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Opinión

“Los hombres no cambian, se desenmascaran”: Germain de Stael.

Vivimos tiempos complicados. En el país tenemos representantes de instituciones fundamentales que con descaro toman decisiones o hacen afirmaciones con la Constitución en la mano, cuando esta señala un curso diferente o expresamente lo prohíbe. Desde hace muchos años el gobierno viola con impudicia la Carta Magna y las leyes, pero en los últimos meses y días la escalada deja boquiabierto al más experimentado en estas lides. Ejemplos sobran.

Tiempo hace que vemos a los militares participando descaradamente en actividades partidistas, estando proscrita la política para los uniformados. Ahorcan financieramente a gobernaciones y Alcaldías no oficialistas al no enviarles el presupuesto, como lo establece la carta madre, con el solo objeto de hacerlos fracasar, sin importar que los perjudicados sean los ciudadanos de esas entidades. Crean entes paralelos con presupuestos millonarios y colocan allí a dedo a sus fichas. A uno de ellos lo llaman “el protector de Miranda”.

Igual estrangulamiento lo hacen con universidades, gremios, sindicatos, y cuanta organización se atreva a ser autónoma, o peor si son francamente opositoras, montándoles organizaciones paralelas que siguen los caprichos políticos de la oligarquía dirigente. A esas estructuras generalmente las llaman “Bolivarianas”. Todo esto es de larga data, y viola la práctica democrática en el mundo y, también, contraviene la decencia política.

Pero desde la derrota parlamentaria del 06 de diciembre, los cortocircuitos en los lóbulos cerebrales del oficialismo se dispararon. Nombraron a toda carrera un TSJ violando lapsos y requisitos que establece la Carta Magna. Isaías Rodríguez, Ex Fiscal General de la República, aseveró que los magistrados no tienen la capacidad para estar al frente de sus funciones, “Son bastantes, no uno o dos, estoy hablando de bastantes”, afirmó al referirse a los jueces investidos. Otros hacen señalamientos éticos de esos señores.

Lo cierto que desde esa designación el Ejecutivo Nacional y los otros poderes comenzaron a tomar múltiples decisiones, una tras otra, evidentemente inconstitucionales, haciendo que “la mejor Constitución del mundo” no exista. Para entender lo que pasa no es necesario ser abogado. Sobran los ejemplos, solo mencionemos algunos. Suspendieron a los Diputados electos del Edo. Amazonas, estando esa entidad desde hace nueve meses sin representación popular, y sin resolver el TSJ la supuesta irregularidad. De lo que tanto se jactó Hugo Chávez, el poder del pueblo, no tiene hoy ninguna importancia.

Las señoras del CNE no organizan las elecciones de gobernadores, cuyo período vence en diciembre de 2.016, porque en el gobierno resolvieron que no es prioritario. Del referendo revocatorio no se diga, las normas sobrevenidas y los lapsos máximos eliminaron el mandato de que el pueblo decidiera si continuaba un mal gobierno. Ellas prefieren dejar este, que es el peor de la historia. En ambos casos el mandato constitucional no importa.

La crisis económica, que es el resultado de las políticas públicas que han aplicado, cónsonas con la visión atrasada que tienen de la economía, la sociedad y el mundo, se propusieron enfrentarla con el “Decreto de Emergencia Económica”. Según la madre de todas las leyes, debe pasar por la Asamblea Nacional. Pero inventan que ello no es necesario. La sala constitucional del TSJ, cuyos miembros Isaías Rodríguez señala como no capacitados, asume la competencia para revisar y aprobar el decreto, y de paso le da prórrogas, más allá de las dos veces que establece el texto que ellos llamaron “la bicha”. No solo esa competencia le quitan a la AN: le sustraen todas, la anulan. Le impiden controlar a los poderes, elaborar leyes, interpelar a las autoridades, escrutar la rendición de cuentas de las instituciones, darse su reglamento interno, nombrar a los abogados para que defiendan al parlamento en los juicios que tuviere, le quitaron los salarios a los parlamentarios, y pare de contar. Luego dicen que se “autodisolvió”.

La última trastada del poder establecido es la aprobación del presupuesto de 2.017, facultad exclusiva del parlamento nacional. La autorizan en una pequeña asamblea frente al Panteón Nacional. Y le agregan otra novedad: que la tienen que firmar los Gobernadores y Alcaldes, de lo contrario no recibirán su presupuesto. Nunca en la historia del país las autoridades regionales y locales han firmado un presupuesto. Nunca. Y no se preocupe en buscar en alguna ley de dónde sacan ese exabrupto, no lo va a conseguir.

Hoy lo que dice la Constitución no existe. Ahora las normas las elaboran o cambian día a día los jefes del psuv, a su medida, con unos jueces a su servicio, con el solo interés de mantenerse en el poder. Eso no lo hace un gobierno democrático, este no lo es. Razón por la que afirmamos que el gobierno se quitó la careta.

La ruta para enfrentar la ruptura constitucional del gobierno es harina de otro costal, que deberá ser abordada y concertada por la dirigencia opositora, de cara y en alianza con el país.

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La codicia insaciable de este Estado delincuente no tiene límites. Primero fue la renta petrolera producto de los precios mas altos que hayamos conocido. Más de 300.000 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de la casta cívico-militar que desgobierna a la nación. Ahora Maduro y su entorno corrupto le han puesto el ojo a las reservas de oro, diamantes y coltán a través del proyecto Arco Minero del Orinoco. A espaldas del país, de manera opaca e ilegal – como ya es usual en este régimen – se está comprometiendo gran parte de la riqueza que aún le queda a Venezuela.

La creación del proyecto Arco Minero por decreto presidencial en febrero pasado fue rechazada por la Asamblea Nacional, que según los artículos 150 y 187 de la Constitución Nacional, debía aprobarla. Por lo tanto, los acuerdos por más de 10.000 millones de dólares firmados hasta ahora por Maduro con empresas de Canadá, Italia, China y Congo en agosto, son ilegales. Resulta insólito que entre ellas se encuentren por lo menos dos compañías extranjeras a las que el gobierno revocó concesiones en el pasado por prácticas contra el medio ambiente como Gold Reserve (oro- 2009) y Guaniamo Mining Co. Ltd. (diamantes -2003) y la controversial empresa suiza Glencore, de oscuro historial en Guayana en la explotación del níquel.

Tanto estas empresas transnacionales como las venezolanas que participan en el proyecto, fueron seleccionadas a dedo, sin concurso público, lo que constituye otra grave irregularidad. En el caso de las compañías nacionales que firmaron en el acto con Maduro, Merentes y el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico Roberto Mirabal, ninguna tiene la experiencia, ni el capital ni los recursos humanos para emprender la explotación de los yacimientos en cuestión, en especial los de coltán, el metal estratégico más valioso del momento. Empresas de maletín mineras?

La Asamblea Nacional no es única que objeta el Arco Minero. Desde ecologistas y agrupaciones indígenas, trabajadores y defensores de derechos humanos hasta ex ministros del propio régimen, sostienen que el proyecto traerá más destrucción ambiental, enfermedades, violencia y delitos.

Los ecologistas denuncian que la deforestación masiva necesaria para las excavaciones ocasionará un proceso de desertificación del sur del país. El Arco Minero atraviesa las selvas de Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, vitales para la producción hidroeléctrica del país, que se vería aún más perjudicada de lo que ya está debido a la corrupción.

Los trabajadores que entren a laborar en las diferentes empresas del Arco Minero, así como los que ya se dedican a la minería artesanal, lo tendrán difícil para reclamar sus derechos, al igual que los indígenas y vecinos de las zonas explotadas. El decreto No. 2248 de creación del Arco Minero, en el Artículo 25 indica que “ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. De modo que quienes “ejecuten o promuevan actuaciones materiales o tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades producidas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.” Esto equivale a suspender las garantías constitucionales en un 12% del territorio nacional, como denuncia PROVEA.

Más grave aún son las denuncias del diputado Américo de Grazia sobre la matanza de mineros en Tumeremo (Estado Bolívar) a la que califica como de una operación de “limpieza” de minería ilegal que estaría ejecutando el régimen en la zona ofrecida a las trasnacionales. La verdadera causa de los asesinatos de 17 mineros en Tumeremo en marzo y de tres personas mas la semana pasada, no ha sido suficientemente aclarada por las autoridades quienes por el contrario, incrementan los operativos militares (OLP) en la zona.

Nada de esto importa a un presidente que viola la Constitución todos los días, que desconoce la voluntad del pueblo que pide a gritos el Referendo Revocatorio, que acaba de dar un golpe a la Asamblea Nacional y que está dispuesto a mantenerse en el poder a costa de lo que sea.

Es así como Maduro ha creado la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) que se encargará de administrar el Arco Minero del Orinoco. Una vez más, apela a la chequera para asegurar su permanencia en Miraflores, ofreciendo más prebendas a la casta militar que precariamente lo sostiene. La forma opaca, a espaldas de las instituciones y de la opinión pública, en cómo se inició el proyecto y el dudoso perfil de algunas de las primeras empresas involucradas, confirman las sospechas de corrupción.

El Arco Minero representa un importante dilema para las Fuerzas Armadas: Seguir siendo cómplice de la dictadura de la corrupción o ser garante de la plena vigencia de la Constitución.

Fuente: http://www.lapatilla.com/site/2016/10/17/carlos-tablante-las-minas-de-la...

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La Federación Venezolana de Colegios de Abogados de Venezuela; Los Colegios de Abogados de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia; El INPREABOGADO; El Bloque Constitucional de Venezuela; FUNDECI; Foro Penal; Federación Interamericana de Abogados; Fondo de Acción Social y estudiantes de Derecho y de Comunicación Social, manifiestan:

1. Reconocer que la Constitución de la República documenta el pacto fundamental que sienta las bases de la convivencia pacífica entre los venezolanos; que en dicho pacto se dividen y ordenan los poderes del Estado, se garantiza la separación de funciones entre los mismos, se reconocen y se configuran los derechos fundamentales de los venezolanos para cuya realización es esencial la independencia del Poder Judicial.

2. Observar que la República vive una grave crisis institucional a causa de la violación intencional, pública, notoria y sistemática, de parte del Tribunal Supremo de Justicia, de la Democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. En particular:

a) suprimió el control político de la Asamblea Nacional sobre los estados de excepción, a cuyos efectos se desaplicaron normas de la ley que rige la materia y se soslayó la obligatoriedad de notificar las medidas de emergencia a los organismos internacionales de derechos humanos;

b) se anuló la facultad parlamentaria de interpelar a las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, así como a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, con lo cual se afectaron los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas;

c) se afirmó que la mayoría calificada se alcanzaría, en todo caso, con 112 diputados, de modo que la oposición la habría perdido con la desincorporación de los 3 representantes de Amazonas;

d) se negó el control del Legislativo sobre el Banco Central de Venezuela y se acusó a la Asamblea Nacional de incurrir en desviación de poder y de atentar contra la estabilidad de la economía por haber procurado que existieran los debidos controles;

e) se sostuvo que en Venezuela no hay persecución judicial contra los opositores y que una Ley de Amnistía, como la sancionada, constituye una arbitrariedad;

f) se limitó a la Asamblea Nacional para debatir y decidir autónomamente sobre la convocatoria y desarrollo de las sesiones, la elaboración, modificación y aprobación de la agenda parlamentaria, y la presentación de informes por las comisiones;

g) se estableció que la Asamblea Nacional no puede aprobar una enmienda destinada a disminuir el período de un Presidente de la República en ejercicio, que tenga efecto inmediato;

h) se negó la iniciativa parlamentaria para legislar sobre la organización y funcionamiento de los poderes Judicial y Electoral, con lo cual cada uno de estos decidiría unilateralmente sobre las normas que los rigen;

i) se suspendió la facultad de declarar mociones de censura;

j) se centralizó en el Ejecutivo la elaboración y ejecución del presupuesto nacional sin posibilidad de control parlamentario; cuando tales competencias son exclusivas y excluyentes de la Asamblea Nacional, violentando con ello el Principio de Legalidad Presupuestaria que obliga al Presidente, de manera ineludible, a no realizar gasto que no haya sido previsto en Ley. La ejecución de un espurio presupuesto aprobado por la Sala Constitucional en estos términos, constituye una apropiación criminal de los fondos públicos;

k) se extendió el monopolio del uso de la fuerza pública a militantes del PSUV y organizaciones afectas al oficialismo, mediante la convalidación del decreto de estado de excepción;

l) se obstaculizó la elección de nuevos magistrados del TSJ;

m) se permitió al Ejecutivo firmar contratos de interés público y solicitar préstamos sin autorización de la Asamblea Nacional;

n) se declaró un inexistente desacato de los directivos del Parlamento con la amenaza de emprender contra ellos procesos penales;

o) se impidió la representación judicial autónoma de la Asamblea Nacional, a efectos de responder a todas las acciones que en su contra ha intentado el oficialismo, pues la Sala Constitucional determinó que debe ser defendida por abogados autorizados por la Procuraduría General de la República.

3. Advierte, por las razones que anteceden, la violación, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, al principio constitucional del Estado democrático, por cuanto el desconocimiento judicial, pero sin fórmula de juicio, de varias de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, así como la suspensión indebida de la inmunidad constitucional de los diputados del estado Amazonas y de la representación parlamentaria de dicho estado, dejan sin efecto la decisión adoptada por los venezolanos, en ejercicio de su derecho constitucional al sufragio, de elegir a sus representantes ante el órgano único del Poder Legislativo Nacional, y configuran la violación del principio de la soberanía popular; ha intentado impedir que la Asamblea Nacional verifique si se incurrió en la violación al procedimiento constitucional en la elección y designación de los magistrados del Tribunal Supremo; ha contribuido a despojar a los venezolanos de su derecho fundamental a la justicia internacional en materia de derechos humanos (artículo 31 constitucional); ha desacatado sistemáticamente las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incurriendo así en la violación a la norma constitucional que obliga a su cumplimiento (artículo 31 constitucional); y ha privado a los venezolanos de su derecho fundamental a una justicia imparcial, autónoma e independiente (artículo 26 constitucional).

Advierte las privaciones ilegítimas de libertad, por violaciones al debido proceso de parte del Tribunal Supremo de Justicia, contra alcaldes del País.

Advierte finalmente que, por causa de las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia, se ha desmantelado el Estado de Derecho, por lo que el Sistema de Justicia ha cesado en su legitimidad por la falta de magistrados autónomos y por hallarse al servicio del Gobierno y no de los ciudadanos; y la vigencia misma de la Constitución se ha hecho incierta.

Por las razones que anteceden, las organizaciones mencionadas en el encabezamiento de este documento:

Exigen al Gobierno Nacional que cese en su actividad pública y notoria de impedir el ejercicio de las atribuciones que competen a la Asamblea Nacional.

Exigen a la Asamblea Nacional que sancione de urgencia las reformas legislativas que fueren necesarias para garantizar a los venezolanos una justicia imparcial, autónoma e independiente, así como para asegurar el ejercicio de sus propias competencias.

Exigen de la Asamblea Nacional la ejecución inmediata de la decisión de anular las designaciones de magistrados ocurridas en diciembre del 2015 y que se inicie la apertura del procedimiento de designaciones de quienes deben sustituirlos.

Exigen de la Asamblea Nacional inicie la apertura del procedimiento para la declaración de nulidad de los restantes magistrados y sus suplentes.

Insisten en la aplicación inmediata de la Carta Democrática.

Instan a desconocer, en cada circuito judicial y ante los palacios de justicia, a los sedicentes magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y las sentencias por ellos dictadas.

Se comprometen a dar inicio a una lucha por la defensa pacífica del orden constitucional de la República, del principio de la soberanía popular, de la división e independencia de los poderes públicos, por la libertad de los presos de conciencia y el cese de la persecución de los exiliados y disidentes políticos, así como en la tarea de recuperar y hacer efectivo para los venezolanos su derecho fundamental a una justicia imparcial, autónoma e independiente. El compromiso que precede y las denuncias que se han hecho se basan en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional.

Obtenido de: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/gremio-abogados-declaro-rebeldia-ante-actuacion-del-tsj_622801

Actualizado el 16 de octubre de 2016 09:34 AM

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Lester L. López O.

Apreciación de la situación nacional #83

El reciente Acuerdo sobre el rescate de la democracia y la Constitución publicado por la Asamblea Nacional el pasado 13 de octubre puede ser de capital importancia para la sociedad venezolana en los días por venir. Pero también deja entrever que la salida de este régimen por la vía pacífica, democrática, constitucional y electoral no está a la vuelta de la esquina como es el deseo, o expectativa, de la mayoría de los venezolanos.

De los 12 acuerdos enunciados los dos primeros son los más indicativos por tanto se presentan a continuación:

PRIMERO: Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales.

SEGUNDO: Encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

Ambos son lo suficientemente claros en su texto e interpretación: El primero es el inicio del desconocimiento público por parte de la AN tanto del gobierno como del TSJ a partir de la presente fecha cuyo resultado inmediato será el choque de poderes y el debilitamiento, aún más, de la poca gobernabilidad imperante, dejando a la sociedad en un limbo institucional que la obligará a tomar partido definitivo por alguno de los poderes. Cómo será la forma de tomar partido es lo que se propone en el segundo acuerdo, donde la consulta y la organización de la sociedad venezolana, tal como lo dice el texto, serán los factores fundamentales para alcanzar los objetivos que se buscan.

No es tarea fácil, pero puede ser el primer intento serio de darle forma al desconocimiento del régimen previsto en el artículo 350 constitucional lo que sin duda deberá iniciarse luego de la jornada de recolección de firma prevista para los días finales del mes en curso, esperemos que no se vuelva letra muerta.

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Venezuela sufre una gran tragedia, y su gravedad la padecen todos los venezolanos, civiles y militares, al tener que afrontar, con pocas posibilidades de éxito, el hambre, la escasez de medicinas, la inseguridad, la inflación y pare usted de contar. La única esperanza que tiene, en este momento, nuestro pueblo es lograr que se le permita ejercer su derecho constitucional de revocar al presidente Nicolás Maduro. El profundo rechazo a su figura y al sistema que representa ha llegado a tal nivel que recientes encuestas de opinión indican que más de 80% de nuestros ciudadanos están decididos a votar para que sea revocado su mandato a la brevedad posible. Lamentablemente, un sector radical del madurismo está dispuesto a interrumpir ese proceso sin importarles los graves y delicados problemas que irremediablemente surgirían en nuestro país. La única manera de hacerlo es con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Paradójicamente, los militares activos también tienen derecho a participar en el proceso revocatorio, ya que al votar se genera la posibilidad de revocar. Sin embargo, su participación en la recolección de 20% de las firmas no sería recomendable por razones obvias, pero sí lo será en la última etapa del referendo revocatorio, para votar en secreto por el “Si”.

Cohonestar y apoyar una violación constitucional siempre ha provocado delicadas e históricas consecuencias para el país, pero también para nuestra institución. Recomiendo a las nuevas generaciones de militares activos revisar la historia sobre el fraude electoral ejecutado por el general Marcos Pérez Jiménez en 1952, a nombre de las Fuerzas Armadas Nacionales. Las flagrantes violaciones que se han venido cometiendo este año están a la vista. Al perder la mayoría parlamentaria en las elecciones del 6 de diciembre de 2015, con una diferencia de más de dos millones de votos, Nicolás Maduro y sus secuaces han urdido una conspiración para quitarle a la oposición democrática la legítima mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Esa conspiración se materializó con la ilegal designación durante el anterior Parlamento de los nuevos rectores del TSJ, el cual quedó integrado en gran medida por personas carentes de los méritos académicos y profesionales exigidos por la Constitución nacional, así como de las condiciones morales para el ejercicio de los cargos. Su misión consistiría en darle un barniz de legalidad a todas las tropelías cometidas por el Gobierno en contra de la Asamblea Nacional, sin que les importe violar la Constitución. Esa misión la están cumpliendo cabalmente. Sus aberrantes leguleyerías han originado el lógico rechazo de la colectividad en general y de los diputados opositores en particular. La primera tropelía fue la de declarar ilegal la elección de los diputados por el estado Amazonas.

Prudentemente, la Asamblea Nacional, sin estar legalmente obligada, pidió a los diputados de Amazonas que se desincorporaran por propia voluntad, en espera de que se realizara la correspondiente investigación para demostrar si había alguna irregularidad. En ese caso, la oposición estaba dispuesta a medirse en una nueva elección, si el CNE la convocaba rápidamente. Una medida cautelar sólo debe tener vigencia por corto tiempo, y más en este caso, que dejaba a ese estado sin representación parlamentaria. Sorprendentemente, pasaron los meses sin que hubiera una sentencia definitiva y mucho menos se convocara a elecciones. En julio, es decir, siete meses después de la primera sentencia por desacato, la Asamblea Nacional -convencida como estaba de que lo que se buscaba era mantenerla sin la mayoría calificada, ya que de convocar a elecciones serían de nuevo ganadas por la oposición democrática- legítima y legalmente decidió reincorporar a los parlamentarios. Inmediatamente, se hizo pública otra maniobra contra la Asamblea Nacional declarándola en desacato.

Lo relatado es solo una pequeña parte de todo lo ejecutado por el TSJ en la permanente y sistemática búsqueda de anular a la AN, obstaculizando todos sus actos de forma ilegal y arbitraria. No existe hasta el presente una sola actuación parlamentaria que no haya sido declarada inconstitucional por el TSJ. Este cuadro de cosas ha llevado a afirmar, a propios y extraños, que en Venezuela gobierna una dictadura, pero también existe la percepción de que esa dictadura está sustentada por el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Ahora parece ser que la Sala Constitucional del TSJ piensa declarar nula la recolección del 1% de las firmas por un supuesto fraude inventado por Jorge Rodríguez. La respuesta de la MUD fue terminante. Henrique Capriles señaló: “El TSJ puede dictar el viernes una nueva medida cautelar para evitar se realice la recolección del 20% de las firmas. Si ellos lo hacen, nosotros inmediatamente convocaríamos a la “Toma de Venezuela”, dirigiéndonos miles de venezolanos hacia los centros de poder”. Sin lugar a dudas, la razón de esa protesta la tiene el sector opositor. La Fuerza Armada Nacional debe analizar y discutir con profundidad tan delicada situación. Su obligación es preservar la paz de la república, pero la paz no se puede mantener con más represión e injusticias. Si Nicolás Maduro y sus secuaces decidieran coartar el derecho ciudadano a expresarse electoralmente, utilizando a sus bandas armadas para reprimir a los ciudadanos, se podría generar una lamentable tragedia. Corresponderá entonces a la Fuerza Armada Nacional mantener a raya a los violentos y a los órganos de seguridad del Estado, para garantizar la paz y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Nuestro pueblo siempre ha tenido fe en la Fuerza Armada Nacional. No lo defrauden…

Fuente: http://www.el-nacional.com/fernando_ochoa_antich/Referendo-revocatorio-F...

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Carlos Raúl Hernández

Hace tiempo secuestraron la estatua de Colón del Paseo de su nombre en Caracas. Ya tendrá en el futuro un mejor monumento. Los mentecatos que lo hicieron dejaron su credencial de tales y hubieran querido arrestarlo, patearlo, arrojarle orine, pero como no pueden, se desquitan con vecinos que salen a manifestar. No merece maltratos el Almirante que realizó la más grande hazaña de la Humanidad, por encima de Alejandro, Aníbal, Julio César, Carlo Magno, Genghis Kahn: descubrir, conquistar y colonizar el Nuevo Mundo e incorporarlo a la Historia y la civilización. En Buenos Aires atontada por la mefítica atmósfera anticultural del kirchnerismo, degradaron a Colón de la Casa Rosada para arrumarlo en una caja en la Costanera Norte, donde espera justicia. Doble farsa porque los argentinos son los latinoamericanos que más presumen de apellidos europeos. La izquierda planetaria tuvo hace varias décadas un grave retroceso intelectual y cultural al siglo XVIII.

Con la aparición de los hippies, el regreso “a la naturaleza”, la increpación de la sociedad moderna, el ancentralismo, lo deseable, lo programáticamente revolucionario pasa a ser el subdesarrollo, el atraso, el primitivismo, la negación de Occidente. Por eso ridiculeces tales como el día de la resistencia indígena –si las abuelas se hubieran resistido a los abuelos, no estaríamos aquí– y los no descubiertos, enemigos personales de Don Cristóbal. Luego vinieron las bandas criminales Sendero Luminoso y Tupac Amarú disfrazadas de indigenistas, y más tarde la revolución bolivariana. La fuente manaba de los Jemeres Rojos de Cambodia, que ajusticiaban a quien usara lentes, hablara lenguas extranjeras, no tuviera cayos en las manos, o supiera leer, y sentenciaban corrupto al que vivía en ciudades. El documento fundacional del Foro de Sao Paulo es testimonio perfecto del anacronismo intelectual y político, apología del atraso, manifiesto reaccionario, culto al pasado.

La cultura para la pobreza
Como el grueso de los inventos del zurdismo trasnochado, cuando salen de los laboratorios académicos se convierten en desgracias para la gente de carne y hueso. Al principio lucía como ingenuidad de profesores descolgados algo que llamaban promoción cultural, un dislate para el que cualquier fabricación de papagallos, gofio, trompos, gurrufíos o perinolas artesanales, era preferible a Mozart. Erguían las creaciones del pueblo contra un músico capitalista escuchado por burgueses, y las maravillas del cine y la televisión eran instrumentos para alienar al pueblo y someterlo. Pero estas vaciedades se hacen crímenes cuando llegan al poder y se proponen perpetuar la vida ancestral de las comunidades indígenas en estado de naturaleza. Eso puede sonar bien desde un pupitre, pero en términos prácticos, es simplemente preservar una precaria existencia basada en el conuco, el analfabetismo, la pobreza atroz, la carencia de medicinas, viviendas, agua corriente, cloacas y electricidad.

Es lo que sufren en su versión más dantesca nuestras comunidades indígenas, que solo se superan por los efectos de la sociedad moderna. Son víctimas del adefesio intelectual que los fuerza a mendigar en las ciudades para poder subsistir con sus sutes. La democracia venezolana enfrentó y resolvió la problemática de esas comunidades y creó un ejemplo para cualquier pensamiento avanzado en el mundo: más allá, por encima de cualquier especificidad étnica, color de piel o lengua que hable, lo que hay es personas, seres humanos, ciudadanos. En gran parte de Latinoamérica –México, Centroamérica, Perú, Bolivia, Ecuador– no hubo democracias como el Pacto de Punto Fijo, las etnias originales se mantuvieron, según el desideratum de antropólogos anacrónicos, en ghettos, bolsones demográficos aislados, fuera de los procesos de integración y modernización

Mendigos de la revolución
Allí los indígenas afirmaron sus modos de vida y producción de miseria, pesca, caza, recolección y conuco. En Venezuela la democracia masificó para toda la población, incluidos, por supuesto ellos, los cuatro niveles educativos, servicios públicos, posibilidad de ascenso social. De allí que los pueblos en estado natural, con guayucos y churuatas, muertos de abandono, se redujeron a apenas 2% de la población. ¿Y qué se hicieron los demás? Son ingenieros, abogados, políticos, médicos, empresarios, comerciantes, trabajadores, maestros. Esa es la verdadera antropología al servicio de la gente y cuando vuelva la democracia, habrá que hacer un descomunal esfuerzo para repoblar de escuelas, liceos y universidades los estados donde hoy mueren de mengua las poblaciones indígenas como consecuencia de pensamientos fracasados, inservibles, malignos.

Muchos años atrás quien suscribe estaba en una reunión política en Pto. Ayacucho y un expositor dijo más o menos lo siguiente: “…por mi nombre y apellido sabrán que soy indígena. Y también soy ingeniero petrolero e hice un Ph. D. en Estados Unidos. Trabajo en Pdvsa y vivo en Anzoátegui, donde compré con mi trabajo una casa en la que hay aire acondicionado y piscina para mis hijos, uno de ellos, el mayor, estudiante de medicina. Eso que yo tengo es lo que aspiro para todos los indígenas de Venezuela y no me importan las teorías que quieren condenarnos a vivir siempre igual con la excusa de mantener mi cultura ancestral”.
@CarlosRaulHer

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/abuela-indigena-resiste-abue...

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Con voz propia...

Una asonada militar que este 18 de octubre cumple 71 años, cobra actualidad cuando desde la oposición, ajustada a la Carta Magna, rechaza esas acciones pese a enfrentar un régimen identificado con insurgencias golpistas y desacreditado en acciones dictatoriales que someten al pueblo a la hambruna. Por ello le sancionan instituciones internacionales como ONU y se le aplica la Carta Democrática de la OEA.

La insurgencia, de aquel tiempo, que se venía gestando, quedó formalizada 5 meses antes en la Asamblea Revolucionaria constitutiva de la Unión Militar Patriótica (UMP), conformada por 13 jóvenes oficiales cuya más alta jerarquía llegaba al grado de mayor. Con excepción del teniente de la aviación Horacio López Conde, todos los demás integrantes eran andinos. Este, al servicio de la Casa Militar del presidente, General de División Isaías Medina Angarita, es designado enlace con la Fuerza Aérea. Nombraron un Comité Directivo conformado por los mayores Marcos Pérez Jiménez y Julio Cesar Vargas. Conspiraban abiertamente y lograron captar el apoyo del partido Acción Democrática (AD), legalizado el 29 de julio de 1941. Los tenientes Francisco Gutiérrez y López Conde contactaron a sus respectivos amigos Luis Beltrán Prieto Figueroa y Rómulo Betancourt.

"Admitimos que aspiramos a un golpe de Estado pacifico, es decir, que procuramos encontrarle una salida evolutiva a la compleja situación política del país”, arengó el líder adeco.

Para el historiador Manuel Caballero el golpe del 18 de octubre de 1945 dividió la historia contemporánea de Venezuela en un antes y un después. Entre otros propósitos se planteaba el sufragio universal y directo y luchar contra la corrupción y la autocracia.

Insurgieron casi a la mitad del “siglo de la paz”, con 27 años de dictadura militar y a un lustro de la transición a la democracia cuando apenas faltaban 6 meses para arribar a ese período.

Cronológicamente, dicho siglo XX (que en hechos comenzó en 1935) se inauguró con un gobierno proveniente de la llamada Revolución Liberal Restauradora, iniciada el 23 de mayo de 1899 con la “invasión de los 60” desde Colombia, bajo liderazgo del general Cipriano Castro.

Triunfante entró a Caracas a los 5 meses (23 de octubre) y provocó el desalojo del poder del general Ignacio Andrade, impuesto en elecciones fraudulentas, merideño y acusado por la oposición de ser colombiano.

“No más farsas, no más opresión, no más tiranías”, con esas frases asumió Castro el mando que recibió del presidente del Consejo de Gobierno, general Víctor Rodríguez, quien había sustituido temporalmente a Andrade.

El 19 de diciembre de 1907, el vicepresidente, general Juan Vicente Gómez da un golpe de Estado al declarar ausencia permanente de Cipriano Castro, quién lo dejó encargado al viajar al exterior para tratarse una enfermedad. Ejerce la presidencia directamente al hacerse elegir por el congreso 4 veces o indirectamente a través de civiles como José Gil Fortoul, Victorino Márquez Bustillos y Juan Bautista Pérez.

El general Eleazar López Contreras inició la transición a la democracia que ejerció Isaías Medina Angarita (un general civilista), hasta ser derrocado por el golpe, que se produjo el 18 de octubre y causó cien muertes y el doble en número de heridos. En Maracay se produjo el magnicidio del presidente (así denominaban a los actuales gobernadores) del estado Aragua, Aníbal Paradisi.

Al día siguiente se constituía la Junta Revolucionaria de Gobierno. Betancourt fue nombrado presidente; los otros fueron los adecos Prieto Figueroa, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios; el independiente Edmundo Fernández; el mayor Carlos Delgado Chalbaud y capitán Mario R Vargas. Ninguno podía postularse a cargos de elección. Concluía así, la hegemonía andina de 46 años.

Al MARGEN. Buenas las denuncias del diputado Carlos Berrizbeitia sobre gastos de viajes presidenciales. ¿Qué espera la Comisión que preside para hacerlo con magistrados expres del Parlamento?

jordanalberto18@yahoo.com.

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