Aunque estamos en elecciones, ya sabemos los resultados, por lo que creo que es conveniente destacar el aspecto que más le interesa a la población que sufre y espera un rescate económico.

Estamos acostumbrados a que el tema petrolero ocupe un sitial predominante en nuestros análisis sobre el bienestar, este tema hoy es doblemente relevante, pero por razones distintas a las tradicionales: Primero, porque Venezuela ya no es un exportador de importancia en el mercado mundial petrolero. Segundo, porque es muy difícil que vuelva a serlo. Tercero, porque la gran oportunidad para diversificar nuestra economía y democratizar al país dependen de la lentitud y moderación -no de la velocidad y magnitud – con que se recupere la producción de hidrocarburos.

Es muy difícil que el país vuelva a ser un player importante en el mercado mundial petrolero porque, desde 2014 se observa una tendencia excedentaria en la capacidad instalada de producción sobre el volumen de la demanda. De allí los precios bajos. La pandemia vino a agravar esta tendencia debido a que la cuarentena impuso una caída del PIB mundial y, por ende, del consumo de energía y, particularmente, del transporte, del cual depende buena parte de la demanda petrolera. La respuesta de la mayoría de los grandes productores y exportadores de hidrocarburos fue cerrar unos 30 MM BD de producción. Es decir, que antes de invertir en nuevos campos petroleros o en la reactivación de los existentes, las grandes petroleras esperarían que se supere la pandemia y se recupere el PIB mundial. Por lo que quienes recuperarían la producción en Venezuela, no estarían en disposición ni capacidad de hacerlo.

Así y todo, en la medida que la economía mundial se recupere, tenderá a aumentar la demanda de energía, pero el calentamiento global y la conciencia ambientalista están creciendo, fomentando la incorporación de fuentes de energía no contaminantes que sustituyen al petróleo. La peor noticia para los petroleros en este sentido es que el gobierno de Joe Binden, a través de su nueva política de Clean Energy, buscará sacar a su país de la cuestionada posición en que Donald Trump lo colocó al deslindarse de todos los pactos conservacionistas internacionales.

A pesar de lo dicho, es posible que aparezcan inversionistas en Venezuela atraídos por sus reservas petroleras, ubicación geográfica y nexos con el régimen que neutralizarían la inseguridad jurídica que ha caracterizado la era chavista. Pero, lo más probable es que su inversión sea más para tomar posiciones en las alianzas estratégicas para controlarlas, pero no necesariamente para producir hasta que no estén seguras de que una producción adicional no bajaría los precios. Así sucedió en el Proyecto Cristóbal Colón para la producción de gas libre, proyecto que fue bloqueado por los socios de PDVSA que ya tenían una amplia participación en el mercado mundial de este commodity. En todo caso, una moderada inversión podría dirigirse a recuperar una primera camada de pozos que no suponga grandes inversiones, lo cual nos puede llevar a producir hasta unos 700 MBD en un par de años y un millón de BD en tres o cuatro años; siempre dependiendo de la intersección entre la recuperación del PIB mundial, la sustitución del petróleo por otras fuentes y de los desarrollos tecnológicos que vienen incrementando la Eficiencia Energética.

Como la economía venezolana ni sus gobiernos se pueden estabilizar con esos niveles de producción tan bajos, en la medida que eso sea así, a quien quiera que gobierne, se le presenta la opción de liberar la economía, abrirla, dolarizarla, privatizar las empresas del Estado (Ley Antibloqueo), con las consecuencias favorables de diversificar la producción y las exportaciones, así como las fuentes fiscales y de divisas. Todo lo cual redundaría en un mayor bienestar económico y en un mayor pluralismo político y democratización del país. Por el contrario, en la medida que la producción petrolera repunte y el gobierno de turno, del color que sea, pueda re estabilizarse con los ingresos petroleros, las probabilidades de diversificación de la economía y sus exportaciones se reducen porque se reducirían la liberación, la privatización, la dolarización, se mantendrían el bolívar como moneda, la política monetaria y la consiguiente emisión inorgánica de dinero, la sobrevaluación de la moneda y la concentración de las exportaciones en petróleo, oro, coltán, etc. Todas ellas fuentes rentísticas con las que el gobierno de NM ha buscado recuperar su capacidad fiscal y evitar la democratización económica y política del país. Creo pues que a los venezolanos amantes de la libertad y el bienestar nos conviene que el petróleo se recupere muy lentamente, que las otras fuentes rentistas no prosperen para que quienquiera que gobierne se vea obligado a dejarnos trabajar en paz.

@joseagilyepes

El domingo 6 de diciembre, con unas elecciones parlamentarias a su medida, cuyo resultado todos conocemos hace meses, el régimen concluye un capítulo de su estrategia de mantenerse en el poder a cualquier precio. Para ello requería recuperar el control de la Asamblea Nacional (AN), que perdió en 2015; ¡Y vaya si le ha costado trabajo recuperar la AN! ¡Ese es un logro que nadie le puede negar a la oposición democrática!

Desde el mismo mes de diciembre de 2015, cuando perdió el control de la AN, casualmente también un 6 de diciembre, hizo todo tipo de esfuerzos, la mayoría ilegales y abusivos, como es su característica esencial, para recuperarla. Creo que son todos bien conocidos y basta con enumerarlos, sin entrar en mayores detalles; comenzando por desconocer diputados electos, pasando por perseguir y allanar ilegalmente la inmunidad parlamentaria de otros, designando ilegalmente magistrados del TSJ –que acorralaron e “invalidaron” las decisiones de la AN–, eligiendo inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente, que fue desconocida nacional e internacionalmente, y que al final desechó por su inutilidad e incapacidad de cumplir su tarea; trató igualmente de corromper diputados y logró comprar algunos para intentar una directiva paralela, apócrifa, que tampoco le dio resultado y al final, todo quedó en privar a la legítima AN de su sede y obligarla a legislar fuera del hemiciclo o de manera virtual, tras declararse la pandemia del Covid19.

Como nada de eso dio resultado, ante la firme resolución de los diputados de mantener sus curules y representación popular, el régimen finalmente apeló a “organizar” unas elecciones, asegurándose para ello una “oposición” a la medida y estimulando la no participación y abstención de la mayoría democrática.

Todo lo realizado para lograr una AN a su medida, le sirve también para su objetivo general de destruir la democracia. Democracia y dictadura –o gobierno totalitario o autoritario, escoja el término que más le guste, pues para efectos prácticos es lo mismo– son dos términos que se excluyen.

Lo único que Hugo Chávez supo hacer bien desde un principio fue montarse en el discurso populista de la “antipolítica”, tan de moda hoy con “indignados” dispersos por todo el mundo y se lanzó también por otra vía de ese virus populista: acusar a los políticos de “corruptos”, señalando que esos eran los que le “quitaban el pan al pueblo” y que él iba devolverle al pueblo lo que le habían quitado los políticos corruptos; él iba a “freír en aceite las cabezas de los adecos”… y acabar con los partidos corruptos… y lo hizo, prácticamente acabo con los partidos.

Desde luego Chávez, no acabó con la corrupción, la potenció. Pero si acabó con las instituciones, el congreso, los partidos –en la Constitución Bolivariana ni siquiera se les nombra y expresamente prohíbe que sean financiados por el Estado– modificó la composición del TSJ, cambio a capricho la constitución y los símbolos patrios, y un largo etcétera que no vale la pena volver a enumerar. Y esa tarea la continúa hoy su sucesor, designado por él, desconociendo a la AN, persiguiendo y encarcelando diputados y líderes políticos, inhabilitando a los partidos, quitándoles sus colores, símbolos, directivas y sedes y poniéndolos a formar parte del sainete de una elección parlamentaria, que al final está siendo desconocida también por una buena parte de la comunidad internacional democrática y una gran parte de la sociedad civil, no política, venezolana: Iglesias y confesiones religiosas, academias, universidades y movimientos estudiantiles, sindicatos y gremios, entre otros.

Pero esos cuatro puntos: tomar el control de la AN, intentar acabar con los partidos políticos y con la democracia –por parte del régimen–, el pronunciamiento en contra de la comunidad internacional democrática al respecto y la situación de caos económico, social y político en el cual el régimen ha sumido al país, forman la base de la agenda de la oposición democrática para recomenzar la tarea de reconstruir el país.

La agenda de la actividad de reconstrucción de la oposición democrática comprende moverse en múltiples escenarios. El orden no es indicativo de nada y no agota los innumerables temas posibles. Entre los más importantes puntos de dicha agenda, de lo más particular e interno a los más general y externo, se encuentran:

Primero, hay una tarea o área de actividad inmediata que es la reconstrucción de los partidos políticos; el régimen al destituirles sus autoridades legítimas, despojarlos de sus símbolos, colores, sede y recursos, pretendió acabarlos y utilizarlos para sus planes de dominación política; pero esto puede ser la oportunidad que se abre para iniciar o terminar el proceso de renovación y transformación interna de esos partidos, que sin duda es materia pendiente desde hace más de tres décadas. Una vez más sostengo que debemos ayudar y colaborar en la reconstrucción de los partidos, esencia del sistema democrático.

Segundo, hay una tarea de reconstrucción necesaria de la base de apoyo de la oposición democrática; de esa inmensa cantidad de personas –que se cuentan en millones–, los miles de organizaciones de la sociedad civil y grupos muy activos en la resistencia al régimen desde 1999, dispuestos siempre a defender sus derechos, que han marchado, protestado, manifestado, votado en elecciones y referendos, participado en recolección de firmas y un sin número más de actividades, bien conocidas todas.

Naturalmente las nuevas circunstancias políticas del país, con el régimen de nuevo controlando todas las instituciones, requiere de una planificación y propuestas de actividades políticas más seguras. Que permitan adquirir confianza a este sector que ha sido fiel a las directrices políticas, unas veces acertadas y otras no. Este sector, aunque por momentos luzca cansado y desmotivado, siempre se puede contar con él, pues sabemos que se puede reactivar en cualquier momento, si se logra dar con las ideas y las actividades a las que les encuentre sentido. Este es un sector ya ganado para la causa de la reconstrucción democrática del país y que se le debe brindar instrumentos organizativos, que le permitan canalizar su lucha y la disposición que ha demostrado de resistir a la dictadura.

Tercero, la oposición debe dirigir una acción específica a una inmensa mayoría del país, que permanece más indiferente a la actividad política, que no se involucra y que incluso en determinados momentos ha apoyado la demagogia y el populismo del régimen. Ese sector de la población está representado en varios millones de venezolanos, algunos de los cuales han cruzado las fronteras del país huyendo de la miseria o en la búsqueda de las oportunidades que aquí no tienen; pero otros permanecen en el país, muchos de ellos sumidos en la profunda crisis humanitaria, tratando de sobrevivir, a estos se les deben brindar propuestas, soluciones, metas a alcanzar y sobre todo una finalidad y un propósito por el cual entiendan que vale la pena seguir al liderazgo opositor

A ese sector, especialmente, se deben dirigir, debidamente “traducidas” para su comprensión, las propuestas del llamado Plan País, en el que trabajaron miles de personas, que contiene alternativas de solución para cada uno de los problemas que acogotan a los venezolanos, y que inexplicablemente no ha sido difundido de manera masiva, en un lenguaje que pueda ser comprendido por todos y expresado en términos suficientemente emotivos, capaces de entusiasmar a los venezolanos en los objetivos que se plantean. No olvidemos que entre estos están, los miles que todos los días, por los más variados motivos, protestan y manifiestan su descontento. Esa es una bandera política cuya organización la oposición no puede seguir ignorando.

Cuarto, la oposición debe dedicar un esfuerzo importante a mantener contacto y relación con la comunidad internacional –la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los derechos humanos, y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, y otros– que durante los dos últimos años han sido aliados y soporte de la Asamblea Nacional electa en 2015 y del gobierno interino designado en 2019.

Las dictaduras no salen solas, hay que empujarlas desde adentro y jalarlas desde afuera; siempre hemos sostenido que el factor crítico de éxito para resolver la crisis política en Venezuela es una presión de pinza, interna y externa, que obligue al régimen o le haga entender que su mejor salida es buscar una negociación para dejar el poder.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

El 5 de enero de 2021 marcará un nuevo hito en la compleja situación de Venezuela. Ese día no solo culmina el periodo constitucional de 5 años de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, también debe instalarse el Parlamento que será electo el 6 de diciembre en un proceso electoral que ha sido desconocido por la mayoría de las democracias occidentales. En esencia el 2021 comenzará en Venezuela sin que ninguno de sus poderes esté legítimamente constituido.

Cuando comenzó a debatirse la posibilidad de que se extendiera el mandado de la actual Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, explicó que la extensión del mandato de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 -y por ende del Gobierno interino encabezado por Guaidó- era la única solución posible ante la ausencia de la celebración de elecciones parlamentarias creíbles.

Aunque el debate sobre el 5 de enero se centra en que existirán dos Parlamentos, Hernández ha sido claro en precisar que en la práctica nada cambiará. El ex procurador ha recordado reiteradamente en sus apariciones públicas que en este momento Venezuela tiene un Parlamento legítimo presidido por Guaidó y un Parlamento ilegítimo y fraudulento presidido por el diputado Luis Parra “que es un títere de Nicolás Maduro” y a partir del 5 de enero se tendrá el Parlamento de Guaidó y la instancia electa el 6 de diciembre.

No obstante, la estrategia de mantener la continuidad del Parlamento y el Gobierno interino presidido por Guaidó hasta que Maduro abandone el poder, no es compartida abiertamente por algunos de los principales aliados nacionales e internacionales de la oposición venezolana.

De entrada, se desconoce cuántos de los diputados electos en 2015 que permanecen en Venezuela mantendrán su respaldo a la tesis de la continuidad a partir de enero de 2021. Aunque figuras emblemáticas como los diputados Delsa Solorzano o Luis Florido han declarado que respetarán esta estrategia; otros como Stalin González han sugerido que a partir del 5 de enero dejarán de ser diputados.

Incluso, en este momento se desconoce si Guaidó contará el 5 de enero con el respaldo de, al menos, 84 diputados (entre los que se encuentran en el exilio y en Venezuela) para instalar el Parlamento y ser ratificado como Presidente del cuerpo y a su vez como Presidente interino del país.

A estas críticas se unen las principales ONG de derechos humanos y figuras políticas emblemáticas de la oposición ante la comunidad internacional, como Henrique Capriles Radonski.

¿Igual a 2017?

Para lidiar con la falta de validación electoral que tiene la continuidad del Parlamento, el gobierno interino de Guaidó realizará una consulta popular entre el 7 y 12 de diciembre. No obstante, esta idea no cuenta con el aval de la mayoría de los principales referentes opositores, entre ellos María Corina Machado quien sostiene que la consulta es innecesaria porque existe un mandado no concluido a partir del plebiscito celebrado en 2017 con preguntas similares a las que se plantean para la consulta popular.

En 2017 se plantearon las siguientes interrogantes:

¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?

¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

Según el comité de garantes de esa consulta, en 2017 participaron en este proceso 7.186.170 venezolanos.

Para la consulta popular prevista del 7 al 12 de diciembre (se podrá participar de forma digital y presencial, dentro y fuera de Venezuela) se plantearán también tres interrogantes:

¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?

¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?

¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?

Las interrogantes planteadas en la consulta popular no resuelven el problema de legalidad y legitimidad en torno al 5 de enero de 2021; como tampoco la dualidad que se tendrá con dos Parlamentos: El encabezado por Juan Guaidó, reconocido por sus aliados; y el electo el 6 de diciembre reconocido por los aliados de Maduro.

Adicionalmente, ni las elecciones parlamentarias, ni la consulta popular parecen entusiasmar a los ciudadanos.

La eventual disputa por los datos de participación entre las elecciones parlamentarias y la consulta popular probablemente no pueda utilizarse como referencia del grado de aceptación de los venezolanos a uno u otro modelo, porque no existen razones técnicas o políticas que permitan confiar en los resultados de participación que se anuncien.

Según el más reciente estudio de la firma Datanálisis apenas 8,6% de los venezolanos dicen estar muy dispuestos a participar en las elecciones parlamentarias; mientras, 25,4% sostienen que están dispuestos a hacerlo. El grupo que potencialmente pudiese participar está integrado mayoritariamente por quienes se dicen chavistas. Según el estudio a votar en las parlamentarias pueden acudir 75% de quienes se dicen chavistas, 28% de los independientes y 26% de los opositores.

Por otra parte, un estudio especial de la firma Consultores 21 indica que en el caso de las elecciones parlamentarias, solo 22% está dispuesto a participar. En este grupo se encuentran 61% de quienes se dicen chavistas, 17% de los independientes y 12% de los opositores.

La disposición a participar en la consulta popular no es muy diferente. Según el estudio de Datanálisis solo 3% dice estar muy dispuesto a votar en este proceso, mientras 18% dice estar solo dispuesto. Un potencial de participación de 21% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, aunque en la consulta podrá participar cualquier ciudadano, inscrito o no como elector, dentro o fuera de Venezuela.

En el caso de la consulta popular, este evento motiva mayoritariamente a quienes se dicen opositores: 67% de quienes se auto definen como adversarios a Maduro están dispuestos a acudir al evento propuesto por el Gobierno interino, al igual que 31% de los independientes y 13% de los chavistas.

No obstante, en este momento la mayoría de los ciudadanos dicen ser independientes y no se identifican con el liderazgo del chavismo o de la oposición: Mientras 60% de los venezolanos sostiene que es independiente, solo 26% dice que es opositor y apenas 12% se declara chavista.

Solo el Parlamento de 2015 es legítimo

Hasta el 5 de enero de 2021 la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) es el único poder del Estado venezolano que cuenta con legitimidad de origen. Además, el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó sustenta su legalidad en la interpretación del Artículo 233 de la Constitución Nacional que faculta al Presidente del Parlamento para ocupar temporalmente la Presidencia de la República, en caso de que el Poder Ejecutivo no pueda ser designado y exista una vacante absoluta del cargo.

El resto de los poderes del Estado es cuestionado por varias razones: La presidencia del Estado recae sobre Nicolás Maduro; reelecto como Presidente en un proceso electoral (20 de mayo de 2018) desconocido por las democracias occidentales, y solo avalado por los aliados de la Revolución Bolivariana: Rusia y China.

Por otra parte, la estructura del Poder Judicial es cuestionada, al menos, desde el 2014. Ocho de sus integrantes han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con cargos que van desde avalar violaciones a los Derechos Humanos hasta lavado de dinero. Este Poder Judicial designó en julio a un nuevo Poder Electoral. De los ocho integrantes de la autoridad electoral, cinco (incluyendo a la nueva presidenta) han sido sancionados por EE.UU., Canadá y la Unión Europea.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli coincide con José Ignacio Hernández. Así como Venezuela tiene en este momento tiene dos Poderes Judiciales (el que soporta al régimen de Maduro y el que se encuentra en el exilio), en enero pasará a tener dos Parlamentos: El que preside Juan Guaidó y el que resulte electa el 6 de diciembre de 2020. ¿Cuál será el Parlamento legítimo?

Sobre esta dualidad en el Poder Legislativo el ex procurador de Guaidó ha sostenido que, excepcionalmente, el mandato de la Asamblea Nacional se mantiene solo en la medida necesaria para asegurar la transición a la democracia (Artículo 333 de la Constitución), y evitar el vacío de poder que se generaría por el desconocimiento de los diputados fraudulentamente electos y la extinción del mandato de la Asamblea Nacional electa en 2015. En este sentido, para Hernández el parlamento que preside Guaidó no pudiese legislar a partir del 5 de enero.

Hasta ahora, solo EE.UU. (la administración de Donald Trump) se ha pronunciado abiertamente avalando la continuidad administrativa del gobierno interino de Guaidó.

En un comunicado difundido el pasado 3 de agosto, la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela encabezada por James Story -actualmente ratificado como Embajador de EEUU ante Venezuela, aunque despachando desde Colombia– avaló la decisión de los partidos opositores de no participar el 6 de diciembre, al tiempo que exhortó “a otros países que valoran y honran los derechos humanos” a respaldar la decisión tomada por Guaidó.

Sin embargo, la Unión Europea (el otro principal aliado de la oposición venezolana) aún no fija posición clara sobre la continuidad administrativa del Parlamento y, especialmente, del Gobierno interino. Extraoficialmente se asegura que, ante las dudas que genera el escenario político en Venezuela, el bloque hemisférico optará por centrarse en garantizar la ayuda humanitaria necesaria, dejando el conflicto sobre la legitimidad y legalidad de los poderes a un lado.

En este sentido, Leopoldo López, coordinador del centro de gobierno de Guaidó, dice estar preocupado “que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen, y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política”.

Sobre un posible cambio de postura de EE.UU. (para hacer alianza con la postura de la Unión Europea) López dice estar confiado en que se entienda que “Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria solo se corregirá con un cambio político”.

No obstante, extraoficialmente en EE.UU. se sostiene que la política exterior del presidente electo Joe Biden disminuirá la colaboración económica y el respaldo político al Gobierno interino; al tiempo que iniciará procesos de negociación directos con Maduro.

Ante esta posibilidad, Guaidó ha indicado a medios internacionales que estos contactos directos “serían una tragedia. ¿Cuál es el incentivo del dictador de turno [para dejar el poder] si él sabe que se le va a reconocer? Ninguno”.

Hasta 239 diputados para el PSUV

El sistema de adjudicación de cargos negociados en la Mesa de Diálogo Nacional no solo es injusto en cuanto a la asignación de proporcionalidad entre los votos y los escaños, sino que al sobre representar a los estados pequeños y como consecuencia del diseño parcializado de las circunscripciones (gerrymandering en 2010 y 2015, que se va a mantener para 2020) podría permitir que el obtenga fácilmente la mayoría de los escaños este domingo.

Según una simulación de escenarios electorales realizada por Súmate suponiendo que se repite el 6 de diciembre un comportamiento electoral similar al del evento presidencial de 2018, el PSUV capitalizando 59,7% de los votos nacionales pudiese obtener 239 curules (86,3%) de la próxima Asamblea Nacional.

Evitar outsourcing para el cambio político

Para comprender como se puede trabajar en el 2021 es necesario analizar el desempeño de la oposición durante el periodo enero 2019 y diciembre 2020.

Ángel Álvarez, PhD en Ciencias Políticas, explicó en sus redes sociales que el periodo entre 2019 y 2020 del Gobierno interino conducido deja varias lecciones a quienes encabecen a la oposición en el futuro.

Álvarez escribió: “Para tomar el poder, un político no puede usar outsourcing services que lo hagan por él. Necesita aliados nacionales e internacionales, pero debe hacer su propia tarea y obtener sus propias victorias con sus propias medios”.

Además, recordó que a los ciudadanos no se les deben prometer resultados “mágicos a corto plazo hablando abstractamente de cosas que pretendidamente estarían por suceder, así como por milagro. Además de desmovilizarse, se desmoraliza al ciudadano cuando no ocurre nada concreto”.

Esta crisis que suele generar la dirigencia opositora venezolana al no saber manejar las expectativas lleva a Álvarez a recordar que “el liderazgo no se construye solo sobre la base de proclamar grandes cambios por venir, sino también y, principalmente, dando respuestas inmediatas materiales o simbólicas a los problemas concretos y diarios de la población (…) Si se forma parte de una coalición de múltiples partidos, no se puede jugar en solitario. Si se prefiere la jugada en solitario, se rompe la coalición”.

Álvarez advierte que no se puede formar parte de una coalición en la que hay partidarios de salidas negociadas y/o electorales y al mismo tiempo involucrarse en acciones insurreccionales (…) Si usted no cree en acciones insurreccionales, no sea ambiguo y no sea miembro de un partido o coalición en el que los líderes están en un plan que usted no respalda (…) Si usted está dispuesto a correr el alto riesgo de involucrarse en acciones insurreccionales, no arriesgue la seguridad de aquellos que le respaldan pero no apoyan esas acciones. Si fracasa, se lo van a cobrar con creces.

3 de diciembre 2020

La Gran Aldea

https://lagranaldea.com/2020/12/03/parlamentarias-y-consulta-popular-eve...

Quizás pasó desapercibido para muchos, pero este mes Asia irrumpió de manera definitiva en el mundo comercial: se firmó la Asociación Económica Integral Regional (el RCEP, por su sigla en inglés), un bloque comercial formado por China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y todos los países del sudeste asiático. Es un hito. En su conjunto, son un mercado de 2.200 millones de personas (30 por ciento de la población mundial) y un PIB de poco más de 26 billones de dólares (alrededor del 30 por ciento del producto mundial).

En plena pandemia del coronavirus, mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, al tiempo en que la Unión Europea aún no logra resolver el Brexit, el mensaje enviado por el RCEP es fuerte y claro: en Asia, no se pierde el tiempo. Es un mensaje que América Latina parece no escuchar ni imitar.

En Asia entienden, por ejemplo, que el proteccionismo que sacude a los países del Atlántico Norte no es el mejor camino a seguir. Han sabido entender que diferencias geopolíticas, como las que existen entre China y Japón y Corea del Sur, o entre la misma Australia y China, no deben obstaculizar la ruta hacia flujos comerciales más abiertos.

¿Qué significa el RCEP para América Latina? Por una parte, indica que Asia, el principal mercado para una buena parte de los países sudamericanos, seguirá creciendo en importancia y conformando una parte cada vez mayor de la economía mundial. Por otra, como América Latina no es parte del acuerdo, refleja la marginación de la región de estos tratados plurilaterales que surgen ante el estancamiento de la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La triste realidad es que la fragmentación de la región y su incapacidad de acción colectiva en el plano multilateral la condena a un papel cada vez más secundario en la economía política global, con consecuencias nefastas para su desarrollo. El contraste con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) —impulsores del RCEP— no podría ser más grande.

En adición al RCEP, estos acuerdos incluyen el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP, por su sigla en inglés), integrado, entre otros, por Japón, Australia, Nueva Zelandia, Chile, Perú y México; el intento por un Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea; el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) —que reúne un 70 por ciento del comercio mundial del sector— y otros. Estos tratados nos dicen que los países comprometidos con la liberalización comercial buscan “refugios de consensos” ante el anquilosamiento de las negociaciones multilaterales.

La firma de estos “megatratados” internacionales podría llegar a tener un fuerte impacto en la economía mundial. No solo por las dimensiones de los dos recientes megatratados (el RCEP y el CPTPP), sino también porque el RCEP, por ejemplo, contempla áreas tan diversas como la regulación de emisiones, subsidios agrícolas, propiedad intelectual, comunicaciones y servicios. Y economías emergentes como las de América Latina deberían ver cómo adaptarse a las nuevas regulaciones que este tipo de negociaciones pueden llegar a promover.

Por otra parte, las elecciones estadounidenses, y la posibilidad de ver un Estados Unidos más proactivo en reestablecer sus lazos comerciales con el mundo, fueron clave para que los miembros del RCEP (China especialmente) continuaran las negociaciones y firmaran un pacto que facilitará mucho el comercio entre sus países. Esto hace posible que Estados Unidos, con Biden a la cabeza, no quiera quedarse fuera de los megatratados y reactive sus lazos con el CPTPP.

La mala noticia es que esto conformará un mundo comercial bipolar constituido por dos grandes bloques comerciales en los que gran parte de América Latina no participa.

Concretamente en el RCEP, América Latina no tiene arte ni parte (aunque Chile realizó gestiones para asociarse al mismo en su momento), y es en buena medida emblemático del aislamiento que sufre la región de los grandes procesos de cambio que se dan en el mundo de hoy. La inserción internacional de la región, muy distante de las cadenas globales de valor en que se basa la producción actualmente, contrasta con la situación de los países del sudeste asiático, que sí han sabido vincularse a esas cadenas de valor, algo que afianzan con este tratado.

Lo ideal sería avanzar en estos temas de liberalización comercial y otros rubros en negociaciones multilaterales de carácter universal. Sin embargo, vivimos en un mundo imperfecto, de soluciones subóptimas. El punto central para América Latina es entender que los países que integran estos megatratados continuarán avanzando para promover una mayor diversificación de sus mercados. Y los países de la región se encuentran cada vez más alejados de esas conversaciones. Es un escenario desfavorable: desde estos megatratados se están escribiendo las reglas del comercio del siglo XXI.

Aquellos que no son parte de los grandes acuerdos, estarán en desventaja, no solo en lo comercial, sino que también por no haber participado en el diseño de nuevos reglamentos que surgirán. Es posible que, en pocos años, estos países que hoy avanzan en los tratados más ambiciosos digan: “Ya concertamos las nuevas reglas para nuestro comercio. Tómenlas o déjenlas”.

¿Entonces, qué hacer?

Es crucial que los países de América Latina que no son parte de estos acuerdos reaccionen y se vinculen a ellos. Es allí donde se forja el mundo que viene.

Sería más conveniente que estos debates se den en el ámbito de la OMC, pero la práctica ha mostrado que hoy es cada vez más complejo lograr consensos globales. Todo esto implica no solo relacionarse a estos acuerdos en curso, sino que también tomar iniciativas para la creación de nuevos acuerdos comerciales.

Si lo ha hecho la ASEAN, no hay razón para que no lo pueda hacer América Latina. Las grandes potencias no tienen el monopolio en la materia. Este es el momento.

30 de noviembre 2020

New York Times

https://www.nytimes.com/es/2020/11/30/espanol/opinion/acuerdos-comercial...

Millones de venezolanos han decidido no participar en la farsa electoral convocada por el régimen para el próximo domingo 6 de diciembre. Otros millones no lo harán porque habían optado por migrar o se han visto obligados a dejar el país. Habrá también quienes rechazando la farsa, participarán forzados por la amenaza o el chantaje.

Paralelamente la Asamblea Nacional, acogiendo una propuesta de la sociedad civil, ha aprobado la celebración de una Consulta Popular sustentada en los artículos 5 y 70 de la Constitución vigente. En dicha Consulta se solicita a los venezolanos el pronunciamiento sobre tres temas fundamentales:

1 Cese de la usurpación y convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias;

2 Rechazo al evento del 6 de diciembre próximo organizado por el régimen y solicitar a la comunidad internacional su desconocimiento;

3 Solicitar apoyo a la comunidad internacional para rescatar al país de la crisis humanitaria y proteger al pueblo de crímenes de lesa humanidad.

Varias voces de personas calificadas que se sitúan en oposición al régimen, han levantado sus críticas señalando la inconveniencia de realizar el proceso de consulta, tildándolo de ingenuo, inútil, innecesario, inoportuno, riesgoso, peligroso. Muchos columnistas de opinión han ya respondido a tales críticas cuestionando los argumentos en que se sustentan y ratificando que la consulta es un derecho constitucional y un ejercicio de ciudadanía, no una solución definitiva, en la búsqueda de elecciones transparentes y legítimas. Es una forma de recordar al mundo latragedia que vive Venezuela.

Como bien lo expresa César Pérez Vivas “Si consideramos innecesaria la misma (la consulta) terminaremos considerando innecesarias otras manifestaciones, como la protesta de calle, las alocuciones, los mensajes escritos y otras formas de protesta…” añadiendo “Las cosas por sabidas se callan y por callarlas se olvidan”. Por su parte Monseñor Ovidio Pérez Morales se pregunta: “¿Hay algo más obligante y oportuno en el presente desastre nacional, que preguntarle al soberano, quien tiene poder propio, originario y constituyente (artículo 5 de la Constitución), qué ordena para comenzar la reconstrucción de este país?

En cuanto a la calificación de riesgosa y peligrosa, los promotores de la consulta han explicado la imposibilidad de la identificación del participante en la consulta, mediante un proceso tecnológico que salvaguarda su nombre. Si a ver vamos, es más riesgosa la abstención de los electores en el proceso electoral fraudulento. La consulta es riesgosa sí, para sus promotores y sus organizadores, para todos aquellos que han venido dedicando tiempo, esfuerzos y capacidades para llevarla a cabo.

Pero el verdadero riesgo de la consulta es que fracase, que no logre una multitudinaria participación que exhiba y ratifique dentro y fuera del país, el enorme rechazo al régimen y el respaldo a la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias legítimas.

Llegado a este punto cabe volver al título del presente artículo. Aquellos que comparten la convicción de la necesidad de un cambio político pero que por distintas razones han venido cuestionando abiertamente la utilidad de la consulta, conscientes de que la misma está en vías de realización, deberán preguntarse con toda honestidad cuáles serían las consecuencias de una mediocre participación.

Podrán existir reservas sobre la utilidad de la consulta, pero nadie ha señalado que ella sea ilegal o nociva para la causa democrática, salvo en el caso de que la concurrencia no sea masiva. Sobre esto último sí que no existe duda alguna. ¿Tiene algún sentido apostar al fracaso? Desde luego se podrá pregonar, se los dije, habiendo de paso contribuido a ello; pero ¿el país y nuestro pueblo no merecen la concesión del beneficio de la duda en cuanto a la eficacia que pueda tener la consulta y el evitar un fracaso que sólo contribuirá a desmoralizar a la resistencia? Ya un gran esfuerzo ha sido realizado. Pareciera entonces evidente que, una vez puesta en marcha la consulta, con la participación entusiasta de tantas personas que han abrazado con fe el compromiso, la actitud consecuente con la causa democrática exige cesar el cuestionamiento previo, participar en la consulta y llamar a la participación.

Es una cuestión de conciencia.

el Correo Financiero

https://elcorreofinanciero.com/una-cuestion-de-conciencia-raul-alegrett-...

Aquella noche había alerta de tsunami. La amenaza podría llegar desde la costa del Océano Pacífico, a 300 metros de la habitación del hotel donde me alojaba en la ciudad de Manta, Ecuador. Si el aviso de tsunami se concretaba tenía que correr calle arriba y subir la cuesta durante un largo trecho hasta llegar a una zona presuntamente segura.

Recostado sobre la cama y con una extraña mezcla de cansancio y estrés, mi mirada se perdía en un punto indeterminado de la pared mientras mi mente repasaba las opciones que tenía. En el piso junto a la cama tenía la mochila con todo mi equipaje de viaje. Estaba sin desempacar, al alcance de la mano, preparada para una acción rápida. Si sonaban las sirenas debía incorporarme de un salto, echar mi mochila al hombro y correr. En el hotel me habían dicho que lo más probable sería que la amenaza de tsunami no fuera nada, pero que por las dudas estuviera atento.

Esa noche miré miles de veces la pantalla de mi móvil. Monitoreando las cuentas de Twitter que podían informar acerca de la confirmación o la cancelación de aquel evento catastrófico. Buscando señales claras que me permitieran o bien descansar o bien huir antes de que todo comenzara.

Nada ocurrió aquella noche. Al día siguiente amanecí agotado al extremo después de varias horas de estrés y ansiedad. Ya no habría tsunami, afortunadamente.

En circunstancias como la que relato, mirar obsesivamente la pantalla del móvil es una conducta que tiene una finalidad clara y que hasta puede salvar vidas. Pero al mismo tiempo me pregunto si en nuestro tiempo no pasaremos demasiado tiempo frente a las pantallas.

¿Será una conducta beneficiosa mirar obsesivamente nuestras pantallas como si estuviéramos esperando un tsunami? Más aún: ¿qué efectos sociales, culturales y políticos tiene nuestra vida en la sociedad de las pantallas planas?

Pandemia de pantallas

La pandemia de Covid-19 aceleró tendencias que ya venían creciendo a toda velocidad. Una de esas tendencias es la transformación de nuestra sociedad en una sociedad donde los seres humanos estamos constantemente conectados a una omnipresente cantidad y variedad de pantallas.

Veamos solo cuatro datos iniciales, cuatro síntomas de algo mayor que está aconteciendo:

Los niños de países desarrollados comienzan a ver televisión a los 4 meses de edad.

En Estados Unidos de América, el 75 % de los niños de 3 años ya tiene su propio dispositivo móvil personal.

Los niños norteamericanos de edad preescolar pasan una media de seis horas diarias viendo algo en una pantalla.

Entre los 8 y los 18 años ya son 9 horas diarias frente a las pantallas.

Los mayores de 16 años, en este caso en España, destinan 11 horas de cada día a mirar una pantalla.

Los datos anteriores son del año 2019. Todo parece indicar que a partir de la pandemia la fijación a las pantallas se vuelve más intensa aún.

En el marco del optimismo tecnológico que caracterizó el comienzo del siglo 21 podríamos pensar que el vínculo con las pantallas significa mayores posibilidades de aprendizaje, de comunicación y de libertad. Aunque algunos datos podrían indicar en otra dirección.

-Me imagino que sus hijos aman el iPad -le dijo el periodista a su entrevistado en 2010.

El periodista era Nick Bilton, del New York Times. El entrevistado era Steve Jobs, el mismísimo creador del iPad. Y la respuesta parecía fácil de adivinar. Pero Jobs dio una respuesta inesperada, casi perturbadora.

-Nunca lo han usado -dijo. Nosotros ponemos un límite a cuánta tecnología usan nuestros hijos.

Esta sorprendente declaración parece conectarse con otras noticias que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo:

Uno de los colegios que los ejecutivos de Silicon Valley prefieren para sus hijos prohíbe las pantallas en el aula y trabaja con las viejas pizarras de toda la vida.

También en Silicon Valley, las niñeras que cuidan a los hijos de los ejecutivos reciben cada vez más la instrucción explícita y estricta de no permitir el contacto de los pequeños con las pantallas.

Los retiros de desintoxicación de la tecnología se han convertido en tendencia entre esos mismos directores de empresas tecnológicas.

¿Qué dicen mientras tanto las organizaciones profesionales de psicólogos y pediatras? Pues las recomendaciones profesionales son coincidentes:

Cero televisión y menos de 30 minutos diarios de otras pantallas para los menores de 2 años.

Un máximo de una hora al día frente a las pantallas para los niños entre 3 y 5 años.

Y un máximo de 2 horas al día entre los 6 y los 18 años.

¿Es que acaso tanto los ejecutivos de las empresas tecnológicas como los profesionales de la psicología y la pediatría saben algo que los usuarios de tecnología desconocen?

Pues sí.

Y lo que saben es que los seres humanos nacemos con un cerebro inmaduro que se va desarrollando y adquiriendo sus capacidades en base a la estimulación externa. Ese cerebro evolucionó durante millones de años para que pudiéramos procesar las situaciones externas a la velocidad real que ocurren.

La sobreexposición del niño a pantallas que lo bombardean con estímulos vertiginosos y cambiantes obliga a su cerebro a tratar de adaptarse a un mundo virtual que no solamente es más rápido sino que además ocurre en dos dimensiones, es plano, está coloreado artificialmente y posee cualidades al tacto y a la vista ajenas al mundo físico al que el niño debe adaptarse.

El resultado es un cerebro sobre estimulado al cual le va a ser muy difícil concentrarse en las cosas que pasan a un ritmo más lento en una realidad más física y condicionada por variables de mayor profundidad.

La evidencia en cuanto a la sobreestimulación del cerebro de los niños es abrumadora. ¿Pero qué ocurre con los adultos?

Tomando decisiones en la sociedad de las pantallas planas

El resultado de la citada sobreestimulación es similar en el adulto: dificultades para concentrarse, para fijar la atención, para hacer trabajos sostenidos y profundos, para reflexionar y para tomar decisiones sólidas y responsables.

Estos fenómenos que señalo forman parte del contexto socio-cultural en el que ocurren los procesos políticos y la comunicación política. Por lo tanto es esencial comprenderlos para poder movernos con eficacia en dichos ámbitos.

Más que nunca partidos y gobiernos tienen que considerar que los ciudadanos les están prestando poca atención. Ya sea que se pida el voto o que se pida una determinada conducta para enfrentar la pandemia, de todos modos el ciudadano no está plenamente presente mientras se le habla. En cualquier caso la atención es efímera, fragmentaria y superficial.

Claro que el fenómeno afecta también a los políticos, a los gobernantes, a los consultores, a los periodistas, a los especialistas, a quien esto escribe y a quien lo lee. A todos.

Y justo en esta peculiar encrucijada nos ha caído encima la pandemia de Covid-19.

Imagina el espanto sobrecogedor que todos tendríamos si en un mismo día se estrellaran 23 aviones repletos de pasajeros sin que ninguno de esos pasajeros sobreviviera. Imagina que al día siguiente vuelve a pasar lo mismo y otros 23 aviones caen a tierra. Y lo mismo al día siguiente. Y así todos los días durante un mes, tres meses, once meses. Uno tras otro sin que nadie lo pueda detener. Sin que nadie sepa cómo detener esa macabra realidad.

Pues eso.

Eso es lo que está ocurriendo en 2020. Así podemos visualizar el número de víctimas de Covid-19 que ya llegó al millón y medio de muertos en 11 meses. Una tragedia.

Y esa tragedia la tienen que gestionar personas que, como señalé antes, están estresadas, con dificultades para concentrarse, con déficits atencionales, con poco hábito de reflexionar, sometidas al espejismo de la multitarea, con sus cerebros saltando de un tema al otro, con dificultades para priorizar, enfocando los problemas de modo superficial y siempre al borde de la irritación y la fatiga.

Esos tomadores de decisiones, además, tienen que persuadir a miles de millones de personas para que adopten algunos hábitos esenciales para la defensa frente al coronavirus. Miles de millones de personas que al igual que ellos sufren las consecuencias cognitivas y emocionales de la sociedad de las pantallas planas.

En un momento histórico como éste es vital tomar buenas decisiones. Tanto a nivel político como empresarial y personal. Para cada decisión importante que vayamos a tomar sería aconsejable que nos alejemos aunque sea brevemente de las pantallas. Aparta tu vista de ellas. Quita los dedos de los teclados. Desconéctate. Camina un poco, conversa con alguien, reflexiona. Respira profundo. Concéntrate. Busca la calma. Y después sí: decide.

Recuerda: hay alerta de tsunami sanitario, económico y político.

Maquiavelo&Freud

https://danieleskibel.com/sociedad-pantallas-planas/

¡Los ciudadanos y ciudadana venezolanas! como respuesta a la situación de “inmiseración” impuesta por este régimen totalitario tienen que mostrarse al inicio de la navidad venezolana como un ejemplar ciudadano político y social. Ciudadanos y ciudadanas líderes para reconstruir la civilidad que contenga la regresión política creada y alimentada por la barbarie del revolucionarismo, soportada por el cubanismo, por organizaciones armadas corruptas – al servicio de la regresión socialista comunista- que intenta doblegar la República democrática.

Los ciudadanos serán el Nuevo Liderazgo, hombre su mujeres, que como nuevo liderazgo detendrán la locura y recuperaran las leyes para restablecer , la soberanía y aupar el orden de la instituciones. El inicio decembrino muestra a un ciudadano líder, a una mujer lideresa para hacer brillar de nuevo la ley y la tradición junto a una inmensa mayoría que respeta las leyes y desea democracia. El ciudadano como líder impuesto con su participación inteligente mostrará inequívocamente el 87% de los venezolanos demócratas. El ciudadano líder es la solución para una transición política, para frenar la barbarie y para indicar la posibilidad de canalizar fuerza y esfuerzos con el objeto de recuperar la Constitución, contener la violencia a discreción que práctica un régimen primitivo de espalda a la raza venezolana.

El ciudadano como líder político y social constituye inequívocamente la respuesta política asertiva de este fin de año 2020, donde ya se ve derrotada la farsa electoral del 6D, expresión inequívoca del desespero y de quienes expresan el rechazo a la tiranía. El ciudadano que ya no soporta tanta locura y abuso le corresponde un momento critico de responsabilidad y valentía como opción política: hacer valer la Resistencia Civil. La Resistencia Civil ciudadana habla de la emergencia nacional , de la inseguridad personal y de la maldad liquida que se expresa por la inmiseración marxista y socialista.

La inmiseración expresión marxista, conducta desgraciada expresada por el régimen que acogota a Venezuela y pretende negar cualquier otra alternativa para desmoronar la vida familiar, pero no será así, el ciudadano y la mujer ciudadana no tiene duda que en la República de Venezuela no soporta este régimen por cuanto destruyó la economía, acabo con el signo monetario, no se sabe cual es la bandera nacional y el territorio esta confundido por una triple frontera. Triple frontera que sirve de centro de perversión y de tráfico abierto para el deposito ,distribución y penetración de la cocaína en el Hemisferio Occidental.

El ciudadano como líder esta en cuenta que el Ambiente Político Real Violento creado por este régimen farsante y mentiroso debe ser enfrentado por la Resistencia Civil haciendo política. Todo el cuerpo social, acometerá las acciones como grupos democráticos y será un ejemplo histórico para el mundo acercándonos a la transición política democrática. No será un multitud violenta la ciudadanía venezolano, serán los demócratas que no son multitudes pero si constructores. Constructores de una nueva nación democrática que alumbrar una nueva República Democrática como consecuencia de un Movimiento Político de Renacimiento Nacional y la acción de un Nuevo Liderazgo Político. Nuevo Liderazgo Político fundando en el ciudadano y las ciudadanas como líderes.

El ciudadano ha entendido que hay un nuevo toque de diana no militar, sino cívico, nuevo toque para recrear la política distante de lo primitivo, de lo grotesco, de lo militarista, de la violencia, pero sobretodo de la cobardía. El ciudadano y la ciudadana del 2020 hombres y mujeres democráticos restablecerán la democracia como un modelo postmoderno que garanticen un gobierno legítimo, instituciones solidas y una masa de ciudadanos que contengan la crisis que ha creado esta barbarie revolucionaria para ahogar la República 2020. República 2020 será una tarea para los ciudadanos demócratas que se declaran demócratas reales e intolerables a al arbitrariedad y el abuso.

El ciudadano como nuevo liderazgo político conoce la crisis política extrema y operara para desplazar al militarismo socialista y al partidismo obsoleto distante de la política, amarrado a esquemas de gobiernos primitivos que requieren de las bocas de fuego, del plan de machete y de los traidores como expresión de una regresión en la política totalmente distinta a la democracia del siglo XXI. El ciudadano como Nuevo Liderazgo Político, con gran respeto empleará a fondo al Constitución y las leyes, léase, la lógica política y sublimara la acción de un nuevo gobierno democrático.

El ciudadano como Nuevo Liderazgo Político anuncia el retorno de la mujer cono liderazgo, anuncia el empleo de las ciencias políticas, señala la importancia de la economía, de la sociología, ciencia para crear un nuevo punto de partida que fortalezca la venezolanidad, el progreso , el cambio para restablecer el progreso y la paz. La paz para el proceso de la democracia ,la paz que no tiene amo, la paz que se agrupa y se convierte en fuerza para crear un nuevo modelo de vida e iniciar un gran momento que retome el curso democrático.

Es auténtico,

Director CSB CEPPRO

@JmachillndaP

Caracas,1 de diciembre de 2020