Varias veces a lo largo de 23 años, Venezuela abrigó expectativas de librarse rápidamente del régimen socialista, lo que sucedió por primera vez en Abril de 2002 y por última vez en 2019, cuando la depauperación de las mayorías generaba un enorme descontento social contra el régimen, a la vez que una amplia alianza de países desconocía su legitimidad y algunos muy influyentes le imponían sanciones que estrechaban su espacio de maniobra, a la vez que reconocían a un “Gobierno Interino” ejercido por la Oposición.
Pero hoy, países muy importantes de la alianza internacional de 2019 la han abandonado o no comparten ya la estrategia inicial, mientras en Venezuela se constata un apoyo claro de las Fuerzas Armadas al régimen socialista y un reconocimiento exiguo de la ciudadanía a los partidos y líderes de Oposición, todo lo cual ha disipado las expectativas de desplazar prontamente del poder al régimen. Y los sufrimientos de la crisis continúan pesando sobre las mayorías, porque aquella sigue siendo muy grave y no se está superando, a pesar de la narrativa según la cual “Venezuela se está arreglando”, que comparten y difunden el régimen y algunos importadores y miembros del nuevo “Jet Set” caraqueño.
Ante la dramática realidad de hoy, muchos actores democráticos favorecen una negociación con el régimen, argumentando que por esa vía podría mejorarse prontamente la situación económica y social de la mayor parte de los venezolanos. En este discurso coinciden actores cuyos intereses políticos no son necesariamente convergentes, algunos de ellos comprometidos con la lucha por recuperar las libertades y otros dispuestos a abandonar la resistencia al régimen por considerarla fútil. De hecho, ya se han iniciado conversaciones preliminares, las cuales, según dejan entrever algunos voceros de la Oposición, son preparatorias de una negociación cuya Agenda contempla obtener una liberalización política interna a cambio de apoyar una flexibilización de las sanciones internacionales.
Pero seamos francos, si esa es la Agenda de la negociación en puertas, aún si la liberalización política deseada mejorase las condiciones de competitividad de la elección de 2024, apoyar la flexibilización de las sanciones no estaría sirviendo a una pronta recuperación económica y social en favor de las mayorías. Eso no bastaría para dinamizar la economía, porque las inversiones requeridas sólo se materializarían si se implementan reformas regulatorias concretas que les ofrezcan seguridad, estabilidad e injerencias estatales mínimas; y no todo tipo de crecimiento económico favorecería a quienes más necesitan recuperar su nivel de vida, hacen falta políticas orientadas a lograrlo porque no es verdad que “la mejor política social es el crecimiento económico”.
En fin, que los actores democráticos participantes en las tratativas previstas apoyen la flexibilización de las sanciones, tendría un “valor de transacción” muy alto, que sólo correspondería ceder en dos escenarios hipotéticos.
La primera circunstancia que ameritaría ofrecer apoyo a la flexibilización de las sanciones, es una tal vez ingenua por inalcanzable, sería que el compromiso de liberalización política del régimen tuviese garantías internacionales y comprendiese condiciones perfectas de competitividad y transparencia para las elecciones de 2024, ya que el triunfo seguro que obtendría la Oposición en esas condiciones podría dar inicio inmediato a la recuperación económica y social.
Y el segundo caso de negociación que justificaría secundar la flexibilización de las sanciones, algo más realista aunque no del todo fácil de construir, sería que el régimen se comprometiese simultáneamente en dos planos, en una liberalización que incluya mejoras políticas y se acompañe de compromisos internacionales supervisados, y en la implementación -también supervisada- de reformas institucionales y políticas económicas y sociales que sirvan de soporte cierto al inicio de una recuperación económica y social del país.
Que la Oposición participe en unas negociaciones con el régimen ofreciendo el apoyo para la flexibilización de las sanciones a cambio de una liberalización que no se acompañe de reformas y políticas dirigidas a mejorar la situación de las mayorías, solo generaría frustración general y desprestigio político para cualquier opción futura de negociar.
… Poque si se argumenta en favor de acudir a una negociación porque ella podría abrir las puertas a una mejora cercana de las condiciones económicas y sociales de las mayorías, sería un engaño que sólo se negocie en busca de logros electorales en lo inmediato, aunque ellos abran un camino de largo plazo...
Septiembre de 2022
1. El retroceso económico de Venezuela comenzó hace más de cuarenta años y ha sido enorme
Una primera imagen de lo que fue el progreso de Venezuela y de cuándo y hasta donde llegó su retroceso en el concierto global es ofrecida por la figura 1.[2] Hasta el inicio de la era petrolera, Venezuela y Haití eran los países más pobres de America, lo que cambió desde la década de 1920 haciendo que Venezuela se despegase del resto de América Latina e incluso de la OCDE por muchos años. Desde 1945 y hasta 1970 el PIB per cápita de Venezuela fue superior al promedio de la OCDE; el cociente llegó a sus máximos valores en los años 1948 y 1957. Desde los años 60 comenzó a reducirse a pesar de que el PIB de Venezuela crecía, porque ya Europa, Australia y Japón recuperaban su dinamismo previo a la guerra mundial y Venezuela había recibido corrientes migratorias muy importantes. La tendencia del mismo cociente posterior a 1978 fue siempre muy decreciente porque el PIB de Venezuela se estancaba o contraía mientras el de la OCDE se elevaba (ver la sección 2 y el Cuadro C-1).
Para 1998 ya Venezuela mostraba la misma posición relativa a la OCDE que había tenido en 1920 (un retroceso de 78 años) y para 2021 había vuelto a caer por debajo del PIBpc del resto de América Latina y el Caribe, retrocediendo tanto con respecto a los países desarrollados que no hay un parangón estadístico en toda la historia del país posterior a 1870.
Figura F-1: PIB pc como % del PIB pc de la OCDE (USD GK de 1990)
2. Expresiones económicas, sociales e institucionales del progreso y la regresión desde 1936
Comparando a Venezuela consigo misma con base en los indicadores del Cuadro C-1, puede reiterarse que después de más de 40 años de expansión continua del PIB per cápita y del salario medio, desde que se agotó el boom de precios del petróleo de los años 70 del Siglo XX, la sociedad venezolana ha vivido siempre con retrocesos del salario y con alta inflación, llegando a niveles de hiperinflación desde 2018. Para 1998 los hogares venezolanos ya habían visto retroceder sus ingresos reales salariales a los valores que tenían en la década de 1950, mientras en 2021 habían retrocedido a niveles previos a los de 1936.
En el lapso de los últimos cuarenta años las tendencias del PIB per cápita y los salarios han sido decrecientes y las del empleo precario y la pobreza han sido expansivas, con la excepción del período de boom de precios internacionales del petróleo 2004-2013, después de cuyo agotamiento todas las tendencias retomaron la dirección negativa que traían y se hicieron aún más pronunciadas.
Cuadro C-1: Indicadores económicos, sociales e institucionales del desarrollo de Venezuela3
En términos político-institucionales la crisis venezolana se expresa en el deterioro de la calidad de la gobernanza,[3] que proyecta la pérdida de la democracia, en la caída de todos los índices de libertad[4] violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos, en la corrupción rampante y no controlada en el Estado y en el debilitamiento de todas las instituciones.
El Estado de Venezuela ha llegado a la fragilidad extrema[5] y, desde hace dos décadas, se ha alineado de manera beligerante en la confrontación geopolítica mundial, participando en ella en alianzas con países como Rusia, China, Irán y Cuba; ha propiciado o apoyado internacionalmente formas de conflicto de cuarta generación que agravan dicha confrontación, asociadas al terrorismo, el lavado de activos y el tráfico de drogas, y se ha convertido en un promotor muy activo de regímenes de corte similar en toda América Latina.
Por otra parte, la crisis ha afectado seriamente la cultura de lo público influyendo negativamente en la violencia social y la inseguridad ciudadana, 9 así como en los valores, normas éticas y actitudes de muchas personas pertenecientes a todos los estratos sociales, sea frente a la convivencia pacífica en democracia o frente al progreso basado en las capacidades y el esfuerzo propios.
Finalmente, los sistemas sociales, culturales y económicos de la sociedad venezolana que pudiesen -en concierto- contribuir a revertir la crisis, también vienen deteriorándose desde hace más de cuatro décadas y en los últimos veinte años prácticamente se han derrumbado como consecuencia de estrategias adelantadas por el Estado para imponer el Socialismo del Siglo XXI, dirigidas al control ideológico de la población, a la anulación de la autonomía ciudadana y a la desaparición de las libertades económicas. Ello ha sucedido con el sistema educativo público que atiende a niños y adolescentes, igual que con los sistemas públicos de atención de salud y con la economía productiva privada, y ha ocurrido en los últimos 15 años con las universidades del Estado, que llegaron al colapso por el cerco económico que estableció sobre ellas el Régimen Socialista.
Resumiendo, Venezuela vive una profunda Crisis de Desarrollo que lleva una gestación de cuatro décadas y que abarca los órdenes económico, social y político-institucional. Es justo decir que la complejidad, la profundidad y la duración de la crisis son tales que sólo podrá resolverse cambiando el estilo de desarrollo por uno alineado con los valores y objetivos de Desarrollo Humano Sostenible. No puede esperarse que el solo cambio de régimen político o una liberalización de la economía terminen resolviéndola. Hace falta provocar una transición real a un nuevo estilo de desarrollo, que abarque la actividad económica, la esfera de lo social, las instituciones y reglas y el ejercicio de la política.
[1] La presente Nota, apoyada en los datos de la Figura F-1 y del Cuadro C-1, pretende comunicar la extensión y la profundidad de la crisis venezolana. La figura ofrece una imagen sintética y muy elocuente de lo que han sido el progreso y el posterior retraso económico de Venezuela relativo a los países desarrollados, representado por indicadores que expresan al PIB per cápita de Venezuela (y al del resto de América Latina y el Caribe) como porcentajes del promedio del PIB per cápita de los 24 países que eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 1974. El cuadro, por su parte, muestra variadas expresiones de la sis mediante el seguimiento de muchos indicadores económicos, sociales y políticoinstitucionales de Venezuela reconocidos internacionalmente.
[2] Todos los 24 miembros de la OCDE para 1974 eran países desarrollados. El PIB per cápita empleado en la confección de la Figura 1 está expresado en USD internacionales de poder paritario de compra (USD Geary-Khamis de 1990). Fuente: W. Corrales, Sistema de Indicadores del desarrollo de Venezuela, ANIH 2017; actualizado a 2022.
[3] El índice de Calidad de la Gobernanza se eleva desde -6 en 1935 hasta 9 en 1966 (90% del máximo posible) y allí se mantiene hasta finales del siglo XX, para volver a caer a valores negativos en la segunda década del Siglo XXI.
[4] En el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, Venezuela pasa de estar en el percentil 93 de todos los países evaluados para 1969, al percentil 60 en 1991 y al percentil 2 en la actualidad. En el Índice Mundial de Libertad de Freedom House, que varía entre 0 y +10 puntos, cae 9.29 en 1980 a 6.43 en 2002 y a 1.00 en 2021.
[5] Fund for Peace. Venezuela pasa de ocupar la posición 83 en el ranking de estados frágiles en 2013 (en la mediana de los países evaluados), a tomar el puesto 25 en 2021 (percentil 90 de los países estudiados), acercándose a las posiciones de Haití y Somalia. 9 UNODC, El número de homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador de violencia social e inseguridad ciudadana, viene creciendo desde los años 80 del Siglo XX y ha llegado a niveles extremos en el Siglo XXI.
Junio 2022
El futuro político de Colombia pareciera ominoso, si se juzga por las trayectorias y declaraciones a los dos candidatos que van a la segunda vuelta de la eleccion presidencial.
De Petro se ha hablado mucho y se tienen temores fundados que derivan de su historia guerrillera, su cercanía a Chávez y Maduro y sus promesas concretas de corte populista de izquierda; del “Ingeniero Hernández” se conoce menos pero algunas de sus declaraciones lo hacen ver como un populista de derecha sin ningún programa o propuesta, que ha hablado mucho de desaparecer la corrupción sin expresar ideas sobre cómo hacerlo ni cómo abordar los profundos problemas sociales del país. Pareciera tratarse, como ya lo comentan algunos analistas, de un “Trump colombiano”, que en 2016 no tuvo empacho en declararse admirador de un “pensador alemán” llamado Adolfo Hitler.
Es casi seguro que el Uribismo y otros factores políticos tradicionales de Colombia se unirán alrededor de Hernández para cerrar las puertas a Petro, pero eso podría no garantizar un triunfo electoral de Hernández o que su eventual gobierno asegure la paz en nuestro país vecino, visto el alto porcentaje que alcanzó Petro en los votos de ayer y la eventual molestia y rechazo que podría darse en las mayorías ante una maniobra así.
En fin, cualquiera de los escenarios políticos previsibles parecen de alto riesgo y podrían desencadenar acontecimientos muy serios de violencia que Colombia ya ha vivido en el pasado.
Dos quiera que no sea así.
30/05/2022
Asumir que la crisis de Venezuela nació en 2015 o con la llegada de Chávez al poder en 1999 puede llevarnos a cometer errores muy serios y a poner nuevamente en grave riesgo a la democracia, casi inmediatamente después de que logremos liberarnos del presente régimen.
Las lecciones a aprender hoy, en febrero de 2022 para la recuperación de la libertad y el progreso y para lograr que ellos se mantengan irreversibles en el futuro, incluyen fundamentalmente tres cosas: la necesidad de que acordarnos para que la nueva democracia que construyamos sea una democracia plena, que asegure para todos justicia, oportunidades para el progreso y el bienestar, y no se limite a asegurar elecciones limpias; en segundo lugar que los liderazgos se comprometan realmente con objetivos y estrategias para el desarrollo del país y no abandonen en ningún momento esos compromisos; y por último que hoy y no en 2024 se construya una unidad de los liderazgos en función de los principales objetivos de desarrollo, incluyendo los económicos, los de protección de la naturaleza y el ambiente, los de equidad social en las oportunidades y los de gobernanza democrática, trascendiendo unidades tácticas para participar en comicios.
El Proyecto de País de la Democracia del Siglo XX y la ruptura del compromiso de los liderazgos
El progreso continuo habido en todos los niveles sociales hasta 1978 había hecho realidad muchos de los objetivos del Proyecto de País de la Democracia alrededor del cual se habían comprometido de manera explícita sus líderes en 1958, cuyos resultados ya se expresaban para los primeros años 70, antes del boom de precios del petróleo, en una clase media en continuo progreso y expansión, educada y políticamente activa. El retroceso iniciado en 1979 y agravado hasta los años 90 resultaba del funcionamiento de una democracia que se apartaba progresivamente de los compromisos con el cambio social y el desarrollo con los que se había iniciado, y se reducía gradualmente a garantizar la alternabilidad en el poder; es decir una democracia electoral y no plena;[1]
El intento de revertir el deterioro del desarrollo venezolano en la última década del Siglo XX
En un intento de revertir el deterioro comentado, a partir de 1989 el segundo gobierno del presidente Pérez inició reformas y nuevas políticas dirigidas a corregir deformaciones del estilo de desarrollo, entre ellas una reforma institucional orientada a desaparecer vicios de excesivo centralismo político y administrativo, y reformas económicas que incluían un programa de ajustes instantáneos dirigido a detener el deterioro económico progresivo de la población que se había iniciado diez años antes. No habiéndose construido una plataforma suficiente de apoyo político a las reformas, liderazgos fundamentales del partido de gobierno adversaron partes importantes de ambas líneas de transformación, mientras líderes empresariales y laborales adversaron buena parte de las reformas económicas y muchas figuras de las élites intelectuales, económicas y políticas se abstuvieron de ofrecerles el apoyo que necesitaban;
La “antipolítica” en personalidades y medios: último eslabón de la cadena, no la causa inicial
El Caracazo de Febrero de 1989 y su represión por las Fuerzas Armadas, el primer golpe militar de 1992 y el debate habido sobre el mismo en el Congreso Nacional, así como las disidencias existentes en el seno de los liderazgos de AD y Copei, fueron empleadas por importantes medios de comunicación para lanzar campañas muy negativas para la imagen del sistema democrático, como fueron algunas novelas de gran audiencia en TV y coberturas tendenciosas en diarios de gran circulación. También fueron amplificados por iniciativas de personalidades prestigiosas como fue la de “Los Notables”, que criticaron de manera abierta deterioros que eran graves y reales en la democracia en medio de una gran debilidad de sus instituciones.
Pero no perdimos la democracia por la “antipolítica” practicada por algunos medios y personalidades, esos hechos eran el último eslabón de una cadena que comenzó con el deterioro en el desarrollo del país iniciado al final de la década de los años 70.
La degradación de la democracia de Venezuela y el debilitamiento de sus partidos que ya observábamos en la última década del Siglo XX eran dos expresiones de ese deterioro, que se fue haciendo importante en lo social en los años 80, hasta expresarse fuertemente en la esfera política con el Caracazo, los golpes militares de 1992, la interrupción del mandato del Presidente Pérez en 1993 y las campañas mediáticas que terminaron de minar la credibilidad del sistema democrático.
Toda esta secuencia erosionó el apoyo popular del que habían disfrutado los dos partidos mayoritarios[2] y deslegitimó a sus liderazgos en las bases de la sociedad, lo cual abrió las puertas por las que entró el chavismo para instalar y consolidar el actual Régimen Populista Autoritario cuyas ejecutorias llevaron al clímax actual de la crisis.
05-02-2022
[1] Una selección de ocho indicadores relevantes de desarrollo muestra la variación de la calidad de vida de la sociedad venezolana entre los años 1958-1978 y los que van de 1978 a 1998 en términos económicos, sociales e institucionales: i) el salario real del trabajador se multiplicó por más de 2 entre 1958 y 1978 (año más alto) para llegar en 1998 a ser una tercera parte del máximo y ser 25% más baja que la inicial de 1958; ii) el índice de precariedad laboral (suma del desempleo abierto y el empleo informal como % de la Población Económicamente Activa PEA) era de 59% en 1958, cayó a 43,6% en 1978 y llegó a 60,1% en 1998; iii) los homicidios al año por cada 100.000 habitantes pasaron de 13 en 1963 a 11 en 1978 a 17 en 1993 y a 20 en 1998; iv) la población en situación de pobreza de ingresos pasó de representar el 27% de la población total en 1971 a 35,2 % en 1989, 38,6% en 1993 y 64.3% en 1998. En términos absolutos, se pasó de 4.7 millones de pobres en 1978 a 10.9 millones en 1989 y a 14.9 millones en 1998, se triplicó el número de pobres en los últimos 20 años de la democracia; v) El índice de calidad del régimen de gobierno (Polity IV, de -10 para la autocracia absoluta a +10 para la mejor democracia) pasa de -3 en 1957 a +9 en 1975 para caer a +8 a partir de 1992; vi) el índice mundial de libertad (Freedom House, de 0 a 10) pasa de mantenerse en 9.2 entre 1976 y 1987 a mantenerse en 6,7 después de 1993; vii) en libertad económica (Fraser Institute) Venezuela es percibida en 1980 por encima del percentil 90 de todos los países del mundo, para caer al percentil 67 en 1990 y por debajo del percentil 25 en 1995; y viii) el número de protestas ciudadanas (Base de Datos El Bravo Pueblo, López Maya), crece desde 1980 y las protestas violentas pasan de ser el 40% del total en 1984 a representar el 80% del total a fines del siglo.
[2] La suma de los votos recibidos por AD y Copei en las elecciones generales habían pasado de ser un 50% del total de electores inscritos en 1963 a superar el 80% a partir de 1973, coincidiendo con la rama ascendente del progreso y caen a 32% en 1993 y a 6,6% en 1998, coincidiendo con el descrédito de los partidos y liderazgos y el máximo del retroceso social de los años finales de la democracia.
Es triste que la Oposición esté dividida pero hay que analizar por qué lo está antes de echar todas las culpas a quien critique lo que el o ella considere incorrecto.
Si se lee equilibradamente el titular con el que salen las declaraciones dadas a ABC por María Corina Machado no se puede decir que ella esté mintiendo... Lo mismo puede decirse de las declaraciones de Capriles sobre la caída de Guaidó en la opinión pública.
¿Es inoportuno lo dicho por Maria Corina?... no para quien siempre ha estado en contra de estas elecciones por pensar que no conducen a ninguna parte y legitiman al régimen.
También yo estoy entre quienes piensan que es muy triste que no haya una mayor coincidencia entre los partidos de Oposición, pero francamente creo justificado que quien se oponga a la corrupción en la Oposición no se alíe con grupos entre cuyos candidatos se cuentan algunos con muchos indicios de dolo. El escándalo de
Monómeros no es el único y las muestras de asociación de algunos “dirigentes” con el caso Saab van más allá de haberle extendido al “embajador” de Maduro cartas de buena conducta.
Es muy probable que algunos candidatos de la Oposición ganen el 21 -11 gobernaciones, alcaldías y curules; ojalá entre ellos no haya nuevos casos de los cuales avergonzarse.
Para concluir, yo me pregunto qué hace más daño a la imagen de la Oposición... ¿la corrupción existente y no atacada en los partidos?... ¿el alacranismo?... o que algunos no participen en los comicios y critiquen el dolo?.
En miembros notables de nuestros partidos de Oposición hay corrupcion y juegos extraños con figuras del régimen o sus “embajadores”.... ¿Que hay que hacer ante eso?... ¿mirar hacia otro lado?...¿no criticar o denunciar porque estamos en medio de unas elecciones?
Hay trapos sucios que huelen muy mal y por más que se los quiera esconder o lavar a puertas cerradas, todo el mundo se da cuenta de la fetidez.
No se cuando vendrá una verdadera renovación de los liderazgos, una que reúna a dirigentes honestos y bien formados; mientras tanto, María Corina Machado puede ser incómoda para muchos, pero es un referente de rectitud.
El riesgo que implicará la pobreza para nuestra nueva democracia
La pérdida de la democracia venezolana que comenzó hace 22 años tiene mucho que ver con la elevación de la pobreza. Ella se gestó entre mediados de la década de 1970 y 1998, años en los cuales la pobreza creció de menos de un 30% a más del 60% de la población y el régimen político derivó hacia un populismo clientelar que manipulaba a los pobres sin ayudarlos a salir de su situación, creando así el caldo de cultivo que aprovechó el chavismo para llegar al poder. La historia más reciente es muy conocida; durante el tiempo transcurrido del Siglo XXI, el régimen socialista exacerbó la manipulación clientelar de los pobres sin reducir la pobreza, la cual de hecho se elevó, y sembró eficazmente el odio entre clases sociales. Pobreza y odio social disolvente no se reducirán automáticamente con la salida del socialismo del poder.
El riesgo latente que implica mantener niveles altos de pobreza para la nueva democracia, puede entenderse de las tres consideraciones siguientes:
La propuesta política: un pacto para el progreso de todos
La reducción significativa de la pobreza sólo es posible elevando las capacidades humanas de la mayoría de los venezolanos para que ellos se hagan agentes de sus propias vidas. Es decir, sólo será posible mediante un proceso que genere oportunidades para el progreso de todos y que evite las desviaciones populistas que ha vivido nuestra política en el pasado.
Por otra parte, es necesario que ese proceso garantice dos condiciones para que los grupos populares desarrollen adhesión y lealtad con la nueva democracia, y para que todos los venezolanos combatamos con éxito los intentos disolventes que el chavismo y otros populismos de izquierda radical estarán probablemente haciendo entre los pobres.
En primer lugar, es necesario que el proceso tenga victorias tempranas, es decir que los hogares pobres vivan logros crecientes de bienestar desde su inicio; en segundo lugar, es indispensable que toda la sociedad venezolana incluyendo su clase media, los empresarios y los trabajadores, y no sólo las organizaciones políticas, valoren y le brinden su apoyo efectivo al proceso para darle viabilidad política.
En fin, tanto por motivos éticos asociados a la equidad que debe tener nuestro desarrollo futuro, como por las razones políticas antes comentadas, es necesario iniciar tempranamente la aplicación de una estrategia que asegure el progreso de todos, en función de cuyo éxito se propone promover en el seno de las organizaciones políticas democráticas, las organizaciones laborales y empresariales, las principales ONGs y las iglesias, la suscripción de un Pacto para el Progreso de Todos, cuya ejecución se guíe por las tres líneas siguientes:
La asignación de la más alta prioridad política real a un conjunto de programas apoyados en reformas institucionales y en políticas económicas, educativas, de seguridad social y de infraestructuras y mejora del hábitat popular, que se mantenga a través de sucesivos períodos presidenciales hasta completar no menos de 20-25 años. Programas dirigidos a la creación de capacidades y oportunidades para el progreso de todos y al propósito de reducir la pobreza, con logros específicos en los horizontes de largo, mediano y corto plazo, los cuales se integren en un pacto de políticas públicas que comprometa a los partidos políticos, las organizaciones empresariales y laborales y las iglesias, entre otros actores.
La incorporación al Pacto de programas de solidaridad social activa que contribuyan a neutralizar los efectos de la siembra de odios varias veces mencionada, a ser ejecutados en el corto plazo por la clase media, los estudiantes, los profesionales universitarios, los empresarios y otros grupos sociales específicos, para la creación de capacidades en niños y jóvenes de los hogares populares.
El seguimiento y la evaluación sistemática de los programas, en función de cómo se van logrando sus objetivos, a cargo de un Consejo del Pacto, órgano independiente de muy alto nivel político, que mantenga permanentemente informada a la población de las experiencias de solidaridad social activa y de las ejecutorias de los programas en general, y que haga recomendaciones periódicas al (a los) poder(es) ejecutivo (y legislativo) y a los demás actores firmantes del Pacto, para realizar los ajustes que sean necesarios en ellos.
Agosto 2021
Para ejercer un liderazgo político efectivo, capaz de orientar a una nación, sobre todo a una que está prácticamente disuelta y con la mayoría de sus miembros en infame precariedad, es indispensable que los que pretendan aquel rol sientan empatía real con la gente, sus anhelos y sus penurias, que tengan una visión del país futuro a construir y de las estrategias, instituciones y políticas necesarias para hacerlo y que todo eso se refleje en sus acciones.
Si, eso tiene que ser más que un conocimiento o un sentimiento en el lider, tiene que ser la motivación fundamental de su quehacer para que la gente lo respete, lo reconozca y acuda a sus llamados.
Sobre esa base la lucha electoral es apreciada por los ciudadanos como un instrumento legítimo del liderazgo en cualquier circunstancia.
Pero cuando la motivación fundamental de un político o de la clase política de una nación en nuestras circunstancias es simplemente ejercer la competencia electoral, es ganar cargos de elección popular sin tener la visión de que hacer desde esos cargos y sin mostrar aquella empatía, no puede esperarse que la construcción de un nuevo país esté cercana a través de la guia de los dirigentes.
Yo creo que, lamentablemente, nuestro obstaculo principal para salir de la crisis radica en la ausencia de esas condiciones en casi toda nuestra élite política.
La gente de Venezuela estaría más dispuesta a la unidad que requiere su acción si reconociese a un liderazgo por su motivación y por aquellos rasgos.
El dilema no está realmente en ir o no a unas elecciones; está en contar o no con suficientes líderes merecedores del reconocimiento de nuestra sociedad.
6 de Agosto de 2021