La coordinación política de la oposición democrática está a punto de decidir si se participa o no en estas elecciones presidenciales, aun cuando ya existen suficientes argumentos que inclinan la balanza en favor de no hacerlo, principalmente aquellos que provienen de las manifestaciones de la alianza internacional que viene respaldando a Venezuela. Sin embargo, existen varias opiniones que aun generan dudas en la sociedad civil venezolana que vale la pena considerar y, quizás, la mas importante de ellas es la que pregunta por el “después” de no hacerlo, queriendo indicar que, si esta pregunta no tiene respuesta se objeta no participar en ellas. En estas notas deseo poner el énfasis en ese “después”, aunque primero unas breves consideraciones sobre el “antes”.
Antes de las presidenciales.
Primero: quienes argumentan que el “no” no tiene un después, tampoco, que se conozca, presentan un después claramente delineado, más allá de continuar participando en las restantes elecciones. Quienes opinan que la vía, la única vía, es la electoral dejan el resto de las acciones civiles solo en ese plano: “Seguir votando es la consigna” en condiciones de una evidente ausencia de garantías electorales y políticas.
Lo segundo es el tema del dilema entre votar o no, entre participar o no en ellas, lo cual lleva a un doble problema. Por una parte, de nuevo se coloca a la sociedad civil con la sola opción del voto como expresión política y allí existe un grave enfoque que la mantiene paralizada, porque lleva automática y simplistamente a que única otra opción que queda es la “calle” o la “guarimba” un dilema del que hay que salir.
Por otra parte, está el tema del “falso dilema”, cuando este solo es cierto para las organizaciones políticas y no para la sociedad civil, puesto que aquellas se han quedado solo con la opción del voto para hacerse un lugar en el terreno político. Lo que caracteriza un partido político: doctrina, programa, organización, defensa de la ciudadanía, del país, de la propiedad, en fin, de la Nación y la Republica han desaparecido. Aun con honrosas excepciones esa es la regla general.
Lo tercero es que la sociedad civil no tiene, ni puede tener ese dilema si se acoge a sus intereses legítimos[1], cuales son de principio sus derechos civiles y políticos, esencia de los derechos humanos de la sociedad contemporánea y, muy particularmente preservados en la Constitución de 1999, aún vigente. No hay dilema sobre participar o no en unas elecciones donde esas garantías han sido vulneradas sistemática y expresamente por quien ejerce el poder. El dilema es de los partidos, pero solo si se quedan en el puro y estricto plano del voto y del interés partidista, que no es otro que quedar con “algún número” que los deje posicionados en el campo electoral.
Si la sociedad civil no tiene ese dilema su tarea, antes de las elecciones, es elevar su voz en contra de ese estado de cosas, no si decide participar o no. El desarrollo de una campaña y una o varias consignas en esa dirección es la postura correcta e inobjetable, tal como la han iniciado la Conferencia Episcopal, la Asociación de Rectores y varios gremios empresariales. Desde luego un apoyo masivo es necesario para convencer a la opinión pública, al venezolano común y a la comunidad internacional de lo inconveniente de realizarlas.
Antes y después: Una coalición civil por la democracia.
La sociedad civil tiene que salir en su propia defensa. Su integridad y su vigencia misma están en juego. Varias voces han clamado por este llamado. El sacerdocio, los ciudadanos, los estudiantes, los gremios profesionales y algunas organizaciones políticas y civiles se han pronunciado de manera aislada, pero no termina de cuajar una voz colectiva, lo suficientemente fuerte y masiva para contener el riesgo y evitarle un daño irreparable a la Republica, a Venezuela y a la misma sociedad civil. Solo sus organizaciones institucionales y representativas tienen la capacidad para desarrollar una respuesta de envergadura, que sea acogida y apoyada por los partidos políticos. El mundo militar tiene que reaccionar frente a una propuesta de una sociedad que quiere vivir en democracia y ha de defenderla. Se ha dicho: “La Unión hace la Fuerza”
Si hay un Después.
Y este es, precisamente, el primer tema para el “después” porque obliga a desarrollar una ruta de defensa de esos legítimos intereses y derechos. Al participar, convalidando, esas violaciones, no hay razones para adversarlas luego. Esa “Coalición Civil” que se propone debería mantenerse y superar su “status” defensivo. Ese sería el primer paso para el “después”: constituirse formalmente para mantenerse en el tiempo, como una organización para defender, ahora y siempre, esos derechos.
La Reforma Política.
Se puede comenzar con un riguroso diagnóstico de la ruptura de ese orden y proponer los cambios políticos necesarios para restaurar plenos derechos civiles y democráticos en Venezuela. No solo aquellos referidos al periodo “revolucionario”, sino también los que estructural e institucionalmente entraban la representatividad y la participación de la gente en los intereses generales. Entre ellos la vigencia de un excesivo “presidencialismo”, la manera de elegir al presidente de la Republica, la dotación a la Asamblea Nacional de poderes realmente efectivos, el formato de la representación de la sociedad en los poderes públicos, la reglamentación de las facultades constituyentes. El “rejuvenecimiento”, la democratización y la representatividad de los partidos políticos. Un formato debe ser ideado para garantizar la concordia y la participación política de todos los partidos, independientemente de sus doctrinas e ideologías. La Reforma Política es la primera y principal tarea.
Con “hambre y pobreza” no hay democracia.
La segunda gran tarea de la sociedad civil para el “después” va en dirección de reforzar el peso social que debe tener una autentica democracia, porque, mientras Venezuela arrastre una tasa de pobreza y, ahora de sus secuelas coyunturales de hambre, escasez y precariedad en todo sentido, la democracia corre el riesgo de caer en “manos de cualquiera”. Por consiguiente, un plan sostenible y duradero para atenuar estos dos problemas y superarlos coherentemente debe ser desarrollado por las instituciones de la sociedad civil organizada, en especial aquellas que tienen el poder económico y productivo para ponerlo en práctica. Una tarea que no se puede dejar solo bajo la responsabilidad del Estado venezolano.
El país productivo.
Asombra muchas veces escuchar como los empresarios y los trabajadores están a la espera de una Comisión Tripartita para acometer la tarea de la estabilidad, del crecimiento y el desarrollo productivo, como si los verdaderos responsables de esos actos no son ellos mismos. Un acuerdo del capital y el trabajo para el País Productivo es imprescindible. El Petróleo debe jugar una tarea integradora en concordancia con las vocaciones económicas regionales y con la participación de la sociedad civil. Los ingresos petroleros deber ser convertidos en Fondos de Ahorro e Inversión Productivos.
La sociedad civil y el Estado venezolano.
Una relación que tiene que cambiar y revertirse en favor de los intereses legítimos de la sociedad civil. El Estado al servicio de la sociedad civil y no lo contrario exige una profunda reforma de ese Estado, hiperactivo, preponderante, dueño de todo, expropiador, clientelar, omnipotente y omnipresente en favor de la gente y sus intereses individuales y colectivos.
¿Una utopía?
Hemos nombrado algunas de las tareas que debería asumir esta sociedad y estamos consciente de su complejidad y de los grandes y difíciles obstáculos que tiene por delante, pero si bien parecieran utópicas esas tareas, lo que está en juego, como indicamos antes, es su vida misma y su integridad como tal, por lo que acometerlas se hace indispensable si es que Venezuela ha de mantenerse integrada como una sola Nación o perece en manos de la desintegración. Ya hay rasgos y síntomas lo suficientemente claros como intentar el ensayo.