En la Memoria y Cuenta 2018 que entregó el mandatario Nicolás Maduro este 14 de enero ante la Asamblea Constituyente faltó información que ojalá algún día manejemos. El gobernante aseguró que redujeron la pobreza extrema en 0,1%. Sin embargo, ¿en cuánto cerró la pobreza y la pobreza extrema el año pasado? Habla de una cifra ínfima de reducción. La Encuesta Sobre Condiciones de Vida (Encovi-2017) reveló en febrero de 2018 que la pobreza extrema se ubicaba en el país en 61% y la pobreza por ingresos en 87

Maduro se refirió al apagón que se produjo por varias horas en el Hospital Universitario de Caracas el sábado 12 de enero, pero no habló de las víctimas. Dos personas murieron a causa de un sistema que les condena, que denigra la dignidad humana. Uno que todos los días la pisotea. Tampoco nombró a los cientos de pacientes que tuvieron que ser trasladados a otros centros de salud o de lo contrario correrían la misma suerte. Ni se dijo, ni se dirá.

El gobernante dio cifras erróneas de la caída de los ingresos petroleros, una muestra más de la poca seriedad, la ineficiencia y la desvergüenza que caracteriza al chavismo. El eructo en plena cadena nacional fue otro signo de esa política vulgar y desdeñosa que significa el rojo rojito

No se dijo que solo en 2018 la producción petrolera cayó 40% y que la producción diaria de crudo disminuyó en casi un millón de barriles. No se dijo que las escuelas están desoladas porque ya los niños no son enviados a estudiar ante la carencia de útiles y de comida. No se dijo que los hospitales se sostienen a duras penas y que el lunes los maestros de Fe y Alegría protestaban para exigir salarios dignos.

No se dijo que la moneda está devaluada en casi 98%, ni que el dólar Dicom, el oficial, la primera semana de enero alcanzó al paralelo ese que el gobierno llama “criminal”. No se dijo que la inflación cerró el año pasado en más de 1.600.000%, según cálculos de la Asamblea Nacional y que el poder adquisitivo de los venezolanos está cada vez más pulverizado, en medio de una recesión económica que no ha sido resuelta en más de cinco años de gestión, con medidas de excepción para supuestamente lograrlo.

No se dijo que la oferta de alimentos es cada vez más escasa y más limitada para los venezolanos. No se dijo que el 70% de la población bajó unos 11 kilos en 2017, de acuerdo a la Encovi. No se dice que la comida hoy en los hogares se conforma regularmente de arroz y granos. No se dijo que se acabó con el consumo de proteína animal porque así lo decidió “la seguridad social y la protección de los salarios” que el mandatario vitorea.

No se dijo que 2018 fue un pésimo año para sus connacionales. No se dijo además que existe una crisis migratoria, donde unas tres millones de personas se han ido a países vecinos, en los últimos dos años, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

No se dijo que su gestión los condena al hambre, a la miseria, a la huida. Se habló de la creación de la “misión Venezuela bella”, como si el chavismo supiera de belleza, como si no nos ha dejado un país acabado, vejado, sucio. Como si las calles de cualquier rincón no estuvieran pobladas de basura y desolación. Usted no tiene memoria, pero los venezolanos sí y cuenta.

@ariadnalimon

El 15 de enero 2019, se aprueba en la Asamblea Nacional el Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución.

El contenido del mismo se divide en 7 considerandos y 7 acuerdos, que contienen los siguientes temas:

I.- Fundamentos constitucionales.

-Artículo 333 que obliga a los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios al servicio del Estado, a realizar todas las acciones necesarias para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución.

-Artículo 350 que la Constitución reconoce el derecho a la desobediencia civil frente a la usurpación de Nicolás Maduro.

II.- Autoridades especiales que deben someterse al fundamento jurídico que motiva este Acuerdo.

Las autoridades especiales que expresamente el Acuerdo destaca deben someterse al fundamento legal que sirve de base a este Acuerdo, son:

-Funcionarios policiales.

-Componentes de la Fuerza Armada Nacional.

Y a tal fin, corresponde a la Asamblea Nacional otorgar las garantías y beneficios que les permitan desobedecer las órdenes de Nicolás Maduro y obedecer las órdenes de la Asamblea Nacional, todo a los fines de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución.

III. Sobre la usurpación.

El Acuerdo destaca que la usurpación de funciones de la Presidencia la República es resultado del conjunto de decisiones por las cuales la Constitución de 1999 fue inobservada en la práctica, especialmente, como consecuencia de la instalación de la fraudulenta asamblea nacional constituyente.

Además, advierte que la usurpación de Nicolás Maduro agrava los efectos de la emergencia humanitaria compleja, pues el régimen de Maduro se halla imposibilitado de atender a la seguridad y prosperidad de los venezolanos, cuya vida, libertad, propiedad y seguridad se encuentran en peligro.

Se reconoce que la Constitución no establece una solución expresa a la situación de la usurpación, y en consecuencia, la Asamblea Nacional, como única autoridad legítima del Estado y representante del pueblo venezolano, debe adoptar decisiones para proceder a restablecer la vigencia del orden constitucional, con fundamento en los artículos 5, 187, 233, 333 y 350 de la Constitución.

IV.- ¿A cuáles decisiones se refiere el Acuerdo?

Calificar la usurpación.

En este sentido, el Acuerdo expresamente declara de manera formal la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros.

Esta declaración lleva a una decisión muy concreta que tiene que ver con asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás Maduro y reputar como nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución.

Suplir el vacío de poder.

Algo interesante en el Acuerdo, es que en uno de los considerandos, se señala reconoce la necesidad de aplicar analógicamente el artículo 233 de la Constitución, a los fines de suplir la inexistencia de Presidente electo al mismo tiempo que se emprendan las acciones para restablecer el orden constitucional con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución, y así hacer cesar la usurpación, conformar efectivamente el Gobierno de Transición y proceder a la organización de elecciones libres y transparentes.

Para algunos actores de la sociedad civil, el último considerando del texto aprobado por la Asamblea Nacional, destacado en el párrafo anterior, debió haber sido parte de los Acuerdos.

Avanzar hacia un proceso electoral libre y transparente.

En tal sentido, es importante destacar que el primer acuerdo del texto aprobado por el Parlamento, establece que atendiendo al artículo 233, la Asamblea Nacional deberá asumir las medidas necesarias para reestablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un Gobierno de Transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible, conforme a lo previsto en la Constitución y demás Leyes de la República y Tratados aplicables.

Desarrollo de una agenda legislativa.

El Acuerdo procura impulsar una Agenda Legislativa que se propone será desarrollada de la siguiente manera:

1. Aprobar el marco legislativo para la transición política y económica, fijando las condiciones jurídicas que permitan un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, con especial atención en aquellas que permitan adoptar las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional y atender la emergencia humanitaria compleja, incluida la crisis de refugiados y migrantes.
2. Establecer un marco legislativo que otorgue garantías para la reinserción democrática, de modo que se creen incentivos para que los funcionarios civiles y policiales, así como los componentes de la Fuerza Armada Nacional, dejen de obedecer a Nicolás Maduro Moros y obedezcan, de conformidad con los artículos 7 y 328 de la Constitución, las decisiones de la Asamblea Nacional a los fines de cumplir con el artículo 333 de la Carta Magna.

Control de activos de la República para ser utilizados en la emergencia humanitaria.

Instrumentar las medidas necesarias para que, en el marco de las competencias de control de la Asamblea Nacional, este parlamento proteja los activos de la República a nivel nacional e internacional, y los mismos puedan ser utilizados para atender la emergencia humanitaria compleja.

Reincorporar a Venezuela en la Comunidad internacional.

Disponer de las medias necesarias para que, de conformidad con las Tratados aplicables, la Constitución y las leyes de la República, se asegure la permanencia del Estado venezolano en organismos multilaterales y la vinculación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como límites del ejercicio del poder político en Venezuela.

V.- Responsabilidad política del Presidente de la Asamblea Nacional

El Acuerdo identifica al Presidente de la Asamblea Nacional como el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el Estado de Derecho en el país.

Por último, el Acuerdo termina con el compromiso de presentar el Acuerdo al cuerpo diplomático acreditados en Venezuela.

15 de enero 2019.

Todo gobierno democrático, obviamente electo en elecciones libres y aceptadas plenamente por sus conciudadanos, inicia su mandato con la legitimidad jurídica y constitucional que el evento electoral previo le otorga y por el periodo de tiempo establecido por la constitución y las leyes respectivas. Estos son principios fundamentales de la democracia y la responsabilidad del nuevo gobierno es hacerlos cumplir de tal manera que el principio de la alternabilidad democrática se cumpla.

Normalmente, luego de un periodo de tiempo indeterminado los gobiernos mantienen su popularidad en función de la eficacia con que cumplan con sus programas de gobierno o pierden, paulatinamente, el fervor popular si se muestran incapaces de lograr las promesas ofrecidas. Al final del periodo constitucional unas nuevas elecciones determinaran la permanencia del mismo o su derrota electoral frente a una corriente opositora que haya generado mejores expectativas para la población en general.

En las democracias consolidadas si el gobierno se muestra incapaz de cumplir sus promesas y comienza a desgastarse tan severamente que la población lo rechaza abrumadoramente, el gobierno adelanta las elecciones o renuncia al mismo con el fin de que se produzca un relevo del mandatario responsable de la conducción del gobierno. Ejemplo de esto lo hemos visto en países como los Estados Unidos y en muchos países europeos con regímenes parlamentarios como los casos de España e Inglaterra y anteriormente con Italia. Los motivos principales de estos acortamientos de períodos constitucionales tienen que ver con rechazos masivos al gobernante por distintas índoles: corrupción, escándalos cometidos por el presidente dentro del ámbito de las buenas costumbres, llamar a consultas donde son derrotadas sus propuestas o por deterioro marcado de la calidad de vida de sus ciudadanos, etc., etc., o lo que es lo mismo por pérdida de su legitimidad de origen, es decir las mayorías que lo eligieron ahora los rechaza.

En otras palabras, el problema de la legitimidad no tiene que ver solamente con que se hayan ganado de buena lid unos comicios electorales, sino también con el desempeño del gobierno en el ejercicio de sus funciones. Esto es así porque ningún país, o sus ciudadanos, están obligados a seguir con un gobierno ineficaz que afecte su calidad de vida o los estándares de convivencia que existían antes de asumir el gobierno en cuestión.

En nuestro país, no solamente el presente gobierno llegó al poder con fallas de legitimidad de origen desde sus inicios, sino que ha deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos a niveles que nadie se atrevía a predecir razonablemente, con el agravante de que no muestra ninguna intención de tomar las medidas adecuadas para intentar corregir los errores que ellos mismos han generado y nos han conducido a la crisis sin precedentes en la que estamos sumergidos, aún así, pretenden continuar por un periodo de seis años más.

Conviene entonces, al nuevo presidente de la AN y su equipo insistir, en su discurso, en este tipo de ilegitimidad que es la que realmente afecta a la sociedad en general para lograr la fuerza necesaria para el cambio político deseado. Ya lo decía el Libertador en el Congreso de Angostura del 15 de febrero de 1819:

“El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”.

Es evidente que el régimen bolivariano está muy lejos de alcanzar estas metas.

@lesterllopezo 15/01/19

A pesar de los errores cometidos y de la falta de unidad, nuestros dirigentes lograron que el mundo democrático tenga contra las cuerdas a la narcodictadura. Esto fue posible por la participación de actores con diferentes estrategias. Las protestas en las calles ocasionaron represiones brutales que promovieron el rechazo mundial. Negarse a participar en las farsas electorales de la Asamblea Constituyente y en la presidencial de mayo fue fundamental para contribuir a deslegitimar a Maduro. Las gestiones realizadas ante gobiernos democráticos y las denuncias ante la Corte Penal Internacional dieron resultados. Desde luego, la valiente actuación de Almagro al frente de la Secretaría General de la OEA ha sido determinante.

Los logros obtenidos evidencian que no tenían sentido las descalificaciones entre los propios dirigentes, ni en contra de ellos. La dictadura está en sus estertores, pero todavía cuenta con suficientes recursos para prolongar su agonía e incluso, si los demócratas no actuamos con sensatez, podría tomar un segundo aire. Ojalá no caigamos en el triunfalismo del 12 de abril del 2002. ¿Cuál debe ser el siguiente paso? ¿Continuar presionando desde el exterior? ¿Intensificar las protestas de calle? ¿Negociar la salida del régimen?

Un requisito necesario, pero no suficiente es la unidad de la oposición. No es obligatorio que todos tengan la misma estrategia. Basta que tengan la voluntad de sacar a Maduro lo antes posible. Cuando se tienen fortalezas, pero el contendor todavía no está fuera de combate, es el mejor momento para negociar. Sin embargo, este tipo de dictadura no cede por las buenas.

Esta realidad obliga a seguir operando en tres frentes: intensificar las protestas de calle, continuar con la labor de informar a los gobiernos democráticos para no perder ese valioso apoyo e iniciar negociaciones con el régimen. No se puede pretender que se constituya algo así como la Santísima Trinidad, es decir tres personas y un solo dios. Lo que procede es que no se descalifique a ninguno de los actores que participan en esos tres frentes.

Sin duda a muchos les da piquiña la negociación. Argumentos de que no se negocia con malandros y que estos solo buscan ganar tiempo hay que tomarlos en cuenta. Desde luego que negociar con bandidos es incómodo, por decir lo menos, pero cuando los mismos cuentan con el apoyo de las armas y ocupan el poder ejecutivo, aunque sea ilegalmente, no hay otra opción a menos de que la oposición cuente con mayores recursos. Sin embargo, para lograr que cedan en lo fundamental es necesaria intensificar la presión de calle y la internacional, además de un cambio de actitud de la Fuerza Armada.

Para lograr los resultados deseados, es imprescindible que el país perciba que los tres frentes son válidos. Al respecto, la dirigencia tiene que promover esa visión. La valiente y admirada María Corina y el consecuente luchador Ledezma pueden aportar mucho a este entendimiento.

Para concretar el cambio, la Asamblea Nacional debe contar con el apoyo de los demócratas. Desde luego Juan Guaidó es digno de admiración y de respaldo. A estas alturas el régimen ya no puede encarcelarlo, tampoco a los diputados y, si lo hace, se estaría suicidando en lugar de intentar una posible transición que le sea favorable. Su reciente secuestro momentáneo por esbirros del Sebin fue para amedrentarlo, pero les salió el tiro por la culata.

Sin duda que hay un vacío en el artículo 233 de la Constitución, que no prevé un caso inédito como el acontecido, pero es indudable que el espíritu de la ley es que ante la ausencia de un presidente por las razones que sea, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la presidencia de la República con carácter provisional, pero esto requerirá una negociación. Este escenario es posible, pero la Fuerza Armada debe inclinar la balanza hacia la democracia. Estamos seguros de que habrá un desenlace feliz, para lo cual todos debemos aportar una dosis de sensatez.

Como (había) en botica:

La Asociación Civil Gente del Petróleo y el sindicato Unapetrol emitieron un mensaje de “apoyo a la declaratoria de la Asamblea Nacional de la usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro y la decisión de esa Asamblea y de su presidente de asumir las responsabilidades del Poder Ejecutivo … El diputado Juan Guaidó asume con valentía una importante responsabilidad con el respaldo de la Constitución…”.

Por su parte el Consejo Exterior de la Venezuela Libre( (Cevelibre), acordó “Pedir al liderazgo político y de la sociedad civil apoyar los esfuerzos del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia legítimo... Solicitar a los soldados venezolanos y a su oficialidad acatar al presidente Guaidó, quien constitucionalmente es el nuevo comandante en jefe de la FAN.. “.

También el Frente Institucional Militar acordó “El irrestricto reconocimiento al Diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez como Presidente Encargado del Ejecutivo Nacional”.

La detención por poco tiempo de las periodistas Beatriz Adrían y Osmary Hernández fue otro atropello del Sebin.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Esta breve nota la dedico a nuestras(os) estimadas(os) maestras(os), en el marco de su semana aniversario que recién se inicia; con énfasis especial, por su loable labor intelectual y vocación de servicio prestadas a través del tiempo a la comunidad de San Mateo, estado Aragua.

En este sentido, en nuestro quehacer como Investigador de la Historia, que modestamente efectuamos sobre la localidad sanmateana, he tenido la oportunidad de indagar la prensa caraqueña, en esta ocasión, El Nuevo Diario, al cual aprovecho para socializar un interesante hecho socio-educativo e histórico reseñado en febrero de 1919, como lo es, la creación de una escuela mixta para nuestra citada población; a saber:

“Maracay 22- En la labor progresista del gobierno del Estado, la instrucción ocupa puesto de presencia. Consecuente con ese civilizador programa, ha creado últimamente dos escuelas mixtas: una en Ocumare de la Costa y la otra para el Municipio San Mateo.

Para la Dirección de estos nuevos planteles se han nombrado a la señora Belén de Fonseca y señorita Blanca H Hurtado, respectivamente”. Ver: “Noticias de la República”, El Nuevo Diario, Caracas, 23 de febrero de 1919, p 7. En: Hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia.

Este dato hemerográfico, me permitió corroborarlo a través de la Memoria y Cuenta de Instrucción Pública del año 1919, arrojando el siguiente resultado. Veamos:

“Nómina de nombramientos hechos en el Departamento de Instrucción Pública en el año 1919.

Escuelas Federales primarias de un solo maestro situadas en el Estado Aragua:

N° Dptos. Parroquia Nombres Asignación Fecha de nombramientos

18 Ricaurte San Mateo Micaela C de Dolande Bs. 90 8 de febrero de 1919

19 “ El Consejo María Teodora Medina “ “ 17 de enero de 1919

22 “ Las Tejerías Isabel María Cisneros “ “ 25 de mayo de 1919”.

Ver: Ministerio de Educación Nacional, Memoria que el Ministerio de Instrucción Pública presenta al Congreso Nacional en sus sesiones de 1920, contiene la actuación del Despacho en el año civil de 1919, p 887. En: Biblioteca Nacional, sección: Publicaciones Oficiales.

Ambas piezas documentales tributan informaciones interesantes para comentar; como, nos proporciona los nombres y apellidos de las maestras, sus respectivos cargos académicos-administrativos, el establecimiento de sus nombramientos y nueva escuela mixta-federal en febrero de 1919, que en pocos días se cumplirá un siglo de fundada; entre otros.

Al concluir esta modesta nota, no me queda más que felicitar a las maestras y maestros por su Día Nacional. Asimismo, recordarle al gobierno Nacional, Regional y Local, sus responsabilidades de cumplir, respetar y mejorar la contratación colectiva, que es ley entre las partes (Estado-gremios), de éste importante sector educativo, cultural y socio-laboral de la República Bolivariana de Venezuela. Y de esta manera, contribuir a formar nueva ciudadana-ciudadano republicano a través de la educación de calidad en igualdad de condiciones, para todas y todos, como lo establecen los artículos 102 y 103 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

San Mateo, 14 de enero de 2019

«Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución».

Asamblea Nacional Constituyente (Francia), 26 de agosto de 1789.

I

El tema de los deberes y derechos, el del principio de legalidad y de todo el conjunto de leyes y reglamentos que lo acompañan, debiera ser letra clara y llana a los ojos y mentes de los ciudadanos. Esto, por una simple razón: porque se trata del contrato social que nos ilustró Jean-Jacques Rousseau, en su visión por explicar el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. Cuyo espíritu es, proporcionar a los seres humanos el poder de convivir en sociedad y, el de evitar hacerlo, cada quien en su libre estado natural. Obteniéndose de esa manera, unos beneficios mayores inmanentes al intercambio social.

Al respecto, cabe recordar aquí, el acto sucedido hace diecinueve años en el hemiciclo de una Asamblea Nacional Constituyente, cuando se elaboró un nuevo pacto social que firmaron sólo unos cuántos venezolanos con su voto. Pero que su marco legal, rige para todos sus conciudadanos indistintamente, a lo largo y ancho del país. Todo ello, dentro de aquel tránsito quimérico que se ofertó, después que se invocara su propósito: “fin supremo de refundar la República...”

Revisando el entramado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa en el Título V, Capítulo II: Del poder Ejecutivo Nacional, Sección Primera; todo lo relativo al Presidente o Presidenta de la República. Diez artículos que versan sobre quiénes lo ejercen; acerca de que el Presidente, es el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional; de los requisitos para llegar a ser Presidente; de su elección; de quién no puede serlo; de la duración del período presidencial y su reelección; de cuándo debe tomar posición; de su responsabilidad; de las faltas absoluta que puedan presentarse durante el ejercicio del mandato; sobre una nueva elección como consecuencia de haber habido una falta absoluta; de quiénes pueden estar encargado de la presidencia, al producirse la situación de falta absoluta o temporal y; finalmente, la autorización por parte de la Asamblea Nacional para que el Presidente pueda salir del país.

II

Allí se puede apreciar el orden sistemático que dieron los constituyentes a la norma que regiría la figura del Presidente. Ahora bien, dentro de ese conjunto de articulados, llama la atención el polémico, tergiversado e invocado artículo 233, luego que se diera el acto írrito y nulo del 10 de enero pasado. Pero, qué particularidad se halla en ese citado artículo, que llama a toda una sociedad a interpretar que el Presidente de la Asamblea Nacional deba tomar el cargo como Presidente de la República encargado; pues, veamos el segundo parágrafo, a saber:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

En este orden de ideas, nótese que el párrafo dice: “Presidente electo o Presidenta electa”. Y aquí se tiene entendido, o mejor dicho, se parte del hecho que no se tiene ningún Presidente legalmente elegido y reconocido, por cuanto no tuvo un origen legal. Por otro lado, si se hace un ejercicio de sustraer ese parágrafo del artículo 233, queda definido perfectamente en su estructura, todo lo relativo a lo que son las faltas absolutas del Presidente (en ejercicio); de aquellos órganos como el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional que, jurídicamente pueden decretar, evaluar y aprobar la existencia de dichas faltas y; por último, el deber que tiene el Vicepresidente de asumir el cargo mientras se llevan a cabo nuevas elecciones, dentro de los lapsos correspondientes.

En concordancia, qué llevó a los constituyentes a insertar ese texto y no colocarlo en otro aparte, a los efectos fuera el Presidente de la Asamblea Nacional el que respondiera ante un específico caso. Cuál es esa falta absoluta (en singular) que alude el párrafo. No sería que ellos, percibieron igualmente, el fallecimiento intempestivo del candidato recién electo; su renuncia hipotética al cargo y; el que se haya determinado de pronto, una incapacidad física o mental. Todo ello, cumplido el lapso breve, entre la elección presidencial y el día de la toma de posesión (Art. 231). No aplicándose, obviamente, lo que concierne a la destitución, abandono o revocación, por tratarse de un candidato electo Presidente.

III

Lo anterior, hace inferir que, presentadas esas faltas específicas, se procedería a que el Presidente saliente entregara el mandato al Presidente de la Asamblea Nacional para que éste convoque a una nueva elección. Pero ese no es el caso que nos ocupa aquí, puesto que eso no fue lo que los venezolanos y la comunidad internacional presenciaron, luego que la Constitución fuera nuevamente transgredida. Además, que de presentarse esos hipotéticos escenarios, éstos se darían en unas condiciones de normalidad constitucional.

Finalmente, mientras se despeja la bruma que está haciendo ver e interpretar posibles imperfecciones dentro de la norma, se debe buscar la ayuda de expertos juristas que aclaren las dudas. A la vez, de tomar una senda distinta (Art. 333 Y 350) que lleve a la solución de este momento coyuntural; la cual pasa como lo afirmó el abogado José Ignacio Hernández: “por diseñar una estrategia que, basada en el citado artículo 333, permita restaurar el orden constitucional, incluyendo la interpretación del artículo 233 para aplicarlo a la actual crisis, con los necesarios ajustes del caso, los cuales deben ser implementado por la Asamblea Nacional como representante del pueblo, en quien reside la soberanía, según señala el artículo 5”.

MSc. Arichuna Silva Romero.

@asiromantis

Si Maduro continúa en el poder la debacle económica se prolongará. La contracción económica se mantendrá en el tiempo así como la hiperinflación. Venezuela continuará su involución hasta ubicarse entre los países más pobres de América Latina. El deterioro de la capacidad de compra y el incremento de las carencias alimentarias forzará a más venezolanos a emigrar, agudizando la crítica situación de las empresas públicas y privadas por carencia de personal especializado. La crisis de servicios empeorará así como las deficiencias de nuestros servicios de salud, tanto públicos como privados. La recuperación económica pasa por un cambio político y la normalización de nuestras relaciones con la comunidad internacional.

Si Maduro continua en el poder la debacle económica se prolongará. En los últimos años se ha producido un fuerte deterioro del tejido productivo del país, que se refleja en la caída de la producción la cual puede medirse a través del Producto Interno Bruto (PIB). Éste se define como el valor monetario de la masa total de bienes y servicios que se produce en un país. Durante el gobierno de Maduro el PIB descendió 35%, constituyendo la crisis más aguda que se haya vivido en América Latina en los últimos 40 años. El PIB en el año 2017 retrocedió a los niveles de 1955. Ello nos ha llevado a ubicarnos como la séptima economía de América Latina, cuando en años previos ocupábamos la cuarta posición, detrás de los países de elevada dimensión territorial como México, Brasil y Argentina (Rodríguez R. José. 2018a; 2018b).

De continuar Maduro la contracción económica proseguirá, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta institución hizo una proyección de la economía venezolana para el año 2023, asumiendo un escenario en el cual se continúe con las políticas económicas instrumentadas por Maduro. En este contexto el Producto Interno Bruto de Venezuela descendería a un nivel que representaría el 68% del PIB del año 2013, lo cual ubicaría a Venezuela como la decimocuarta economía de América Latina. En términos de PIB per cápita, nos ubicaríamos a nivel de países centroamericanos pobres como Nicaragua y Honduras.

Si bien con Chávez se agudizó la inflación, fue en el año 2017 cuando pasó a la categoría de hiperinflación, es decir la hiperinflación es de manufactura madurista. Las perspectivas del FMI es que esta se agudizará en el 2019 cuando llegará a 10.000.000%. El FMI espera que la hiperinflación empeore rápidamente impulsado por el financiamiento monetario de grandes déficits fiscales. Es decir, se espera que el gobierno continúe con su política de aumentos salariales indiscriminados, financiando los mismos con emisión de dinero por el Banco Central de Venezuela (BCV). La hiperinflación ha ocasionado una destrucción de los salarios y de la capacidad de compra, lo que ha generado un empobrecimiento generalizado de la población, que se estima involucra a 87% de la misma, según el Estudio de Condiciones de Vida del año 2017 realizado por las principales universidades.

La destrucción de los salarios ha generado una estampida de los trabajadores hacia otros países, en busca de un mejor futuro. Según las Naciones Unidas, hasta finales del año pasado cerca de tres millones de venezolanos habían emigrado hacia otros países. Ello ha generado una situación que ha demandado una agenda especial en los países receptores, como Colombia, para atender las necesidades de los emigrantes. De continuar Maduro en el poder la emigración continuará. La Institución Brookings, un centro de análisis en políticas públicas con sede en Washington, estima que la emigración llegara a 8,2 millones de venezolanos, lo que representará un 25, 8% de la población venezolana del año 2018.

La emigración de la fuerza de trabajo calificada es uno de los factores que está detrás del colapso de la producción petrolera y de PDVSA, debido a la fuga de ingenieros y otros profesionales que han abandonado la empresa por los bajos salarios. También está detrás de la crisis de las empresas públicas como Corpoelec y de los servicios que presta. La emigración ha agudizado el deterioro de los servicios de asistencia médica públicos y privados, por la fuga de médicos y enfermeras. Esta situación continuará si se prolonga la hiperinflación y el deterioro de los salarios.

El año pasado el gobierno proclamó un cambio de rumbo pero la emisión de dinero sin control alguno se aceleró, así como la hiperinflación y el deslizamiento del dólar paralelo, que cada día que pasa incrementa su valor. Hubo una retorica de corrección de las políticas económicas que no se tradujo en un viraje real. Cualquier plan de recuperación económica requiere una reestructuración de la deuda externa, como punto de partida, y la obtención de dinero fresco, como lo plantea el Plan País, elaborado por la Asamblea Nacional. Ello pasa por un acuerdo con el FMI y el levantamiento de las sanciones internacionales. El régimen de Maduro, en lugar de recorrer este camino ha optado por el aislamiento y el enfrentamiento con la comunidad internacional. En consecuencia un plan de recuperación económica plantea un cambio político como lo han señalado los industriales aglutinados en Conindustria.

En síntesis, con Maduro continuará la contracción económica, la hiperinflación, el empobrecimiento, la fuga de fuerza de trabajo calificada, el colapso de las empresas públicas como PDVSA y la caída de la producción petrolera. También la crisis de las empresas de servicios como la de electricidad y agua potable, así como de los servicios de salud públicos y privados. Cualquier plan de recuperación económica pasa por un entendimiento con la comunidad internacional, lo cual requiere un cambio político, como lo han planteado el Plan País y los industriales venezolanos aglutinados en Conindustria.

Profesor UCV

Referencias:

Rodríguez R., José 2018a. El chavismo: un proyecto destructivo. Dígalo Ahí. 25 de julio.

Rodríguez R., José. 2018b. La involución de la economía venezolana. Dígalo Ahí. 30 de julio