INFORME CONFIDENCIAL

Delcy Rodríguez creía que entraba a España. De hecho, ya había establecido citas de “negocios”. Y le había suministrado las coordenadas a algunos conocidos de dónde se iba a alojar en Madrid. Ocho días atrás había establecido contactos. ¿Pero qué pasó? ¿Quién abortó el plan?

Al menos dos empresarios. Uno de España y uno de Venezuela, sabían que la vicepresidenta Ejecutiva de Nicolás Maduro llegaría a Madrid el lunes 20 de enero. En el mundo de los negocios las noticias corren pronto. El primer empresario está vinculado al mundo del petróleo. El segundo es un industrial con operaciones, por décadas, en Venezuela, aunque venido a menos, como todos. Amigos desde hace años, el español llamó al venezolano para consultarle. “Viene Delcy Rodríguez y trae una propuesta sobre inversiones en petróleo. ¿Qué piensas?”.

Con este anuncio, la mano derecha de Maduro estaba anticipando que iba a entrar a España. Porque había una excusa técnica para hacerlo, y ese sería un elemento que manejó desde que se planificara el viaje y tal vez el elemento de fuerza -¿La excusa principal?- que se le transmitió a la Cancillería: que Delcy Rodríguez viajaba en ese avión y debía pernoctar en Madrid pues en vista de que continuaba viaje hacia Turquía -después se fue a Qatar- la tripulación, por protocolo, estaba obligada a descansar después de 9 horas de vuelo desde Caracas.

Estaba tan segura Delcy Rodríguez de permanecer esas horas en Madrid, y celebrar las reuniones que había pautado, que a un conocido suyo le había indicado el hotel del Paseo de La Castellana donde se iba a alojar, y el nombre supuesto con el que se iba a registrar. En efecto, un nombre que no era el suyo. Y esta información la obtuvo el diario ALnavío de manera casual -fortuita diría el ministro José Luis Abalos sobre su encuentro en la nave que la transportaba- en una reunión en la que se encontraba la fuente, quien de manera espontánea señaló a los presentes, incluyendo al periodista, que Delcy Rodríguez ya estaba en Madrid, y cuando se le apuntó que corría el rumor -todavía era un rumor- de que se le había negado el ingreso se apresuró a aclarar:

-No. Está en Madrid. En este hotel. Llegó anoche. Seguro la veré -Después la fuente se enteraría de los hechos.

Pero Delcy Rodríguez estaba tan segura de que estaría en Madrid que, aun ya desatada la polémica mundial, algunos de sus amigos en Caracas, consultados por el diario ALnavío, seguían creyendo que lo había logrado, a pesar de las sanciones que le impiden ingresar en los países de la UE.

Uno de ellos, comentó al diario ALnavío:

-Sigue creyendo que no entró.

Toda esta historia lleva al diseño del viaje. El por qué y el para qué del viaje. La misión que se traía entre manos, justo cuando todavía era una posibilidad de que el mandatario español, Pedro Sánchez, recibiría a Juan Guaidó después de su paso por Londres, Bruselas, Davos y París, aunque en esa fecha no estaba confirmada la cita con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

La historia conduce a la obligada pregunta de quién era el contacto inicial desde dentro o fuera del gobierno de Pedro Sánchez que le estaba ofreciendo garantías de que podía viajar, podía aterrizar en el aeropuerto de Barajas e, inclusive, pasar la madrugada del lunes, el propio lunes, y tal vez hasta el martes, en Madrid, si se atan los cabos de los empresarios y de la otra fuente identificada como “conocido” suyo. Le estaba garantizando que podía desarrollar su agenda. Destaca aquí que la Vicepresidenta viajaba con seis asesores. ¿De qué tipo?

Lo siguiente fue el trámite de la embajada de Maduro en España, que había informado antes a Cancillería sobre el viaje de Delcy Rodríguez, y de la nave específica del vuelo, y lo subsiguiente fue que Cancillería participó al Ministerio del Interior y luego Interior a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que tomaron las medidas del caso.

Ha debido ser un contacto con poder. Al que se le escapaba el detalle, el pequeño detalle, que es el que va a revelar más tarde el presidente Sánchez: que de haber ingresado se hubiese desatado una tormenta diplomática. “Una crisis diplomática”, dijo Sánchez. Crisis que se hubiese dado en varias bandas: con el régimen de Maduro, con los socios de la Unión Europea, que fue la que impuso las sanciones, y con los Estados Unidos, aliado de la causa a favor de Juan Guaidó y el rescate de la democracia en Venezuela.

Si lo que ocasionó el aterrizaje y el encuentro del ministro Ábalos ha sido todo un escándalo que se extenderá por semanas y con el agravante de que será ventilado en el Congreso de Diputados, hay que imaginarse lo que hubiera pasado si la filtración del diario Vozpopuli hubiera sido que Delcy Rodríguez, la sancionada por la UE, y mano derecha de Maduro, se encontraba en Madrid, alojada en un hotel del Paseo La Castellana.

Delcy Rodríguez estaba tan segura de entrar a España que pujó por horas. Hay que imaginarse la rabieta de esta mujer menuda queriendo bajar del avión y hay que imaginarse al comisario de fronteras llamando a su superior para indicarle lo que estaba pasando, y este llamando al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y este luego llamando al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, para que la persuadiera de que aquello era una insensatez.

El ministro le confiesa al diario La Razón que el dispositivo policial “era fuerte”. Ábalos dice que el ministro de Interior le pidió que procurara que Delcy Rodríguez no bajara del avión, y tal cual lo hizo: “Le recordé que no podía entrar en suelo español dadas las sanciones de la Unión Europea”, declaró Ábalos a La Razón. Las fuentes policiales han coincidido en apuntar que Ábalos fue a Barajas a persuadirla de que no descendiera, y no como ha dicho que era para verse con su “amigo” el ministro de Turismo chavista, Fernando Plasencia.

Si la versión policial es la correcta, es posible imaginar el estado de tensión generado por Delcy Rodríguez, dentro y fuera del avión, porque, además, a esa hora de la madrugada del lunes debía estar llamando al contacto en el poder, a quien seguro le reclamaba la situación.

¿Pero qué podía hacer Marlaska? ¿Qué podía hacer Ábalos? ¿Qué podía hacer Cancillería? ¿Qué podía hacer Sánchez? Lo otro es que Delcy Rodríguez ni siquiera habría llegado al hotel del Paseo de la Castellana, sino que hubiese sido detenida en Barajas, y entonces la crisis diplomática hubiese sido de otra dimensión. Según Sánchez, esa crisis fue la que evitó Ábalos. “Lo logró”, dijo. Una crisis que no pasó por la mente de quienes son los lobistas políticos de Maduro dentro y fuera del gobierno de Sánchez cuando se empeñaron en la operación del viaje, quizá creyendo tenerlo todo bajo control. Ábalos en verdad, atajó, por ahora, dos crisis: La diplomática y la interna en el gobierno. Al empresario no le caben dudas. Alguien abortó el plan de Delcy Rodríguez. Porque la reunión que iba a sostener con ella iba en serio.

Lunes 27 de enero de 2020

ALnavio

https://alnavio.com/noticia/20288/informe-confidencial/quien-desbarato-e...

La insólita comedia de enredo protagonizada en el aeropuerto de Madrid por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, no puede ocultar la realidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez carece en estos momentos de una política reconocible frente a la situación en Venezuela. Al producirse la crisis que llevó a Juan Guaidó hasta la presidencia del país, disputando la legitimidad a Maduro, España obtuvo la confianza de la Unión Europea para liderar una posición común. La decisión adoptada entonces por España, y seguida por los socios, fue reconocer a Guaidó frente a Maduro. Por esta razón, resulta inexplicable que, sin haber mediado cambio alguno en la situación interna de Venezuela, y sin que se haya producido tampoco ninguna revisión de la posición común de los europeos, el Gobierno español vaya ahora contra sus propias decisiones y rebaje la interlocución que le correspondería a Guaidó.

El mensaje que se desprende de una decisión que es política y no protocolaria resulta perjudicial para los intereses de España en cualquiera de los escenarios involucrados. El crédito cosechado entre la oposición al régimen chavista queda en entredicho. De igual manera, y por lo que respecta al conjunto de América Latina, España se pone trabas a sí misma para afianzarse como el interlocutor fiable que el continente necesita en un momento de grave crisis social y política. Y no cabe pasar por alto que la incongruencia de promover el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela para luego devaluarlo a la condición de jefe de la oposición, según ha hecho el vicepresidente Pablo Iglesias, repercutirá negativamente en el papel de España en la Unión.

Tampoco la política interna española parece estar librándose de la onda expansiva de una gestión diplomática inconsecuente frente a Guaidó e incomprensible por lo que respecta a los representantes de Maduro en tránsito por España, que el ministro Ábalos tiene pendiente explicar tanto en el Congreso como a los socios europeos que acordaron sanciones contra Venezuela.

La fractura entre el Gobierno y la oposición a cuenta de un asunto que debería ser abordado desde el consenso para fortalecer la posición internacional de España se ha visto ahondada tras el rechazo del presidente Pedro Sánchez a recibir a Guaidó. Con el agravante de que, además, ha proyectado la división sobre dos expresidentes socialistas y sobre la cohesión del Ejecutivo español.

25 de enero 2020

El País

https://elpais.com/elpais/2020/01/24/opinion/1579892539_875816.html?prm=...

1. Comunidad es común - unidad, unidad - común, unidad en lo común, lo que une en lo común, lo que une a sus miembros en lo que es común a todos ellos.

2. Según la ley, la universidad es una comunidad. Desde esta identidad sustancial, lo que une a sus miembros en lo que es común a todos ellos es un onus común, una carga básica, una tarea fundamental: la búsqueda de la verdad, de la verdad del saber, del saber de las humanidades y de las ciencias, del saber de las artes y de las técnicas.

3. Esta carga común, que une a sujetos que se encontraban inicialmente separados entre si, se cumple progresivamente a través del quehacer del conocimiento, de un conocimiento básicamente racional.

4. La carga se halla así constituida por la búsqueda en común de la verdad del saber, a través del quehacer común del conocimiento.

5. Esta carga, por ser común, obliga a quienes la comparten. Es decir, la carga se hace encargo, encomienda, tarea. Quienes tienen esta carga a su cargo se dedican a ella y deben responder por ella.

6. Quienes se unen y se reúnen en torno a esta búsqueda y quienes toman a su cargo y se dedican a este quehacer son los profesores y los estudiantes: las preguntas y respuestas de los profesores se encuentran y entrelazan con las preguntas y respuestas de los estudiantes, en una búsqueda sin término que parte de una aspiración del espíritu que es común a todos ellos: la aspiración de aprender.

7. Pero para formar parte de esta comunidad del conocimiento los profesores y los estudiantes deben ingresar a ella y, por tanto, deben cumplir los correspondientes requisitos de ingreso: en el caso de los estudiantes, los requisitos de admisión; en el caso de los profesores, entre otros, el requisito del concurso.

8. Para permanecer en la comunidad del conocimiento, los estudiantes y los profesores deben cumplir con los correspondientes requisitos de permanencia. Y cuando un estudiante aspira a egresar de dicha comunidad, provisto de un título universitario, debe cumplir con los requisitos de grado; y el profesor debe cumplir con requisitos legales para obtener y hacer efectivo el derecho que ha adquirido a la jubilación por su pertenencia y permanencia en dicha comunidad.

9. Ahora bien, la comunidad universitaria, la del conocimiento, es una comunidad abierta: miembros del personal universitario no académico, integrado por los empleados y los obreros, pueden formar parte de ella, es decir, tomar sobre sus hombros y compartir la carga común de la búsqueda de la verdad a través del quehacer del conocimiento y, en consecuencia, dedicarse a ella y responder por ella.

10. Pero para hacerlo deben ingresar a esta comunidad del mismo modo que lo hacen los estudiantes y los profesores, es decir, mediante el cumplimiento de los mismos requisitos de ingreso: los de admisión, si el empleado o el obrero aspira a ingresar como estudiante; el del concurso, si aspira a ingresar como profesor. No debería haber duda sobre la justicia de este tratamiento puesto que se trata de la simple aplicación del principio constitucional de igualdad ante la ley.

11. Desde luego, mientras no opten voluntariamente por ingresar a esta comunidad, la del conocimiento, los empleados, los obreros y los egresados se encuentran dispensados de la carga común.

12. El que antecede es el mismo tratamiento que correspondería aplicar en la situación inversa: si un estudiante o un profesor aspira a ingresar a la comunidad de empleados o a la comunidad de obreros, debe cumplir con los requisitos de ingreso al personal administrativo o al personal obrero: en el caso del personal administrativo, el concurso externo y las condiciones específicas exigidas, para el cargo de que se trate, en el manual de cargos de la institución. solo por esta vía el estudiante o el profesor podría hacerse parte del personal administrativo, incorporarse si lo desea a la asociación de empleados y participar en la elección de sus autoridades. Otro tanto cabría decir en el caso del personal obrero.

13. Son numerosos los empleados, los obreros y los egresados que forman parte de la comunidad universitaria, la del conocimiento, en condición de estudiantes, y hay varios que forman parte de ella en condición de profesores. En el primer caso, los obreros y empleados cursan la carrera académica sin perder por lo general la pertenencia a su comunidad de origen, razón por la cual participan en la elección de las autoridades universitarias y, simultáneamente, en la de su asociación de empleados o en la de su sindicato de obreros.

14. Y es que en la universidad concurren y conviven varias comunidades menores, pero, en lo que concierne a la comunidad mayor, la del conocimiento, la la consagrada expresamente en la ley y reconocida en la constitución de la república, hay empleados y obreros que ya son parte de ella, y hay otros que todavía no lo son. pero los que no lo son pueden llegar a serlo por la única vía legalmente prevista: mediante el cumplimiento de los correspondientes requisitos de ingreso como estudiantes o como profesores.

15. El artículo 1 de la Ley de Universidades define la idea de universidad. es la única norma jurídica que contiene la definición legal de universidad. Su texto ha permanecido idéntico desde la ley decretada el 5 de diciembre de 1958 y luego de su reforma, sancionada el 2 de septiembre de 1970.

16. El texto forma parte de una ley que es de carácter especial por cuanto es la que establece el régimen jurídico propio de las universidades al servicio de la nación. Dice así: "la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre".

17. Basta la lectura de esta norma para reconocer que la naturaleza de la universidad es la de ser una comunidad; que su finalidad precisamente común consiste en la carga mayor de buscar la verdad y afianzar los demás valores humanos trascendentales; que a quienes une y reune la universidad en torno a esta finalidad común es a profesores y estudiantes; y que sus intereses en torno a estos valores espirituales son precisamente espirituales, y no partidistas, sindicales, gremiales, materiales o patrimoniales.

18. La ley consagra otros valores propios de la comunidad universitaria, como la educación, la cultura, la ciencia, el saber, la investigación, la enseñanza (artículo 3), así como el espíritu de democracia, justicia social y solidaridad humana (artículo 4), y declara que la finalidad de la universidad es una en toda la nación (artículo 6).

19. El quehacer del conocimiento debe desarrollarse en comunidad, pero también en libertad. la autonomía universitaria es el principio que garantiza a profesores y estudiantes el espacio de libertad sin el cual no es posible ese quehacer, y que impide la injerencia arbitraria del poder del estado.

20. Según el artículo 109 de la constitución de la república, la autonomía universitaria, específicamente la universitaria, no es regla sino principio, un principio constitucional, lo que significa que esta autonomía ocupa el máximo rango normativo, posee la mayor capacidad expansiva y está dotada de la máxima fuerza vinculante. También significa que el principio de autonomía universitaria es de aplicación directa, razón por la cual debe ser acatado y cumplido sin necesidad de que para hacerlo medie una ley o una sentencia.

21. De conformidad con el mismo artículo 109 constitucional, el estado no le otorga la autonomía a la universidad, sino que está obligado a reconocérsela, lo que significa que todos los órganos del poder público, incluido el poder judicial, tienen el deber de respetar la autonomía de las universidades nacionales, lo que implica que les está prohibido adoptar decisiones legislativas. Administrativas, judiciales, fiscales o electorales que la nieguen, la desconozcan, la menoscaben o que impidan u obstaculicen su ejercicio legítimo.

22. Y el reconocimiento que hace la constitución de la autonomía universitaria es como principio y jerarquía y, por tanto, como principio de jerarquía normativa, específicamente constitucional, lo que significa que se trata de una norma constitucionalmente apta para dejar sin aplicación cualquiera otra, de rango legal o reglamentario, que lo contraríe, lo niegue, lo desconozca o lo menoscabe, por cuanto su relación con ellas es de superioridad y primacía, y no de inferioridad o subordinación.

23. La autonomía que es autodeterminación se hace potestad autonormativa, de autogobierno, en el orden jurídico.

24. En efecto, el artículo 109 constitucional atribuye expresamente a las universidades autónomas la potestad exclusiva de darse a sí mismas "sus normas de gobierno", normas de autonomía que incluyen por tanto las de sus órganos de gobierno y las de la elección de sus órganos de gobierno.

25. En este marco, la Ley de Universidades atribuye al Consejo Universitario la potestad de "reglamentar las elecciones universitarias" y de hacerlo "de conformidad con esta ley" y su reglamento (artículo 26, numeral 17).

26. En consecuencia, el reglamento de elecciones debe guardar conformidad con los artículos 30 y siguientes de la ley que establecen el claustro universitario y su integración, el ejercicio obligatorio del voto para la elección de las autoridades universitarias centrales, el quorum de votación, la competencia subsidiaria de la asamblea integrada por los Consejos de Facultad para elegir autoridades interinas, y el régimen disciplinario aplicable en caso de incumplimiento injustificado de la obligación de votar.

27. El reglamento electoral también debe guardar conformidad con los artículos 167 y siguientes de la ley que establecen la Comisión Electoral y su integración, la formación del registro electoral universitario, la prohibición del ejercicio simultáneo de más de una representación electiva, la elección nominal de las autoridades centrales y el modo de funcionamiento del principio de representación proporcional.

28. Pues bien, el pronunciamiento de la sala constitucional de Maduro nº 324, del 27 de agosto de 2019, tiene por objeto la violación deliberada del principio constitucional de autonomía universitaria, a través de la imposición, sin base constitucional, legal o reglamentaria alguna, de un régimen electoral calificado falsamente de transitorio, puesto que sus efectos serian definitivos, destinado a suprimir y reemplazar en forma arbitraria el ordenamiento constitucional, legal y reglamentario que regula la elección de las autoridades universitarias, así como a usurpar la potestad constitucional de las universidades autónomas de darse "sus normas de gobierno", manifestada en la potestad legal del Consejo Universitario de reglamentar las elecciones universitarias y en la potestad igualmente legal del Claustro Universitario de elegir las autoridades centrales de la institución.

29. El pronunciamiento no viola únicamente el artículo 109 de la constitución de la república y los artículos 26, numeral 17, y 30, de la Ley de Universidades, sino que pretende además que las universidades incurran en la violación de los artículos 31, 32 y 65 de la misma ley, ordenándoles arbitrariamente, sin fundamento constitucional alguno, que suspendan la aplicación de estas normas legales, suspensión que sería manifiestamente inconstitucional.

30. Para completar el cuadro, es el caso que la Sala Constitucional de Maduro incurre en la violación de sus propias decisiones, lo que le está prohibido por la propia ley del tribunal supremo.

31. En efecto, la Sala Constitucional, mediante sentencia 898 del 13 de mayo de 2002, declaró nula una sentencia de la Sala Electoral porque consideró que no se podía invocar los derechos constitucionales a la participación política y al sufragio para incluir como electores a miembros de la comunidad universitaria que no formaban parte de los organismos electorales previstos en la Ley de Universidades, ni para introducir criterios distintos a los ya establecidos en esta ley sobre quienes podían ser electores, ni para ordenar el registro electoral al margen de la Ley de Universidades. expresamente, la Sala Constitucional declaro nula la sentencia de la electoral por haber alterado la organización de uno de los organismos electorales cuya integración estaba prevista en la Ley de Universidades.

32. En fecha 8 de agosto de 2002, la Sala Electoral dictó la sentencia 141, mediante la cual acató íntegramente la dictada por la Sala Constitucional.

33. En las circunstancias descritas, no encontramos razón moral, constitucional, legal o académica alguna para que los miembros de la comunidad universitaria, o para que el personal universitario no académico que aspira voluntariamente a formar parte de ella, decida alinearse con la tiranía en su tarea cotidiana de violar la Constitución de la República, a través de la violación del principio constitucional de la autonomía universitaria, suspender arbitrariamente la aplicación de la Ley de Universidades, a través de la suspensión arbitraria de los artículos 31 y siguientes de dicha ley, y desconocer abiertamente la competencia legal expresa de los consejos universitarios de reglamentar las elecciones universitarias, en un contexto en el cual lo que no hay que olvidar es la lección moralizante de Fermín Toro, reiterada en el testimonio de centenares de presos políticos, y sostenida últimamente por nuestra digna diputada Addy Valero: "díganle al presidente m ... que mi cadáver lo llevarán, pero que Fermín Toro no se prostituye".

Exmagistrado del TSJ y del Tribunal Andino de Justicia

No me había dado cuenta hasta que hace unos días, mientras lamentaba las incorrecciones ortográficas de una cuenta oficial en Twitter de un ministerio, leí un mensaje que acababan de enviarme y que me causó el efecto de un rayo. De pronto, con un fogonazo de lucidez aterradora, fui consciente de algo en lo que no había reparado hasta ese momento. El mensaje decía, literalmente: «Las reglas ortográficas son un recurso elitista para mantener al pueblo a distancia, llamarlo inculto y situarse por encima de él».

No fue la estupidez del concepto lo que me asombró –todos somos estúpidos de vez en cuando, o con cierta frecuencia–, sino la perfecta formulación, por escrito, de algo que hasta entonces me había pasado inadvertido: un fenómeno inquietante y muy peligroso que se produce en España en los últimos tiempos. En determinados medios, sobre todo redes sociales, empieza a identificarse el correcto uso de la lengua española con un pensamiento reaccionario; con una ideología próxima a lo que aquí llamamos derecha. A cambio, cada vez más, se alaba la incorrección ortográfica y gramatical como actividad libre, progresista, supuestamente propia de la izquierda. Según esta perversa idea, escribir mal, incluso expresarse mal, ya no es algo de lo que haya que avergonzarse. Al contrario: se disfraza de acto insumiso frente a unas reglas ortográficas o gramaticales que, al ser reglas, sólo pueden ser defendidas por el inmovilismo reaccionario para salvaguardar sus privilegios, sean éstos los que sean. Ello es, figúrense, muy conveniente para determinados sectores; pues cualquier desharrapado de la lengua puede así justificar sus carencias, su desidia, su rechazo a aprender; de forma que no es extraño que tantos –y de forma preocupante, muchos jóvenes– se apunten a esa coartada o pretexto. No escribo mal porque no sepa, es el argumento. Lo hago porque es más rompedor y práctico. Más moderno.

Todo eso, que ya por sí es inquietante, se agrava con la utilización interesada que de ello hacen algunos sectores políticos, en esta España tan propensa secularmente a demolerse a sí misma. Jugando con la incultura, la falta de ganas de aprender y la demagogia de fácil calado, no pocos trileros del cuento chino se apuntan a esa moda, denigrando por activa o pasiva cualquier referencia de autoridad lingüística; a la que, si no se ajusta a sus objetivos políticos inmediatos, no dudan, como digo, en calificar de reaccionaria, derechista e incluso fascista, términos que en España hemos convertido en sinónimos. Con el añadido de que a menudo son esos mismos actores políticos los que también son incultos, y de este modo pretenden enmascarar sus propias deficiencias, mediocridad y falta de conocimientos. Otras veces, aunque los interesados saben perfectamente cuáles son las reglas, las vulneran con toda deliberación para ajustar el habla a sus intereses específicos, sin importarles el daño causado.

Tampoco el sector más irresponsable o demagógico del feminismo militante es ajeno al problema. Resulta de lo más comprensible que el feminismo necesario, inteligente, admirable –el disparatado, analfabeto y folklórico es otra cosa–, se sienta a menudo encorsetado por las limitaciones de una lengua que, como todas las del mundo, ha mantenido a la mujer relegada a segundo plano durante siglos. Aunque es conveniente recordar que el habla es un mecanismo social vivo y cambiante, pero también forjado a lo largo de esos siglos; y que las academias lo que hacen es registrar el uso que en cada época hacen los hablantes y orientar sobre las reglas necesarias para comunicarse con exactitud y limpieza, así como para entender lo que se lee y se dice, tanto si ha sido dicho o escrito ahora como hace trescientos o quinientos años. Por eso los diccionarios son una especie de registros notariales de los idiomas y sus usos. Forzar esos delicados mecanismos, pretender cambiar de golpe lo que a veces lleva centurias sedimentándose en la lengua, no es posible de un día para otro, haciéndolo por simple decreto como algunos pretenden. Y a veces, incluso con la mejor voluntad, hasta resulta imposible. Si Cervantes escribió una novela ejemplar llamada La ilustre fregona, ninguna feminista del mundo, culta o inculta, ministra o simple ciudadana, conseguirá que esa palabra cervantina, fregona, pierda su sentido original en los diccionarios. Se puede aspirar, de acuerdo con las academias, a que quede claro que es un término despectivo y poco usado –cosa que la RAE, en este caso, hace años detalla–, pero jamás podrá conseguir nadie que se modifique el sentido de lo que en su momento, con profunda ironía y de acuerdo con el habla de su tiempo, escribió Cervantes. Del mismo modo que, yéndonos a Lope de Vega, cualquier hablante debe poder encontrar en un diccionario el sentido de títulos como La dama boba o La villana de Getafe.

Se está llegando así a una situación extremadamente crítica. Del mismo modo que se ha logrado que partidarios o defensores sinceros del feminismo sean tachados de machistas cuando no se pliegan a los disparates extremos del feminismo folklórico, a los defensores de la lengua española, de sus reglas ortográficas y gramaticales, de sus diccionarios y de su correcto uso, se les está colgando también la etiqueta de reaccionarios y derechistas –lo sean o no– por oposición a cierta presunta o discutible izquierda que, ajena a complejos lingüísticos, convierte la mala redacción y la mala expresión en argumentos de lucha contra el encorsetamiento reaccionario de una casta intelectual que –aquí está el principal y más dañino argumento– mantiene reglas elitistas para distanciarse del pueblo que no ha tenido, como ella, el privilegio de acceder a una educación (como si ésta no fuera gratuita y obligatoria en España hasta los dieciséis años). Del mismo modo que, según marca esta tendencia, quien no se pliega al chantaje del feminismo folklórico es machista y todo machista es inevitablemente de derechas, quien respeta las reglas del idioma es reaccionario, está contra la libertad del pueblo, y por consecuencia es también de derechas. Pues, como todo el mundo sabe, no existen machistas de izquierdas, ni maltratadores de izquierdas, ni taurinos de izquierdas, ni acosadores de izquierdas, ni tampoco cumplidores de las reglas del idioma que lo sean. Resumiendo: como toda norma es imposición reaccionaria y todo acto de libertad es propio de la izquierda, quien defiende las normas básicas de la lengua es un fascista. En conclusión, todo buen y honrado antifascista debe escribir y hablar como le salga de los cojones. O de los ovarios.

No sé si los españoles somos conscientes –y me temo que no– de la gravedad de lo que está ocurriendo con nuestro idioma común. Del desprestigio social de la norma y el jalear del disparate, alentados por dos factores básicos: la dejadez e incompetencia de numerosos maestros (algunos ejercicios escolares que me remiten, con preguntas llenas de faltas ortográficas y gramaticales, de atroz sintaxis, son para expulsar de la docencia a sus perpetradores), que tienen a los jóvenes sumidos en el mayor de los desconciertos, y el infame oportunismo de la clase política, que siempre encuentra en la demagogia barata oportunidad de afianzar posiciones. Pero no pueden tampoco eludir su responsabilidad los medios informativos; sobre todo las televisiones, donde hace tiempo desapareció la indispensable figura del corrector de estilo –un sueldo menos–, y que con tan contumaz descaro difunden y asientan aberraciones lingüísticas que desorientan a los espectadores y destrozan el habla razonablemente culta. Y más, teniendo en cuenta que el Diccionario de la Lengua Española no lo hace sólo la RAE, sino también las academias de 22 países de habla hispana (de ahí tantas palabras que llaman la atención o indignan a quienes ignoran ese hecho), abarcando el habla no sólo de 50 millones de españoles que nos creemos dueños y árbitros de la lengua, sino de 550 millones de hispanohablantes, muchos de los cuales ven con estupor nuestro disparate suicida y perpetuo.

Tampoco la Real Academia Española, todo hay que decirlo, es ajena a los daños causados y por causar. En vez de afirmar públicamente su magisterio, explicando con detalle el porqué de la norma y su necesidad, exponiendo cómo se hacen los diccionarios, las gramáticas y las ortografías, dando referencias útiles y denunciando los malos usos como hace la Academia Francesa, en los últimos tiempos la Española vacila, duda y a menudo se contradice a sí misma, desdiciéndose según los titulares de prensa y las coacciones de la opinión pública y las redes sociales, intentando congraciarse y no meterse en problemas. Esa pusilanimidad académica que algunos miembros de la institución llevamos denunciando casi una década ante la timorata pasividad de otros compañeros, ese abandono de responsabilidades y competencias, esa renuncia a defender el uso correcto –y a veces hasta el simple uso a secas– de la lengua española, ese no atreverse a ejercer la autoridad indiscutible que la Academia posee, envalentonan a los aventureros de la lengua. Y crecidas ante esa pasividad y esos complejos, cada día surgen nuevas iniciativas absurdas, a cuál más disparatada, para que la RAE elimine tal acepción de una palabra, modifique otra y se pliegue, en suma, a los intereses particulares y, lo que es peor, a la ignorancia y estupidez de quienes en creciente número, con la osadía de la ignorancia o la mala fe del interés político, se atreven a enmendarle la plana. Por eso, en el contexto actual, pese a que de las nueve mujeres académicas admitidas en tres siglos seis han ingresado en los últimos ocho años, pese a su formidable e indispensable labor para quienes hablan la lengua española, la Academia es considerada por muchos despistados –basta asomarse a Twitter– una institución reaccionaria, machista, apolillada y autoritaria. Cuando en realidad, gracias a algunos de sus académicos, sólo es una institución acomplejada, indecisa y cobarde.

Y ojo. Aquí no se trata de banderitas y pasiones más o menos nacionales. Aquí estamos hablando de un patrimonio lingüístico de extraordinaria importancia; un tesoro inmenso de siglos de perfección y cultura. De algo que además nos da prestigio internacional, negocio, trabajo y dinero. Hablamos de una lengua, la española, que es utilizada por cientos de millones de hispanohablantes que hasta hoy, gracias precisamente a la Real Academia Española y a sus academias hermanas, manejan la misma Ortografía, la misma Gramática y el mismo Diccionario; cosa que no ocurre con ninguna otra lengua del mundo. Constituyendo así entre todos, a una y otra orilla del Atlántico, un asombroso milagro panhispánico. Un espléndido territorio sin fronteras. Una verdadera patria común, cuya auténtica y noble bandera es El Quijote.

XLSEMANAL

https://www.xlsemanal.com/firmas/20180624/ahora-le-toca-la-lengua-espano...

Para medir el éxito de la gira de Juan Guaidó por Europa basta con escuchar a Nicolás Maduro. Los insultos que ha proferido contra aquel indican que ha sido golpeado en un flanco vulnerable. La razón reside en el impacto que el audaz viaje de su rival ha tenido puertas adentro del régimen chavista. El aparato político y militar que sostiene a Maduro se está percatando que el apoyo a Guaidó por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia y Brasil es más firme que el apoyo a Maduro por parte de Rusia, su único valedor internacional hoy.

Nicolás Maduro ha cometido un error clásico en la política, ha subestimado a la persona que abiertamente le disputa el poder dentro y fuera de Venezuela. Paradójicamente el mismo error que hace siete años se cometió con él cuando fue elegido como el sucesor. En aquel entonces se descalificó a Maduro por haber sido autobusero y no tener ninguna preparación ni carisma. Craso error que Venezuela ha pagado con uno de los gobiernos más destructivos que ha conocido el mundo moderno.

En 2013 Maduro era parte de un proyecto político internacional monitoreado desde Cuba que tenía mucho interés en que él siguiera en el poder. Eso no se vio en su momento.

Así como Maduro no había visto, o no quiso ver la magnitud y determinación de la alianza internacional que se estaba gestando en su contra. Tampoco ha visto, o no ha querido ver, la determinación del joven diputado que hace un año lo desafió desde la Asamblea Nacional de Venezuela (AN). Muchas veces en la política se asume como cierto lo que se dice públicamente. Maduro al parecer se ha creído su propio discurso contra Guaidó y ha actuado en consecuencia.

En sus cálculos Guaidó debería estar liquidado políticamente a estas alturas. Sólo tenía que esperar que las guerras internas de la oposición y la frustración sepultaran al nuevo líder mientras él seguía aplicando una represión selectiva.

Pero no ha sido así, gracias en buena medida al propio Maduro y a ese estilo arbitrario y matonesco del cual es prisionero el chavismo.

La Unión Europea lo dice sin tapujos: Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela

Presionado por la falta crónica de divisas, y con una aparente oferta rusa de financiamiento sobre la mesa, intentó precipitar la liquidación de la AN asaltando militarmente la sede parlamentaria e imponiendo por la fuerza una directiva espuria el 5 de enero pasado.

Esa arbitrariedad, que fue vista por la opinión pública del mundo entero, ha salido mal de todas las formas posibles y no ha servido para sus propósitos originales. El único gobierno del mundo que ha reconocido la presidencia paralela del Parlamento impuesta ha sido el ruso. Los gobiernos de Argentina, México, Uruguay no lo han reconocido. Tampoco lo han hecho hasta ahora los de China, Nicaragua y Cuba, cada por sus propios motivos.

Pero presionado por el ala radical que encabeza Diosdado Cabello, Maduro ha optado por no resarcir el error, sino por el contrario persistir en el mismo con la típica táctica chavista de correr hacia adelante y aumentar la apuesta.

Esta es la oportunidad que Juan Guaidó vio y que ha venido exprimiendo todo lo que ha podido. Se está dedicando a explotar los errores del contrario. Una jugada clásica.

Maduro también sabe que muchos factores claves del poder chavista, en particular los militares (que no quieren confrontación sino negociación) están viendo que la oposición no está ni derrotada ni en desbandada ni huérfana de apoyos.

Aprovechó primero para reagrupar el apoyo a su persona dentro de la AN y de la oposición; desafió al poder militar que tenía tomado el recinto del Parlamento; y a continuación dio la segunda sorpresa al salir del país e iniciar una gira que ha resultado inesperadamente exitosa gracias al propio Nicolás Maduro.

Ver a un Guaidó siendo recibido como jefe de Estado por varios de los principales líderes de Europa Occidental es algo que le ha pegado en lo personal al cada vez más aislado Maduro. Pero no sólo es una cuestión de vanidad personal (no obstante, siempre hay que tener en cuenta el factor humano) sino también del manejo del poder dentro de su propio régimen.

Maduro apostó al apoyo de Rusia porque eso lo fortalecía frente a su propia gente y ante la Fuerza Armada Nacional (FAN). Poco importaba que ese apoyo fuera por fuerza de la necesidad mucho menor de lo que ha aparentado ser. Rusia es una potencia nuclear con un gran aparato de comunicación a nivel global y estaba con él. Ya vendrían más apoyos. Tarde o temprano los Estados Unidos y Europa se cansarían de apoyar la causa de la Asamblea Nacional. Era cuestión de tiempo.

Pero no ha resultado así. Guaidó tomó ese precioso segundo aire que necesita todo luchador para contragolpear. Ese segundo aire se lo regaló el propio Maduro. Él lo sabe. Fue su error.

Si un Guaidó casi en nocaut se atrevió a encarar a un comandante militar, ¿con qué actitud regresará a Venezuela luego de esta gira?

Maduro no ha podido hacerse (por las malas) de la mayoría de la AN, y el respaldo a esta por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y los gobiernos del Grupo de Lima es por lo visto más firme que el de Rusia a él que aún no tiene sus concesiones petroleras ni la seguridad de cobrar sus deudas.

Por eso los insultos e improperios de Maduro contra Guaidó este miércoles en Caracas. Este es una realidad política que no puede ignorar.

Pensando en el balance de poder dentro del propio régimen, y tomando en cuenta su aislamiento internacional, en esa misma intervención pasó del insulto más procaz a pedir diálogo, acuerdo y elecciones.

Eso sí, sin Guaidó y sin los partidos que son mayoría en la AN.

Esa sigue siendo su estrategia hacia ninguna parte: Escoger a su propia oposición. Sentarse a dialogar con esta. Convocar elecciones donde sea esta la que participe.

Ese es el detalle: pretende escoger a una “oposición” e ignorar a la otra. La otra que sí es representativa y que le puede ganar. Pero esa otra es la única que con la que puede llegar a algún acuerdo concreto que sea reconocido internacionalmente.

Ignorar y subestimar a Juan Guaidó sólo ha conseguido que este sea ahora para él un problema mucho mayor.

Viernes 24 de enero de 2020

AlNavio

https://alnavio.com/noticia/20276/noticias-de-venezuela/por-que-y-cuanto...

El régimen castromadurista militarista, cobarde y farsante, aprovecha el 14 y 15 de enero para accionar sin sentido contra la sociedad toda, con el objeto de estimular un Ambiente Político Confuso donde mentiras grotescas, imposibles de admitir e increíbles para toda una ciudadanía que sufre hiperinflación, miseria y la más grave indignación venezolanista por el desgobierno socialista militarista que cree que puede engañar en el nuevo año a una sociedad de rodillas ante una miseria exponencialEl régimen castromadurista militarista, cobarde y farsante, aprovecha el 14 y 15 de enero para accionar sin sentido contra la sociedad toda, con el objeto de estimular un Ambiente Político Confuso donde mentiras grotescas, imposibles de admitir e increíbles para toda una ciudadanía que sufre hiperinflación, miseria y la más grave indignación venezolanista por el desgobierno socialista militarista que cree que puede engañar en el nuevo año a una sociedad de rodillas ante una miseria exponencial.. Cinismo extremo y violencia máxima dibujan a una masa de irresponsables gobernantes, que compran en bodegones y le impone sacrificios a un cuerpo social, que ya tiene decidido que este régimen en usurpación que no tiene ninguna legitimidad.

Régimen usurpador, criminal y arbitrario, que además por cobarde se arrecuesta a un Partido Político en Armas, que no sabe del arte militar pero sí sabe de negocios y está de espalda a su responsabilidad institucional, violando la Constitución y las leyes. Eso se comprobó el 14 y 15 de enero con el Cerco al Congreso y con la Toma del Hemiciclo, además de la instalación de una brigada de colectivos celadores del Palacio Federal, que han sido formados paramilitarmente a fin de ejercer la violencia política que le ordenan dirigentes inmorales, que lo llaman colectivos y están resguardados por grupos armados con traje verde militar, que sirve de protección a los bandoleros.

El régimen el 14 y 15E, como expresión del despreciado Estado Cuartel, ha hecho una demostración frente a Venezuela y al mundo en la cual la violencia, la inmundicia, la carencia de ética y la ignorancia total sobre él y lo militar, han servido para desnudar la perversión de los mentirosos y farsantes del actual régimen. Régimen militar que el 14 y 15E reforzado por sus hordas violaron la dignidad del cuerpo social venezolano, que representa al 89% de los demócratas que no fueron engañados. Ese 89% no se rinde, ni se rendirá, ante la barbarie militarista, se equivocaron otra vez y Venezuela y el mundo saben que tiemblan por cuanto no tienen legitimidad, no son capaces de aceptar la resistencia civil y lo único que le queda es la violencia sobre la ciudadanía, porque ya están conscientes del resquebrajamiento, de lo que fue hace muchos años un estamento militar.

Estado Cuartel asesino fue lo que se vio el 14 y el 15E, desquiciado en su accionar, y dispuestos a tomar el palacio a la brava expresión dictatorial primitiva, propia para la violencia extrema que fue lo que se observó el miércoles 15E. Violencia con apoyo de grupos armados disfrazados de verde militar atacando con saña, inmundicia e inhumanidad a ciudadanos demócratas que no creen en el conflicto ni en la emboscada revolucionaria. Estado Cuartel que constituye el más grave retroceso de la política en un sociedad, que no podrá triunfar jamás porque Venezuela y los venezolanos aprendieron a vivir en democracia, aunque inconclusa… de la democracia perfeccionista que será la confrontación de la resistencia civil contra la barbarie de los colectivos.

Estado Cuartel y montonera armada fue lo del 14 y 15E, operadores del asco pagados como colectivos, es decir, asaltantes sin cultura política que intenta oprimir e imponer un capricho de antojo, a quienes han tomado el palacio como barracas para tirotear y apedrear a diputados legítimos. El Estado Cuartel venido del Estado Polémico del 2017 sirve hoy como fuerza de choque con sus capataces. El cuerpo de capataces y el máximo capataz reflejan el potencial de tensión y la peligrosidad del militarismo-castrista-militarizado, más la falta de gobierno y, en consecuencia, la NECESIDAD DEMOCRATICA DE MOVILIZACION SOCIAL COMO RESISTENCIA CIVIL LEGITIMA, conformada por ciudadanos ejerciendo la política frente al bestiario militarista.

El Estado Cuartel y su bestialidad del 14 y 15E constituyen una alerta social para que la RESISTENCIA CIVIL CIUDADANA sea ejercida de manera progresiva desde el alma venezolanista, y exprese frente a estos bárbaros matones e inescrupulosos que la política tiene respuesta hasta para la barbarie y la violencia criminal. El cuerpo social democrático está en su total derecho a desarrollar, ojalá sea pronto, la Resistencia Civil. Resistencia como método de lucha política frente a la barbarie y asco. Resistencia civil que por vía de la Desobediencia Civil a un régimen violento y criminal –que vive nutriéndose de la lucha de clases- con sus acciones ahora crezca hasta la Decencia Cívica.

El 14 y 15E… sus mentiras e inmundicias para imponer violencia y miedo, constituyen una vergüenza, sobrada cobardía y expresión del primitivismo de un régimen, que está en cuenta del rechazo de la mayoría democrática de Venezuela. El 14 fue pura mentira, decretos vacíos, imposiciones verticales, abuso comunicacional y carencia de re-enrutamiento del gobierno. El 15 ha sido el punto inicial de una confrontación perversa de colectivos armados contra ciudadanos demócratas, y este brutal hecho ha impulsado a que un liderazgo emergente con coraje cívico, talento y comunicación demande una Transición Política en Venezuela. Democracia que será posible por la vía de la Resistencia Civil, que conducirá la desobediencia de la mayoría, para desplazar a la barbarie militarista y fortalecerá la Decencia Cívica del venezolano en el siglo XXI.

Es autentico,

Director CSB-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 21 de enero de 2020

El politólogo John Magdaleno recomendó esta semana al chavismo que si quiere mantenerse como opción política a largo plazo tiene que permitir la restitución de las garantías constitucionales de forma inmediata.

A este evento, sin embargo, Magdaleno, le da pocas probabilidades de éxito y de hecho sugirió que el oficialismo está apuntando en la dirección contraria: el extremismo.

Durante un foro organizado por el MAS con motivo de su 49 aniversario y en el que se encontraba presente el diputado Francisco Torrealba, vocero de la fracción oficialista en la Asamblea Nacional, Magdaleno le dijo que entendía los esfuerzos por procurar espacios de diálogo y de negociación; sólo que la restitución de las garantías violadas dependía exclusivamente del oficialismo.

“¿La Mesa de Diálogo Nacional ha aportado algún logro para concluir que el camino pacífico, constitucional y democrático es el que debemos seguir?”, se preguntó.

“¿No será que al gobierno le conviene precisamente, incluyendo a la gente que está sentada en la Mesa de Diálogo, no ofrecer demasiadas restituciones de garantías? ¿No le convendrá al gobierno a la postre darle unos incentivos a la oposición extremista como para que sigan capitaneando la dirección política opositora? El problema es que el tiempo ahora ya no corre en contra de la oposición, sino también en contra del gobierno; en el contexto de las sanciones internacionales, y donde no es factible una reactivación económica”.

En estas condiciones, según Magdaleno, el malestar social va a continuar y se va a profundizar; que al margen de que el gobierno intente mantener algunos respaldos, el contexto en el que puede operar ahora es de muchas más restricciones y dificultades sistémicas; sin hablar de la caída del volumen de producción; puesto que el número de socios insatisfechos de la coalición dominante va a aumentar; teniendo presente que el desempeño del sistema va a perjudicar sus agendas e intereses.

Y advirtió: “Si el poder político no da señales claras de restituir garantías que han sido violadas, hay que examinar otro repertorio de opciones estratégicas; más allá de que no constituyan nuestra preferencia normativa. Es decir, todos esperamos un camino pacífico para la transición; un aterrizaje suave de ese avión. Yo lo deseo para mi país. Pero si el poder constituido se niega a restituir garantías que, sistemáticamente, viola; entonces los factores de oposición tienen que revaluar el repertorio de opciones que tienen al frente”.

Trajo a colación el caso de Brasil donde la transición hacia la democracia se inicia en el año 1974 en el medio de un régimen militar encabezado por el general Ernesto Geisel; también el caso de Polonia; cuando Tadeusz Mazowiecki, entonces primer ministro, fue el primer interesado en la restitución de garantías violadas en el año 1989.

“Las transiciones son mucho más fáciles cuando factores de la coalición dominante son los que estimulan la restitución de garantías. O como ocurrió en Sudáfrica. Si no hubiera existido un De Klerk, es decir, un reformista, difícilmente se produce una transición tan suave y tan pacífica, como se vio en este país. Pero, si no hay voluntad alguna de parte de la coalición dominante por la restitución de esas garantías, entonces el proceso se hace mucho más traumático”.

Transición a la democracia

-El desafío que tiene la oposición es estimular las condiciones para producir una transición a la democracia que implica la restitución de garantías civiles y políticas.

-Esto nos ha llevado a un grupo de investigadores desde hace tres años y medio a tratar de indagar cómo han sido las transiciones a la democracia en el mundo. (…) Desde 1900 hasta finales del año pasado ha habido no menos de 316 episodios de transición a la democracia, entre fallidos y exitosos, en 150 países. 120 de esos episodios se puede decir que han sido exitosos. Es decir, fueron transiciones que condujeron a la instalación de instituciones democráticas.

En ese sentido, a Magdaleno comentó que la democracia es una conquista precaria y cuya defensa debe hacerse permanentemente para evitar el caso Venezuela.

Oposición debe lograr una victoria política

-Ahora el gran desafío de la oposición sensata, que apuesta por un camino pacífico, electoral, constitucional y democrático, es ofrecer una victoria política. Una elección puede ser un instrumento para socavar las bases de respaldo del régimen autoritario. En 37 casos de 100 que hemos investigado, la oposición utilizó consciente, deliberadamente, la elección para propiciar una crisis indefinida para un régimen autoritario; que, ulteriormente, terminó produciendo una fractura de la coalición dominante, que felicitó la transición a la democracia.

En Venezuela tenemos un autoritarismo hegemónico con rasgos autoritarios y pinceladas sultanísticas

Magdaleno aseguró que el modelo político que se instaló en Venezuela es descrito en la literatura de las ciencias políticas como autoritarismo hegemónico, definido por seis criterios que Venezuela cumple en su totalidad.

-El primero es que estamos en presencia de un sistema político dominado por militares, extranjeros, jerarquías religiosas, oligarquías económicas o cualquier otro grupo poderoso. Segundo, existe una autoridad política reconocida; que asume la casi totalidad del poder político.

-Tercero, se reconoce algún grado de pluralismo político limitado: sólo los partidos o los candidatos que participan en el poder tienen posibilidad real de acceder a los cargos e instituciones públicas.

-Cuarto, las elecciones, si bien pueden ser pluralistas en alguna medida, excluyen a la oposición y, por tanto, no son competitivas. Quinto: los derechos y libertades son muy restrictivos y están sujetos, constantemente, a las amenazas de los poderes públicos.

-Sexto: determinados grupos étnicos, religiosos o regionales pueden verse relegados de los derechos civiles.

Magdaleno agregó a esta evaluación otros elementos registrados en la literatura académica.

-Hay un manejo, más o menos, neopatrimonial de los fondos públicos. Es decir, usted tiene un régimen complejo en Venezuela: un autoritarismo hegemónico, que es la columna vertebral, en mi opinión, con algunos rasgos totalitarios y algunas pinceladas sultanísticas.

Modalidades de transición

Magdaleno agregó que “importa mucho discutir cuál es la modalidad de transición a la democracia que ofrece mayores garantías hacia el futuro. Porque en Venezuela hay un germen autoritario que ha crecido a lo largo de estos 20 años”.

Indicó que en la teoría política se maneja el criterio de que una democracia se consolida cuando las reglas para seleccionar a las autoridades se convierten en las únicas normas aceptadas por todos los actores. Lo cual, a su juicio, no ocurre en Venezuela y es la médula del conflicto político en el país.

Al enfocar el tema de las modalidades de la transición hacia la democracia, Magdaleno manifestó que se manejan cuatro: la conversión o la reforma desde dentro del régimen autoritario; de la cual dijo que dudaba de que esto fuera factible. Luego está la modalidad de las transiciones cooperativas que serían las transiciones negociadas entre la oposición y el gobierno.

-Tercera modalidad de transición: el colapso, es decir, la desintegración del régimen no democrático; cuyo ejemplo clásico sería el de la antigua Unión Soviética, y la cuarta sería la intervención extranjera. Obviamente, la intervención extranjera es la más improbable de todas, entre otras cosas, porque la mayor parte de esas transiciones se dieron en la II Guerra Mundial, con algunos casos recientes como Grenada y Panamá; luego, supone unos costos muy elevados y unas condiciones difíciles de conseguir.

https://www.noticierodigital.com/2020/01/magdaleno-el-oficialismo-debe-r...