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Opinión

Ante el anuncio hecho por Jesús “Chuo” Torrealba de que el Vaticano pudiese ser el mediador en un diálogo entre el Gobierno y la MUD, me he tomado la libertad transcribirles 35 objetivos específicos que se explican por si mismo.

Ahora bien, todo esto, por cuanto presumo que la estrategia a utilizar en ese evento debe ser el Método Dialectico; es decir, ante la tesis socialista que defiende el Gobierno se contrapondrá la antítesis de la MUD, con el propósito de alcanzar una síntesis dialéctica reconciliadora que ponga fin a la crisis ideológica presente en la sociedad venezolana y en estas condiciones podamos entrarle de frente y con pasión de carbonario, a resolver la crisis socioeconómica que padece Venezuela para hacer de ella la tierra donde todo sueño, será posible.

Estos son pues, los 35 objetivos específicos que modestamente ofrezco para el dialogo reconciliatorio, y en cuya elaboración privó más el afecto por este pueblo, que mis conocimientos,

1).Convencer a todos los venezolanos que solamente unidos y reconciliados, seremos capaces de empezar a construir una nación agrícola, pecuaria, petrolera, minera e industrialmente desarrollada, a través de la educación eficiente, el trabajo creador, la solidaridad ética, la responsabilidad militante, la tolerancia política, el respeto al derecho del otro y la moral pública.

2).Seleccionar los servidores públicos en función del conocimiento, la probidad, la sensibilidad social y la identificación con el pueblo.

3).Sugerirle a quien ejerza la Presidencia de la República que luche cuerpo a cuerpo, rolo a rolo y tolete a tolete contra sí mismo, para que el ejercicio del poder no lo engolosine.

4).Crear la Universidad Técnica e Industrial de Venezuela para que de ella egresen los jóvenes obreros, peritos, técnicos y tecnólogos, que el país vaya necesitando en base a un instrumento de planificación ascendente que previamente haya programado el desarrollo armónico y proporcional de la nación venezolana.

5).Atacar el problema penitenciario creando tribunales de emergencia dentro de las cárceles para que trabajen las 24 horas del día a razón de tres turnos de 8 horas cada uno, hasta que no quede ni un solo preso sin sentencia definitiva; luego, negociar con el preso dos años de su sentencia por un año de intachable conducta dentro del recinto carcelario.

6).Promulgar leyes en función de la amnistía y el desarme de la población civil.

7).Practicar la generosidad internacional de la República, de manera inversamente proporcional a las necesidades del pueblo venezolano.

8).Concientizar para que el pedazo de pan que cada venezolano lleve a su casa, debe ser del tamaño de su capacidad de producción y no el de la generosidad del Presidente de la República de turno.

9).Reactivar el programa de becas “Gran Mariscal de Ayacucho”.

10).Sembrar el petróleo con mano generosa y eficiente.

11).Integrar en una sola Institución a todos y cada uno de los entes que imparten educación superior y proyectarla como Núcleos Regionales hacia cada Capital de Estado y como Aldeas Universitarias en todos y cada uno de los municipios de la República. Esta nueva Institución pudiese denominársele: Universidad Central y Autónoma de Venezuela.

12).Crear la Universidad Central de las Fuerzas Armadas para que de ella egresen los jóvenes oficiales y suboficiales que posteriormente se incorporarán al Ejército Venezolano el cual estará conformado por solo tres componentes: Ejercito Terrestre, Ejercito Naval y Ejercito del Aire.

13).Transferir el 51% de las acciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a empresarios, obreros, trabajadores y jóvenes profesionales venezolanos.

14).Delegar en el Banco Central de Venezuela la recepción y distribución de todas las divisas que genera la industria petrolera.

15).Decretar que el ámbito operativo de PDVSA debe limitarse exclusivamente a lo que en términos petroleros se conoce como: aguas arriba y aguas abajo.

16).Desafectar todas las empresas y fundos que fueron expropiadas con la condición de que entren inmediatamente en producción acelerada.

17).Respetar la propiedad privada, y los medios de producción deben ser la consecuencia de la cogestión solidaria entre los empresarios y los trabajadores para producir mercancías cuya plusvalía posterior debe ser distribuida equitativamente entre ambos.

18).Reducir el Poder Ejecutivo a solo quince ministerios.

19).Suspender el control de cambio y decretar un solo tipo de transacción en función del dólar americano.

20).Incorporar Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y a la Alianza del Pacifico.

21).Prohibir las imágenes Presidenciales dentro de las oficinas públicas.

22).Reactivar todos los programas sanitaristas que desarrollaba la vieja Dirección de Malariologia y Saneamiento Ambiental.

23).Fundamentar la salud a dispensársele al pueblo sobre tres principios éticos: no dañar, prevenir para no curar, suministrar calidad de vida no y retrasar la muerte; todo ello, a través de un eficiente Servicio Único de Salud.

24).Implementar una microempresa por cada 50 venezolanos desempleados, crear la Compañía Venezolana de Navegación y refundar la empresa Venezolana Internacional de Aviación (VIASA).

25).Promover una poderosa clase media que ayude a sacar de la pobreza a todo aquel venezolano que la padezca, pero mientras esto no se logre a ese sector de la población habrá que saciar su hambre, curar sus enfermedades, proteger de la intemperie y garantizarle que el futuro que lo aguarda, será mejor.

26).Defender la soberanía e Independencia de la República de cualquier potencia hambrienta de energía petrolera.

27).Cimentar la libertad de expresión sobre el siguiente aforismo: “no estoy de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo”.

28).Estudiar la probabilidad de aplicar la hipótesis de la línea media al problema limítrofe que tenemos con la hermana República de Guyana y poblar todas nuestras fronteras.

29).Desactivar el argumento que propone: “A los pueblos indígenas hay que mantenerlos dentro de su hábitat natural para evitar que el hombre blanco los contamine” y de paso, proscribir todo tipo de explotación minera en el frágil ecosistema de Guayana.

30).Incorporar sustancialmente la mujer venezolana a la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas trascendentales.
31).Enfrentar la problemática campesina a través de programas rurales que no sólo sirvan para evitar el éxodo permanente del hombre del campo hacia las grandes ciudades, sino que a su vez estimulen el regreso de aquellos que abandonaron sus tierras después que un demagogo e irresponsable enreda pueblo, les dijo: “Vámonos pá Caracas que allá hay trabajo por coñazo” y ahora andan saltando y brincando de rancho en rancho sobre los cerros que circundan la Capital.

32).Restablecer las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en un ambiente de respeto mutuo y sin complejos latinoamericanos, ni tercermundistas.

33).Rechazar la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, tanto más, si esta conducta política se mimetiza bajo la noble expresión de Simón Bolívar: “Para Nosotros la Patria es América”.

34).Actualizar todos los convenios internacionales firmados por la República.

35).Reducir el periodo presidencial a cuatro años con una sola reelección y aceptar que el rol como Primer Maestro de la Nación Venezolana que moralmente le corresponde ejercer al Primer Mandatario, debe estar por encima de su condición de Presidente de la Republica, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.

Villa de Cura, 29 de septiembre del 2016.

 5 min


Venezuela está viviendo la mayor crisis de su historia republicana

Hemos sido reiterativos en el señalamiento de que, como consecuencia del colapso del histórico rentismo petrolero, Venezuela está viviendo la mayor crisis de su historia republicana expresada en un profundo deterioro económico, alarmantes indicadores de conflictividad social, en el debilitamiento de las instituciones democráticas, y en un déficit de liderazgo. Pero quizás el componente más preocupante de esa crisis lo constituye la pérdida de valores y los notables indicadores de corrupción que podrían considerarse simultáneamente como factores y consecuencias del grave mal que aqueja a nuestra sociedad y que refleja igualmente un deplorable deterioro de su capital social.

Frente a estas realidades y a la perentoria necesidad de impulsar un modelo de desarrollo que permita resolver los graves problemas generados por la profundización y agotamiento del rentismo petrolero y del capitalismo de estado que se ha querido implantar en Venezuela con obsoletas políticas socialistas, se menciona con frecuencia la posibilidad de promover el sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado (Esem) para romper con esas fórmulas fracasadas y enrumbar al país hacia un desarrollo sostenible y con sentido humano. Sin embargo, este sistema económico y social, que ha demostrado ser exitoso en otras sociedades como Alemania, los países nórdicos y algunos asiáticos se fundamenta en una cultura de valores y principios éticos, y elevados indicadores de capital social que son pilares del cambio necesario y con frecuencia se omiten en las propuestas para lograr el mismo.

Lo anterior nos lleva a recordar a Amartya Sen cuando al señalar la importancia de la ética en las consideraciones económicas advierte: “La economía puede ser más productiva como ciencia social teniendo en cuenta, de forma explícita, las consideraciones éticas que afectan el comportamiento humano” . Y es que la reflexión ética forma parte integral del sistema de Economía Social de Mercado al considerar los valores morales que guían el comportamiento humano en sociedad, tales como las costumbres, normas y tradiciones que caracterizan un determinado conglomerado humano.

En el servicio público, por ejemplo, la ética y las costumbres morales determinan la conducta de los burócratas y demás gestores de la gestión de gobierno lo que obviamente se relaciona con la garantía de una administración libre del morbo de la corrupción. Igualmente en la política y en el sistema democrático que es base de la Esem -y que para Maritain es el camino para obtener una racionalización moral de la vida política y el sistema en el que se supone que los asuntos públicos deben ventilarse con la participación de todos- se requiere altos valores éticos y elevados principios morales para que los políticos entiendan su responsabilidad en el limpio juego democrático y los ciudadanos sean activos agentes para asegurar la transparencia en el ejercicio político y de gobierno. Por tanto, con políticos corruptos y orientados por el maquiavelismo que niega la aplicación de los valores morales a la política, es decir que legitima la inmoralidad política propiciando que el fin de la misma justifique todos los medios para lograr el poder y mantenerlo, no es posible impulsar la Esem. Así mismo en sociedades en las que los habitantes carecen de los valores y principios cívicos para calificarse como ciudadanos tampoco puede operar la Esem que se sustenta en políticos que entiendan que el fin de la actividad política es la promoción del bien común y que la construcción de la acción política debe apoyarse en valores como la verdad, la honestidad, la justicia y la práctica de la solidaridad; y que exige de una cultura social que fomente en los ciudadanos la conciencia cívica y ecológica, la cultura de paz, la asociatividad y el compromiso con una genuina democracia participativa que incluye el respeto a las minorías, la cultura del diálogo y el debate constructivo.

El sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado, como respuesta exitosa frente al fracaso de las recetas retrógradas del socialismo real y las fórmulas economicistas y academicistas del neoliberalismo, se fundamenta en principios de competencia perfecta en el mercado, promovida con una política social que, sin generar dependencia ni clientelismo político, contribuya a incorporar a la economía de mercado a los ciudadanos más vulnerables; por lo que se propicia la humanización de la economía impulsando la solidaridad, la subsidiaridad, la humanización del trabajo, las trasferencias sociales focalizadas y la función social del Estado que supone el control de los monopolios, políticas redistributivas del ingreso, garantía de salarios justos y del salario mínimo. Todo lo cual se orienta a la búsqueda del bien común, la preservación del medio ambiente y el respeto a la dignidad de la persona humana y sólo es posible, como lo señalamos, en una sociedad con elevados principios éticos y morales que aseguren el consenso social para el logro de esos objetivos fundamentales como garantía del desarrollo humano sustentable.

Aunque no es frecuente encontrar en los escritos sobre la Esem referencias al capital social, se puede apreciar que las bases sociales y culturales de este sistema económico están íntimamente ligadas al capital social, que supone comunidades en donde prevalece la confianza entre sus miembros y acciones coordinadas en función del interés colectivo, por lo que, en la próxima entrega, expondremos en detalles como los valores y principios de este activo social son fundamentales para lograr la eficiencia económica y social que promueve el sistema de Economía Social y Ecológica de Mercado.

jmoreno@unimet.edu.ve

Director General del CELAUP

Universidad Metropolitana

http://www.unimet.edu.ve/celaup

Twitter: @caratula2000

Facebook.com/celaup

http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Jose-Ignacio-Moreno-Leon/Pilares-del-cambio-necesario--I-.aspx#ixzz4MjjxL99l

 4 min


Los ingresos del gobierno provienen principalmente de los impuestos y del petróleo

Noruega es un país de 5.236.826 habitantes y una superficie de 385.156 km2. Dentro de la región nórdica es la segunda economía detrás de Suecia y por encima Dinamarca y Finlandia.

Luego de experimentar los efectos de la recesión económica mundial, el crecimiento se recuperó hasta casi 3% en 2012. A partir de ese año, el PIB se ha ralentizado como consecuencia del descenso de los precios del petróleo. El PIB per cápita de Noruega es uno de los más elevados a escala mundial, cercano a los 70.000 dólares.

El dinamismo de la economía de Noruega descansa sobre el sector servicios (58%) e industrial-manufacturero (40%), el sector agrícola representa el 2% de la producción total.

La tasa de desocupación ascendió en 2015 (4.4%) desde la tasa observada en el año 2008 (2.6%) y se prevé continúe esta tendencia. El Banco Central de Noruega estableció una meta de inflación de 2,5% anual. El indicador se ha ubicado alrededor de 2% los últimos tres años.

La producción petrolera se ha recuperado recientemente. En julio de 2016, el país registró su producción más elevada desde marzo de 2011. Sin embargo, algunas compañías petroleras están retrasando los proyectos de desarrollo y exploración en Noruega y en otros lugares para resistir una caída de los precios del crudo. Es necesario señalar que la producción petrolera fue de 3.4 millones de barriles en el año 2000 y apenas se acercó a los 2.0 millones de barriles el año pasado; con reducidas reservas probadas.

Los ingresos del Gobierno provienen principalmente de los impuestos y del petróleo. Los ingresos petroleros redujeron su participación en el total, afectados por la caída de los precios internacionales del crudo: de 38.9% en el 2008, cayeron a 20.7% del presupuesto en el año 2014.

Noruega tiene un régimen de tipo de cambio flotante. La moneda local se ha debilitado 40% en el periodo 2008-2015, en línea con el descenso de los precios del petróleo. Vale destacar que este comportamiento ha incrementado la competitividad en otros sectores de la economía.

El país mantiene el primer lugar desde el año 2000 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), de un total de 187 países. En 1980 el IDH se ubicó en 0.793 y en el 2014 se elevó a 0.944.

Sus finanzas públicas reflejan un sólido desempeño: en el periodo 2008-2015 el resultado fiscal primario fue 9.1% en promedio. La política fiscal se conduce por tres pilares:

1 Distribución intergeneracional de la riqueza petrolera que ha sido invertida en un portafolio diversificado, a través del fondo de ahorro petrolero creado en 1996.

2 Retiros anuales sostenibles del fondo petrolero (4% del retorno real), que son transferidos al presupuesto del gobierno. El fondo está integrado al presupuesto anual.

3 Regla fiscal estructural consistente con el comportamiento permanente de los ingresos.

El proceso de creación del fondo petrolero comenzó desde los años 70. A principios de los 80, el Comité Tempo, propuso que los ingresos deben ser determinados por consideraciones industriales con respecto a la tasa de desarrollo y producción, y luego se transfiere a un fondo que invierte en los mercados mundiales de capital antes de ser canalizados de nuevo en la economía noruega a un ritmo adecuado a las consideraciones fiscales y económicas.

A fines de los años 80 se retomaron con más fuerza las discusiones que conducirían a la creación del fondo y se sentaron las bases que han garantizado su éxito y han sido reconocidas internacionalmente, las mismas se detallan a continuación:

w El principio clave, que se ha mantenido hasta la actualidad, es que los ingresos de la actividad petrolera deben ir directamente al fondo.

w Todas las inversiones de las tenencias del fondo se deben hacer en el extranjero, sin excepciones.

w Todos los gastos del retorno del capital invertido deben ser aprobados por el parlamento en el marco del equilibrio del presupuesto del gobierno.

w Cualquier ruta desde el fondo para el consumo que no sea a través del presupuesto del gobierno se descartó expresamente.

El Banco de Noruega es el encargado de la inversión de los recursos del fondo petrolero (manejo operacional), con la finalidad de lograr el mayor retorno posible. El valor de mercado del fondo es de 875 billones de dólares.

Con respecto al sistema financiero, los indicadores son sólidos: 16 % de la relación Patrimonio/Activo y 1.3% de morosidad. Los activos del sistema financiero representan 150% del PIB.

En el año 2015 la Capitalización Bursátil alcanzó 193.895 millones de dólares.

Con respecto al tema social, todos los ciudadanos noruegos y los trabajadores particulares tienen automáticamente derecho a estar integrados en el Sistema Nacional de Seguridad Social.

El plan de seguridad social del estado da derecho a sus afiliados a pensiones (jubilación, supervivientes, discapacidad) y da subsidios por accidentes laborales, accidentes y enfermedades, embarazo, nacimiento, familias monoparentales y decesos.

Economista, Director BCV

http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Franklin-Mendez/La-experiencia-economica-de-Noruega.aspx#ixzz4MjgP7sIg

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CAMBRIDGE – Al comenzar las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, DC, resulta conspicua la ausencia de uno de sus países miembros: Venezuela. Sin embargo, es mucho lo que se debe discutir sobre las finanzas venezolanas. De hecho, una crisis de su deuda pública parece inevitable.

Todas las crisis importantes de deuda soberana del pasado, incluso las de México y Grecia, han generado cambios en la reglamentación, la jurisprudencia o las estrategias adoptadas por deudores, acreedores e instituciones financieras internacionales. En fecha más reciente, la batalla judicial de 15 años de Argentina con sus acreedores –en la que los “holdouts” obtuvieron resultados considerablemente mejores que los acreedores que años antes aceptaran el canje– desestabilizó la arquitectura financiera internacional y generó un nuevo conjunto de reglas. Venezuela será el primer país en navegar estas nuevas reglas, y no puede darse el lujo de hacer las cosas mal.

Venezuela se encuentra en medio de una grave crisis producto de sus propios actos. El gobierno usó los años en que el precio del petróleo estaba alto, de 2004 a 2013, para quintuplicar su deuda externa, expropiar importantes sectores de la economía, e imponer draconianos controles cambiarios, laborales y de precios. En 2014, a medida que colapsaba el precio del petróleo, el gobierno, tras haber perdido el acceso a los mercados de capital como consecuencia de su despilfarro, decidió continuar sirviendo su deuda en bonos e incumplir sus obligaciones hacia los importadores y la mayor parte de sus acreedores no financieros.

Además, el gobierno rechazó tanto la asesoría como el financiamiento del FMI, y en su lugar equilibró los flujos de divisas imponiendo la mayor contracción de importaciones que haya existido en la historia de América Latina. Esto hizo que la producción se desplomara más del 30% (debido al recorte de los insumos importados), disparó una inflación del 700%, y produjo rápidamente una pronunciada escasez de productos básicos. Entre otras cosas, esta distorsión sin precedentes en las prioridades llevó a un colapso en la producción de petróleo, debido a que la compañía petrolera nacional, PDVSA, no pudo mantener su infraestructura de producción e incumplió con los pagos a contratistas claves, a fin de pagar a sus tenedores de bonos –matando así la gallina de los huevos de oro–.

La falta de acceso al mercado significa que Venezuela no puede refinanciar sus obligaciones, excepto bajo condiciones que empeoran su solvencia, como lo está intentando hacer PDVSA en este momento. Tampoco puede generar divisas suficientes para pagar sus deudas a medida que vencen. Es decir, de un modo u otro, Venezuela necesitará reestructurar su deuda actual.

En última instancia, una reestructuración serviría los intereses de todos; restringir tan severamente la capacidad de importar de una economía solo debilita su capacidad de producir y repagar. Pero, ¿con cuáles herramientas cuenta Venezuela para asegurar una solución cooperativa con sus acreedores en un mundo post Argentina? Y, ¿qué papel deberían desempeñar las instituciones financieras internacionales para facilitar un resultado eficiente?

Uno de los componente críticos para que una reestructuración de la deuda tenga éxito reside en asegurar que los acreedores que están en una situación similar reciban un tratamiento comparable. Pero, esto resulta imposible a menos que se solucione el problema de los “holdouts”: si la mayoría de los acreedores acuerda reducir o posponer el cobro de sus acreencias, siempre es tentador para un acreedor individual no ceder en cuanto al pago total aprovechándose de la mejora en la capacidad de pago del deudor generada por el sacrificio de los demás. Es por ello que los tribunales de quiebras y los bonos con cláusulas de acción colectiva (CAC) buscan imponer a todos los bonistas, incluso a los “holdouts” en potencia, acuerdos aceptados por una mayoría calificada de los acreedores.

En Argentina sucedieron dos cosas. Primero, los bonos soberanos cuyo pago se incumplió carecían de CAC, por lo tanto no había manera de obligar a los “holdouts” a aceptar el trato inicial. Luego, y lo que es más importante, años más tarde, una corte estadounidense aceptó una novedosa interpretación de la cláusula pari passu propuesta por los acreedores “holdouts” (y rechazada virtualmente por todos los operadores y profesionales tradicionales del ámbito de la financiación soberana). Como resultado, a Argentina se le prohibió efectuar el pago corriente de intereses a los tenedores de su deuda reestructurada, a menos que de manera simultánea pagara a los “holdouts” el monto total del capital y los intereses que les debía según los contratos originales.

La reestructuración en el mundo post Argentina se ha hecho más difícil, puesto que el éxito de los “holdouts” en el litigio mencionado significa que los bonistas inclinados a negociar una solución tendrán que explicarles a sus propios inversores por qué no persiguen una estrategia de “holdout” potencialmente más lucrativa.

La deuda de Venezuela es diferente a la de Argentina. Alrededor del 60% de su deuda pública externa consiste en bonos, emitidos por partes aproximadamente iguales por el gobierno y por PDVSA. Con muy pocas excepciones, los bonos del gobierno tienen CAC, por lo cual abordar el problema de los “holdouts” resulta ser algo más fácil. Los bonos de PDVSA han sido emitidos en Estados Unidos y, como se exige por ley a todos los bonos corporativos, no contienen CAC.

No obstante, es posible que PDVSA pueda acceder a protección judicial ante el riesgo de bancarrota tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Si llegara a ser necesario, PDVSA podría conseguir un mandato judicial de moratoria con respecto a acciones judiciales en su contra hasta que se llegara a un acuerdo de reestructuración, evitando de este modo un embargo desordenado de sus activos.

Como forma adicional de presión para asegurar la participación, se puede retirar o modificar el derecho exclusivo que tiene PDVSA a explotar las reservas de hidrocarburos venezolanas. (Es interesante que estas dos posibilidades se subrayan como “factores de riesgo” en los documentos de oferta de bonos de PDVSA).

Tanto PDVSA como el Estado también pueden recurrir a “consentimientos de salida” (“exit consents”): cambiar algunos de los términos de los bonos –la cláusula pari passu utilizada por los “holdouts” de Argentina, así como otras disposiciones importantes– mediante acuerdos con una mayoría simple en el caso de los bonistas de PDVSA, y de dos tercios en el caso de los tenedores de la mayor parte de los bonos del Estado.

Venezuela también podría distinguirse de Argentina comprometiéndose con un sólido programa de reformas y buscando el apoyo del FMI. Según la nueva política de acceso excepcional al financiamiento del FMI, Venezuela potencialmente podría solicitar más de US$ 70 mil millones de nueva financiación para su programa de reformas. Y este respaldo debería contribuir a que sus acreedores brinden su apoyo.

Dentro de este contexto, el FMI y gobiernos claves deberían apoyar la decisión de Venezuela de no tratar a los “holdouts” en potencia mejor que a los acreedores con los cuales llegue a un acuerdo. El incumplimiento de pagos que se origina en una renuencia a pagar, no merece apoyo internacional. Sin embargo, cuando un deudor está imposibilitado de pagar, nada se logra obligando al pago. Cuando un número importante de “holdouts” insiste en recibir el pago total, resulta imposible diseñar una reestructuración efectiva, a menos que otros acreedores reduzcan o aplacen sus derechos. Esta es la definición del parasitismo.

Ninguna estrategia para socavar a los “holdouts” puede significar también que se dejará de acometer la reestructuración, lo cual podría conllevar un caos e incluso un Estado fallido. Ninguno de estos resultados serviría los intereses de la comunidad financiera internacional ni del pueblo venezolano.

Traducción del inglés de Ana María Velasco

Ricardo Hausmann, ex Ministro de Planificación de Venezuela y ex Economista Jefe del Banco Inter-Americano de Desarrollo, es Director del Center for International Development at Harvard University y profesor de economía del Harvard Kennedy School. Mark Walker es director gerente de Millstein & Co. Anteriormente fue director gerente de Rothschild, Lazard y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, siempre en las áreas de asesoría a emisores soberanos.

Copyright: Project Syndicate, 2016.
www.project-syndicate.org

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Jesús Elorza G.

Al ver la reacción mundial que tuvo el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, Nicolás, como buen oportunista no dudo un instante en crear algo similar, pero de contenido revolucionario. Plasmó su idea en el Premio Hugo Chávez a la Paz y la Soberanía de los Pueblos.

Regocijado, en “la originalidad” de su creación, procedió a encomendar a uno de sus ministros para que a la brevedad posible le presentara una lista de nominados a la premiación…..y que todos ellos fuesen afectos al gobierno.

Muy preocupado, llego el ministro a su casa, por no encontrar una fórmula para presentar los nombres que le habían sido requeridos.

Su mujer, al verlo tan pensativo, algo que por primera vez en 17 años le ocurría, le preguntó ¿Mi amor, que te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo?

En seguida, el funcionario le contó sobre la responsabilidad que le habían asignado y la respuesta de su mujer fue inmediata.

Tranquilo mi amor, eso es más fácil que “pegarle” un tiro al suelo. Nuestro partido y gobierno (que es la misma vaina) tiene sobrados candidatos para ser postulados.

- Explícate mejor, le pidió el marido con cara de asombro.

Sírvete un whisky para que bajes la presión y luego busca papel y lápiz para irte dictando la lista de nominados por cada sector:

- Interpretes revolucionarios de la Constitución Bolivariana, sin lugar a dudas los “magistrados” del T.S.J.

- Para la Paz Electoral, quienes más representativos que Tibisay y su combo.

- Como soldados de la salud comprometidos con nuestro pueblo, nadie más adecuado que el ministro del área, que derrotó a los generales Chikungunya, Difteria, Tuberculosis y trajo la paz y tranquilidad a los ciudadanos en búsqueda de atención en nuestros revolucionarios hospitales y la consecución de medicamentos en las abarrotadas farmacias del país.

- La Paz Penitenciaria, premio por excelencia a la insigne Iris “Fosforito” Valera y sus Pranes.

- Merecedores indiscutibles de la mención Paz Ciudadana: Los motorizados y los colectivos armados Tupamaros y La Piedrita.

- En la mención, La Paz de los Sepulcros, no hay discusión posible en la nominación de la Operación Liberación y Protección del Pueblo OLP.

- En el área, referida al narcotráfico, El Cartel de los Soles no tiene competidores.

- La Guardia Nacional, ocupa un lugar preponderante en el área referida al mantenimiento del orden público con su permanente represión a las manifestaciones de los escuálidos y oligarcas ciudadanos.

- Nominados a la Paz Educativa, los ministros del sector que con su esfuerzo pretenden imponer la Doctrina del Pensamiento Único, la Reforma Socialista del Curriculum y el cerco presupuestario y policial a las universidades.

- Premio Paz Laboral, a los ministros de la economía y el trabajo por sus acertadas políticas salariales y anti-inflacionarias.

- Paz Deportiva, para los miembros del Comité Olímpico Venezolano y el Ministerio del Deporte por haber conjugado sus esfuerzos para el control totalitario de las organizaciones y los presupuestos asignados al sector.

- Por último, mi amor, para que no dejes por fuera a nuestro mentor Nicolás, el premio mayor de Soberanía de los Pueblos, se lo otorgamos a él por unanimidad, basados en sus políticas de dar petróleo gratis a los países, el resguardo de nuestras fronteras conjuntamente con las FARC y la creación de la Republica Revolucionaria VENE-CUBA.

Carajo mi amor, que vaina tan buena. Cuidado, si con esta propuesta no me ascienden a vicepresidente y si prospera el revocatorio, corono con la presidencia, dijo súper emocionado el ministro.

Sirvámonos otro whisky.

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Carlos Raúl Hernández

Crece la preocupación de que Venezuela pase los peajes para llegar al Estado fallido, consecuencia de que el hampa logró grados de desarrollo organizacional que ya quisieran muchas empresas o el gobierno, y que los siete grandes núcleos generadores de violencia conquistaron la soberanía sobre parte del territorio nacional: las megabandas, el Frente Bolivariano de Liberación, los colectivos, los sindicatos negros, el narco, los pranes y la guerrilla colombiana, todos con dominio territorial de zonas en las que el poder del Estado venezolano no existe y debe recuperarse. Estados fallidos son los que cruzan la frontera de la desintegración. Sus élites las componen grupos aturdidos, torpes, incompetentes, demasiado primarios para entender la necesidad de tener objetivos nacionales por encima del odio, e incapaces de dar sustento a la gobernabilidad y la estabilidad.
“El mayor peligro para la permanencia de las naciones es la estupidez”, dijo una vez Vaclav Havel y por eso la desintegración es el remate de revoluciones que cumplen su ciclo inevitable, el hundimiento, y cuyos dirigentes prefieren, como Sansón, derrumbarlo todo antes que asumir su equivocación y rectificar. Pero Venezuela tiene tiempo y posibilidades para restaurarse. Según importantes think-tank de los noventa, Colombia prácticamente era ya un Estado fallido antes del triunfo de Álvaro Uribe, -más de la mitad de su territorio lo controlaba la guerrilla- y una novela de Vargas Llosa, La historia de Maita, comienza cuando los guerrilleros están a 50 km rumbo a la toma de Bogotá. De México decían lo mismo importantísimos grupos de analistas, pero el presidente Calderón, como Uribe, volteó la tortilla. En cambio Peña Nieto cedió al chantaje de la izquierda obradorista y las ONGs izquierdosas, detuvo la guerra contra los carteles y el peligro reverdeció.

El horror en las calles
Con el galáctico podía intuirse que llegaría primero el caos que el comunismo, y él y su legado desmantelaron el Estado, sustituido hoy por grupos que siembran el desorden. Quedan medianamente en pie unas cuantas instituciones, entre ellas las universidades, grupos privados, la Iglesia, sectores de algunas policías y de la FF.AA. Ahora liquidan la Asamblea Nacional porque la entropía, la destrucción propia de quienes no saben crear nada, se tragó lo demás. La pervivencia de la FF.AA. se convierte, en ese contexto, en objetivo esencial para los que luchan por frenar en seco las tendencias a que el país se disuelva y por volver a tener un Estado civilizado. El ímpetu del caos, el Leviatán bíblico, la suma de todos los miedos, es la prospectiva alianza entre los diversos grupos armados e irregulares que podrían poner en jaque a los militares, aunque parece que ya los tienen.
El país llegó a los más atroces niveles de violencia hamponil, e importa tecnologías aplicadas por los carteles mexicanos y colombianos y hasta del Estado Islámico. En Aragua, Caracas, Lara y Miranda muestran ahora cadáveres mutilados o colgados de pasarelas peatonales, testimonio de la autoridad de las bandas. En Guatire aparecieron ocho cuerpos decapitados, en Los Flores de Catia el de una hermosa mujer también decapitada y su cabeza frente a la comisaría de San Mateo, con un papel en la boca que la acusaba de soplona de la policía. Pero Fuenteovejuna también se las trae y en Santa Teresa encontraron restos de dos violadores con el tórax abierto, la cabeza dentro de él, y cerca una cartulina que explicaba por qué el castigo. Este año el promedio de muertes violentas es de 113 diarias, 4.5 por hora y 2015 cerró con 28.000 víctimas. La infernal violencia se concentra en esos siete focos de poder.

Visa para ir a El Valle
Entre las características de los Estados ingobernables que comienzan a ser fallidos, está precisamente la aparición de zonas bajo control de los irregulares en los que las autoridades legítimas carecen de competencia. Un nuevo poder de facto. Con datos del gobierno venezolano (ONA), se trafican 200 toneladas anuales de droga, independientemente del cierre de la frontera colombiana. Y en Caracas la extraterritorialidad de las bandas se extiende por la Cota 905, El Cementerio, Valle-Coche. Partes de Guárico y Aragua son “zonas liberadas” por la delincuencia y no bastó con la liquidación de El Picure y Lucifer para resolver el problema, porque la organización quedó intacta. Es imperativo para la conducción del país, enfrentar una posible coalición desestabilizadora entre estos siete factores malignos.
Y para ello tendrá que producirse una alianza entre quienes evidencien la voluntad de levantar el país e iniciar la reconstrucción. Pareciera que la violencia, la crisis económica, la tragedia social y la descomposición de las instituciones políticas nos recuerdan a cada rato la necesidad de establecer un diálogo entre el gobierno, la oposición y los militares para hacerle frente a los peligros para la nacionalidad que aparecen en el horizonte. Lucifer se dio el lujo de decretar toque de queda en los barrios de El Cementerio, pero se adelantó. Si no se produce una reacción a fondo con el apoyo del país encabezado por sus fuerzas políticas y sociales, en el futuro podríamos ser una nueva Beirut con bandas de delincuentes y guerrillas en sus propias zonas de exclusión, a las que no se podrá entrar sin permiso de los pranes.
@CarlosRaulHer

http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/tormenta-sangre_621263 /09 de octubre de 2016 05:02 AM

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El pretendido diálogo entre la oposición y el régimen chavista, tantas veces prometido y no cumplido por el régimen desde 2002, no ha prosperado y ahora el régimen recurre al fraude electoral para impedir la realización, antes del 10 de enero de 2017, del Referéndum Revocatorio (RR) del presidente Nicolás Maduro.

Esta última versión de diálogo no ha avanzado porque siempre fue una farsa del chavismo, que lo ha utilizado como cortina de humo para encubrir sus trabas al proceso convocatorio del RR, con el claro propósito de evitarlo, a sabiendas de que su realización significa el fin de Maduro presidente y del régimen.

Para impedirlo consiguió el apoyo del Secretario General de la UNASUR, Ernesto Samper, quien nombró, sin el consentimiento explícito de los cancilleres del grupo, tres facilitadores de supuesta imparcialidad: Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos. La mayoría de los países de hemisferio, tanto en la OEA como en UNASUR y MERCOSUR se expresaron, a favor del dialogo. Pero hasta hoy sus frutos son nulos; o peor, no hay diálogo formal. Prueba de ello es que ahora se ha solicitado la mediación del Vaticano. Mientras tanto cunde la crisis humanitaria y la miseria, se agudiza la polarización social y política, continúa la represión, la persecución y encarcelamiento de líderes de la oposición y se ignora la constitución y el Estado de derecho.

El diálogo y el RR son la única la vía pacífica y democrática para resolver la crisis política y humanitaria --crisis resultante de la ceguera ideológica, la inoperancia, corrupción, represión e impunidad del régimen chavista. El diálogo sólo tiene sentido para la oposición y su Mesa de Unidad Democrática (MUD) si es para garantizar el RR antes del 10 de enero, liberar los presos políticos, aliviar la crisis humanitaria y restaurar el respeto del Estado de derecho y la división de poderes. Pero si no hay diálogo ni RR pre-10 de enero, la oposición estará en su derecho de promover la desobediencia civil y la rebelión pacífica según lo permite la Constitución bolivariana (Arts. 333 y 350).

Como el diálogo ya no puede ser utilizado más para ocultar la obstrucción del proceso convocatorio del RR, el régimen instala la manipulación del proceso electoral (revocatorio) para su beneficio. El régimen ha usado el fraude para mantenerse en el poder desde 2004 y lo perpetró descaradamente en la elección inconstitucional de Maduro tras la muerte de Chávez en 2013.

Con su control del Consejo Nacional Electoral (CNE), el régimen ha introducido elementos fraudulentos en el proceso convocatorio del RR. Inconstitucionalmente, el CNE decidió que el 20 % de los votantes necesario para convocar el RR debe obtenerse en cada uno de 24 distritos del país, y no en circunscripción nacional como lo establece la Constitución y como ocurrió en el RR de 2004 --que ganó Chávez dudosamente. El presidente es electo por circunscripción nacional y debe ser revocado de igual forma. Para retrasar el proceso y favorecer al régimen, el CNE estableció que la recolección de firmas se realice a fin de octubre, con sólo unas 5,000 máquinas “capta-huellas” en vez de las 19,500 correspondientes y con sólo 1,300 centros de votación en zonas mayormente rurales; y anunció sin base alguna que el RR se realizará recién el primer trimestre del 2017. Tampoco ha convocado las elecciones para gobernadores que deberían efectuarse antes de fin de año.

Ahora que el chavismo se ha quitado la máscara, es hora de acabar con la pasividad de la comunidad democrática inter-americana. No se puede ignorar el fraude electoral, el encarcelamiento de líderes opositores (más de 100 ya), la alteración del orden constitucional democrático y la tragedia humanitaria que sufre Venezuela. La democracia y la dignidad humana son indivisibles, no tienen frontera ni nacionalidad. La no-intervención es secundaria; la defensa de los derechos humanos y la democracia es lo prioritario.

Lo urgente y moral es un pronunciamiento de las democracias americanas en sus foros hemisféricos. Un pronunciamiento que censure las transgresiones de Maduro; que demande la realización del RR en tiempo y forma, permitiendo que el electorado venezolano, el soberano, decida, pacífica y electoralmente, el destino del país, tal como lo establece su propia Constitución; que exija se liberen los presos políticos y se permita la asistencia humanitaria y la observación electoral; y que advierta al gobierno de posibles sanciones económicas y diplomáticas, y de una posible suspensión de la organización como ya lo hizo el MERCOSUR.

En esa dirección va una reciente declaración de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú que expresa su “preocupación” por la decisión del CNE respeto del RR, que tiene el “efecto de postergar” su realización y distorsionar su sentido. Destacable es también que el presidente argentino, Mauricio Macri, haya declarado la necesidad de “hacer lo imposible” para que el RR se realice este año. Igualmente, merece resaltarse que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, haya activado la Carta Democrática Inter-Americana para llamar la atención sobre la crisis política y humanitaria venezolana e iniciar un proceso de “apreciación colectiva” de la misma. Pero no es suficiente, se requiere la acción diplomática/política colectiva de la mayoría de los Estados miembros de la organización.

La incógnita es si esa mayoría permanece impávida y cómplice de Maduro por omisión, o denuncia sus violaciones a los derechos humanos y su alteración del orden democrático venezolano.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/07/america/1475852...

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