El triunfo electoral de Pedro Castillo en Perú expresa, para algunos, la amenaza de opciones políticas contrarias a la democracia, identificadas con el Foro de Sao Paulo. El próximo país en sucumbir podría ser Colombia, con elecciones el año entrante, preso actualmente de una protesta que no amaina. Similares protestas ocurrieron en Chile y Perú (y la misma Colombia) en 2019. Además, estarían los cambios en puertas en Chile, dado el sesgo de izquierda con que resultó electa la asamblea que habrá de redactar su nueva constitución, y las expectativas de que retorne al poder Lula en Brasil, ante la desafortunada gestión de Jair Bolsonaro. ¿Significa el resurgimiento de fuerzas identificadas de una forma u otra como de “izquierda”, un proyecto para acabar con la democracia liberal en el continente? Las experiencias de la Venezuela chavista, de Nicaragua con Ortega, como de Cuba, no dejan dudas al respecto. ¿Podemos suponer que fuerzas afines en otros países seguirán su camino?

Los venezolanos confiamos en que ninguno de nuestros vecinos latinoamericanos habrá de emular un proceso como el chavista, que destruyó a uno de los países más prósperos del continente y acabó con sus libertades democráticas. Sería suicidio. Pero los discursos redentores de líderes populistas tienen un asombroso poder de contagio, más con los estragos del Covid-19. Tocan sensiblerías comunes a latinoamérica, señalando al “imperio” y a una difusa “oligarquía” como el origen de todos nuestros males, y prometiendo cortar el nudo gordiano de las instituciones de la democracia representativa para darle protagonismo directo al Pueblo (mayúscula). El chavismo ilustra algunos de estos aspectos.

El origen comicial de la presidencia de Chávez no impidió calificar a su gestión de autoritaria, aunque “competitiva”, según algunos analistas: convocaba a elecciones, pero cada vez más dominadas por el ventajismo oficialista, en el marco del desmantelamiento del Estado de Derecho y la violación creciente de los derechos humanos. Esto se acentuó con su sucesor, quien hizo inhabilitar a partidos y dirigentes opositores con un poder judicial pro-chavista, usó abiertamente los recursos del Estado para promover a candidatos oficialistas, acosó a las fuerzas opositoras y les dificultó el acceso a la totalización de votos. La supresión del ordenamiento constitucional culminó, como sabemos, en la anulación de los poderes de la representación popular en la Asamblea Nacional 2015-20 y en comicios amañados para designar una asamblea constituyente en reemplazo, y para reelegir a Maduro como presidente. Tales trampas fueron desconocidas por más de 50 países democráticos. Junto con los informes de la Alta Comisionada y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más denuncias de la OEA y de numerosas ONGs, no dejaron dudas acerca del carácter dictatorial del régimen de Maduro. Pero resultó ser una dictadura sui géneris, diferente a las que asolaron a América Latina el siglo XX, asombrosamente resiliente, que ha podido sobreponerse a su notoria impopularidad, a la severa crisis económica provocada por sus políticas y al rechazo y a las sanciones de las principales democracias del mundo.

Suele caracterizarse como comunista o “castro-comunista”, por su sometimiento a directrices cubanas, sobre todo en materia de seguridad de Estado, y por su prédica antiimperialista y “revolucionaria”. Los cambios en ciernes, mencionados arriba, se designarían, igualmente, como avances del comunismo. No obstante, ni el chavismo, ni las expresiones de izquierda referidas, se avienen al modelo comunista clásico. Amén de la ausencia de una base doctrinaria marxista leninista, su extracción de clase es predominantemente del lumpen y demás desclasados, con la clase obrera organizada ubicada como enemiga a desactivar; sus propuestas destruyen a las “fuerzas productivas”, contrario a lo que se desprendería de los escritos de Marx sobre el socialismo; no hay plan central efectivo de las actividades económicas; y sus alianzas, tanto nacionales como internacionales, son con fuerzas oscurantistas, de derecha: teocracias, dictaduras genocidas (Siria), sectas religiosas y regímenes paria de distinto tipo.

Un argumento distinto para evitar esta calificación es que, a pesar del notorio fracaso de todos los intentos por instrumentarlo, todavía la noción “comunista” tiene cierto tinte utópico en algunos sectores de la izquierda política y académica. Habrían fallado los líderes, pero no la idea: con una adecuada corrección de los errores cometidos, podría alcanzarse la tan anhelada liberación de la humanidad. Semejante aberración repercute, asombrosamente, en la aquiescencia de agrupaciones de izquierda ante la dictadura de Maduro, Cuba y movimientos afines. Formarían parte de “las causas más nobles de la humanidad” que, se admite, pueden excederse al defenderse ante acciones en su contra del “imperio”. Al dificultar asumir actitudes condenatorias de sus atropellos a los derechos humanos por sectores académicos de Europa y EE.UU., se convierte en un plus. Internamente, la mitología comunista ofrece un relato para absolver tales atropellos: “legitima” una dictadura totalmente ajena a lo que postula.

La prédica patriotera de Chávez, invocando a la epopeya emancipadora para excitar al pueblo contra una oligarquía que, supuestamente, había traicionado al Libertador, es de naturaleza fascista. Al igual que con el comunismo, recoge su vocación totalitaria. Con campañas de odio contra sus opositores, edificó un imaginario maniqueo que llevó a su discriminación abierta. La militarización de la sociedad, sus diatribas populistas, el culto a la muerte y la asunción de la política como una guerra contra los “enemigos del pueblo”, defendido por sus “camisas rojas”, completan el cuadro. Como innovación, incorporó elementos de la mitología comunista para construir un envoltorio ideológico que identificó con el “socialismo del siglo XXI”. El menjurje con sus prédicas épicas iniciales puede denominarse de “fasciocomunista”. Confirió sentido a prácticas populistas extremas en contra de la democracia liberal, para erigir una trinidad Caudillo-Pueblo-Ejército que justificara su poder personal omnímodo. Habría que estar atento si Castillo u otros líderes populistas latinoamericanos, deriven hacia tales perversiones.

Pero, a diferencia de las experiencias fascistas del siglo XX, interesadas en asegurar una economía robusta que sustentara sus fines bélicos, el chavismo se dedicó a expoliar la enorme renta petrolera, destruyendo las fuerzas productivas del país. La destrucción del Estado de Derecho y el arrinconamiento de las fuerzas de mercado, hizo que la asignación, distribución y usufructo de los recursos económicos pasara a determinarse por criterios políticos, ajenos a la racionalidad económica, creando toda suerte de oportunidades de lucro. Degeneró en componendas entre quienes estaban mejor posicionados para aprovecharse de éstas, en lugar destacado la cúpula militar, corrompida deliberadamente para asegurar su complicidad en la expoliación. Creó un Estado mafioso, asociado a países paria que le prestan asistencia, así como con el ELN y las FARC disidentes colombianas, y otras organizaciones criminales que controlan porciones del territorio nacional. La situación de anomia facilitó la extensión de sus tentáculos a todos los niveles consolidando, así, un régimen de expoliación en el que priva el más fuerte.

Esta situación, propia de un territorio conquistado, describe fielmente la vida actual en Venezuela. El Estado gangsteril de Nicaragua bajo Daniel Ortega se le asemeja mucho. Y Cuba, no obstante la hegemonía del clan Castro, se encuentra dominada por una oligarquía militar que, al igual que en Venezuela, controla la economía. Aprendiendo de la corrupción militar chavista, depreda a sus anchas las escasas fuentes de ingreso de la isla, al controlar el poder sin contrapeso alguno. Otra muestra de “apartheid revolucionario”. Es esta la amenaza ante la que es menester estar vigilante: la emergencia de una internacional militar mafiosa, que conquista a sus propios países en nombre de la “revolución” y procura prestarse ayuda mutua para permanecer indefinidamente en el poder. Recordemos que el populismo latinoamericano muestra, además, un largo historial de destrucción de sus economía.

El regreso al país, de uno de los diputados que se encontraba exiliado en Italia desde 2019, provocó todo un mundo de discusiones y debates en el mundo político y la sociedad civil venezolana.

- Estamos sorprendidos por ese regreso, señalaban algunas personas. Recordamos que se refugió en la Embajada de Italia para evitar ser detenido y ahora estamos un tanto extrañados, por decir lo menos, con este inesperado retorno.

- Sus palabras al momento de refugiarse en la embajada, jamás se me olvidaran, dijo un trabajador del Arco Minero:

….”No le daré el gusto a la narcodictadura que me exhiba como un trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarle sus crímenes de Lesa Humanidad, violación de los Derechos Humanos, corrupción, narcotráfico y terrorismo. Sigo en la lucha, Venezuela vale la pena y agradezco la acogida de Italia”….

y ahora, veo que no solo anuncia su regreso con antelación, sino que lo hace con bombos y platillos como si no hubiese pasado nada….que alguien me explique

- No te voy a explicar nada, sino que voy a incrementar el asombro de todos, dijo un dirigente comunitario del estado Bolívar. Recientemente, el 8 de mayo de 2019 para ser mas preciso, es levantada su inmunidad parlamentaria por la ANC tras solicitud del TSJ y la Fiscalía, por acusaciones de traición a la patria, concierto para delinquir, entre otras, por haber participado en el intento de levantamiento militar contra Nicolás Maduro y en apoyo al presidente del parlamento Juan Guaidó….y en el aeropuerto no le dijeron ni pio….esto esta raro….muy raro.

- Que Yo sepa, señala un dirigente político, Américo De Grazia es “acusado de estar involucrado en el fallido alzamiento militar del pasado 30 de abril” y por eso toma la decisión de irse del país. Pero, su regreso se decide entre gallos y media noche, quedando en el ambiente una estela de oscura negociación.

- Un momento, interviene un simpatizante de la Causa R (al revés), excompañero Américo dejo muy en claro que regresaba para participar como candidato a gobernador del estado Bolívar en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

- Esta bien, respondieron todos. Respetamos su derecho a participar o no en un proceso electoral. Pero, queda claro que lo hace en contra de la decisión de su partido y, lo mas importante, queda aún sin explicar como el régimen permitió su ingreso a pesar de haberlo señalado como terrorista, golpista y traidor a la patria. ¿Regreso negociado?

- ¿La Libertad de los Presos y Perseguidos Políticos va a ser para todos o solo para algunos? preguntó un dirigente juvenil. Con esa conducta, Américo abandonó a la compañera de exilio Mariela Magallanes. Cabe pensar entonces, que el regreso de Américo obedece a oscuros intereses que pretende disfrazarlos con su intención de participar en las elecciones.

- De acuerdo con lo dicho por ese joven, dijo un representante de la Sociedad Civil. Solo le agregaría, que la presencia de Bernabé Gutiérrez en el comité de recepción de Américo, sirve para confirmar que detrás del regreso hay una oscura negociación que hizo permisible que el régimen mirara para otro lado cuando Américo llegó al Aeropuerto “Simon Bolívar”.

- Falta que siga el ejemplo del Alacrán, y solicite que le asignen la tarjeta de la Causa R para su participación en las elecciones. Cuestión esta que no dudamos que pueda ocurrir. O en su defecto, el Alacrán pudo proponerle que sea candidato de su partido la Alianza Democrática.

En fin, Américo quiso hacer una gracia y le salio una morisqueta.

“Existe “vacío de poder” cuando “el poder está vacío,” es decir, cuando nadie lo está ejerciendo. Por tanto, no puede haber “vacío de poder” cuando alguien está ejerciendo el poder, así sea ilegítimamente. En este caso, lo que habría es usurpación de autoridad”.

Ante esa definición de “vacío de poder” del Dr. Allan Brewer-Carías, reconocido constitucionalista venezolano, difícilmente podría esgrimirse que en Venezuela exista un vacío de poder sino una usurpación del poder. Esto de ninguna forma significa que de igual manera no tengamos que llenar la “vacante” del poder usurpado con una autoridad legítima. Eso es lo que todavía sigue pendiente en Venezuela.

De allí que no me extrañe notablemente que los políticos hayan abandonado la famosa ruta del “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro, indicando que eso fue un “error”. Razón por la cual nace con renovado interés y entusiasmo la negociación de la oposición con el régimen, camino que por cierto ninguno de ellos abandonaron nunca, haciéndole creer a los venezolanos que había un verdadero interés en salir de Maduro y sus delincuentes y “dándose cuenta” ahora que la cosa no sería tan fácil como se había pensado.

Pero como se dice en el interior del país, “se cayeron de un coco”. Los venezolanos reafirmamos el cese de la usurpación de Nicolás Maduro Moros y lo transformamos en un mandato constitucional a través de una Consulta Popular vinculante, establecida como uno de los medios de participación política del pueblo venezolano en nuestro texto fundamental.

Esto es, ya no es una opción de los políticos decidir si negocian o no con Maduro en el poder. Ya no tienen esa opción. Y voy más allá: quienes están intentando negociar por nosotros dejaron de tener la representación interna legitima para poder hacerlo a partir del 5 de enero de 2021. Y si es del caso que se presente alguna negociación en el futuro por quien tenga la legitimidad para poder hacerlo por los venezolanos, la primera exigencia tiene obligatoriamente que ser que Maduro se separe del poder para pensar sentarse en una mesa.

Esto tal vez no lo entiende muy bien la Comunidad Internacional y por eso hay que explicárselos muy bien. Pero eso tampoco es del interés, por razones obvias, de quienes se atribuyeron la supuesta capacidad para negociar por los venezolanos fuera del país sin tener el respaldo popular. Ese respaldo vence cada 5 años de acuerdo a nuestra Constitución vigente. Y el de la Asamblea Nacional legítima venció, como ya indiqué, el 5 de enero de 2021. No es cuestión de decidir que parte de la Constitución aplicamos y cual parte no porque nos interesa. Y al no existir otra Asamblea Nacional legítimamente electa -porque los venezolanos rechazamos contundentemente la elección parlamentaria del régimen del 6 de diciembre de 2020 en una Consulta Popular- mal podría nadie asumir una representación de los venezolanos para absolutamente nada fuera de Venezuela, así la Comunidad Internacional reconozca un fuero que ya no existe dentro del país.

¿Adónde nos deja todo esto? Como bien dijo el Dr. Brewer-Carias, no existe “vacío de poder” cuando alguien lo está ejerciendo aunque sea ilegítimamente. Fundamentándonos en lo anterior, Juan Guaidó es tan ilegitimo y usurpador como Nicolás Maduro Moros. Pero nadie en el reino de Venezuela se atreve a decir que el rey está desnudo, en especial aquellos que deben y tienen la obligación moral con los venezolanos de pronunciarse para indicar jurídicamente la situación legal del Presidente Encargado, como Presidente y como Diputado, así como el resto de sus colegas parlamentarios. Las razones pueden ser muchas, desde no querer meterse en esas profundidades del desastre venezolano, hasta simplemente un encubrimiento inexplicable pero a la vez insostenible. No en vano dicen que en Venezuela existe una sociedad de cómplices. Esta sería una dura demostración de eso.

El 1ro de junio de 2018, fecha donde todavía ni siquiera se vislumbraba la existencia de un oscuro diputado llamado Juan Guaidó, un grupo de venezolanos donde me honró participar, asistidos por los distinguidos juristas venezolanos, la Dra. Blanca Rosa Mármol de León y el Dr. José Vicente Haro, introdujimos un Recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, con el objeto de ejercer una “Acción Innominada con el objeto de solicitar a ese Tribunal Supremo de Justicia, realizara las actuaciones que fueren necesarias para crear las condiciones requeridas, con base en los Principios Fundamentales de la Constitución, para la designación de un Gobierno de Emergencia Nacional que tenga por objeto el restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela”.

En ese Recurso esgrimimos las razones constitucionales e institucionales para que ese legítimo Tribunal Supremo de Justicia cubriera el “vacío de poder” existente en la Venezuela de ese entonces, producto de la vacante usurpada ilegalmente por Nicolás Maduro Moros, solicitando que ese Alto Tribunal designara un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional para garantizar una transición “aplicando los principios, valores y pilares fundamentales de la Constitución venezolana como garante de la supremacía y efectividad tales principios, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 1, 2 3, 5, 6, 7 y 335 de la Constitución”; y que nombre un Gabinete que realmente tome las decisiones que el interinato nunca tomó en más de dos años de ejercicio, acordes con la situación de usurpación de Nicolás Maduro Moros, como por ejemplo la designación de un Alto Mando Militar legitimo a quien puedan responder los oficiales activos todavía leales a la democracia.

En ese sentido solicitamos al TSJL realizara “todo tipo de consulta a la sociedad civil, factores políticos, académicos, gremiales, empresariales, sindicales, eclesiásticos, institucionales y aquellas consultas públicas que fueren procedentes y/o necesarias de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución, para garantizar la integración más legítima, idónea, plural e independiente de venezolanos comprometidos con rescatar la democracia en Venezuela y restablecer el orden constitucional, todo lo cual debe ser salvaguardado por ese Tribunal Supremo de Justicia legítimo, como garante de la supremacía constitucional y de los valores, principios y normas de la Carta Fundamental venezolana” (Pág. 10 del Recurso).

¿Por qué creen ustedes que los políticos “opositores” que todos conocemos, y que ahora tratan de negociar por nosotros, se movieron como unos tigres para que ese “vacío de poder” fuera constitucionalmente cubierto en la siguiente y última legislatura del año 2019? Precisamente para evitar que todos los recursos legales –porque no solamente el nuestro estaba en curso- y en particular ese “vacío de poder” que había sido llenado por un usurpador, fueran decididos en el más alto Tribunal de la República legítimamente sin la intervención de ellos, perdiendo el control de la situación política en Venezuela. Cerraron el vacío con la designación de Juan Guaidó en enero de 2019 como Presidente de la Asamblea Nacional y posteriormente como Presidente Encargado el 23 de enero de ese año.

A pesar de toda esa maniobra quienes estábamos esperando un fallo del TSJ legitimo en relación con ese “vacío de poder” nos quedamos satisfechos, esperando que esa designación abriera los caminos para el desalojo del usurpador. Pero eso no ocurrió y ahora estamos peor que a finales de 2018 en todos los sentidos. Se quedaron con la batea pero no lavaron la ropa, como decimos en Venezuela. Y todavía muchos aquí se atreven a decir que no son un obstáculo para salir de esta desgracia.

Ahora con dos usurpadores que no tienen el respaldo de una elección legítima de los venezolanos, se justifica doblemente lo que solicitamos el 1ro de junio de 2018 al Alto Tribunal de la República en el exilio para que un Consejo de Gobierno de Emergencia Nacional, no solo decida una transición estable en el país sino que convoque a un proceso Constituyente, y posteriormente a elecciones libres, justas y verificables, como se hizo en Venezuela en 1946. Tenemos tradición republicana de sobra para encausar al país y más aun venezolanos dispuestos a realizarlo. Esta es otra manera de enfocar el problema y que termina en lo mismo que siempre hemos sostenido: ¡Que el pueblo venezolano decida!

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En 1940, tal día como ayer, los alemanes entraron a Paris. Durante los primeros meses de la declaración de la guerra, los parisinos no la tomaron en serio y se referían a la misma como una drôle de guerre, que puede traducirse como una guerra atípica, cómica o que sorprende, algo así como lo que sucede con nuestra oposición. En La caída de Paris, Herbert Lottman, documenta que los alemanes sometieron a Francia no solo por el poderío de su ejército, sino también porque el Alto Mando francés no entendió los cambios en estrategia y en armamento operados después de la primera guerra mundial. También influyó la rivalidad entre los generales y, por si fuera poco, el sabotaje inicial de los comunistas por el pacto de no agresión entre Alemania y Rusia. Guardando las distancias, la narcodictadura de Chávez-Maduro se mantiene por el apoyo de la Fuerza Armada y del Poder Judicial, pero también porque nuestra oposición atípica no logra cohesionarse alrededor de una opción viable para salir del régimen.

Evidentemente, el régimen hará lo posible por no entregar el poder. Ante esta perspectiva la solución es compleja, con argumentos a favor y en contra de las posibles opciones. Sin embargo, eso no debe ser impedimento para que todos apoyemos una de ellas. Aunque han sido discutidas por distinguidos analistas, nos permitimos opinar al respecto.

Opción insurrección popular: es deseable porque es un derecho ciudadano. Ante tantas necesidades y malestar, extraña no se haya producido una huelga general indefinida. Sin embargo, hay que considerar que comerciantes e industriales temen, justificadamente, que los paramilitares rojos saqueen sus negocios. Además, con el paro cívico de diciembre del 2002, muchos negocios quebraron y miles de trabajadores perdieron sus empleos. Tampoco ocurren manifestaciones masivas como en años pasados por la represión brutal, con saldo de venezolanos asesinados, heridos, encarcelador y torturados. El ciudadano percibe que ese camino produjo dolor. Además, una dirigencia opositora dividida desestimula estas acciones.

Opción insurrección militar: algunos opositores tienen reticencia a una intervención de nuestros militares, esgrimiendo que después se pueden quedar con el poder. Esta excusa tiene poca base. Desde que se creó la Fuerza Armada, los militares solo se apropiaron de la presidencia el 24 de noviembre de 1948. Esta sería la opción menos traumática y es una obligación constitucional, pero depende de los militares. Muchos están presos, otros exiliados o pasados a retiro. El capitán de corbeta Acosta fue torturado hasta causarle la muerte. La disciplina militar se basa en superior manda y subalterno obedece, lo cual dificulta que una intervención tenga éxito sin participación del Alto Mando. Otra posibilidad es una acción conjunta de una fuerza militar externa dentro del concepto de obligación de proteger, pero es evidente que ningún país quiere involucrarse. Algunos proponen una invasión de militares y civiles exiliados, lo cual evidencia buenos deseos, pero no es realista.

Opción Asamblea Constituyente: cabe preguntar si es para cambiar el poder Ejecutivo o para cambiar la Constitución, y si este es el momento apropiado. Una Constituyente originaria tiene el riesgo de que el resultado es impredecible. Quizá lo procedente es reformar la Constitución cuando se hayan resuelto los problemas que aquejan a los ciudadanos. Sus proponentes tienen razón cuando afirman que es imprescindible cambiar el actual sistema centralizado.

Opción referendo revocatorio: esta opción es atractiva, ya que el CNE no puede negarla, aunque pondrá obstáculos. Tiene el escollo de que el 20 por ciento de las firmas deben recogerse en puntos escogidos por el CNE, y el recuerdo de las represiones por las listas Tascón y Maisanta. Descalificarlo porque ya esa pregunta se realizó en las consultas populares es no entender que las mismas fueron importantes desde el punto de vista político, pero sin las herramientas para ejecutar el mandato.

Opción negociar con el régimen: negociar es lo propio de seres civilizados. El que se negocie con criminales no significa reconocerlos, ni es pecado. Maduro es un usurpador, pero está en Miraflores. Evidentemente, el interés del régimen es ganar tiempo. Quizá podamos conseguir algo por presión del mundo democrático, en cuanto a condiciones electorales para las regionales y para un posible referendo revocatorio. Desde luego hay que insistir en elección presidencial y parlamentaria. Se entiende el pesimismo. Sin embargo, hay que intentarlo.

Opción electoral regional: no resolverá los problemas y las condiciones son de ventajismo para el régimen por tener inhabilitados a candidatos de la oposición y despojado de su tarjeta a varios partidos para otorgarlas a colaboracionistas. ¿Permitirá el CNE una tarjeta única de la oposición o devolverá las tarjetas a sus dueños legítimos? ¿Se comportará el CNE como organismo respetuoso de los derechos del votante? No fueron invitados como observadores la Unión Europea, ni a la OEA, que son quienes tienen experticia electoral. Solo vendrán algunos invitados en calidad de acompañantes. El régimen podrá anular gobernaciones que gane la oposición, como hizo con las de Bolívar y del Zulia. Se percibe que varios partidos consideran que deben participar, pero el reto que tienen es incentivar a los electores. Para entusiasmar deben, por lo menos, presentar buenos candidatos apoyados por todos.

Cierto que parece contradictorio habernos abstenido en las farsas del 2018 y del 2020 y ahora votar; además sería reconocer a la usurpadora Asamblea Nacional que eligió al actual CNE. Sin embargo, hay que entender que estamos ante un problema político y no legal, ni moral. Como tal debe discutirse. Por ahora, lo prudente es esperar a ver si sale algo positivo de las negociaciones. Sin embargo, el tiempo apremia y quizá lo acertado sería seleccionar los candidatos y, posteriormente decidir si votamos o no. Seguir desunidos da la impresión de una oposición atípica, por decir lo menos.

Como (había) en botica: El exgobernador Ramón Martínez fue un furibundos chavistas que atropelló a la Gente del Petróleo y de Unapetrol. Hoy está preso. Exigimos se le respete el derecho a la debida defensa. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Editorial

Atiborrados de carísimos equipos rusos de combate, ataque y defensa, los militares venezolanos de hoy han cambiado la ya vieja pero siempre gloriosa historia de forjadores de libertades por la vergüenza de patria despedazada entre ocupantes invitados con los brazos abiertos y codicias egoístas para las cuales la patria es una emoción falsa usada como pretexto para llenar bolsillos.

La república sólo tiene de bolivariana el adjetivo ignorante de la verdad, los venezolanos hemos terminado siendo simples revisores de viejas fotos y protagonistas de adjetivos sin sustantivos, mendigos de bolsas de comida barata y de bonos consolidadores de la miseria, con militares que saben desfilar, maestros del orden cerrado, pero que no tienen la preparación para derrotar a los bandidos y políticos que prefieren la foto o el video y algunas palabras en los medios a la difícil grandeza del compromiso con el país.

Bolívar murió ahogado por la decepción envuelto en una camisa prestada porque su motivación fue siempre la libertad de todos y a esa gloria sacrificó dinero y posesiones, los dirigentes de ahora se envuelven en el dinero y las posesiones y se apagan luces con mentiras que los venezolanos toman por verdades en desarrollo.

Bolívar es un fantasma como una película de ayer, la Venezuela de hoy es sólo la agonía del enfermo terminal que se muere, lo siente y no quiere, pero no sabe cómo revivir. Ya no somos un pueblo de forjadores de libertades sino de sostenedores de tiranías.

https://www.analitica.com/el-editorial/venezuela-en-agonia/

¡Que el pueblo decida!

La Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO, se dirige a los venezolanos y a la Comunidad Internacional, en esta hora aciaga donde la nación ha perdido el rumbo e, infructuosamente, seguimos buscando salidas en propuestas y acciones que han demostrado en el pasado su inutilidad ante un régimen que consistentemente ha desconocido la Constitución y el Estado de Derecho.

Todos los venezolanos hemos sido testigos de la profunda, aguda y creciente crisis que aqueja a la República. Una situación que gravita sobre toda la población nacional, y se expresa en una crisis política, económica y social que tiene en el presente su máxima expresión, donde resaltan la profunda división y confrontación social y política; la injerencia y control ilegal e impune de instituciones por países y factores narcoterroristas, con pérdida de la soberanía nacional e integridad territorial; fortalecimiento del modelo centralista; destrucción de las instituciones; gigantesco endeudamiento externo e interno; la destrucción de nuestro signo monetario, unida a un proceso hiperinflacionario desbordado, y mantenido calculadamente como foco de descomposición social; baja constante y grave de la producción nacional; una gravísima crisis humanitaria que ha hecho que los venezolanos abandonen el país, creando caos y desconcierto entre nuestros países hermanos de la región; la acción injerencista y desestabilizadora del régimen cubano-venezolano, amenazando de manera cierta la paz del continente; corrupción desbordada; pérdida de principios y valores éticos; corrosión de la identidad nacional mediante una narrativa falsamente reivindicativa; carencia de seguridad de personas y bienes; y, el evidente desprestigio internacional de nuestra República, debido a la inobservancia de acuerdos y tratados suscritos válidamente como Estado soberano.

Esta crisis amenaza seriamente la existencia de la República, y convoca a todos los venezolanos a participar activamente en la impostergable misión de restablecer la unidad nacional, la dignidad, la justicia, la paz social y política, la libertad, la democracia, el progreso y el bienestar general de nuestra población. Esfuerzo que ha de emprenderse con un auténtico proceso de Reconciliación Nacional, el cual, tiene como punto de partida la afirmación de principios y valores de nuestra tradición republicana, para luego producir el reencuentro entre actores y sectores nacionales, y así poder: Establecer un nuevo Pacto Social y Político, de tal manera, que superemos el enfrentamiento que amenaza con una indeseable y trágica confrontación violenta, y nos permita concretar, en paz y con el concurso de nuestras propias fuerzas, la ineludible transformación del Estado y la reconstrucción nacional. La reiterada negativa por parte de quienes se encuentran al frente del estado fallido -base y soporte de acciones desestabilizadoras y terroristas en el continente- a facilitar la generación de las condiciones más favorables para el ejercicio de derechos humanos, políticos y constitucionales que asisten a todos los venezolanos, es razón más que suficiente para asumir decididamente el protagonismo de la soberanía popular establecido en el texto constitucional vigente. Es deber y obligación liberar al país y salvar la República.

Si hay algo en lo cual hay un consenso en el país, es en la magnitud de la crisis política, económica y social que nos está agobiando, y sobre la necesidad de que todos los venezolanos encontremos un mecanismo para llegar a un gran acuerdo integral, para que el país con todos sus componentes políticos pueda llevar adelante el necesario e indispensable proceso de reconstrucción nacional que se requiere ante la destrucción institucional, material y moral de la República. Ese proceso ya no puede llevarse a cabo aisladamente, ni por el régimen que en la actualidad detenta el poder, ni por la oposición que persigue ocuparlo, pudiendo ahora solo desarrollarse con la participación de todos. Tampoco podremos resolver la crisis mediante una solución negociada e impune cohabitación que no resuelven la dramática crisis institucional y humanitaria, y por el contrario la prolongan mediante una libertad condicionada por la abyecta voluntad de quienes han hecho política de Estado la violación sistemática y continua de los derechos humanos en nuestro territorio.

En atención a lo anterior, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, completamente apegada a los principios de nuestra fundación y en ejercicio del derecho humano a la participación política, reconocido y garantizado en su conjunto por los Artículos 1, 2, 3, 5, 7, 19, 22, 39, 40, 62, 70, 326, 333, 347, 348, 349 y 350 de la Constitución, así como en Tratados Internacionales suscritos válidamente por la República, hemos decidido proponerle al país y a la Comunidad Internacional, como en efecto lo proponemos ahora, que se ejerza en Venezuela el derecho humano a la iniciativa Constituyente, fundamentados en el principio de soberanía popular, de la participación directa del pueblo en los asuntos de especial trascendencia nacional, y a través de los razonamientos descritos a continuación, completamente apegados al texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual demuestra la legitimidad y legalidad de nuestra actuación como ciudadanos:

1.- La activación del Poder Constituyente Originario es y será siempre anterior y superior a cualquier Constitución. De acuerdo a la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia de fecha, 19 de enero de 1999, con respecto al proceso constituyente que se manifestó en 1999, del cual surgió la vigente Constitución, y que esgrimimos ahora, partiendo del principio fundamental que señala que: “…el pueblo retiene siempre la soberanía ya que, si bien puede ejercerla a través de sus representantes, también puede por sí mismo hacer valer su voluntad frente al Estado. Indudablemente quien posee un poder y puede ejercerlo delegándolo, con ello no agota su potestad, sobre todo cuando la misma es originaria, al punto que la propia Constitución lo reconoce. De allí que el titular del poder (soberanía) tiene implícitamente la facultad de hacerla valer sobre aspectos para los cuales no haya efectuado su delegación.”

2.- El pueblo venezolano se ha pronunciado mayoritariamente en dos Consultas Populares realizadas a los venezolanos cuyos mandatos tienen plena vigencia constitucional. La primera el 16 de Julio de 2017, donde el pueblo aprobó proceder a “…la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como a la conformación de un Gobierno de Unión Nacional para restituir el orden constitucional”. De igual manera el pueblo venezolano se pronunció mayoritariamente en la Consulta Popular realizada del 7 al 12 de diciembre de 2020 al exigir “el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables”.

En tal sentido, ANCO y el Comité Organizador de la Consulta Popular promovieron un Pacto Ciudadano para el Restablecimiento Constitucional y Democrático que plantea ejercer todas las propuestas y acciones dirigidas a hacer efectivo el mandato del pueblo de Venezuela expresado en esos claros pronunciamientos populares. La presente propuesta está enmarcada dentro y desarrolla el señalado Pacto para el Restablecimiento Constitucional;

3.- ANCO considera que ante los ojos de los venezolanos y del mundo, y con fundamento en el Principio de Autodeterminación de los Pueblos, respetado universalmente, constatadas las determinaciones expresadas en las mencionadas Consultas Populares vinculantes –hasta ahora desacatadas-, la violación flagrante a la Constitución y las leyes, y la dramática destrucción y falta de vigencia de Venezuela como país; resulta por demás evidente y pertinente convocar un proceso que cumpla fielmente con la aspiración del pueblo soberano, siendo ineludible, entonces, proceder a la inmediata convocatoria del Poder Constituyente Originario, a los fines de dar cumplimiento al mandato del pueblo soberano y recuperar la institucionalidad en Venezuela, todo esto sin injerencias de aquellos quienes en este momento detentan poderes fácticos; ANCO, considera que frente a la situación actual, y a la luz de las iniciativas internacionales por buscar una solución a la crisis política y humanitaria en Venezuela, lo que en el país hay que plantear es que en dichas negociaciones lo que hay que lograr es que sea la soberanía popular, es decir, el ejercicio de los derechos políticos del pueblo, los que den la pauta para recomponer el proceso político y lograr avanzar en la recuperación inmediata de nuestra nación;

4.- Con base en lo anterior, ANCO propone a los venezolanos y a la Comunidad Internacional que, en lugar de apoyar a Venezuela en la observación y garantías a un proceso electoral para elegir cargos de representación popular, administrado por una autoridad ilegitima designada por un régimen que ha sido desconocido por la Comunidad Internacional, y por el pueblo en dos consultas populares, los venezolanos procedamos, con auxilio de los organismos internacionales, a una ELECCION DE CONSTITUYENTES, sin la intervención de los órganos de los poderes fácticos (TSJ, CNE), y con unas Bases Comiciales concertadas entre todos los participantes. Allí estarían representados todos los partidos del país y la sociedad civil en su conjunto, a los fines de elegir soberanamente a quienes deberán tomar las decisiones necesarias para destrancar el juego político, y proceder a ejecutar los mandatos emanados del pueblo en las dos Consultas Populares;

5-. ANCO insiste en que la participación de la Comunidad Internacional es la clave para el éxito de esta propuesta, especialmente, en la comprensión cabal de los países amigos de los venezolanos de que la participación ciudadana y el ejercicio directo y pleno de la soberanía popular en las decisiones fundamentales del país, constituyen la única vía posible para lograr una solución pacífica, constitucional y sostenible a la crisis de Venezuela. Por lo tanto, es indispensable su aporte y apoyo a la implementación de los mecanismos necesarios para que los venezolanos podamos audeterminarnos de una manera justa y transparente, sin que quede duda alguna de los resultados de una elección Constituyente, y sin que la ilegitimidad conspire contra la materialización de esta solución;

7.- ANCO propone que todas las partes acepten someterse a la soberanía popular, en un proceso con la capacidad para atacar la raíz del problema de la nación, y con la potencia suficiente para ejecutar medidas eficaces y honrar compromisos, proceso el cual se encuentra expresado en una elección Constituyente. Esto es lo más elemental y fundamental que se puede exigir para la resolución definitiva y democrática del conflicto, hasta ahora planteado entre factores políticos no representativos de las grandes mayorías nacionales afectadas real y mortalmente por la crisis. Bajo esta iniciativa, sería el pueblo, la soberanía popular, el que colocaría sus problemas en los primeros lugares de la agenda nacional y decidiría el rumbo a tomar por el país.

La concurrencia a una supuesta elección de autoridades municipales, estadales, parlamentarias o presidenciales, o a un referendo revocatorio, conducidos por poderes cuestionados (TSJ, CNE, Plan República obediente al régimen), será tan fallida como todo lo que se ha celebrado siguiendo el guion de quienes no son demócratas ni creen en la democracia. La liberación de Venezuela, según la multiforme configuración de la crisis y conforme a nuestra tradición republicana, solo puede ser producto de un Proceso Constituyente Originario, libre y genuinamente impulsado por los venezolanos dentro y fuera del país, con la integración decidida de la sociedad civil, de los partidos políticos, de la diáspora venezolana en el exilio y de toda la nación venezolana, a través de los constitucionales mecanismos de participación ciudadana y protagonismo del pueblo (Art. 62) que ya se han diseñado y aplicado exitosamente en las Consultas Populares realizadas en Julio de 2017 y Diciembre 2020; todo con apoyo y observación internacional, para que sea el pueblo el que autorice a legítimos representantes, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente Originaria, a establecer de manera confiable, segura, las bases del nuevo rumbo de la Nación.

¡QUE EL PUEBLO DECIDA!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”
Simón Bolívar
Carta dirigida a Santander, octubre de 1826

ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE ORIGINARIA ANCO

Caracas, 12 de junio de 2021

Ya parece ser un concepto dominante entre latinoamericanos: estallidos sociales. No es la primera vez que pasa algo parecido. Ya en el pasado reciente vimos cómo determinados acontecimientos encadenados entre sí, generan procesos paralelos. Por ejemplo, durante 2010-2012 ocurrió la llamada Primavera Árabe. Apareció cuando en diversos países árabes irrumpieron rebeliones en contra de tiranías que, hoy sin contrapeso, siguen dominando en la región. Movimientos que fueron arrasados por la confabulación indirecta que se dio entre movimientos islamistas, ejércitos pretorianos de las dictaduras (caso egipcio) y la sangrienta intervención externa ordenada por Putin, quien terminó apoderándose de Siria, ayer una nación en forma, hoy no más que un protectorado militar ruso.

Vuelven también a la memoria rebeliones socio-juveniles que ocurrieron en la España de Rajoy; o el movimiento obrero-popular de los Chalecos Amarillos durante el gobierno de Macron. Y así es: cada cierto tiempo, algunas regiones del planeta se convierten en escenarios de movimientos de masas que en un comienzo nadie sabe cómo aparecieron.

Los objetivos suelen ser diversos. En la Primavera Árabe eran democráticos. En los movimientos españoles y franceses, más bien sociales, incluso económicos. Hoy toca el turno a América Latina. Son los estallidos sociales aparecidos en Chile, Colombia y, como veremos, en Perú. Probablemente no serán los últimos.

Vivimos una época cuyo signo parece ser el desprendimiento de amplios sectores masivos con respecto a las representaciones políticas imperantes.

Efectivamente, todas las manifestaciones nombradas, y muchas más, son la expresión de dislocaciones entre representantes y representados. En términos más escuetos, las masas irrumpen en las calles para llenar un vacío, todas dirigidas –ya es un denominador común– en contra de las llamadas «clases políticas». Tema, el de los vacíos, que puede ser considerado como prioritario con respecto al de los estallidos sociales, pues, si hablamos en términos de causa-efecto, los vacíos serían más causa que efecto. Los estallidos surgen en un espacio vacío y vaciado de, y por la, política.

Para decirlo en términos gramscianos, los vacíos políticos evidencian una crisis de representación. Aunque en términos no gramscianos podrían ser considerados como una condición para la reproducción de la política. Sin espacios vacíos, en efecto, la política perdería su dinámica para convertirse en simple superestructura de la economía, al gusto de marxistas y liberales.

El tema, por lo tanto, no es el vacío político en sí, sino la frecuencia e intensidad de sus apariciones. Cuando los vacíos políticos son muy frecuentes o muy anchos, podríamos hablar no solo de crisis política sino de crisis de la política. Eso es lo que está ocurriendo en diferentes países llamados occidentales, incluyendo algunos latinoamericanos.

La magnitud y frecuencia de los vacíos políticos nos permiten detectar si estamos frente a una crisis de representación ocasional o de una crisis orgánica, entendiendo por esta última –otra vez con Gramsci– la ausencia de «ideas-fuerza» que lleven a unificar políticamente a las masas y convertirlas en movimientos e, incluso, en partidos políticamente estructurados.

Toda crisis orgánica, dicho en breve, es una crisis de los partidos y toda crisis de los partidos es una crisis de las ideas (no solo políticas).

Como hemos afirmado en otros textos, la crisis orgánica de representación que viven casi todas las naciones del occidente político tiene que ver con una no-adecuación entre transformaciones operadas en las relaciones de producción y reproducción social y sus expresiones políticas. La modernidad globalizadora ha generado nuevos sectores aún no definidos sociológicamente y estos viven bajo el alero de un orden político que representa más bien un pasado que ellos no viven ni entienden.

El tronco político de la modernidad —cuyas ramas son la conservadora, la liberal, la socialcristiana y la socialista— se ve cada vez más raquítico, mientras sus sombras cubren espacios cada vez más reducidos. La posmodernidad política del capitalismo global está vaciada y ese vacío ejerce, como si fuera un agujero negro perdido en el espacio infinito, una atracción cada vez más gravitante a nuevos movimientos, partidos y siglas.

El vacío actúa como demanda. La oferta en Europa es predominantemente xenófoba, ultraderechista, fascistoide (Vox, el repentismo, Alternativa para Alemania, entre tantos) aunque también se suman de vez en cuando partidos izquierdistas, más bien actualizadores imaginarios del pasado, como Podemos en España, o los socialistas de Melenchón en Francia, todos, al igual que sus epígonos de la derecha, anti-UE y anti-OTAN. Europa es la nueva Roma sitiada desde fuera y acorralada desde dentro por los nuevos habitantes del vacío político.

El panorama, visto hacia el futuro, no puede ser optimista. Las fuerzas de la modernidad democrática han pasado a la defensiva. Socialistas españoles y alemanes han comenzado a votar por las derechas tradicionales a fin de defenderse de las derechas salvajes del nacional-populismo. Hacen bien. No tienen, por lo demás, otra alternativa. Cuando es imposible avanzar hay que, al menos, defender lo que se tiene.

2.

En América Latina, el vacío político emergente ha sido espacio de estallidos. Un fenómeno casi físico. El vacío, al contraerse, incapaz de soportar su propio vacío, estalla. El caso chileno es paradigmático.

A raíz de la subida del precio de la locomoción en el metro, salieron los escolares a las calles y a ellos se sumaron trabajadores, luego familias completas. En un momento lo que menos interesaba era el precio del pasaje del metro. Las multitudes protestaban por miles de razones, aunque solo dos las unificaban: el malestar frente a la desigualdad social, oculta bajo una alfombra tejida con falsos hilos modernos, y el malestar frente a una clase política de izquierda derecha y centro, ante la cual ya no se sentían representadas.

La segunda fase fue la de la violencia: lumpen, hampones, marginales, submundos que ocultan hasta las más modernas democracias.

Recordemos a los movimientos de los suburbios de París, los 1° de mayo de Hamburgo y de Berlín, los movimientos afroamericanos de Los Ángeles y las huestes trumpistas del Capitolio. Masas desintegradas, sin organizaciones, sin idearios, sin programas, sin nada que no sea odio a «los de arriba», pero con el derecho a ser pueblo y a expresarse como pueblo. En el fondo, nada demasiado chileno.

La clase política chilena, izquierda y derecha, con el presidente de la república a la cabeza, supo al menos reaccionar. Abrió un canal institucional y constitucional. Una nueva constitución social, feminista, indigenista, nacida de «abajo», deberá ser elaborada con el concurso mayoritario de supuestos independientes. Vamos a ver qué sale. No hay que abrigar demasiadas esperanzas. Quien espere de ese proceso una carta constitucional perfecta lo hará en vano. Pero al menos los chilenos supieron esquivar el estallido del vacío. Con improvisaciones «a la chilena», han salido por el momento del paso. Lo importante es que el proceso de democratización social ya no transcurre sobre el vacío. Las elecciones de mayo del 2021 taparon, aunque fuera momentáneamente, al vacío.

3.

Las que no logran salir del paso son las masas sin rumbo fijo del estallido colombiano. Aprisionadas entre dos violencias –la de una extrema izquierda que aún piensa de modo guerrillero, y la de una extrema derecha que aún piensa de modo uribista y paramilitar– no han logrado ser canalizadas políticamente. Las cifras de muertos, heridos y presos políticos son innumerables. Bajo esas condiciones, el presidente Duque solo tenía dos alternativas: o la represión más violenta que es posible imaginar (línea Uribe) o abrir diques para un diálogo político. Pero hizo precisamente lo que no hay que hacer.

Entre esas dos alternativas eligió a las dos al mismo tiempo. Con ello ha sepultado la vía del diálogo logrando que los manifestantes pierdan miedo a la represión al ver a su presidente como lo que es: un tipo débil y vacilante.

«Esto, ¿para dónde va?», pregunta el columnista Enrique Santos Calderón. Tiene toda la razón al preguntar, pues nadie sabe la respuesta. Solo cabe esperar, agregamos, que Iván Duque logre terminar a duras penas su mandato y asuma el gobierno una fuerza de centro-izquierda, o más difícil, de centro-derecha, como única posibilidad para hacer regresar al país a una paz mediana.

Solo la aparición de un centro político, con inclinaciones hacia la derecha o a la izquierda, salvaría a Colombia. No obstante, Duque, y su antagonista Petro, harán lo posible para que eso no ocurra. Con eso hay que contar. Ambos viven de la polarización. Y la polarización vive del vacío que separa a ambos polos. Solo cabe rogar para que el país colombiano no siga el polarizado camino de Perú.

4.

Vacío estaba también el panorama político peruano. País que ostenta el raro récord mundial en materia de presidentes destituidos y judicializados. Destrozándose a sí misma por migajas de poder, la clase política peruana ha llegado a probarse como absolutamente incapaz para resolver su vacío hegemónico. En ese ambiente, los políticos peruanos han creado una polarización tan extrema entre dos sectores políticos, con un alto potencial antidemocrático, que todo buen augurio pareciera estar fuera de lugar.

A un lado, Keiko Fujimori, representante de una oligarquía ya centenaria, del empresariado exportador, de los sectores altos y medios urbanos, de la modernización excluyente, de la desigualdad estructural, del mercado internacional. Al otro lado, el Perú profundo y semicolonial, país de indios desarraigados, de pequeños propietarios, de campesinos sin tierra y de parias suburbanos. Son las muchedumbres que votaron por Castillo.

Lo que ha caracterizado al balotaje no es, sin embargo, la lucha de clases. Es, por el contrario, la lucha de masas. Masas contra masas.

Todos los partidos de la clase política unidos, en defensa propia, en contra de un candidato salido casi de la nada, uno que logró concitar el apoyo incondicional de los humillados y ofendidos de la nación.

Tampoco el enfrentamiento electoral es, como creen casi siempre los ingenuos observadores europeos, de izquierda contra derecha. Pues hay una diferencia fundamental entre lo que una fuerza política piensa de sí misma y lo que objetivamente es. En el caso peruano las líneas están cruzadas. Quien representa la modernización y el progreso económico es Fujimori. Quien representa a la tradición, a las fuerzas que provienen del pasado, es Castillo. En cierto modo, el de este último es un movimiento popular de carácter redentor. Más que Keiko, Castillo está en contra del divorcio y del aborto. Mucho más que Keiko, es profundamente religioso. Los valores de Castillo son conservadores, o por lo menos tradicionalistas. Del mismo modo que su lejano mentor, J. C. Mariátegui, Castillo piensa que las fuerzas productivas del capitalismo son esencialmente destructivas. Su socialismo, o mejor, su igualitarismo, hunde raíces en el comunitarismo indígena y campesino y no en las luchas obreras de las grandes ciudades.

En otras palabras, mientras Keiko busca ocupar el vacío político con un progresismo desarrollista, urbano y empresarial, Castillo lo intenta ocupar con fuerzas que provienen del pasado, desde el Perú profundo. En ese sentido la candidatura de Castillo puede ser considerada como un estallido social recuperacionista. Revolucionaria, vista desde una perspectiva marxista-leninista es Keiko Fujimori. Castillo lo es solo si entendemos a la revolución como un simple cambio repentino y profundo.

Así como el excandidato presidencial chileno, Andrés Velasco, escribió que en Chile tuvo lugar una revolución constitucional, en Perú parece estar teniendo lugar una revolución electoral.

El dilema, el gran dilema, será si ambas revoluciones lograrán ocupar el vacío político que surca a los dos países vecinos, o se hundirán en los abismos más profundos de ese mismo vacío. La suerte está echada. Y ya no hay vuelta atrás.

Twitter: @FernandoMiresOl