Las autoridades de la Guardia Civil de España, realizaron una operación anticorrupción que afecta a la cúpula directiva de la Real Federación Española de Futbol. El juez Santiago Pedraz acompañado de los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la guardia procedió a detener a Ángel María Villar presidente de la federación, su hijo Gorka Villar y al vicepresidente económico del ente deportivo Juan Padrón.

Las detenciones obedecen a supuestos manejos económicos del presidente de la federación y de su hijo en provecho de ambos y en perjuicio de las arcas de la organización deportiva. Juan Padrón, es señalado como el hombre encargado mantener un sistema clientelar de repartir dinero entre los delegados para asegurar el voto a favor de Villar en los procesos electorales y cobrar las comisiones ilícitas provenientes de las negociaciones de campañas publicitarias de ropa deportiva. Las investigaciones han dejado al descubierto, delitos de corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes.

En el caso de Gorka Villar, la fiscalía ha profundizado sus indagaciones en los partidos amistosos de la selección española. Por sus manos pasaban la gestión de derechos de imagen y retrasmisión de los partidos. Dicha operación se ejecutaba a través del despacho de abogados Sport and Adviser, donde Gorka aparecía como único administrador. Desde su puesta en marcha en el 2011 habría obtenido millonarios beneficios gracias al nepotismo de su padre que lo favorecía en las negociaciones.

Gorka también está inmerso en un proceso derivado del escándalo de la FIFA, abierto en Uruguay, en el que se le acusa de extorsión y de haber utilizado las influencias en relación con la venta de los derechos televisivos de los torneos de la CONMEBOL, organización de la que llego a ser su director general.

Entre los partidos disputados para desviar de manera directa o indirecta los recursos económicos, se encuentran los celebrados con equipos de la Confederación Suramericana de Futbol (CONMEBOL) y Corea del Sur. Uno de esos eventos fue el celebrado el 7 de junio del 2011, en el Estadio General José Antonio Anzoátegui ubicado en la Puerto La Cruz, para ese momento las autoridades deportivas nacionales eran Héctor Rodríguez Ministro del Deporte, Rafael Esquivel Presidente de la Federación Venezolana de Futbol y Eduardo Álvarez Presidente del Comité Olímpico Venezolano.

Los hechos que se indagan se remontan al 2009 y años sucesivos. Y los mismos revelan que Villar ha propiciado adjudicaciones de contratos a firmas vinculadas con su hijo en claro perjuicio de la Federación y para el enriquecimiento ilícito de ambos. Todo ello, bajo el amparo del vicepresidente económico Juan Padrón. Empresas y firmas como Estudio 2000, Pony, Amanecer Latino y Sport and Adviser servían como fachadas para las ilícitas operaciones.

Esta operación llevada a cabo por las autoridades españolas representa sin lugar a dudas un Goool-pe contra la corrupción. En el caso del futbol venezolano, queda demostrado que el encuentro entre la selección española y la Vinotinto sirvió de fachada, al igual que la Copa América. para el enriquecimiento ilícito de los organizadores…esperamos que el brazo de la justicia agarre a los responsables de los actos de corrupción.

La literatura especializada es clara: las protestas en la calle, la presión internacional y todo aquello que genere ingobernabilidad, tienen como objetivo causar una fractura en la coalición de poder que sostiene a un gobierno. Una vez se produce la fractura, se abren los escenarios políticos que permiten la restitución de la democracia. Los resultados de la estrategia son múltiples y disímiles. Y van desde el fracaso absoluto de la estrategia hasta una transición indolora que culmina en una democracia.

El pasado 1 de mayo, treinta días después de iniciarse este ciclo de protestas, Nicolás Maduro anunció un proceso constituyente que le permitió retomar la iniciativa política perdida desde que la Fiscal Luisa Ortega Díaz decretara el rompimiento del orden constitucional. La constituyente fue asomada como un instrumento de paz. Pero se reveló desde el mismo anuncio como un instrumento de paz orwelliana, un instrumento que le permitiría a la coalición de gobierno liquidar cualquier resquicio de poder independiente y anular a la disidencia y a cualquier fuente de competencia política.

La pregunta que se hicieron en el Gobierno fue simple: ¿Cómo mantenerse en el poder sin hacer elecciones directas, universales y secretas? En 2016 lograron evadir el revocatorio y las regionales. Pero en 2017, la estrategia de la oposición requirió del Gobierno una respuesta de escala nuclear: la constituyente comunal. Un constituyente con poderes ilimitados, que sería aprobada sin consulta previa, y con unas bases comiciales que le garantizaban al gobierno la obtención de una mayoría a pesar de ser minoría. Porque ese es el obstáculo principal que tiene, y que tendrá, la coalición de gobierno: son minoría. Perdieron el favor y la preferencia de los ciudadanos, y no pueden mantener el poder mediante elecciones libres.

Las grietas en la coalición son visibles, pero no sabemos cuál es el alcance del daño a la estructura del poder, si lo hubiere, por lo que no especularé sobre la probabilidad de fractura y los resultados. También es conveniente recordar que la caída de los ingresos disponibles en manos del Gobierno implica una disminución en la capacidad de comprar lealtades políticas, como recuerda Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith en su Manual del dictador (Siruela, 2011), lo que afecta la solidez de la coalición. Me dedico aquí a otro quiebre, uno que luce irreversible y lleno de desafíos. Se trata del fracaso del modelo económico y social del chavismo y sus consecuencias: un empobrecimiento súbito de la población venezolana acompañada de una economía disfuncional. Allí, en ese fracaso, está el origen de la fractura entre la coalición del gobierno y los ciudadanos.

El modelo madurista-chavista no puede obtener otro resultado sino la pobreza. Fue así en el socialismo clásico del siglo XX, no podía ser diferente en el del XXI. El boom de los precios de petróleo de la primera década de este siglo disparó el consumo de Venezuela creando la “era dorada” del chavismo, una era en la que no le temieron a las elecciones libres, directas y universales. Pero fue en esa misma era cuando se establecieron las bases del fracaso de la economía y el rápido deterioro del bienestar de los venezolanos.

El desplazamiento y acorralamiento del sector privado, los controles de cambio como fuente de distorsiones y corrupción, el gigantismo del Estado empezando por la hipertrofia de la nómina de PDVSA y su partidización, la utilización política del Banco Central, el desmontaje de los instrumentos de estabilización macroeconómica, las estatizaciones con fines políticos, el uso del gasto público con fines electorales y clientelares fueron parte de un conjunto de acciones autodestructivas. Sólo era cuestión de tiempo. El precio del petróleo cayó y terminó por desnudar el modelo. No hay otro país petrolero que sufra lo que sufre Venezuela. La economía venezolana ya era disfuncional aun con precios del petróleo sobre los 100 dólares. La caída aceleró la debacle. Una caída para la que debimos haber estado preparados y no lo estuvimos.

Los desafíos económicos y sociales son enormes e inmanejables con la mismas recetas que nos han traído aquí. La hiperinflación ya es un tema de discusión semántica no de impacto en el bolsillo. Las importaciones colapsaron y eso se refleja en la escasez. La producción agrícola está en emergencia mermando aún más la posibilidad de producir alimentos en el país. La producción de petróleo ha caído 20% desde 2012. Las reservas ya están por debajo de los 10.000 millones y Venezuela tiene compromisos de pagos en los próximos 18 meses por 12.722 millones de dólares.

El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es una de las variables determinantes de la dinámica política actual. La coalición del gobierno es minoría, entre otras razones, porque su oferta a los venezolanos, más allá de la propaganda, son vidas rotas y una precaria sumisión a la dependencia estatal para proveerse de bienes básicos. Una promesa que ni siquiera puede cumplir. Una oferta sin poder de persuasión porque no tiene cómo apalancarse. Ni siquiera en la nostalgia. Ni siquiera en el olvido.

Para la coalición del gobierno, el problema sigue intacto: en democracia las minorías no pueden mantenerse en el poder.

Todo diálogo tiene que ser dentro de la Constitución y para cumplirlo, no desde su violación y para eliminarlo. Es falsa la propaganda que presenta la Constituyente (ANC) fraudulenta como fórmula de amplio diálogo, cuando en realidad es una declaración de guerra contra las instituciones democráticas, muerte para la Constitución y eliminación de la oposición y de los derechos democráticos de la población. Constituyente que elimina la Constitución y la expresión de la soberanía popular en el voto libre, secreto y universal, y no resuelve ninguno de los problemas, sino que bloquea las salidas. Mienten al decir que una nueva Constitución es necesaria para que haya alimentos, medicinas, seguridad ciudadana e ingresos suficientes sin inflación. Sin el testimonio directo de las víctimas, yo no hubiera creído en la perversión con que el gobierno está chantajeando y obligando a votar el 30 de julio, abusando de la necesidad de comida y trabajo. Métodos canallescos e indignos que dejan al pobre sin alternativa. Al final darán el resultado que quieran, triplicando el número de los que voluntariamente hubieran votado. Esta Constituyente es anticonstitución, antidiálogo y antipobres. Faltando tres días para la votación el régimen está atrapado: si la suspende o aplaza, cae en el ridículo y si proclama el triunfo con la cantidad de votantes que invente, Maduro caerá en la trampa montada por él mismo para el enemigo. Una locura.

El diálogo no es una opción en la democracia, sino una condición indispensable; sin él no hay democracia participativa y plural. Los demócratas venezolanos en una extraordinaria y memorable jornada de Consulta Popular han demostrado ante el mundo que sí es posible el cambio de régimen y que hay energías y espíritu para ello. La inmensa mayoría no ha caído en la trampa, los venezolanos defienden la democracia y no aceptarán la dictadura comunistoide de la ANC, a pesar de toda forma de coacción. Sin los 100 días de movilizaciones de calle no hubiera sido posible poner al régimen a la defensiva, y en evidencia su carácter dictatorial. Ahora viene una etapa más exigente: combinar el coraje y firmeza de la movilización pacífica con la sensatez para reunificar democrá­ticamente la diversidad y construir un país sin pobreza, con reconocimiento y convivencia pacífica. Sólo es posible producir el bien común con la comple­mentariedad de los distintos y activando las virtudes ciudadanas de creatividad productiva, respeto y solidaridad. Hay que vencer la tentación de la venganza; para quienes violan los derechos humanos están los tribunales nacionales e internacionales y las sanciones debidas, pero sería suicida tomar la justicia por la propia mano y lamentable desatar, en un próximo cambio, linchamientos criminales y “juicios populares”, como los que ocurren a la llegada de las “revoluciones”. Un pacto de gobernabilidad y de unión nacional para la reconstrucción requiere un esfuerzo sobrehumano animado por una actitud espiritual nueva y constructiva, distinta a los comprensibles sentimientos de venganza y de retaliación. Nada se puede lograr sin un amplio acuerdo nacional para la reconstrucción y sin un extraordinario apoyo internacional.

Hay conciencia de la necesidad de desbloquear palabras como diálogo o negociación, hoy repudiadas por la mala experiencia reciente. Parece cierto que en alguna parte se están dando los primeros tanteos entre opositores y gobierno para la negociación y acuerdos que eviten la destrucción mutua. No hay país democrático, ni organismo internacional que no esté recomendando el diálogo sincero y eficaz en Venezuela. Pero no se puede ignorar que recientemente el “diálogo” fue una trampa gubernamental usada para engañar, desactivar y dividir a la oposición. Los demócratas deben partir de la mala experiencia de haber sido engañados con promesas y acuerdos no cumplidos. A mediados del mes pasado en Roma “el Papa Francisco hizo saber a los 6 miembros de la presidencia de la CEV (Conferencia Episcopal Venezolana) que algunos de los que sirvieron como facilitadores en el fallido intento del diálogo del último trimestre del año 2016, han insistido en solicitar a la Santa Sede su participación en un nuevo proceso, sin embargo, la respuesta ha sido contundente: la Santa Sede sólo tomará parte en una nueva iniciativa de diálogo, siempre y cuando el gobierno cumpla con las cuatro condiciones ya expresadas en la carta del cardenal Parolín a inicios de diciembre de 2016, es decir: la apertura de un canal humanitario que permita hacer ingresar al país alimentos y medicamentos, la presentación de un cronograma general de elecciones, el respeto a la autonomía de la Asamblea Nacional y, la liberación de los detenidos por causas políticas” (comunicado de la CEV desde el Vaticano) . Ahora además que el gobierno retire la fraudulenta y dictatorial Constituyente. Esos son puntos no negociables y sería un gravísimo error que algunos factores de la oposición democrática dialogaran sin exigirlos o hicieran concesiones; por ejemplo, elecciones regionales, sin reconocimiento de las plenas atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

El Ejecutivo al eliminar las plenas atribuciones constitucionales de la AN, degüella la democracia y trata de imponer la fraudulenta Constituyente que es el antidiálogo para afianzar e imponer un modelo político, económico y social totalitario, eliminando toda oposición democrática.

La negociación como fórmula para buscar una salida a la difícil situación del presente está de nuevo sobre el tapete. Ninguna persona sensata ni demócrata puede negarse a explorar ese recurso. Lo que pasa es que el oficialismo no se caracteriza precisamente por su credibilidad en ese terreno.

Una eventual negociación de las fuerzas democráticas con el Gobierno sólo sería pertinente, a estas alturas, si es para rescatar la vigencia y observancia de la Constitución vigente de parte del Gobierno y no para ganar tiempo a fin de prolongar la vida de un régimen inconveniente para los intereses del país y rechazado por la mayoría de la ciudadanía.

Si el oficialismo apuesta sinceramente por embarcarse en un proceso de negociación útil y con resultados positivos para la nación, debe dar un primer paso que genere confianza al país y a la Comunidad Internacional. Ese gesto no es otro que derogar la convocatoria a la Constituyente Comunal.

El movimiento democrático y su dirección política, la MUD, tienen también una responsabilidad clave en el particular. Si el Gobierno adelanta los pasos adecuados en la dirección arriba sugerida, la MUD no debe negarse de plano a explorar de manera unitaria y consensuada ese escenario. Lo anterior no supone dejar la presión, que incluye la calle y otros tableros en los que se escenifica la confrontación. Firmeza, flexibilidad, realismo y compromiso con los intereses del país son los criterios que deben guiar la acción opositora.

La Constituyente Comunal no debe consumarse porque carece de legitimidad, legalidad y pertinencia. También porque es un fraude en todo el sentido de la palabra. Es lo más alejado de un proceso transparente, libre, justo e inclusivo. Además, de que sus objetivos conocidos van en la dirección contraria a la superación de la mega crisis en progreso. Está emparentado en primer grado con el Plebiscito inconstitucional convocado en 1957 por Pérez Jiménez; en ambos procesos confluyen el militarismo y el despotismo. El de 1957 abrió las puertas al fin de la dictadura de entonces, éste no sabemos cómo puede concluir, quizás de la misma manera que el anterior.

Al momento que escribo estas notas (martes 25/7, 8am), todo parece indicar que se consumará el fraude del domingo 30/7. Creo también, que no se debe descartar que algunos acontecimientos y sucesos sobrevenidos más la presión ciudadana puedan obligar al chavismo gobernante a suspender el proceso.

De persistir el régimen en imponer y materializar la constituyente se producirá un cambio significativo, el paso de la neo dictadura implantada por el chavismo el año pasado a una dictadura totalitaria, versión chavista de la que martiriza a cuba. Con todas las consecuencias negativas que ya hemos venido experimentando. Venezuela devendrá en un Estado forajido, que solo se podrá sostener apelando al terror, a la represión indiscriminada y masiva.

¿Cuánto recorrido y durabilidad podrá tener esa nueva situación? Presumo y espero que no mucho, de lo que si estoy convencido es que su singladura causará mucho daño al cuerpo social de la nación. Convertirá al Estado venezolano en una amenaza para sus homólogos, empezando por los fronterizos porque puede terminar generando una crisis de refugiados amén de otros males.

Caracas, 25 de julio de 2017

El régimen tiránico, a punto de consolidarse como dictadura, ha montado a plena luz del día y delante de todo el mundo un sainete llamado asamblea nacional prostituyente; una farsa, una bufonada que se convertirá en una tragedia cantada si logra bajar el telón con el caricato elenco en primer plano y con el guión comandado por las cheer leaders corifeas y coorinadoras del poder expectoral tan farsantes como quienes, en comparsa y al son de la sambuca, pescuecean por salir y aparecer en el reparto en busca del banquete y las canonjías prometidas y ofrecidas pero nunca repartidas.

Esa comedia adivinada por todo el mundo dentro y fuera del escenario, se presenta como la panacea de todos los males que trajo el régimen dizque revolucionario y bolivariano, pero precisamente sabemos que es otra ficción, una nueva parodia del poder para preservar el poder mismo en su propio beneficio y dejando al soberano sin pan ni circo y cada día más ávido de justicia, de libertad, de democracia, de decencia jurídica y de pudor institucional.

El averno que sufrimos será recordado como un edén en comparación con lo que nos vendría de esas villas y castillos que dibuja la misión viviendo a Venezuela, pues los que quieren perder y perderse son cegados por el Creador para que su paso al más allaíta sea quizás más traumático. Algunos de los bufones que bailan la conga en esta hora loca de la prostituyente fueron tomados por muchos de los aplaudidores como gente seria, pero resultaron ser tan farsantes como quienes les tiran la comida para que la recojan en esa merienda de indigentes refugiados aspirando, al menos, a que se las sirvan, y en un plato.

Los que creen en la paz de los sepulcros, pajaritos preñados, vacas voladoras y huevos de avioneta pintados en ese enredo comicial no saben lo que hacen, pero igual que los demás llorarán lágrimas negras y amargas porque su conciencia, que de seguro aflorará como delicuescencia, les mostrará la miseria infernal en sus lares, en sus propios nidos, sin siquiera unos cuantos bolos “fuertes” ni el plato de lentejas tantas veces prometido.

Desde ya la comedia se adivina y sus resultados se sopesan, pero nada podrá hacerse cuando el destino nos alcance y la tragedia que se vislumbra pase de ser algo virtual para transformarse en la realidad que muchos tememos pero que los actores por el régimen amancebados continúen silbando y tarareando la pegajosa musicalidad que produce el dinero contante y sonante, el puñado de dólares que la vil revolución y su ambición profesional sembraron en sus mentes retorcidas por la codicia. Sin embargo, pagarán; seguro que lo pagarán caro, la taquilla devolverá el costo del boleto…

Para sorpresa de muchos, en la parodia de antejuicio seguido a la fiscal general de la República, en la audiencia convocada, con acusadores de oficio por su tendencia política inequívoca y una defensa pública sin alegato válido alguno, el garante de los derechos ciudadanos, el “defensor del pueblo”, solicitó que se sometiera a la investigada, bajo la imputación de delitos encubiertos con la fórmula de faltas graves administrativas, a la sedicente prueba del polígrafo o del llamado “detector de mentiras”.

Este instrumento, aparato o técnica que pretende medir la verdad o falsedad de una aseveración mediante las alteraciones fisiológicas que serían apreciadas en la persona sometida a la prueba, es rechazado en materia probatoria y considerado como viciado, inválido, nulo, además, absolutamente inocuo, ya que la condición de verdadero o falso de un aserto no es determinable como hecho moral y complejo a través de determinadas reacciones susceptibles de equívoca interpretación; pero, sobre todo, porque lo único que queda claro y es evidente es su condición intimidatoria o de coacción que le impide ser empleado para obtener una confesión, pues nadie puede ser obligado a reconocer culpabilidad en causa propia (artículo 49, numeral 5 de la Constitución).

Este procedimiento, patrocinado por policías represivas de algunos países, debe ser objeto del más claro y contundente rechazo, siendo absolutamente extraño que sea un pretendido defensor de los derechos humanos quien lo proponga.

En Venezuela, en nuestra legislación, se rechaza la coacción para admitir un hecho, se considera la declaración de un imputado o investigado como un medio de defensa, la inocencia se presume y quien acusa debe probar lo que imputa, por lo cual, resulta absurdo, inadmisible y condenable la instauración de prácticas de pretendida indagación de la verdad que en nada distan de la justificación de la tortura o de la utilización de medios que sirven para doblegar la voluntad libre de un investigado, lo cual no puede admitirse, ni siquiera con su consentimiento.

Sin darnos cuenta, marchamos a pasos agigantados hacia la instauración de una justicia sancionatoria de corte eminentemente inquisitivo, que se concentra en métodos policiales de tortura, en poderes omnímodos de un juez y en la absoluta indefensión de un acusado.

No hay justicia, sino venganza; no hay juicio, sino linchamiento político; no hay jueces, sino verdugos.

Esta es la realidad que toca enfrentar a quienes han sido declarados “peligrosos” por el régimen en razón de su condición de “disidentes”, lo cual equivale a dejar de lado los hechos, para “juzgar” y condenar por actitudes o por la simple conducta de la vida.

Recurrir al polígrafo, utilizado, eso sí, por parte de cuerpos de policía e inteligencia, incluyendo los del denostado imperialismo, nos remonta –por increíble que parezca– a concepciones lombrosianas que creyeron encontrar un rastro físico o una determinada señal corporal de la conducta delictiva, cuya libertad no puede ser afectada ni quedar sujeta a instrumentos de medición que, simplemente, desconocen la dignidad de la persona humana.

Finalmente, si aceptamos el uso del polígrafo u otras técnicas similares, tendremos la fórmula más expedita para declarar culpables a muchos inocentes y para que muchos inocentes sean condenados como culpables.

aas@arteagasanchez.com

@ArteagaSanchez

24 de julio de 2017

Algunos han expresado dudas sobre el documento “Compromiso unitario para la gobernabilidad”, por percibir que el mismo podría tener la intención de darle largas al mandato del 16 de julio de salir del régimen lo antes posible. Entre otros puntos, objetan la mención de realizar elecciones primarias entre los demócratas para escoger nuestro candidato presidencial y la integración de un gobierno de unidad. Respetamos esos puntos de vista, pero pensamos que la crítica es injusta y que dicho documento constituye un buen punto de partida.

En la introducción los firmantes aseveran que "el cambio es inminente". Es decir, que las primarias serían a posteriori. No es posible fijar fecha de cuándo saldremos de esta dictadura totalitaria. La presión de calle, el apoyo moral de los países democráticos y negociaciones bien llevadas, no como las anteriores, deben producir el cambio. Aunque contamos con algunos líderes preparados, ninguno de ellos tiene una aceptación general. Por ello, la elección de nuestro candidato debe ser por primarias

El documente anuncia que la justicia social será prioridad, la unidad una necesidad y que habrá un programa común de gobierno. Este programa contará con el concurso de los partidos democráticos que integran la Unidad y de un Frente Social en el cual estarán representados todos los sectores, inclusive aquellos que respaldan al actual régimen, descartando individualidades incursas en violaciones a los derechos humanos y en corrupción.

Pretender gobernar sin un acuerdo mínimo con algunas personas que han estado cerca del régimen es utópico y antesala de un fracaso. El respeto a la descentralización y el no desatar persecuciones injustas es otro activo del documento.

El qué está acotado, aunque tiene generalidades. El cómo quedó en suspenso, probablemente en aras de evitar discrepancias que debilitarían la unidad. Sería conveniente desempolvar los lineamientos elaborados bajo la coordinación de Ramón Guillermo Aveledo y de Marino González. De nuestra parte, consideramos pertinente definir cómo llenar el vacío entre la salida del régimen y la elección de un nuevo presidente y cómo lograr que algunas medidas inmediatas permitan disminuir la presión social e iniciar la reconstrucción de un país devastado por los bárbaros.

Una opción obvia es que asuma el presidente de la Asamblea, es decir Julio Borges, a quien le correspondería de acuerdo a la Constitución y tiene cualidades para ello ¿Sería aceptable por todos los partidos y por los negociadores de la salida de Maduro? ¿Podría darse una solución como la de Ramón J. Velásquez, a quien no le correspondía sustituir al defenestrado Carlos Andrés Pérez, pero que las circunstancias lo impusieron? ¿Qué perfil debería tener para que sea capaz de tomar medidas que inicien la reconstrucción, propicie el acercamiento y garantice la gobernabilidad?

En cuanto al cómo cumplir con el compromiso con quienes se encuentran en un injusto nivel de pobreza, habrá que establecer algunos subsidios mientras se abate la inflación y se reactiva el aparato productivo. Ello no podrá hacerse sin el apoyo de organismos internacionales, con quienes será necesario negociar para evitar que pretendan imponer medidas drásticas que introduzcan factores desestabilizadores.

Ese posible gobierno provisional requerirá de un equipo eficiente de comunicadores que logren hacer entender a muchos que ser rico no es malo, siempre y cuando sea una riqueza bien habida, que contribuya al desarrollo del país y con conciencia de la responsabilidad social, tal como hace la Polar. También deben contribuir a desmontar la creencia de que el Estado debe manejar empresas porque en el sector privado hay muchos pillos. La experiencia ha demostrado que es lo contrario.

Los militares deben volver a su institución y no incursionar en política, pero no se puede pretender que sean "mudos". En todos los países son requeridos para escuchar su opinión en temas importantes, a través del Alto Mando y sin derecho a ejercer presión por el hecho de contar con las armas.

Un centenar de ciudadanos asesinados, miles torturados, agredidos, encarcelados o que han tenido que emigrar en búsqueda de oportunidades, obligan a todos a contribuir a salir lo antes posible de este régimen y a crear un clima de entendimiento que permita la reconstrucción del país. El Compromiso Unitario es una guía.

Como (había) en botica: Aspiramos que los empleados públicos y militares entiendan que es preferible no votar el domingo que seguir padeciendo humillaciones. Maduro pretende eternizarse en el poder. Ustedes no deben ser cómplices del derrumbe del país. Padrino López, ¿qué sentimiento morboso te impulsa a tolerar asesinatos y atropellos a jóvenes y a mantener preso al general Ángel Vivas? La prisión del Magistrado Ángel Zerpa es otro abuso. Todo demócrata debe sumarse a la huelga del miércoles y jueves, y participar el viernes en la toma de Caracas. Las sanciones de Estados Unidos deben ser solo a corruptos y violadores de derechos humanos ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com