfrentamiento entre ellos. ¿Por qué los militares aceptarían entonces quitar su apoyo a Maduro? Porque un cálculo utilitario les haría ver que es su mejor opción. En ese caso, incluso la dictadura cubana tendría que negociar la salida del dictador.

10. En Venezuela existen hoy tres ámbitos de negociaciones decisivas y todas ellas se refieren a la esfera militar. Es lamentable que así sea pero hay que ser realista en esta materia. Los militares negocian con la élite izquierdista en el poder, negocian con los factores opositores, interna y externamente, y negocian entre ellos mismos. Hasta ahora ha sido la élite madurista la que lo ha hecho mejor. Un artículo de Pedro Benítez, llamado «Esto pasa en Venezuela: Maduro desconfía de los militares y los militares desconfían de Guaidó», arroja importantes pistas sobre el asunto[2]. De cualquier modo, toda futura elección pondrá en alerta al mundo militar. Éste deberá sacar de nuevo sus cuentas antes de decidir apoyar, otra vez, un fraude electoral que tendría que ser enorme si la participación opositora es masiva. Que la oposición, con el apoyo internacional, ejerza la máxima presión posible en esas circunstancias tiene pleno sentido. Hablo pues de una conjunción de fuerza electoral y fuerza no electoral en una coyuntura propicia.

11. No me resigno, en definitiva, a que el encono y la desconfianza que han surgido entre los opositores nos impidan acordar y ejecutar una estrategia conjunta. Sería terrible que, como consecuencia de ello, no acumulásemos la fuerza necesaria para fracturar al régimen y que, siendo innegable mayoría, divididos y desmovilizados, tampoco pudiésemos ganar futuras elecciones.

12. Es mucho lo que los ciudadanos comunes podemos hacer en estos tiempos de desaliento y confusión. Primero, ser parte de la fuerza no electoral a la que me he referido pero también, eventualmente, de una fuerza electoral. Segundo, ser, dentro del ámbito de influencia de cada quien, factores de integración y concordia. Tercero, aprender a administrar nuestras expectativas para evitar frustraciones. Cuarto, exigir a nuestros líderes que acuerden una estrategia única. Quinto, aceptar que la información que manejamos es limitada (sobre todo la relativa a la esfera militar) y no juzgar, por tanto, de manera tan categórica como a veces hacemos, las acciones de nuestros líderes.

Que todo esto ocurra es uno de mis deseos para esta Navidad. Es también, seguramente, el deseo de muchos compatriotas.

[1] https://www.noticierodigital.com/2019/12/si-es-la-fuerza-como/

[2]http://www.digaloahidigital.com/articulo/esto-pasa-en-venezuela-maduro-d...

@roca023

http://www.ideasdebabel.com/a-proposito-de-un-articulo-de-carlos-blanco-reunificacion-opositora

La crisis venezolana conducirá, eventualmente, a un significativo cambio político. El actual orden desaparecerá y un nuevo orden surgirá. Este cambio, como sucede con los procesos históricos, tendrá un carácter contingente y no dará forma, necesariamente, a un orden social determinado.

Es cierto que la mayoría de los venezolanos rechaza el conflicto político, el control económico o la corrupción e ineficiencia estatales, pero de ello no se deriva que esa mayoría coincida, automáticamente, en los principios que deberán sustentar un nuevo orden social. En realidad, una gama de posibilidades, que van desde la restauración de antiguas dinámicas políticas hasta la reinvención de nuestras instituciones, se abre ante los venezolanos. Cuál de ellas predominará dependerá de una «constelación» de factores: la manera en la que el régimen socialista acabe, las decisiones que los agentes transformadores adopten, la nueva estructura de poder que se conforme, la influencia que la movilización social y la opinión pública alcancen, entre otros (Urbaneja, 2018). En esta encrucijada histórica tendrán especial relevancia las ideas que, sobre la economía y la política, posean quienes deban adoptar decisiones en los altos niveles del Estado y de la sociedad.

En este breve ensayo presento un esquema conceptual y un conjunto de ideas que, tal vez, sean de utilidad en el debate que, sobre un nuevo orden social, los venezolanos debemos sostener. Al estar inmersos en la lucha por recuperar la libertad y la democracia, ese debate ha tenido poca relevancia. Podría argumentarse que tal hecho resulta conveniente pues una prematura discusión pública sobre la forma del porvenir haría aflorar, desde ahora, antagonismos entre sectores que hoy están alineados frente a la tiranía socialista.

Pienso, por el contrario, que hay que dedicar tiempo, en el exigente presente que hoy vivimos, a debatir sobre los principios ordenadores de la sociedad que tendremos que reconstruir. De no ser así podrá ocurrir que, ante el previsible fin del orden socialista, actores que debaten poco pero que actúan resuelta y estratégicamente vayan tomando control de procesos decisorios clave y acaben así configurando un orden social alejado de las esperanzas de libertad, bienestar y justicia que muchos hoy tenemos. No sería la primera vez que, en la historia latinoamericana, algo así aconteciese.

I

Sobre instituciones

Las instituciones son, de acuerdo a una concepción ampliamente compartida, las reglas que limitan ciertas conductas y promueven o habilitan otras. Las instituciones se manifiestan así en patrones estables y predecibles de comportamiento, simplificándonos la realidad en la que debemos actuar y disminuyéndonos a todos el costo asociado a la incertidumbre en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas. Sin instituciones, entendidas de esta manera, una sociedad humana es simplemente imposible.

La presencia de las instituciones en cualquier sociedad es amplia y diversa. Pueden tener una expresión formal, como una ley o una política pública, pero también pueden manifestarse de manera informal en numerosas normas sociales. El conjunto de instituciones que existe en una sociedad, en un momento dado, es en realidad un complejo producto histórico y está lejos de conformar un sistema coherente. Las instituciones de una sociedad se solapan entre sí, se refuerzan mutuamente, compiten entre ellas, se contradicen. Decía Tocqueville, por ejemplo, que «las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres; las costumbres forman el único poder resistente y duradero del pueblo» (Gomá, 2016). Por esta y otras razones no es sino arrogancia suponer que un grupo pueda construir un orden institucional perfectamente funcional.

Algunas instituciones pueden favorecer el interés general (varios autores las denominan «inclusivas», aunque quizás baste con calificarlas como justas). Otras instituciones, por el contrario, benefician a algunos sectores en perjuicio de otros y se les ha dado en llamar instituciones «extractivas» (Acemoglu y Robinson, 2012). Estas últimas son denominadas así en alusión a la conducta orientada a extraer rentas, esto es, beneficios particulares derivados de la capacidad para influir en centros decisorios estatales. Me parece mejor, sin embargo, hablar de instituciones «excluyentes» como concepto general y considerar a las instituciones «extractivas» como la expresión de aquéllas en la dinámica económica.

En el ámbito económico el respeto a los derechos de propiedad, la libertad de contratos o la promoción de la competencia, por ejemplo, son instituciones «inclusivas» que no solo protegen la libertad individual sino que, además, han demostrado su capacidad para incentivar las conductas que explican el desarrollo, es decir, el emprendimiento, la productividad, la innovación. En ese mismo ámbito son reglas «excluyentes» las políticas proteccionistas, los privilegios fiscales o la creación de monopolios, reglas que benefician a determinados grupos o sectores y perjudican, directa o indirectamente, al resto de los ciudadanos. En la esfera política, de modo equivalente, los derechos al voto, a la participación o a ser electos a cargos de representación pública son instituciones «inclusivas» mientras el voto censitario, las limitaciones a la libertad de expresión o ciertas formas de cabildeo son instituciones «excluyentes».

En términos muy esquemáticos podemos caracterizar a los sistemas políticos y económicos con base en el predominio en ellos de instituciones «inclusivas» o «excluyentes». Así, la democracia es un sistema político basado en instituciones «inclusivas» y el autoritarismo un sistema político constituido por instituciones «excluyentes». De modo semejante, una economía competitiva o la competencia, a secas, es un sistema económico que opera en el marco de instituciones «inclusivas» mientras el rentismo lo hace en el de instituciones «excluyentes».

II

Cuatro modelos «puros»

Para fines analíticos resulta interesante, a partir de las nociones presentadas, imaginar cuatro órdenes económico-políticos «puros»:

1. La coexistencia de un sistema político plural y una economía basada en la competencia son dos de los rasgos que definirían, por ejemplo, a la economía social de mercado (Casanova, 2016).

2. El pluralismo, asociado a una dinámica en la cual el poder político y el poder económico, en búsqueda de beneficios grupales, se potencian mutuamente, caracterizaría a una democracia rentista (modelo que se correspondería, en parte, con el hoy llamado «crony» capitalism).

3. El autoritarismo orientado a garantizar la existencia de una economía de mercado libre y competitivo daría forma a una suerte de «liberalismo» autoritario. Vale advertir que las comillas son importantes pues el liberalismo, en un sentido amplio, incluye las libertades políticas.

4. El autoritarismo y un Estado intervencionista constituirían las bases de regímenes patrimonialistas, un tipo de orden que tendría en el socialismo burocrático y dictatorial una de sus manifestaciones extremas.

Hay buenos argumentos para afirmar que, teóricamente, dos de estos órdenes tienden a ser estables y otros dos, no (Acemoglu y Robinson, 2012). El pluralismo, en la medida en que dificulta la concentración del poder político, obstaculiza también que éste sea utilizado por los actores económicos para eludir la competencia mediante el logro de privilegios; visto de otro modo: la competencia impide la concentración del poder económico y disminuye el riesgo de que grupos de interés influyan en el proceso político. En tal sentido, la economía social de mercado supone el mutuo reforzamiento entre competencia y pluralismo y la activación de un «círculo virtuoso» de desarrollo. Tal modelo es doblemente opuesto al patrimonialismo.

En efecto, la concentración del poder político y su ejercicio autoritario por parte de una élite le permite a ésta influir en el proceso económico y otorgarse a sí misma ⎯y a grupos aliados⎯ privilegios generadores de rentas; la concentración de poder económico que esta dinámica supone hace más fuerte la posición de la élite que ejerce el poder político. Estamos así ante un régimen patrimonialista en el cual quienes detentan el poder no sólo utilizan activos bajo su mando en su favor sino también las instituciones y políticas públicas que puedan crear. Autoritarismo y rentismo se potencian uno al otro, generando un «círculo vicioso» de atraso y corrupción.

Los otros dos modelos resultan incoherentes en algún sentido y, por tanto, tienden a evolucionar hacia alguna de las dos formas estables descritas. En la democracia rentista el pluralismo político hace difícil que sólo unos pocos grupos consigan sesgar a su favor las instituciones y las políticas públicas, sin desencadenar reacciones negativas por parte de otros grupos o de la ciudadanía en general. Esta situación se resuelve bien sea por el avance hacia la competencia (lo cual lleva al sistema hacia la economía social de mercado) o por la pérdida del pluralismo (empujando al régimen hacia el patrimonialismo). La inestabilidad de la democracia rentista podría atenuarse durante algún tiempo si ocurriese, como en el caso venezolano, que la abundancia de recursos fiscales provenientes de una fuente diferente a los impuestos permitiese la democratización, por así decirlo, de la captura de renta.

En el caso del liberalismo autoritario, la concentración del poder político genera fuertes incentivos para alterar la dinámica de la competencia en favor de algunos grupos poderosos. La estabilización de este orden pasa por su evolución hacia un esquema pluralista (esto es, mutando hacia una economía social de mercado) o, alternativamente, hacia la destrucción de la competencia (lo que implica su transformación en un régimen patrimonialista).

Se trata, insisto, de una clasificación conceptual muy simple. Aunque puede ser útil como herramienta heurística, generadora de conjeturas razonables para explicar situaciones reales. En la práctica, lo más probable es que nos encontremos con casos híbridos, en los cuales algunos o todos los modelos están presentes en diversos grados, interactuando de distintas formas.

No está demás decir que este ensayo es un alegato en favor de una economía social de mercado, basada en la competencia y el pluralismo. Este es un modelo que, en mi opinión, lograría enrumbarnos hacia el desarrollo integral, con libertad e inclusión social. Sobre ello he escrito en otras ocasiones, por ejemplo: «Una visión de centro para la reconstrucción».

III

El desafío de la reconstrucción

La reconstrucción de la sociedad venezolana será compleja. El colapso del sistema económico, la destrucción de las instituciones democráticas y liberales, las apremiantes demandas sociales, la persistencia de ciertos modelos mentales, el reacomodo en las estructuras de poder y de las relaciones internacionales, entre otros factores, conformarán un enmarañado marco para el proceso decisorio. La creación de un orden institucional capaz de garantizar la libertad, el bienestar y la justicia será un gran desafío a la inteligencia colectiva de los venezolanos.

Una parte importante de los problemas a resolver es evidente, en un sentido general. Se trata de reconstruir instituciones que cualquier sociedad moderna da hoy por sentadas, como también lo hacía la venezolana hasta hace dos décadas. Entre ellas, el Estado de derecho como sistema de reglas, el sistema electoral, la administración de justicia, el monopolio estatal del uso de la fuerza, la autonomía del Banco Central o la unidad del Tesoro. En estos asuntos contamos con una Constitución que, a pesar de los cuestionamientos que puedan hacérsele, define los parámetros básicos para esta parte de la tarea reconstructora.

Pero esa tarea abarca muchos otros temas. Los Poderes Públicos, en particular el Ejecutivo Nacional, deberán responder a una formidable cantidad y variedad de problemas. Un listado incompleto pero ilustrativo de tales problemas incluye: el levantamiento de controles de todo tipo, la concreción de un nuevo paradigma de política social, el diseño de adecuadas políticas industrial y agrícola, la creación de una moderna regulación para el sistema financiero, el desarrollo de eficaces políticas educativas y de salud, la implementación de un sistema sostenible de seguridad social, la ejecución de planes para recuperar y mejorar las infraestructuras, la privatización de numerosas empresas estatales, la definición de una política tributaria justa, la renegociación de la deuda externa y la reinvención de la Administración Pública. En todos estos asuntos deberán diseñarse reglas frente a las cuales la Constitución, por su propia naturaleza, solo puede ofrecer lineamientos generales.

Es alto el riesgo de que en la toma de decisiones se incurra en desviaciones que, incluso sin proponérselo los agentes sociales, conduzcan a la restauración del modelo democrático rentista. Las altas expectativas de diversos sectores con respecto a la rápida mejora de sus condiciones de vida serán una fuente constante de presión sobre los decisores, obligándoles a conciliar posiciones y establecer prioridades en un incierto manejo de intereses y tiempos. Si a ello se agrega que los restos del régimen revolucionario configurarán, seguramente, una oposición desleal, el contexto de acción del gobierno de reconstrucción se entrevé aún más complicado.

No sería sorprendente, entonces, que, ante la necesidad de alcanzar éxitos tempranos, predomine una perspectiva cortoplacista. No sería raro tampoco que uno de los vicios del presidencialismo, la discrecionalidad ejecutiva, se intensifique en un contexto en el cual el análisis y la concertación impondrían lapsos que los decisores considerarían inmanejables. En este entorno es previsible, además, la aparición de nuevos centros extra-institucionales de poder y el desarrollo, por parte de diversos grupos, de estrategias de cabildeo para defender y promover sus intereses. De hecho, es probable que eso ya esté sucediendo. Debe tomarse nota, como referencia, que estos fenómenos ⎯cortoplacismo, discrecionalidad, «decretismo»⎯ estuvieron presentes, por razones semejantes a las mencionadas, en varias experiencias poscomunistas, a fines del siglo pasado. Aprender de ellas es fundamental.

La reconstrucción requiere contar con ciertos principios, reglas y mecanismos capaces de: crear una estrategia de desarrollo y adecuados planes de acción, minimizar los riesgos de una nueva captura del Estado, garantizar la transparencia y la participación democráticas y promover el necesario aprendizaje social sobre la experiencia vivida. Al respecto, la noción de gobernanza puede resultar útil.

IV

La gobernanza de la reconstrucción

La noción de gobernanza ha sido utilizada de diversas formas por distintos autores. Aquí la entenderé como el «arte» de concertar y respetar principios, reglas y mecanismos que sirvan para que gobiernos, sociedad civil, empresa privada y ciudadanos en general puedan tomar decisiones sobre asuntos públicos clave, de manera democrática, transparente y responsable. En este sentido, la gobernanza de la reconstrucción deberá incluir, al menos: a) la definición de los principios y reglas a seguir en la creación del nuevo orden institucional; b) el diseño de una estrategia nacional de desarrollo, y c) la creación de un sistema de diálogo democrático.

Entro ahora, para finalizar, en terreno propiamente normativo, proponiendo algunas ideas para conformar la gobernanza de la reconstrucción venezolana.

1. Principios ordenadores

Un nuevo orden social debe tener como uno de sus principios cardinales el logro y mantenimiento del apoyo popular a un genuino sistema de libertades. Sostengo que tal sistema de libertades tiene que ser popular o no será.

En consonancia con ese principio, la regla general que debe guiar la toma de decisiones debe consistir en crear, en todos los casos posibles, oportunidades para todos sin conceder privilegios a nadie. Ello significa, fundamentalmente, depurar nuestro sistema jurídico para garantizar la existencia de leyes auténticas –generales y abstractas– y la supresión de leyes espurias, meros instrumentos al servicio de grupos o sectores específicos.

2. Estrategia nacional de desarrollo

La reconstrucción venezolana requerirá el diseño y ejecución de planes en diferentes esferas y planos. Estos planes tienen que ser concebidos como expresiones de una estrategia de desarrollo más amplia, que defina las grandes metas y los ejes de acción de la transformación que la nación deberá experimentar. Esa estrategia, en conjunto con los principios y reglas antes comentados, permitirá evaluar la pertinencia de los diferentes planes particulares así como sus procesos de ejecución.

El llamado Plan País, dado a conocer hace unos meses, es un significativo avance pues supone el acuerdo entre especialistas y políticos con respecto a un conjunto de medidas y políticas para enfrentar la emergencia humanitaria, estabilizar la economía y comenzar algunos cambios estructurales (Asamblea Nacional, 2019). La ampliación y profundización de ese plan continúa, pero está pendiente, sin embargo, el diseño de la referida estrategia de desarrollo. Esa estrategia no puede ser la simple sumatoria de los numerosos planes particulares, si se quieren evitar la incoherencia del proceso de reconstrucción y la generación de resquicios a través de los cuales diferentes grupos de intereses puedan penetrarlo.

3. Sistema de diálogo democrático

El logro de un gran acuerdo político y social en torno a los principios del nuevo orden y a la estrategia de desarrollo será imprescindible. Dicho acuerdo, en consonancia con el sistema de libertades que se aspira a crear, deberá basarse en un diálogo capaz de convocar a la mayor parte de los sectores del país. Aquí sólo me referiré, brevemente, a cuatro iniciativas para materializar dicho diálogo:

1. Crear, considerando la experiencia de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) y otras iniciativas internacionales, la Comisión Nacional para la Reconstrucción Venezolana. Tal organización se dedicaría a estudiar, proponer y concertar proyectos de gran alcance y estaría integrada por un grupo plural de prestigiosos venezolanos.

2. Desarrollar los mecanismos digitales para organizar el debate público en torno a proyectos de leyes y propuestas de políticas públicas y, de resultar aprobadas, para evaluar su desempeño.

3. Convocar a Asambleas de Ciudadanos para debatir sobre cada proyecto de ley o propuesta de política pública; estas Asambleas estarían conformadas por, digamos, cien ciudadanos seleccionados al azar del Registro Electoral Permanente y sesionarían durante varios días con el debido apoyo financiero y técnico. Estas instancias no tendrían, desde luego, carácter vinculante, pero serían un mecanismo para hacer transparente y para validar importantes decisiones estatales.

4. Solicitar regularmente a centros de investigación y organizaciones civiles, evaluaciones económicas, sociales y jurídicas de proyectos de leyes y de propuestas de políticas públicas.

V

Una sociedad inteligente

Estos planteamientos, pienso, podrían ser compartidos por diversos actores políticos moderados, ubicados a lo largo del espectro doctrinario. En este sentido, el nuevo orden social implicaría la reconstrucción del centro político, es decir, esa «zona» de valores y principios compartidos por los actores políticos y sociales relevantes.

Nuestro reto es crear una sociedad inteligente, una sociedad capaz de comprender sus problemas, evaluar sus opciones y decidir colectivamente por la mejor de ellas. Es vital entender que la reconstrucción abrirá para Venezuela una oportunidad histórica. Podría ser un tiempo de cambios profundos y benéficos, impulsados por la esperanza y el esfuerzo de muchos venezolanos, dentro y fuera del país, apoyados por ciudadanos de otros lugares «compelidos a participar de esa extraordinaria experiencia del siglo XXI que puede ser la reconstrucción de Venezuela» (Torres, 2019).

El saldo de esos años de movilización creadora podría ser, entonces, un nuevo orden institucional dentro del cual los venezolanos podamos, libre y responsablemente, desarrollar nuestras capacidades para vivir de acuerdo con nuestros particulares proyectos de vida.

Bibliografía

Acemoglu, Daron and James Robinson. Why nations fail: the origins of power, prosperity and power. New York, USA: Crown Publishing Group, 2012.

Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo político para rescatar a Venezuela del colapso económico [en línea] Punto de Corte, 31 de enero de 2019. Disponible en: http://puntodecorte.com/tag/acuerdo-politico-para-rescatar-a-venezuela-del-colapso-economico/ [Consulta: 10/04/19]

Casanova, Roberto. Libertad, emprendimiento y solidaridad. 10 lecciones sobre economía social de mercado. Madrid, España: Unión Editorial, 2017.

Elster, Jon; Claus Offe, and Ulrich K. Preuss. Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.

Gomá L., Javier. Libre y con compromiso [en línea] El País, 22 de febrero de 2016. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/02/19/opinion/1455892924_603940.html [Consulta: 12/05/19]

Hayek, Friedrich. Derecho, legislación y libertad (volumen 1). Madrid, España: Unión Editorial, 1985.

Tang, Shiping. A general theory of institutional change. New York: USA, Routledge, 2011.

Torres, Gerver. El andamiaje emocional de la reconstrucción [en línea] Prodavinci, 23 de marzo de 2019. Disponible en: https://prodavinci.com/el-andamiaje-emocional-de-la-reconstruccion/ [Consulta: 11/04/19]

Urbaneja, Diego Bautista. “Para una historia de la toma de decisiones en Venezuela”. En: Fernando Spirito (coord.), Decisiones de Gobierno en Venezuela: apuntes para su comprensión histórica y de políticas públicas. Caracas, Venezuela: Editorial Alfa, 2018, pp. 45-63.

https://prodavinci.com/las-reglas-de-la-reconstruccion/

1- Un país sin Presidente. A partir de enero próximo Venezuela no tendrá un Presidente legítimamente electo. Este hecho se puede convertir en una gran oportunidad para que la mayoría del país y la comunidad internacional democrática diseñen y ejecuten, en conjunto, una estrategia orientada al logro de un objetivo central: realizar una elección libre y justa para escoger al Presidente que liderará un gobierno de reconstrucción nacional.

2- ¿Elección vs fractura? Es innecesario argumentar que la dictadura socialista no querrá hacer esa elección. Obviamente no lo deseará: es una dictadura. Pero precisamente por esa razón la exigencia de esa elección debe ser nuestra bandera política. Alrededor de ella la protesta interna y la presión externa podrán alinearse. Y quizás así se logre desencadenar una crisis política que nos permita alcanzar un objetivo previo al referido objetivo central: fracturar a la dictadura. En otros términos: la dictadura nunca hará una elección democrática en la que, sin duda, perderá el poder pero al negarse a hacerlo puede generarse una crisis – política y, sobre todo, militar – que ocasionará que lo pierda. Hay que superar definitivamente el falso dilema entre exigir elecciones y lograr la caída de la dictadura. Una cosa puede llevar a la otra.

3- El momento de los líderes intermedios. Es necesario aceptar que nuestros líderes nacionales carecen, en la actual coyuntura, de la capacidad para articularse entre sí y que ninguno de ellos, en solitario, puede convocar a la mayoría de los sectores democráticos, nacional e internacionalmente. Es una circunstancia trágica pero no por ello los demócratas tenemos que resignarnos a la nada política. Necesitamos que otros líderes, tal vez poco conocidos a nivel nacional, pasen a jugar un papel trascendental. Nos referimos a líderes que pueden unir y organizar, cada uno de ellos, a pocos miles de personas y que actúan en diversos ámbitos y ciudades. La creación de un grupo conformado por estos líderes intermedios puede tener, por el poder creador de la sinergia, un efecto social y político muy significativo. Un cálculo trivial aclarará este punto. Un líder intermedio puede coordinar, digamos, a unas 2.000 personas. Luego, unos 50 líderes intermedios coordinados entre sí, podrían convocar a unas 100.000 personas. Esta sería, sin duda, una masa crítica capaz de motorizar diversas iniciativas estratégicas.

4- Víctimas del socialismo del siglo XXI. Una de las carencias de la lucha democrática de los años recientes ha sido la desconexión, discursiva y política, entre las terribles penurias que padece hoy la población y la única manera de superarlas: la sustitución de la dictadura socialista por un gobierno democrático. El desafío consiste en hacer comprender a quienes protestan que las causas de sus males son el régimen socialista del siglo XXI y la corrupción que ha nacido dentro de sus entrañas. Debe lograrse que todas las protestas sociales sean percibidas como equivalentes pues todas son expresión del descontento de las víctimas del socialismo del siglo XXI. Al respecto es importante hacer ver que el llamado paquete rojo no está orientado a solucionar los problemas de la hiperinflación, el desempleo o la escasez. Su propósito es otro: promover la emigración, minimizar al sector privado, generar mayor dependencia de la sociedad con respecto al gobierno. El paquete rojo aspira, en otras palabras, a hacer de Venezuela una sociedad más pequeña, más pobre y más sumisa.

5- Consulta ciudadana y dirección política. Una iniciativa estratégica que viene cobrando fuerza es la selección de una dirección política opositora. En las circunstancias actuales esta iniciativa solo podría y debería ser adelantada por ciudadanos organizados. Esta no será, debe aclararse, una jugada en contra ni al margen de los partidos. Así, aprendiendo debidamente de la experiencia del 16J del año pasado, podría organizarse una nueva consulta ciudadana. Ella nos serviría para movilizarnos y organizarnos, dentro y fuera del país. Podría convertirse en una elección modélica: con voto manual, con observación internacional, con auditorías transparentes. Ciudadanos inspirados y organizados, nacional e internacionalmente, podríamos dar, de nuevo, una muestra memorable de vocación democrática.

6- Recrear el centro político. Cada política pública o cada cambio institucional se apoya, inevitablemente, en una interpretación de la realidad, una valoración de prioridades, una escogencia de medios. El ejercicio del poder no es reducible a un asunto de técnicas y de gerencia. El debate entre doctrinas es pues una dimensión inseparable de la política. La política, en un sentido profundo, trata de la representación, difusión y evolución de visiones alternativas de la sociedad. Toda democracia sana cuenta con un sustrato profundo de concordia, reflejo de una actitud moderada en el debate de las ideas y en la disputa por el poder. La recuperación de dicho centro es una tarea pendiente para los venezolanos, una tarea que cobrará especial importancia en los tiempos de la reconstrucción que nos corresponderá asumir. En esa tarea los sectores democráticos pueden inspirarse en la llamada economía social de mercado. Se trata de una doctrina centrista con la capacidad para generar una zona de acuerdos entre quienes se ubican en posiciones aparentemente antagónicas en el espectro doctrinario, como socialdemócratas y liberales.

7- La reacción de la dictadura. Es de esperar que la dictadura socialista, actuando estratégicamente, reaccione tratando de sembrar, otra vez, la discordia, entre quienes la adversan. Un antiguo consejo de Sun Tzu le ha sido útil hasta ahora: «Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la disensión entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega.» Con ese propósito la ilegítima ANC podría, por ejemplo, convocar a un referéndum para aprobar una nueva Constitución. El dilema ante esta situación seguramente polarizará las posiciones dentro de los sectores demócratas. Se trataría de un dilema similar, aunque de mayor significación, al que las próximas elecciones de concejales han planteado. Las tesis de participar o no en estos eventos electorales cuentan con razones de peso y es improbable que alguno de los sectores enfrentados logre convencer al otro. En este sentido el peor escenario es que ese choque de posiciones cree una escalada de mutuas descalificaciones que comprometa las posibilidades para diseñar y ejecutar alguna estrategia conjunta. El mejor camino para sortear los obstáculos que la dictadura colocará parece ser entonces que cada sector defienda su posición pero sin infamar a quienes defiendan la posición contraria. Lo esencial es conseguir que la oposición cuente con una agenda política propia y no se limite a reaccionar, sin estrategia ni acuerdos, a las acciones adoptadas por la dictadura.

8- La batalla de las emociones. La gran arma de la dictadura es nuestra desesperanza. Al perder la confianza en nuestra capacidad para cambiar nuestro presente dejamos de ser ciudadanos para transformarnos, lenta pero inexorablemente, en súbditos de la dictadura socialista o en exiliados voluntarios. Pero el poder es siempre un juicio de valor. Si creemos que la dictadura nos venció de manera definitiva pues ella nos habrá derrotado. No es un asunto de verdades sino de decisiones. Podemos elegir la esperanza y pasar, otra vez, a la ofensiva en esta larga lucha por la libertad y la democracia.

1/ https://www.lapatilla.com/2018/05/16/acusaciones-mutuas-vs-plan-unitario...

2/ https://prodavinci.com/una-vision-de-centro-para-la-reconstruccion/

A. Estrategias en juego.

1. Los que no participarán en la jornada del 20M sostienen que: a) ese día no habrá realmente una elección; se trata de un acto ilegítimo que no debe ser reconocido; b) aunque se actuase pragmáticamente y hubiese votación opositora masiva de cualquier modo la dictadura manipulará otra vez los resultados; c) hay que aumentar la presión tanto interna y como externa hasta fracturar al régimen.

2. Los que participarán este domingo afirman que: a) una votación opositora masiva servirá para fracturar al régimen (pues dentro de éste no habrá acuerdo para cometer un fraude que tendría que ser enorme); b) la situación económica, social e internacional es insostenible y, por tanto, los sectores potencialmente disidentes del régimen requieren un interlocutor confiable para dar forma a una transición; c) Falcón y quienes le acompañan, incluso perdiendo, contarían con la confianza de esos sectores y ello facilitaría esa eventual transición.

3. Los sectores cubanófilos del régimen, con Maduro a la cabeza (sin ironía), se proponen: a) ganar la “elección” presidencial de cualquier forma; b) reprimir con violencia toda protesta; c) profundizar las formas de control social; d) crear falsas expectativas en opositores leales que acepten los resultados de la “elección”; e) convocar el proceso revocatorio de diputados de la Asamblea Nacional; f) convocar un referéndum para aprobar el proyecto de Constitución comunista; g) aceptar las condiciones que Rusia y China le impongan a cambio de su apoyo; h) aguantar el aislamiento internacional, tratando de victimizarse.

4. Una parte del régimen, que no comparte el modelo neocomunista, busca: a) separarse del sector cubanófilo; b) negociar con sector opositor que le resulte confiable (¿Falcón?); c) negociar con EEUU y otros gobiernos; d) dejar o compartir el poder pagando el menor costo posible.

B. Dilemas opositores.

5. Es necesario reconocer que quienes no participarán en la jornada del 20M solo tienen como plan, hasta ahora, la creciente presión internacional. Este es, sin duda, un ingrediente imprescindible en esta lucha democrática pero no luce como suficiente para provocar la fractura del régimen. En todo caso, estos sectores no tendrán dudas el lunes 21M: ese día seguiremos en dictadura.

6. Quienes votarán no podrán, con alta probabilidad, hacer triunfar a Falcón. ¿Qué harán entonces? ¿argumentarán que hubo fraude? ¿podrán comprobarlo sin haber contado con la organización requerida para vigilar el proceso? ¿O quizás culparán de su fracaso a los “abstencionistas” y/o a la participación de un tercer candidato (Bertucci)? Pero, sobre todo, ¿reconocerán a Maduro como ganador? ¿acaso dejará éste de ser un dictador? Y si no es así, ¿con qué argumento lo desconocerán?

7. Estas son preguntas válidas. No son formuladas con el ánimo de profundizar la brecha entre nosotros, los demócratas. Votemos o no el 21M Maduro seguirá siendo dictador. Todos coincidimos en eso pero quienes votarán deben decir cómo manejarán el asunto si, como todo indica, Maduro consuma su plan.

8. Lo que menos necesitaremos, a partir del 21M, serán las acusaciones mutuas. No tendrá mucho sentido que quienes voten sostengan que de no ser por la “abstención” Falcón hubiese triunfado y la transición habría comenzado. Pero tampoco será muy útil que quienes no participen argumenten que, de haber votado, la dictadura habría manipulado los resultados a su favor. Ambas afirmaciones serían hipótesis difícilmente comprobables. Entre otras razones porque las cifras, manipuladas a su antojo por el régimen, no reflejarán nuestra coyuntura política. Lo relevante es que caer en esa discusión será políticamente estéril. Nos hundirá en un pantano de imputaciones, ante la torcida sonrisa del dictador.

C. Hacia un plan unitario.

9. Los sectores demócratas, participen o no en la jornada del 20M, están esencialmente unidos pues tienen un objetivo común: el cambio político. Por otra parte, aunque no sea evidente, las tácticas que utilizan también están alineadas al perseguir el mismo objetivo intermedio: la fractura de la coalición gobernante. La diferencia está en que unos intentan lograrla ganando la confianza de un sector de esa coalición y otros colocando sobre ella toda la presión internacional que sea necesaria. En cierto modo, sin decirlo o sin saberlo, los dos sectores opositores están desempeñando los papeles complementarios de “policía bueno y policía malo”.

10. A partir del 21M los sectores demócratas enfrentarán el reto, moral y político, de reencontrarse para continuar juntos la lucha por la libertad y la democracia. Las bases de un plan compartido podrían consistir en lo siguiente:

i) Ratificar el desconocimiento de Maduro como Presidente legítimo. Esta es, en realidad, una condición imprescindible para cualquier esfuerzo unitario. (Sugerencia para Falcón ante su posible dilema con respecto al desconocimiento de Maduro: declare que su reconocimiento a éste dependerá de si se comporta o no democráticamente en el futuro, no de su supuesto triunfo en una dudosa elección).

ii) Convocar una consulta ciudadana con un objetivo preciso y viable: elegir el grupo de personas que liderará la lucha democrática. (Un pensamiento para quienes duden, con razón, de una nueva consulta: “Las cosas, para hacerlas bien, es preciso hacerlas dos veces: la primera enseña la segunda”, Bolívar, carta al Gral. Sucre, 24 de mayo de 1823)

iii) Crear un Gabinete alternativo, compuesto por grupos de especialistas que hagan constante seguimiento a la situación económica y social del país y propongan, con rigurosidad y, al mismo tiempo, con gran sentido pedagógico, soluciones factibles en libertad y democracia. Este Gabinete prefigurará un futuro gobierno de unidad nacional.

iv) Mantener el objetivo de realizar una elección presidencial verdaderamente democrática. Ante una dictadura esa es, lógicamente, la demanda esencial. (Se entiende, por tanto, que si esa elección llega a realizarse será porque el régimen se ha fracturado y la democracia estará formalmente recobrándose).

v) Hacer el trabajo político, pendiente desde hace rato, de alinear las protestas sociales que ocurren y seguirán ocurriendo a diario mientras el gobierno socialista sostenga sus devastadoras políticas. Hay aquí una tarea de construcción de significados: toda protesta debe entenderse como un rechazo a la dictadura socialista. Este no es un trabajo solo de partidos políticos que viven una crisis de credibilidad. Es, fundamentalmente, una tarea de numerosas organizaciones civiles que actúan, con admirable entereza, en diversas áreas de la vida social.

vi) Aumentar la presión internacional de los gobiernos demócratas que rechazan la dictadura de Maduro, manteniendo el énfasis puesto en las sanciones a la élite del régimen incursa en delitos de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos.

vii) Hacer lo necesario para que se ejecute un plan de atención inmediata a la crisis humanitaria. (Se ha sugerido, entre otras cosas, colocar contenedores con alimentos y medicinas en las fronteras de otros países con el nuestro: esta sería, sin duda, una acción de enorme impacto comunicacional y político).

viii) Preparar, desde ahora, el enorme trabajo de la reconstrucción del país. Y aunque es cierto que en diversos contextos la reconstrucción empezará propiamente después de la dictadura, incluso allí el diseño de los cambios necesarios y el desarrollo de capacidades para materializarlos tienen que comenzar ya.

@roca023

Conclusión: ¿Una cuarta generación de partidos?

Valdría la pena concluir el presente documento identificando varias interrogantes y esbozando sus posibles respuestas.

¿Está pasando el tiempo de los partidos? Definitivamente no. El planteamiento de “una democracia sin partidos” habla de sociedades con dificultad para entender cabalmente el significado de la democracia y, dentro de ella, el de los partidos políticos. Tales organizaciones tienen una razón de ser. Les corresponde a ellas, para decirlo en una frase, preparar gobiernos alternativos. Esto implica darle forma a visiones del país y socializarlas de la manera más amplia posible; identificar y articular posiciones e intereses; preparar a los eventuales gobernantes y legisladores; seleccionar candidatos a cargos de representación pública y participar en elecciones. Otras organizaciones podrán atender algunas de estas tareas pero sólo los partidos pueden y deben ocuparse de todas ellas.

¿Podrían cumplir debidamente los partidos con sus funciones? Sí. Se han mostrado varios de los problemas que estas organizaciones han enfrentado y enfrentan pero, así mismo, se han descrito algunos de los cambios que vienen impulsando o podrían impulsar y que les permitirían realinearse con las demandas y expectativas de la sociedad. Cabe destacar, sin embargo, que la reinvención de los partidos es un proceso que debe ser impulsado no sólo desde su interior sino también, desde fuera de ellos, por los sectores más avanzados y dinámicos de la sociedad democrática.

¿Qué ocurría si, a pesar de todo, los partidos no logran reinventarse? Que la sociedad se fraccionaría en innumerables grupos de interés. No se está afirmando, desde luego, que tales grupos sean ilegítimos ni tengan derecho a expresarse. Lo que se plantea es que en ausencia de los partidos políticos –reinventados, no los actuales– nadie estará cumpliendo la función de articular los intereses particulares con base en programas de gobierno. Surgiría entonces, progresivamente, una dinámica de facciones, de innumerables grupos enfrentados entre sí e intentando capturar al Estado . En un contexto de ingobernabilidad como ese más de uno pensará que la solución sería un régimen de fuerza que imponga el orden o, en otras palabras, una dictadura. Así pues, la democracia de partidos representa el equilibrio entre una sociedad de facciones ingobernables, por una parte, y un régimen dictatorial, por la otra.

¿Surgirá en Venezuela una cuarta generación de partidos? Es probable que no en los próximos años. Da la impresión de que el fracaso del proyecto neocomunista y la recuperación de la normalidad democrática en Venezuela, traerán aparejada la transformación de varias organizaciones políticas hoy existentes. La reinvención de los partidos será, para muchos de ellos, cuestión de “vida o muerte”. Varios líderes políticos verán allí una oportunidad para canalizar su acción emprendedora. Esto no implicará, por supuesto, que no surja algún otro partido asociado a alguna figura pública. Pero esto no será suficiente para hablar, con propiedad, de una cuarta generación de partidos. Lo que se alcanza a visualizar, en definitiva, es la reforma, más o menos profunda, de varios partidos políticos. No debe olvidarse, sin embargo, que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Por ello, la reinvención de los partidos, más que predicción, es tarea colectiva a la que es necesario contribuir.

El documento completo se incluye como anexo en PDF

Al menos cuatro principios estratégicos deben estar claros ya entre los demócratas que perseveramos en nuestra oposición al régimen que destruye al país. Primero, los venezolanos estamos inmersos en un histórico conflicto de poderes de escala internacional. Segundo, la minoría gobernante no abandonará el poder democráticamente sino en medio de una crisis política. Tercero, los demócratas debemos aprovechar cada coyuntura electoral para propiciar una crisis política. Cuarto, no podemos saber cuál crisis expulsará finalmente a la minoría gobernante del poder, aunque sí sabemos que sin presión, nacional e internacional, ello no ocurrirá. Debemos, en síntesis, pensar estratégicamente y actuar en cada coyuntura, como la planteada por la elección presidencial convocada por la dictadura.

1- Es inútil tener un candidato opositor “por si acaso”.

Varios dirigentes políticos defienden la idea de participar en la elección presidencial convocada por la dictadura. Claudio Fermín, por ejemplo, sostiene que debemos aumentar la presión para que el régimen mejore las condiciones electorales y organizarnos para garantizar la participación masiva de la mayoría que somos. “Vamos a ir a votar, no para convalidar la trampa, sino para derrotar la trampa”, afirma ( https://www.lapatilla.com/site/2018/02/10/claudio-fermin-presento-sus-ideas-de-gobierno-por-presidenciales/ ). Ello supone, desde luego, contar con un candidato pues ¿qué pasaría si no lo tuviésemos? Que la dictadura cedería en algunas de las condiciones que exigimos y, sin embargo, no sería de ningún provecho para los sectores opositores por no haber inscrito a un candidato.

El punto, sin embargo, es que si la oposición inscribe un candidato con potencial para vencer la dictadura simplemente hará lo necesario para que eso no ocurra. Si la abstención es alta, como es de esperar, esa tarea le resultará más sencilla. El escenario más probable, sin embargo, es que la oposición se divida entra quienes participarán y quienes no lo harán. El o los candidatos opositores que participen serán entonces fácilmente derrotados. Maduro ganará en cualquier caso y la oposición, escindida y desprestigiada, enviará una señal equívoca a la comunidad de gobiernos democráticos que la apoyan.

Es de suponer que Claudio, como político experimentado, entiende claramente esto. Frente a estas críticas, sin embargo, ha argumentado que no podemos cruzarnos de brazos y se pregunta: si no participamos ¿qué haremos el día después? Y este es un buen punto.

2- Luchar por las condiciones electorales es luchar contra la dictadura.

Trino Márquez plantea que los demócratas debemos centrarnos en la lucha por condiciones electorales y que si no logramos tener éxito en dicha lucha no debemos participar en el próximo evento electoral ( https://www.lapatilla.com/site/2018/02/14/elecciones-con-esas-condiciones-no-por-trino-marquez/ ). Difiere entonces de posiciones como las de Claudio, aunque no asume una posición abstencionista sin retorno pues, en su opinión, si las condiciones mejoran sustantivamente la participación tendría sentido. Al fin y al cabo la mayoría del país rechaza al régimen y debe aprovecharse cualquier oportunidad para que la opinión de esa mayoría se exprese.

Comparto con Trino que “a estas alturas, ya no es suficiente contar con un candidato de unidad, un programa de gobierno y una estructura organizativa bien engranada para ganarle a un gobierno, ciertamente impopular y nefasto, pero que ha transformado las elecciones en una forma eficaz de prostituir la democracia y el voto”. Participar implica perder. Y no solo una elección sino también la poca credibilidad del liderazgo opositor, al tiempo que desalinearnos de la estrategia adoptada por un creciente número de gobiernos democráticos. No participar, en cambio, puede convertirse en un hito en nuestra lucha por la integridad electoral. Maduro podrá ganar esta en esta farsa pero deberá pagar el mayor costo posible, abriéndose entonces escenarios que, eventualmente, lo desalojarían del poder.

La coyuntura electoral debe convertirse pues en una crisis política.

3- Un día de protesta pacífica y descentralizada.

Muchos hablan de la abstención activa aunque en este momento no sabemos, con claridad, en qué consistirá tal cosa. Esta es una tarea pendiente para el liderazgo.

Es claro que no participar no significa permanecer en nuestras casas. Pero tampoco significa salir a las calles, en marchas masivas, para ser otra vez víctimas de la represión de un régimen sin alma. De las duras y gloriosas jornadas de protestas del año pasado aprendimos cuáles son las tácticas de protesta más eficientes y de menor riesgo ante fuerzas criminales. Podemos sacar el coraje necesario, durante ese día, para enviar un mensaje categórico a la dictadura y al mundo.

Pero debemos estar claros: la reelección del dictador, aunque empañada, ocurrirá. Si no definimos entonces los siguientes pasos de nuestra lucha el efecto que ese hecho generará puede ser una nueva y profunda frustración. Justamente lo que espera el régimen.

4- Una elección alternativa al margen del CNE

Los demócratas debemos reencontrarnos. La complejidad de estos tiempos, la desconfianza entre nosotros, los errores sin responsables, la tarea de socavamiento de la dictadura nos han debilitado. Debemos hallar la manera de diseñar y ejecutar una maniobra estratégica que nos sirva para renovar la dirección política y para motivarnos.

En otro artículo he desarrollado la idea, impulsada por varios grupos ciudadanos, de realizar una elección al margen del actual CNE. ( https://www.lapatilla.com/site/2018/02/02/roberto-casanova-un-presidente-rebelde/). Esa elección constituiría un acto de rebeldía democrática del cual surgiría un “Presidente rebelde” o, para ser precisos, un líder opositor con amplio apoyo político.

La formidable experiencia de la consulta ciudadana del 16 de julio del 2017 nos demostró que somos capaces de organizarnos masivamente, dentro y fuera del país, en poco tiempo, para decidir sobre asuntos colectivos. Aunque sabemos que ello no fue suficiente pues las expectativas y agendas de ciudadanos y líderes no estuvieron realmente alineadas. El líder que elijamos democráticamente y el equipo que le acompañará tendrán entonces, entre otras cosas, la responsabilidad vital de unificar nuestros esfuerzos.

Podemos organizar una elección modélica: con voto manual, con observación internacional, con auditorías transparentes. Incluso con una doble vuelta instantánea (en la cual el votante ordena a varios candidatos, dos o tres, de acuerdo con sus preferencias, de más preferido a menos preferido). Ciudadanos inspirados y organizados, nacional e internacionalmente, podemos dar, de nuevo, una muestra memorable de vocación democrática.

Carmen Beatriz Fernández comparte el planteamiento y define esta elección alternativa como una “maqueta” para escoger al líder de la oposición. ( https://www.lapatilla.com/site/2018/02/09/la-maqueta-de-la-democracia-venezolana-una-replica-a-roberto-casanova-por-carmenbeat/ ). Argumenta, en tal sentido, con cierta razón, que la idea de un “Presidente rebelde” puede ser contraproducente. De su artículo se deriva, sin embargo, que esa elección alternativa podría ocurrir antes de la elección del 22 de abril y que participar o no en ésta última sería un asunto secundario. Pienso que concebida así la propuesta pierde fuerza porque se trata, insisto, de un acto de rebeldía democrática derivado de nuestro rechazo a la elección dictatorial. Es una opción para el día después.

5- La elección alternativa puede ser también una oportunidad para reinventar a la oposición.

La idea de crear un “frente” para enfrentar nuestros diversos desafíos aparece de nuevo en el debate público. La lucha en contra de la dictadura, la articulación de la protesta social, la atención a la emergencia humanitaria, la preparación de la estrategia nacional de reconstrucción y desarrollo exigen un esquema organizativo diferente al que hemos tenido hasta ahora. Hace poco más de un año ofrecí algunas ideas con respecto a la necesaria reinvención de la oposición. ( http://historico.prodavinci.com/blogs/oposicion-reinventada-por-roberto-casanova/ ), ideas que me permito resumir con algunos cambios.

La Mesa de la Unidad Democrática es, por diseño, una instancia político-electoral que ha operado según una lógica definitoria: dar forma y ejecutar acuerdos político-electorales. Sus decisiones en otros ámbitos están, inevitablemente, mediadas por cálculos partidistas. Y esto no es bueno ni malo: cada sistema tiene su razón de ser, su lógica. Pero es indiscutible que la MUD —como instancia político-electoral, insisto— no ha estado a la altura de nuestros otros desafíos.

El problema surge cuando se pretende que un sistema sirva a un propósito distinto al que lo define. Luego, nuestros otros desafíos requieren otros esquemas y otros participantes. La MUD debe dar paso al MUD. La Mesa debe convertirse en parte de un Movimiento de Unidad Democrática. No siempre evolucionar consiste en destruir para crear. En ocasiones evolucionar supone incluir para trascender. Nuestro reto no es acabar con la Mesa sino diseñar otras instancias, otros sistemas funcionales que atiendan a procesos que la Mesa, dada su naturaleza, no puede liderar.

La acción opositora debería contar pues con tres instancias, cada una con un ámbito de acción propio, aunque articuladas: 1) Procesos político-electorales, 2) Movilización social y Emergencia Humanitaria y, 3) Estrategia Nacional de Reconstrucción y Desarrollo. Estas tres instancias conformarían el Movimiento de Unidad Democrática (MUD).

Demás está decir que este esquema prefigurará a un futuro gobierno de Unidad Nacional. Uno que deberá surgir si la coyuntura electoral evoluciona hacia una crisis política definitiva.

I
Un país por reconstruir

1. La situación actual de Venezuela requiere, a quienes continúan bregando por un mejor país, alternar la acción pública entre dos modos: el modo rebeldía que impulsa a rechazar, en cualquier contexto, a la dictadura que oprime, roba y empobrece, y el modo reconstrucción que incita a emprender la forja de un porvenir de libertad, justicia y prosperidad. No son modos excluyentes. De hecho, se precisan mutuamente. La lucha por desalojar del poder a la minoría usurpadora será fortalecida si se prefigura, con acciones y palabras, el futuro deseable. Pero ese futuro no llegará si esa rebeldía no tiene éxito hoy. Y aunque es cierto que en diversos contextos la reconstrucción empezará propiamente después de la dictadura, incluso allí el diseño de los cambios necesarios y el desarrollo de capacidades para materializarlos tienen que comenzar ahora.

2. Venezuela es un caso inaudito de una sociedad que, sin haber vivido un conflicto bélico, presenta los síntomas característicos de una posguerra. La capacidad destructiva del socialismo, agravada por la rapacidad, la arrogancia y la incompetencia de los grupos que monopolizaron el poder, tiene en Venezuela un caso que pasará a los anales de la historia. El sufrimiento humano ocasionado por la revolución, en su intento de implantar un proyecto neocomunista, es inconmensurable y la tarea de la reconstrucción será enorme. Esta demandará lo mejor de los venezolanos: inteligencia, magnanimidad, fortaleza. También les exigirá claridad en el diálogo de las ideas.

II
La vigencia del debate doctrinario

3. En ocasiones se argumenta que el país no necesita más diagnósticos y que las soluciones a sus problemas son evidentes, que no es tiempo de debates doctrinarias. Esto es un error. Basta preguntarse, solo como ejemplo, si acaso son equivalentes una política orientada a regular directamente el proceso económico a una política destinada a promover el orden macroeconómico y la libre iniciativa privada. O, de manera similar, si no hay diferencia entre una política social basada en una supuesta justicia redistributiva a una política social que ayude a las personas a desarrollar sus capacidades productivas. En estas opciones subyacen distintas visiones de la sociedad, de la economía, del Estado. En otras palabras, diferentes doctrinas económico políticas.

4. En realidad, cada política pública o cada cambio institucional se apoya, inevitablemente, en una interpretación de la realidad, una valoración de prioridades, una escogencia de medios. El ejercicio del poder no es reducible a un asunto de técnicas y de gerencia. El debate entre doctrinas es una dimensión inseparable de la política. La política, en un sentido profundo, trata de la representación, difusión y evolución de visiones alternativas de la sociedad. Desde esta perspectiva es comprensible cómo una misma política pública puede parecer razonable o desatinada para diferentes sectores: ello depende de las visiones de las cuales tales sectores son portadores.

5. Una estrategia de reconstrucción para Venezuela puede inspirarse en la llamada economía social de mercado. Esta es la expresión de una doctrina más amplia que integra ideas provenientes de la ciencia económica, el derecho, la politología, la sociología, la filosofía y la moral. Esa doctrina fue llamada ordoliberalismo por algunos de sus creadores. Con tal término querían indicar que la libertad debe ser el valor fundamental en una sociedad moderna y que ella es compatible con la creación de un orden social próspero, justo y pacífico.

III
La economía social de mercado

6. Un programa triple. El ordoliberalismo es, en primer lugar, un programa moral que asume a la dignidad y a la libertad como los valores esenciales a los que una sociedad civilizada debe aspirar. Los otros valores que también promueve –la propiedad privada, la responsabilidad individual, la paz social, la subsidiariedad y la solidaridad– se articulan de diversas formas con esos valores centrales. Es una propuesta moral compatible con el sistema de los derechos humanos [1]. El ordoliberalismo es, en segundo término, un programa de investigación científica que se caracteriza por su perspectiva sistémica. Concibe a la economía como un sistema basado en un conjunto de reglas –en parte diseñadas, en parte productos evolutivos– que sirve de marco a incontables decisiones individuales que generan un orden no diseñado por nadie en particular. Parte, además, de la idea según la cual la economía, como sistema, no es comprensible si no se considera su constante interacción con los otros sistemas de la sociedad: el político, el jurídico, el moral, el cultural, el ambiental. De allí su carácter interdisciplinario. El ordoliberalismo es, por último, un programa político, amplio y flexible, que puede ser adaptado, con la debida sensatez, a distintas realidades nacionales. Veamos algunos de sus postulados básicos.

7. La competencia. Solo una economía de mercado es compatible con la libertad de las personas y permite, por tanto, el despliegue de su capacidad creadora y de su espíritu emprendedor. Esa es, claro está, una idea central de la economía social de mercado. Pero –y he aquí una muestra de mesura de esta doctrina– no es cualquier economía de mercado de la que se habla. Se trata, específicamente, de una economía en la que exista la mayor competencia posible entre los agentes económicos o, lo que es igual, en la que no existan monopolios ni carteles. En un mercado como ése la única forma de progresar es produciendo y haciendo cosas que los demás consideren valiosas. Su surgimiento, sin embargo, no es algo que ocurrirá enteramente por sí solo. Ha sido y será necesario que el proceso político moldee el marco de instituciones dentro del cual se desenvuelva el proceso económico. Instituciones surgidas de la evolución histórica (como la propiedad privada) tienen que ser así complementadas con otras conscientemente diseñadas (como la política antimonopólica). Esta “constitución” económica busca asegurar a cada quien un ámbito de acción propio y la posibilidad de descubrir y aprovechar oportunidades en el entorno. La competencia, cabe agregar, no es un principio que debe aplicarse solo a los actores privados y bien puede extenderse a la prestación de diversos servicios gubernamentales (salud, educación, seguridad social, etc.). Así, el ciudadano, beneficiario del financiamiento público, sería empoderado y tendría libertad para elegir el proveedor que le preste mejor servicio.

8. La estabilidad económica. La economía social de mercado sostiene que el esfuerzo por crear un orden de competencia será inútil si no se garantiza la estabilidad del valor del dinero. El logro de tal objetivo requiere sustraer de los gobiernos el poder para cubrir sus requerimientos financieros mediante la emisión de moneda. Todo gobierno es propenso, sea por falta de visión o por irresponsabilidad, a claudicar ante esa incitación y deben crearse las barreras institucionales para evitarlo. Este es un principio hoy ampliamente compartido y no es casual que la inflación, tan vieja como el poder gubernamental sobre el dinero, haya sido controlada en la mayoría de los países. De cualquier modo es importante entender que la inflación es más que un problema monetario. Es también un problema fiscal y, en última instancia, político. Los gobiernos que dependen críticamente del gasto para mantener su legitimidad y/o el apoyo de grupos de intereses pueden verse impulsados, agotadas o seriamente limitadas sus otras fuentes de financiamiento, a acudir al financiamiento monetario para cubrir sus déficits. Y ello siempre ha tenido nefastas consecuencias en las condiciones de vida de la población.

9. La inclusión social. La economía social de mercado sostiene también que la dinámica de un mercado competitivo puede dejar al margen a personas o grupos. En tal sentido, las personas son pobres, en la mayoría de los casos, por estar excluidas no por ser explotadas. Es importante, además, trascender la visión de la pobreza como un asunto solo relativo a bajos ingresos o pocos activos. ¿Cómo puede lograrse entonces la superación de la pobreza? Expresado en forma concisa: ayudando a las personas a desarrollar sus capacidades y promoviendo oportunidades para que puedan ejercerlas de acuerdo con sus planes particulares. La sociedad y el Estado deben hacer lo requerido para que todas las personas disfruten de las mínimas condiciones para vivir dignamente, adaptándose a un entorno económico en constante cambio. Pero según la economía social de mercado ello debe hacerse –otra muestra de sensatez– de tal manera que, en sintonía con el principio de subsidiariedad, las personas desarrollen y mantengan capacidades productivas que les permitan responsabilizarse de sus vidas (a menos que sean afectadas por circunstancias adversas cuya ocurrencia no puede atribuírseles).

10. La productividad como eslabón. La productividad y su constante crecimiento es un factor clave para entender la propuesta de la economía social de mercado. Solo una economía competitiva impulsa a las empresas a ser cada vez más productivas, disminuyendo sus costos y sus precios relativos. El principal beneficiario de esa dinámica es, desde luego, el consumidor, es decir, todos (esta es, de hecho, una de las razones para calificar como “social” a una economía de mercado competitiva). Ahora bien, empresas cada vez más productivas pueden ofrecer empleos de creciente calidad y mejores remuneraciones. Estos empleos serán ocupados por personas con mayores capacidades productivas. Personas mejor remuneradas expandirán los mercados y las oportunidades para el emprendimiento. El mayor dinamismo de una economía como ésta le hará capaz de generar la masa de impuestos necesaria para financiar, por una parte, los bienes públicos que impulsen aún más la actividad económica y, por la otra, una política social que hagan más productivas a las personas. Dentro de este círculo virtuoso el crecimiento de la productividad es, pues, el eslabón que une el crecimiento económico y el bienestar social.

11. El ambiente. El énfasis que se coloca en la productividad puede conducir al “productivismo”, desconociéndose los efectos desfavorables del crecimiento de la economía sobre otras dimensiones de la vida social y sobre el entorno. Los aspectos ecológicos, en particular, han sido ampliamente considerados por la economía social de mercado. Al respecto, su posición es que vivimos una crisis ambiental (y se equivocan quienes lo niegan) pero no se trata de una crisis apocalíptica (y exageran quienes así lo plantean). Frente a tal crisis es necesaria la participación del Estado, de las empresas y de la sociedad en general. La relación armónica entre mercados y ecosistemas es posible si se crea un marco institucional adecuado y se diseñan políticas públicas apropiadas. En muchas ocasiones la correcta asignación de derechos de propiedad permitirá resolver los problemas de sobre explotación de bienes públicos. Algo poco sorprendente pues los bienes que no son poseídos por alguien en particular, individuo o grupo, suelen recibir poco cuidado. En los casos en que tal asignación de derechos de propiedad no sea viable es necesario que la regulación estatal exija a los particulares que internalicen en sus costos el impacto que su acción tenga sobre el ambiente. De cualquier modo, la solución del problema ambiental va más allá de arreglos institucionales y políticas públicas y el desarrollo de una mayor conciencia ecológica en la ciudadanía es imprescindible.

12. El poder y la captura de renta. La importancia que la economía social de mercado otorga a la libertad le lleva a considerar cuidadosamente la problemática del poder. La amenaza a la libertad aparece con mayor fuerza, como es obvio, cuando el poder se concentra en pocas manos. La competencia, clave de ese equilibrio, puede ser falseada o limitada. También lo pueden ser los diversos programas que normalmente ejecuta un Estado. Por ello uno de los temas centrales del ordoliberalismo es el equilibrio en la distribución del poder. Debe prestarse especial atención a cómo lograr que instituciones políticas y económicas no sucumban ante la presión de grupos de interés y sirvan genuinamente a la ampliación de las posibilidades de acción de los ciudadanos. La noción de instituciones “extractivas” es reciente y diversos autores consideran el fenómeno que dicha noción describe como la causa cardinal del fracaso económico de los países. Pero hace mucho tiempo los fundadores de la economía social de mercado ya habían señalado la perversión que significaba la captura del Estado por los grupos de poder y la necesidad de enfrentarla con firmeza.

13. La democracia y sus límites. Una sociedad es plural cuando los distintos poderes (político, económico, religioso, cultural, etc.) no se acumulan en las mismas manos. En una sociedad como esa resulta difícil que grupos de poder sean capaces de mantener un sistema de opresión duradero sobre el resto de los ciudadanos. Por otra parte, en una sociedad plural es improbable que una mayoría pueda adoptar medidas discriminatorias ni crear privilegios de ninguna naturaleza. Este hecho puede entenderse como una limitación a la voluntad de la mayoría. Y efectivamente lo es. Nada puede ser realmente ilimitado en materia política. En una democracia lo más importante es que los ciudadanos no estén sometidos a un poder superior y arbitrario y que puedan obligar a sus gobernantes a actuar con apego a principios que garanticen la libertad. Solo un Estado que establezca, a la vez, la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos puede hablar legítimamente en nombre del pueblo, plantea el ordoliberalismo.

14. Cultura y capital social. Una economía social de mercado no funcionará igualmente bien en cualquier contexto social. La valoración social del trabajo, el sentido de continuidad y del ahorro, el respeto a la propiedad ajena, el deseo de autonomía y el manejo de la incertidumbre, la responsabilidad y la honradez, entre otras actitudes, son esenciales para garantizar el buen desempeño de esa economía. Es difícil imaginar que ella pueda operar adecuadamente sin el llamado “capital social”, es decir, la mutua confianza que nace de la disposición de las personas a comportarse con decencia y responsabilidad. El mantenimiento y desarrollo del civismo y del espíritu comunitario es pues otra de las preocupaciones de la economía social de mercado. No es un asunto que simplemente relegue a otras esferas del pensamiento social y de la acción política.

15. Un nuevo humanismo. La economía social de mercado tiene, como puede apreciarse, raíces humanistas. En su fundamentación se encuentra una visión realista pero esperanzada del hombre, una antropología filosófica en conexión con una opción moral. No es casual que varios de los pensadores que le dieron forma se inspiraran en sus convicciones cristianas, tanto católicas como protestantes. Aunque en realidad ella puede asociarse, sin dificultad, a filosofías sociales seculares que también colocan al ser humano en el centro de sus reflexiones y prácticas. La economía social de mercado no es, al fin y al cabo, una doctrina confesional.

16. Desde esta perspectiva moral, teórica y política, la economía social de mercado ofrece un conjunto de postulados estratégicos: equilibrar el poder en nuestras sociedades, liberar al Estado y a la economía de la captura de renta, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover las capacidades productivas individuales, incentivar la competencia y el emprendimiento, ofrecer oportunidades educativas a todos, apoyar solidariamente a los sectores rezagados, proteger el ambiente, dialogar públicamente sobre los asuntos colectivos. Estos son postulados que pueden ser ampliamente compartidos. Ellos resuenan favorablemente en quienes defienden la libertad y el emprendimiento, pero también en quienes se preocupan por la pobreza y la desigualdad. La economía social de mercado se caracteriza por su carácter centrista.

IV
En el debate de las ideas

17. Las nociones de izquierda y derecha han sido objeto, durante mucho tiempo, de largos e intensos debates. Es común escuchar que tales nociones perdieron vigencia, si es que alguna vez la tuvieron. Se afirma que ellas corresponden a idearios rígidos (que no pueden adaptarse a las diferentes sociedades), insuficientes (que dejan de lado asuntos relevantes) o superados (que pueden ser integrados, en parte, en otras visiones). Estas afirmaciones, sin embargo, contrastan con el uso generalizado que de tales nociones se continúan haciendo. Izquierda y derecha siguen siendo útiles en la política. En realidad, estos términos permiten aún distinguir posiciones sobre temas relevantes. Ello aplica no solo a viejos temas sino también a otros recientes. La crisis ecológica, por ejemplo, no es un asunto “transversal” que no encaje en la distinción izquierda vs. derecha: no resulta difícil identificar una ecología de izquierda y una de derecha. Los términos en cuestión no son pues “cajas vacías” que, en cada contexto histórico, puedan ser llenadas con cualquier contenido (a pesar de que estos contenidos efectivamente hayan variado a lo largo del tiempo: a fines del siglo XVIII el liberalismo era izquierda que se oponía al conservadurismo monárquico, de derecha).

18. En términos muy estilizados puede decirse que, en la actualidad, las posiciones de izquierda enfatizan el valor de la igualdad, acusan al mercado de generar pobreza y desigualdad, plantean la necesidad de la intervención del Estado para regular a la economía y para redistribuir la riqueza. Las posiciones de derecha, por su parte, privilegian la libertad y la propiedad privada, afirman que la desigualdad es inherente a la condición humana y solo aceptan como posible la igualdad ante la ley, acusan al Estado de ser fuente de distorsiones e inequidades y proponen limitar su ámbito de acción. Existen, desde luego, matices dentro de estas posiciones. No toda la izquierda, por ejemplo, niega al mercado aunque siempre lo subordine a la acción estatal; esta posición contrasta con otras que aspiran a eliminar la propiedad privada e instaurar la planificación centralizada. De modo semejante, dentro de la derecha existen diferentes posiciones con respecto al Estado, desde quienes proponen un Estado mínimo, limitado a funciones policiales y de seguridad, hasta un Estado limitado que debería tener también responsabilidades en materia social. Tanto en la izquierda como en la derecha hay defensores de la democracia y de la autocracia. Hay también nacionalistas en uno y otro extremo. En realidad, dadas estas diferencias, quizás resulte mejor hablar de derechas e izquierdas, en plural. Aun así, el núcleo de ideas que las distingue sigue teniendo validez.

19. Las sociedades son siempre más complejas que las doctrinas que creamos para interpretarlas y actuar en ellas. En la defensa de la libertad ha sucedido que se haya prestado poca atención a la concentración del poder económico y éste haya acabado estrechamente asociado al poder político. Se han generado así instituciones excluyentes y, en casos extremos, la búsqueda de la libertad económica ha conducido a su negación en lo político. Ha ocurrido incluso que regímenes que se declaran liberales han establecido políticas nacionalistas y proteccionistas, negando la libertad que decían defender. De modo semejante, gobiernos de izquierda han ocasionado, en procura de la igualdad, el crecimiento del Estado, la violación de la propiedad privada y de la libertad, el surgimiento de castas dominantes. Así, posiciones de izquierda y de derecha han acabado concentrando el poder en manos de algún sector, promoviendo la captura de renta y violentando la libertad. En la práctica, dichas posiciones han parecido girar en torno a la disputa por el poder. ¿Quién debe mandar en una sociedad, el poder económico privado o el poder de las élites que ocupan al Estado?, parece ser la pregunta cuya respuesta las ha enfrentado.

20. La economía social de mercado defiende la libertad y la propiedad privada (algo que la haría de derecha), pero entiende que la desigualdad es fuente de conflictos y debe ser enfrentada (lo cual la haría de izquierda). Para el logro de ambos objetivos propone, ante todo, garantizar la competencia, expresión de la libertad para elegir. Asume que la competencia es un medio no solo para el logro de objetivos económicos como el crecimiento o la eficiencia, sino también (y, quizás, principalmente) un medio para frenar el poder de agentes y organizaciones económicas. Por otra parte, reconoce que la competencia en el mercado conlleva siempre el surgimiento de desigualdades pero que estas, lejos de ser perjudiciales para el bienestar, son expresión del dinamismo y progreso de la economía. De cualquier modo, este tipo de desigualdad puede y debe ser minimizado mediante una política social subsidiaria que ayude a las personas a desarrollar y actualizar sus capacidades productivas, laborando así en empleos de creciente calidad. Pero la economía social de mercado advierte sobre otro tipo de desigualdad, la asociada al poder y sus privilegios. Un reto es entonces dar forma a instituciones justas, al servicio del interés general. Un Estado no capturable no será fuente de desigualdades y podrá centrarse en el cuidado de la competencia y en el desarrollo de las capacidades productivas de la gente. Así, en síntesis, una economía de mercado puesta al servicio del equilibrio social debe impedir al poder político ser una fuente de privilegios, debe suprimir las estructuras monopólicas y debe hacer prevalecer en todos los casos la libertad. Se ve pues que el centrismo de la economía social de mercado descansa en sólidos postulados y dista de ser expresión de simple pragmatismo [2].

21. La economía social de mercado es crítica de lo que puede llamarse capitalismo rentista, producto del intervencionismo estatal y de la acción de los grupos de interés. Rechaza también al socialismo, inevitablemente estatista, que hoy mantiene maniatadas a sociedades como la cubana o la venezolana, y que pretende ser la única forma de mejorar las condiciones de vida de los sectores populares. Se distingue, asimismo, del llamado neoliberalismo y de la indiferencia que este ha demostrado, en diversos países, por los aspectos sociales y políticos del desarrollo.

V
Antecedentes de una doctrina

22. La economía social de mercado permitió la extraordinaria recuperación económica de Alemania Occidental finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ella se convirtió, en su momento, en una opción doctrinaria para quienes no se identificaban con un liberalismo permisivo que no quiso o no pudo hacer frente a la concentración del poder económico, por una parte, ni con el totalitarismo (tanto comunista como fascista) y su temible concentración del poder político, por la otra. La economía social de mercado surgió como una manera concreta de combinar la libertad y el bienestar de las personas con un orden político orientado a evitar la acumulación de poder de cualquier naturaleza. Y aunque la propia Alemania se haya alejado algo de estas ideas, la economía social de mercado permanece como una valiosa referencia.

23. En su momento, la economía social de mercado fue calificada como una “tercera vía”. Esta fue, sin embargo, una idea poco afortunada. Muchos entendieron que ella promovía una economía de mercado pero intervenida por el Estado. Fue necesario que algunos pensadores ordoliberales precisaran que, en realidad, no existía una alternativa a una economía de libre mercado que no fuese alguna forma de colectivismo. Para ellos el dilema entre libertad y opresión era fundamental y no debía ser minimizado. Pero todavía hay quien piensa hoy que la economía social de mercado está a mitad de camino entre el liberalismo y el socialismo. Es un error que nace del abuso del término por otras doctrinas como la socialdemócrata. La economía social de mercado promueve, sin reservas, un sistema económico de libre mercado y competitivo. Mantiene que el gobierno debe ayudar a perfeccionar ese sistema mediante adecuadas reglas: su función no es intervenirlo o sustituirlo. La economía social de mercado, en su versión originaria, no es intervencionista.

24. La economía social de mercado no constituye un cuerpo intelectual cerrado. No es el “modelo alemán” a copiar sino una manera de acercarse, a partir de determinados valores morales, con prudencia y con sentido de la interdependencia social, a los diversos problemas económicos de cada realidad nacional. Se podría, incluso, invertir la relación y afirmar que fueron los alemanes quienes, recuperando la sensatez, arribaron a esas ideas, tal como lo han hecho luego, en otras circunstancias, distintas sociedades. La economía social de mercado es, en definitiva, economía de sentido común y el ordoliberalismo, un liberalismo sensato. Por ello no sería sorprendente que muchos compartiesen esa doctrina sin saber de su existencia.

VI
Hacia una estrategia de reconstrucción

25. Varias líneas de acción definen, desde una perspectiva que se inspira en la economía social de mercado y que atiende a la especificidad de Venezuela, el desafío de la reconstrucción. El país debe pasar:

i) De un régimen usurpador a una república genuina.

ii) De un régimen de “enchufados” a un Estado sin “toma corrientes”.

iii) De la hiperinflación a la responsabilidad macroeconómica.

iv) De una petrosociedad a una sociedad pospetrolera.

v) De la concentración económica a un pueblo de propietarios.

vi) De la dictadura económica a una economía de emprendimiento, inclusiva y sostenible.

vii) De los monopolios gubernamentales al empoderamiento ciudadano.

viii) De una política social discapacitante a una política social capacitadora.

ix) Del centralismo al federalismo.

x) Del estatismo y el militarismo a la civilidad.

xi) De la crisis de la política a una nueva democracia.

Estas grandes líneas de acción, que se refuerzan mutuamente, pueden servir de marco para diseñar y ejecutar políticas específicas. El esbozo de tales líneas será el tema de un próximo artículo.

***

Notas:

[1] Es común que se incluya también a la “justicia social” como uno de los componentes del proyecto moral que constituye a la economía social de mercado. Ese es, sin embargo, un término equívoco. Basta aclarar aquí que para la economía social de mercado, la justicia social no se basa en la creencia según la cual el enriquecimiento de una parte de la sociedad es la causa del empobrecimiento de otra parte de ella. En una sociedad moderna los ingresos son obtenidos por cada quien en un proceso dinámico que depende, en última instancia, de la valoración que haga la sociedad de los bienes que la persona produce o de los servicios que presta. En ese sentido, los ingresos no son repartidos sino ganados. Ello no significa que una elevada concentración de la riqueza no sea algo odioso para muchos o que no existan modos ilegítimos de enriquecerse. Ambos problemas pueden, evidentemente, comprometer las posibilidades de convivencia pacífica y de desarrollo de las sociedades.

[2] Diversos autores defienden hoy ideas muy cercanas a las de la economía social de mercado, al parecer sin saber de ella. En un libro relativamente reciente, por ejemplo, se puede leer: “En una economía socialista, el sistema político controla los negocios; en un sistema capitalista de compinches, las empresas controlan el proceso político. La diferencia es mínima: en cualquier caso, la competencia no existe y la libertad se reduce. Sin competencia, la vida económica se convierte en injusta, favoreciendo a los conectados. La competencia es el ingrediente mágico que hace que el capitalismo funcione para todos” (Zingales, Luigi. A Capitalism for the People: Recapturing the Lost Genius of American Prosperity, USA: Basic Books. 2014).

1. La Mesa, instancia político electoral, ha diseñado un nuevo mecanismo para tomar decisiones, mecanismo que incluye pero limita al mismo tiempo. En efecto, incorpora a más partidos en el proceso decisorio pero establece también un sistema de votos “ponderados” por el peso electoral de cada una de las organizaciones. Luce como un mecanismo políticamente sensato que aumenta la representatividad de la dirección política de la Mesa y minimiza el riesgo de la parálisis decisional.

2. La vocería se hace flexible y rotativa. Ante la ausencia de un liderazgo nítido dentro de la Mesa tal vez no quede otra cosa que hacer. Aunque se corre el riesgo de la dispersión en el mensaje, algo que ya ha creado problemas anteriormente.

3. La coordinación de la Mesa tendrá menor perfil público y adquiere un carácter exclusivamente operativo. El coordinador, se supone, no competirá con los voceros en la escena pública. Al mismo tiempo esa coordinación se fortalece con tres equipos que pueden, además, establecer “puentes” con diversos sectores. Parece un esquema razonable, desde la perspectiva de la Mesa.

4. La reestructuración de la Mesa se asocia a la creación de un “Congreso de la Sociedad Democrática”. Se trata de una organización para la consulta. No es propiamente una instancia de acción ciudadana. Tampoco es una instancia exclusivamente social pues los partidos también forman parte de ella. Con este Congreso quizás se pretenda superar la desconfianza entre partidos y sociedad civil pero, de no tenerse el cuidado necesario, las diferencias entre esos dos sectores pudieran exacerbarse. En todo caso ese Congreso no está pensado como un ente ejecutor autónomo que pueda actuar al margen de la Mesa. Es, repito, una instancia de consulta. Desde el punto de vista de la Mesa, es lo deseable.

5. La reestructuración de la Mesa no atiende, de manera contundente, a dos problemas esenciales: articular la movilización social y organizar el debate sobre la estrategia de desarrollo. Aunque, para ser justos, no es indiferente ante esos dos retos. El punto es que la lógica político electoral de la Mesa ha colocado y seguirá colocando esos temas en segundo plano. Estos temas requieren otras instancias organizativas con su propia lógica. (Cabe mencionar que la iniciativa adoptada por la AN para debatir sobre la visión de país tiene un potencial interesante, aunque el esquema adoptado parece muy tradicional).

6. La respuesta ante esos dos retos debe provenir, principalmente, de otros dos conjuntos de actores sociales con la debida legitimidad. Que no pidan permiso a la Mesa para nacer y para actuar. Pero que tampoco surjan para competir con ella sino para crear, conjuntamente, el MUD, esto es, el Movimiento de Unidad Democrática.

7. La Mesa se ha reestructurado y eso es un avance. Pero el desafío de reinventar a la oposición y de lograr una adecuada “división del trabajo” entre nosotros, los demócratas, sigue pendiente. Y los tiempos para hacerlo son cada vez más cortos.

http://prodavinci.com/blogs/la-mesa-reestructurada-y-la-oposicion-por-re...