A propósito de que el venidero 10 de Mayo se conmemorará un nuevo aniversario del nacimiento del gran mago de la luz Armando Reverón, así como también el Día del Artista Plástico, la Coordinación de Cultura de la Universidad Bolivariana de Venezuela (Sede Barinas) realizará un evento denominado “Fiesta de la mirada”, el cual tendrá lugar en el auditorio de la referida institución el Jueves 12 de Mayo 2016 a partir de las 9:30 am. Durante el mismo se proyectará el Video-Documental “Reverón”, de Margot Benacerraf; por su parte, el reconocido maestro Aquiles Ortiz Bravo disertará sobre la “La naturaleza muerta en la historia del arte", y se inaugurará la exposición “Poemografía” del artista barinés Arnaldo Erazzo.
TE ESPERAMOS!!!
UBV Barinas: Avenida Industrial con Avenida Cararabobo, diagonal al PSUV y frente a Diario La Noticia

Sorprende que en un naufragio tan catastrófico y evidente no hayan surgido ya dirigentes decididos a salvar el barco y persuadir que a todos nos va la vida en ello, no importa el color político. Con un gobierno empeñado en ignorarlo, negarlo o convertirlo en conspiración del imperialismo capitalista, la gente echa de menos a estadistas. Estos no son extraterrestres y hacen falta del lado del gobierno y de la oposición. Al estadista lo distingue su capacidad de superar la parcialidad electoral inmediatista y el beneficio personal o partidista, con una visión y voluntad de país que reta y convence a la sociedad y suscita una creatividad nueva e inclusiva.
Cada día aumentan en todos los sectores el sufrimiento y la conciencia de la gravedad, pero no la sensación de que las soluciones están más cerca, y el malestar se incrementa con el juego de pin-pon entre la Asamblea que hace nuevas leyes y el Ejecutivo que manda bloquearlas. En los que se alegraron por la profunda derrota electoral madurista, se va enfriando la esperanza, pues les parece que la MUD se diluye como voluntad y estrategia unitaria alternativa y que se van imponiendo los intereses particulares partidistas, o que hacen propuestas inviables con la ideología reinante.
Por otra parte, el gobierno sorprende y disgusta a muchos de sus propios simpatizantes nacionales e internacionales, por su parálisis mental e incapacidad de tomar decisiones, mientras la catástrofe se agrava y crece la agresividad política y social.
El pesimismo también reavive teorías fatalistas sobre la inferioridad de nosotros como nación con un determinismo genético-histórico que nos predestina al fracaso. Les parece de mal gusto soñar con una Venezuela de esperanza, recordar lo que nuestro país logró en circunstancias difíciles del pasado, con pactos entre adversarios y tolerancias sociales ejemplares; incluso les parece evasivo poner ante los ojos a países latinoamericanos que sufrieron situaciones catastróficas peores y se refugiaban en nuestra amplia hospitalidad. Esas naciones superaron las coyunturas adversas y quienes nos envidiaban son hoy nuestra envidia. Pasan los días y lo que en diciembre fue esperanza y primavera se va transformando en invierno fatalista y se contagia la enfermedad de la antipolítica.
Por lo contrario, la realidad clama por estadistas guiados por la Constitución democrática y capaces de soñar con los pies en la tierra y de encontrar razones para ir juntos, como única posibilidad de construir exitosamente. Estadistas capaces de crear un relato de esperanza novedoso y transformador donde la muerte se convierte en vida, por el esfuerzo de la gente. Crear el relato y creer en él, contagiar esa fe a toda la población, transmitir convicciones, convocar y aglutinar. No pedimos milagros, pero sí sensatez. No hacen falta genios de la economía ni doctores de la política, sino voluntades con ética, remeros decididos a remontar corrientes adversas, concertar una decena de medidas claves y aplicarlas con decisión; su éxito depende de que sean deseados y apoyados por la gente y por líderes significativos de la actual oposición, del chavismo y de la Fuerza Armada, decididos a cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Los comunicadores y sus diversos medios son decisivos, pues la población debe sentir en carne propia la propuesta y sus efectos en la llegada inmediata de medicinas, alivio en los supermercados, mercales, abastos, farmacias y centros de salud, y signos de liberación en las cárceles políticas. Decisiones negociadas internacionalmente con más pragmatismo y menos ideología. Decisiones que no se quedan en ayudas momentáneas, sino que van a políticas económicas que desbloquean la actividad empresarial y hacen a nuestro país atractivo para la inversión y la productividad. Medidas que combinen el estímulo a la creatividad empresarial con la nueva visión social inclusiva de la empresa, como camino de superación de la pobreza y esperanza de los pobres, con políticas que fortalecen su organización y productividad y multiplican sus oportunidades.
Camino de drástica recuperación ética y lucha por el rescate constitucional de las instituciones y el implacable castigo a la corrupción y al saqueo público. Necesitamos un gobierno de salvación nacional capaz de hacer más con menos, tomar decisiones difíciles, responder al país que a gritos silenciosos pide reconciliación. Un gobierno de transición que se pone límite temporal a sí mismo, pues los partos felices no pasan de nueve meses de embarazo.
El Nacional
http://runrun.es/opinion/259502/donde-estan-los-estadistas-por-luis-ugal...

Democracia Económica
En el sector público venezolano se consiguen expresiones participativas desde los años 60 en disposiciones legales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del Banco Central de Venezuela (BCV). Conocida fue la representación laboral en la junta directiva de las empresas impulsada por el presidente Carlos Andrés Pérez mediante la Ley de Representación de los Trabajadores en los Directorios de las Empresas del Estado, los Institutos Autónomos y los Organismos de Desarrollo del 11/7/1966, reformada el 23/12/1969. Esa opción podría denominarse de cogestión parcial al permitir solo la presencia de dos trabajadores en esas instancias de cinco, siete o más directivos; conocida es también la participación accionaria de 9.043 extrabajadores con acciones Clase B de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
La reforma de la Ley Orgánica de Trabajo (LOT, 1977) amplía la participación al establecer en su artículo 610 que “en los directorios, juntas directivas o administradoras o consejos de administración de los institutos autónomos y organismos de desarrollo económico o social del sector público, y de las empresas en que el estado u otra persona de Derecho Público sea titular de más del cincuenta por ciento (50%) del capital, existirán por lo menos dos (2) directores laborales… ”.
Para el sector privado, la cogestión viene propuesta en el artículo 623 de la LOT: “Las empresas del sector privado que introduzcan en su funcionamiento disposiciones similares a las establecidas para los organismos del sector público en los artículos anteriores gozarán de protección especial. El Ejecutivo Nacional dictará por vía de reglamentación normas que tiendan a concretar y regularizar esta protección y a estimular la participación laboral, la cual dará derecho a un trato preferencial en la medida en que contribuya a la armonía de los factores de la producción con miras al desarrollo social y económico y al aumento de la productividad”. El 624 agrega: “Continuarán en vigencia aquellas formas de participación en la gestión que sean más amplias que la prevista en esta Ley, vigentes a la fecha de su sanción en organismos de carácter público”.
Estas regulaciones, tanto las de Pérez como las de la LOT, fueron derogadas en el año 2000. Ese mismo año, el 1ª de mayo, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Fuerza Bolivariana de Trabajadores presentaron el Proyecto de Ley de Participación de los Trabajadores y Trabajadoras en la Gestión de las Empresas Públicas y Privadas, y el gobierno la desconsideró a pesar de sus relaciones de entonces.
Por su parte, el sindicalismo integrado en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) formuló una propuesta de cogestión a la venezolana discutida en su VIII Congreso (Porlamar, 1980) que se basó en que el factor trabajo es factor fundamental de la empresa y debe participar en la gestión en similares condiciones a los representantes del capital en todos los niveles y sin diferenciar entre privadas o públicas. En esa fórmula aparece un “miembro neutro” nombrado de común acuerdo entre patronos y trabajadores, que asiste a reuniones de junta directiva pero solo vota en casos de empate. En 1986 la CTV crea el Departamento de Cogestión para fomentar esta modalidad formando dirigentes sindicales mediante cursos y talleres.
En los años del presente gobierno, fiel al modelo burocrático manu militari, las propuestas “participativas” o “modelos sociales” vienen desde arriba, han sido varios y todos fracasados. Son célebres: 1) los sistemas de aldeas rurales auto-organizadas sustentables (Saraos), suerte de fundo colectivo diseñado por el Ministerio de Planificación estructurado sobre cooperativas de 24 familias; desde antes de ser diseñados, varios grupos pro gobierno —imbuidos de “viveza criolla”— los pusieron en marcha para obtener apoyos; 2) el proyecto de gallineros verticales del ministro Nelson Merentes; 3) los cultivos hidropónicos y huertos intensivos traídos por la Universidad Agraria de La Habana y puestos en marcha por una brigada de infantería del Ejército en terrenos del Metro de Caracas, administrados por una cooperativa de San Agustín del Sur; 4) los fundos zamoranos, modelo agro-productivo de corte socialista llamado a impulsar la constitución de mercados socialistas que evitarían la intermediación; 5) los núcleos de desarrollo endógeno (Nudes), impulsados directamente por el mandatario nacional; 6) las empresas de propiedad social (EPS, 2005), modelo impuesto a cooperativas y empresas que deseen contratar con empresas públicas como Pdvsa y la CVG que debían cancelar salarios similares a todos sus trabajadores y destinar 10% de las ganancias o excedentes a actividades de responsabilidad social; 7) la mal llamada cogestión combinada con cooperativas pues realmente fue una engañosa participación accionaria cuya peor experiencia fue la de Venepal; 8) los consejos de gestión socialista de los trabajadores y trabajadoras impuestos a Corpoelec sin mayor trascendencia y con dedocracia como método de participación; 9) el control obrero impuesto en las industrias básicas y minería por la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana, que no superó la etapa de los ejercicios retóricos y de reuniones de personas seleccionadas también a dedo por niveles superiores, tan vacía de participación fue esta propuesta que fracasado el modelo, la casi totalidad de esas empresas son dirigidas por militares.
Otros: 10) los consejos comunales, figura establecida por ley del 9/4/2006 y relanzada mediante ley orgánica de diciembre de 2009, con uso utilitario e ilegal de unas cooperativas de ahorro y crédito - sin ahorros ni créditos -, como supuestos bancos comunales receptores de aportes gubernamentales, menos mal que la Ley Orgánica de Comunas del 21/12/2010 eliminó ese exabrupto legal; 11) las empresas socialistas o empresas de propiedad social (EPS, 2008), que provendrían de las comunidades a través de los consejos comunales o de cooperativas que bajo supuesta cogestión decidieran devolver sus acciones al Estado, ellas serían de administración directa si fuesen administradas por los trabajadores e indirecta si por el Estado, desarrollarían los consejos de trabajadores, figura impulsada por el gobierno en empresas privadas como Sanitarios Maracay, INAF, Textilera Gotcha y otras; y 12) la comuna, figura propuesta en la idea de la nueva geometría territorial rechazada en el referéndum del año 2007 pero incorporada antidemocráticamente en el marco legal mediante la Ley Orgánica de Comunas, cuyo Parlamento Comunal, figura local, fue sacado de la manga en diciembre 2015 por el presidente saliente de la Asamblea Nacional en un esfuerzo desesperado por ocultar el rotundo triunfo de la oposición y que no pasó de un saludo a la bandera.
Para esos modelos de escritorio, el gobierno puso en marcha un andamiaje burocrático sin concepto, dirección y participación del supuesto sector protagónico: 1) Misión Vuelvan Caras, luego Misión Che Guevara desde el 2007; 2) Plan Fábrica Socialista; 3) ministro de Estado para el Desarrollo de la Economía Social (¡Merentes!, noviembre de 2002); 4) Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular (Minep) y Ministerio de Desarrollo Endógeno (septiembre de 2004); 5) Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal (Minec, marzo de 2007), ministerio con un reglamento orgánico que no menciona las cooperativas y en las atribuciones de la Oficina para la Economía Comunal ¡se refiere solo a la economía informal!; 6) Ministerio para la Economía Comunal (2009); 7) Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social por fusión del Ministerio para la Economía Popular y el Ministerio de Participación y Protección Social; y 8) un sistema disperso de financiamiento microempresarial con base en la Ley de Microfinanzas, constituido fundamentalmente por bancos estatales: Banco del Pueblo Soberano, Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Banco de la Mujer (BanMujer), Banco de Fomento Regional Los Andes (Banfoandes), e Instituto Nacional para la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), amén de numerosos fondos y dispositivos en gobernaciones y alcaldías con cifras jamás consolidadas.
Este panorama de imposiciones económicas quedaría incompleto de no observarse la amplia cantidad de empresas estatizadas y lo hecho por el ahora inocente Jorge Giordani, ex ministro de Planificación, con las casas de bolsa. Ellas, con mecanismos que les permitían a ciudadanos comunes decidir cómo y dónde invertir directamente en el mercado de capitales obviando los filtros de bancos públicos y privados que hacían y hacen jugosas ganancias con sus ahorros, fueron eliminadas de un caprichoso plumazo a favor del capitalismo bancario y en contra de jóvenes directivos de esas casas que sufrieron presidio injustificado.
Con esa decisión, el gobierno mutiló el único sistema financiero que impulsaba el valor del ahorro, la inversión, la previsión familiar, laboral y de vejez mediante fideicomisos y ahorros dirigidos en el país; años después, el gobierno permitió el funcionamiento de esas casas permitiéndoles realizar las mismas operaciones por las que las cerró, sin reconocer su error ni resarcir el tiempo de presidio de los directivos mencionados. ¡Giordani jugó a favor del sistema bancario!
Profesor UCV
oscarbastidasdelgado@gmail.com
@oscarbastidas25

Durante la primera semana del mes de mayo en 1975, la Huelga de los Entrenadores, marcó un hito en la historia deportiva no solamente nacional sino internacional, porque era la primera manifestación de ese tipo, que se daba en el sector de los trabajadores del deporte a nivel mundial.
Además, debemos destacar que la referida acción, en procura de reivindicaciones laborales contó con el apoyo solidario de las distintas organizaciones gremiales y sindicales que hacían vida en la Venezuela de ese momento, así como también la de padres, representantes, atletas y docentes de todo el territorio nacional.
Es loable mencionar en este momento la presencia de Isaac Olivera como presidente de la Federación Venezolana de Maestros, los periodistas deportivos que unidos todos en su organización gremial Colegio Nacional de Periodistas, Círculo de Periodistas Deportivos y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa brindaron un apoyo irrestricto a la huelga de los entrenadores. Así como las distintas organizaciones gremiales y sindicales de los distintos sectores laborales del país representados por la Confederación Venezolana de Trabajadores C.T.V.
El 8 de mayo quedó establecido oficialmente como el “Día del Entrenador Deportivo” en reconocimiento a la gesta que se había librado durante toda esa semana y en esa fecha alcanzó la solución a las demandas laborales requeridas por los entrenadores en ese momento.
Los logros gremiales alcanzados quedaron plasmados en el contrato colectivo denominado “Las Bases Normativas”. Las cláusulas de importancia contenidas en ese documento laboral fueron múltiples y variadas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a de los entrenadores a tener una contratación colectiva con el patrón del Instituto Nacional de Deportes, la indexación salarial en base a los índices inflacionarios que mostrara el Banco Central de Venezuela, es decir, anualmente el salario de los trabajadores del Instituto se iba a mover de acuerdo a las escalas inflacionarias señaladas por el mencionado Banco, esta cláusula pasó a ser un punto de referencia obligatorio en los contratos colectivos de Venezuela.
También se contempla la clasificación del personal, en unas escalas previamente señaladas en un Manual de Clasificación de Cargos de los Entrenadores Deportivos que se desempeñan en la Administración Pública Nacional. Este manual es un elemento de vital importancia porque le dió jerarquía a este sector laboral, con fisonomía propia, dentro de la administración pública venezolana.
La seguridad social de los trabajadores se vio fortalecida con el establecimiento de los seguros HCM, el establecimiento de las cajas de ahorro con el aporte del 10% y el aporte patronal del 10%, la denominación del salario integral de los trabajadores, el establecimiento de comisiones bipartitas y tripartitas para conocer el caso de los despidos que se presentaran en el Instituto Nacional de Deportes.
Pero no todo fue una ganancia para el gremio, el gobierno nacional en una clara conducta retaliativa ordenó el cierre de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos alegando que en ese centro de formación de docentes deportivos se estaban formando los guerrilleros del deporte venezolano, provocando con esa descabellada acción, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de los entrenadores requeridos por el país. Todos los programas sustitutivos, tales como Monitores Deportivos y el Bachillerato Deportivo no pasaron de ser falsas ilusiones y de una efímera duración.
A 41 años de esa gesta gremial, los problemas laborales que dieron origen a la huelga, lejos de resolverse, se han agravado: Los entrenadores venezolanos han sido sustituidos por 10.000 “entrenadores” cubanos, la seguridad social de los trabajadores ha empeorado, los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, no se les reconoce la homologación de las pensiones a los trabajadores jubilados, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM son manejados unilateralmente por el patrón, los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelación.
Una de las más importantes características de los diecisiete años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada Revolución bolivariana.
Desde su propio inicio, se observó que existía un marcado interés en destruir todos los elementos de control que exigen obligatoriamente las Finanzas Públicas, para de esa manera lograr comprometer a los funcionarios públicos, por encima de la lealtad normal que debe existir con un gobierno, y al mismo tiempo permitir que los dineros públicos se manejaran, sin ningún control, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos.
En el sector deportivo, quienes han pasado por los cargos administrativos de Ministro del Deporte y Presidente del Instituto Nacional de Deporte, han implantado y desarrollado una política que bien podemos caracterizarla como “El saqueo de los recursos presupuestarios”. Diferentes encargados de los puestos burocráticos, han permitido en sus gestiones que los dineros del deporte hayan sido malversados o apropiados indebidamente a favor de una minoría corrupta.
Bajo sus mandatos como gerentes de gobierno permitieron, de la manera más descarada, la firma de un leonino convenio con Cuba para la traída de 10.000 “entrenadores” al país, que solo ha servido como una fuente inagotable de entrega de divisas al régimen dictatorial de los hermanos Castro y adicionalmente, para el trato discriminatorio de los entrenadores deportivos activos, pensionados y jubilados al desconocerles su derecho a la homologación salarial y la aplicación de las normas establecidas en su contratación colectiva. Destaca el hecho de la remuneración en dólares para los cubanos y en bolívares devaluados para los entrenadores criollos.
La eliminación de los procesos de licitaciones para dar paso a la asignación directa de contratos para los servicios de alojamiento, alimentación, dotación de uniformes y transporte. Igualmente, vieron en la asignación de contratos para la construcción y reparación de las instalaciones deportivas una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito. Ejemplo de ello, entre otros, lo constituyen los Juegos Deportivos Nacionales, el Estadio Iberoamericano de Maracay, el Estadio de Softbol en Fuerte Tiuna y los Estadios construidos para la Copa América de Futbol.
Al mejor estilo de la mafia siciliana o la “Cosa Nostra”, transformaron el proceso de tramitación de divisas a Cadivi, en un mecanismo de estafa con la falsificación de expedientes y el cobro de peajes a los dirigentes deportivos para acelerar la entrega de recursos.
No podían, estos corruptos gerentes, dejar por fuera la compra de conciencias o silencios cómplices, y para ello, como unos Antonini Wilson cualquiera, implementaron los “maletinazos” cargados de dólares para tales operaciones en el marco de los eventos internacionales.
Establecieron una política de persecución y cerco presupuestario contra las federaciones deportivas, con la finalidad de silenciar cualquier intento de protesta o reclamo. Además, mantienen en el limbo la legalidad del sector deportivo federado al no entregarles las Providencias Administrativas una vez culminado sus procesos electorales. La inseguridad del deporte se profundiza cuando las autoridades niegan o no responden a la presentación de los Programas Operativos Anuales de las federaciones.
Militarizaron, la organización de los Juegos Universitarios y procedieron a la asignación de sedes en base a criterios de identificación ideológica, interviniendo de manera descarada la autonomía de FEVEDES,
Los eventos deportivos internacionales se transformaron en una mina de oro, por las divisas que emplean en su organización y posterior desarrollo, lo que motivó a las autoridades a solicitar cualquier cantidad de eventos. Mientras más grande sea mucho mejor será. No fue gratuita, la solicitud de la sede de los Juegos Panamericanos para Ciudad Bolívar o los Bolivarianos de Playa para el Estado Vargas o la Copa América de Futbol…..pidan que algo queda, era la consigna.
Pero, la joya de la corona fue el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Allí, el corrupto gerente, procedió a eliminar las reuniones del Directorio del IND para así tener plena y absoluta libertad en la administración de los dineros del fondo. En consecuencia, los 325.143.361 millones de bolívares aportados por las empresas al Fondo fueron dilapidados “discrecionalmente” sin que hasta el momento el ministro o quienes lo sucedieron en el cargo hayan presentado las cuentas correspondientes a los organismos contralores del Estado. Lejos de aplicar los mecanismos que garantizaran la transparencia en el manejo de los recursos del Fondo, el Ejecutivo Nacional los transfirió a la Tesorería Nacional, dejando al deporte sin posibilidad alguna de acceder a estos recursos.
Después de ese festín de millones, al final nos conseguimos con la insólita suspensión de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 ¡¡¡¡Por falta de recursos presupuestarios!!!!
Todo este andamiaje contó y sigue contando con la complicidad de los organismos Contralores del Estado que se han hecho la vista gorda frente a los desmanes de las corruptelas enquistadas en los organismos gubernamentales y olímpicos del sector deportivo venezolano.
A manera de conclusión, en este expediente rojo, los hechos demuestran fehacientemente la concurrencia de hechos punibles tales como: peculado de uso, estafa, extorsión, chantaje, malversación, hurto, blanqueo de capitales, compras con sobreprecio, violación a la Ley de Licitaciones, ilícitos cambiarios, convenios leoninos etc., etc., situación tipificada por el Código Penal como “Concurso Real de Delitos”, que tiene lugar cuando el mismo agente o funcionario realiza uno o varios actos encaminados a fines distintos y ocasionan diversas infracciones, independientes las unas de las otras. Queda claro, que para la dirigencia corrupta del sector “Hacer deporte es…Hacer dinero.”
El Deporte merece dejar de ser un antro de corrupción. No solo lo merece, lo demanda. Por eso, se impone que atletas, entrenadores, dirigentes, obreros, empleados del sector, padres y representantes tomen el protagonismo de su destino. Nos toca escribir nuestra propia historia.
Pacífica y democráticamente nos incorporamos al llamado ciudadano para buscar una salida a la crisis económica, política y social en la cual estamos inmersos por la manifiesta incapacidad gubernamental. Solo con la salida del régimen autocrático, corrupto y totalitario se podrá lograr un cambio para el país. Es el tiempo constitucional del revocatorio.
Firmemente, Gente del Deporte le dice al país “Nosotros revocamos” de su cargo al mandatario que ha provocado la peor crisis que hemos vivido alguna vez como nación.
El Deporte Revoca la corrupción.
El Deporte Revoca la incapacidad gubernamental.
El Deporte Revoca la violencia institucional generada por los colectivos armados y los Pranes protegidos por el régimen.
El Deporte Revoca a quien como gobernante ha militarizado el régimen y criminalizado la protesta social.
El Deporte Revoca a los dirigentes de una mal llamada “revolución” que hizo de la actividad deportiva una fuente de enriquecimiento ilícito.
Hoy, más que nunca tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, como una expresión de compromiso social en las luchas gremiales:
“El Entrenador Deportivo debe ocupar permanentemente su puesto de lucha por Un Deporte Mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito. Solo la Unidad Gremial nos hará fuerte en la búsqueda y defensa de nuestros Derechos Sociales”
La historia, nos permite recordar que el pasado no está nunca terminado sino que permanece abierto y que en él reposan aún las semillas de otro presente y otro porvenir….la lucha continúa.

La nota de prensa de la semana
Con la presencia de excelentes ponentes se realizó este interesante foro promocionado por la organización civil Aragua en Red este miércoles, 4 de mayo, en la Cámara de Comercio e Industrias del estado Aragua en la av. Las Delicias de Maracay.
El Dr. Francisco Russo Betancourt Juez Superior del Estado Aragua (jubilado) disertó magistralmente sobre el tema : Los Contrapesos Institucionales de la República .Hizo un análisis detallado de abusos de poder reiterados en los organismos encargados no solo de impartir justicia como es caso del poder judicial a todos los niveles sino de aquellos encargados de garantizar que se respeten las decisiones en forma imparcial y sin interferencia y presiones del ejecutivo nacional como es el caso de La Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otros entes que obedecen a lineas políticas del PSUV.
El Dr. Perkins Rocha Magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa hizo un exhaustivo recuento sobre las reiteradas violaciones y atropellos a la Constitución Nacional de parte del Ejecutivo Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia y la injerencia descaradas y hasta públicas en decisiones que deberían ser tomadas autónomamente por el TSJ.El desconocimiento absurdo de la Asamblea Nacional como política de Estado en materias de exclusiva competencia de la AN è adecuados y exigentes para la selección que sea respetada y aceptada por todos. El bloqueo constante y rechazo de leyes aprobadas por la AN como Las leyes de Amnistía, Propiedad como es el caso de la vivienda, bono alimentario y de salud pata ciudadanos de la tercera edad entre otras.
El público presente tuvo la oportunidad de participar mediante preguntas y expresando sus opiniones sobre los aspectos tratados en este ilustrativo foro.‪
#‎Concluchino

El discurso de Maduro, en su mitin del 1° de mayo, manifiestó el uso que hace el totalitarismo de la ideología para encubrir realidades e intentar tranquilizar (¿?) a los suyos. En un delirio que sólo es explicable por su enajenación a la retórica comunistoide, llegó a “ordenar” una “huelga general indefinida” si algún día la “oligarquía” lograse sacarlo de Palacio (¡!). O sea, el Presidente que ha arruinado a la clase obrera, condenándola a un proceso acelerado de empobrecimiento por la inflación que sus políticas han desatado; destruido fuentes de empleo; reprimido y desarticulado el movimiento sindical; pospuesto indefinidamente la contratación colectiva en muchos entes públicos; y sometido a empleados y obreros a dictámenes políticos ajenos a sus intereses, ¡le ordena ahora a la clase obrera a alzarse en su defensa! Maduro -¡al fin!- ha acusado el golpe del repudio popular. Recoger 2 millones y medio de firmas para iniciar el proceso revocatorio en apenas dos días, cuando solo se requerían 196.000, lo tiene desesperado. De ahí sus intemperancias e intimidaciones ante a los seguidores que aún le quedan. “Para variar”, invocó una vez más las amenazas de magnicidio, ahora de francotiradores que estarían apostados en las azoteas aledañas a la Plaza Oleary, razón por la cual la marcha no culminara en ese espacio (¡!). Y no dejó de referirse, sin pena alguna, a la “guerra económica” como razón de sus embestidas. Y así, sintiéndose Bolívar liberando a la América, profirió: “Pongo como condición que cese la guerra económica o, si no, el pueblo, con Maduro, haremos una rebelión para llevar la revolución a América Latina y Venezuela”. Los intentos de Maduro de galvanizar a los suyos cuando siente que el mundo se le desmorona, con falsificaciones, inventos, proyecciones de batallas épicas y llamados a cerrar filas en torno a sí, corresponden al más clásico talante fascista. Sin duda es tentador caerse a embustes cuando uno está en aprietos, pero ello es a riesgo de que la realidad atropelle trágicamente a quien así busca evadirse. Tal conducta atemoriza, además, por su similitud con un grave trastorno siquiátrico, cuyas características extraigo de la siguiente cita de Wikipedia: “La esquizofrenia …. es un diagnóstico psiquiátrico que se utiliza para personas con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad, falta de percepción de la realidad, alteraciones en la percepción o en la expresión de la alteración de la realidad. La esquizofrenia causa además un cambio mantenido en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social. Entre los síntomas frecuentes están las creencias falsas, un pensamiento poco definido o confuso, alucinaciones auditivas (¿el pajarito eterno? –HGL), reducción de las actividades de relación y de la expresión de emociones, e inactividad.” No se trata de estigmatizar a quien padezca este trastorno, pero sí de alertar el peligro que representa que una persona que lo sufra pueda ocupar la Presidencia de la República, con responsabilidad máxima sobre una Fuerza Armada al frente de la cual se han colocado, deliberadamente, los gorilas de siempre, pero ahora absueltos por revestirse de “revolucionarios”, gracias a la retórica chavista. Economista, profesor de la UCV. humgarl@gmail.com

La independencia de los poderes públicos y su colaboración entre sí como contrapesos para lograr los fines del Estado. El tema que abordamos hoy resulta satisfactorio para cualquier abogado, especialmente cuando ha dedicado su vida al ejercicio de la judicatura por más de treinta años. Porque fui Juez, me permito en esta exposición comenzar señalando, que el doblez en la función jurisdiccional por el de la subordinación política es tan notoria y bochornosa en nuestro más Alto Tribunal, que se refleja en un afiche de Chávez colocado por un Juez a la puerta del tribunal a su cargo en el edificio Ariza donde funcionan los tribunales civiles de Valencia. Se perdieron los principios de autonomía e independencia por una lealtad que tiene pie de barros, como la que exhibía el magistrado Aponte Aponte, ahora testigo protegido del Estado norteamericano, denunciando a sus camaradas en la comisión de delitos que él mismo recién compartió. La función jurisdiccional es hoy de temores y de corruptelas ante la ausencia de valores personales, de carrera judicial y estabilidad profesional. Para concluir esta introducción recuerdo que hace muchos años escuché a un viejo magistrado, con M mayúscula, decir, que prefería a un Juez cargado de expedientes que cargado de temores. Es lo que hoy tenemos del TSJ para abajo. Temores y algo más. Hablar de la independencia de las distintas ramas del Poder Público y su interrelación y cooperación entre sí para cumplir los fines de un Estado moderno en un sistema de gobierno democrático, es un tema que sobresale en estos momentos por la agravada y perniciosa conducta ejercida desde hace ya algunos años, por el actual gobierno, de anular el ejercicio constitucional del poder legislativo y de manipular y controlar al llamado poder judicial representado por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero más grave aún, es la bochornosa utilización del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional para debilitar el ejercicio constitucional de la Asamblea Nacional en sus funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional y la de legislar en las materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. Nunca antes, ni en las dictaduras más recientes que hemos padecido habíamos visto al más Alto Tribunal del país, ejercer su ministerio del modo más dependiente y postrado al capricho de un presidente, como ocurre con el actual Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas Salas, y más aún en la Sala Constitucional. Por ello resulta relevante conversar hoy, sobre la independencia de los poderes públicos y los contrapesos que en ellos se desarrollan para llevar a cabo los fines del Estado. A mi modo de ver, desde la Revolución Francesa, los estados modernos y en consecuencia, los sistemas de gobierno democráticos, admiten la existencia de tres (3) ramas del Poder Público: El ejecutivo, el legislativo y el Judicial. Creo que más del 98% de los Estados soberanos asumen su funcionamiento con esos tres poderes. A la llegada del actual gobierno, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral como poder electoral, que antes funcionaban como órganos de la Administración Pública, hoy son por obra de un capricho analfabeto, ramas del Poder Público Nacional. La Contraloría General de la República fue un órgano periférico cuya función primordial ha sido el hacer efectivo el control del Poder Legislativo sobre la Administración Pública. El Ministerio Público es otro órgano periférico en la tradición constitucional venezolana, que participa del control jurisdiccional. En síntesis, a través de estos mecanismos de auto control institucionalizado, se trata de realizar la idea expresada por Montesquieu, cuando escribiera, (cito): “Es una experiencia externa que todo hombre que tiene poder, se ve inducido a abusar de él y llega hasta donde encuentra límites. El abuso del poder solo se ve impedido, si por disposición de las cosas, el poder detiene el poder. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de los principales, o de los nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el poder de hacer las leyes, el poder de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias de los particulares” Allí está la esencia de los contrapesos institucionales que nos permite en un sistema de gobierno democrático, que no es el que tenemos, a garantizar el imperio del Derecho, vale decir, obligar a los detentadores del poder a mantenerse dentro de su esfera de competencias y de actuar con arreglo a los procedimientos establecidos en la Carta Fundamental y en la Ley. También está allí la base de la democracia, pero está igualmente el reclamo que hace la sociedad en cuanto a que en vez de ver al Poder Judicial como el primer soporte del orden social y político de la República sea hoy, desde el más Alto Tribunal, un cuerpo constituido por militantes de un partido político armados con la función de jueces y no, como debe ser, un poder judicial robusto e independiente capaz de garantizar y fortalecer los equilibrios y controles democráticos. Pero vayamos al grano. Cuando Maduro considera írrita y nula la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el voto de censura al ministro de Alimentación, y condiciona su acatamiento hasta que el parlamento acate la sentencia del TSJ que modifica el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, o cuando Maduro anuncia un Decreto o amenaza con dictar un Decreto para dejar sin efecto decisiones de la Asamblea Nacional contra Ministros o Instituciones, o dejar sin energía eléctrica a la Asamblea Nacional, o peor aún, suspender el pago al Poder Legislativo, no sólo desconoce las atribuciones que la Constitución Nacional encomienda al Poder Legislativo en el ordinal 1° de su artículo 187, sino que promueve el deterioro moral de la República y nos obliga a considerar que en Venezuela no podemos en estos momentos, darnos el lujo de continuar hablando de democracia, sencillamente porque no funcionan o funcionan arbitrariamente, dos de las Instituciones fundamentales del país: el Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. El control que ejerce la legislatura nacional sobre el poder ejecutivo, se manifiesta permanentemente, cuando en uso de sus facultades, designa comisiones de investigación, interpelan o dan votos de censura a los Ministros, fijan los gastos públicos, discuten el mensaje presidencial y la memoria y cuentas de los Ministros del Despacho, y particularmente, cuando legisla sobre las atribuciones de aquel Poder o establece los procedimientos que regulan su actuación dentro del marco de la Constitución. Y cuando el máximo Tribunal de la República asume una conducta político partidista a favor de los intereses del gobierno desnaturaliza el aliento moral y patriótico a que está llamado a ejercer. No hay duda, entonces, que las actuaciones del Presidente de la Republica frente a las decisiones del Poder Legislativo y las no menos parcializadas sentencias del TSJ en Sala Constitucional y Sala Electoral frente a las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional no solo alteran gravemente el equilibrio democrático a que aspira la mayoría de los venezolanos que con su voto conformaron la nueva Asamblea Nacional, sino que, podríamos afirmar sin exageración alguna, que estamos en presencia de la barbarie avasallante de quienes nos gobiernan, por no controlar al poder legislativo de la Nación. Es insólito que en pleno siglo 21, el presidente de la República se constituya en un poder omnímodo que está por encima de la Ley y que hace lo que quiere y amenaza a sus opositores sin responder ante nadie. Acaba de ocurrir, que ante la contundente manifestación de la sociedad de firmar la solicitud de revocatorio presidencial conforme a la disposición constitucional, el presidente de la República dispuso nombrar una Comisión para verificar la validez de las firmas promovidas por la Mesa de la Unidad Democrática, sustituyéndose o dándole un manotazo a las potestades del CNE. En este arbitrario ejercicio de gobierno no hay Contraloría, ni Fiscalía ni Consejo Nacional Electoral, ni TSJ que valga. Este absurdo y primitivo sistema de gobierno, instaurado el 1999, que tiene sus raíces en las viejas tiranías estalinianas y más recientemente en la antipatriótica sumisión a la más feroz tiranía conocida en nuestro continente dirigida por los hermanos Castro, en Cuba, permite que el presidente controle desde Miraflores el ejercicio jurisdiccional del TSJ, al dictar sentencias de contenido político que interesan al gobierno, anulen las atribuciones de la Asamblea Nacional y a su discreción, manipule al ente electoral como si se tratase de un departamento de su partido. Para reafirmar este bellaco comportamiento, los ventrílocuos de Maduro declaran que van a auditar las firmas de solicitud del revocatorio. Este valimiento gubernamental resulta contrario a los principios de la democracia y al acatamiento de las competencias de los otros poderes, con lo cual el Estado venezolano aparece gobernado por un jefe absoluto, sin limitaciones de ningún orden, que más bien se asemeja a una borrasca administrada por un gamonal con toga romana; todo esto ocurre cuando el presidente desconoce las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional, y peor aún, cuando ordena que no se acaten sus actos y resoluciones como órgano directo que es de la representación popular. Para su cumplimiento está, por supuesto, el brazo jurisdiccional. Llegados a estos extremos, la responsabilidad y la legalidad son dos vanas palabras que no existen cuando no hay órganos que limiten la arbitrariedad presidencial. De modo, pues, que la independencia de las distintas ramas del Poder Público Nacional y su actuación de colaboración entre sí, está alterada porque no hay ejercicio de los contrapesos institucionales que requiere la gobernabilidad del país. Hemos vuelto a lo que ocurría en las sociedades primitivas donde la actividad legislativa tenía escasa significación para los gobernantes. El problema del control y cooperación entre sí de los poderes públicos, es un asunto que concierne a una República respetable y democrática porque a través de ese control y su colaboración permite conciliar la libertad con la necesidad de autoridades capaces de mantener la paz y la felicidad entre sus ciudadanos. Los gobiernos autocráticos no tienen interés en ser controlados, al contrario, su mayor preocupación es eliminar o suprimir todo lo que pueda constituir un obstáculo a su poder discrecional. En los gobiernos democráticos, en cambio, el control surge como un medio normal y necesario para asegurar la paz, la libertad, la justicia y los valores que son inherentes al sistema democrático. La democracia participativa que nos vendió el tcnel golpista que luego accedió al gobierno por vía electoral, es una caricatura de ella, es hija del empirismo, del espíritu de partido único y del sometimiento del gobierno a los intereses personales y crematísticos de sus más altos dirigentes, que rechaza la autonomía y el principio de colaboración entre las distintas ramas del poder público cuando alguna de ellas no está dominada por el presidente y su gabinete, amén de otros factores que se ensamblan en el escenario para envilecer el poder. Contra esa particular y mal llamada democracia estamos obligados todos a trabajar para instaurar un gobierno nuevo, de unidad nacional, identificado con el valor cívico de la democracia. Pero volvamos al asunto que nos convoca esta noche. II En las actuales circunstancias, nos preguntamos y nos angustiamos, qué hacer con un Tribunal Supremo de Justicia constituido por jueces en cuya designación se violentaron los procedimientos legales y constitucionales, convertidos luego en el brazo judicial del Ejecutivo para romper el equilibrio que conlleva la separación de los poderes en las funciones del Estado. La Asamblea Nacional desde un principio se propuso anular aquellas designaciones a través de la revocación del acto administrativo dictado por la anterior legislatura. Desde entonces ha corrido mucha agua debajo del puente y los magistrados electos, tanto en la sala constitucional como en la sala electoral se convirtieron en el obstáculo para el normal desenvolvimiento del legislativo. Son muchas las voces contradictorias que han emplazado a la Asamblea Nacional para actuar, y aquí viene a mi memoria la actuación de uno de los hombres de la transición española a la muerte del dictador Franco y además, preceptor del Rey en sus tiempos de príncipe, llamado en la democracia española, el guionista de la transición. De la ley a la ley. No se puede perder el rumbo. El gran reto del cambio político en nuestro país, que no quepa dudas, debe conjugarse bajo dos ambiciones: la política y la ley, es decir al amparo de la constitucionalidad, por ello celebramos que la Asamblea Nacional esté construyendo las piezas políticas que nos permita, en esa tesitura legal, unas instituciones que respeten el funcionamiento del Estado. Pues bien, lo cierto es que el TSJ actual está infectado de torpes y descarados hechos violatorios cometidos en el proceso de postulación y designación de los actuales magistrados. Hemos hablado que el trámite es de la ley a la ley y por ello resulta prioritario determinar cuál debe ser el procedimiento a seguir para que haya viabilidad en el propósito de invalidar aquellos actos administrativos de designación que deben tramitarse en el orden administrativo de actuación de la Asamblea Nacional para evitar la abusiva e inconstitucional injerencia judicial. Aquí tengo que detenerme en algunas expresiones técnicas y por ello señalo que son múltiples los criterios que se esgrimen para anular aquellas designaciones y colocar al Supremo Tribunal al servicio de la democracia y permitir el equilibrio institucional. Me inclino por la llamada autotutela del Poder Legislativo, que en términos coloquiales, es la potestad que tiene la Administración, en nuestro caso, la Asamblea Nacional de revisar sus propias decisiones administrativas. Lo que quiero significar es que la invalidación o la revocación de un acto fallido consiste en la potestad que tiene la Administración Pública de dejar sin efecto un acto anterior que está afectado de ilegalidad, mediante un acto administrativo posterior dictado por el mismo órgano administrativo emisor del primero. A mi modo de ver, la revocatoria o la invalidación del acto administrativo es una opción que puede tramitarse sin facilitar la intromisión del ente judicial. Esta opción se encuentra respaldada por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que es ley vigente de la república, que establece “que la Administración podrá en cualquier momento, bien sea motu propio o como dice la legislación, de oficio, o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella misma. Sostengo que declarada la invalidez absoluta de los actos administrativos fallidos dictados por la anterior A.N., se debe ordenar la desincorporación inmediata de principales y suplentes integrantes de la Sala Constitucional y Sala Electoral, sin menoscabo de revisar la designación ilegal en las otras salas, y para evitar un vacío institucional se ordenaría la designación provisional de magistrados con ciudadanos que llenen los requisitos de elegibilidad conforme a la previsión contenida en el artículo 264 de la Constitución. Entiendo que hay que tener coraje para que los nuevos designados se apersonen a ocupar sus cargos. Para finalizar, la ventaja de esta opción radica en que no puede ser atacada por el Ejecutivo por vía administrativa ni tampoco por vía judicial a través del TSJ, toda vez que los actuales magistrados de la Sala Constitucional con motivo del fallo administrativo a que he hecho referencia, dictado por la AN, le han sido revocados sus nombramientos a través de la decisión de la legislatura que tiene rango constitucional, fundamentada en los artículos 25 y 187 de la Constitución Nacional y los artículos 19, 82 y 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Texto usado de base para una presentación en el foro “La guerra de los poderes en Venezuela”, organizado por Aragua en Red y realizado en Maracay, el miércoles 4 de mayo de 2016.