Las demandas de los productores agrícolas por mejores precios para las materias primas que producen no afectan a los consumidores de los países ricos, debido al bajo peso de los alimentos en el presupuesto familiar. Los consumidores, inclusive, se solidarizan con las luchas de los productores por mayores precios y beneficios para su actividad. No sucede lo mismo en los países donde la mayoría de los consumidores son pobres ya que los alimentos representan una elevada proporción del costo de la vida.

El caso de Venezuela es representativo de un país donde una fracción importante de los consumidores es pobre. A mediados de la década de 1980 el Ministro de Agricultura Felipe Gómez Álvarez implementó una política orientada a impulsar la producción agrícola recurriendo fundamentalmente a una mejora sustantiva de los precios agrícolas. Esta política tuvo un fuerte impacto sobre la producción, en particular de cereales, por lo que se le llamó el periodo del “Milagro Agrícola”. La producción de cereales se expandió principalmente en suelos de mala calidad de las sábanas de Guárico y con la participación de productores de origen urbano, con poca o ninguna experiencia en el negocio agrícola. No es de sorprender que la productividad agrícola disminuyera durante la década mencionada. Los que pagaron los platos rotos del “Milagro Agrícola” de Gómez Álvarez fueron los consumidores urbanos, pues la inflación de alimentos se incrementó, lo que se tradujo en un mayor empobrecimiento de la población.

A partir de la experiencia del “Milagro Agrícola” se llevó a cabo una discusión sobre las políticas agrícolas y los instrumentos implícitos en las mismas considerando no solo los intereses de los productores agrícolas, sino también el impacto en el consumo y en los consumidores urbanos de bajos ingresos. Esta polémica se extendió a lo largo de la década de 1990 cuando Venezuela decidió ingresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y establecer un acuerdo de libre comercio con su socio natural Colombia.

En este contexto ingresa al Ministerio de Agricultura el profesor de la UCV Arnaldo Badillo como Viceministro. Badillo había cursado estudios de postgrado en el área de Economía Agrícola y por su formación estaba consciente de los beneficios del libre comercio para los consumidores. Desde el inicio de la profesión, los economistas han favorecido el libre comercio por su impacto positivo sobre los consumidores al disminuir el precio de los bienes que consumen. En esta línea de pensamiento se ubicaba Badillo por lo que por razones profesionales, se identificó con los propósitos de la CAN.

En el contexto descrito Badillo se dedicó a la implementación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) que era el marco regulatorio de la CAN para la fijación de precios agrícolas. Este mecanismo tomaba en cuenta los precios de las materias primas en los países de la CAN como base para el cálculo de los precios agrícolas, adicionalmente a otras variables; el mecanismo establecía así un techo a la discrecionalidad de los funcionarios de cada país y a las aspiraciones de los gremios agrícolas. Ello era inaceptable para los gremios agrícolas venezolanos quienes se habían organizado electoralmente para elegir al gobierno de turno; desde un principio utilizaron su influencia y posicionamiento institucional en el Ministerio de Agricultura para a boicotear el SAFP y la labor del Viceministro Badillo. Era difícil una conciliación ya que la preocupación fundamental de Badillo era no repetir la experiencia del “Milagro Agrícola” y su nefasto impacto en los consumidores, mientras los gremios agrícolas buscaban solo su estrecho interés como grupo, sin ninguna otra consideración.

Las tensiones de Badillo con los gremios agrícola debido a la implementación de el SAFP fueron volcadas en una obra titulada “Políticas de precios agrícolas en Venezuela. Teoría y vivencias” la cual fue editada en un esfuerzo conjunto entre el postgrado de Desarrollo Rural de la UCV y la Fundación de Materiales Educativos Impresos de la Gobernación del Estado Aragua, en el año 2008. En dicha obra Badillo expone una dura crítica a los gremios agrícolas cuyo interés, al buscar el desmantelamiento del SAFP, era retornar a la fijación discrecional de los precios agrícolas, sin importar el impacto que ello tuviera en el consumo y en los consumidores de bajos ingresos.

A juicio de Badillo los esfuerzos de los gremios se orientaban fundamentalmente a incrementar sus beneficios recurriendo al cabildeo político e institucional y no a realizar los esfuerzos necesarios para aumentar la productividad y la eficiencia de sus empresas. Lo que buscaban era reproducir el ineficiente modelo de crecimiento de la producción del “Milagro Agrícola” de la década de 1980.

A finales de la década de 1990 los gremios agrícolas se organizaron de nuevo electoralmente para apoyar la elección del entonces candidato Hugo Chávez. Como en anteriores ocasiones utilizaron su posicionamiento político e institucional para lograr mejoras en los precios agrícolas; labor en la que tuvieron éxito pues los precios de los cereales y en particular de maíz se fijaron por encima de la inflación. Badillo analiza el accionar de los gremios en esta etapa y señala que su éxito era coyuntural por que la orientación de la política general del gobierno bolivariano en materia alimentaria estaba sesgada hacia los consumidores de bajos ingresos, cuyo interés entraba en conflicto con los de los productores.

La predicción de Badillo fue acertada porque la política alimentaria se orientó preferentemente a utilizar las importaciones y los programas sociales alimentarios para beneficiar a los sectores de más bajos ingresos. En este contexto la producción agropecuaria fue afectada negativamente por la competencia de las importaciones. Adicionalmente las acciones gubernamentales en el campo acrecentaron la inseguridad jurídica y la escasez de insumos y repuestos. Si bien durante varios años la producción de maíz logró crecer en este ambiente de dificultades al final zozobró al igual que toda la producción agropecuaria.

La obra del Prof. Arnaldo Badillo refleja la complejidad de la implementación de las políticas agrícolas en Venezuela dadas las interrelaciones con otros países a través de los acuerdos de libre comercio, la influencia de los grupos de interés agrícola y las implicaciones de los incrementos de precios en los consumidores de bajos ingresos.

Venezuela debe restaurar su inserción activa en los acuerdos de libre comercio con nuestros socios naturales como Colombia. En este aspecto los gremios agrícolas han demostrado ser una traba. Por otro lado, si bien es necesario diseñar estímulos para la producción nacional, ello no debe lesionar la capacidad de compra de los consumidores pobres, tema en el que también los gremios agrícolas han evidenciado no ser parte de la solución, sino del problema.

Profesor. Facultad de Agronomía, UCV.

El diario El Nacional reseña los siguientes denuestos de Maduro en el acto conmemorativo del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, del 4 de febrero de 1992:

“Lorenzo Mendoza eres un verdadero ladrón. Llamo al pueblo a desenmascararlo en las calles (…) Si no puedes con tus empresas entrégaselas al pueblo (…) aquí te espero, traidor. Da la cara, oligarca, bandido, ladrón…”

Con tales insultos buscó responder a unas propuestas del presidente de Empresas Polar sobre cómo superar la terrible crisis económica que ha precipitado el régimen Chávez-Maduro. Reacción tan destemplada revela un complejo de culpa que lo atormenta, que no sabe cómo enfrentar. Tan perturbadas pataletas expresan su impotencia por enfrentar la crisis y la falta de coraje para sacarse de encima los disparates del legado de Chávez –el “socialismo del siglo XXI”-, que, en su fuero interno, reconoce como la causa del descalabro que sufre la población venezolana.

La frustración de saber que se montó en el tren equivocado –recuerden el comienzo de la película, Manhattan, de Woody Allen- y que Lorenzo Mendoza, el “enemigo” que infructuosamente ha tratado de venderle al país, se lo recuerde de cuando en vez con sus sensatas ponderaciones, consigue escape solo en violentas irrupciones de malcriado como las reseñadas. Desesperado porque ve como el poder se le escurre entre los dedos sin saber cómo evitarlo, explota frenético.

Tal conducta, reprobable en menores de edad, es absolutamente inaceptable en quien ocupa el máximo cargo de conducción de los destinos de la nación. Es expresión palmaria de que Nicolás Maduro no es apto para gobernar un país, diría que ni siquiera una Junta de Condominio.

El ejercicio fascista del poder se construye edificando, con la propaganda y el dominio de los medios de comunicación, una falsa realidad en la que “nosotros” –los buenos- se enfrentan en combate épico con los “otros” –los malos. Emplea contraposiciones simbólicas diseñadas para exacerbar las pasiones de sus partidarios y para alimentar odios contra quienes son señalados como enemigos. Se nutre de mitos fundacionales cuidadosamente cultivados que incitan a una epopeya “revolucionaria”.

Si bien toda lucha política apela a lo emocional, en el fascismo la sinrazón de la pasión es su signo distintivo. Ello rinde frutos cuando un líder carismático es capaz de evocar lealtades ciegas entre sus seguidores con base en representaciones emblemáticas –sean o no verídicas- que refuerzan la noción de que él es la única persona que puede redimirlos y que hay una conspiración montada que amenaza al sueño evocado, que obliga a cerrar filas en torno a él. El histrionismo de Chávez y la generosa chequera petrolera pudieron lograrlo; Maduro, no.

La sustitución sistemática de la realidad por artículos de fe transforma la gesta fascista en una guerra de fanáticos, que no encuentra salida sino en una confrontación final definitiva que limpiaría a la colectividad del fruto podrido. Las gríngolas autoimpuestas –máxima expresión de la irracionalidad política- impiden rectificar y conducen inexorablemente a la destrucción del movimiento.

La película, “La Caída”, que exhibe a un Hitler extraviado con sus generales en su búnker, invocando batallones que no existen para lanzárselos a los soviéticos que se encuentran a las puertas de Berlín, ilustra magistralmente hasta dónde pueden llegar los extravíos del fanatismo. Prefirió la destrucción total antes que explorar posibilidades de pactar una rendición que podría haberle asegurado un final menos traumático, como buscó el mariscal Göering días antes. Éste tuvo que salir huyendo ante la ira del Führer, que lo acusó de alta traición. En estas circunstancias ningún atisbo de razón tiene cabida. Hitler culpó al pueblo alemán por no estar a la altura de sus designios y se suicidó.

Este tipo de comportamiento expresa una sociopatía criminal. En el caso venezolano, no importa el sufrimiento de la población, no tiene significación alguna las muertes que han empezado a producirse por no conseguir medicamentos, por no poderse operar o simplemente por hambre. La vocación totalitaria prohíbe ceder ante planteamientos más que razonables sobre la urgencia de rectificar. Entrampado por su cobardía para enfrentar el legado de su mentor –única fuente de legitimidad que le queda, aunque encogiéndose rápidamente-, y azuzado por las mafias que se han lucrado con los controles y el intervencionismo discrecional del “socialismo del siglo XXI”, arremete contra Mendoza, cuyas sensatas propuestas constituyen, para Maduro, una “guerra declarada”:

“En estos momentos de dificultades, espero acciones contundentes (…) La oligarquía parasitaria viene con todo con la guerra económica…”

Los desvaríos de seguir repitiendo -¡a estas alturas!- la idiotez de una guerra económica como único escudo –más bien, como hoja de parra mal colocada- para no desmontar la economía criminal que está acabando con la vida de los venezolanos, confirman que quien pretende mantenerse en el poder a toda costa, no está en sus cabales. Y como Hitler, no le ofrece al chavismo posibilidad alguna de sobrevivencia. Prosigue la reseña de El Nacional con los desvaríos del presidente:

"¿El pueblo va a permitir que la oligarquía, que ganó la Asamblea Nacional por la confusión de un sector de nuestro pueblo” –(¡!)- “tome el poder político en Miraflores? (…) Para eso es que nos estamos preparando, para no permitirlo ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las malas (…) el pueblo” –que votó en su contra- “no debe permitir que la oligarquía trunque este camino hermoso de revolución".

Como buen fascista, todo lo concibe en términos bélicos, nada de negociar. ¡Hay que echarle la culpa a quienes amenazan su ejercicio despótico del poder, a ver si logra destruirlos! Y procede a culpabilizar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición por la crisis económica (¡!):

"…no le importa la situación económica, se pusieron de espaldas al país y andan con una agenda improvisada, pirateando todos los días, (porque) es una Asamblea pirata. (…) La asamblea burguesa pirata que quiere venir ahora a sabotear a los ministros y quieren que los ministros se la pasen metidos allá perdiendo el tiempo con ellos".

¿No hay dentro del chavismo gente sensata -que debe existir; no todos pueden ser pillos y bribones- que lo convenzan de que colocarle epítetos a sus adversarios para negar sus planteamientos no basta para conservar el poder, y que debe renunciar antes de que termine de acabar con el país y con el propio chavismo? ¿Cómo no darse cuenta que no está apto para continuar como presidente? ¿Será que la oligarquía de militares y “revolucionarios” corruptos, tan comprometida con la expoliación del país, convencida de que no tienen salida, que no podrán disfrutar sus dineros mal habidos sino en Bielorrusia o Corea del Norte y que a muchos les espera prisión, está dispuesta a atrincherarse con Maduro hasta el final, aun cuando el festín terminó? ¿Dónde están los oficialistas que honestamente creen en el proyecto chavista –equivocados o no- que puedan negociar una transición constitucional con el país para resguardar su sobrevivencia política? Tienen la palabra.

Economista, profesor de la UCV

humgarl@gmail.com

El diseño institucional de cada país es diferente. En tal sentido, me pregunto ¿Cómo responde la institucionalidad en otro país ante la crisis de sequía que hoy impacta como consecuencia del fenómeno del Niño?

La tecnología me permite visitar los medios digitales en Colombia y desde la información pública se pueden conocer algunas interesantes experiencias que permiten valorar la participación de los actores locales en el diseño de las políticas para enfrentar la sequía y la capacidad institucional de los mismos para ejecutar esas políticas.

Una primera experiencia nos lleva al Valle del Cauca, en donde ACUAVALLE, sociedad anónima descentralizada responsable de la prestación eficiente del servicio público domiciliario de agua potable, facilitó una reunión con los alcaldes de los municipios de esa zona geográfica, a los fines de debatir el problema del desabastecimiento del agua que afecta a 10 poblaciones, en una situación en la que se advierte que el problema podría agravarse entre febrero y marzo. La reunión fue clara en su objetivo de exhortar a cada alcalde a impulsar planes de contingencia a los fines de enfrentar con mayor efectividad la crisis que genera en sus municipios la severa sequía [1].

Entre las recomendaciones que allí se plantearon y discutieron, se destaca la necesidad de aplicar sanciones a los usuarios que sean sorprendidos desperdiciando agua y que se excedan en metros cúbicos autorizados por población. Es oportuno mencionar, que según el Ministro de Vivienda de Colombia, hay un total de 1.200.000 personas sancionadas por derroche de agua potable [2].

Otra de las recomendaciones de esa reunión, fue la activación de políticas en materia de Gestión de Riesgo y Desastre para mitigar el riesgo de desabastecimiento de agua e incendio forestal en esta temporada. Se exhortó a las autoridades locales a crear el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, crear una Comisión Asesora Municipal de Prevención, Control y Mitigación de Incendio Forestales, diseñar planes de emergencia, de gestión de riesgos y de contingencia. Mantener activa una sala de crisis e incluir a los vecinos en la responsabilidad de enfrentar la crisis invitándolos a tomar medidas como, por ejemplo, no lavar fachadas, vehículos, regar jardines, etc.

Por cierto, los medios permiten identificar en otra zona del territorio Colombiano, específicamente en el Municipio Acacias del Meta, un ejemplo concreto y reciente, en el cual el análisis de la situación hecha por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre, les llevó sugerir un Plan de Racionamiento para el Municipio, que fue asumido por la empresa prestadora del servicio y expresamente llamó a preparar a los ciudadanos para que asuman el Plan Racionamiento y en consecuencia contribuyan efectivamente a enfrentar la crisis[3].

En los Municipios de la provincia de Ocaña, sur del César y el Catatumbo, encontramos otra experiencia interesante a valorar, en donde la Asociación de Municipios sirve de espacio para desarrollar una jornada de trabajo entre autoridades locales y de manera conjunta diseñar lineamientos generales que permitan en bloque y de manera particular enfrentar el problema de la sequía en sus municipios

En esa reunión, se buscó que los alcaldes unieran esfuerzos con CORPONOR (Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental) a través de acciones concretas y de la búsqueda de recursos financieros a los fines de contribuir de manera mucho más efectiva a contrarrestar la emergencia originada por la fuerte sequía [4]. Por cierto, CORPONOR, en octubre 2015, ya asomaba la necesidad de esta articulación de actores políticos para tomar medidas concretas que permitiera enfrentar la sequía.

Como se puede apreciar en los casos que se mencionan, se destaca la participación directa de los municipios en la decisión del racionamiento y en el diseño de medidas para prevenir las consecuencias que genera la sequía. Por otro lado, esas experiencias permiten afirmar, al menos desde la distancia, que cuando un ciudadano colombiano quiere información sobre la magnitud de la crisis y sobre las medidas que se están tomando para enfrentarla, fácilmente podría tener acceso a ella a través de las autoridades políticas más cercana a su ámbito de actuación e influencia.

En el caso venezolano, los ciudadanos experimentamos la gran dificultad por acceder a información técnica sobre calidad de agua y para lograr ser informados sobre la magnitud del problema que genera la sequía en la capacidad de garantizar agua continua. Precisamente en la búsqueda por información confiable, técnica y veraz, los ciudadanos y las autoridades locales, terminan aliándose en el reclamo de información por parte de Hidroven y particularmente de Hidrocapital en la zona metropolitana de Caracas.

Desde la perspectiva ciudadana y desde los registros de los medios digitales del país, se evidencia la ausencia de voluntad política por parte de Hidroven de crear estrategias para fortalecer lazos con las autoridades locales a los fines de garantizar mejor calidad de servicio a los ciudadanos, que pasa por una mayor y mejor información. Por el contrario, Hidroven lejos de promover el encuentro y la articulación de estrategias con las autoridades legítimamente electas en cada municipio, destina su capacidad en impulsar la conformación de Salas de Gestión Comunitarias de Agua, a través de las cuales pretende incluir a los ciudadanos en la solución de problemas puntuales y concretos en la distribución del vital líquido, manipulando el principio de participación e ignorando la institucionalidad local como actor en la gestión integral agua. Esa estrategia de Hidroven, no plantea ningún contenido que ayude a entender cómo se aborda la crisis de sequía que hoy nos afecta.

Queda claro a la luz de estas experiencias mencionadas que el Municipio en Colombia es reconocido como actor en las políticas públicas relacionadas con el agua, tan es así, que no sólo puede imponer multas a los vecinos, como se mencionó previamente, sino que además, un alcalde puede ser obligado por un Tribunal a cumplir con la prestación continua del servicio de agua.

Ese es el caso del Alcalde de Neiva, quien actualmente fue declarado en desacato por no cumplir con una tutela que le obligaba a suministrar agua de manera continua a una comunidad del Municipio y en consecuencia se ordenó su arresto. Actualmente esa orden es apelada ante el Consejo de Estado. La medida la impulsaron vecinos de una comunidad del Municipio Neiva, que argumentaron no tener servicio continuo de agua y verse afectados con enfermedades como consecuencia de la mala calidad del agua cuando la reciben[5].

En Venezuela, si el artículo 136 de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento hubiere sido desarrollada por el Gobierno Nacional, no cabe duda que hoy los Alcaldes y Concejales, a través de figuras como el Consejo Local de Planificación Pública, pudieran, vía Consejo Federal de Gobierno, diseñar y aprobar planes de contingencia, así como también, prever recursos especiales para enfrentar con mayor efectividad las consecuencias de la sequía.

Pero para que esa dinámica local pueda funcionar en la práctica como se describe, resulta indispensable reformar al Consejo Local de Planificación Pública, para hacerlo un espacio útil para la recuperación de la cohesión social necesaria que nos permita recuperar al Municipio como actor clave en el desarrollo sostenible desde lo local.

Asimismo, una reforma legislativa permitiría que los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas puedan ser claramente esos espacios institucionales en los cuales se logren articular esfuerzos entre autoridades locales para enfrentar contingencias como ésta que nos impacta como consecuencia de la sequía.

Hasta ahora, estas instancias integrantes del Sistema Nacional de Planificación han resultado un fracaso como herramientas para la gobernanza y el desarrollo sostenible, pues el Poder Popular las ha confiscado para imponer su modelo comunal.

[1]Elpais.com Piden tomar medidas en el Valle para mitigar desabastecimiento de agua. 29 de enero 2016. Online en: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/municipios-valle-tomar-me...

[2]El Pilon.com. En Valledupar se han sancionado a 30 mil derrochadores de agua. 4 de febrero 2016. Online en:http://elpilon.com.co/en-valledupar-han-sancionado-a-30-mil-derrochadore...

[3]El Tiempo. Meta: Acacias tendrá racionamiento de agua. 29 de enero 2016. Online en:http://www.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/racionamiento-de-agua-en-m...

[4] El Espectador. Alcaldes del Norte de Santander se unen para contra el fenómeno del niño. 12 de enero de 2015. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/alcaldes-de-norte-de-santa...

[5]Diario el Huila.com. La tutela que puso en jaque la administración de Neiva. 02 de febrero de 2016. Onlne en: http://www.diariodelhuila.com/regional/la-tutela-que-puso-en-%E2%80%98ja....

Artículo escrito para Politika UCA, 5 de febrero 2016

Descaradamente el atorrante presidente de facto achaca la crisis económica al descenso de los precios del petróleo, culpa al fenómeno de El Niño por la crisis eléctrica y responsabiliza a la Polar y otras empresas privadas por el desabastecimiento de alimentos. Esas mentiras son para intentar seguir engañando a sus pocos seguidores y evidencian que nunca va a rectificar.

Aún sin considerar los ingresos obtenidos durante los varios años en que los precios del petróleo estuvieron altísimos, actualmente tendríamos suficientes dólares para importar medicinas, insumos y alimentos. Si el billete verde no alcanza es por la corrupción, ineficiencia de las empresas del Estado y burocracia gubernamental.

Según Eulogio Del Pino, presidente de Pdvsa, el año pasado el costo de producción del barril de petróleo fue de 13 dólares, mientras que el precio de venta fue de 44,65 dólares por barril. Pdvsa todavía no ha presentado ni siquiera el informe del primer semestre del 2015, pero reportó a la Opep que produjo 2.655.000 barriles por día (que podrían haber sido seis millones si no fuese por la debacle de la empresa). Considerando que en su Informe 2014 Pdvsa consignó un ingreso bruto por exportación de crudo y productos de 105.000 millones de dólares, cuando el precio de nuestra cesta fue de 88,4 dólares por barril, podemos asumir que en el 2015, a un precio de 44,65 dólares por barril, el ingreso fue de alrededor de 53.000 millones de dólares, lo cual no es una pelusa.

La situación podría ser mejor, pero Pdvsa consume muchos millones de dólares por tener que importar petróleo liviano y nafta para mezclar con los extrapesados, debido a que descuidó la producción de los livianos, no construyó nuevos mejoradores que hubiesen evitado la necesidad de esas mezclas y mató la Orimulsión que era una salida parcial para nuestros extrapesados. Además, importa gasolina y todos los planes de producción de gas tienen un retraso notable, lo cual ha encarecido esos proyectos. La corrupción en la empresa ha sido denunciada por Gustavo Coronel y hoy es conocida mundialmente. A lo anterior hay que añadir que tiene una nómina abultada, ocurren muchos accidentes y tiene una directiva y una gerencia incompetentes. En el 2001, cada trabajador producía 47,1 barriles por día, mientras que ahora solo produce 15,3 barriles.

El Niño tampoco es culpable de la crisis eléctrica. Los destacados expertos del Grupo Zuloaga aseveran que la culpa de la baja generación de electricidad se debe a ¨predominio de la política partidista en el sector, sobreexplotación de la represa de Guri, incumplimiento de planes, ausencia de mantenimiento y fuerte subsidio que incentiva el derroche de electricidad¨. De acuerdo a estos expertos, el sistema eléctrico debería producir 34.400 megavatios, pero solo produce 17.220 mientras que la demanda es de 18.300 megavatios. Por su parte, la hidrometereóloga Ángela González atribuye la escasez de agua a un manejo inadecuado del servicio y no al efecto de El Niño.

La empresa privada no es la culpable del desabastecimiento de alimentos, sino la política de ahogar al sector y el descalabro de las múltiples empresas que constituyó el Estado o que le robó a sus propietarios, las cuales producen muy por debajo de su capacidad e incluso muchas están paralizadas.

Lorenzo Mendoza, presidente de las eficientes empresas del Grupo Polar lo ha dicho claramente y esa sinceridad es la que molesta a Maduro y a la cuerda de ineptos que lo rodean. A los rojos les da piquiña que les digan que el sector privado sí cumple con la producción de alimentos y que los ineficientes y responsables de la escasez son los organismos y empresas del Estado.

Mendoza les dio la receta para solucionar el desabastecimiento: ¨Acceso a las materias primas para poder elaborar los alimentos, lograr financiamiento internacional, apuntalar la producción nacional, ajustar los precios de acuerdo a la Ley de Precios Justos y atender los grupos vulnerables en materia de seguridad alimentaria¨. En respuesta a estas sensatas propuestas, el energúmeno y sus palafreneros solo responden con insultos.

Ni el petróleo, ni El Niño, ni el sector privado son los responsables del desastre, sino quienes han implantado un modelo económico que no es viable, además de la manifiesta incompetencia gerencial de los rojos. Por ello Maduro debe renunciar, pero no lo hará si no hay presión de calle y de los suyos. Además, la Asamblea debe forzar la barra aprobando pronto leyes y medidas que lo confronten.

Como (había) en botica

El Escarrá que llamó a la rebelión contra los rojos ahora no ve doblez en Maduro porque se parece mucho a él. El malintencionado general Gustavo González López, inepto ministro del Interior, declaró que el asaltante y asesino conocido como ¨el Buñuelo¨ es representante de la ¨derecha y que la delincuencia es exportada¨. La Fiscal Ortega no solo ignora la nacionalidad de Víctor Hugo, sino también las denuncias por atropellos a los opositores, entre ellos el asesinato de José Manuel Vilas. Excelente la intervención de la joven diputada democrática Marialbert Barrios. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

En febrero de 1985 obtuve mi libertad como consecuencia de un Decreto Presidencial que sobreseyó las causas a 38 prisioneros políticos venezolanos. Era el tercer decreto dictado por el gobierno de Jaime Lusinchi desde la víspera de las navidades del año anterior. El primero favoreció a todas las compañeras presas. El segundo a quienes tenían responsabilidades menores en las causas juzgadas. Luego siguieron otros que fueron aliviando un problema que involucraba a 187 compatriotas. Quedaron presos sólo los jefes históricos de las organizaciones aún en la clandestinidad y levantadas en armas, quienes también fueron siendo liberados de forma progresiva, al amparo de medidas de gracia gubernamentales. Se trató, como casi siempre a lo largo de la historia, de juicios políticos resueltos con medidas políticas, las cuales contribuyeron a crear las condiciones democráticas para que la disidencia revolucionaria pudiera expresarse legalmente.

Aquél fue un proceso de conversaciones iniciado en el propio cuartel San Carlos entre emisarios de alto rango del gobierno de turno y los principales líderes de las organizaciones subversivas de la época (no hay connotación peyorativa en el uso del término; por el contrario, quiero reivindicarlo en sus alcances más legítimos y cuestionadores), con la presencia de terceros de buena fe y testigos de excepción. En honor a la verdad debo decir que no fueron negociaciones que nos impusieran condiciones humillantes o indignas. Fueron más bien medidas unilaterales tomadas por Lusinchi primero y luego por Caldera, como manifestación de su interés por resolver un asunto que constituía una rémora histórica y que impedía terminar de pacificar al país desde el punto de vista político-institucional (paz y justicia social son otra cosa). Medidas unilaterales pero conversadas, en cierto modo convenidas, a las que le siguieron acciones o gestos unilaterales de parte de nosotros en igual sentido.

Durante una etapa de este largo proceso formé parte del equipo que condujo las conversaciones. Lo hice en representación de quienes seguían presos o perseguidos, acompañado, entre otros, por David Nieves, Raúl Esté y Alí Rodríguez Araque, personajes todos ligados al llamado “proceso” y cercanos al actual Presidente, Nicolás Maduro. Lo hice al frente de un vasto movimiento de familiares y amigos de los presos políticos y al calor de pronunciamientos públicos de partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos; con el respaldo de intelectuales, artistas, académicos, sectores de las Iglesias, dirigentes políticos, sindicales, gremiales, estudiantiles y populares. El resultado fue que los partidos aún clandestinos emergieron a la legalidad, la guerrilla del Frente Américo Silva se desmovilizó, las cárceles se vaciaron y el país vivió un período sin presos políticos, hasta que sobrevino la crisis política y militar del período 1992-1998.

Madurez política, reconocimiento mutuo, respeto por las posiciones del otro-diferente, fervor patriótico, magnanimidad y espíritu de reconciliación fueron los soportes principales que facilitaron este resultado. Hoy, cuando la Asamblea Nacional discute un proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación, sumo mi testimonio como constancia de respaldo pleno a esta noble iniciativa, así como el apoyo unánime de Vanguardia Popular, partido en el cual milito con muchos de quienes han purgado cárcel en defensa de sus ideas políticas. Y me dirijo a Nicolás Maduro, quien me conoce y conoce de cerca esta historia; a David Nieves, a quien sé cercano al Presidente; a Carlos Lanz, beneficiario y testigo del episodio comentado; a Alí Rodríguez, Aristóbulo y tantos otros, para que sumen el concurso de su esfuerzo con el mismo espíritu que animó aquel logro, desprovistos de todo ánimo revanchista o de venganza, para que escuchen el clamor de un país que quiere reconciliación y paz como condición para encarar sus más graves problemas, para hacer posible una Venezuela sin presos, perseguidos ni exiliados políticos.

Nota: Rafael Venegas es Secretario General Nacional de Vanguardia Popular

Caracas, 05 de febrero 2016

Aunque siempre se puede estar peor, la situación del país cada día tiende a eso, a empeorar, aunque a decir verdad, también desconcierta la cantidad de venezolanos que pareciera que no vivieran en este país, ya que, a pesar de las consecuencias visibles y notorias de la crisis económica y de inseguridad ciudadana, aunado a los deficientes servicios de los centros turísticos y recreacionales, se aprestan a pasar el asueto de carnaval en cualquier sitio que no sea en su casa “para olvidarse de la crisis y cambiar de ambiente”.

La situación es paradójica. Hace pocas semanas desde Margarita, por ejemplo, autoridades y comerciantes informan de la carencia de productos y servicios de calidad para atender a los turistas, principal actividad económica de la isla, y un día antes de iniciarse el asueto informan que “todo está listo para recibir a los turistas en esta temporada”. Los hoteles informan de un descenso importante de la ocupación hotelera, pero los sitios están abarrotados de temporadistas ¿Donde se alojan entonces?

Gente que hacen largas y consuetudinarias colas para comprar comida y otros productos de primera necesidad, se toman un merecido descanso en estas temporadas para regresar a seguir enfrentando la misma situación de colas y carencias que no desaparecieron durante las festividades.

En alguna regiones y ciudades del país el racionamiento de agua es de hasta cinco días y una cisterna de agua no vale menos de 8.000,00 Bs (por lo que también hay un buen negocio detrás de estos racionamientos, por lo menos para los dueños de las cisternas) y el presidente de Corpoelec anuncia que a partir del 10 del presente mes los centros comerciales deberán generar su propia electricidad pues serían racionados en horario de 1 a 3 pm y de 7 a 9 pm. La razón es que hay que darle un uso “racional” a la energía eléctrica, extraña respuestas después que se ufanaron de invertir más de 19 MM$ en años recientes para brindar un servicio eficiente ¿a quién? ¿No sabe el ministro de energía que la mayoría de los supermercados, en esos que la gente hace largas colas para comprar comida, están ubicados en esos centros comerciales? Eficiencia socialista, revolucionaria y bolivariana.

Otro anuncio importante es que ya los tradicionales operativos de seguridad están listos para garantizar la seguridad ciudadana durante la temporada, con miles de efectivos desplegados en los sitios turísticos y en las principales vías nacionales. ¿Son esos los mismos garantes que permiten que los pranes y otros grupos delincuenciales impongan toques de quedas en sectores de nuestras ciudades y asalten cuarteles e instalaciones militares con grupos fuertemente armados con armas largas para robarse el armamento allí resguardado? Mientras tanto el ministro de la defensa y el de interior y justicia están en un acto con su comandante en jefe intentando convencer a los venezolanos, una vez más, que el fallido golpe de estado del 04F de 1992 fue una gesta histórica y gloriosa del difunto eterno cuyo producto final es el desastre de país en el cual vivimos.

En un país donde la política socialista del siglo XXI es siembre lo que coma, busque el agua en las fuentes o páguela si tiene dinero, genere su propia electricidad, trabaje en lo que pueda y cobre lo que quiera, pero disfrute en grande sus carnavales que la seguridad y los servicios están garantizados por el gobierno. Muchos ciudadanos lo creen, ya no se sabe si cambiar de gobierno sea una buena idea.

06 de febrero de 2016

Los venezolanos estábamos preparados para cualquier “celebración” de la derrota de un cuartelazo, que sigue tratándose de instituir como el inicio de una rebelión popular, habiéndose demostrado que ni entonces, ni durante estos ya muy largos “gobiernos revolucionarios”, hubo la menor intención de cambiar lo criticable de aquel entonces que, ¡de que lo había, lo había!. Sin embargo, lo ocurrido en esta oportunidad en la cuna de la robolución fue toda una sorpresa.

El día anterior a tan infausta fecha y en la madrugada de la misma, mediante comunicación anónima, se hizo del conocimiento de los maracayeros, sobre todo de los comerciantes y otros prestadores de servicios al público del norte de la ciudad, la “conveniencia” de no abrir sus establecimientos so pena de afrontar riesgos, no especificados, pero no por eso menos intimidatorios.

Los que creyeron que el anuncio era una “bola” más, inclusive achacable a la “derecha desestabilizadora” o que en todo caso, que no habría quién, ni como obligar a su cumplimiento, recibieron visitas de hombres de a caballo (mecánico) que insistieron en la conveniencia de acatar el cierre.

No está de más decir que la argumentación surtió efecto en el norte de Maracay, particularmente en los sectores más populares, y que aquellos que abrieron, por “convicción” o por contagio bajaron las santamarías temprano . Los colegios de la zona vieron la asistencia mermada y los estudiantes que concurrieron a clase, fueron retirados apresuradamente por sus representantes a partir de las 10 a.m.

Ante la circulación de la mencionada comunicación anónima, reproducida en las redes sociales, ninguna autoridad procedió a declarar públicamente al respecto (como ha debido), induciendo en la población la sensación de que estábamos ante un anuncio falso (como ha debido ser) y que todo sería normal, por supuesto, en el sentido laxo que ha tomado el término en nuestro país.

Esa sensación se disipó en la medida de que se observó un notable despliegue policial en la zona, lo que alertó y alarmó a la gente, que empezó a sentir lo peor…¡algo va a pasar!, reforzado por la evidente no apertura de los establecimientos comerciales. Todo lo anterior se tradujo en un abandono de la calle y el establecimiento de la percepción (¿?) de que el control de la ciudad estaba en manos distintas a las que legalmente corresponde.

Para explorar el origen de la situación, solo contamos con el contenido de la comunicación de marras y los hechos cumplidos. Según ellos, en el sector de La Pedrera (¿o fue realmente en La Candelaria?) resultó muerto un joven como producto de una actuación policial, sin que se conozcan públicamente detalles específicos.

Del joven y del incidente, identificados en el escrito anónimo, se desconocen detalles oficiales que permitan entender lo que pasó. La familiaridad y el tono aplicado al gobernador y a otro funcionario, hacen sentir el reclamo de compromisos incumplidos, máxime cuando se critica a autoridades policiales nacionales no dependientes de ellos.

Una muerte siempre tendrá dolientes y ninguna sociedad puede estar contenta cuándo la resolución de sus conflictos se intenta exterminando a los supuestos responsables. El respaldo comunitario, evidente en el sepelio, tiene que tratar de entenderse para beneficio de todos. Alguien es bueno o malo según la opinión de otros, y que la polarización se esté manifestando adicionalmente en aspectos distintos a los político partidistas tiene que llamar a preocupación.

Invocar la existencia de vínculos con sectores irregulares similares en estados vecinos ratifica la dimensión del problema y al compararse en virtudes con los cuerpos policiales, estos grupos están abonando el terreno para la coexistencia de ambos mundos sobre un mismo espacio geográfico, la que parece haber sido la orientación de la política oficial hasta ahora.

Nuestras autoridades no son dadas a la discusión pública y han cedido, con una intencionalidad política malévola, espacios que habrá que recuperar para bien y disfrute de todos. ¿Cómo terminó el día y que consecuencias traerá lo ocurrido en el futuro inmediato?, ¿Hubo detenidos en el entierro?, ¿Cuántos?, ¿Se decomisaron armas a los detenidos?, ¿El robo de armamento a la Guardia de Honor, en La Victoria, es una respuesta en demostración de fuerza?, son preguntas que, entre muchas otras, tendrán que esperar por el tiempo y la realidad para aclararse.

Al final volvemos a encontrarnos ante hechos que nos afectan a todos, que unidos a la falta de información sobre ellos y la opacidad de la poca que circula, aumenta la desconfianza ciudadana en el gobierno, abonando la necesidad de un pronto cambio democrático.

Sin ninguna duda, es obligatorio para nuestra dirigencia estar preparada con propuestas para enfrentar el temible problema de una delincuencia que fue aupada y a la que habrá que someter, aplicándole los correctivos necesarios, respetando derechos, pero cumpliendo la ley con todo el rigor que merezca cada caso.

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