La casa del Embajador de la República Popular China en Caracas, el pasado 8 de Febrero, abrió sus puertas, para celebrar por todo lo alto “El Año Nuevo Chino”.

Todos los representantes diplomáticos, de los países acreditados, hicieron acto de presencia. El Embajador Zhao Bentang, radiaba de felicidad al ver que todo el mundo diplomático había atendido a su llamado.

Luego, de las salutaciones de rigor, el camarada Zhao, se concentró en buscar con especial atención al representante del gobierno venezolano ¿Nǎlǐ shì sà kē? (¿Dónde está Nicolás?)…..Le preguntó a su asistente…..

Tā méiyǒu lái, ér shì pàichū fù zǒngcái (No vino, en su lugar envió al vicepresidente)…..respondió nervioso el asistente.

El embajador, se sintió ofendido por el desaire presidencial. Pero, hizo uso de su experiencia diplomática y no le dio importancia al hecho. Con el petróleo, el oro, el coltán y el uranio asegurado, me importa un comino si Nicolás viene o no a mi fiesta….lo importante es que firme todos los acuerdos energéticos y comerciales que le hemos planteado. Volteándose, hacia su asistente, le ordenó que buscara al representante gubernamental.

No salía de su asombro el embajador, al ver frente a él, al Vicepresidente Aristóbulo. Agradeció su presencia con unas significativas palabras “Xièxiè nǐ de guānglín. Nǐ shì zhuóyuè de zhōngguó xīnnián qìngzhù huódòng de dàibiǎo rénwù. Tèbié shì jīnnián shì hóu nián”….que de inmediato, fueron traducidas por el intérprete oficial “Gracias por venir. Usted, es una figura representativa por excelencia, en la celebración del año nuevo chino. Con la especial significación que este es el “Año del Mono”.

Algunos miembros del cuerpo diplomático, dándole un doble sentido a las palabras dichas, expresaron en su rostro una sonrisa burlona.

A partir de ese momento, las atenciones del embajador se centraron en Aristóbulo. Su presencia, sin lugar a dudas, viene a reafirmar las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y más en este periodo que es El Año del Mono Rojo de Fuego.

Sé, continuó el embajador chino, que usted desde los altos cargos del Psuv, la gobernación de Anzoátegui y ahora desde la vicepresidencia, ha impulsado múltiples acuerdos en áreas como infraestructura, cultura, social, educativa, agrícola y tecnológica con nuestro gobierno.

Además, con toda la intención del caso, ha permitido y consolidado las tradiciones que rodean a las festividades del nuevo año lunar chino.

-Camarada, discúlpeme, pero no comprendo, dijo Aristóbulo.

Déjeme darle algunos ejemplos, dijo orgulloso el embajador:

Una de nuestras tradiciones, es limpiar la casa. Y el gobierno que usted representa, entrega las viviendas que nosotros construimos “En obra limpia”

También, ponemos adornos rojos en todas partes…..y veo con satisfacción como ustedes llenan las paredes y postes con propaganda Loja-lojita.

Nosotros, los chinos, nos vestimos para la ocasión de celebrar el año nuevo, con algo lojo. Pero, ustedes han llevado esto al extremo con zapatos, medias, pantalones, franelas y gorras de color lojo….algunos aseguran que hasta la lopa interior es Loja.

Tradicionalmente visitamos un templo……pero aquí su gobierno visita dialamente La Tumba del Difunto Etelno……ni al camarada Mao, lo visitan tanto.

Los fuegos artificiales, representan una tradición de año nuevo…..pero, veo que aquí en Calacas todas las noches el cielo se llena de plomos artificiales.

Por último, pero quizás lo más importante es el uso que su gobierno ha dado a los “Hong Pao” o los “Sobres Rojos” que por tradición nosotros en China los repartimos con algo de dinero para la alegría de nuestros niños y ustedes en su gobierno lo han llevado a extremos nunca vistos…..de los sobres pasaron a los maletines rojos con pacas de dólares o euros para la alegría y satisfacción de sus coluptos.

Repito, mis palabras iniciales de agradecimiento, perdón por mis fallas con el español. En el Año del Mono, es usted un genuino representante….brindemos por eso.

Muertos de la risa, los diplomáticos dijeron….salud.

Comentarios sobre las alternativas constitucionales para el cambio

Entre las tareas ciudadanas que en Aragua en Red nos hemos impuesto, en el año 2016, está la promoción de un conjunto de actividades que tiendan a informar a los aragüeños sobre las opciones o alternativas constitucionales y democráticas para resolver la grave crisis política, social y económica que atraviesa el país. De modo que hemos iniciado un programa denominado EN LA RUTA DEMOCRATICA PARA EL CAMBIO, y, esta declaración de hoy como el foro realizado el pasado miércoles en el auditorio de la Cámara de Comercio del Estado Aragua, constituyen la iniciación de tales actividades.

La situación del país es insostenible. Este país está quebrado económica, fiscal, social, moral y políticamente. Tenemos la mayor inflación del mundo y la mayor corrupción jamás vistas en Venezuela. Estos gobernantes nuestros en 17 años, se robaron los huevos y mataron la gallina de oro que es PDVSA. Por ello el país pide a gritos una solución constitucional para salir del gobierno.

Son varias las opciones constitucionales:

A) La renuncia del presidente. Art. 233 de la CN.

Es la menos gravosa y la más expedita porque resulta de un acto voluntario. No hay que acudir a ninguna instancia para aplicar el procedimiento constitucional de sustitución. Pudiera haber acuerdo de transición, pero si esa renuncia se produce durante los dos (2) últimos años del periodo presidencial, asume el vicepresidente. Esta puede ser la estrategia gatopardiana del gobierno. O es Aristóbulo o es Diosdado. Eso no es transición.

B) El Revocatorio. Artículo 72 de la C.N

Este supuesto procede una vez cumplido la mitad del periodo constitucional, que en el caso presidencial es de tres (3) años.

Procedimiento: Recolección de firmas de por lo menos el 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral (hablamos de más de tres millones de firmas) y una votación que supere el 25% de los votantes, pero igualmente la votación para revocar debe ser igual o mayor a la elección del presidente que fue de 7.500.000 votos aproximadamente.

Por otro lado, debemos precisar que de acuerdo a los dos Reglamentos dictados por el CNE para el Revocatorio, específicamente la N° 070207-036 del siete (7), este proceso lo administra el CNE, desde fijar tres (3) días para la recolección de firmas mediante el método de captahuellas y la escogencia de los lugares para aquellas, amén de que se reserva la redacción de la pregunta. Finalmente, establece de acuerdo con sentencia de la inefable Sala Constitucional del TSJ, además de igual o superar la votación del presidente, debe ganar el referendo. Es un proceso riesgoso, tanto por quien administra el proceso como por el que sentencia en caso de reclamos oficialistas.

C) La Enmienda. Art. 340 C.N.

Existe un proyecto para aplicar la enmienda a la Constitución. El propósito es reducir a 4 años el periodo presidencial, eliminar la reelección indefinida y recortar el mandato de los Gobernadores y Alcaldes. Tambien para la reducción de los magistrados de 12 a 6 años.

La enmienda es la adicción o modificación de uno o varios artículos de la C.N., sin alterar su estructura fundamental. Debemos informar que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica; ésta última se refiere a la organización del Estado y es dónde cabría la enmienda.

Procedimiento: La iniciativa puede partir del 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Registro Electoral o el 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente en Consejo de Ministros.

De ser la iniciativa de la A.N., sólo se aprueba con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados y su discusión es propia de la elaboración de las leyes ordinarias.

Aprobada la enmienda, el CNE la someterá a referéndum a los 30 días de su recepción. El presidente tiene 10 días para promulgar la enmienda (Art. 215 de la CN) y no creo que pueda solicitar la inconstitucionalidad de la enmienda en virtud de haberse aprobado a través de un referéndum que es una de las expresiones de soberanía del pueblo.

Si el presidente se negare a promulgar la enmienda, la directiva de la A.N., podrá promulgarla sin perjuicio de las responsabilidades del Presidente por su omisión.

Como esta exposición tiene fundamentalmente un criterio jurídico, sin atender a los asuntos políticos, me arriesgo a señalar que con arreglo a las normas de derecho intertemporal en el derecho comparado y el derecho positivo venezolano, “los actos y relaciones de la vida real se regulan por la ley vigente en el momento en que se llevan a cabo…”, y es una regla que si bien es creación de la doctrina y no se formula en forma directa en el derecho positivo, explícitamente se expresa en dos preceptos, a saber, “las leyes no tienen efecto retroactivo”, y “las leyes no afectan a los derechos adquiridos”, con lo cual la nueva ley no afectaría a los derechos que se adquirieron antes de su entrada en vigor. Sin embargo, es necesario asentar, que de la revisión de nuestros textos constitucionales, anteriores a la C.N de 1931 y hasta 1947, contenían en el capítulo referido al Poder Legislativo, específicamente a la formación de las leyes, expresamente indicaba que “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo…”. Tal disposición constitucional fue abandonada en las Constituciones de 1961 y la actual de 1.999. De modo que el riesgo estaría en el manotazo que pueda asestarle la Sala Constitucional del TSJ a la voluntad popular representada en la Asamblea Nacional.

D) La Reforma Constitucional. Art. 342 de la C.N.

La constituye la revisión parcial de la Constitución y la sustitución de uno o varios de sus artículos, sin modificar la estructura y principios fundamentales de la C.N. Hay algunas diferencias de esta con la enmienda que podemos comentarlas adelante.

La iniciativa corresponde al presidente en Consejo de Ministros, o al 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral; tambien a la Asamblea Nacional aprobada por mayoría simple.

Trámite: Es más complicado que la enmienda pues requiere una primera discusión parlamentaria en las sesiones de presentación del proyecto, luego, la segunda discusión es por capítulo o título de la Constitución, según las normas a reformar, y la tercera discusión, trata artículo por artículo. Tiene un plazo de dos (2) años para aprobarla y se aprueba con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la A.N. Tambien se somete a referéndum como establece el artículo 344 de la CN. Será aprobada si los votos afirmativos son superiores a los votos negativos. La promulgación es idéntica al artículo 216 de la C.N. (10 días)

E) La Asamblea Constituyente.- Art. 348 C.N.

Esta requiere la iniciativa del presidente en Consejo de Ministros, o las 2/3 partes de la Asamblea nacional, o las 2/3 partes de los Concejos Municipales o el 15% de los electores inscritos en el R.E.

Se requiere entonces una mayoría calificada del parlamento, que son 112 diputados, lo que resulta discutible ahora en razón de la incertidumbre que resulta de la desincorporación de 3 diputados opositores por el Estado Amazonas. En caso de la iniciativa popular, hay que recoger firmas y entiendo que debe regularse a través del CNE.

Ninguno de los poderes constituidos pueden impedir las decisiones de la ANC ni el presidente puede objetar la nueva Constitución.

Una ANC es la expresión soberana del pueblo, originaria o derivada; mediante ella se redacta un nuevo texto constitucional y puede transformarse el Estado., pero no hay duda que es un proceso complejo y de temores en los electores por las experiencias anteriores de persecución, sobre todo a empleados y funcionarios menores que aspiran un cambio político. En mi opinión personal, no la de Aragua en Red, no hay todavía mecanismos claros para impulsar la ANC por iniciativa popular.

Finalmente, hay quienes opinan que a Maduro hay que dejarlo unos meses más para que se guise en su propio aceite, pero el riesgo es la degradación del país.

DIFERENCIAS ENTRE ENMIENDA Y REFORMA

Las diferencias fundamentales están: en la amplitud de la misma: La enmienda agrega o modifica uno o varios artículos, la reforma revisa el texto parcialmente y sustituye artículos, es más amplia.

La enmienda requiere de una mayoría simple para aprobarla en forma de ley, la reforma se aprueba con mayoría calificada del parlamento.

El método de aprobación de la enmienda es el de una ley ordinaria, por mayoría simple, en cambio, la reforma el proceso legislativo es más complejo: requiere de tres discusiones, presentación del proyecto, discusión por capítulos o títulos de la CN, y artículo por artículos a reformar, además el plazo de aprobación es mayor.

Ambas deben ser aprobadas por referéndum en 30 días y deben ser promulgadas por el Presidente o por la Directiva del parlamento.

Coordinador de Aragua en Red

Maracay, 12 de febrero de 2016

El martes 2 de febrero, día de la Candelaria, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional el informe sobre su actuación en el año 2015 y el retrato, a su manera, de la justicia penal venezolana.

Unas son las consideraciones teóricas y los planes de la fiscal y otra la realidad de la cual no ha podido escapar, a pesar del maquillaje de las cifras y la seducción de sus cuadros a colores para ilustrar las estadísticas.

Hay que resaltar, sin embargo, que asumió su responsabilidad ante la representación del pueblo, aunque ahora ha señalado que no tiene la obligación de concurrir, alegato en franca contradicción con lo que establece la Constitución. En todo caso, suministró algunos datos que permiten avanzar en el camino de importantes conclusiones.

Por fin, un alto funcionario público, en este caso, el garante de la legalidad de los procesos penales y de la buena marcha de la administración de justicia, dejó a un lado la peregrina tesis de la impresionante cifra de homicidios por “ajuste de cuentas”, para aceptar que, en 2015, hubo 17.778 asesinados, con una terrible y escandalosa tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes, signo de evidente alarma, dejando muy lejos a países hermanos como Colombia, Perú, Chile, Argentina y otros, con tasas muy inferiores a las nuestras.

Aceptar esta cifra ya es un paso importante, ya que implica admitir la realidad como punto de partida para enmendar errores e implementar una seria y coherente política criminal, aunque no se atrevió la fiscal a dar cuenta de la impunidad de más de 90% en todos los delitos, factor determinante de la violencia que nos cerca, nos agobia y nos inmoviliza, creando terror y zozobra en la colectividad, reducidos todos a la más absoluta impotencia.

La fiscal nos ilustra sobre su actuación en materia de defensa de los derechos de la mujer, sobre la lucha contra la corrupción y sobre la salvaguarda de los derechos humanos.

Pero, en verdad, en estos aspectos la realidad nada tiene que ver con los loables y expresados propósitos del Ministerio Público. En efecto, no podemos entender la misión emprendida para erradicar la violencia contra la mujer, mientras la Fiscalía se calla ante las prácticas de las requisas impúdicas que padecen, día a día, las madres, las hijas y las hermanas de los presos; ni se puede entender que se luche contra la corrupción ante la carencia de toda respuesta efectiva ante el asalto a los dólares de Cadivi sin pasamontañas, a plena luz del día y con la complicidad de los custodios del propio Estado; y no se puede compartir la preocupación por el respeto a los derechos humanos, mientras se enjuicia a disidentes políticos y se les encierra en celdas terroríficas por el simple hecho de opinar, de expresarse, de enviar “tuits”, de manifestar o de protestar, torciendo así la letra, el espíritu de la Constitución y la esencia de toda la normativa penal garantista.

Una humilde mujer, que no entiende el mensaje de la fiscal, Yaroxe Santana, ante el cuadro de la muerte de su hijo, Anthony Santana, tatuador de 25 años, ultimado a golpes en el apartamento que tenía alquilado en La Hoyada (El Nacional, 2-2-16), solo alcanzó a decir: “No pido venganza, lo que pido es justicia”. Es la nobleza de un pueblo sufrido que nos da lecciones en la materia de valores, en la que muchos líderes están “raspados”.

Ante la realidad aplastante de la inseguridad, de la violencia y del desprecio por la vida, la respuesta no va por el camino de un nuevo Código Penal, como lo auspicia la fiscal, ya que el problema nuestro no es de leyes, sino de hombres y mujeres que asuman la carga de la justicia y se la coloquen sobre sus hombros con la conciencia de que la dama ciega está hoy abandonada a su suerte, marginada, arrinconada y puesta al servicio de los intereses del poder o arrodillada ante sus oficiantes y de espaldas a las exigencias legítimas de un pueblo que solo aspira a vivir dignamente y en paz, reconociéndonos como hermanos y, llegado el momento, ante la cruda y no deseada realidad de un delito que lesione nuestros legítimos derechos o que nos prive del bien supremo de la vida, obtener la respuesta oportuna y eficaz de un sistema de control social que haga brillar la justicia en el caso concreto, que aplique la sanción adecuada y oportuna, que de alguna manera repare el entuerto, sirva de lección a la colectividad y proporcione la oportunidad, a quien hizo el daño, de reconocer su error y reinsertarse en la vida social regenerado, una vez cumplida su pena en un centro digno de seres humanos y no en antros de degradación y escuelas especializadas del delito, como son nuestras prisiones, ahora sedicentemente “humanizadas” bajo el imperio de los pranes.

El Nacional, 8 de febrero 2016

Las demandas de los productores agrícolas por mejores precios para las materias primas que producen no afectan a los consumidores de los países ricos, debido al bajo peso de los alimentos en el presupuesto familiar. Los consumidores, inclusive, se solidarizan con las luchas de los productores por mayores precios y beneficios para su actividad. No sucede lo mismo en los países donde la mayoría de los consumidores son pobres ya que los alimentos representan una elevada proporción del costo de la vida.

El caso de Venezuela es representativo de un país donde una fracción importante de los consumidores es pobre. A mediados de la década de 1980 el Ministro de Agricultura Felipe Gómez Álvarez implementó una política orientada a impulsar la producción agrícola recurriendo fundamentalmente a una mejora sustantiva de los precios agrícolas. Esta política tuvo un fuerte impacto sobre la producción, en particular de cereales, por lo que se le llamó el periodo del “Milagro Agrícola”. La producción de cereales se expandió principalmente en suelos de mala calidad de las sábanas de Guárico y con la participación de productores de origen urbano, con poca o ninguna experiencia en el negocio agrícola. No es de sorprender que la productividad agrícola disminuyera durante la década mencionada. Los que pagaron los platos rotos del “Milagro Agrícola” de Gómez Álvarez fueron los consumidores urbanos, pues la inflación de alimentos se incrementó, lo que se tradujo en un mayor empobrecimiento de la población.

A partir de la experiencia del “Milagro Agrícola” se llevó a cabo una discusión sobre las políticas agrícolas y los instrumentos implícitos en las mismas considerando no solo los intereses de los productores agrícolas, sino también el impacto en el consumo y en los consumidores urbanos de bajos ingresos. Esta polémica se extendió a lo largo de la década de 1990 cuando Venezuela decidió ingresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y establecer un acuerdo de libre comercio con su socio natural Colombia.

En este contexto ingresa al Ministerio de Agricultura el profesor de la UCV Arnaldo Badillo como Viceministro. Badillo había cursado estudios de postgrado en el área de Economía Agrícola y por su formación estaba consciente de los beneficios del libre comercio para los consumidores. Desde el inicio de la profesión, los economistas han favorecido el libre comercio por su impacto positivo sobre los consumidores al disminuir el precio de los bienes que consumen. En esta línea de pensamiento se ubicaba Badillo por lo que por razones profesionales, se identificó con los propósitos de la CAN.

En el contexto descrito Badillo se dedicó a la implementación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) que era el marco regulatorio de la CAN para la fijación de precios agrícolas. Este mecanismo tomaba en cuenta los precios de las materias primas en los países de la CAN como base para el cálculo de los precios agrícolas, adicionalmente a otras variables; el mecanismo establecía así un techo a la discrecionalidad de los funcionarios de cada país y a las aspiraciones de los gremios agrícolas. Ello era inaceptable para los gremios agrícolas venezolanos quienes se habían organizado electoralmente para elegir al gobierno de turno; desde un principio utilizaron su influencia y posicionamiento institucional en el Ministerio de Agricultura para a boicotear el SAFP y la labor del Viceministro Badillo. Era difícil una conciliación ya que la preocupación fundamental de Badillo era no repetir la experiencia del “Milagro Agrícola” y su nefasto impacto en los consumidores, mientras los gremios agrícolas buscaban solo su estrecho interés como grupo, sin ninguna otra consideración.

Las tensiones de Badillo con los gremios agrícola debido a la implementación de el SAFP fueron volcadas en una obra titulada “Políticas de precios agrícolas en Venezuela. Teoría y vivencias” la cual fue editada en un esfuerzo conjunto entre el postgrado de Desarrollo Rural de la UCV y la Fundación de Materiales Educativos Impresos de la Gobernación del Estado Aragua, en el año 2008. En dicha obra Badillo expone una dura crítica a los gremios agrícolas cuyo interés, al buscar el desmantelamiento del SAFP, era retornar a la fijación discrecional de los precios agrícolas, sin importar el impacto que ello tuviera en el consumo y en los consumidores de bajos ingresos.

A juicio de Badillo los esfuerzos de los gremios se orientaban fundamentalmente a incrementar sus beneficios recurriendo al cabildeo político e institucional y no a realizar los esfuerzos necesarios para aumentar la productividad y la eficiencia de sus empresas. Lo que buscaban era reproducir el ineficiente modelo de crecimiento de la producción del “Milagro Agrícola” de la década de 1980.

A finales de la década de 1990 los gremios agrícolas se organizaron de nuevo electoralmente para apoyar la elección del entonces candidato Hugo Chávez. Como en anteriores ocasiones utilizaron su posicionamiento político e institucional para lograr mejoras en los precios agrícolas; labor en la que tuvieron éxito pues los precios de los cereales y en particular de maíz se fijaron por encima de la inflación. Badillo analiza el accionar de los gremios en esta etapa y señala que su éxito era coyuntural por que la orientación de la política general del gobierno bolivariano en materia alimentaria estaba sesgada hacia los consumidores de bajos ingresos, cuyo interés entraba en conflicto con los de los productores.

La predicción de Badillo fue acertada porque la política alimentaria se orientó preferentemente a utilizar las importaciones y los programas sociales alimentarios para beneficiar a los sectores de más bajos ingresos. En este contexto la producción agropecuaria fue afectada negativamente por la competencia de las importaciones. Adicionalmente las acciones gubernamentales en el campo acrecentaron la inseguridad jurídica y la escasez de insumos y repuestos. Si bien durante varios años la producción de maíz logró crecer en este ambiente de dificultades al final zozobró al igual que toda la producción agropecuaria.

La obra del Prof. Arnaldo Badillo refleja la complejidad de la implementación de las políticas agrícolas en Venezuela dadas las interrelaciones con otros países a través de los acuerdos de libre comercio, la influencia de los grupos de interés agrícola y las implicaciones de los incrementos de precios en los consumidores de bajos ingresos.

Venezuela debe restaurar su inserción activa en los acuerdos de libre comercio con nuestros socios naturales como Colombia. En este aspecto los gremios agrícolas han demostrado ser una traba. Por otro lado, si bien es necesario diseñar estímulos para la producción nacional, ello no debe lesionar la capacidad de compra de los consumidores pobres, tema en el que también los gremios agrícolas han evidenciado no ser parte de la solución, sino del problema.

Profesor. Facultad de Agronomía, UCV.

El diario El Nacional reseña los siguientes denuestos de Maduro en el acto conmemorativo del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, del 4 de febrero de 1992:

“Lorenzo Mendoza eres un verdadero ladrón. Llamo al pueblo a desenmascararlo en las calles (…) Si no puedes con tus empresas entrégaselas al pueblo (…) aquí te espero, traidor. Da la cara, oligarca, bandido, ladrón…”

Con tales insultos buscó responder a unas propuestas del presidente de Empresas Polar sobre cómo superar la terrible crisis económica que ha precipitado el régimen Chávez-Maduro. Reacción tan destemplada revela un complejo de culpa que lo atormenta, que no sabe cómo enfrentar. Tan perturbadas pataletas expresan su impotencia por enfrentar la crisis y la falta de coraje para sacarse de encima los disparates del legado de Chávez –el “socialismo del siglo XXI”-, que, en su fuero interno, reconoce como la causa del descalabro que sufre la población venezolana.

La frustración de saber que se montó en el tren equivocado –recuerden el comienzo de la película, Manhattan, de Woody Allen- y que Lorenzo Mendoza, el “enemigo” que infructuosamente ha tratado de venderle al país, se lo recuerde de cuando en vez con sus sensatas ponderaciones, consigue escape solo en violentas irrupciones de malcriado como las reseñadas. Desesperado porque ve como el poder se le escurre entre los dedos sin saber cómo evitarlo, explota frenético.

Tal conducta, reprobable en menores de edad, es absolutamente inaceptable en quien ocupa el máximo cargo de conducción de los destinos de la nación. Es expresión palmaria de que Nicolás Maduro no es apto para gobernar un país, diría que ni siquiera una Junta de Condominio.

El ejercicio fascista del poder se construye edificando, con la propaganda y el dominio de los medios de comunicación, una falsa realidad en la que “nosotros” –los buenos- se enfrentan en combate épico con los “otros” –los malos. Emplea contraposiciones simbólicas diseñadas para exacerbar las pasiones de sus partidarios y para alimentar odios contra quienes son señalados como enemigos. Se nutre de mitos fundacionales cuidadosamente cultivados que incitan a una epopeya “revolucionaria”.

Si bien toda lucha política apela a lo emocional, en el fascismo la sinrazón de la pasión es su signo distintivo. Ello rinde frutos cuando un líder carismático es capaz de evocar lealtades ciegas entre sus seguidores con base en representaciones emblemáticas –sean o no verídicas- que refuerzan la noción de que él es la única persona que puede redimirlos y que hay una conspiración montada que amenaza al sueño evocado, que obliga a cerrar filas en torno a él. El histrionismo de Chávez y la generosa chequera petrolera pudieron lograrlo; Maduro, no.

La sustitución sistemática de la realidad por artículos de fe transforma la gesta fascista en una guerra de fanáticos, que no encuentra salida sino en una confrontación final definitiva que limpiaría a la colectividad del fruto podrido. Las gríngolas autoimpuestas –máxima expresión de la irracionalidad política- impiden rectificar y conducen inexorablemente a la destrucción del movimiento.

La película, “La Caída”, que exhibe a un Hitler extraviado con sus generales en su búnker, invocando batallones que no existen para lanzárselos a los soviéticos que se encuentran a las puertas de Berlín, ilustra magistralmente hasta dónde pueden llegar los extravíos del fanatismo. Prefirió la destrucción total antes que explorar posibilidades de pactar una rendición que podría haberle asegurado un final menos traumático, como buscó el mariscal Göering días antes. Éste tuvo que salir huyendo ante la ira del Führer, que lo acusó de alta traición. En estas circunstancias ningún atisbo de razón tiene cabida. Hitler culpó al pueblo alemán por no estar a la altura de sus designios y se suicidó.

Este tipo de comportamiento expresa una sociopatía criminal. En el caso venezolano, no importa el sufrimiento de la población, no tiene significación alguna las muertes que han empezado a producirse por no conseguir medicamentos, por no poderse operar o simplemente por hambre. La vocación totalitaria prohíbe ceder ante planteamientos más que razonables sobre la urgencia de rectificar. Entrampado por su cobardía para enfrentar el legado de su mentor –única fuente de legitimidad que le queda, aunque encogiéndose rápidamente-, y azuzado por las mafias que se han lucrado con los controles y el intervencionismo discrecional del “socialismo del siglo XXI”, arremete contra Mendoza, cuyas sensatas propuestas constituyen, para Maduro, una “guerra declarada”:

“En estos momentos de dificultades, espero acciones contundentes (…) La oligarquía parasitaria viene con todo con la guerra económica…”

Los desvaríos de seguir repitiendo -¡a estas alturas!- la idiotez de una guerra económica como único escudo –más bien, como hoja de parra mal colocada- para no desmontar la economía criminal que está acabando con la vida de los venezolanos, confirman que quien pretende mantenerse en el poder a toda costa, no está en sus cabales. Y como Hitler, no le ofrece al chavismo posibilidad alguna de sobrevivencia. Prosigue la reseña de El Nacional con los desvaríos del presidente:

"¿El pueblo va a permitir que la oligarquía, que ganó la Asamblea Nacional por la confusión de un sector de nuestro pueblo” –(¡!)- “tome el poder político en Miraflores? (…) Para eso es que nos estamos preparando, para no permitirlo ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las malas (…) el pueblo” –que votó en su contra- “no debe permitir que la oligarquía trunque este camino hermoso de revolución".

Como buen fascista, todo lo concibe en términos bélicos, nada de negociar. ¡Hay que echarle la culpa a quienes amenazan su ejercicio despótico del poder, a ver si logra destruirlos! Y procede a culpabilizar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición por la crisis económica (¡!):

"…no le importa la situación económica, se pusieron de espaldas al país y andan con una agenda improvisada, pirateando todos los días, (porque) es una Asamblea pirata. (…) La asamblea burguesa pirata que quiere venir ahora a sabotear a los ministros y quieren que los ministros se la pasen metidos allá perdiendo el tiempo con ellos".

¿No hay dentro del chavismo gente sensata -que debe existir; no todos pueden ser pillos y bribones- que lo convenzan de que colocarle epítetos a sus adversarios para negar sus planteamientos no basta para conservar el poder, y que debe renunciar antes de que termine de acabar con el país y con el propio chavismo? ¿Cómo no darse cuenta que no está apto para continuar como presidente? ¿Será que la oligarquía de militares y “revolucionarios” corruptos, tan comprometida con la expoliación del país, convencida de que no tienen salida, que no podrán disfrutar sus dineros mal habidos sino en Bielorrusia o Corea del Norte y que a muchos les espera prisión, está dispuesta a atrincherarse con Maduro hasta el final, aun cuando el festín terminó? ¿Dónde están los oficialistas que honestamente creen en el proyecto chavista –equivocados o no- que puedan negociar una transición constitucional con el país para resguardar su sobrevivencia política? Tienen la palabra.

Economista, profesor de la UCV

humgarl@gmail.com

El diseño institucional de cada país es diferente. En tal sentido, me pregunto ¿Cómo responde la institucionalidad en otro país ante la crisis de sequía que hoy impacta como consecuencia del fenómeno del Niño?

La tecnología me permite visitar los medios digitales en Colombia y desde la información pública se pueden conocer algunas interesantes experiencias que permiten valorar la participación de los actores locales en el diseño de las políticas para enfrentar la sequía y la capacidad institucional de los mismos para ejecutar esas políticas.

Una primera experiencia nos lleva al Valle del Cauca, en donde ACUAVALLE, sociedad anónima descentralizada responsable de la prestación eficiente del servicio público domiciliario de agua potable, facilitó una reunión con los alcaldes de los municipios de esa zona geográfica, a los fines de debatir el problema del desabastecimiento del agua que afecta a 10 poblaciones, en una situación en la que se advierte que el problema podría agravarse entre febrero y marzo. La reunión fue clara en su objetivo de exhortar a cada alcalde a impulsar planes de contingencia a los fines de enfrentar con mayor efectividad la crisis que genera en sus municipios la severa sequía [1].

Entre las recomendaciones que allí se plantearon y discutieron, se destaca la necesidad de aplicar sanciones a los usuarios que sean sorprendidos desperdiciando agua y que se excedan en metros cúbicos autorizados por población. Es oportuno mencionar, que según el Ministro de Vivienda de Colombia, hay un total de 1.200.000 personas sancionadas por derroche de agua potable [2].

Otra de las recomendaciones de esa reunión, fue la activación de políticas en materia de Gestión de Riesgo y Desastre para mitigar el riesgo de desabastecimiento de agua e incendio forestal en esta temporada. Se exhortó a las autoridades locales a crear el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, crear una Comisión Asesora Municipal de Prevención, Control y Mitigación de Incendio Forestales, diseñar planes de emergencia, de gestión de riesgos y de contingencia. Mantener activa una sala de crisis e incluir a los vecinos en la responsabilidad de enfrentar la crisis invitándolos a tomar medidas como, por ejemplo, no lavar fachadas, vehículos, regar jardines, etc.

Por cierto, los medios permiten identificar en otra zona del territorio Colombiano, específicamente en el Municipio Acacias del Meta, un ejemplo concreto y reciente, en el cual el análisis de la situación hecha por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, les llevó sugerir un Plan de Racionamiento para el Municipio, que fue asumido por la empresa prestadora del servicio y expresamente llamó a preparar a los ciudadanos para que asuman el Plan Racionamiento y en consecuencia contribuyan efectivamente a enfrentar la crisis[3].

En los Municipios de la provincia de Ocaña, sur del César y el Catatumbo, encontramos otra experiencia interesante a valorar, en donde la Asociación de Municipios sirve de espacio para desarrollar una jornada de trabajo entre autoridades locales y de manera conjunta diseñar lineamientos generales que permitan en bloque y de manera particular enfrentar el problema de la sequía en sus municipios

En esa reunión, se buscó que los alcaldes unieran esfuerzos con CORPONOR (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental) a través de acciones concretas y de la búsqueda de recursos financieros a los fines de contribuir de manera mucho más efectiva a contrarrestar la emergencia originada por la fuerte sequía [4]. Por cierto, CORPONOR, en octubre 2015, ya asomaba la necesidad de esta articulación de actores políticos para tomar medidas concretas que permitiera enfrentar la sequía.

Como se puede apreciar en los casos que se mencionan, se destaca la participación directa de los municipios en la decisión del racionamiento y en el diseño de medidas para prevenir las consecuencias que genera la sequía. Por otro lado, esas experiencias permiten afirmar, al menos desde la distancia, que cuando un ciudadano colombiano quiere información sobre la magnitud de la crisis y sobre las medidas que se están tomando para enfrentarla, fácilmente podría tener acceso a ella a través de las autoridades políticas más cercana a su ámbito de actuación e influencia.

En el caso venezolano, los ciudadanos experimentamos la gran dificultad por acceder a información técnica sobre calidad de agua y para lograr ser informados sobre la magnitud del problema que genera la sequía en la capacidad de garantizar agua continua. Precisamente en la búsqueda por información confiable, técnica y veraz, los ciudadanos y las autoridades locales, terminan aliándose en el reclamo de información por parte de Hidroven y particularmente de Hidrocapital en la zona metropolitana de Caracas.

Desde la perspectiva ciudadana y desde los registros de los medios digitales del país, se evidencia la ausencia de voluntad política por parte de Hidroven de crear estrategias para fortalecer lazos con las autoridades locales a los fines de garantizar mejor calidad de servicio a los ciudadanos, que pasa por una mayor y mejor información. Por el contrario, Hidroven lejos de promover el encuentro y la articulación de estrategias con las autoridades legítimamente electas en cada municipio, destina su capacidad en impulsar la conformación de Salas de Gestión Comunitarias de Agua, a través de las cuales pretende incluir a los ciudadanos en la solución de problemas puntuales y concretos en la distribución del vital líquido, manipulando el principio de participación e ignorando la institucionalidad local como actor en la gestión integral agua. Esa estrategia de Hidroven, no plantea ningún contenido que ayude a entender cómo se aborda la crisis de sequía que hoy nos afecta.

Queda claro a la luz de estas experiencias mencionadas que el Municipio en Colombia es reconocido como actor en las políticas públicas relacionadas con el agua, tan es así, que no sólo puede imponer multas a los vecinos, como se mencionó previamente, sino que además, un alcalde puede ser obligado por un Tribunal a cumplir con la prestación continua del servicio de agua.

Ese es el caso del Alcalde de Neiva, quien actualmente fue declarado en desacato por no cumplir con una tutela que le obligaba a suministrar agua de manera continua a una comunidad del Municipio y en consecuencia se ordenó su arresto. Actualmente esa orden es apelada ante el Consejo de Estado. La medida la impulsaron vecinos de una comunidad del Municipio Neiva, que argumentaron no tener servicio continuo de agua y verse afectados con enfermedades como consecuencia de la mala calidad del agua cuando la reciben[5].

En Venezuela, si el artículo 136 de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento hubiere sido desarrollada por el Gobierno Nacional, no cabe duda que hoy los Alcaldes y Concejales, a través de figuras como el Consejo Local de Planificación Pública, pudieran, vía Consejo Federal de Gobierno, diseñar y aprobar planes de contingencia, así como también, prever recursos especiales para enfrentar con mayor efectividad las consecuencias de la sequía.

Pero para que esa dinámica local pueda funcionar en la práctica como se describe, resulta indispensable reformar al Consejo Local de Planificación Pública, para hacerlo un espacio útil para la recuperación de la cohesión social necesaria que nos permita recuperar al Municipio como actor clave en el desarrollo sostenible desde lo local.

Asimismo, una reforma legislativa permitiría que los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas puedan ser claramente esos espacios institucionales en los cuales se logren articular esfuerzos entre autoridades locales para enfrentar contingencias como ésta que nos impacta como consecuencia de la sequía.

Hasta ahora, estas instancias integrantes del Sistema Nacional de Planificación han resultado un fracaso como herramientas para la gobernanza y el desarrollo sostenible, pues el Poder Popular las ha confiscado para imponer su modelo comunal.

[1]Elpais.com Piden tomar medidas en el Valle para mitigar desabastecimiento de agua. 29 de enero 2016. Online en: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/municipios-valle-tomar-me...

[2]El Pilon.com. En Valledupar se han sancionado a 30 mil derrochadores de agua. 4 de febrero 2016. Online en:http://elpilon.com.co/en-valledupar-han-sancionado-a-30-mil-derrochadore...

[3]El Tiempo. Meta: Acacias tendrá racionamiento de agua. 29 de enero 2016. Online en:http://www.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/racionamiento-de-agua-en-m...

[4] El Espectador. Alcaldes del Norte de Santander se unen para contra el fenómeno del niño. 12 de enero de 2015. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alcaldes-de-norte-de-santa...

[5]Diario el Huila.com. La tutela que puso en jaque la administración de Neiva. 02 de febrero de 2016. Onlne en: http://www.diariodelhuila.com/regional/la-tutela-que-puso-en-%E2%80%98ja....

Artículo escrito para Politika UCA, 5 de febrero 2016

Descaradamente el atorrante presidente de facto achaca la crisis económica al descenso de los precios del petróleo, culpa al fenómeno de El Niño por la crisis eléctrica y responsabiliza a la Polar y otras empresas privadas por el desabastecimiento de alimentos. Esas mentiras son para intentar seguir engañando a sus pocos seguidores y evidencian que nunca va a rectificar.

Aún sin considerar los ingresos obtenidos durante los varios años en que los precios del petróleo estuvieron altísimos, actualmente tendríamos suficientes dólares para importar medicinas, insumos y alimentos. Si el billete verde no alcanza es por la corrupción, ineficiencia de las empresas del Estado y burocracia gubernamental.

Según Eulogio Del Pino, presidente de Pdvsa, el año pasado el costo de producción del barril de petróleo fue de 13 dólares, mientras que el precio de venta fue de 44,65 dólares por barril. Pdvsa todavía no ha presentado ni siquiera el informe del primer semestre del 2015, pero reportó a la Opep que produjo 2.655.000 barriles por día (que podrían haber sido seis millones si no fuese por la debacle de la empresa). Considerando que en su Informe 2014 Pdvsa consignó un ingreso bruto por exportación de crudo y productos de 105.000 millones de dólares, cuando el precio de nuestra cesta fue de 88,4 dólares por barril, podemos asumir que en el 2015, a un precio de 44,65 dólares por barril, el ingreso fue de alrededor de 53.000 millones de dólares, lo cual no es una pelusa.

La situación podría ser mejor, pero Pdvsa consume muchos millones de dólares por tener que importar petróleo liviano y nafta para mezclar con los extrapesados, debido a que descuidó la producción de los livianos, no construyó nuevos mejoradores que hubiesen evitado la necesidad de esas mezclas y mató la Orimulsión que era una salida parcial para nuestros extrapesados. Además, importa gasolina y todos los planes de producción de gas tienen un retraso notable, lo cual ha encarecido esos proyectos. La corrupción en la empresa ha sido denunciada por Gustavo Coronel y hoy es conocida mundialmente. A lo anterior hay que añadir que tiene una nómina abultada, ocurren muchos accidentes y tiene una directiva y una gerencia incompetentes. En el 2001, cada trabajador producía 47,1 barriles por día, mientras que ahora solo produce 15,3 barriles.

El Niño tampoco es culpable de la crisis eléctrica. Los destacados expertos del Grupo Zuloaga aseveran que la culpa de la baja generación de electricidad se debe a ¨predominio de la política partidista en el sector, sobreexplotación de la represa de Guri, incumplimiento de planes, ausencia de mantenimiento y fuerte subsidio que incentiva el derroche de electricidad¨. De acuerdo a estos expertos, el sistema eléctrico debería producir 34.400 megavatios, pero solo produce 17.220 mientras que la demanda es de 18.300 megavatios. Por su parte, la hidrometereóloga Ángela González atribuye la escasez de agua a un manejo inadecuado del servicio y no al efecto de El Niño.

La empresa privada no es la culpable del desabastecimiento de alimentos, sino la política de ahogar al sector y el descalabro de las múltiples empresas que constituyó el Estado o que le robó a sus propietarios, las cuales producen muy por debajo de su capacidad e incluso muchas están paralizadas.

Lorenzo Mendoza, presidente de las eficientes empresas del Grupo Polar lo ha dicho claramente y esa sinceridad es la que molesta a Maduro y a la cuerda de ineptos que lo rodean. A los rojos les da piquiña que les digan que el sector privado sí cumple con la producción de alimentos y que los ineficientes y responsables de la escasez son los organismos y empresas del Estado.

Mendoza les dio la receta para solucionar el desabastecimiento: ¨Acceso a las materias primas para poder elaborar los alimentos, lograr financiamiento internacional, apuntalar la producción nacional, ajustar los precios de acuerdo a la Ley de Precios Justos y atender los grupos vulnerables en materia de seguridad alimentaria¨. En respuesta a estas sensatas propuestas, el energúmeno y sus palafreneros solo responden con insultos.

Ni el petróleo, ni El Niño, ni el sector privado son los responsables del desastre, sino quienes han implantado un modelo económico que no es viable, además de la manifiesta incompetencia gerencial de los rojos. Por ello Maduro debe renunciar, pero no lo hará si no hay presión de calle y de los suyos. Además, la Asamblea debe forzar la barra aprobando pronto leyes y medidas que lo confronten.

Como (había) en botica

El Escarrá que llamó a la rebelión contra los rojos ahora no ve doblez en Maduro porque se parece mucho a él. El malintencionado general Gustavo González López, inepto ministro del Interior, declaró que el asaltante y asesino conocido como ¨el Buñuelo¨ es representante de la ¨derecha y que la delincuencia es exportada¨. La Fiscal Ortega no solo ignora la nacionalidad de Víctor Hugo, sino también las denuncias por atropellos a los opositores, entre ellos el asesinato de José Manuel Vilas. Excelente la intervención de la joven diputada democrática Marialbert Barrios. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com