La “democracia económica” no aparece como tal en la Constitución Nacional, pero existen artículos que la configuran como se observó en nuestro escrito anterior. Diferente sucede con la participación, mencionada taxativamente en 49 oportunidades y presente entre líneas cuando se habla de corresponsabilidad social en el artículo 326.

Uno de los artículos, el 70 del Capítulo IV referido a los derechos políticos, hace referencia a los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros”; agrega “y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.

Obsérvese que esta norma establece un puente entre la participación y formas organizacionales específicas como las cooperativas y las cajas de ahorro propias de la Economía Social, término que, al igual que el de mutuales, fue introducido ante la Asamblea Nacional Constituyente por el movimiento cooperativo coordinado por la Central Cooperativa Nacional de Venezuela (Ceconave), razón por la que ambos términos, Economía Social y mutuales, poseen rango constitucional.

En el 118 se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, que podrán desarrollar cualquier actividad económica de conformidad con la ley; agrega que la ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos, y el Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.

Pero las alusiones no quedan allí, el 184 abre compuertas para que por ley se creen “mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos”, refiriéndose a servicios en los que lo económico tiene peso como los de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.

Este mismo artículo exalta “la participación de las comunidades y de ciudadanos y ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción”, y suma “la participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, la participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios, y la creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación”.

El 308 establece la protección y promoción estatal a “la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular”.

Finalmente el 309 establece protección especial del Estado a la artesanía e industrias populares típicas de la nación con el fin de preservar su autenticidad, y el 310 califica el turismo como actividad económica de interés nacional, prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable; agrega que el Estado debe dictar medidas que garanticen su desarrollo y velar por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional.

¡Bonito texto constitucional sin duda alguna!, pero…, a pesar de que favorecen las expresiones económicas de los sectores populares y la de los actores de la participación protagónica, esos preceptos son ignorados y hasta reprimidos por la monopólica acción gubernamental en sus apetencias hegemónicas y en la búsqueda de ingresos para sus vacías arcas, como lo demostró en noviembre de 2014 al imponer impuestos a las asociaciones, fundaciones y cooperativas aumentando la opción de llevar al cementerio a un gran número de ellas.

La aplicación de esos artículos solo será posible si en el país florecen iniciativas individuales y asociativas en un clima de democracia económica, sin monopolios capitalistas salvajes privados y estatales; en otras palabras, si en el país impulsamos el emprendimiento individual y asociativos con seriedad y sinceridad.

La mejor muestra de simbiosis democracia económica-participación se observa en las cooperativas de trabajo asociado (CTA), particularmente si funcionan sobre bases autogestionarias, es decir, con la asamblea como espacio asociativo en el que todos deciden a razón de una persona-un voto y tienen similares derechos a ocupar cargos en las unidades de dirección, vigilancia y educación. En ellas no están los célebres “explotadores de la clase obrera”, pues no existe la dicotomía propietarios de medios de producción-asalariados ya que son las mismas personas; tampoco existen distancias entre dirigentes y dirigidos pues quienes deciden son los mismos que ejecutan; esto explica bien por qué en ellas no existe lucro ni ganancias sino excedentes pues los trabajadores-asociados perciben ingresos por sus trabajos, no por los de otros.

A pesar de la similitud “en micro” de las CTAs con variadas y serias propuestas socialistas, el pretendido dizque socialismo deseado “en macro” por los gobiernos de estos 17 años con sus erráticas acciones huérfanas de política al estilo de Eudomar Santos y un desconocimiento absoluto sobre el cooperativismo, ha dañado al cooperativismo en todos los sentidos, y al cementerio de unas 400.000 cooperativas registradas e inexistentes, se sumarán las potenciales fallecidas por el impuesto sobre la renta injustificadamente establecido por Maduro.

Efectivamente, con ese inconsulto golpe de gracia a las cooperativas que dio Maduro en noviembre 2014 al eliminar las exenciones impositivas que su comandante eterno había establecido a las cooperativas en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), le hizo el juego al Fondo Monetario Internacional (FMI) que en su Cláusula del Acuerdo Stand-By propuso “la ampliación de la base de impuesto a las ganancias para incluir los ingresos por intereses y dividendos y las ganancias de cooperativas, mutuales y fundaciones”, tal como lo denunció en su momento Elvira Castro, presidenta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de Argentina: ¡Ni las dictaduras gomecista y perezjimenista con su laissez faire fueron tan nefastas!.

Se suma que mientras en los gobiernos de la peyorativamente llamada Cuarta República los superintendentes de cooperativas eran nombrados por la Presidencia de la República sobre sendas ternas propuestas por el movimiento organizado en las centrales cooperativas y Ceconave, ninguno de los nombrados por este gobierno representa o al menos conoce los preceptos cooperativos, llegan con sus equipos al despacho y hojean la ley mientras son transferidos a otros cargo; los últimos tienen como único mérito pertenecer a la Misión Francisco de Miranda. ¡Ojalá, al menos, hubiesen aprendido algo del cooperativismo cubano!.

Si esto sucede con las cooperativas que constitucionalmente integran el restringido mundo de los movimientos poseedores del don de la participación económica y se constituyeron en la punta de lanza de lo pretendido por el mandatario fallecido: ¿Qué quedará para organizaciones como las asociaciones que ni ley poseen? Nuestro próximo artículo lo dedicaremos a las variadas formas participativas que impulsan la democracia en las organizaciones.

Democracia Económica

Profesor UCV

oscarbastidasdelgado@gmail.com

@oscarbastidas25

Aumentar la producción de alimentos, recuperar la capacidad de exportar determinados rubros y alcanzar el autoabastecimiento donde es posible, es una necesidad urgente para Venezuela. En este contexto las investigaciones del economista Alejandro Gutiérrez, quien ha convertido al tema alimentario en el centro de su trabajo, cobran relevancia. Su voz es una de las más autorizadas en la materia: profesor titular de la Universidad de Los Andes, doctor en estudios del desarrollo, consultor del Banco Mundial, la FAO y, desde febrero de este año, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Su trabajo de incorporación a la Academia, titulado El sistema alimentario venezolano: evolución reciente y bases para el diseño de una nueva estrategia, precisa cómo se ha comportado la producción del sector agroalimentario en los últimos años y propone una serie de medidas para reimpulsar al sector en el corto y mediano plazo.

Alejandro Gutiérrez tomó las cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, que registran el valor bruto de la producción agrícola vegetal, animal y pesquera aprecios de 1997 y lo dividió por la población de cada año para expresarlo en términos per cápita. El resultado es una tasa media de crecimiento anual de -1,5%. Por períodos destaca que en 1998-2003 hubo una caída de 0,8%, durante 2003-2008 crecimiento de 1,6% y en 2008-2014 un declive de 4,7%.

En su discurso de incorporación a la Academia Alejandro Gutiérrez precisó: “Se destaca el decrecimiento para la casi totalidad de los rubros agrícolas y pecuarios en el período 2008-2014. Resultado que refleja el agotamiento de los estímulos de precios, rentabilidad, subsidios a insumos y financiamiento, los cuales tuvieron efecto positivo sobre la producción agrícola durante los años de la bonanza petrolera (2004-2008), aunque debe recordarse que el crecimiento del sector agrícola en ese período fue inferior al del resto de la economía”.

“Los resultados negativos del período 2008-2014 pudieron ser peores, pues se basan en estadísticas oficiales, generalmente sobreestimadas con respecto a las que reportan los gremios agrícolas, lo que obliga a tomar con reserva las estadísticas oficiales de producción y los reporte de los balances alimentarios publicados por el INN y la FAO”, agregó.

Fuente: MPPAT, INE. Cálculos propios

Las causas

Al evaluar por qué la producción no ha respondido a pesar de que el gobierno ha intentado impulsarla por distintas vías, Alejandro Gutiérrez señala que los resultados se explican “por la baja rentabilidad que originan los controles de precios y su congelamiento por largos períodos, la escasez de insumos (fracaso de Agropatria), las menores inversiones debido a la incertidumbre, la inseguridad jurídica, personal, el poco respeto por los derechos de propiedad privada y el cambio climático en algunos años. Con controles de precios y un tipo de cambio apreciado en términos reales, el gobierno prefiere importar alimentos abaratados artificialmente antes que fijar precios rentables para los bienes producidos en el país”.

Un aspecto importante es que el declive de la producción ya no puede ser compensado mediante el incremento de las importaciones porque la caída de los precios del petróleo ha dejado al país sin suficientes divisas. “Nuestras estimaciones permiten afirmar que en el caso de las importaciones agroalimentarias per cápita estas se han reducido entre 2013 y 2015 en un 28,0%. Lo que ha agravado la disponibilidad de alimentos, pues tampoco ha aumentado la producción nacional”, dice Alejandro Gutiérrez.

Al mismo tiempo resalta que en términos reales, es decir después de descontar el efecto de la inflación, el gasto del gobierno en el sector agrícola se ha tornado volátil y declinante. Entre 2008-2013 la tasa media de crecimiento anual del gasto agrícola real del Gobierno Central fue de -16,8% y para 2015 se estima que hubo una caída importante.

Nueva estrategia

Para impulsar la producción agroindustrial es necesario implementar cambios profundos para atraer inversión privada nacional y extranjera. Alejandro Gutiérrez explica en su trabajo de incorporación a la Academia que “se requiere no sólo de restablecer equilibrios macroeconómicos fundamentales que permitan crecimiento económico con bajas tasas de inflación. Es necesaria una mayor coordinación entre el Estado, el mercado y los empresarios; que permita aumentar la producción de bienes transables no petroleros y abrirle espacios de inversión al sector privado. Sin mayor inversión privada nacional y extranjera el crecimiento económico no tendrá bases sólidas”.

En esta nueva estrategia el Estado tendrá una participación estelar, no se trata de apartarlo y dejar que el mercado resuelva por si solo los problemas. “El Estado deberá jugar un rol importante corrigiendo fallas de mercado, estimulando la reestructuración productiva para aprovechar las ventajas comparativas y creando nuevas oportunidades, generando externalidades positivas, reduciendo la tasa de pobreza a la par que se mejora la equidad en la distribución de la riqueza”, señala Alejandro Gutiérrez.

Agrega que “una nueva estrategia de desarrollo agroalimentario con posibilidades de éxito debería darse en el contexto de una nueva estrategia de desarrollo nacional que sustituya a la renta petrolera como la base de la acumulación de capital, con un marco institucional que garantice los derechos de propiedad privada establecidos en la Constitución, un entorno macroeconómico equilibrado y estable, con mayor protagonismo de los mercados, con mayor libertad cambiaria y un tipo de cambio real estable que estimule la competitividad de los sectores productores de bienes transables no petroleros”.

Medidas puntuales

Alejandro Gutiérrez propone medidas puntuales para impulsar al sector agroindustrial:

Generar confianza promoviendo el diálogo entre gobierno y sector privado, así como reformas legales que fomenten el respeto de los derechos de propiedad privada y el funcionamiento de los mercados. Todo ello en el marco de lo establecido por la Constitución vigente.

Abrir espacios para las inversiones privadas en aquellas áreas donde el Estado tiene propiedades agrícolas, agroindustriales y para la comercialización de alimentos e insumos agrícolas que operan ineficientemente y con pérdidas para la nación.

Eliminar progresivamente el control de precios para los insumos y para los bienes finales en los diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias, sin descartar posibles intervenciones del Estado ante prácticas propias de estructuras de competencia imperfecta (monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios).

Políticas de promoción de exportaciones agroalimentarias con el mayor valor agregado posible. Se deberá inicialmente dar prioridad a aquellas cadenas productivas con ventajas comparativas y competitivas: pesca, productos del mar y acuicultura, cacao, semillas de ajonjolí, frutas tropicales y jugos, hortalizas, zábila, bebidas alcohólicas (ron, cerveza y otras), flores y otros productos de la industria agroalimentaria.

Crear las externalidades positivas-bienes públicos necesarios para la producción agroalimentaria en materia de tecnología e información, vialidad agrícola, sistemas de riego, servicios públicos, telecomunicaciones, seguridad jurídica y personal, infraestructura en puertos y aeropuertos, otras.

4 de abril, 2016

http://larutaindustrial.org/2016/04/04/como-relanzar-al-sector-agroindus...

Con estupor y profunda indignación he leído la sentencia de la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, que oculta a su proponente, en la cual se declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la Asamblea el 29 de marzo de 2016.

Esto ha ocurrido bajo el alegato de la preservación de un sistema de garantías que resguardan los derechos humanos y -óigase bien- por cuanto la amnistía “puede representar un hito que arruine la esfera pública, debilite la institucionalidad democrática y destruya el Estado de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución, no siendo un medio para lograr la paz social, sino una razón para imponer la violencia y la impunidad en la sociedad, incluso a los fines de lograr un marco jurídico que habilite o propenda a una verdadera anomia que permita la ejecución de planes de desestabilización o desconocimiento del Estado Democrático” (p.54).

Esta consideración, unida a pretendidos argumentos de que no se trata de amnistiar delitos políticos, ya que estos son los que atentan contra el Estado, sino pretendidos delitos comunes como el de instigación a delinquir, desobediencia a la autoridad, ultrajes a funcionarios, obstaculización de la vía pública, desacato a mandamientos de amparo, ofensas al Presidente y otros altos funcionarios públicos, generación de zozobra por informaciones falsas, pretendida difamación e injuria contra altos funcionarios y hasta corrupción y enriquecimiento ilícito, la Sala Constitucional, garante de la Carta Magna y la legalidad, tomando además en cuenta -según lo afirman y contra la realidad-que nuestra tradición no avala leyes de amnistía como esta –lo cual no es cierto–, ni puede tolerarse la arbitrariedad del legislador (p.41), sostienen –a mi juicio con razón– que la amnistía un instrumento de corrección del derecho más que la manifestación de una potestad de gracia (p.25).

Y para colmo, la inefable decisión invoca la autoridad de notables pensadores garantistas como Ferrajoli y cita, entre otros, en su supuesto apoyo, a Juan Pablo II y Benedicto XVI, denunciantes de todo género de autoritarismos, en oscura decisión que quedará en los anales de la justicia venezolana como evidencia incontrastable de un tribunal que responde, sin duda alguna, a los intereses del gobierno.

Resulta difícil entender esta sentencia que, a partir de afirmaciones que deben ser compartidas, como la defensa y garantía de los derechos humanos y los límites de la no extensión de la amnistía a crímenes de guerra, de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, en aras de la paz social, concluye en el rechazo a una ley emanada de quien tiene la potestad para dictarla a los fines, precisamente, de la corrección del derecho más que a la concesión de una potestad de gracia (p.29).

Esta ley no viola los límites impuestos por la Constitución en el artículo 29, referido a los delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades del Estado o grupos actuantes en su nombre; y la enumeración de los pretendidos delitos cometidos, es la prueba más contundente del carácter político de estos o de las motivaciones políticas de la persecución penal emprendida contra disidentes u opositores al régimen, motivaciones que precisamente sirven para definir el concepto amplio de delito político, recogido por la Convención sobre Asilo Territorial (art. 4) y que Luigi Ferrajoli, uno de los autores profusamente citado por la sentencia en lo que no se puede estar en desacuerdo, como es la defensa de los derechos humanos, afirma, al criticar el concepto de delito político, que ello “tampoco excluye que se le de relevancia a las motivaciones políticas del delito a los efectos de la prohibición de extradición o de esos procedimientos extraordinarios por su naturaleza que son las amnistías y los indultos” (Derecho y Razón, p. 833).

Esta ley de amnistía no está viciada de inconstitucionalidad alguna. Sencillamente, tiene por objeto rectificar el rumbo seguido por la justicia penal, ajena a sus fines, para amedrentar y perseguir a la disidencia política por la posición que ha asumido y que se corresponde con un sistema de libertades. Y en forma alguna puede sostenerse la aseveración absurda de que esta ley favorece la anomia y la impunidad, siendo así, como lo sabemos, que estos gravísimos males son fomentados por un sistema cuyos órganos sencillamente no funcionan, a tal punto que hemos llegado a peligrosas manifestaciones de “justicia por propia mano” que deben ser atajadas a tiempo y a los que debe atender el sistema de justicia con el TSJ a la cabeza.

El sesgo político de la decisión queda en evidencia por las numerosas citas de juristas con las cuales se pretende apuntalar o justificar lo injustificable, aunque no existe duda alguna en que esos autores condenan los remedos de procesos amnistiados, marcados por la evidente violación de los derechos de los imputados, sobre la base de actas policiales que se inician con declaraciones anónimas de “patriotas cooperantes”, detenciones sin orden judicial que se convierten en penas anticipadas, castigo de meras intenciones o por la supuesta peligrosidad de disidentes políticos que simplemente han ejercido sus derechos como el de la libertad de expresión, sustrato de todos los casos de persecución política.

El Papa Francisco, no citado entre los Pontífices, cuyos nombres avalan la reconciliación, pero no la venganza y la injusticia, entre otras cosas, ha abogado por el diálogo en Venezuela y, en sus alocuciones, con referencia al tema de la justicia penal ha criticado la prisión preventiva como pena oculta, los presos sin condena y la selectividad de la prisión; y Ferrajoli –en párrafos ignorados por la Sala– pone énfasis en la responsabilidad jurídica de los jueces: penal, civil y disciplinaria (Derecho y Razón, p. 597).

En síntesis, la sentencia de la Sala Constitucional sobre la Ley de Amnistía, una vez más, contra nuestra tradición, sin fundamento legal alguno, sin que exista asomo de duda sobre la constitucionalidad de un instrumento para la rectificación y la paz social, se coloca de espaldas al derecho y al servicio de los intereses del Gobierno.

aas@arteagasanchez.com

18 de abril 2016. El Nacional

La mayoría de los analistas observan los procesos políticos desde una perspectiva racional. Para ello está la teoría y los procesos históricos e institucionales a partir de los cuales sistematizar sus metodologías de análisis. Pero la política, cuando se conduce por medios personalistas en medio de un vacío de contrapesos institucionales al poder central, no siempre se atiene a lo que podemos considerar racional. Ello es más cierto aun cuando se está en presencia de la monopolización del poder por parte de fuerzas fascistas. El caso venezolano es muy ilustrativo al respecto.

Habiéndose entrampado en un proyecto exageradamente dependiente del ingreso petrolero, el régimen agotó rápidamente las oportunidades que le deparaban los altísimos precios del crudo en el mercado internacional y se quedó a la intemperie, sin cobijo alguno, cuando éstos se desplomaron. Además de haber puesto todos sus huevos en la misma canasta, la “revolución” había quemado sus naves frente a la economía privada, al destruirla progresivamente. Nunca tuvo un plan “B” y el terrible costo de su tozudez se manifiesta trágicamente hoy en una angustiosa situación de hambre, desesperación y hasta de fallecidos por no conseguir medicamentos u obtener los tratamientos médicos requeridos. La desidia criminal de tan tamaña irresponsabilidad les valió un repudio masivo de la población, expresado en la contundente derrota que sufrieron en las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado. Todo indicaría que, en aras de la sobrevivencia del chavismo y de la preservación de sus posiciones de poder, habría interés en controlar los daños, enmendar los errores, reducir vulnerabilidades y reordenar sus fuerzas. Pero aquí es donde se presenta la irracionalidad intrínseca en la naturaleza fascista de este movimiento.

El fascismo no es sustenta en la razón, sino en la pasión. Se legitima invocando epopeyas de un pasado glorioso en el que supuestamente fueron forjadas las virtudes del pueblo. Tales virtudes, mitificadas por el tamiz de reminiscencias selectivas, fundamentan el triunfo de la Nación frente a sus enemigos, por lo que deben recuperarse. Para ello nutre su imaginario de representaciones maniqueas que enfrentan el “bien” con el “mal”, con base en símbolos de esa contienda fundacional. Se forjan construcciones ideológicas que ensalzan el liderazgo resoluto del hombre fuerte y de las ideas que predica. Éstas expresan, por antonomasia, el interés colectivo superior en torno al cual se amalgama al pueblo en su lucha por rescatar las virtudes anheladas. La lealtad para con ese liderazgo debe sobreponerse, por tanto, a la prosecución del interés individual y los sacrificios involucrados marcarán la formación del Hombre Nuevo. La política se entiende, en este contexto, como una guerra contra quienes encarnan el mal –los enemigos del pueblo, traidores de la patria-, con los cuales no debe haber trato ni negociación posible. El pueblo, bajo el liderazgo supremo que encarna sus intereses, abdica de su ciudadanía y se subsume en una masa informe que sólo cobra vida en ordenaciones regimentadas para librar batallas contra los enemigos. En éstas, la violencia se justifica, pues se trata de defender los intereses supremos de la patria.

Lo anterior explica por qué, al sufrir una derrota o un tropiezo significativo, lejos de buscar acuerdos que permitan recomponer sus fuerzas y preservar sus avances, el fascismo suele atrincherarse en posiciones extremas que buscan “profundizar la lucha”. La épica termina siendo lo que le da sentido a su política y entrar en acuerdos con el “enemigo” simplemente la desinfla de toda su vitalidad. Desde luego, detrás de esta intransigencia se cobijan los intereses creados en torno al usufructo ilimitado del poder y que significan oportunidades prácticamente irrestrictas para expoliar la riqueza social. Pero en vez de proyectarse como una élite que explota a un pueblo, la retórica de la “revolución” se camufla en un ideario que permite movilizar a éste en su defensa, porque, por definición encarna una lucha justiciera. La retórica comunistoide representa hoy la manera más efectiva de esta postura. El control de los medios y una propaganda incesante que falsifica la realidad con base en embustes y medias verdades, construye ante los suyos una única referencia a su proceder. Se genera así un escenario que legitima y refuerza la confrontación intransigente.

Luego de la contundente derrota en las elecciones parlamentarias, Maduro y los suyos cerraron toda posibilidad de entendimiento con la nueva mayoría de la Asamblea Nacional y se propusieron simplemente anular sus potestades -seguramente bajo recomendación cubana-, como hicieron con el triunfo de Ledezma en la Alcaldía Metropolitana. En este empeño urdieron tramposamente una composición aun más sectaria y partidista del tribunal supremo de justicia, violando los procedimientos y criterios establecidos en la constitución para ello, para “invalidar” todo lo que aprobase la nueva representación de la voluntad popular. Leyes para otorgar títulos de propiedad a los asignatarios de viviendas por la Misión Vivienda, la reforma de la Ley del Banco Central que busca circunscribir sus funciones a la constitución y, ahora, la Ley de Amnistía y Reconciliación, son torpedeadas por un tsj que, como señala el Chigüire Bipolar, prácticamente declara inconstitucional a la constitución, en defensa de los intereses de sus jefes políticos. Con un cinismo vomitivo e inhumano, el fascismo achaca a los que ejercían su legítimo derecho a la protesta, la responsabilidad de las 43 muertes del 2014, producidas casi todas por la Guardia Nacional, malandros “colectivizados” y el Sebin. Y declara el general López Padrino que la Ley de Amnistía recién aprobada es "un adefesio jurídico, ético y moral (que) legaliza la violación de los derechos humanos", violando el artículo 328 de la constitución y absolviendo las prácticas represivas del régimen. ¡Señores, la novela de Orwell, 1984, no es fantasía y el único imaginario admisible se expresa en la “neolengua”[1] oficial! Más allá de la criminalización de la protesta, y del asesinato de los derechos y de las garantías constitucionales por parte de los “Juristas del Horror”[2], se incita a turbas resentidas y envenenadas por discursos de odio, para que impidan violentamente la entrega de la solicitud de apertura del Referendo Revocatorio ante el CNE. Y Freddy Bernal sale declarando que la marcha convocada por la MUD para el 19 de abril parece “estar buscando unos muertos”.

Algunos consideran que reflexiones de este tenor son exageradas y que la caracterización fascista del chavismo en el poder sólo busca descalificarlo. Que no es “político”, que no contribuye al diálogo, que aborta todo entendimiento con el chavismo para salir de esta tragedia. Y la MUD, creyéndose inmersa en un juego de ajedrez con un contrincante racional, se queda sin jugada cuando este riposta con artes marciales mixtas, en las que cualquier golpe es válido. Creo que no se termina de entender contra quien se lucha.

Es menester dejar las ilusiones y llamar las cosas por su nombre. Hay una claque fascista, militar-civil, enquistada en el poder que necesita insuflar la pasión de sus seguidores a través de la confrontación irracional, so pena de perder sus posiciones de privilegio. Decir así las cosas podrá ser más constructivo para forjar entendimientos con sectores chavistas democráticos, asqueados de tanta corrupción pero cautivos de una lealtad manipulada por una ideológica “revolucionaria”.

Algunos consideran que reflexiones de este tenor son exageradas y que la caracterización fascista del chavismo en el poder sólo busca descalificarlo. Que no es “político”, que no contribuye al diálogo, que aborta todo entendimiento con el chavismo para salir de esta tragedia. Y la MUD, creyéndose inmersa en un juego de ajedrez con un contrincante racional, se queda sin jugada cuando este riposta con artes marciales mixtas, en las que cualquier golpe es válido. Creo que no se termina de entender contra quien se lucha.

Es menester dejar las ilusiones y llamar las cosas por su nombre. Hay una claque fascista, militar-civil, enquistada en el poder que necesita insuflar la pasión de sus seguidores a través de la confrontación irracional, so pena de perder sus posiciones de privilegio. Decir así las cosas podrá ser más constructivo para forjar entendimientos con sectores chavistas democráticos, asqueados de tanta corrupción pero cautivos de una lealtad manipulada por una ideológica “revolucionaria”.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

[1] “La guerra es la paz; / La libertad es la esclavitud; / La ignorancia es la fuerza”. Orwell, George, 1984, editorial Alfa y Omega, República Dominicana, 1984, Pág. 10

[2] Müller, Ingo (2006), Los juristas del horror. La “justicia de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atrás, Editorial Actum, Caracas.

El fracaso del régimen autocrático neomilitarista es de tal dimensión que ha tenido que llamar al Ministro de la Defensa como representante del Partido Político en Armas para que califique de “adefesio” la Ley de Amnistía surgida de la decisión libérrima de la mayoría calificada de los 112 diputados de la Asamblea Nacional. Padrino López en su nuevo rol, obnubilado e ignorante, le cuesta comprender que desde el 6D la mayoría de los venezolanos decretó un cambio político por la vía constitucional. Cambio político categórico que significa un nuevo orden social, con un nuevo gobierno que apunte definitivamente a la democracia postmoderna. El Partido Político en Armas encabezado por Padrino López asume, en consecuencia, las funciones de: comunicación, canalización y expansión del MBR-200, pero sin saber lo que eso significa, en la más crítica coyuntura del gobierno de Nicolás Maduro.

El ambiente político real después del 6D no está para que la sociedad venezolana tolere el asunto y la sin razón de un General que, cercano al caudillo y al caudillismo, pretende como representante del Partido Político en Armas crear una tensión mayor como consecuencia de su desconocimiento de lo establecido en la Constitución. Además, su abuso en la creencia de que el militar puede intervenir, interferir o desviar la voluntad soberana que representan los 112 diputados que legislan, vigilan y controlan un tránsito político difícil, en el cual decidió promulgar la Ley de Amnistía como responsabilidad que le es intrínseca y expresión de la voluntad de la mayoría democrática de los venezolanos.

El Partido Político en Armas se muestra en la escena política del tránsito con la atorrante declaración de Padrino López sobre la Amnistía creyendo él que impunemente puede cumplir la función de comunicación, canalización y expansión del PSUV en franco desmoronamiento y huída. Desmoronamiento y huída por cuanto su dirigencia política muestra una exponencial corrupción, potencia el latrocinio, es irresponsable en sus funciones de gobierno y ha sido incapaz de resolver las demandas prescritas y pospuestas de los venezolanos, además de negar y admitir el 6D como voto ético. El Partido Político en Armas y su representante constituyen un desafío más para los venezolanos demócratas que estamos convencidos de que Venezuela tiene le legítimo derecho de reinstalar la democracia en el cuarto lustro del s.XXI, no obstante la abusiva y torpe declaración del General que acciona como Jefe del Partido Político en Armas.

Ese Partido Político en Armas es el fruto de la ejecución perversa, intencionada e interesada del régimen marxista militarista sobre un componente militar que fue profesional y profesionalizado. Ese Partido Político en Armas refleja a los golpistas del 4F, quienes por ignorantes entienden la política como guerra y se alejan de la concepción civilizada como construcción, creación, desarrollo y acuerdo. Es ese primitivismo, y el primitivismo de Padrino López, lo que ha permitido que el elemento militar durante los últimos 17 años se entendiese –con la tolerancia y anuencia de las Cúpulas Militares Claudicantes y Sumisas- como un factor de cambio social, para lo cual se relajó en el profesionalismo, se potenció la milicia, se adhirieron al gobierno, formaron partes de mafias y, después… accedieron a la condición de partido político en armas. Partido político en Armas para servir de maquinaria de comunicación del régimen, factor de canalización de la supuesta revolución y expansión de la absurda noción de la unión cívico-militar.

Padrino López pretende jefaturar el Partido Político en Armas y en hiato estrecho con quien transitoriamente ejerce el Poder Ejecutivo aparece en la Comisión de la Verdad, proponiéndose con ello desorientar, confundir y contener el ambiente político real que vive Venezuela y sirve Padrino López como sujeto maquinaria de comunicación para el gobierno. Padrino López juega a la desesperanza y aflicción del venezolano que votó éticamente el 6D y cree que en su pervertido papel de difusor sin escrúpulos, sin conocimiento y violando la Constitución logrará impactar la opinión pública para generar un espasmo y desaliento en el ambiente político real democrático. Ésta maroma burda y conducta inmoral refleja su desconocimiento del gen democrático del venezolano, pero además subestima el crecimiento del liderazgo político emergente.

Padrino López desconoce la seria deserción que muestran las masas del PSUV –hoy maltratadas, olvidadas y subestimadas- como consecuencia del latrocinio de quienes gobiernan y, para su sorpresa, son masas que han decidido deslastrarse de lo que hasta ahora se llamaba revolución pacífica pero armada. El Jefe del Partido Político en Armas se imagina, en función de su imaginario político real –nunca clausewitziano y menos profesional-, que en su función de canalización pudiera contener las enormes masas de desertores psuvistas afligidos y avergonzados de acompañar a este absurdo y anacrónico proyecto, que lo único que ha sembrado es miseria, descontento y corrupción.

Padrino López fracasa en su primera gestión como Jefe del Partido Político en Armas por cuanto no logra comunicar, canalizar y, peor aún, expandir. Fracasa por cuanto lo que sufre el cuerpo societal venezolano ante la grave crisis humanitaria es consecuencia de la ineptitud del régimen, razones para que el PSUV se adelgace y quizás minimice. Lo que crecerá definitivamente en Venezuela con el cambio político decretado el 6D serán los demócratas para re-democratizar a Venezuela. Reconstrucción de la democracia decretada el 6D con lo cual Padrino López, como Jefe del Partido Político en Armas, le anotará un hecho doloroso y vergonzoso al elemento armado, quien ya sufre un rechazo de la mayoría de los venezolanos por los hombres en armas fichados en la Lista Clinton y los numerosos y grandes corruptos parte del gobierno que como militares hace tiempo dieron la espalda a la institución y a la Historia.

Padrino López es el responsable de un nuevo fracaso por creerse el exabrupto -como General y Jefe de la Cúpula Militar Claudicante- que podría taponear el más grave desastre político, económico, social y humano que ha venido sufriendo Venezuela por sus gobernantes ineptos. El General, Ministro de la Defensa y Comandante Operacional representante del Partido Político en Armas, como un recurso extremo, no podrá reordenar las huestes del PSUV y mucho menos atemorizar a quienes hemos decidido un cambio político categórico y jamás reconoceremos al jefe de un partido político en armas que constituye la más grave regresión de la ecuación política venezolana.

Es auténtico,

Director CEPPRO

@JMachillandaP

Recuperemos el Cabildo Abierto

La Declaración de Aragua del 19 de abril de 2016, es el pronunciamiento público que emanará como resultado del debate a realizar en una ASAMBLEA DE CIUDADANOS, constituida, principalmente, por venezolanos residentes en el estado Aragua, integrantes en su mayoría de diversos movimientos y organizaciones sociales nacionales y regionales, militantes y no militantes de partidos políticos de distinto signo. Dicha asamblea tendrá carácter democrático; y estará abierta a la participación libre y voluntaria, sin exclusiones debidas a inclinaciones políticas, religiosas o de cualquier otro tipo.

El TEMA CENTRAL a debatir será la lucha social en nuestro país y en nuestro estado, sus condiciones actuales y sus perspectivas en medio de la presente crisis. A tal efecto, se presentará un documento base para la discusión, previamente difundido, a partir del cual se arribará a las conclusiones finales del evento.

Fecha: martes 19 de abril 2016

Hora: 9 AM

Dirección: sede del Colegio de Profesores del estado Aragua (Urb. La Arboleda. Diagonal al 171. Al final del parque Las Ballenas. Maracay).

Te extendemos nuestra más cordial invitación a participar, promover y colaborar con la convocatoria a este importante y necesario acto.

¡POR LA UNIDAD DEL PUEBLO Y SUS LUCHAS!

Comité Organizador

Desarrollo

Se quiere hacer realidad en el estado el concepto de Desarrollo Humano entendiéndolo como el proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de la gente a todos los niveles del desarrollo, comenzando por la satisfacción de las necesidades esenciales tales como disfrutar de una existencia prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para una vida decente.

Con él se persigue progreso social, crecimiento económico, aumento de la eficiencia, vigencia de la equidad, participación, libertad, seguridad personal y sostenibilidad, teniendo como objetivo fundamental la gente.

Alcanzarlo es factible ya que la pobreza es evitable y los recursos pueden ser distribuidos de manera más equitativa, si se toma en cuenta al ciudadano en las decisiones que le atañen, y sobre todo, aceptando que es posible lograr cambios en las actitudes humanas mediante la educación, el intercambio de ideas y la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Para su logro es indispensable:

1. Reencontrarnos sin renunciar a nuestros principios y a la justicia, erradicando la violencia y asumiendo la paz como principio de vida.
2. Comprometernos a eliminar la pobreza y generar bienestar para todos.
3. Generar empleo productivo que se traduzca en desarrollo con equidad.
4. Profundizar la democracia en su sentido amplio. Democracia sin apellidos o adjetivos que la califiquen.
5. Impulsar y defender la descentralización, reconociendo el protagonismo regional y local.
6. Erradicar el clientelismo como forma de actuación política y recuperar la ética y los valores.
7. Colocar el Estado al servicio de la gente y no al revés, como se ha pretendido hasta ahora.
8. Mejorar y sostener la calidad del ambiente.

Trabajar a favor del desarrollo humano implica encarar las necesidades y aspiraciones de la sociedad desde distintos niveles o ámbitos de actuación: económico productivo, social, salud, educativo, cultural, deportivo y recreacional, ambiental y político.

Afirmamos sin temor a dudas que el objetivo final es alcanzar la libertad, reconociendo que la misma tiene límites divinos, jurídicos y humanos, pero siempre será válido tener presente que las únicas limitaciones adicionales son las que se imponen a sí mismos los ciudadanos, recordando siempre que sin la libertad ha sido imposible lograr avances significativos en el progreso de la humanidad.