Sin embargo, cuando todo parecía concluido se plantó frente a la sede del CNE un estudiante íngrimo y solo, levantando una frágil hoja de papel donde, de su puño y letra, había escrito: ¡REVOCATORIO YA!
El muro es la antítesis de la ciudad del siglo XXI, quiero decir: de lo que debería ser la ciudad del siglo XXI que el pensamiento más avanzado ha concebido como totalmente abierta, permeable, integrada, con intensa mezcla de usos donde la residencial no sólo no es incompatible con la vecindad de otras actividades como las comerciales e incluso ciertas formas de la producción manufacturera, sino que con ello resulta netamente enriquecida.
Por eso Berlín Oriental terminó convertida en la negación de la ciudad moderna: no se trataba ya de las restricciones y dificultades para moverse dentro de ella misma sino también de la ruptura neta de las conexiones con el resto del mundo. El impresentable personaje que ha resultado ser Donald Trump amenaza con superarla, levantando un dilatado muro entre su país y México. Pero esa infausta proeza ya ha sido alcanzada por nuestro socialismo endógeno que ha levantado un muro, virtual pero muy difícil de traspasar, en la frontera binacional más viva de América del Sur.
A Caracas no le han faltado muros: bajo la presión de una paranoia que, a diferencia de lo que piensan los cortesanos del régimen, responde poco a sensaciones y muchísimo a cruda realidad, nos hemos dedicado a levantar muros (y concertinas y cercos eléctricos) alrededor no sólo de nuestras casas sino de urbanizaciones y sectores urbanos completos.
Pero muchos de esos muros, tal vez los más perversos, no son visibles sino que consisten en vetos no escritos, especialidad preferida de un perturbado alcalde caraqueño que, bajo el argumento inaceptable y falaz de que se trata de “territorio chavista”, pretende decidir quiénes pueden entrar o no a los predios donde desbarra. Para hacerlos más perceptibles y quizá disuasorios los apuntala con escuadras de facinerosos con cara de malos de la película aunque, ya se ha visto, corren como conejos a la hora de las chiquiticas.
El pasado miércoles 11, ante la decisión de un importante número de ciudadanos de marchar hasta el CNE a reclamar su derecho a la activación del referéndum revocatorio presidencial que con suficiente antelación habían solicitado, el régimen estrenó una nueva modalidad de muro: además de las hileras de policías y guardias nacionales acorazados, las tanquetas, “ballenas” y “rinocerontes”, desplegaron a lo ancho de las calles una especie de pantalla translúcida y, suponemos, blindada, capaz en apariencia de impedir hasta el paso de un mosquito.
Pero la ciudad tiene sus vericuetos y por ellos los decididos demandantes burlaron la aparentemente impenetrable pared, que tuvo que deshacerse y recomponerse más adelante para cumplir con la tarea impuesta, así fuera recurriendo a las habituales lacrimógenas y perdigones.
Sin embargo, cuando todo parecía concluido se plantó frente a la sede del CNE un estudiante íngrimo y solo, levantando una frágil hoja de papel donde, de su puño y letra, había escrito: ¡REVOCATORIO YA!
No habían terminado de hacerle la primera pregunta los periodistas apostados en el sitio, cuando la garra del gorila ocupó el primer plano para arrebatarle el peligroso instrumento y arrestarlo por un delito inexistente.
Octavio Paz ha sostenido que una civilización es ante todo un urbanismo, y en efecto, más allá de las edificaciones y las infraestructuras, las ciudades se erigen sobre los principios que norman la vida de sus pobladores, sobre sus valores culturales y su capacidad para reconocer y respetar al otro, pero también sobre la conciencia de sus derechos como individuos y su disposición a defenderlos. En ese sentido Diego Hernández, tal es el nombre del estudiante que se plantó frente al CNE, ha lanzado un poderos mensaje: la ciudad está viva; más allá de su ostensible deterioro físico, ella tiene un futuro porque cuenta con ciudadanos capaces de superar el muro de la barbarie aun desnudos y con las manos vacías.

El Régimen no es nadie y es todo. No es el Presidente, ni el Ejecutivo. Tampoco “El Proceso”, pues éste era vivido como un caminar abierto hacia horizontes de elevación. El Régimen hoy es el punto de cristalización y de llegada, cerrado como estación terminal, que mantiene secuestrada a toda la sociedad. Aferrado al poder, y dedicado de lleno a defenderse y perpetuarse contra la inmensa frustración y desesperación de la población. Al comienzo para muchos “El Proceso” era emoción y esperanza de una Venezuela bella y deseable que concretaron en estos dos artículos centrales de la Constitución Bolivariana:
Art. 2 “Venezuela se constituye en un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Art.3 “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
Parece imposible que un demócrata no esté de acuerdo con este ideal constitucional que marca un exigente camino de dignidad y liberación. Pero ante la catastrófica realidad actual -después de una dominación hegemónica de 17 años y un millón de millones de $ malgastados- surge un clamor de indignación contra la miseria, la inseguridad y la burla a la Constitución. Nadie en su sano juicio puede pensar que este Régimen va avanzando hacia ese ideal; por el contrario, su obsesión es defender el poder, corrupto e ineficiente, aferrándose a las armas y a la represión porque ya le faltan razones y apoyo popular. Por eso se ha militarizado y se ha convertido en una dictadura, en clara contradicción con la Constitución.
Más difícil es ponerse de acuerdo sobre el modo de salir de esta catástrofe y mucho más el acuerdo y la combinación de fuerzas sociales diversas para retomar el camino hacia el horizonte de democracia y de dignidad compartida y reconstruir.
Cuando un Presidente se pone en contradicción con los fines esenciales del bien común nacional, la Constitución prevé modos de evitar mayores desastres y salir de él antes de que concluya el período presidencial. Para eso está, por ejemplo, el referéndum revocatorio, con el que la sociedad puede cambiar a quien se ha convertido en gestor del mal común. Pero la dictadura lo quiere bloquear.
Desde luego más sensato que esta vía un tanto larga, engorrosa y sembrada de trampas, sería un momento de lucidez presidencial que, acordándose de su condición de servidor y delegado de la voluntad de la mayoría nacional, lo llevara a la renuncia. El artículo 350 prevé estas emergencias y nos obliga a todos a una responsabilidad ciudadana mayor: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos” (art. 350).
Ante la formidable emergencia nacional y el brutal deterioro de las condiciones básicas de vida y de democracia, no basta con la salida del Presidente ni con un cambio de gobierno, es imprescindible un cambio de régimen y un nuevo gobierno de salvación nacional que incluya a sectores diferentes, unidos en la suprema tarea de encauzar y de reconstruir el país. Por eso la realidad pide a gritos el cambio de Régimen para volver a la Constitución y recuperar la esperanza de vida y dignidad para todos. Muy oportuna la reciente advertencia de la Conferencia Episcopal: “¡Queremos alertar al pueblo! Que no se deje manipular por quienes le ofrezcan un cambio de situación por medio de la violencia social. Pero tampoco por quiénes le exhortan a la resignación ni por quienes le obligan con amenazas al silencio. ¡No nos dejemos vencer por las tentaciones! No caigamos en el miedo paralizante y la desesperanza, como si nuestro presente no tuviera futuro. La violencia, la resignación y la desesperanza son graves peligros de la democracia. Nunca debemos ser ciudadanos pasivos y conformistas”.
El Nacional. Caracas, 26 de mayo de 2016

El Decreto 2.323 del 13 de mayo de 2016 declarando el Estado de Excepción, ha puesto en evidencia la realidad que hemos estado viviendo durante los últimos 17 años.
Este infausto decreto, partiendo de premisas que constituyen el credo de la “revolución”, a lo cual se añaden interpretaciones sesgadas de eventos incuestionables, pero previsibles, como la caída de los precios del petróleo o el fenómeno meteorológico de “El niño”, acuerda medidas que ya han sido conocidas y padecidas por la colectividad, a la vez que formula anuncios o “justifica” acciones incompatibles con el Estado de Derecho y de Justicia, aunque el mentado instrumento parte -como es usual- apelando a fórmulas vacías de todo contenido y que nos golpean en el rostro, como “la suprema garantía de los derechos humanos”, el “ideario del Libertador” y el “bienestar del pueblo venezolano”.
En síntesis, según el Ejecutivo, ante el asedio de la “oposición política”, ante la “actitud hostil y desestabilizadora de ciertos sectores privados de la economía y de políticos opuestos a la gestión del Gobierno”, ante las “amenazas e injurias contra las máximas autoridades de todos los Poderes Públicos” por parte de la Asamblea, ante el “bachaqueo”, las “colas inducidas” y el clima de desasosiego e incitación a la violencia entre hermanos”, todo esto fomentado por “agentes económicos que hacen vida en el país auspiciados por intereses extranjeros”, además de la detectada existencia de “grupos militares armados y paramilitarismo extranjero” vinculados a los desestabilizadores internos y a la “intención de derrocar el Gobierno legítimamente constituido” por parte del Poder Legislativo, hechos que “ponen en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas y de su institucionalidad”, afectando gravemente la vida económica del país, el Presidente ha procedido a enunciar una serie de medidas, extremadamente amplias y sin concreción alguna, las cuales, sin duda, nada tienen que ver con la “garantía” de los derechos humanos” y arremeten contra la Asamblea, siendo esta, por supuesto, su objetivo.
Una vez más hay que recordar que si no se aseguran los derechos humanos y si no se garantiza la separación de poderes, no existe Constitución, aunque la tengamos escrita en un pequeño libro que, una y otra vez se exhibe y permanentemente se viola, inclusive por quien debe garantizarla, esto es, por la Sala Constitucional del TSJ.
Entre las medidas que se consideran convenientes, el Decreto comentado hace referencia al combate al “bachaqueo”, usura, acaparamiento, boicot y otros delitos; a la intervención de la Fuerza Armada y los órganos de seguridad ciudadana con la “participación de los comités locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) en la distribución de alimentos y, lo más grave, “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”; a la ejecución de planes de seguridad ante acciones desestabilizadoras y que restituyan la paz, la seguridad personal “y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva”; al establecimiento de “límites máximos de ingreso o egreso de moneda de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones comerciales o financieras”, exhortando al Poder Judicial y al Ministerio Público a “reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal”.
Estas medidas inconexas, vagas, imprecisas, pero ya conocidas entre nosotros, sencillamente reafirman y reproducen lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años sin decreto alguno de Estado de Excepción.
Se han acordado en todos estos años medidas de ocupación de empresas y de expropiación de fincas al margen de toda disposición legal; se han abierto expedientes contra disidentes políticos con simples declaraciones anónimas de “patriotas cooperantes”; se han practicado detenciones sin orden judicial; se han establecido “zonas de paz” en manos de grupos armados; se han aplicado fórmulas de ejecución al margen de la ley, bajo la figura de supuestos enfrentamientos sin muertos ni heridos en los cuerpos de seguridad; y, en definitiva, bajo cualquier pretexto o bajo el alegato de la calificación de los disidentes políticos como enemigos y en razón de la peligrosidad que tal posición implica per se, se les encarcela sine die, sujetos a la inexorable ley del diferimiento, por la que se aplica el proceso como pena anticipada.
Los Estados de Excepción, caldo de cultivo de la arbitrariedad, siempre han sido, en todas partes, fuentes de atropellos, que han estimulado los abusos de la autoridad, bajo el inaceptable principio de que el fin justifica los medios.
Este Decreto es una lección condensada del antiderecho, del desconocimiento flagrante de la Constitución, borrada, de un plumazo, por disposiciones incompatibles con la letra y el espíritu de la Carta Magna.
El TSJ -en inútil invocación- la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, en un arranque de respeto a sus deberes, deberían reaccionar y salvar su responsabilidad, junto a la Asamblea, que se ha pronunciado, ante un trágico Decreto que solo servirá para documentar uno de los períodos más oscuros de la historia venezolana.
aas@arteagasanchez.com
El Nacional. 23 de mayo de 2016

El país está muy venido a menos. Sólo es posible describirlo en palabras como escasez, violencia, anomia, conflicto, corrupción, impunidad, inseguridad, hambruna, tensión, miedo, angustia, dificultad, hostilidad y otras de parecido tenor, palabras que se disuelven en la sensación de un desmadre generalizado y de una inmensa incertidumbre.
II.
El Presidente encara la realidad descrita, es decir el desmadre descrito, aprobándose para sí mismo un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, mediante el cual puede gobernar a su aire, según vaya viniendo y vaya viendo. Y para mantener las apariencias de legalidad, el TSJ le fabricó un dictamen a la medida de sus requerimientos, advirtiendo que dentro nuestra legislación vigente no hay ni siquiera un parágrafo o tan siquiera un inciso, menos que menos un artículo, que haya sido quebrantado en su redacción.
El Presidente se otorga, así pues, facultades para dictar medidas, sin más limitaciones que las que puedan derivar de su propio criterio. El artículo 2 es todo un poema al Estado de Derecho en el que se le permite tomar las decisiones que “considere conveniente”, dadas las “extraordinarias circunstancias sociales, económicas, políticas, naturales y ecológicas que afectan actualmente al país”, particularmente la “guerra económica” y las “amenazas de agresión provenientes de potencias foráneas”, así como “la deliberada confrontación de la Asamblea Nacional contra otras instituciones del estado”, “promoviendo la interrupción ilegal del período presidencial establecido en la Constitución”.
Uno piensa, de puro mal pensado que se ha vuelto, que no hay que saber leer entre líneas para entender lo que se pretende con el Decreto, a saber, limitar la acción de la disidencia política, asfixiar y dosificar las protestas ciudadanas e impedir que se lleve a cabo el Referéndum Revocatorio. Estamos hablando, así pues, de autoritarismo y abuso, lo demás es pretexto y parafernalia, también mentira, conforme a un libreto que no tiene sorpresas, cuya idea central radica en que el poder debe usarse para mantenerse en el poder.
III.
Una mayoría clara de ciudadanos considera que su situación empeora visiblemente, rechaza la gestión del gobierno y cree, además, que la solución de la crisis debe ser mediante una consulta electoral. Estas tres apreciaciones conforman el dato político más crucial de nuestra actualidad. No pareciera, entonces, buena idea bloquear las puertas de salida y tentar la violencia, ignorando las pautas que establecen nuestras leyes para dirimir los conflictos políticos democráticamente. En este momento, el Referéndum Revocatorio es, sin duda, una condición necesaria (aunque no suficiente) para la paz del país.
HARINA DE OTRO COSTAL
Es una conversa de las que se dan en las colas, mientras cada quien espera su turno para comprarse dos paqueticos de cualquier cosa, de lo que tuvo la suerte de encontrar. Hay demasiadas muchachas embarazadas, nunca se habían visto tantas, dice una señora. Sí, nunca había habido tantas, le contesta su amiga. Es que no se encuentran las pastillas, añade, o si se encuentran, parece que están vencidas y ya ves, salen en estado como si, en vez de la pastilla, se hubieran tragado un caramelito, es lo mismo, así le pasó a mi nieta, remata.
Esta conversa no equivale a una investigación con datos y gráficos y desde luego no da para pensar que lo mismo está ocurriendo en muchos otros lugares, no sólo en lo que se cuentan dos señoras de Petare. Pero, visto cómo anda la vida venezolana, nadie puede decir que no da para tener el temor bien fundado de que los próximos estudios nos revelarán que en el país hay bastante más embarazos precoces que los que había hace poco. Es que la crisis no deja un solo espacio sin dejar su sello y el Gobierno no se ocupa de asuntos menores, los que, por ejemplo, pueden arruinar la existencia de quién sabe cuántas adolescentes. Ellas no tienen cabida en su épica.
El Nacional 23 de mayo de 2016

Abram de Swann estuvo en Bogotá la semana pasada para hablar en la Feria del Libro sobre el genocidio. En su libro Dividir para matar (Killing Compartments es su título en inglés) caracteriza la naturaleza de los genocidas, discute por qué hacen cuanto hacen y por qué un ejército de leales se convierten en su reflejo. La obra, publicada por Semana Libros, es un examen de la violencia que se podría acercar a los rasgos generales de la continuada guerra civil en Colombia. En un inglés diáfano, el sociólogo holandés recuerda que hacer la paz es, sobre todo, aprender a convivir y a aceptar que los victimarios compartan el mismo espacio con las víctimas.
¿Cuáles son los rasgos sicológicos de un genocida?
Son varios. Son más sensibles a la autoridad, porque estos son crímenes de obediencia, contrario a lo que siente un criminal, que rueda por su propia cuenta. Son personas que marchan con los tambores del régimen. Son conformistas. Hacen aquello que les dicen. Creen en lo que se cree en un régimen genocida. Son muy leales a sus camaradas, obedientes a sus superiores, y son por lo general maridos y padres devotos. Y sí, tienen conciencia, pero muy limitada. Más allá de esos tres círculos íntimos, los extraños pueden considerarse muertos. No tienen sentido de obligación moral salvo en su círculo más cercano. Segundo, no tienen sentido de agency. Este término no existe en otro idioma: significa verse a sí mismo como el agente, el actor, de su propia vida. Ellos dicen, por lo general: “Yo estaba por allí y necesitaban a alguien que hiciera el trabajo sucio. Pensé que era algo divertido”. Van de una situación a otra sin tomar decisiones. Han decidido, una vez y para siempre, no decidir.
¿Es posible que los sobrevivientes de un genocidio se recuperen?
Sí. El daño que hacen estos episodios violentos es mucho más grande de lo que se podría pensar, y los casos de resiliencia también son increíbles. Por ejemplo, Nanette Blitz, que dio una conferencia en la Feria del Libro, fue una amiga de colegio de Anna Frank y la vio en sus últimos días. Uno de los estudiantes en el auditorio le preguntó justo eso: ¿cómo pudo vivir de nuevo? Entonces ella dijo: “Ese que está allá sentado es mi esposo. Él pasó por lo mismo que yo. Nos apoyamos”. En apariencia, la capacidad para confiar y amar a alguien se mantuvo en ella más o menos intacta. Lo suficiente para casarse con ella. Otros tienen mucho miedo de hacer eso. No se puede saber cómo se reincorpora una persona.
Usted se refiere al caso de Ruanda. ¿Por qué se dio allí un genocidio?
¿Por qué pasa en un lugar y no otro? No tenemos tantas pruebas para contestar esa pregunta. Si pregunta por qué la democracia echa raíces en unos lugares y no en otros, no tenemos buenas respuestas. Pero hay ciertas predisposiciones. Una es una larga porción de juventud desempleada. Otra es que, paradójicamente, hay una gran cantidad de gente rica. Puede parecer simple, pero son factores de predisposición. Tienen líderes políticos que tienen talento para encarrilar ciertos momentos. Un líder de este tipo es capaz de tomar prejuicios dormidos por mucho tiempo y convertirlos en divisiones explosivas de odio vibrante. Cualquier cosa sirve. Por ejemplo, la opinión científica apunta que existe muy poca diferencia entre tutsis y hutus (los grupos nativos de Ruanda), comparten la misma cultura, la misma lengua. Pero hubo un movimiento que subió al poder y potenció las divisiones raciales utilizando propaganda nazi.
¿Cómo transforma el genocidio a la cultura y la confianza en el prójimo?
Hay diferentes formas de exterminación masiva, pero con cierta frecuencia existe una fórmula básica que suena más o menos así: es ahora o nunca, es todo o nada, es ellos o nosotros. Si escucha a alguien decir esas palabras, lárguese de ahí. Todo se reduce a ese momento. Es el bien contra el mal, no hay matices: es absoluto. “Los judíos tienen toda la culpa”, decían los alemanes. Y eso crea una suerte de solidaridad de grupo: si no eres mexicano, significa que eres estadounidense; si no eres judío, eres alemán. Quizá estos lazos de solidaridad contra un grupo en particular crean unas ligazones neutrales. Los alemanes creían que morían por su tierra y estaban dispuestos a poner todo su corazón en ello. La cultura es brutalizada, la gente tiene que cerrar los ojos ante aquello que no quiere ver. Prefiere no verlo. El régimen combina dos cosas: que los enemigos son víctimas de un terrible tratamiento, sin saberse exactamente qué les sucede ni por qué. Siempre hay que seguir la línea. Por ejemplo, dejo de mencionar ciertos temas porque pueden ser usados en mi contra. Destruye la confianza entre iguales porque podría decir algo equivocado y alguien me puede escuchar. No se puede confiar en nadie. Los niños pueden irse en contra de su padre y al revés. Es una cultura de sospecha.
Uno podría pensar que una sociedad civilizada no es propensa al genocidio. Pero, por ejemplo, la masacre de Srebrenica sucedió en plena Europa y a finales del siglo XX. ¿Por qué?
En español, el nombre de mi libro es “Dividir para matar”, pero en inglés y en holandés es “The Killing Compartments”. Entonces, en la raíz de toda mi idea sobre el genocidio está el hecho de que esas sociedades se dividen en compartimentos, de manera constante, entre la gente que apoya al régimen y sus enemigos, el objetivo. Y es literal: separan partes de la ciudad, las escuelas. Si dicha división continúa en una sociedad civilizada, puede existir un conato de barbarismo. Por ejemplo, campos de tortura, recintos carcelarios para opositores políticos. Todos saben que algo horrible pasa en esas prisiones, pero nadie en realidad quiere saber. Todos saben que en las noches, por imaginar un caso, los colombianos atacan el barrio venezolano en Bogotá y los golpean, los roban. Pero usted no quiere saber. Aunque son civilizadas, estas sociedades permiten comportamientos barbáricos. El régimen, de manera calculada, permite que algunos de sus miembros cometan tortura, cometan crueldades, e instrumentaliza esa herramienta para sus objetivos. Son perros salvajes: déjenlos morder en las prisiones. Y aun así es posible tener relaciones razonables. Sólo no tienes que mencionar qué sucede allí.
¿Cuáles son las diferencias entre un genocidio y el conflicto colombiano?
Lo primero que discuto cuando se trata de genocidios es la asimetría. Existe un ejército organizado y armado y otro grupo de personas sin armas y sin organización. Es un conflicto asimétrico entre el régimen, con todos sus recursos, y una minoría por lo general indefensa. Ese es el rostro de la exterminación masiva. La guerra de costumbre, que tiene que ver con hombres que se confrontan unos contra otros, no es tan asimétrica como el genocidio. Los conflictos en América Latina, a lo largo del siglo XIX y del XX, tienen el carácter de una guerra civil. En un nivel, organizados, peleando unos contra otros: las guerrillas y los rebeldes también están organizados. Pero en muchos otros niveles estos conflictos no tienen ninguna regulación: casi no existen reglas de la guerra (contrario a lo que uno imagina en las guerras del siglo XVIII), tomando prisioneros. En la mayoría de los conflictos latinoamericanos hay muy pocas reglas del juego. Entonces, lo que usted encuentra es que ambas partes cometieron atrocidades contra la sociedad civil y se mataron entre ellos en vez de tomarse como prisioneros. Por otro lado, no comprendo por qué estas fuerzas rebeldes, que pelean por atraer los corazones, las mentes y la lealtad de los pobladores, son tan atroces con ellos. Si quieres ser como un pez en el agua entre la gente, entonces no deberías ser tan extremadamente violento.
¿Es posible perdonar después de 50 años de conflicto?
Varias personas me han preguntado eso. Y voy a ser duro con ustedes: esto no significa que se van a amar unos a otros, significa que van a resolver sus conflictos sin violencia. Significa que van a respetar el gobierno de la ley. Es muy difícil: no es fácil respetarse. En segundo lugar, si quieren convivir, significa que tienen que respetar cierto código de cortesía para estar en un espacio con una misma persona. La paz significa vivir junto a gente que a uno no necesariamente le agrada. No es una fiesta del amor. Toma mucho tiempo lograrlo. Y luego viene la justicia. La justicia sólo ocurre cuando una de las partes está por completo derrotada: Ruanda, Serbia, Camboya. Porque aquellos que están negociando no están allí para rendirse. Lo mejor que puedes obtener es una condena para algunos asesinos notables ante un tribunal. Pero no habrá justicia con respecto a todos los perpetradores. Y de ese modo, verás en televisión a un hombre en Miami que mató a 200 personas y aún tiene dinero. A eso se parece la paz. No será mejor. Es difícil. Eso les digo a quienes tienen veinte años: en quince años todavía estarán pensando en las consecuencias de este conflicto, todavía estarán rastreando documentos y hechos, para encontrar la verdad de lo que pasó. Ahora hay un perpetrador nazi de 90 años que está siendo juzgado en Alemania. Incluso si un solo perpetrador es castigado, otros más podrían estar en Miami divirtiéndose, sabiendo que merecían 40 años en prisión. La justicia significa ser paciente e insistente en documentar lo que pasó, como lo fueron historiadores y periodistas. Y asegurarse de que está en los archivos. No es posible saber cuándo esa bomba de documentos explotará.
En los casos que ha estudiado, ¿la impunidad es general?
Sí. Tengo que decir, para sorpresa de mis estudiantes, que el asesinato masivo es el trabajo más seguro porque los perpetradores casi nunca tienen que enfrentarse a los jueces. Por ejemplo, piense en China, en Stalin, en Pol Pot. En Camboya, un perpetrador fue juzgado. Ríos Montt, en Guatemala, aún no está en la cárcel: ¡un solo hombre! Es muy importante tratar de llevarlos a la justicia. Quizá no será fácil.
El Espectador, Bogotá, mayo 2016

El pasado 28 de abril de 2016, un titular de un medio digital español advertía: “El Ayuntamiento de Pedro Muñoz garantiza la calidad de agua potable del Municipio”[1] y en ese sentido, una visita al portal web de ese Ayuntamiento, permite acceder y conocer el contenido de los informes técnicos, a través de los cuales se valida la afirmación hecha en el titular mencionado[2].
En Venezuela, para evaluar e informar sobre la calidad del agua potable, es necesario acudir a la Superintendencia Nacional de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que como actor institucional en la gestión integral del agua no se ha creado aún. Por 15 años, Hidroven, Compañía Anónima Hidrológica de Venezuela, ha asumido de manera provisional las atribuciones de esa Superintendencia, sobrepasando el tiempo establecido en las normas transitorias respectivas.
Si acudimos a la plataforma web de Hidroven, asumiendo que la información sobre la calidad del agua es pública, no hay ningún estudio, informe o análisis científico que permita valorar la responsabilidad del Estado en garantizar la calidad del agua potable que consumen los ciudadanos. Tampoco esa información es pública a través del portal de Hidrocapital.
Así como lo hace el Ayuntamiento Pedro Muñoz, el Ayuntamiento de Zaragoza, España, también pone a disposición de sus vecinos, a través de su plataforma web, los informes técnicos que permiten evaluar la responsabilidad del Municipio en garantizar la calidad del agua.

El Ayuntamiento de Zaragoza, va más allá y a través de su página web logra informar a los vecinos de manera efectiva, sobre los trámites que deben realizar en materia de agua. En tal sentido, resulta importante destacar que los ciudadanos en Zaragoza, tienen la posibilidad cierta de acudir a su Ayuntamiento para hacer una solicitud de análisis del agua o bien, para formular una solicitud de información y control sobre calidad del agua[3].
El responsable institucional de procesar y responder esas dos solicitudes, es el Instituto Municipal de Salud Pública, quien en el diseño institucional legal, es el responsable de informar sobre la calidad del agua de abastecimiento de la ciudad e investigar denuncias sobre sabores, olores, sólidos, mala calidad, entre otros.
En este sentido, según se lee en el portal web del Ayuntamiento, ese Instituto Municipal posee un laboratorio para realizar controles analíticos de aguas potables, residuales, naturales, alimentos, aire y residuos desde el punto de vista físico-químico y microbiológico.
El Ayuntamiento de Zaragoza también logra poner a disposición de los interesados, de manera digital, los distintos instrumentos jurídicos que regulan la gestión del agua potable y saneamiento en el municipio. Uno de esos instrumentos jurídicos es la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y Calidad de Gestión Integral del Agua, a través de la cual se busca garantizar el acceso a los servicios relacionados con el ciclo integral del agua en condiciones óptimas de calidad y cantidad en el Municipio; reconocer el derecho a la información y sensibilizar a los vecinos en esta materia, entre otros objetivos expresamente señalados en esa ordenanza.
El mismo portal web facilita el camino para llegar al Reglamento Municipal de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana, en donde se identifica a la Junta Municipal, como un espacio institucional de participación vecinal para la gestión desconcentrada de asuntos que afectan al territorio y los vecinos en el ámbito del mismo, que busca mejorar la eficacia de los servicios públicos y contribuir con la corrección de desequilibrios entre zonas y barrios de Zaragosa[4].
En esas Juntas Municipales, los distintos actores locales de la sociedad civil encuentran un espacio de participación e inclusión, en distintos temas, entre los cuales está el suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; el ejercicio de esta gestión dependerá de la desconcentración de funciones que haga el gobierno local.
Estos dos ejemplos permiten percibir, desde la distancia, dos modelos de gestión que se perciben al servicio de los ciudadanos y con autoridades locales que se ocupan y se preocupan por la calidad del agua como uno de los componentes para preservar la salud pública en el Municipio. En ambos casos, la tecnología es asumida como una herramienta al servicio de la información efectiva, útil y veraz y como una estrategia para lograr mayor confianza de los ciudadanos sobre la gestión local.
El ordenamiento jurídico venezolano vigente facilita, en términos generales, que nuestros Municipios se conviertan en actores efectivos en la gestión integral del agua, por lo tanto experiencias como la de Zaragoza y Pedro Muñoz, pueden sorprendernos gratamente desde la distancia, pero también pueden servirnos de referencia en cuanto a lo que es posible hacer en Venezuela en materia de agua potable y saneamiento.
Es oportuno destacar que con la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública, aprobada en primera discusión en abril 2016, la Asamblea Nacional está contribuyendo de manera significativa para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información pública de temas como la calidad del agua.
En la actualidad, la Revolución Bolivariana ignora a los Municipios como actores de la gestión integral del agua y lo peor, es que no logra garantizar los principios de calidad, eficiencia empresarial, confiabilidad, equidad, no discriminación y rentabilidad, que reclama la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento.
Adicional a ello, la ausencia de información pública sobre la calidad del agua potable, las dificultades para hacer evaluaciones de calidad confiables y el temor que genera formular denuncias en esta materia en particular, atenta de manera peligrosa contra la salud pública de los venezolanos y pone a la Revolución de espaldas al orden jurídico y al bien común.
[1]Radioazul.com. 28 de abril del 2016. Online en: http://www.radioazul.com/2016/04/28/el-ayuntamiento-de-pedro-munoz-garantiza-la-calidad-del-agua-potable-del-municipio/
[2] Analíticas de agua de consumo 2016. Ayuntamiento Pedro Muñoz. Recuperado el 17 de mayo de 2016. Online en: http://www.pedro-munoz.es/tu-pueblo/medio-ambiente/analisis-de-agua-2015/2016
[3] https://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/listado_Tema?agrupacion=82
[4] Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana. 2005. Recuperada el 10 de mayo de 2015.Online en: http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/participar/consejo/detalle_Normativa?id=109
POLITIKA UCAB, mayo 20, 2016

El terruño del venezolano es el espacio natural, la comarca, el recuerdo donde se escuchan las primeras nenias del padre y de la madre, donde nos conocemos todos, nos alegramos por los bautizos y nos entristecemos por lo lutos. Es, de alguna manera, el espacio extraordinario que nos hace sentir la venezolanidad. Este terruño -Venezuela- ha venido sufriendo dentro de la grave crisis creada por venezolanos diferenciados, amarrados a una concepción ideológica primitiva, violenta, comprometida con constructos distintos a los del país una situación, que los llena de crueldad y desarraigo frente al terruño venezolano proponiendo desgraciadamente el conflicto. En especial el conflicto social.
El conflicto social para el año 2016 está planteado por la contradicción entre la continuidad militarista y el cambio democrático. Esta cruda y delicada realidad debe alertarnos a los venezolanos para definir y proponer una conducta que aprendimos, que dominamos quienes sabemos que democracia es la Nación o patria de la vida civil, es decir, la negación del caudillismo militarista y la presencia del militar y lo militar. El militar y lo militar como contrario al desenvolvimiento de una Nación que está harta de seudo-liderazgos que se hacen valer por medio del plan de machete, la peinilla o las bocas de fuego, creyéndose que tienen la razón y olvidando el concepto extraordinario del significado del terruño y la nacionalidad.
Es decir, son esos bárbaros, supuestos políticos, que no entienden la política como un proceso de construcción sino que le asimilan a la guerra. Salvajes, primitivos, indecentes que no terminan de comprender que la política es el arte del acuerdo y la construcción, que se distancia profunda y totalmente de la guerra que es la destrucción. La política demanda del sano juicio de la civilidad y de la convicción de que por la vía ciudadana se pueden conseguir, de la mejor manera y a menor costo, las posibilidades del desarrollo de un país. Ese país es el que tiene que ser construido desde la base del terruño pasando, por Nación como patria de la política a partir del 6D.
El 6D es una expresión de los venezolanos que amamos nuestro terruño, que somos capaces de recordar que la patria es mayor que cualquier concepto político, que Venezuela es como sociedad amor vivido y compenetración entre todos los venezolanos, que por diferentes y diversos, nos merecemos respeto. Lo acontecido el 6D es una expresión venezolanista, cívica, definitiva y contundente. Simplemente se define como: la necesidad de un cambio político categórico.
Loa venezolanos, la mayoría democrática, vamos a defender nuestro terruño, nuestras tradiciones, nuestro amor vivido, nuestro gentilicio y lo haremos contra un grupo de asaltantes del poder que nacen del golpe de Estado, de la desgracia militarista que ha venido ensombreciendo la historia política, económica, social y ética de Venezuela. La perversión militarista y caudillesca que hoy pretende hociquear a Venezuela desconoce la ética, la confunde con la moral, y no sabe por ignorante que la ética constituye como valor una energía capaz de cualquier realización, en especial de la política, y es por que ello que aunque griten, vociferen y hasta insulten, la respuesta ética del venezolano atada a su extraordinaria noción de terruño, será capaz de generar el cambio para reinstalar la democracia.
Reinstalar la democracia como cambio significa que los venezolanos amantes de nuestro terruño hemos dispuesto ejercer la participación contendiente. Léase emplear parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos, pero además un compromiso ético. Compromiso ético para contener a los bastardos que han invadido a Venezuela, que pretenden practicar la política sin entender qué significa y obviando, por primitivos, que la ética como energía es una fuerza que crece, que hace posible que los pueblos se separen de sus malos ciudadanos pervertidos por ideas contrarias al gentilicio propio del venezolano que hoy en 2016 tiene clara la idea y decisión del Referéndum Revocatorio.
Reinstalar el cambio significa que abrazados de la constitución, no la que se enseña sino la que se lee, interpreta y se cumple, haremos válido el artículo 72. Ese artículo nos conducirá al artículo 2, en especial su última línea en la cual aparece y se asienta por parte del Poder Constituyente y el Poder Constituido el concepto de ética y pluralismo político. Más claro imposible, los demócratas amamos el terruño, los demócratas creemos en la Nación como patria civil, los demócratas votamos el 6D para un cambio político que debe ser entendido como categórico y que no habrá absolutamente nadie que lo detenga. El actual régimen fue revocado el 6D y ahora hacemos los trámites para conseguir entre ocho y diez millones de votantes para desplazarlos del poder por ineptos e incapaces.
Por ineptos e incapaces, Nicolás Maduro y su gobierno están en su proceso revocatorio, y este proceso revocatorio es simple y llanamente indetenible. Revocar o Revocatorio, Nicolás Maduro, significa dejar sin efecto, hacer retroceder, deslucir o pintar de nuevo. Es decir, los venezolanos amantes del terruño, conscientes de la noción de patria civil, definitivamente en contra del caudillismo, el militarismo y la militarización de la política y la sociedad, estamos haciendo lo que la historia de un pueblo decente demanda, revocar a este régimen que no cumplió con su legitimidad de gestión y por lo tanto es necesario reinstalar la democracia.
Es original,
Director de CEPPRO
@JMAchillandaP