La sociedad venezolana ha despertado en las calles luego de un largo letargo dispuesta a recobrar sus derechos económicos, políticos y civiles. Hay quienes todavía analizan la dinámica política del país simplemente como una polarización entre chavistas y antichavistas; pero lo cierto es que la masiva demostración del 19 de Abril hizo ver que el conflicto venezolano es mucho más amplio: representa una sociedad que decidió rebelarse frente a un Estado autoritario que ha optado reiteradas veces por frenar cualquier posibilidad de cambio a través de un uso cada vez más intensivo de la represión. Los eventos de San Félix, hace unas pocas semanas atrás, también ilustraron esa misma dinámica del descontento, con otro repertorio de protesta, que reflejó igualmente la profundidad del malestar que aqueja a la población y su disposición a manifestar activamente.

Pero el hecho de que la sociedad haya logrado irrumpir de forma definitiva en el escenario político venezolano, con un brío que probablemente vaya desbordando tanto al gobierno como a la misma dirigencia opositora, no quiere decir que la sociedad tenga su victoria asegurada. Tampoco quiere decir que el cambio sea inmediato o inevitable y mucho menos que el proceso sea pacífico, predecible y lineal. Es indudable que la manifestación del 19 de Abril simboliza una ciudadanía que durante más de cuarenta años ha acumulado una cultura política centrada en el voto (aquí manda el pueblo) que el gobierno ha conculcado de una forma tan aberrante que ha causado una gran indignación, incluso dentro de las mismas bases chavistas. Los venezolanos claramente están diciendo que no están dispuestos a entregar involuntariamente (al menos sin ningún costo) sus derechos constitucionales para mantener en el poder a un gobierno que luce cada vez más extractivo, represivo y desconectado de sus necesidades más elementales. La concentración del 19 de Abril mostró a una sociedad que percibe su lucha como un dilema existencial.

Es por ello que para comprender las implicaciones de este evento tan significativo no basta con las comparaciones –que si la marcha fue más grande que la del 1 de Septiembre del año pasado, que si la gente ahora está más resteada que antes– sino que se hace necesario analizar la naturaleza cualitativa que convierte a esta nueva reaparición de la sociedad venezolana (con toda su heterogeneidad social y valorativa, con sus cambios demográficos y toda su carga histórica) en un fenómeno singular. Lo primero es que este evento sorprende sobre todo por su escala nacional. Fue una movilización muy diferente a lo que el gobierno pretendía etiquetar al tratar de enmarcarla en su tradicional retórica revolucionaria: es evidente que esto no fue un asunto estrictamente urbano ni caraqueño ni mucho menos del este contra el oeste de la ciudad capital. Aquí las regiones, incluso las provincias más golpeadas por la crisis económica como los andes y el oriente venezolano, mostraron su fibra ciudadana y también su indignación frente al atropello y el olvido. El gobierno insiste en el ritornelo de la polarización entre chavistas y antichavistas, como si el asunto fuera una competencia de masas, “mi marcha frente a la tuya”, y por eso terminaron taponeándose en la Avenida Bolívar, cuando lo cierto era que la protesta social adquirió a lo largo de todo el territorio una escala que los debe haber tomado por sorpresa. De ahí que limitar el acceso a Caracas se haya hecho irrelevante frente a la penetración territorial de la protesta. El mensaje ciudadano es simple para quienes ejercen el poder: se llama clamor nacional. El 19 de Abril mostró a una sociedad tercamente empeñada, frente a la imposibilidad de utilizar su derecho al voto, a elevar su voz de protesta para defender su libertad.

Sería muy tentador tratar de darle un contenido sólo político y electoral a la movilización y ponerle un rótulo exclusivamente opositor, que lo tiene, cómo negarlo, pero que tampoco lo define exclusivamente. La movilización mostró una ambición ciudadana orientada fundamentalmente a refundar el estado de derecho y la democracia. Este punto es crucial pues algunos actores pueden estar tentados a darle una lectura instrumental a la irrupción de la sociedad y pretender usar la movilización como una pieza más dentro de sus juegos de poder y sus cálculos electorales. En la medida en que la calle tenga más autonomía tendrá mayor legitimidad y será mucho más poderosa. Y eso pareciera estar ocurriendo, aunque todavía de una forma muy incipiente. No es casual que la movilización ciudadana apareció justo después de que uno de los poderes del Estado, a través de la Fiscalía General de la República, haya declarado la ruptura del orden constitucional y luego también de varias semanas de una represión creciente que aumentó el número de presos políticos y que terminó por activar una mayor solidaridad entre la población. Uno quisiera ver estos fenómenos sociales como algo que puede ser controlado, dirigido y ajustado –como parte de una estrategia– pero lo cierto es que estos procesos son intrínsecamente efervescentes y no siempre moldeables.

El país quiere un desenlace. Villa Rosa. El 1 de septiembre. El Referéndum. El billetazo. San Felix. Y ahora el 19 de abril. Y no llega. El asunto es que queremos que ese desenlace, que involucra una sociedad movilizada en la calle, se ajuste a una expectativa preestablecida que tenemos en la cabeza, un evento único, definitivo, que tampoco es realista. Más bien el efecto pareciera ser acumulativo. Y pareciera también que esos eventos en los que la sociedad se ha pronunciado, cada uno con sus respectivas particularidades, va marcando una grieta que si bien no produce una ruptura va minando. Y debilita tanto, que la estructura de poder del gobierno no encuentra otra respuesta que promover la violencia: una represión cruda y brutal. Pero esa respuesta gubernamental tampoco es sostenible. Me recuerda aquel brevísimo y maravilloso cuento del gran Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Pero claro: ¡ya despertó!

Con asombro, pero más con vergüenza y pena, como abogado y ex magistrado, veo atónito que en un Estado democrático de Derecho y de Justicia, habiéndose denunciado por la máxima representante del Ministerio Pública ruptura de orden constitucional, que justifica constitucionalmente por parte de la ciudadanía el ejercicio de su derechos de reunión, asociación y manifestación, como formas de expresar libremente su pensamiento en contra de tal quebrantamiento del ordenamiento constitucional; que ustedes, como parte del Sistema de Justicia, y, principalmente, como jueces y fiscales de la República, cuya obligación es la de asegurar la integridad de la Constitución y garantizar el respecto de a los derechos humanos; de la manera más indebida e injusta, y hasta pasiva y complaciente; priven de libertad a ciudadanos, mayormente jóvenes, o permitan que se atente contra su integridad física, psíquica y moral, por parte de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana, y que permitan que estos órganos los sometan a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes o que sean tratados sin el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Pero es que además de jueces y fiscales, ustedes como abogados, todos ustedes tienen el deber ético que les impone la Ley que rige el ejercicio de nuestra profesión de defender el derecho, la libertad y la justicia. Y ante esas violaciones a derechos inalienables de respeto a la integridad de toda persona y a los derechos políticos señalados, que el Estado esta obligado a respetar, del cual ustedes son partes, no solo no actúan de oficio para investigar esos atentados, sino lo que es más grave, se hacen cómplices de su violación por los funcionarios policiales y militares.

Por cuanto, como abogado con 52 años de graduado , profesor universitario por 35 años y sobre todo como ex juez y ex magistrado por más diecisiete (17) años, creo mi deber, como parte que soy del Sistema de la República recordarles como jueces civiles, militares y fiscales que:

Ustedes tienen el deber de reafirmar su condición de verdaderos jueces y de fiscales del Ministerio Público.

Ustedes tienen la función de ser guardianes celosos de la supremacía constitucional y del respeto de los derechos humanos.

Ustedes tienen la responsabilidad de devolverle la jerarquía al Poder Judicial y al Ministerio Público para situarlos en la autonomía e independencia con el resto de los poderes.

Ustedes tienen la responsabilidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público sean u poder y no un residuo del poder.

Ustedes deben recordar que ningún pueblo goza de libertad mientras ustedes no le aseguren la Justicia,

Ustedes deben recordar que sin justicia en la Justicia no hay justicia en la sociedad,

Ustedes deben Recordar que un poder judicial o un ministerio púbico incapaz de pensar y de repensarse a sí mismo, es un poder inerte y servil.

Ustedes, los jueces y fiscales militares, deben recordar que son antes abogados que militares y que la jurisdicción penal militar son parte integrante del Poder Judicial y no del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Ustedes jueces y fiscales militares, deben recordar que la competencia de la jurisdicción penal militar se limita a delitos de naturaleza militar, y que por lo tanto ustedes son incompetentes para investigar o enjuiciar a los ciudadanos por la comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crimen de lesa humanidad, puesto que ello compete a la jurisdicción penal ordinaria.

Ustedes como abogados, y principalmente como jueces y fiscales, que los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato, y de que en los casos de delito flagrante solo pueden estar bajo custodia, en sus residencia, bajo la custodia del Tribunal Supremo de Justicia y de solo pueden ser juzgados por la jurisdicción ordinaria-

Ustedes deben saber, como abogados, que como funcionarios que son, incurren en responsabilidad penal si violan las garantías que conforman la inmunidad parlamentaria.

Ustedes saben que solo por orden judicial pueden las personas ser arrestadas o detenidas, o que si son detenidas en flagrancia si a las 48 horas no son llevadas ante ustedes deben ser puestas en libertad.

Ustedes saben que la garantía constitucional del juzgamiento en libertad en la regla y no la de su privación o del sometimiento a regímenes de vigilancia, en los casos excepcionales.

Ustedes saben que la Constitución prohíbe a la autoridad civil o militar, aún en estados de excepción, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas.

Ustedes saben que las declaraciones ante las autoridades policiales carecen de valor probatorio si son obtenidas bajo tortura o prisión y que son delito su divulgación pública.

Asimismo, todo juez, civil o militar, conforme el artículo 334, constitucional, está obligado individualmente a asegurar la integridad de la Constitución y de acuerdo con el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, en sus artículos 4º y 24, tiene el deber de garantizar la independencia del poder judicial y que se les impone el deber de sujetarse solo a la Constitución y a la ley y de actuar imparcialmente. Por el poder judicial, integrado por todos los jueces de la República y no solo por el TSJ, tienen la mayor responsabilidad para la preservación del Estado de Derecho, en razón de la competencia que se le asigna de garantizar la integridad de la Constitución, según el artículo 334 constitucional. Y si son jueces, los artículos 6 º y 7º, del Código de Ética del Juez y Jueza Venezolana, los obligan, como integrantes del sistema de justicia, a defender los valores republicanos y del Estado de Derecho y a garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, en concordancia con su artículo 12. Asimismo, de acuerdo con el artículo 256 constitucional, las únicas limitaciones que afectan a jueces y magistrados y fiscales en el ejercicio de sus derechos fundamentales son desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos o llevar a cabo activismo político; sin subordinación de criterio al Tribunal Supremo de Justicia, en particular ante la conducta inconstitucional y antidemocrática, porque en materia de opinión los magistrados no son sus superiores y las únicas restricciones impuestas en el ejercicio de los derechos de las personas son las taxativamente previstas por la Constitución. Debo señalarles, también, que la integridad de la Constitución consiste en asegurar su supremacía, el respeto por la soberanía popular, la garantía de la independencia de los poderes públicos garantizar el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales. Para que cumpla con esa función se dota al poder judicial y al Ministerio Público de autonomía e independencia, en los artículos 254 y 256 y 284 a 286, respectivamente, de la Constitución. Cuando esa integridad se rompe y el Poder Judicial y el Ministerio Púbico no asume su función de ser árbitro de la conflictividad entre los poderes públicos y de éstos con los ciudadanos, se convierte en agente o factor de la conflictividad. Por otra parte, la obediencia ciega y subordinada al máximo Tribunal en materia de protección de la supremacía constitucional y de los derechos humanos es contraria a la autonomía de los jueces y a su libertad de criterio. Ahora bien, es un hecho notorio, ostensible y patente, la ruptura del orden constitucional en Venezuela, por parte del Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reconocida por la Fiscal General de la República, al desconocer la representación popular ejercida por la Asamblea Nacional y la eliminación de sus funciones legislativas y de control parlamentario, por parte de dicha Sala, cuya muestra patente son sus sentencias 155 y 156, al igual que sus sentencias 157 y 158, que corroboran la usurpación de funciones por la referida Sala y por el Poder Ejecutivo. Al igual que la violación, advertida por la Fiscal General de la República de los derechos ciudadanos de reunión y de manifestación, así como los actos de represión para impedirla, y la utilización de armas largas y sustancias tóxicas por la fuerza policial y militar para controlarla, e incluso con el apoyo de colectivos paramilitares, que son patentes violaciones a derechos fundamentales. Al igual que la detención arbitraria y brutal de ciudadanos, anciano y mujeres, y del lanzamiento de dichos gases en instalaciones de salud y en los domicilios y hogares. Aparte de esto, hay evidencias por hechos notorios comunicacionales de la brutalidad de la represión empleada sobre todo por la Guardia Nacional Bolivariana, y, de muertes y heridos graves por esa represión desmedida y desproporcionada. A estos hechos se suma la ingente cantidad de manifestantes detenidos sin que se les haya podido considerar en flagrancia, que son llevados a los tribunales, incluso militares; que, por regla general, sin que se den las circunstancias que lo justifiquen, son privados de libertad en prisiones militares o en cárceles nacionales congestionadas, o sometidos a regímenes de presentación.

En Venezuela , como lo atestiguan los organizaciones defensoras de derechos humanos e incuso organismos internacionales, como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la International Bar Association, entre otros, que se ha manifestado con mayor gravedad en estos últimos cuatro años, se ha atentado por los órganos gubernamentales en contra del derecho a la vida, a la libertad, a la libertad de expresión y de manifestación y al debido proceso, al perseguir a quienes hagan oposición política al gobierno, a lo cual, sin duda han contribuido jueces y fiscales que mantienen prisioneros arbitrariamente a ciudadanos por razones políticas. O que sancionan a bogados por ejercer la actividad de defensa como, por ejemplo, en el caso del abogado Amalio Graterol. Al igual que os casos de detenidos arbitrariamente, de desaparecidos o incomunicados o de torturas, no han merecido atención por parte del poder judicial. Tampoco las detenciones arbitrarias y las incomunicaciones hechas por el SEBIN. Los procesos del banquillo, con que algunos jueces, con el diferimiento de audiencias, actos de aprensión ilegales y la duración indefinida de medidas cautelares de detención, han contribuido a la perdida de la libertad de ciudadanos procesados por motivos políticos, y que son parte del terrorismo de Estado dentro de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que encuadraría en el crimen de persecución de lesa humanidad. Es lamentable la contaminación política que acusa actualmente la judicatura en Venezuela por el trato discriminatorio en materia de derechos humanos; el franco quebrantamiento del Estado de Derecho por los tribunales en materia penal; la estructura jerárquica de subordinación y de terror que los rige del modelo dictatorial; la tendencia de algunos jueces por imponer sus concepciones ideológicas; y la militarización del enjuiciamiento de los delitos políticos. Esta realidad conducen al deterioro del Estado de Derecho desde la perspectiva judicial y que acusan la necesidad de restituirles a los jueces su independencia.

Jueces civiles, militares y fiscales:

El acceso a una justicia imparcial e impediente y a una tutela judicial efectiva es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y en el derecho internacional, así como el deber de los jueces de ceñir su actuación conforme a estos derechos. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los jueces son los encargados de garantizar la vida, la libertad, los derechos y los bienes de los ciudadanos, por lo cual su independencia y autonomía le es obligatorio. Esta tarea es verdad que es de todos, principalmente de los abogados, como componentes del sistema de justicia y de defensa, pero también de los propios jueces, que deben reclamar sus derechos a su independencia y autonomía, conforme los artículos 254, de la Constitución y los Principios Básicos de la ONU sobre la independencia de la judicatura de 1985. Los jueces no han perdido su capacidad de pensar y de repensar en la responsabilidad del Poder Judicial en reclamar su independencia y autonomía. En efecto, los jueces, según el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, para garantizar la independencia del poder judicial se les impone el deber de sujetarse solo a la Constitución a la ley, y actuar imparcialmente, en sus artículos 4º, y 24, respectivamente. El artículo 4º, del Código Procesal Penal dice que los jueces solo deben obediencia a la ley y el derecho y que en caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones deben informar al TSJ. Expresamente la Constitución prohíbe a los jueces asociarse entre sí para llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, de acuerdo con el artículo 255, de la Constitución, pero, según el Canon 8 sobre Libertad de expresión y asociación de Los Principios Básicos de la ONU sobre la independencia de la judicatura de 1985, tienen derecho de asociarse para defender la independencia judicial. Tal asociación para este fin en lugar de poner en duda su independencia e imparcialidad, por el contrario, la protegerían, por lo que no violarían al asociase con este fin lo dispuesto en el artículo 26 del Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezolana.

Por lo expuesto, como abogado, como integrante del Sistema de Justicia, sus colegios y el Bloque Constitucional, reclamo a los jueces y fiscales, civiles y militares, para que, en esta hora aciaga para el Estado democrático de Derecho, ejerzan su autonomía y juntos trabajemos por el rescate del Orden Constitucional y del Sistema de Justicia Venezolano:

1.- Para que la judicatura: esté compuesta por jueces de ley: elegidos legítimamente. Jueces para la ley: los que con el derecho hacen justicia. Jueces de la ley: y no de parcialidad alguna. Jueces como un poder. Jueces de la República: y no de un partido político. Y jueces de los jueces: que piensen y repiensen en su responsabilidad ante la crisis del sistema de justicia.

2.- Jueces de la República, como garantes de la integridad constitucional y de los valores superiores del ordenamiento jurídico de la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo,

Y, sobre todo, recordemos, que ante actos o decisiones de los poderes públicos, entre ellos del Tribunal Supremo de Justicia, por los que se deje de observar la Constitución o fuere derogada, conforme el artículo 333, de la Constitución, no existe desacato, por cuanto todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y que cualquier acto que viole o menoscabe los derechos constitucionales, es nulo absolutamente, y que los funcionarios que lo ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Finalmente, jueces y fiscales de la República, dada su responsabilidad ante actos inconstitucionales, antidemocráticos y violatorios de derechos ciudadanos, conforme las normas señaladas, recuerden las palabras de Henry David Thoreau, “la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes deben ser esclavos”.

Atentamente,

Carlos Moreno, el joven caraqueño de 17 años asesinado en la urbanización San Bernardino de Caracas, apenas con 17 años de edad, no alcanzó a vivir en democracia; nació con el inicio del gobierno chavista, el que pretendió imponer el llamado socialismo del siglo 21, una ideología trasnochada que arruinó la economía del país, hizo más pobres a los venezolanos y ha destrozado la Institucionalidad de la República.

La muerte del joven estudiante se produce por un disparo al cráneo. Ha sido característica en todas las protestas cívicas, que las muertes de los manifestantes, desde el aciago día de los pistoleros de Puente Llaguno, han sido por daños a la cabeza, lo que confirma que son disparos de francotiradores apostados en azoteas de edificios o desde motocicletas.

La dictadura está aún decidida a pagar cara su despido del gobierno. Un ochenta por ciento de los venezolanos rechazan la presencia de Maduro en el Palacio de Miraflores y las malas políticas de su gobierno. Se aferran a una conducta que es contraria a los principios básicos de la convivencia política y a la obligación establecida en la Constitución de formular planes de desarrollo que sirva de base y provea los lineamientos estratégicos de las políticas públicas para el crecimiento y tranquilidad de sus conciudadanos.

La democracia y sus valores, la que se reclama y reivindica en las protestas pacíficas, son letra muerta para quien gobierna y para sus acólitos, civiles y militares, quienes con mucho dinero y aviones privados, no tienen probabilidad de disfrutarlos en el exterior ni en interior del país; bien sabemos las razones, algunos por sus actos de corrupción y otros por su vinculación al narcotráfico y a delitos de lesa humanidad.

El pasado 19 de abril, fecha de celebración de nuestro grito de independencia, fue escogido para iniciar el reclamo definitivo de rechazo pacífico a las políticas del gobierno. La represión ha sido brutal. La GNB, los milicianos,- cuerpo armado ilegal e inconstitucionalmente, con reminiscencia de los tontons macutes en la vieja dictadura haitiana-, y los mal llamados colectivos o paramilitares, donde probablemente se incorporan expertos tiradores cubanos, han sido los llamados para reprimir a quienes reclaman libertad, comida y comicios transparentes. La comunidad internacional ya conoce de esta barbarie.

Se escogió la calle para expresar el descontento y pedirle al presidente elecciones libres y un gobierno nuevo con separación de poderes, sin presos políticos y empleos para superar la pobreza y vivir mejor.

La calle se escogió, porque fracasó el diálogo tramposo del gobierno y sus fiadores y es entonces, el lugar para reclamar derechos civiles y reivindicar la democracia.

La calle hoy es el territorio que queda al pueblo para expresar su descontento contra un gobierno que baila al son de las corruptelas, los negocios y el tráfico de drogas en algunos sectores, mientras las grandes mayorías populares pasan graves necesidades y viven con sueldos de miseria y sin esperanzas de mejor vida para sus hijos, todo a riesgo de la brutal represión policíaco-militar que ha visto el mundo.

El gobierno se ha visto debilitado y por ello acude al librito de las dictaduras, que es la represión, la que ya cobra seis muertes de jóvenes y un Guardia Nacional, todos venezolanos que aspiraban vivir en paz y con respeto por sus derechos políticos, económicos y constitucionales.

Con todo, el país va a vivir tiempos de cambios, que esperamos sea el más espectacular desafío de la nueva época democrática. Desde 1958 vivimos una experiencia democrática que hoy, a pesar de los 18 años perdidos, la gente reivindica ese modo de vivir en libertad, porque la democracia es ciertamente un sistema de vida, que con todos sus errores, se consolidó en el alma venezolana, que a pesar de sus fallas, permitió una sana confrontación electoral cada 5 años, con alternación en el gobierno y generó una sociedad dinámica que resolvió problemas primarios con estabilidad política.

El chavismo engañó al pueblo pretendiendo acelerar la historia, terminó entregando nuestra soberanía a una ideología que recoge los peores males sociales y económicos. Hoy la insatisfacción ha crecido y nos regresó a tiempos ominosos para la República. El decadente gobierno de Maduro-Cabello, con apoyo de un personaje que en el gobierno nacional tiene más títulos que el Rey Carlos V, ha carecido de perspectivas positivas por sus corruptelas, su incapacidad y los desafueros autoritarios, con lamentables descréditos en las altas esferas castrenses; su agravamiento ha hecho estallar la calle, que es hoy el territorio para alcanzar la paz nacional.

Corolario: La calle sigue, pero debe evitarse mayor derramamiento de sangre inocente; el inicio de los cambios impone la salida del presidente, él es parte de la crisis, y la instalación de un proceso de transición es necesario para lograr la gobernabilidad hasta la conclusión del periodo constitucional, con un líder que sin pretensiones de elegirse respete el pluralismo y concite la concordia, el consenso entre los factores políticos y dirija la convocatoria a elecciones libres y transparentes para consolidar la nueva democracia. La justicia independiente se encargará, a su tiempo, de sancionar a los desfalcadores del erario público, a los traficantes y a los incursos en violaciones a la Constitución, por imperio de lo contemplado en los artículos 25 y 139 de la Carta Magna.

frusbet@gmail.com

Hoy los pedros y los juanes no estamos solos,

hoy nos estamos convirtiendo en pueblo

Unidos estamos peleando, la piedra y la mano

contra quienes no nos dejan ser un pueblo.

Hoy somos breves momentos de las calles

ardientes relámpagos de pleno día,

fuegos fulgurantes. Hoy somos la historia.

Nosotros -y no los otros- somos el pueblo

Un día nos separaremos nuevamente, tú, yo y ellos

volverémos a nuestras casas, lentamente

atrás, las bestias del mal, lamiendo sus heridas.

Pero hoy somos un pueblo. Nada más que un pueblo.

Un día abrirán las escuelas, las oficinas y las fábricas.

Y el mundo continuará su lenta marcha

hacia ese final que nadie sabe donde está.

Pero hoy no. Hoy somos el pueblo. Un solo pueblo

Nos veremos entonces en la próxima jornada.

abril 20, 2017

https://polisfmires.blogspot.com/2016/09/anton-julian-el-pueblo.html?utm...(POLIS)

Un fusil cuesta alrededor de 500 dólares, belga (o sea de Bélgica). Ponle 2000 $ con el sobreprecio correspondiente (siendo bastante conservador, para que no lo llamen a uno exagerado). Multiplico en mi celular 500 mil fusiles por el precio, para saber de cuántos dólares estamos hablando en total. Mi celular me responde que es “1e9”. Como soy de humanidades, no entiendo esta cantidad, pero vi lógica en filosofía, lo cual ayuda en la vida. Luego, para entender mejor, divido ese número raro, imaginando la construcción de -digamos- 100 escuelas. Me salen que con esa inversión en armas se podrían construir 100 centros educativos de 10 millones de dólares cada uno. Me pregunto, como en el final de la Lista de Schindler: ¿cuántos enfermos de cáncer se salvarían?; ¿cuántos recién nacidos saldrían de la condena de una muerte segura?; ¿cuántas medicinas, cuántos kilogramos de trigo se podrían importar?; ¿cuántos comerían completo?

La historia demuestra de manera fehaciente que cuando en una nación en conflicto se arma a uno de los bandos, el fin es uno solo: propiciar el exterminio. Venezuela toma el peor de todos los caminos, el de la confrontación civil, azuzada por quien tiene el mandato de ser garante de la paz. Siento que la escritura se torna inútil, que el humor ya no cabe, que la sonrisa se desdibuja, que las palabras no son suficientes y que los hechos nos sobrepasan. Ya los llamados a la esperanza se vuelven dialéctica vacía y recuerdo que para los antiguos griegos no había mal mayor que la esperanza ciega, sin esfuerzo creativo tras ella. En Venezuela toda la creatividad que mueve a otros países a tener cultura, bibliotecas, museos, ciencia y progreso, está solo al servicio del mal, de la destrucción, de la muerte. Inventamos nuevas maneras de hundirnos cada día. Quisiera poder decir que un futuro promisorio nos espera a la vuelta de la esquina, pero no alcanzo a vislumbrarlo por esta senda, en un país que -es vox populi- tiene todo para alcanzarlo. Quisiera alentar a mis compatriotas a algo, pero honestamente no sé a qué alentarles. Creo que solo nos queda mostrar -como se está haciendo- nuestra determinación cívica, pacífica e irrevocable de cambiar.

Escribo estas líneas en la víspera del 19 de abril, fecha en que en Venezuela se conmemora el primer intento de vida independiente. La historia menuda cuenta que Emparan, el capitán general español, fue llevado al balcón de la casa vecina a la Casa Amarilla y desde allí preguntó a la multitud:

- ¿Me queréis por vuestro gobernador?

Repite la leyenda que el padre Madariaga tras el hizo la señal negativa con su dedo providencial y el pueblo grito:

- ¡Nooo… no te queremos!

Así comenzó la aventura de este bravo pueblo que 207 años después de ese hecho no ha podido lanzar de forma definitiva el yugo que le oprime.

Doscientos años de vida independiente y aun sin rumbo. Vuelvo al comienzo: creo que 500 mil fusiles son demasiados fusiles, demasiados tiros ha tenido ya nuestra historia. Bastarían solo 59 disparos de cada uno de ellos para convertir a la nación entera en un cementerio, en un país de 500 mil habitantes. Solo una certeza me invade en esta hora: cuando esta locura termine, cuando recobremos la razón, habría que prohibir por ley y para siempre los fusiles. Me parece que fue Talleyrand el que dijo: "las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas".

Es necesario denunciar con nombre y apellido a los oficiales de la Guardia Nacional que violan los derechos humanos, ya sea directamente o mediante órdenes a sus subalternos. Han asesinado y herido a ciudadanos desarmados. Han lanzado bombas lacrimógenas no solo delante de manifestantes pacíficos, sino en medio de los mismos para causarles daño y detrás de ellos para cortarles la retirada y que sufran las consecuencias. Han lanzado lacrimógenas a una clínica. Han permitido que grupos paramilitares rojos disparen y agredan impunemente. Han tolerado que el régimen dictatorial lance lacrimógenas desde un helicóptero.

Son tan descarados que obligaron a la policía de Miranda a que se retire cuando grupos paramilitares rojos realizaron saqueos y agresiones. Son tan alcahuetas que toleran que esos grupos armados se alojen en dependencias militares. Tal fue el caso del General de División del ejército José Rafael Torrealba Pérez, comandante de la Zona de Operaciones de Defensa Integral Número 4, en Barquisimeto. Este oficial tuvo la desfachatez de declarar que los paramilitares que salieron en motos de esa sede ¨iban a limpiar los obstáculos colocados por opositores¨. Es decir que pretende hacernos creer que los motorizados hacen un mejor trabajo que personal de limpieza con camiones a su disposición. La ONG Control Ciudadano hizo una valiente denuncia al respecto.

Los generales que integran el alto mando están resguardados por sus escoltas, no así el resto de la oficialidad, la cual debe percatarse de que sus jefes criaron cuervos. Estos paramilitares rojos en algún momento se volverán en contra de los militares que hoy los protegen. Igualmente deben considerar que el hampa común actúa impunemente porque al régimen le interesa crear miedo. Por ello no debe extrañar que la abogada Jackeline Sandoval, activa directora de la Fundación para el Debido Proceso, haya denunciado que el año pasado fueron asesinados 93 militares, 291 policías y 30 escoltas , las más de las veces para apoderarse de sus armas.

Cabe recordar y debería ser tema de investigación por historiadores, que a la caída de Pérez Jiménez el gobierno de Wolfang Larrazabal suministró armas a muchos civiles, con el argumento de defender a la democracia. En ese tiempo pude observar frente al Instituto Pedagógico en El Paraíso a estudiantes y ciudadanos en general portando armas de guerra. Al poco tiempo, ya durante el gobierno de Rómulo Betancourt, muchos de esos civiles armados se fueron con a la guerrilla castro-comunista y enfrentaron al ejército. Otras fueron utilizadas para asesinar policías, asaltar bancos y realizar secuestros.

Muchos elementos de la Guardia Nacional han amparado a los cuervos y han incurrido en violación a los derechos humanos. De ellos no podemos esperar nada bueno. El resto tiene dos opciones, continuar viendo los toros desde la barrera o dirigirse al general Antonio Benavides y exigirle que cese una represión que puede poner en peligro la supervivencia de ese cuerpo y que causa el rechazo de sus integrantes por parte de la ciudadanía, lo cual ya deben percibir. Ojalá den señales claras de rectificación.

Por su parte, los oficiales del Ejército, Marina y Aviación pecan de complicidad si no increpan a sus respectivos Comandantes Generales para que obliguen al régimen a cumplir con la Constitución. No solicitamos que se levanten en armas, sino que no avalen los atropellos con un silencio cómplice. Deben entender que los generales Padrino López, Reverol y González López no son demócratas y han incurrido en delitos. Son simple lacayos de un régimen corrupto cuyo único propósito es aferrarse al poder a como dé lugar, sin importarles el futuro de la Fuerza Armada y de sus integrantes. De allí que amparen a paramilitares rojos, hayan aceptado la creación inconstitucional de una Milicia Bolivariana y acaten la orden del presidente de facto de salir a la calle para amedrentar y reprimir.

Como (había) en botica: El asesinato por parte del régimen de otros seis ciudadanos enluta a los venezolanos. Ojalá no queden impunes como el caso de José Manuel Vilas. Freddy Guevara y Delsa Solórzano resultaron excelentes diputados y valientes luchadores. Los venezolanos de la diáspora realizaron el sábado pasado manifestaciones en cincuenta ciudades del mundo para decir No a la dictadura. En Toronto, la siempre activa Rebecca Sarffati logró convocar a un numeroso grupo de compatriotas. La abogada Tamara Sujú realiza una gran labor en el exterior denunciando la violación de los derechos humanos ante la Corte Penal Internacional y otras instancias. Excelente el artículo de Thaís Peñalver ¨La MUD actuando en consecuencia¨, en el que explica por qué tantos tardaron tanto en denunciar la dictadura. Lamentamos el trágico fallecimiento de Alfredo Croes, buen ciudadano. A marchar este miércoles 19 de abril ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Golpe. Los que dieron no uno sino dos golpes contra una Constitución que mantuvo al país durante 40 años en democracia anuncian con bombos y platillos que hay en marcha un Golpe contra la Constitución. Los que violaron y violan a diestra y siniestra la Constitución descubren un Plan Golpista. Los que le asestaron un Golpe a su juramento patrio el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 cantan que viene un Golpe de “la derecha” contra la revolución y contra el pueblo venezolano. Los que usaron las armas de la república en contra de la institucionalidad del país gritan que hay un Golpe en camino. Los que mataron e hicieron matar a un gentío en 1992 se desgañitan por radio y tv diciendo que allí está el Golpe. Mírenlo. Óiganlo. Tóquenlo. Se mueve. ¿No lo ven? ¿No lo oyen? Ahí está, clarito, veánlo, por favor, el Golpe de la oposición contra la Nación.

Esos que le dieron un Golpe y una estocada al soberano Congreso de la República. Los que golpearon y disolvieron la Corte Suprema de Justicia. Los que postraron y mancillaron el Ministerio Público. Los que putearon y cabronearon el Consejo Supremo Electoral. Los que asaltaron y robaron el Banco Central de Venezuela (BCV). Los que asaltaron y desmantelaron Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa). Los que acallaron y sometieron a la Contraloría General de la Nación nos vienen con su cara muy lavada a hablarnos de que hay por allí un Golpe de Estado. Escondido. Pero se asoma.

Esos que de un plumazo eliminaron Corpoindustria sin que nadie dijera nada. Los mismos que rasparon a Foncrei, los que quebraron al inquebrable Banco Industrial de Venezuela (BIV), los que desaparecieron el Fondo de Inversiones, los que confiscaron Agroisleña, los que enterraron el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (Icap), ellos, esos mismitos, andan por allí pregonando que quieren darles un Golpe. Los que arrasaron con las zonas industriales del país, con la gran industria, si la hubo; con la mediana, pequeña y chiquitica industria. Los que desbarataron las asociaciones de comercio y producción. Los que esfumaron las fuentes de trabajo, los sindicatos y los gremios profesionales.

Los que exropiaron, atracaron y acallaron Radio Caracas Televisión (Rctv), los que se robaron Cadena Venezolana de Televisión (CVTV), los que secuestraron Globovisión, los que se llevaron y desaparecieron Radio Rumbos, los que desintegraron el radial Circuito Nacional Bélfort (CNB), los que invadieron la Cadena Radio Mundial y YVKE Mundial, los que compraron o alquilaron la conciencia de tantas y tantos cadenas de televisión y circuitos radiales nos transmiten por ahí todos los días que lo que quiere la oposición apátrida y proimperialista es darles un Golpe. Pobrecitos…

Los que electrocutaron a La Electricidad de Caracas y a la Compañía Anónima Luz Eléctrica de Venezuela (Calev), los que oscurecieron la función y el manejo de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), los que apagaron Edelca y Enelvén, los que secaron El Guri, los que incomunicaron y enmudecieron a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), los que silenciaron y prostituyeron Movilnet, hoy nos iluminan y nos comunican que hay preparado un Golpe para acabar con el desarrollo socialista de Venezuela, terminar con la revolución bolivariana y con el legado de chacumbele.

Aquellos que le dieron un Golpe a las esperanzas del pueblo. Esos que le asestaron un Golpe a la fe del pueblo. Los que propinaron un Golpe a la ilusión de un pueblo que creyó en vacas voladoras y huevos de avioneta. Los que destrozaron la más grande y mejor dotada red hospitalaria de Suramérica transmiten En Vivo, En Cadena Nacional de Radio y Televisión, que no los dejan trabajar y que quieren darles un Golpe. Esos que anuncian que desde ya comienza la más brutal y despiadada represión armada contra el pueblo venezolano que manifiesta, protesta y lucha en pro de las libertades democráticas. Esos sediciosos que sin mirar para atrás y con los 500 mil milicianos y 500 mil fusiles (¡500 mil¡) del Padrino Zamora lloriquean por radio y tv que quieren darles un Golpe, que existe la mala intención de darles un Golpe de Estado. ¿Qué tal? ¡Qué bolas!