Los escolares de los años 50/60 éramos invitados por la maestra a leer “Las lanzas coloradas”, obra de Arturo Úslar Pietri, como manera de adentrarnos en nuestra historia, agarrarle el gusto a la lectura, poner a volar la imaginación en la construcción de nuestro propio mundo y hallar el hilo del conocimiento para salir de la ruralidad y la barbarie de las dictaduras y así entrar al moderno canibalismo de la sociedad democrática; era una pelea entre dos corrientes, una conspirando por mantener la presencia cuartelaria para “preservar” la ley y el orden, fusiles mediante, y otra en busca de una ruta hacia la verdadera democracia sustentada por la sociedad del conocimiento y los recursos naturales manejados por especialistas y orientados por creadores del saber y de la riqueza para estimular la imaginación.

En Venezuela, un país que jamás ha entrado a un nuevo siglo por el camino cierto del desarrollo en quinientos años, entre 1498 al llegar los españoles y 1998 con la irrupción de Chávez, se ha pretendido imponer la bota militar y militarista por encima del civismo, sin tomar en cuenta a nuestro procerato que, además de las armas, blandió el pensamiento para aborrecer la monarquía y establecer una república como manera de darle al pueblo gobiernos demócratas, reemplazables y libres a través de la votación universal con la participación popular.

En todo ese tiempo, sólo 40 años, los satanizados 40 años de “La Cuarta”, mucho menos del 10 por ciento, han sido de verdadera democracia imperfecta, sí, pero democracia, durante los cuales los venezolanos todos demostramos nuestra verdadera vocación de libertad y convicción civil de saber hacer las cosas sin tutelajes ni imposiciones, aunque sí en concordancia con las naturales reglas de la convivencia social consensuada en el concierto de naciones y ejecutadas por el Estado a través de la independencia y autonomía de los órganos del Poder Público.

Pero quienes vinieron hablando en nombre de Simón Bolívar, empastichándolo con los sempiternos bárbaros y barbudos dizque revolucionarios, arteros exhibidores de sables y cañones, quienes pretenden siempre imponer sus absurdas ideologías a punta de espadas y balas, han hecho de Venezuela “un piazo ‘e terreno lleno ‘e gente” (lo oímos en un filme venezolano) muerta de hambre por las confiscaciones, el robo al erario y el desfalco a la fe y la esperanza de un pueblo noble como el nuestro.

Hoy día, son los de las panzas coloradas quienes aún no entienden o no quieren entender que ellos sostienen a este régimen. Las panzas coloradas no sólo edematizadas por falta de alimentos proteicos sino las panzas coloradas, ruborizadas por la vergüenza y la indignidad de aquellos que piensan sólo en su bienestar a costa de la vida de todos los demás, particularmente de niños y ancianos, la parte más delgada de la soga con la que están ahorcándonos…

Con dolor y verdadero sentimiento compartido con el ciudadano común tenemos que insistir, una vez más, en la ausencia de una institución sin la cual el Estado de Derecho es una entelequia: el Tribunal Supremo de Justicia, el cual, sencillamente, ha dejado de ser tribunal, no es supremo y no es de justicia.

No se trata de simples expresiones, ni de una crítica ligera a quien debe encarnar el valor de la justicia como cabeza del Poder Judicial, “independiente”, según la Constitución.

Un tribunal, por definición, es un órgano integrado por hombres y mujeres que tienen como cometido resolver los conflictos ciudadanos actuando como terceros imparciales que solo atienden a su conciencia y al derecho o a las leyes que resultan aplicables al caso sometido a su veredicto; es supremo, en la medida en que “es el más alto de la República” y decide, en definitiva, en el orden interno, una controversia; y es de justicia, ya que le corresponde ejercer su función con estricto apego a las normas, en su adecuada aplicación a las circunstancias de cada caso.

El máximo tribunal, órgano rector del Poder Judicial, “autónomo e independiente”, debe estar integrado por juristas al margen de toda sospecha, de incuestionable honorabilidad, de una trayectoria inobjetable y cuyas actuaciones no pueden tener sombra alguna de inclinación por intereses que los comprometan en sus decisiones.

Ante las exigencias de los conocimientos propios del mundo del derecho, quienes sean escogidos para integrar el Tribunal Supremo deben poseer una sólida formación acreditada por obra escrita, trayectoria académica, experiencia judicial o ejercicio profesional reconocido y, algo de extrema importancia: no pueden ser jueces quienes tengan militancia político-partidista o la hayan tenido de manera activa, aunque medie una renuncia formal, siendo por ello susceptibles de presiones ajenas a la función judicial, que no es otra sino la de actuar y aparecer ante la colectividad en la condición de árbitros absolutamente impolutos e imparciales que al menor asomo de inclinación insana deben inhibirse, antes de ser recusados.

No bastan, entonces, los conocimientos propios de la materia jurídica de su competencia, sino que se exigen en la magistratura condiciones morales probadas en su vida personal y profesional, de tal manera que se hayan hecho acreedores de la auctoritas que se traduce en el respeto intelectual y reconocimiento moral de toda la comunidad, compartido incluso por quienes no le son afectos por prejuicios o posiciones políticas “radicales”.

El llamado tribunal supremo de justicia, en su constitución actual, sin que ello implique descalificaciones personales, ajenas a definir ese órgano máximo de un Estado de Derecho, solo pone en evidencia que se ha conformado para servir a los intereses del proyecto socialista que el régimen patrocina, y ello no admite duda alguna si nos atenemos a las declaraciones del jefe del Estado, en su momento, con motivo de propiciar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que se concretó en 2004, modificada luego en 2010, pero con garantía de una mayoría segura oficialista, para evitar “autogoles” y respaldar las posiciones de los “tiempos de revolución que se oponen a la doctrina ideológica de cuando imperaba el “establishiment”, como lo señaló un magistrado en una sentencia de 2010.

Por lo demás, no cabe la menor duda de que los magistrados actuales, independientemente de los méritos que algunos puedan exhibir, tienen la nota común –salvo alguna excepción– de su lealtad comprometida con el régimen.

En particular, una de las salas del tribunal, transformada en “supremo del supremo”, ha pretendido modificar la Constitución o reformarla sin tener la potestad para ello, la cual solo corresponde al pueblo o a la ciudadanía; se ha erigido en tribunal penal para encarcelar a dos alcaldes por un delito convertido arbitrariamente en “ilícito judicial constitucional”; y le ha asestado un golpe mortal a la inmunidad parlamentaria y a la propia institución de la Asamblea Nacional, declarada en eterno desacato e ineficacia presente y futura de todos sus actos.

Venezuela reclama un Tribunal Supremo de Justicia que, en verdad, como reza su ley “garantice la supremacía y efectividad de los principios constitucionales” y no los intereses del pregonado “socialismo del siglo XXI”, integrada por jueces honorables, de probada condición ciudadana y con elementos fundados de convicción que acrediten su imparcialidad.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 20 de marzo de 2017

Los venezolanos estamos relativamente bien informados de cuáles son las opciones constitucionales para un cambio de la terrible situación política en la que estamos inmersos, no tan bien informados de lo que implica cada una de ellas en términos de tiempo, esfuerzo y dificultades, y nada claros en el beneficio que traería, para el país y sus ciudadanos, la implementación de cualquiera de ellas.

La renuncia del presidente, la vacante del cargo por razones legales y el revocatorio nos conducirían a la sustitución de la persona, con todo lo importante que ella pueda ser, dejando el resto del entramado institucional en la misma situación en la que nos encontramos.

La reforma y la enmienda constitucional pudiesen modificar aspecto concretos que como el recorte de la duración de los períodos presidenciales, la no reelección o al menos no en más de una oportunidad, e inclusive, la doble vuelta en las presidenciales, afectarían algunas de las disposiciones actuales que se han demostrado inconvenientes para la democracia, pero nada más.

Al final, todas ellas concentran falsamente la culpa de nuestros males en la mala gestión de una persona, que si bien la tiene en buena medida, deja por fuera las realidades constitucionales a las que nos ha conducido un sistema de gobierno presidencialista, sin frenos institucionales fuertes, con poderes que dependen de la venía de quien detenta el cargo, con una fuerza armada destruida ex profeso con el solo objeto de ponerla al servicio de un sector político, unas medios económicos sujetos a las decisiones dadivosas y cargadas de condiciones discrecionales y una población a la que liberada de sus obligaciones ciudadanas, se le pretende mantener afecta mediante un discurso encendido y de confrontación, subvencionada sin criterios de necesidad, dándole una imagen falsa que solo ha profundizado las desigualdades de origen.

Cambiar lo que preocupa y afecta a la mayoría de los venezolanos, demanda una opción que nos permita a TODOS sentirnos parte activa de la solución, en la cual no sea necesario que hayan rendidos, donde preservemos todo lo positivo que hayamos podido alcanzar en estos años post perejimenistas, por identificarlos de algún modo, y que sentemos las bases para cambiar lo que se ha demostrado inconveniente para la marcha justa, armónica y eficiente de nuestra sociedad, haciéndola definitivamente productiva, pero no menos rotundamente comprometida con la equidad social y la sostenibilidad ambiental.

Por todo ello y sin intentar contribuir a la competencia entre opciones, nos incorporamos a la Alianza Nacional Constituyente, en procura de una alternativa pacífica, participativa y verdaderamente democrática, que permita en poco tiempo, dentro del cauce constitucional vigente y con el concurso de todas las corrientes políticas, la construcción de la Venezuela que queremos TODOS.

En tal sentido acompañamos la iniciativa de convocar, por iniciativa popular, una Asamblea Nacional Constituyente Originaria que perseguirá los siguientes Principios Fundamentales que subscribimos totalmente:

I.

El propósito y razón del Proceso Constituyente conduce a asegurar la reconciliación nacional, mediante un Pacto Social apegado al Estado de Derecho que le garantice a los ciudadanos seguridad jurídica, seguridad social y seguridad personal, donde el bienestar, el derecho de vivir en paz y de disfrutar de las garantías establecidas en la nueva Constitución se configuren plenamente como una realidad respetada y acatada por todos y en especial por quienes ejerzan las funciones correspondientes a las instituciones del Estado.

Que la Constitución producto de dicho proceso sea una auténtica realidad para la garantía y el ejercicio pleno de la libertad, la justicia, la democracia, la solidaridad y el progreso, y no un traje a la medida de los gobernantes de turno, como ha sido el curso histórico de la mayoría de nuestras constituciones.

1.Establecer definitivamente un Estado democrático, social, de Derecho y de justicia, Federal y descentralizado, que distribuya efectivamente sus competencias entre los tres niveles políticos territoriales: nacional, estadal y municipal, según la naturaleza de las mismas; asegurando instituciones administrativas fuertes en el nivel estadal y municipal, con las potestades legislativas de los Consejos Legislativos estadales y Cámaras Municipales correspondientes a las nuevas competencias que se descentralicen.

2.Establecer una descentralización tributaria efectiva, asegurando a los Estado y Municipios un buen soporte para su funcionamiento autónomo, en particular, mediante la participación efectiva y mayoritaria de los mismos en el producto del Impuesto al Valor Agregado.

3.Establecer en las Constituciones de los Estados, figuras institucionales autónomas, para la defensa de los ciudadanos del Estado (Defensor del Pueblo en los Estados) y para el Control fiscal en los mismos (Contralores Estadales).

4.Descentralizar los mecanismos institucionales de la Administración de justicia, de manera de asegurar que el ingreso a la carrera judicial y el control disciplinario de los jueces, se haga en los Estados e instituir las Cortes Regionales de Justicia.

5.Restablecer el Senado como Cámara Alta del órgano legislativo nacional que sirva de equilibrio entre los diversos niveles territoriales, en la cual participen en plano de igualdad los diversos Estados de la Federación.

6.Acercar el poder a los ciudadanos, mediante la multiplicación de los Municipios en el país, como las unidades políticas primarias de la organización nacional, de manera que sean los centros de gobierno local y mecanismos institucionales más importantes para asegurar la participación política democrática de los ciudadanos. Los Consejos Comunales y Asociaciones de Vecinos serán fortalecidos democráticamente y estarán integrados por ciudadanos electos, siendo estos los medios de transmisión entre el ciudadano y el Municipio.

7.Asegurar la separación de poderes en los órganos del Poder Público en los tres niveles político territoriales del Estado, y en especial en el nivel nacional, asegurar el sometimiento del Presidente de la República a la Constitución, limitando sus poderes en la administración de la Hacienda Pública y en sus actuaciones de carácter ejecutivo, a cuyo efecto, se propone la eliminación de la reelección en términos absolutos; es decir, no habrá reelección presidencial, y el establecimiento de la Doble Vuelta Electoral para la elección de cargos públicos ejecutivos, así como la elección directa y secreta del Vicepresidente de la República. Se limitará para casos extraordinarios y excepcionales, puntuales y con límite temporal, la posibilidad de la delegación legislativa (ley habilitante).

8.Establecer el principio de la sujeción de los militares y de la Fuerza Armada a la autoridad civil, manteniendo su derecho al voto y restableciendo su carácter apartidista para el cumplimiento de la misión de la institución militar de asegurar y mantener el orden democrático y su neutralidad política, eliminando todo tipo de proselitismo político en el ámbito militar, así como los órganos que no perteneciendo constitucionalmente a la Fuerza Armada, actúan actualmente como órganos milicianos o colectivos armados.

9.Restablecer la intervención del Senado en el proceso de ascensos de los oficiales superiores de las Fuerza Armada.

10.Restablecer la libertad de expresión plena, eliminando toda posibilidad de control y hegemonía comunicacional de parte del gobierno.

II.

El Poder Constituyente Originario de la Asamblea Nacional Constituyente que se convoca por iniciativa popular, no regulado por las normas establecidas por los poderes constituidos, será fiel a la tradición republicana, a la lucha por la independencia, la paz, la libertad, los valores, los derechos humanos, principios y garantías democráticos. En este sentido, nuestra actuación se fundamenta en los siguientes principios fundamentales:

1.Un cambio radical de las estructuras institucionales del país. Dicho cambio debe ser llevado adelante mediante vías pacíficas y constitucionales.

2.Creemos en un proceso de cambio en el que todo venezolano debe ser respetado en sus derechos, independientemente de su posición política.

3.Rechazamos y, por tanto, no creemos en salidas violentas de ninguna naturaleza, por lo que rechazamos enfáticamente iniciativas golpistas.

4.Creemos que para este cambio es imprescindible la participación de todos los venezolanos sin excepción, lo que implica transitar la vía justa de una gran reconciliación nacional.

5.Consideramos que la vía constitucional para lograr este nuevo modelo de país, en donde todos quepamos, es mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

6.Esta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe darse con la aplicación de unas Bases Constituyentes que garanticen la participación justa e imparcial de todos los venezolanos a través de todas sus formas de organización o representación social, política o gremial.

7.El Proceso Constituyente debe ser el centro primordial de discusión de todos y cada uno de los problemas que el país sufre y de las soluciones necesarias para recuperarlo de su actual crisis y proyectarlo con firmeza hacia el futuro.

8.Consideramos que todas las decisiones emanadas del Proceso Constituyente deben ser inspiradas y generadas por una actitud y acción de consenso.

9.Consideramos necesario desarrollar una amplia participación y consultas populares, para que el constituyente tenga conocimiento acertado del país en el que todos los venezolanos anhelamos y queremos vivir.

III.

Las Bases Constituyentes establecen las normas que rigen la iniciativa de Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria. Como manifestación del Poder Constituyente Originario, son de carácter Supra Constitucional, conformando un cuerpo normativo no vinculado por el ordenamiento jurídico que emana y regula al Poder Constituido.

Las Bases Constituyentes que regirán el proceso han sido redactadas respetando principios democráticos tales como la Soberanía Popular, la progresividad de los derechos humanos, la transparencia, el principio de igualdad participativa con el debido respeto a las minorías y el pluralismo político, la participación ciudadana, la elección de los Constituyentes por votación universal, directa, secreta con representación proporcional y mediante el Sistema de Votación Manual.

Para finalizar, es indispensable para nosotros señalar que al apoyar esta propuesta estamos dejando sentada nuestra posición en cuanto a la forma que consideramos más apropiada y menos traumática para la recuperación de nuestro país; por lo tanto y tal como ha sido siempre, nuestra disposición estará encaminada al logro de la unidad real dentro de la hoy inmensa mayoría que ha decidido que es necesario y urgente un cambio en la forma de ejercer la política para ponerla al servicio de TODOS.

En el año 2016, Valencia, España fue elegida Capital Mundial de la Alimentación 2017, reconocimiento que se hace en el marco del Pacto Mundial sobre la Política Alimentaria Urbana. Enrique Yeves, director general de comunicación de la FAO, justificó esta elección señalando que “Valencia se ha caracterizado en el último año por un profundo cambio de política en el que ha puesto el tema de la alimentación como uno de los ejes fundamentales en la gestión municipal con grandes resultados que ya se están viendo”[1].

Una de las actividades que Valencia desarrollará en el marco del año 2017, en su condición de capital mundial de la alimentación, es el Encuentro Mundial de Alcaldes, que se presenta como un espacio para compartir iniciativas y soluciones para garantizar, a través de políticas, el derecho y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria.

En México, específicamente en Puebla, 15 estados, entre ellos Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Zacatecas y Veracruz, se reúnen y acompañan a más de 200 productores agroindustriales en el III Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria que se celebra hasta el 15 de marzo de 2017[2]. Importante destacar que la Seguridad Alimentaria encuentra un espacio en el Plan de Desarrollo Municipal de Puebla, cuando el municipio asume el compromiso de incrementar el valor de la producción agrícola en el Municipio, como una forma de cooperar con el objetivo del Estado de impulsar un sistema agroalimentario eficiente y con el objetivo nacional que prevé construir un sector agropecuario y pesquero que garantice la seguridad alimentaria en México.

En otras palabras, el tema seguridad alimentaria incluye a todos los actores políticos y es un tema que está en el debate permanente de la sociedad en general.

Mientras los municipios, estados y gobiernos se ocupan en garantizar la seguridad alimentaria a sus ciudadanos, en Venezuela la política es controlar políticamente a la sociedad a través de una inseguridad alimentaria sostenida.

En tal sentido, la Asamblea Nacional acaba de aprobar el 14 de marzo de 2017 una Declaratoria de Crisis Humanitaria en materia alimentaria. Previamente, el 11 de febrero de 2016, es decir un año atrás, había aprobado un Acuerdo mediante el cual declaró crisis humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la población venezolana.

En este mismo contexto, el 21 de julio de 2016, la Asamblea en otro Acuerdo condenó y rechazó la represión política y violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.

Es importante destacar, en el marco del tema alimentario, que el 8 de febrero de 2017 la Asamblea, mediante un Acuerdo, registró la situación en materia nutricional de la población venezolana, elevando una serie de exigencias concretas al Ejecutivo Nacional, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República[3] para enfrentar la crisis nutricional.

En tal sentido, desde febrero de 2016, la Asamblea Nacional exigió al Presidente la presentación ante el Parlamento de un Plan de Seguridad Alimentaria, que garantizara, entre otras cosas, el abastecimiento de alimentos a los venezolanos de manera inmediata, a través del apego a la producción nacional y el uso de divisas en la importación de materia prima, insumos, agroquímico, repuesto y maquinarias para la producción agrícola y de alimentos en Venezuela.

Así mismo, desde febrero de 2016, la Asamblea Nacional también le exigió al Banco Central de Venezuela la publicación periódica y detallada de las cifras sobre escasez de alimentos. Así mismo, incluyó en el Acuerdo de febrero 2016 al Instituto Nacional de Estadística y al Instituto Nacional de Nutrición, exigiendo la publicación perentoria, periódica y actualizada de cifras relativas a la pobreza, esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, desnutrición infantil, disponibilidad energética en la dieta de los venezolanos, población con acceso a agua potable, índice nacional de precios al consumidor y costo de la canasta básica.

En el Acuerdo aprobado el 14 de marzo, la Asamblea Nacional exigió a los órganos del Poder Público que adopten, atendiendo a sus atribuciones respectivas, medidas institucionales y urgentes para combatir el hambre.

Por otro lado, en esos Acuerdos, la Asamblea Nacional se había comprometido a levantar información sobre los acuerdos celebrados en nombre de la República con otros países en materia de intercambio de alimentos y transferencia de tecnología alimentaria o asistencia de producción.

También se comprometió a solicitar información sobre el estado de las operaciones de la Corporación Venezolana de Alimentos, de todas las empresas del Estado o administradas por el mismo, dedicadas a la producción agrícola, de alimentos, y materias primas e insumos para estos sectores, de la superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria y la red de distribución pública de alimentos en general, los planes que aquel ministerio desarrolla y los indicadores que le sirven de base para su misión.

El Acuerdo de marzo de 2017 creó una Comisión especial responsable de definir, con participación de todos los sectores políticos, sociales y económicos y mediante consultas desarrolladas en el ámbito local, regional y nacional, las acciones que deben emprenderse para impedir que la crisis alimentaria siga causando perjuicios a veces irreversibles a los venezolanos y venezolanas.

A esa Comisión se le delegó la tarea de identificar fuentes de cooperación internacional para combatir el hambre en Venezuela, incorporando a Caritas de Venezuela a sus actividades y mediante visitas a delegaciones diplomáticas y a organismos internacionales.

Por último, la Asamblea Nacional se comprometió a la pronta presentación y discusión de un Proyecto de Ley sobre la Crisis Humanitaria en materia Alimentaria, que recoja lineamientos fundamentales dirigidos a proteger a la población frente al hambre. En este sentido y como forma de contribuir a un debate sobre la producción nacional, el pasado 30 de noviembre la Asamblea Nacional sancionó la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional.

El problema del desabastecimiento de alimentos, una de las expresiones de la crisis humanitaria en materia de seguridad alimentaria, fue precisamente una de las razones que la Asamblea Nacional argumentó cuando planteó la responsabilidad política del Presidente Nicolás Maduro el pasado 13 de diciembre de 2016.

La Asamblea Nacional en aquel Acuerdo de diciembre expresó de manera expresa que el desabastecimiento es consecuencia de la agudización de la crisis económica, cuyo único responsable es el Presidente Nicolás Maduro en su condición de administrador de la hacienda pública nacional, cuya actuación está sometida a una serie de principios que están claramente recogidos en la Constitución Nacional.

[1]Valenciaextra.com Valencia capital mundial de la alimentación sostenible. 15 de octubre de 2016. Online en: http://valenciaextra.com/es/valencia-capital-mundial-de-lalimentacio-sostenible/

[2]El Sol de Puebla. Inauguran tercer encuentro de seguridad alimentaria. 11 de marzo de 2017. Online en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/inauguran-tercer-encuentro-de-seguridad-alimentaria

[3] Romero, Carlos. La Asamblea Nacional y su posición frente a la crisis nutricional del país. 9 DE FEBRERO 2017. Online en: http://estado-ley-democracia.blogspot.com/2017/02/la-asamblea-nacional-y-su-posicion.html

Artículo escrito para Politika UCAB, 17 de marzo de 2017

https://politikaucab.net/2017/03/17/la-seguridad-alimentaria-en-la-agend...

Apreciación de la situación política #100

Las últimas declaraciones del jefe del régimen denunciando que grupos internos de la revolución pretenden darle una puñalada por la espalda no deberían tomarse a la ligera. La “puñalada trapera”, porque de eso se trataría, el jefe denunciante no precisó, para variar, de donde provendría, solo especificó que algunos grupos internos querían ¿O le estaban solicitando? proponer un plan reformista que sería una traición a los postulados de la revolución bolivariana y del legado del difunto eterno.

La declaración revela, como dice el dicho “algo huele mal en Dinamarca” que las cosa no están bien dentro del régimen. Y tampoco debería sorprendernos, pues desde la llegada del actual mandamás hace cuatro años, los analistas y estudiosos del tema político en nuestro país y específicamente del PSUV y del gobierno, siempre han intentado destacar que el régimen no es lo homogéneo que le gustaría ser, que en realidad existen facciones internas con diferentes intereses y cuotas del poder que hasta ahora el jefe no ha podido desarticular o someterlos completamente. Desde planificadores, ministros y economistas que formaron parte del gobierno del difunto, hasta militares retirados que abrogan ser los auténticos chavistas y defensores de su legado, han dejado testimonios de que al interno conviven grupos de presión que no están de acuerdo con la conducción del gobierno.

La desastrosa situación de escasez de alimentos y otros insumos, con una alta inflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de más del 80% de los venezolanos y la inseguridad imperante en las calles, son realidades a las que diariamente los simpatizantes del chavismo, los militares y sus familias deben enfrentarse continuamente sin importar el color o la simpatía política de su preferencia. La crisis económica está allí, existe, y parece que los únicos que no lo ven son precisamente los del gobierno.

Así que no es de extrañar que muchos con las camisetas rojas ya estén convencidos que con las medidas económicas actuales las penurias no van a desaparecer y, por el contrario, se van a agravar en el futuro cercano, por lo que la presión hacia el gobierno para que cambie su visión económica deben ser muy grandes, de allí que tampoco es de extrañar que exista un “plan o propuesta reformista” desde el propio régimen que le permita ir saliendo del marasmo en el cual nos encontramos. En consecuencia, de ahí a pasar a solicitarle su renuncia al mandatario no hay mucho espacio y tiempo. No se puede pedir a un pueblo con hambre y en penurias, seguir defendiendo una revolución de malandros, eso fue con el difunto, no con este.

¡Puñalada trapera! exclama el conductor del autobús. “Cuando el rio suena es porque piedras trae…” dirán otros.

Lester L López O 20/03/17

@lesterllopezo

Con su muerte, Chávez pasó de ser un líder carismático y populista a un negocio redondo para tirios y troyanos. Por un lado, para los que se consideran sus herederos con el único objeto de conservar el poder y, por el otro, quienes han hecho del antichavismo una manera de ganar adeptos y una razón para copar buena parte de la escena política.

Chávez es nuestra figura política central desde hace veinticinco años. Del por ahora hasta la jura sobre la moribunda Constitución de 1961, se mantuvo como la esperanza viviente de millones de venezolanos hastiados del bipartidismo, de la corrupción, de las amantes todopoderosas y de las huestes que se movían tras ellas y de las imperfecciones de un modo de gobernar cada vez más distanciado de los intereses populares y crecientemente determinado y usufructuado por las maquinarias partidistas.

La figura de Chávez es a la política venezolana lo que las ventajas comparativas son al comercio internacional. Si todas las naciones tuvieran el mismo clima, tipo de tierra y demás caracteres que influyen en la producción agropecuaria e industrial, todas estarían en capacidad de producir de todo y –por ejemplo– la campiña francesa perdería la exclusividad de producir los mejores vinos del mundo, España no podría mostrar con arrogancia su jamón de Jabugo, ni Noruega su exquisito salmón ahumado. Así, si en un ejercicio de imaginación apartáramos de nuestras mentes la existencia de Chávez, con éste desaparecerían los usufructuarios de su paso terrenal: el Gran Polo Patriótico y la Mesa de la Unidad Democrática, Yin y Yang de nuestro acontecer político.

Pues aun cuando parezca arriesgado decirlo, ambos nacieron del mismo vientre y se nutren a través del mismo cordón umbilical. ¿Acaso no fue eso lo que se evidenció en las elecciones presidenciales de 2013 y en las legislativas del 6D? En las primeras se oyó decir hasta el cansancio: Chávez, te lo juro, yo voto por Maduro, mientras que en las decembrinas se invitaba a votar por La Manito, obviando con desenfado los nombres e historias de los candidatos escogidos por el dedo cupular de la MUD.

Por interés de unos y de otros, este País ha sido llevado mansamente a una confrontación sin doctrinas ni proyectos concretos y viables. Ya es lugar común oír las guapetonerías de Diosdado, las bobadas de Maduro o las simplezas de Capriles, en sus permanentes búsquedas de cámaras y espacios. Todos simulan estar en una gallera aupando a sus gallos de pelea, cuando en verdad están bailando el pacífico y multicolor sebucán, tejiendo cintas alrededor del palo ceremonial: Chávez.

La gran fortaleza del régimen cuya cabeza visible es Maduro, reside en que el mundo político, con absoluto desprecio por el interés de la gente, es tan usufructuario del chavismo como del antichavismo. La arrogante escogencia a capricho de los candidatos de la MUD para el 6D es prueba de ello, a sabiendas de que el enfurecido antichavista votaría por los suyos temperamentalmente, sin preguntarse si los postulados tenían Cédula de Identidad o eran connacionales –lo cual no es nuevo– pues desde hace bastante tiempo el venezolano ha votado mirando hacia atrás, con ánimo de castigar al último mal gobierno y ocupándose poco de las metas y retos del futuro.

La conducta de los partidos de la MUD nos hace recordar aquello de «Métete con el santo, pero no con la limosna». Sapos y culebras contra el comandante eterno y sus discípulos son perfectamente admisibles para ella, pero la aplicación de la Carta Democrática se debe evitar, pues podría acabar con el negocio común. De no ser así ¿Por qué cada vez que el régimen se encuentra al borde del knock out, salen los seconds de la esquina «contraria» a prestarle auxilio con las toallas del diálogo y de la desmovilización popular?

A medida que transcurren los días se hace más evidente la componenda entre los «rivales» y se nota con más fuerza la orfandad de la gente común. Mientras ésta espere de la MUD la solución de los horribles problemas que la aquejan, nada pasará, pero como nada es eterno y no se puede mantener engañado a todos todo el tiempo, un día el sol, en hombros del común, asomará con gran fuerza por el horizonte de la libertad.

NOTA:  Mientras preparaba éste artículo para colocarlo en la red, encontré un tuit de fecha 14 de marzo de 2017, de Nitu Pérez Osuna, que a la letra dice:  "Suspendidas actividades de la AN hasta el 21, la prometida plenaria para solicitar la activación de la Carta Democrática no se hará".

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

Circula la carta que varios secretarios generales regionales del Colegio Nacional de Periodistas, entre ellos la del estado Aragua, licenciada Amira Muci Castillo, hacen llegar al Presidente del CNP, Tinedo Guía, juzgándolo y condenándolo por asumir responsabilidad e integrarse a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), según ellos, organización partidista que defiende los intereses políticos “de un solo sector de la sociedad venezolana…”, lo que desdice de su imparcialidad. ¿Habráse visto? Permítanme decirles a los dirigentes gremiales que los periodistas no podemos ni debemos ser imparciales entre el bien y el mal y que nuestra fundamental bandera de lucha es por la libertad y la democracia; además, la MUD no es un “sector de la sociedad”, es la sociedad civil misma.

A través de nuestra historia, que data desde el descubrimiento, los periodistas han narrado los hechos sucedidos desde entonces y hasta esta hora, y no precisamente por afán de registrarlos como tal sino que, apegados a los escasos principios morales de la época, dejaron testimonio del trato que se nos dio en ese tiempo.

Más recientemente recordamos a periodistas como Juan Vicente González, Antonio Leocadio Guzmán, Leoncio Martínez “Leo”, Andrés Eloy Blanco, Aquiles Nazoa, Ana Luisa Llovera, María Teresa Castillo, Fabricio Ojeda, Luis Evaristo Ramírez, Guillermo García Ponce y otros que desde la Junta Patriótica y la AVP (Asociación Venezolana de Periodistas) mantuvieron una férrea lucha contra la dictadura en defensa de las libertades y la democracia. Y no me vengan con el cuento de que estamos en democracia.

La posición blandengue y pusilánime de muchos periódicos y periodistas de prensa, radio y televisión es la que da oxígeno al nefasto régimen devenido en tiranía. Ya basta de apologistas y panegiristas entregados a las dádivas y a las cuñas “institucionales” que ninguna función cumplen porque todo el mundo sabe que este gobierno es pura paja, pura muela, pura bulla, pura coba. (JRD)

Ya basta de periodistas cuidadores del cargos, maduradores de cambur, calentadores de sillas, guardadores de arepas (que no hay, por cierto), escribidores de gacetillas que no llegan a ninguna parte y, si llegan, caen en el cesto de la basura porque esos medios ni regala’os tienen quien los lea, los vea o los oiga. Pura pérdida de tiempo, de recursos y de dignidad.

Tinedo Guía, tú no puedes ser imparcial entre el bien y el mal y estás en la obligación guiar la acción periodística hacia la democracia, hacia la libertad, hacia la recuperación de la industria periodística (¡sí, industria!) y gráfica y hacia la recuperación de miles de empleos que se han perdido por la confiscación de uno de los más sagrados derechos del hombre y de la mujer, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información y de opinión y la libertad de trabajo.

joserosariodelgado@outlook.com