Las guerras suelen ser populares solo en sus inicios. Por lo general se desatan olas de fervor patriótico cuando parten los primeros combatientes. Pero, si a medida que transcurre el tiempo no se observan resultados efectivos, la popularidad de la guerra, lo que es muy obvio, comienza a declinar. Esa es la razón por la que Putin y su círculo militar han llegado a la conclusión de que la población europea, acostumbrada a una vida apacible y consumidora, no iba a soportar durante mucho tiempo el mantenimiento del costoso apoyo militar a Ucrania, máxime si –y con eso también calcula el dictador– existen sectores políticos occidentales dispuestos a explotar cualquiera contingencia para desprestigiar a sus respectivos gobiernos y así aumentar sus cuotas de poder.

No enviar armas a Ucrania, por ejemplo, ha sido una de las consignas «pacifistas» de los extremos políticos en cada nación europea. Problemas existentes antes de la guerra, entre ellos las migraciones, tendencias inflacionarias, disminución del salario real, son atizados no solo por sectores fascistizados, afines ideológicamente a Putin, sino además por políticos oportunistas que culpan a la guerra en Ucrania de todos los problemas habidos y por haber. Comentarios como «esta guerra no es la nuestra» comienzan a ser escuchados por doquier. Líderes putinistas como Alice Waidel y Marine Le Pen agitan desde sus respectivos extremos en contra de la solidaridad que ejercen los gobiernos democráticos a favor del invadido país.

Es cierto que los países occidentales no han ido a la guerra, pero cual más cual menos todos están involucrados en ella, así como casi todos sus gobiernos, salvo el de Hungría, o el de Brasil (suponiendo que el de Lula sea un gobierno occidental), han manifestado su más decidido apoyo a la causa ucraniana.

¿Por qué apoyamos a Ucrania? Ha preguntado en su más reciente artículo Michael Walzer, uno de los más sensibles filósofos políticos de los EE UU. Walzer aduce tres razones: las geopolíticas o geoestratégicas, cuyo objetivo es debilitar al imperio ruso (y su aliado más estrecho, el imperio chino, podríamos agregar); las morales, cuyo objetivo es castigar a un agresor que ha hecho caso omiso de todas las resoluciones internacionales dictadas después de la segunda guerra mundial; y las ideológicas, a las que aquí llamamos, políticas propiamente tales. Walzer se detiene a analizar las últimas pues son las que tienen que ver con sentimientos, emociones y pensamientos de los ciudadanos de su país.

Y bien, según el conocido filósofo, el avance de Rusia hacia Ucrania es parte de una ofensiva general de los países antidemocráticos en contra del Occidente político. Luego, la solidaridad con Ucrania no solo debe ser simbólica pues deviene de la conveniencia práctica de todos los ciudadanos que viven en esa nación democrática llamada EE UU, la que por su potencial económico y militar está llamada a jugar un papel hegemónico a escala mundial. O como dijo Michael Ignatieff, a ser y actuar como un imperio, aún en contra de su voluntad.

Quien es solidario con su democracia, ha de serlo con todas las naciones democráticas, parecería ser, de acuerdo a la terminología de Kant, un imperativo categórico moral de nuestro tiempo. No obstante, siguiendo al mismo Kant, «para que un imperativo impere» se requiere de una razón que, enlazando con la razón pura, devenga en razón práctica, vale decir, en una razón percibida como conveniente. O como especificaba el mismo Kant en el apartado II de su Crítica a la Razón Práctica, en una que ha de llevar a la razón pura al uso práctico en donde una ampliación (Erweiterung) de «lo especulativo en sí, ya no es (más) posible». En términos menos filosóficos, cuando llega ese momento en que lo posible se convierte en necesario. En ese mismo sentido kantiano argumenta Walzer al explicar a sus lectores que la solidaridad no puramente simbólica con Ucrania conviene a los ciudadanos de su país en términos muy reales, es decir, muy prácticos

«Defender a Ucrania es tanto como fortalecer la democracia en nuestros países y en cualquier parte del mund», escribe Walzer. En ese sentido Walzer da fundamento pensante a la premisa del presidente Biden relativa a que el mundo vive una contradicción entre democracias y autocracias. Desde el punto de vista político, una polaridad.

En el marco de esa polaridad, Rusia, como China, busca aumentar el espacio de su esfera de influencia. La diferencia es que esa esfera es para Rusia predominantemente territorial y para China más económica que territorial.

Los EE UU, ese es el meollo práctico de la guerra según Walzer, apoyan a Ucrania para, si no aumentar, por lo menos defender el espacio de su propia zona de influencia. Mientras más democrático sea el mundo, mejor le irá a los EE UU, piensa Walzer. Lo que es obvio: nunca, o casi nunca, ha habido guerras entre países democráticos. No así para el polo autocrático cuya expansión depende, por lo menos para Rusia, de su poder militar, no del político y mucho menos del cultural.

Desde esa óptica, Xi necesita a Putin como aliado militar pues la invasión rusa a Ucrania, al frenar la ampliación territorial del polo democrático, colabora con la mantención del polo autocrático donde China ejerce indiscutida hegemonía económica la que, en el marco de un nuevo orden mundial –esa es sin duda la visión de Xi Jinping– podría llegar a ser política. En ese contexto, el nuevo orden mundial propagado por la izquierda antidemocrática occidental significaría en la práctica no una multipolaridad entre naciones económicamente ascendentes, sino la unipolaridad china (y en parte rusa) sobre un espacio antidemocrático en expansión.

Defender la zona de influencia norteamericana es, para Walzer, defender el espacio democrático mundial y con ello, el bienestar de los propios ciudadanos norteamericanos. La razón pura deviene entonces en razón moral y la moral en razón práctica. Cuando estas tres razones no discrepan, la razón, no solo la kantiana, será cada vez más razonable. Sobre todo lo es, si aceptamos de una vez por todas, la premisa de que la guerra que Occidente apoya en Ucrania tiene un carácter antiimperial y, por lo mismo, defensivo.

No ha sido la expansión de la OTAN la razón que ha llevado a la expansión de la democracia en Europa, sino la expansión de la democracia, sobre todo la que devino del colapso de la URSS y las correspondientes revoluciones democráticas en los países del este, la razón que ha llevado a la expansión de la OTAN.

Con un mínimo de empatía hacia los sufridos países del este europeo, podemos entender así por qué todos, todos sin excepción, han solicitado ingresar a la OTAN. Poner esta premisa al revés, como hacen los putinistas internacionales, a saber, que ha sido la expansión norteamericana a través de la OTAN el motivo que ha provocado la guerra de Rusia a Ucrania, no solo es pura ideología, es maldad pura o, para usar la terminología de Kant, es “maldad radical”.

Lamentablemente, a Ucrania – uno de los países que más luchó para obtener su independencia nacional después del desplome de la URSS, y uno de los que ha hecho más esfuerzos por consolidar una democracia estable en diferentes episodios («revolución naranja» del 2004, revolución de Maidán del 2013, entre otros)– le ha sido negado su ingreso a la OTAN por razones geopolíticas (y en el caso de algunos gobiernos europeos –en primera línea los de Schröder y Merkel en Alemania – por razones económicas). Desde ese punto de vista, Occidente arrastra una culpa moral con relación a Ucrania. Si no más fuera por eso, la solidaridad euro-occidental hacia Ucrania estaría plenamente justificada y, por lo tanto, no debería ser materia de discusión.

Pero además de la razón moral, existe una razón geoestratégica que conduce a una razón política. La razón geoestratégica, impedir que Rusia, y con ello China, amplíen su espacio de dominación territorial y militar en el mundo, está clara. Pero la razón política, impedir que las antidemocracias impongan su hegemonía política mundial, incluso al interior de las naciones occidentales, no está tan clara, y eso llevó a Walzer a escribir sobre el tema.

Bloquear el avance de naciones y organizaciones antidemocráticas se ha convertido en una tarea política fundamental del momento. Por eso, cada elección que tiene lugar en cualquier país de Europa, en los EE UU, e incluso en América Latina, es seguida con un interés, más todavía, con una pasión que antes no existía.

Como hemos subrayado en otro texto, lo local es hoy políticamente global y lo global es políticamente local. Sin embargo, lo que a personas como Walzer aparece muy claro, no lo es para una cantidad de políticos y gobiernos que siguen pensando en que la entrega de armas es solo un acto de solidaridad con Ucrania y no con ellos mismos. De otra manera no se explica el regateo de armas de algunos gobiernos, o los anuncios de entregas de armas hechos con ruido ostentoso, como para demostrar al mundo cuan generosos son esos gobiernos con una pobre nación agredida.

En breve, esos gobiernos no se asumen como partes de la guerra, sino como simples observadores que apoyan a un determinado bando debido a razones principalmente humanitarias y ante los cuales Zelenski no solo debería estar agradecido, sino, además, debería expresarlo todos los días. Así lo dijo el ministro de defensa británico Wallace, así lo dijo después el secretario de estado del gobierno polaco Marcin Przidacz. Tuvo que intervenir el subdirector de la Oficina del presidente de Ucrania, Andrii Sybiha para poner las cosas en su lugar: «Son los ucranianos quienes están protegiendo los valores y la seguridad de nuestra región, y también lo hacen en interés de Polonia y de todo el mundo libre». Y para que lo entendieran mejor, agregó que apoyar a Ucrania no es caridad, sino una inversión.

Pocos son los gobiernos, solamente los del este europeo, los que se atreven a decir la verdad sin ropas: la de que no estar en guerra no significa no estar en la guerra, la de que defendiendo a Ucrania se están defendiendo a sí mismos, la de que no son espectadores sino actores. Por lo demás, y como para que nadie lo olvide, Putin no se cansa de decir que la guerra en Ucrania es en contra de Occidente.

Cierto, la guerra no es en contra del Occidente de Putin (ateo, libertino, culturalmente decadente) Es algo todavía peor: es contra el Occidente político, es decir, contra los derechos humanos, contra las constituciones, contra el sistema de partidos, contra las elecciones libres, contra la libertad sexual, contra la libertad de opinión y de prensa, es decir, contra todo lo que está prohibido en China, Rusia, Irán, Corea del Norte, y otros países cuyos jerarcas imaginan ser conductores del llamado “Sur Global”, sucesor ideológico de ese Tercer Mundo “antimperialista” al que invocaban ayer Mao, Stalin y Castro.

En América Latina al menos debería saberse: mientras más abyectos son los regímenes autocráticos del subcontinente, más grande es el apoyo que estos manifiestan al régimen de Putin.

Que una guerra produce cansancio, que la visión de batallas interminables termina por aburrir a los televidentes, y que la solidaridad declina con el paso del tiempo, es algo perfectamente explicable y, además, comprensible. Probablemente el cansancio, más aún, la indignación en Rusia, es mucho más grande, sobre todo cuando aparecen las redadas que arrancan a los jóvenes de sus casas para llevarlos, por medio de un reclutamiento forzoso, a morir en los campos de batalla de Ucrania. El hecho de que cuando la rebelión de los mercenarios comandados por Prigoshyn avanzaba hacia Moscú, nadie saliera a las calles a dar su apoyo a Putin, demostró que el tiempo no solo está jugando en contra de Occidente sino también, y tal vez mucho más, en contra del régimen ruso.

Sabemos, al estudiar guerras pretéritas, que estas se ganan no solo en el frente militar sino también en el político. O para ser más claros, no solo en el frente externo sino también en el interno. Sabemos que en el primero son responsables los generales y en el segundo los políticos, sobre todo cuando son gobernantes. Sabemos que en el frente externo –y de eso no cabe duda– los generales ucranianos han cumplido perfectamente su tarea. Resistir un año y medio al ejército mejor armado y más numeroso del mundo, ya es una de las más grandes hazañas militares de las que se tiene noticia en la historia mundial. Pero también, y no por último, sabemos que en el frente interno no todos los gobernantes han estado a la altura de estadistas, entendiendo por estadistas no a los desquiciados que se preocupan del futuro lejano (a lo Putin), sino a los que saben comunicar a sus pueblos, en palabras simples y sencillas, las razones de la guerra que tiene lugar en estos momentos en Ucrania, la que involucra y seguirá involucrando más y más, a todo el mundo democrático.

Hoy la lucha por la democracia mundial se libra en la guerra de liberación nacional de Ucrania. Mañana tendrá lugar en otro país. Desde las revoluciones madres, la norteamericana y la francesa, la democracia avanza a través de una ruta marcada con sangre y con balas. No es lo que uno más quisiera. Pero es así.

Twitter: @FernandoMiresOl

Referencias:

Immanuel Kant – KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNFT, Werke 3, Könemann, Köln 1995

Michael Walzer – NUESTRA UCRANIA (polisfmires.blogspot.com)

Fernando Mires – GLOBAL Y LOCAL (polisfmires.blogspot.com)

Fernando Mires es (Prof. Dr.), Historiador y Cientista Político, Escritor, con incursiones en literatura, filosofía y fútbol. Fundador de la revista POLIS.

«De lo que tengo miedo es de tu miedo»

William Shakespeare

Hace algunos días mi muy admirado amigo Roberto Briceño León escribió, más que un artículo, un breve y sabio tratado sobre cómo y de qué diferentes maneras el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado el miedo para sostenerse en el poder y casi neutralizar la reacción de los oprimidos.

Citaré algunos párrafos de ese excelente escrito: «Para que el miedo pueda cumplir su función social es necesario fragilizar a las personas, hacerlas vulnerables y dependientes. Es necesario infantilizarlas, pues de ese modo se les devuelve a una fase primera de la vida, cuando todos necesitaban un protector, un padre o una madre que les alimentara y defendiera de los enemigos externos que podían atentar contra sus vidas»…. La violencia policial introduce un miedo específico y nada despreciable, pues es amenaza a la integridad física, a la vida. Pero la dictadura requiere que el miedo sea general y difuso. Por eso la tarea de infantilizar y llevar a la población al estado de vulnerabilidad requiere de otros afanes y dimensiones.»

Entonces Briceño León menciona y describe la infantilización y tras ella el miedo que permite el atropello a la libertad y a los derechos fundamentales, mediante el control del acceso a los alimentos, al agua, al gas que sirve para cocinar, al servicio eléctrico. «Para que la dictadura del miedo se imponga es necesario que todas esas dimensiones de la vida sean fragilizadas y que su protección o provisión se vuelva dependiente de ‘otro’. Si la gente tiene un trabajo que le permite alimentarse, y conseguir agua, leña y sal, ¿para qué necesitaría del ‘otro’?».

Hasta consumada por el chávez-madurismo la destrucción de toda la infraestructura de servicios claro que teníamos miedo, pero el que causan los fenómenos naturales como por ejemplo un terremoto, las enfermedades, un asalto, un secuestro y por supuesto la muerte. En mi caso agregaría algo que parece banal pero que está más extendido de lo que imaginamos: el miedo a las cucarachas y a todo animal rastrero.

Recuerdo que en la noche del golpe militar de febrero 1992, encabezado por Hugo Chávez, mi hija me llamó angustiada y me rogó que me refugiara en casa de una amiga que vivía en un edificio contiguo. Para hacerlo debía atravesar, en la oscuridad, unos jardines donde había visto ratas. Mi repuesta: ¡le tengo más miedo a una rata que a los militares que me van a llevar presa! Y me quedé en casa esperando lo peor.

Claro que aún no había sido infantilizada. Ahora vivo bajo el trauma de un apagón como aquel que duró 72 horas y sufro cada día con la crisis del agua que padece casi toda mi familia.

Me aterroriza un terremoto en las condiciones de ineptitud e insensibilidad que caracterizan a este régimen. Recuerdo una conferencia dictada hace más de 10 años por el arquitecto Alfredo Cilento, quien era parte del Ministerio de Obras Públicas cuando el terremoto de 1967. Narró la diligencia con la que el ministro Leopoldo Sucre Figarella, hombre de reconocido carácter y autorictas, reunió en pocas horas a todos los contratistas que tenían tractores y de una vez comenzaron a remover escombros y a rescatar víctimas. Cilento se preguntaba con angustia que pasaría si sucedía un terremoto ante el caos urbanístico y administrativo de hace diez años. Temblemos pensando en lo que sucedería ahora.

Ahora bien, ¿somos los opositores que constituimos el 85 o 90% de la población los únicos que tenemos miedo? ¿Qué pasa con ésos que se aferran al poder omnímodo y que nos subyugan? Hace más de veinte años almorzaba con mis hermanas y una sobrina, en el restaurante del museo de Arte Contemporáneo que entonces se llamaba «Sofía Ímber» y cuya chef era la entonces esposa del psiquiatra Jorge Rodríguez. Salí a fumar un cigarrillo y en una mesa de la terraza había dos hombres, los zapatos deportivos de uno de ellos me encandilaron, nunca había visto algo similar. Subí la vista y el hombre se había tapado la cara con las manos. Cuando regresé al restaurante descubrimos que era Eliézer Otaiza, para entonces director de la Disip. El poderoso policía había tenido miedo de una indefensa ex parlamentaria con ninguna otra arma que no fuera la palabra. Tiempo después estaba en un restaurante de carnes en Altamira, esperando a los amigos con los que iba a almorzar. En una mesa cercana estaba un diputado del PSUV sentado con un «gringo» muy conocido desde la era democrática por su condición de lobbista. El diputado se tapó la cara con el cartón del menú y así estuvo, ocultándose de mí, hasta que llegaron mis amigos y nos mudamos de mesa.

El miedo de los poderosos, de esos que nos maltratan, humillan, encarcelan, torturan y asesinan, es el mismo del enfermo aislado porque sufre una enfermedad altamente contagiosa. Jamás podrán ir a un restaurante de moda o tradicional salvo que lo hagan cerrar para su uso exclusivo.

Nunca a un espectáculo, a un parque de diversiones con sus hijos, a un partido de beisbol. Sus automóviles, en caso de que se atrevan a circular por las vías más concurridas, tienen vidrios tan oscuros que es imposible ver quién va adentro. Viven encerrados en sus lujosas mansiones, generalmente en Fuerte Tiuna.
Sus lujos son para lucirlos entre ellos mismos como las mujeres de un harén. Los menos notorios, cuando deciden mudarse a un edificio, compran todos los apartamentos al precio que les pidan. Y quienes optan por mansiones levantan unos muros gigantescos para que nadie vea el interior. Son presos de sí mismos por el odio que sembraron y que se les ha devuelto como boomerang.

Claro que los dos miedos no son iguales, las personas del común llevamos la peor parte. Pero al menos nos entra un fresquito que se agradece.

Paulina Gamus es abogada, parlamentaria de la democracia.

Una de las tesis del filósofo alemán Herbert Marcuse fue “el final de la utopía”, contenida en un librito de ese nombre que este servidor masticó con voracidad caníbal en la escuela de sociología, como todo lo que llegó de ese personaje. El “capitalismo”, decía, supera la escasez milenaria de bienes materiales, surge la “sociedad opulenta”, “la sociedad de consumo” y la clase obrera pierde su negatividad histórica, para hacerse soporte del sistema. El “capitalismo” ya no “depaupera a los trabajadores”, sino otorga casas, neveras, lavadoras, cocinas y automóviles. Además, el fracaso del socialismo era incontrastable en la otra mitad del planeta donde imperaba en la miseria y la brutal represión. La utopía se realiza paradójicamente en el confort de las naciones “capitalistas” occidentales. Eso deroga el pauperismo del pensamiento de Marx, que justificaba moral y políticamente una lucha ahora sin razón de ser. Décadas después, los edificios podridos se desploman con el Muro de Berlín y es más ostensible la estafa vivida por la humanidad durante setenta años, que disfruta de una amplísima satisfacción de las necesidades materiales sin precedentes. La victoria sobre patologías hasta hace poco mortales alarga la vida hasta el doble de hace un siglo y 9/10 de la población mundial supera el hambre endémica.

Somos los primeros humanos para quienes morir es una eventualidad remota mientras antes era normal perder uno o dos hermanos. Vivíamos poco y la Sombra estaba demasiado presente, era invasiva, convivía con y obsedía al hombre. En esa estremecedora maravilla que se llama El séptimo Sello, el director sueco Ingmar Bergman cuenta la historia de un cruzado, Antonius Block, que como rutina jugaba ajedrez todas las noches con la muerte. Pero hoy día la Fatalidad es una presencia inesperada, un accidente y por eso los tanatorios, ya ni siquiera cementerios gracias a la cremación, se ubican en las afueras, para que nadie los vea, y entre los cadáveres cremados debía estar el marxismo. Pero como demuestra la historia de las sectas religiosas, el fanatismo ideológico es inmune al fuego de la realidad y asistimos periódicamente a redefiniciones, “nuevas izquierdas”, vueltas y más vueltas que terminan en el mismo nosocomio. Sánchez, Petro y Boric, “la izquierda posmoderna”, repiten inmancablemente los fracasos precedentes, aunque el chileno decidió devolverse y pasarse al “enemigo” y ya veremos si se desnuca.

Prefirió ser González Videla y no Allende. Llevo tantos años oyendo al Camila Vallejo decir necedades, que casi celebro su nuevo look ideológico “neoliberal”, de un día para otro, a partir de dos palizas electorales. Marcuse y otros condujeron al marxismo cultural: como las banderas del hambre o la explotación no tienen sentido, la nueva subversión de quienes nunca se han saltado una comida, será étnica, sexual, religiosa, a partir las debilidades emocionales y sicopatías y de dividir el mundo en víctimas y victimarios. El movimiento aprende política y surgen los Objetivos de Milenio y posteriormente la Agenda 2030. Las clases medias, demuestran que, fuera de sus especialidades, tienen una compresión subestandar, del mundo, inferior a los trabajadores o sectores populares, y siquiera se percatan de sus propias lagunas e insuficiencias. Sucumben a la engañifa ambientalista, veganas, a las aberraciones de brillantes perturbados sexuales y encarnan la nueva amenaza fascista, !mientras denuncian al fascismo¡ Apoyan el sometimiento de las musulmanas a velos indignos, que caminen detrás de los hombres, les amputen el clítoris, reciban palizas, prohibición de salir de sus casas, nada menos que en Barcelona, Amsterdam o Roma.

Pero en la tarde son femininazis y posmo con un pastiche ideológico indigerible que pretenden encubrir con “fobias” imaginarias. La subversión marcusiana se apoya en minorías resentidas antisistema: drogadictos, delincuentes, grupos étnicos, sexuales y religiosos que odian a la mayoría. Si los héroes del mayo 68 francés fueron las tres M: Marx, Mao y Marcuse, este repite postmorten sin que nadie lo celebre en julio 2023. Francia vivió un levantamiento de antisociales, que viven de los impuestos de ciudadanos, que soportan delincuencia “étnica” cotidiana y cadenas de acciones terroristas. Habitantes de los ghettos son 10% de la población, pero cometen 50% de los delitos. Marcuse argumenta la revolución de delincuentes, aunque la tesis no es original suya y viene del llamado “primer comunista alemán”. El sastre Wilhelm Weitling, proponía organizar “una masa irresistible de desesperados…unos cuarenta mil ladrones y atracadores, maestros de la acción directa…(pues)… los socialistas…consideran perjudicial la forma de gobierno llamada democracia…el pueblo en armas debe alzar la voz y no ir a las urnas puesto que es el dominio de capitalistas, mercaderes, clérigos, abogados, lacayos y otros parásitos…”. Marx expresó su gran admiración: “recordaré los geniales escritos de Weitling, que desde el punto de vista teórico, superan …a Proudhon…”. En España la lucha de clases es de jubilados y trabajadores contra delincuentes, okupas africanos, que sin más arrebatan las viviendas a quienes ahorran toda la vida para tener una y cometen el error de irse el fin de semana a alguna parte. Hasta la revolución marcusiana y la Agenda 2030, la jerarquía de las personas se medía en su historia. La experiencia, el currículum, los títulos, las realizaciones, eran credenciales que fijaban el estatus y el ascenso. La revolución actual es iconoclasta en sentido estricto, pero no se destruyen solo las estatuas, sino las reputaciones y las personalidades. Se cancela lo que alguien escribió antaño, si difiere de la mediocridad de algún cabeza de chorlito de los lobbies, que cuenta con la posibilidad de poner en cuestión toda la cultura. En vez de lo añejo, tenemos lo vintage, envejecimiento inducido desde la óptica posmoderna. Se nos ocurre, aunque sea impreciso, hablar de adolescencia social, una relación alegre con el mundo, sin carga de responsabilidades, propia de las sociedades de consumo y la exacerbación del Estado de Bienestar, hasta la situación suicida de hoy. El pretérito, la cultura, se convierte en un lastre como es típico de las revoluciones, cuyos protagonistas son precisamente los que no tienen pasado.

Los sans culottes en la Francia jacobina, eran el populacho que aplaudía en la guillotina, primero a Luis XVI y después a Robespierre; hoy su papel de saqueadores, violadores, pirómanos, lo desempeñaron los islámicos. Lenin aspiraba a que el “proletariado” ruso barriera con la herencia y creara el prolekult, la cultura proletaria, que aniquilaría los valores burgueses y para dejar clara la distancia que lo separaba de sus creaciones (de la burguesía), se refería a “su Louvre”, “su Notre Dame”, “su Sainte Chapelle”. Las Brigadas Rojas de Mao linchaban a los maestros y profesores por transmitir la cultura dominante y los Jemeres Rojos de Camboya, que además eran niños de doce años, consideraban enemigo a cualquier adulto y ejecutaban por “occidentalizado” a todo aquel que usara lentes o hablara francés. Hoy vemos hordas apoderarse de las calles europeas, de las mujeres para violarlas, de los espacios urbanos para quemarlos, de las vidas para quitarlas. Pero veamos que ocurre en el hasta ahora tenido como modelo universal, Suecia, al extremo de que socialistas y capitalistas lo reivindican como suyo. Es terrible decir que el mito del milagro sueco ha terminado estrepitosamente.

Apenas el año pasado, 2022, lo declaró Magdalena Anderson, cuando aún era primer ministro, con carácter dramático por decirlo una socialista comprometida con la Agenda 2030: que la política de inmigración sueca era un fracaso catastrófico, que en Estocolmo hay sesenta bandas con armamentos de punta (por cierto, vendido por Ucrania). Sostiene que la debilidad de la policía hace a los funcionarios renunciar a sus trabajos y que “vivamos en dos países paralelos”. En 2021 hubo 335 tiroteos y ni en el lejano oeste. Con su saldo de heridos, violaciones y fallecidos, los más altos de Europa, supera 10 a 1 el promedio de Alemania, y Europa del este. En 2019 se cometieron 260 delitos con explosivos, y la mayor tasa europea de crímenes de odio contra homosexuales, por militantes islámicos. La mitad de quienes cumplen sentencias son inmigrantes y al incluir los hijos de inmigrantes, la cantidad llega a 90%. Lo paradójico es que, contra las vaciedades ideológicas de la izquierda, en vez de serlo de la exclusión, los criminales son producto de la inclusión. Reciben grandes masas de recursos de apoyo, especialmente bonificaciones por cada hijo, desde el nacimiento hasta los 16 y 20 años. Ayudas para el pago de alquileres a las familias, facilidades para acceder a viviendas públicas, subsidios directos a quienes solicitan asilo. El efecto perverso es que eso se convierte en un cómodo sistema de vida, desincentiva que busquen trabajo, aprendan la lengua y se incorporen a la sociedad. Se hacen vagos, se ghettizan, (hay un barrio llamado Pequeño Mogadiscio) y nacen las bandas armadas. Estocolmo es la primera capital europea donde se impone la sharia en contra de la legislación normal y las autoridades piensan en usar las fuerzas armadas contra esta perversión.

@CarlosRaulHer

https://www.eluniversal.com/el-universal/161802/marcuse-vintage

El acuerdo anunciado el 26 de noviembre de 2022 se traduce en un avance histórico, tras años de prolongada crisis y confrontación política entre el oficialismo y la oposición. Los negociadores venezolanos firmaron el «Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano», creado para aliviar a millones de venezolanos que sufren las consecuencias de la crisis humanitaria del país, incluidos los 7,7 millones que la ONU estima que necesitan asistencia humanitaria. Atlantic Council hace cinco recomendaciones para avanzar en el Acuerdo

El Atlantic Council, con la firma de Geoff Ramsey e Ignacia Ulloa Peters, publicó este viernes su último informe sobre Venezuela, inherente al Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, firmado entre la Delegación de la Plataforma Unitaria -oposición democrática- y la Delegación del Gobierno de Nicolás Maduro. El «Think Tank«, que se traduce en grupo de expertos que brindan asesoramiento a Venezuela, enumeró cinco recomendaciones básicas para que Venezuela pueda avanzar en este paso tan importante, pero que por ahora aparece estar en «stand by».

El Cooperante tuvo acceso al informe de la organización no partidista. El Atlantic Council destacó que la crisis multifactorial que ha azotado a Venezuela durante los últimos años ha generado una de las mayores y más complejas emergencias en el mundo.

Mediante la implementación de este acuerdo humanitario, Estados Unidos tiene una oportunidad única para abordar el sufrimiento humano sobre el terreno, al tiempo que trabaja para avanzar en una solución política. Si bien la situación en Venezuela puede haber caído de los titulares internacionales en los últimos años, EE .UU. y sus aliados en todo el continente americano, tienen un claro e inquebrantable interés en trabajar para resolver la emergencia humanitaria y política en Venezuela, que ha generado un éxodo de más de siete millones de refugiados y migrantes; y que ha permitido a los rivales geopolíticos de EE .UU. profundizar su influencia.

La comunidad internacional tiene claro que la mejor manera de resolver la crisis de Venezuela es incentivar las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición democrática. Es sabido que los avances no han sido fáciles, ya que desde que Maduro asumió la presidencia en 2013, han transcurrido cuatro intentos respaldados internacionalmente para fomentar las negociaciones, que han terminado sin avances significativos.

Sin embargo, el último intento es una excepción, estiman los expertos: a diferencia de anteriores intentos de negociación, esta ronda de conversaciones ha dado lugar a acuerdos sustanciales.

Recordó que las negociaciones comenzaron en agosto de 2021, cuando dos delegaciones de nueve miembros que representaban al gobierno de Maduro y a la Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos, se reunieron en Ciudad de México para acordar debatir una ambiciosa agenda para resolver la crisis, que incluía abordar las necesidades humanitarias, la celebración de elecciones libres y justas, el restablecimiento del orden constitucional y la reparación a las víctimas. Desde entonces, las partes han mantenido una comunicación regular entre bastidores, y las negociaciones continúan en Caracas, sirviendo Ciudad de México principalmente como plataforma en la que las delegaciones anuncian los acuerdos finales alcanzados en el proceso.

En este contexto, EE .UU. tiene una oportunidad urgente y es que puede y debe trabajar para revitalizar el proceso de Ciudad de México facilitando la creación de un fondo fiduciario gestionado por Naciones Unidas, cumpliendo un acuerdo de noviembre de 2022 y ayudando a generar confianza entre los negociadores del gobierno y la oposición.

¿Cómo lograrlo?

Recomendación 1: Ayudar a identificar y descongelar los activos venezolanos en el extranjero. Autorizar transferencias directas a agencias de Naciones Unidas

En primera instancia, las partes deben empezar por lo más fácil, ya que esto podría ser la mejor manera de avanzar en la aplicación del Acuerdo Social.

Hay grandes cantidades de dinero en activos congelados en instituciones financieras de todo el mundo que podrían transferirse a los organismos de las Naciones Unidas de manera eficiente y segura. Aunque este planteamiento a corto plazo es una solución rápida para los retrasos que actualmente pesan sobre los organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos, envía un mensaje de apoyo ante los obstáculos de mayor envergadura que se avecinan.

Sin embargo, transferir fondos congelados por valor de 3 000 millones de dólares es exponencialmente más complejo que una transferencia bancaria normal. En primer lugar, hay que localizar cada cuenta y calcular con precisión los fondos que contienen. Aunque tanto el Gobierno de Maduro como la oposición han intentado determinar dónde y cuántos fondos venezolanos han sido congelados por las sanciones, las estimaciones actuales oscilan entre 3 000 y más de 20 000 millones de dólares.

Estiman que las oficinas federales como la Red de Ejecución de Delitos Financieros y otras unidades internacionales de inteligencia financiera pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación de fondos. Al rastrear la estrategia de evasión de sanciones de Maduro, tienen la capacidad de identificar cifras más fiables y localizar fondos más allá de lugares bien conocidos como Portugal, Francia e Inglaterra.

Una vez reconocidas las cifras, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro debería ayudar a las instituciones financieras a reducir el riesgo asociado a la transferencia de fondos congelados mediante la emisión de licencias detalladas y cartas de compatibilidad que garanticen que dichas transacciones no violarán las sanciones estadounidenses.

Sin embargo, las actividades de divulgación de la OFAC deberían ir más allá como medida para evitar el exceso de cumplimiento. Las instituciones financieras que poseen porciones de activos venezolanos responden a los intereses de los accionistas como cualquier otra empresa. En la mayoría de los casos, estos intereses incluyen realizar operaciones bancarias con una institución que no financie regímenes autocráticos. A menos que se comunique adecuadamente, la realización de transferencias de dinero a Venezuela podría generar efectos adversos en las tenencias de los inversores y en la demanda de servicios bancarios por parte de los consumidores debido a una disminución de la confianza pública.

Para evitar este escenario, la OFAC tendría que comprometerse directamente con las autoridades locales para asegurarse de que se hacen eco de la autorización de las transferencias, proporcionando tranquilidad a los accionistas y evitando así preocupaciones de sobrecumplimiento.

Un paso final, y posiblemente difícil, es conseguir que el gobierno de Maduro solicite formalmente los fondos a las Naciones Unidas. Como titular nominal de muchas de estas cuentas bancarias, el gobierno de Maduro tendría que solicitar que el dinero se transfiriera a las agencias de la ONU, incluso después de que dichas transferencias recibieran el visto bueno de los gobiernos estadounidense y local.

Recomendación 2: Establecer y comprometerse con una estrategia unificada y un mensaje conjunto para facilitar la implementación del Acuerdo Humanitario de Venezuela

La implementación exitosa del Acuerdo Humanitario de Venezuela depende enteramente de la coordinación eficiente y ágil de una variedad de actores globales, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos, el Tesoro, las Naciones Unidas, las instituciones financieras, los partidos políticos venezolanos y los países que mantienen fondos congelados.

Si bien la coordinación de todos estos actores podría considerarse uno de los mayores retos para el éxito de la puesta en marcha del Fondo Social, la necesidad de coordinación interna dentro de cada organismo añade una capa de complejidad, ya que la mayoría de estas instituciones siguen discrepando sobre el enfoque correcto de la crisis.

Sólo en Estados Unidos, los puntos de vista opuestos entre las partes interesadas en el Congreso, la Casa Blanca e incluso en el Departamento de Estado han obstaculizado la capacidad de transmitir un frente unido. Así que establecer una estrategia unificada con la que se comprometan todos los actores requiere esfuerzos precisos para asegurar que el mayor número de voces relevantes sean escuchadas e incorporadas al proceso, incluyendo agencias gubernamentales, el Congreso, bancos y actores más pequeños como los venezolanos en la diáspora y las familias de personas detenidas ilegalmente en Venezuela.

Estados Unidos desde su posición única como actor clave, debería encabezar los esfuerzos de coordinación mediante la creación de mecanismos sistematizados para la identificación de fondos, el aseguramiento de instituciones financieras y las solicitudes oficiales de fondos desde dentro de Venezuela.

Una estrategia unificada ofrece múltiples beneficios más allá de las medidas de eficiencia. En primer lugar, ofrece una oportunidad para que la Plataforma Unitaria y la comunidad internacional desarrollen una sólida campaña de comunicación dirigida a educar al público venezolano sobre el fondo y los programas específicos que serían apoyados por el capital entrante. Esta campaña de comunicación no sólo celebraría la creación del fondo, sino que también destacaría la victoria de los negociadores de la oposición en su obtención.

Además, un mayor conocimiento y compromiso con el Acuerdo Social generaría una aceptación crítica por parte de las comunidades locales e internacionales, sobre todo porque el régimen se enfrenta a incentivos para reclamar el crédito exclusivo de los fondos entrantes. Mediante la implementación de una estrategia conjunta y un enfoque de mensajería, la oposición puede generar una aceptación más amplia, demostrando efectivamente su propiedad sobre el proceso de negociación y convenciendo al mismo tiempo a terceros actores de su legitimidad.

Por último, la adopción de esta estrategia ayudaría a avanzar en las negociaciones, pero también pone de relieve las posibles consecuencias de la inacción para el Gobierno de Maduro. Serviría para animarles a perseguir avances políticos, liberar a los presos políticos, entablar un diálogo político, lograr avances democráticos en términos de elecciones y demostrar buena voluntad hacia otros actores relevantes.

Confían en que las demandas planteadas a través de estos canales señalarían el compromiso de la comunidad internacional de apoyar un proceso de negociación creíble y significativo en Venezuela, lo que podría acelerar la implementación del acuerdo antes de su fecha límite.

Recomendación 3: Alentar a las Naciones Unidas a aprovechar su éxito en la gestión de fondos fiduciarios de múltiples donantes para garantizar la transparencia y la supervisión del Fondo de Protección Social.

Las Naciones Unidas son idóneas para supervisar el Fondo Social, ya que desde la controversia sobre el Programa Petróleo por Alimentos, la ONU ha aumentado drásticamente sus normas de transparencia, creando un conjunto de normas y reglamentos financieros para evitar que se repitan la corrupción, la mala gestión de los fondos y los recargos ilegales detectados en todo el programa de Irak.

La parte de Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada del capítulo de Finanzas y Presupuesto de las Naciones Unidas establece un marco para descentralizar la toma de decisiones, alinear las autoridades con las responsabilidades, reforzar la rendición de cuentas y delegar la autoridad de gestión necesaria en los jefes de las entidades para una ejecución eficaz de los mandatos. Del mismo modo, la Planificación, Programación, Presupuestación, Seguimiento y Evaluación (Ppbme) proporciona directrices financieras y presupuestarias para todas las actividades y programas emprendidos por las Naciones Unidas. Los instrumentos utilizados para gestionar con éxito los fondos garantizan la coordinación, la rendición de cuentas y la adecuada utilización de los recursos.

Con estos nuevos reglamentos, la planificación, programación, presupuestación y evaluación se convierten en parte integrante del proceso general de elaboración de políticas y gestión de las Naciones Unidas. La regla 4.2 del Ppbme, en particular, estipula que los objetivos y estrategias de un proyecto deben derivarse de las orientaciones y metas políticas establecidas por los órganos intergubernamentales que reflejen las prioridades de los Estados Miembros.

Esta regulación garantiza la alineación con los mandatos legislativos y mejora la capacidad de respuesta de la organización a los retos globales.

Además, los procedimientos establecidos, los mecanismos de gobernanza, los procesos de concesión de subvenciones y la experiencia de las Naciones Unidas en la gestión de fondos fiduciarios la convierten en una opción fiable para supervisar el Fondo de Protección Social de Venezuela. Los fondos fiduciarios del sistema de las Naciones Unidas se establecen mediante resoluciones de la Asamblea General o del Secretario General y se rigen por reglamentos y normas financieras. La gobernanza de los fondos fiduciarios implica juntas o comités directivos formados por expertos independientes, representantes de organismos de la ONU, países donantes y organizaciones de la sociedad civil. La secretaría de cada fondo, que suele formar parte de un organismo competente de la ONU, se encarga de servicios administrativos como la evaluación de propuestas, la concesión de subvenciones, el desembolso, la supervisión y la evaluación.

A lo largo de los años y con estos nuevos sistemas de regulación financiera, las Naciones Unidas han adquirido una amplia experiencia en la gestión de mecanismos de financiación mancomunada, como los fondos fiduciarios multidonantes (FFDM), que son una modalidad específica utilizada para canalizar las contribuciones de los donantes hacia múltiples entidades ejecutoras de programas específicos de cada país. Ofrecen flexibilidad en los procedimientos de ejecución, minimizando los retrasos y los costes de transacción.

Los fondos fiduciarios multidonantes son gestionados por la Oficina del Fondo Fiduciario Multipartito, administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Oficina del FFGP gestiona actualmente casi 100 mecanismos de financiación mancomunada, que representan más del 95% de todos los fondos canalizados a través de programas administrados por la ONU. Aunque la administración de un fondo fiduciario multimillonario como el previsto en el Acuerdo Social supondría una tarea ingente para el sistema de las Naciones Unidas, se debería animar a la ONU a aprovechar su experiencia actual en la gestión de fondos fiduciarios.

Recomendación 4: Garantizar que las reclamaciones legales válidas de reembolso de los acreedores no impidan la asistencia al pueblo venezolano

Uno de los retos más discutidos de la implementación del Acuerdo Humanitario de Venezuela es el riesgo de que los fondos sean redirigidos a los donantes y acreedores para honrar las obligaciones de deuda existentes.

Si los acreedores presentan reclamaciones contra los fondos que se están transfiriendo, las transacciones en curso se congelan hasta que se resuelva la disputa legal, que a menudo tarda años en resolverse. Si surge una serie de retrasos como este, tendría consecuencias nefastas sobre las medidas que se están tomando para paliar la crisis humanitaria de Venezuela. Mientras que los acreedores deben resolver sus deudas con prontitud, la comunidad internacional necesita establecer vías que salvaguarden el dinero destinado al fondo de Protección Social frente a las obligaciones de la deuda, incluso mediante la creación de fondos fiduciarios.

Las cuentas fiduciarias protegen los fondos de donantes y acreedores garantizando que solo pueda acceder a ellos un mandante, en este caso, las Naciones Unidas. La realidad es que, como organización internacional, la ONU goza de amplias inmunidades que complican las demandas.

Aunque grupos de acreedores como la Comunidad de Acreedores de Venezuela han dado muestras de buena fe al afirmar que no presentarán reclamaciones al Fondo Social, es importante ser proactivos para evitar retrasos en el caso de que se presenten reclamaciones. Las reclamaciones válidas de estos acreedores deben ser atendidas, pero idealmente de una manera que no obstaculice la financiación para fines humanitarios.

Recomendación 5: Garantizar el apoyo internacional coordinado al proceso de negociaciones, reforzando la necesidad de que el gobierno de Maduro alcance acuerdos políticos significativos con la oposición.

En Atlantic Council están convencidos de que Estados Unidos puede hacer más para coordinarse con sus aliados en América Latina y Europa para maximizar el potencial de unas elecciones libres y justas en 2024.

Partiendo de la declaración de clausura de la conferencia internacional sobre Venezuela celebrada el 25 de abril en Bogotá, que puso de relieve un amplio consenso internacional a favor de las negociaciones. La conferencia también concluyó con el compromiso de un número no revelado de países participantes de enviar representantes a Caracas para reunirse con el gobierno, así como con «partidos y sectores de la oposición y la sociedad civil, los resultados de la conferencia para su evaluación y comentarios». Esto crea una oportunidad para que los diplomáticos estadounidenses garanticen la coherencia de los mensajes que se transmiten a los actores políticos venezolanos.

Sugieren que una forma de hacerlo es llevar a cabo una diplomacia activa con aliados clave de toda Europa y América para identificar un sentido compartido de los puntos de referencia necesarios de cara a 2024. La administración Biden debería buscar más compromisos de alto nivel para debatir cuestiones relacionadas con Venezuela, incluso con gobiernos que tienen enfoques diferentes. En los últimos años, gobiernos que van desde las administraciones Petro y Lula en Colombia y Brasil hasta el presidente electo Santiago Peña de Paraguay han comenzado a volver a comprometerse con el gobierno de Maduro directamente después de años de participar en una campaña de aislamiento liderada por Estados Unidos.

La Unión Europea, aunque sigue apoyando el retorno a la democracia en Venezuela, ha comenzado a explorar oportunidades de gas natural en Venezuela dados los cambios en los mercados energéticos tras la invasión rusa de Ucrania.

Consideró que la comunicación con Caracas puede ser estratégica, pero debería reforzar los esfuerzos para presionar a favor de negociaciones que conduzcan a elecciones presidenciales libres y justas en 2024, así como también debería animarse a los gobiernos latinoamericanos y europeos a apoyar al equipo negociador de la oposición en sus deliberaciones con los representantes de Maduro.

Expresar públicamente el apoyo a la implementación oportuna del Acuerdo Social es una forma vital de impulsar la credibilidad del equipo negociador y, en última instancia, de garantizar que Maduro se enfrente al incentivo adecuado para seguir dialogando con los negociadores de la oposición. Desacreditar al equipo o apoyar vías alternativas de negociación puede socavar la autoridad de la oposición, debilitar su posición en la mesa de negociaciones y proporcionar a Maduro un poder de negociación derivado de las alternativas de compromiso.

La comunicación con Caracas puede ser estratégica, pero debe reforzar los esfuerzos para presionar en favor de unas negociaciones que conduzcan a unas elecciones presidenciales libres y justas en 2024.

¿De qué trata el Acuerdo Social?

El acuerdo anunciado el 26 de noviembre de 2022 se traduce en un avance histórico, tras años de prolongada crisis y confrontación política entre el oficialismo y la oposición venezolana.

Los negociadores venezolanos firmaron el «Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano», creado para aliviar a millones de venezolanos que sufren las consecuencias de la crisis humanitaria del país, incluidos los 7,7 millones que la ONU estima que necesitan asistencia humanitaria.

El documento stablece las bases para crear una serie de programas de ayuda humanitaria y al desarrollo financiados con activos venezolanos que han sido congelados en el extranjero por las sanciones financieras de Estados Unidos.

Pese a que en la versión pública del acuerdo no se menciona ninguna cantidad fija, fuentes de la oposición cercanas a las negociaciones afirman que la ejecución completa de los proyectos que se esbozan en anexos no publicados del acuerdo requeriría aproximadamente 3 200 millones de dólares.

Será esta cantidad la que se descongelará y canalizará hacia un fondo fiduciario gestionado por la ONU, denominado «Fondo de Protección Social», que beneficiaría a los venezolanos más necesitados.

En la práctica, sin embargo, el proceso de identificación, descongelación y transferencia de fondos llevará tiempo, por lo que los funcionarios estadounidenses han advertido de que las contribuciones iniciales al fondo serán significativamente menores.

Solicitud de financiación del plan de respuesta humanitaria de la ONU para 2023 frente a las necesidades de financiación estimadas para la plena aplicación del acuerdo social

Los programas humanitarios y de desarrollo se ejecutarían con la participación de organismos de las Naciones Unidas y serían supervisados por dos órganos de nueva creación compuestos por tres representantes cada uno tanto del gobierno como de la oposición. El primero, denominado Mesa de Atención Social, se creó para supervisar los esfuerzos específicos de ayuda, mientras que el segundo, el Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento, se encargó de identificar y evaluar los efectos del sobrecumplimiento de las sanciones estadounidenses en el sistema financiero internacional.

Si bien las sanciones estadounidenses han incluido excepciones para la asistencia humanitaria, los bancos y otras instituciones financieras han sido tradicionalmente reacios al riesgo de hacer negocios en Venezuela desde que se emitieron las primeras sanciones económicas sectoriales en agosto de 2017. Esto ha tenido un impacto documentado en las organizaciones humanitarias en Venezuela, que se han enfrentado a transacciones congeladas, cierres bancarios y otras complicaciones como resultado indirecto de las sanciones.

El texto de cara al público del Acuerdo Social esbozó cinco áreas clave de enfoque para los programas de asistencia, cada una de las cuales está conectada a proyectos específicos que han sido diseñados y acordados por las partes y que se detallan en anexos privados. Estas áreas son:

1. Restaurar el sistema de sanidad pública
2. Rehabilitar la averiada red eléctrica del país
3. Hacer frente a la desnutrición, haciendo hincapié en los niños necesitados
4. Mejorar la infraestructura de la educación pública
5. Socorrer a las víctimas de las recientes inundaciones en el centro de Venezuela.

Estas iniciativas se financiarían con activos venezolanos congelados en el extranjero y se llevarían a cabo con una importante participación de organismos del sistema de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para el Atlantic Council este acuerdo es un paso sin precedentes en el proceso de negociación, que podría ayudar a impulsar el avance de los demás puntos de la agenda de negociación, como los acuerdos electorales y judiciales. Pero el acuerdo también es importante de forma más directa y tangible para la población venezolana en apuros.

Refirió a que para 2023, el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas para Venezuela solicita unos 719 millones de dólares para financiar todas sus actividades humanitarias; entonces, los 3 000 millones de dólares que se han discutido como un Fondo de Protección Social de presupuesto completo representan más de cuatro veces esa cantidad, y el Plan de Respuesta Humanitaria anual de la ONU nunca ha recibido más del 40 % de su financiación.

Afirmó que la magnitud de esta afluencia de fondos humanitarios podría cambiar la vida de quienes sufren la falta de artículos de primera necesidad en Venezuela.

Retraso en la implementación y mensajes contradictorios

En los meses transcurridos desde la firma del Acuerdo Social en noviembre, los avances en la transferencia de fondos o la puesta en marcha de los programas de asistencia han sido lentos. Gran parte del retraso inicial parece deberse a obstáculos burocráticos en el seno de diversas instituciones.

Por un lado, las Naciones Unidas están preocupadas por el riesgo que supone para su reputación la puesta en marcha de un programa que ha suscitado comparaciones con el controvertido Programa Petróleo por Alimentos en Irak, un programa que estuvo plagado de mala gestión y corrupción. Por otra parte, los funcionarios de la ONU quieren garantías de dónde están los fondos, cómo pueden ayudar los Estados Unidos y la comunidad internacional a protegerlos en el proceso de transferencia, y cómo pueden existir dentro del sistema financiero de los Estados Unidos de acuerdo con la normativa financiera interna de las Naciones Unidas.

Por otro lado, también ha habido retrasos por parte de Estados Unidos. En diciembre de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos envió una gestión a las Naciones Unidas en la que señalaba que el Gobierno estadounidense no podía garantizar plenamente que el Fondo de Protección Social pudiera existir en Estados Unidos de forma que quedara protegido de los acreedores con reclamaciones de deuda venezolana. Desde entonces, Estados Unidos ha dado marcha atrás y, en mayo de 2023, la Administración Biden envió una segunda carta a los representantes de las Naciones Unidas, esta vez garantizando que el fondo no sólo podría existir en el sistema financiero estadounidense, sino que estaría protegido de los acreedores para beneficiar al pueblo venezolano. Los funcionarios estadounidenses también han empezado a trabajar con bancos europeos para identificar fondos congelados para el acuerdo.

Entender que la puesta en marcha del fondo llevará tiempo no debería ser una sorpresa. Las partes implicadas en la firma del acuerdo acordaron que el progreso en negociaciones más amplias «no puede ser condicionado, suspendido o retrasado por ningún aspecto derivado de la ejecución del presente acuerdo».

Esto sugiere que las partes reconocieron que la aplicación del Acuerdo Social no sería inmediata. Sin embargo, Estados Unidos y la comunidad internacional deberían buscar proactivamente vías para ayudar a avanzar en su realización.

https://elcooperante.com/avanzar-en-el-acuerdo-social-atlantic-council-r...

Ocupado en aspectos técnicos, como el avance en la formación de los Centros de Votación para la primaria del 22 de octubre, dejé pasar deliberadamente, para comentarlo con calma, uno de los eventos más importantes que se han producido en este recorrido del pueblo venezolano hacia la escogencia de un candidato democrático, unitario, para la elección presidencial de 2024.

Me refiero a la firma, en acto público y por todos los candidatos, del documento llamado: “Principios Comunes del Programa Mínimo de Gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional”, mejor conocido como Programa Mínimo de Gobierno.

La Firma.

Mas allá de la importancia y el contenido del propio documento, lo verdaderamente importante fue la firma, en sí, del mismo. Que los trece candidatos lo hayan hecho, algunos en persona el mismo viernes 4 de agosto, y otros previamente, dejando constancia en un video en el que aparecen firmando el documento y que fue proyectado en la sala ese mismo día.

La singularidad e importancia del evento, más allá de su significación como acto de unidad política, en mi opinión descansa en los siguientes aspectos: uno, lo firman trece candidatos, que van a competir en una campaña electoral que será competitiva, de la cual saldrá uno solo y doce más serán eliminados de la contienda y no tendrán una nueva oportunidad, similar, hasta dentro de seis años, a menos que en el país ocurran acontecimientos políticos que cambien ese panorama; dos, lo firman trece contendientes que vienen de diferentes opciones políticas, que varios de ellos, hasta no hace mucho, expresaron de manera aguda sus diferencias y controversias con relación, por ejemplo, al Gobierno Interino; tres, pertenecen a variadas opciones doctrinarias, ideológicas y políticas y a pesar de ello, pudieron ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos y ofrecerlos al electorado del país; cuatro, dejaron de lado diferencias personales, que en algunos casos se han destapado agudamente, para demostrarle al país que sí es posible estar de acuerdo en cosas básicas, en pro de ofrecer al pueblo venezolano una opción para rescatar y profundizar la democracia. Esos, y muchos más, son los aspectos que destacan la importancia del acto sencillo, corto, sobrio pero significativo, sin discursos ampulosos ni consignas de ningún tipo.

En el único y breve discurso pronunciado en el acto, Jesús María Casal, Presidente de la CNdP resumió el significado del acto de esta manera: «Hoy los candidatos y candidatas reiterarán su compromiso con la Primaria, mediante la firma del acta correspondiente. El objetivo superior es ir unidos a las elecciones presidenciales, con ese gran espíritu de lucha fraterna, queremos transitar las próximas fases de la elección. Hemos atravesado copiosas tormentas, pero no hemos zozobrado».

El Programa Mínimo.

Se trata de un documento breve, muy corto, que en dos páginas resume conceptos fundamentales, que por lo breve y sencillo, no se deben dejar de tomar en cuenta. Es, en efecto un “programa mínimo” que permitió que todos lo pudieran firmar y da la oportunidad para que cada uno, en el desarrollo de su campaña y actividad, lo profundice, singularice sus aspectos y lo amplíe con sus propias propuestas y ofertas electorales.

A pesar de lo anterior, en el documento los candidatos se comprometen a “…conformar un gobierno de Cambio, Unidad y Reconstrucción Nacional que permita avanzar hacia una reconciliación nacional en libertad.” Resaltan el carácter “unitario” de la contienda y definen “…las líneas fundamentales...” de ese cambio que proponen, que va más allá de la toma del poder en sí mismo y se comprometen a conformar “…un gobierno democrático y pluralista de Unidad Nacional.”

Ese “gobierno de Unidad Nacional” planteado, dice el documento, contempla dos medidas urgentes, que se proponen atender como prioridad y van al meollo de los problemas fundamentales que confronta el pueblo venezolano: Atención a la emergencia humanitaria compleja y la estabilización de la economía. Para lograrlo, los candidatos afirman la necesidad de lograr un “…nuevo modelo político, económico y social… sobre la base de unos principios comunes…”; esos principios comunes vale la pena copiarlos a continuación, tal como están expresados en el documento, para que se lean con detenimiento:

· Reconocimiento de la diversidad de intereses dentro de una sociedad pluralista bajo el amparo de un Estado de Derecho democrático y social, respetando la Constitución como marco y la reinstitucionalización del poder público como meta;

· Afirmación de la primacía de los derechos humanos, con el propósito de restitución de garantías constitucionales, liberación de presos políticos y restablecimiento del orden público en favor de la vida, bienes y derechos de los ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional;

· Defensa de la aspiración histórica de hacer realidad la prescripción de un Estado Federal Descentralizado;

Promoción de un entorno favorable al desarrollo de una economía del conocimiento próspera, diversificada y socialmente incluyente, que permita la superación de las causas inmediatas y estructurales de la pobreza,

· Replanteamiento de los modos tradicionales de encarar nuestra política energética y nuestra dependencia de las riquezas naturales;

· Fomento de la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del presente y del futuro, gracias a un modelo de desarrollo que favorezca la innovación y la transición energética, de forma tal que sea amigable con el ambiente y contribuya a eliminar la pobreza;

· Restablecimiento de los principios históricos y constitucionales de la política exterior venezolana;

· Defensa de la misión constitucional encomendada a la Fuerza Armada Nacional;

· Compromiso con la alternabilidad y el principio de no reelección presidencial.

Finalizan con un llamado a todos los venezolanos, a que nos involucremos con ellos a recorrer el camino y el cambio hacia una democracia verdaderamente incluyente.

El Acta de Compromiso

El llamado “Programa Mínimo” no es el único documento que han firmado los candidatos. En ese mismo acto, del 4 de agosto, firmaron también un acta compromiso, cuya importancia se debe destacar y dar a conocer por su significación como hecho político, pues mediante este documento los candidatos se comprometieron a:

1) Respetar el Reglamento Marco, el Reglamento de Postulaciones, y demás reglamentos, instructivos y actos de la Comisión Nacional de Primaria;

2) Reconocer los resultados de la elección Primaria de 2023

3) Trabajar por la candidatura que resulte vencedora; y

4) Renuncian a presentarse como candidato(a) a las elecciones presidenciales de 2024 en caso de que no resulte vencedor(a) en la elección Primaria.

El Compromiso con los Principios Democráticos.

De igual manera, al momento de concretar su aspiración, de registrarse para ser candidatos a participar en la Elección Primaria del 22 de octubre, firmaron un documento denominado: “Compromiso con los Principios Democráticos para Garantizar la Gobernabilidad”. Vale la pena resumir y comentar también este importante documento, compromiso, firmado por los candidatos de la Primaria.

Se trata de un “…compromiso de respeto pleno a los valores esenciales de la democracia…” que firmaron en presencia de la Comisión Nacional de Primaria y que se puede resumir, libremente, de la siguiente manera:

· Respeto a los derechos humanos

· Respeto a la soberanía popular

· Elecciones auténticas y alternancia, como elemento fundamental de la democracia

· Pluralismo y tolerancia como factores indispensables para alcanzar plenamente una sociedad libre y pacífica

· Igualdad de los ciudadanos como garantía del respeto a la libertad y al ejercicio de sus derechos.

· Igualdad de género como principio esencial de una sociedad libre y justa.

· Libertad de expresión y de opinión

· Plena observación del estado de derecho

· Administración del sistema de justicia como pilar democrático

· Transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de la función pública

Conclusión.

Con la firma de estos tres documentos, los candidatos a la Primaria del 22 de octubre, “amarran” su compromiso con la “Unidad”, como un objetivo que los trasciende a todos y se comprometen con el pueblo venezolano −y con ellos mismos− a formalizar su esfuerzo y trabajo en pro del desarrollo de una democracia plena en Venezuela. Sin duda el resultado final de este proceso será muy importante, escogeremos al candidato unitario de la oposición democrática; pero, mientras llegamos allá, el camino que recorramos y como lo hagamos, es también muy importante.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Sobran las ideas para escribir un artículo. En estos tiempos proliferan los temas que llaman la atención, tanto nacionales como mundiales. A cada instante pasan miles de cosas de las que nos enteramos. Nuestra vida se desliza dentro de la Sociedad de la Información que, a la vez que nos deja saber lo que sucede, nos confunde con la realidad, la oculta y la falsifica. Hace posible que se burlen los hechos y se abran las puertas a las que elegantemente han sido bautizadas como las “verdades alternativas”. En suma, enturbian la posibilidad de conocer e interpretar los acontecimientos que nos rodean, lo que obviamente también sucede en nuestro país, pero aderezado con otros factores que soplan desde el poder, reforzándolos, y que atañen a la libertad de expresión

En este sentido, me refiero a las diversas maneras de las puede disponer el gobierno actual con el objetivo de controlar los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos, la esfera digital), haciendo caso omiso de lo dispuesto en nuestras normas legales, incluso en la Constitución.

Aludo, igualmente, a la opacidad que caracteriza el manejo de los asuntos oficiales. Solo por mencionar un aspecto, las estadísticas se manejan a discreción y uno se queda sin saber bien como es la cancha en la que estamos parados, quedando siempre con la obvia y legítima sospecha de que no es la que se describe en los informes a los que se puede acceder. Por fortuna hay organizaciones de diversa índole, unas locales, otras internacionales, que muestran las otras caras de la realidad nacional, recogiendo la sensación de los ciudadanos de a pie, los que sufren en carne propia el descalabro de nuestro país, sumido en una larga crisis que lo afecta en todos los espacios.

Sin pretender, ni mucho menos, ser exhaustivo en el análisis de un asunto que ciertamente es medular para la democracia, quiero mencionar un tercer aspecto, al que me parece que no le damos tanta relevancia. Se trata de la resignificación del lenguaje, idea recogida como predicción hace más de medio siglo en la novela “1984”, escrita por George Orwell. En efecto, desde el inicio de la presidencia de Chávez, las palabras han ido pasando a significar algo distinto a lo que hasta entonces designaban. Expresado muy brevemente, se trata de lo que el mencionado autor identificó como la “neolengua”, con el fin de advertir en torno a la simplificación del idioma, bajo el entendido de que éste es el medio del que disponen las personas para entender y conceptualizar la realidad. Desde entonces se ha ido encogiendo, convirtiéndose en un relato político simple y maniqueo, que se destila en un pensamiento único y que sataniza las discrepancias, sirviendo como plataforma a un discurso épico que se vocea en decibeles altos, como si de esta forma aumentara su capacidad de convencer a “nuestro pueblo” de que vamos hacia la construcción de la “Gran Venezuela”.

Viene a cuento lo anterior porque el pasado 3 de agosto, El Nacional cumplió 80 años de fundado. Son muchos años y merecen ser celebrados, sobre todo en un país en el que aún priva la “cultura de lo efímero”. Pero que hay que festejarlos todavía más si se calibran a la luz de las dos últimas décadas de su historia, trenzadas por múltiples obstáculos de toda índole que, sin embargo, no han logrado bajar al periódico de la tarima pública, manteniendo su propósito de exponer una versión de nuestra sociedad, muy lejana de la que se divulga mediante la “lengua oficial”.

Como he dicho más de una vez, estoy familiarizado con “El Nacional” desde niño, cuando leía sus páginas de deporte, en particular las de futbol. Al paso en que avanzaba en mi adolescencia, brinqué a otras secciones y nació mi interés por la política, sin entender muy bien de que se trataba, pero que me abrió una ventana para ver un poco más allá de mi ombligo personal y social.

Nunca me pasó por la cabeza que algún día escribiría en estas páginas como columnista, acontecimiento que interpreto como un privilegio que me dio la casualidad. Desde esta condición va mi reconocimiento a quienes lo fundaron y mis felicitaciones a quienes hoy lo hacen posible desde su tenacidad.

El Nacional, 7 de agosto de 2023

A raíz de la presentación por parte de María Corina Machado de aspectos de su programa económico a finales de junio, se ha venido discutiendo públicamente la conveniencia o no de privatizar a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la empresa estatal a la que se reserva, constitucionalmente, la explotación de nuestros hidrocarburos (artículos 302 y 303 de la CRBV). Las posturas van desde la convicción plena de su conveniencia, hasta aquellos quienes, rasgándose las vestiduras, lo conciben como un crimen de lesa patria. En la discusión se cuela, inevitablemente, su relación con la soberanía nacional. Detengámonos un momento a examinar este concepto.

El término soberanía se refiere al poder político sobre la toma de decisiones fundamentales para la nación. En democracia, como es (en teoría) el caso venezolano, reside en el pueblo,

“…quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.” (art. 5 CRBV)

Se intuye, por tanto, que el manejo de la industria petrolera representa un asunto de importancia central al ejercicio del poder político por parte de los venezolanos. ¿Por intermedio de quiénes? y ¿Para qué?

Conocemos la respuesta a la primera pregunta. Basándose en el Decreto de Minas del Libertador de 1829, firmado en Quito, se asumió que las minas debían ser propiedad del Estado. Pero, en realidad, lo que dice el mencionado decreto es que “…corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan bajo las condiciones expresadas en las leyes…” El control soberano sobre la industria petrolera no podía culminar, por tanto, sino en su estatización, incluyendo la de tres pequeñas empresas pertenecientes a venezolanos. Ello abrió necesariamente la rendija a la consideración de aspectos políticos en la conducción de Pdvsa pues, si no, ¿cómo se ejerce tal soberanía? Si bien desde los comienzos se quiso blindar el manejo de la empresa del juego político, confiando su gestión en Rafael Alfonzo Ravard y un equipo de calificados gerentes venezolanos con amplia experiencia con las compañías transnacionales del petróleo, con la crisis de los ’80 (“década perdida”) los planes de inversión de Pdvsa –exploración, producción, profundización del patrón de refinación-- tuvieron que aguardar, primero, a los requerimientos de ingreso del fisco. Bajo el gobierno de CAP II en los ’90, el Congreso aprobó la estrategia de apertura petrolera a la inversión extranjera. Se permitió a Pdvsa, además, quedarse con recursos para recuperar el terreno perdido. Dio lugar, como se recordará, a las denuncias de sectores de izquierda de que se sacrificaban ingresos fiscales, es decir, ingresos destinados al pueblo venezolano, para sostener planes de expansión ambiciosos de una empresa que operaba como un “Estado dentro del Estado”. Había que ponerle la mano a Pdvsa.

Sabemos lo que vino después. Con base en esta prédica, Chávez hizo de Pdvsa, el eje de su socialismo de reparto, obligándola a subsidiar “misiones”, a asumir tareas que nada tenían que ver con su misión corporativa y a comprar alianzas internacionales con diferimientos, rebajas y/o exenciones al cobro de la factura petrolera. Destruyó a la empresa, como evidencian la caída continuada de su capacidad de producción, su enorme endeudamiento, el deterioro de las refinerías y la progresiva “chatarrización” de sus instalaciones. ¿Se expresó, así, el control soberano de los venezolanos sobre la empresa? Persiste la idea, sin embargo, de que, al desplazar a las actuales mafias del poder, se recuperaría esta soberanía.

¿Qué significa? Viene a la mente el caso de las monarquías del Reino Unido y de España. Consumen una cantidad enorme de recursos y puede argumentarse su inutilidad. Mantenerlas implica un costo formidable para sus respectivas naciones, sacrificando recursos que pudieran asignarse a necesidades más perentorias de su población. En el caso británico, en todo caso, puede señalarse que sus actos representan un atractivo turístico central, por lo que un análisis costo beneficio pudiera concluir que la mantención de la casa real se justifica. En el caso español, tal aseveración es dudosa. Pero el asunto no es ese. Muchos españoles sentirán una gratificación particular por contar con la monarquía, una identificación de su lugar en el mundo, de su pasado histórico, costumbres y valores. Es un símbolo. A los políticos y economistas corresponde hacer explícito el costo de mantener este símbolo en una era en la que, felizmente, sus acciones no infringen el ejercicio de los derechos ciudadanos. A los republicanos, argumentar que, en términos de los recursos y las soluciones sacrificadas a diferentes problemas, no se justifica. Pero es un asunto --el costo de sostener los privilegios de la monarquía-- que debe quedar a la libre decisión (soberana) de españoles (o de británicos).

Pues las razones para justificar la posesión estatal de Pdvsa, se resumen, en última instancia, en su valoración como símbolo de soberanía. Entiendo, claro está, que su privatización abriría una discusión sobre la necesaria reforma de la Constitución que distrae la atención a problemas mucho más acuciosos referentes a cómo ejercer esta soberanía. Aun así, ¿Cuánto están los venezolanos dispuestos a sacrificar, en el marco de la actual devastación económica, en sostener una empresa quebrada, endeudada, con su capacidad productiva en el piso, como símbolo de soberanía?

El verdadero problema es otro. Venezuela es, hoy, un país fallido, incapaz, mientras se mantenga su control chavista, de responder a los requerimientos de vida digna para su población. Sin cambio, no habrá salida. Tan sencillo como eso. La recuperación sólo será posible con una sustancial inyección de recursos externos y éstos sólo vendrán si el país retorna al imperio de la ley de nuestro ordenamiento constitucional, que consagra las garantías, deberes y derechos de la población, y se acometen reformas importantes en la conducción del Estado para recuperar los servicios públicos, la infraestructura, la seguridad, el ambiente, etc. Pero ¿a cuenta de qué los multilaterales nos van a prestar esos recursos? ¿Acaso somos el único país necesitado o más “chéveres” que los demás?

El gran aval para recibir esos préstamos es nuestra capacidad para generar significativos ingresos por exportación petrolera. Supondría, desde luego, el levantamiento de sanciones al regresar el país a un régimen democrático, de garantías. Y solo será posible si logra atraer ingentes inversiones de empresas transnacionales del ramo. Pero habrá de ocurrir, además, en un contexto mundial en el que se han venido instrumentando, sobre todo en los países más avanzados, medidas para disminuir el uso de los combustibles fósiles causantes del llamado “efecto invernadero”, para detener el cambio climático. Algunos analistas sitúan el punto de inflexión a partir del cual comienza a caer la demanda por petróleo –peak demand-- para finales de esta década. Mientras, la oferta está aumentando rápidamente en Guyana –producirá más que Venezuela dentro de pocos años--, Brasil, produce hoy más de 3,2 MM de b/d y se anuncian ambiciosos planes de expansión en Irak, Kazajistán y Nigeria. Asimismo, los gigantes, EE.UU., Arabia Saudí y Rusia seguirán produciendo, cada uno, por encima de 10 MM de b/d.

La competencia de estos productores por atraer inversiones para un mercado que comenzará a decrecer pronto dependerá, entre otras cosas, de sus acciones para contener el cambio climático. También el Banco Mundial anuncia que este criterio será cada vez más importante para otorgar créditos a los países que lo solicitan. ¿Acaso la Pdvsa quebrada, “doja, dojita”, podrá competir en este plano?

Nuestra soberanía sobre el petróleo debe tener como norte la maximización de los beneficios que genera, en el tiempo, a su población. Serán escasos si sigue monopolizado por una empresa estatal convertida en instrumento político. Solo abriendo el sector a la inversión privada, con un paquete atractivo de incentivos y un plan creíble para la transición energética, se evitará que Venezuela termine como país fallido, en el sótano de América Latina y el Caribe, al lado de Haití. El pecho henchido de nacionalismo porque Pdvsa no se privatice, solo se entiende en aquella exigua minoría chavo-madurista que sigue creyendo el mito de que representan, de manera excluyente, al Pueblo (con mayúscula).

7 de agosto 2023

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com