Venezuela, país amigo, cordial, generoso, forjador de libertad, refugio del perseguido político, esplendido anfitrión del emigrante, rico, solidario ante la catástrofe sufrida, es hoy un país perdido y a la deriva, asediado en su difícil transitar. Todo en él está en crisis, la devastación es inmensa, huérfano doloroso de la solidaridad efectiva de quienes tanto ayudo, su gente famélica sin encontrar alimentos ni medicina, o víctimas de la brutal represión asesina de la tiranía, cae y fallece en ese deambular incierto y heroico por calles y avenidas buscando afanosas su salvación. Y es que fue asaltada y secuestrada por propios y extraños confabulados para traicionarla y oprimirla, robar sus riquezas, reprimir, humillar, asesinar y secuestrar a su gente y ser refugio y guarida del crimen, el narco terrorismo y hampa organizada.

Hoy Venezuela es un país incierto. Por decisión de la Asamblea Nacional, aparto de la presidencia a Maduro por abandono del poder, por lo que no tenemos presidente legal, además declaro ilegitimo al Tribunal Supremo de Justicia, por estar integrado por “Magistrados” que no cumplen los requisitos establecidos por la ley, hasta el punto que lo preside un ex recluso con graves antecedentes penales, pero igual el CNE, está integrado en su mayoría por rectores que tienen vencido su periodo, afectos sumisos a la tiranía, violando su principal condición de imparcialidad. Ah... pero tampoco tenemos Asamblea Nacional, porque el TSJ, la declaro en desacato y como tal no le acatan sus disposiciones o leyes, aparte le fueron desincorporados tres diputados dejando a la fecha sin representación a Amazonas y para completar los gobernadores y alcaldes y concejales tienen vencidos su periodos al frente de sus entidades. De manera que estamos acéfalos de conducción institucional y en completa inviabilidad como país, esto sin señalar las dramáticas cifras que indican la quiebra económica, la crisis humanitaria, ubicándonos últimos en muchos renglones. Y lamentable es, que teniendo inmensas riquezas, vivimos igual o peor a países subdesarrollados que no las tienen.

En estas circunstancias a la dirigencia política se le agotaron las vías constitucionales a que acudieron (menos a la constituyente), por lógica conducta de la tiranía de negar toda opción que pueda apartarlos del poder; circunstancia advertida por amplios sectores del país, conocido el talante tiránico del régimen al que aún le siguen pidiendo elecciones, petición ya negada, incluso para el mismo 2018. Y la Constituyente Originaria convocada por iniciativa popular, fue obstinadamente rechazada, siendo la solución adecuada y con millones de venezolanos que la apoyarían ansiosos de un gran cambio y solución democrática y constitucional a la crisis.

La tiranía por su parte ante el fuerte rechazo popular (85%), que le imposibilita ir a un fracaso electoral, el acoso internacional, y más por la imperiosa necesidad vital de mantenerse en el poder, opta convocar sin consulta popular una constituyente espuria que les permita cambiar las reglas de juego, suprimir las instituciones que obstruyen su accionar tiránico entreguista de nuestra soberanía y recursos, eliminar la democracia como sistema de gobierno e implantar un régimen militar y comunista eternizante.

Y en este sentido, no es exagerado decirlo, pero a partir del mes de Agosto, si lo permitimos, instalada la espuria Asamblea Nacional Constituyente, harán efectivo lo que Maduro aspira, que no es otra cosa, “por ahora” que gobernar adicional al TSJ, desde esa sumisa y espuria asamblea, órgano supraconstitucional y representativo del poder originario y soberano del pueblo, según los artículos 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y 347: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario”.., artículos desvirtuados su significados y esencia según sentencia amañada, inconstitucional y regresiva, N°378 del TSJ, y entonces bajo la excusa de acato al artículo 349 de la constitución, que señala: “Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”.. procederán al desmantelamiento definitivo de lo que queda del sistema democrático, incluida la Asamblea Nacional, la Fiscalía, elecciones, Alcaldías, expropiación de bienes, empresas, banca, etc. en fin, de todo aquello que sea necesario desmontar o liquidar antes de promulgar la constitución que al tirano le convenga, después de 2 o más años de insípidas sesiones, para elaborar una constitución a la cubana, mientras gana tiempo para garantizar su fortalecimiento opresivo del poder y aprobarla en consulta popular, como el tirano lo declaro, pero ya bajo condiciones igualmente fraudulentas, como lo hicieron para convocarla. Estamos así, en situación por demás crítica y peligrosa; la tiranía de lograr su propósito tendrá dentro y fuera del país como justificar, bajo el manto constitucional, y una población en total indefensión, todo lo que le convenga ejecutar, reprimir o establecer alianzas que por su talante tiránico comprometan la existencia de la república en aventuras guerreristas, narcoterroristas, genocidas y de intromisión, en su propósito eternizanté.

Pero aún estamos a tiempo de evitarlo, en nosotros todavía reside la soberanía popular y no en Maduro, que es nuestro empleado, somos todavía depositarios del poder originario constituyente y solo nosotros podemos todavía convocar a una constituyente y no Maduro, y esa soberanía y poder originario esta en todos los venezolanos y en más de 13 millones de electores que aun votamos, amantes de la libertad. Ejerzamos pues ese poder: restituyamos la Asamblea Nacional, con los diputados desincorporados y con esa mayoría de 2/3 tomar ya las decisiones que fortalezcan y posibiliten la opción opositora (liberación de presos, retorno de exilados, nombramiento de un gobierno de transición etc.), canalice y garantice el respaldo de la comunidad internacional en el tránsito hacia el rescate definitivo de la democracia y las instituciones, concitar el apoyo de la Fuerza Armada art. 328. y la impostergable solución de convocar masiva y contundentemente a la auténtica y legal constituyente originaria, libertaria que nos dé una constitución, celosa y firme defensora de los derechos humanos, la libertad, la democracia y sus instituciones, privilegie el poder originario y soberano del pueblo, rescate la ética valores y principios y consagre un nuevo Proyecto de País constitucionalmente descentralizado con autonomía y fortaleza regional y municipal. Constitución que nos permita estar entre los países desarrollados y prósperos del mundo, y en la que todo venezolano se sientan interpretado en sus legítimas aspiraciones, decidido a defenderla, cumplir, hacerla cumplir y respetar.

Que falta? falta conformar una autentica y efectiva unidad, liderada con el único, absoluto y solo propósito de liberarnos a riesgo de todo de la tiranía. Convoquémonos en ese definitivo propósito por Venezuela. Luego de liberados, abran otra vez sus agendas particulares; hoy la agenda es: Venezuela libre, no hay otra. El pueblo soberano ya está en la calle, viene haciendo ejercicio heroico y doloroso del art. 350 y está pendiente y vigilante de lo que sucede y por millones una vez más acudirá decidido a librar esta definitiva y segunda batalla de Carabobo, no está dispuesto a aceptar que un 15% máximo de la población, se imponga al 85% restante, ni a aceptar ser negociada su libertad a sus espaldas, solo falta empezar a ejecutar acciones efectivas y adecuadas acordadas organizadamente para liberarse de este cáncer que aqueja y ha convertido al país en un estado fallido, inviable y tiranizado por un violador de todo el ordenamiento jurídico. País, invadido y tomado por militares y funcionarios extranjeros ejerciendo funciones reservadas a venezolanos y llevando el control de registros propios de la nación. País con pérdida de la soberanía territorial y alimentaria. País sin seguridad de bienes y personas. País con presencia activa de irregulares guerrilleros, narco traficantes, sicariato, vandalismo “colectivos” amparados unos y pagados otros por la dictadura. En fin, impunidad total, suficiente como para exclamar: basta ya!. Prohibido perder la república... Urgente es ganar...

Cuenta la historia reciente que el paso previo al proceso constituyente de 1999, promovido por Hugo Chávez, fue un referendo consultivo. Y que en 1999 se interrogó al soberano sobre reformar el Estado y aprobar las bases comiciales del Ejecutivo. El texto resultante también se aprobó previa consulta. En su artículo 5 se dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. En sus artículos 341 y 345, que las enmiendas y reformas constitucionales deben someterse a referendo popular. Y, por si no bastara con lo anterior, en el artículo 347 indica que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario.

Adicionalmente, el sentido común democrático indica que para suscribir el contrato social que rige la vida colectiva de un país - eso es la Carta Magna, ¿no?-, debe preguntarse la opinión a todos los ciudadanos y no sólo a un grupito de escogidos de acuerdo a su pedigrí político, mediante un proceso arbitrario ideado para corroborar en un simulacro electoral todo lo que previamente fue decidido por una cúpula, cuyo fin único es mantener el poder. Un proceso llevado contra viento y marea. Es decir, contra el parecer de los más diversos sectores de nuestra sociedad, incluyendo a sectores del propio chavismo, de la casi totalidad de la comunidad internacional y no digamos de las encuestas, las cuales registran la opinión contraria del ochenta por ciento de los venezolanos.

Más claro el agua, piensa cualquiera, pero no cualquiera es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Así, según su última decisión, haciendo malabares jurídicos dictaminó que el Presidente Maduro puede sustituir al pueblo en la convocatoria de una constituyente. Demuestra, pues, que la democracia es, entre nosotros, cuestión de mera interpretación. Y corrobora la impresión de que el país es cada vez más la metáfora de una caimanera de fútbol: no se siente la presencia del árbitro, las reglas las define el más fuerte o el dueño del balón, son dúctiles como el chicle y se cambian según las circunstancias y los intereses.

El Nacional, viernes 2 de junio de 2017

Cuando esta desgracia llamada revolución llegó al país, de inmediato comenzó a confiscar la esperanza del pueblo que confió en el líder antes, durante y después de las elecciones, a la vez que reafirmó las dudas de quienes jamás creímos en sus fanfarronerías de prestidigitador pedante de lenguaje altanero y soez con devoción provisional en su discurso seductor de pendejos, resentidos, oportunistas y aprovechadores de todo nivel, ávidos de adulación y de aduladores en una Venezuela que esperaba más de sus hijos en el preciso momento en que las instituciones reiniciaban el camino de la perfectibilidad de la democracia.

Paralelamente al secuestro de la fe empezó la confiscación de la propiedad y de las ganas del sector empresarial en jornadas avivadas y aplaudidas por una alucinada clase trabajadora cegada por la emoción efímera de payasos y magos de circo bien pagados por domadores engordadores de cuentas bancarias que se frotaban las manos en espera de lo que, sabían, en su momento les vendría.

En el 2000, apenas a un año de la tragedia anunciada, un joven empresario maracayero, Eduardo Elías Larrazábal (Q.E.P.D.), lamentable y prematuramente fallecido, convocó a una reunión de las Cámaras de Industriales de los estado Aragua, Carabobo y Lara para expresarle al estrenado gobierno, en presencia de su entonces ministro de Hacienda, José Alejandro Rojas, que si así comenzaban las cosas, así terminarían de mal, ya que en Aragua fueron cerradas, en tan breve lapso, más de 600 empresas.

Y no había que dudarlo, pues la primera medida revolucionaria del gobierno socialista y bolivariano fue eliminar, de un solo plumazo y en el más sepulcral silencio del soberano y sus representantes, la Corporación para el Desarrollo de la Artesanía Pequeña y Mediana Industria (Corpoindustria), que tenía en Maracay y en Aragua el epicentro de la actividad promotora, emprendedora y financiera de quienes querían invertir y trabajar en el desarrollo industrial del país y de su gente, de la república y sus republicanos. Pero todo aquello acabó, todo quedó en el olvido, como dice la gitana canción “Dos Cruces”, porque aquellas promesas de amor en el aire ya se habían perdido.

Hoy vemos cómo la Zona Industrial de San Vicente, que fue la más emblemática de los centros de producción del país, hoy no sólo es un cementerio de galpones, sino un campo de tiro regentado por el hampa común y uniformada las 24 horas del día, con una comunidad secuestrada sin atención médica ni asistencia social ni alimentaria, aunque con algunos valientes que, pese a las dificultades, se mantienen “vacunados” para no perder la esperanza ni lo poco que va quedándoles.

Con esto tenemos suficientes razones y motivos para seguir luchando, para seguir marchando, para seguir en la calle, para seguir mostrando, hablando y escribiendo lo que tenemos que decir, lo que debemos decir y, es más, lo que estamos obligados a decir so pena de caer en la complicidad y la alcahuetería en la cual se encuentran muchos y de la que algunos están saliendo, como la señora fiscal Luisa Ortega Díaz…

69 muertos venezolanos es la cifra fatídica, inhumana, dolorosa por culpa del empleo del cuerpo armado ordenado por un régimen atolondrado, en el cual el hiato Nicolás-Padrino han coincidido con el objeto de crear una situación de luto que atormenta y afecta al cuerpo social venezolano. Los muertos, mártires pero sobre todo héroes de la democracia son y será la inspiración eterna para que los venezolanos demócratas fortalezcamos nuestra resistencia civil para alcanzar la protesta incremental y llegar a la rebelión política. La rebelión que arrojará como hecho político real la reinstalación de la democracia en Venezuela como resultado final del sacrificio de los héroes parte fundamental de la República.

3.000 heridos por las bocas de fuego que muestran cicatrices vivas, sangre de venezolanos, que sueñan con el derecho legítimo a expresar su desacuerdo en el espacio cívico, anclados en la Constitución, en donde la dignidad de la democracia sostiene que la liberta d no puede ser jamás derrotada por las armas, pero las armas en manos de los bárbaros pretenden detenerla. Armas instrumentadas por comandos nefastos, oscuros, cobardes, miembros de un régimen inmoral jefaturado por cretinos que pretenden -mediante el uso de la violencia y la fuerza- instalar una regresión política imposible.

1.351 detenidos que forman parte de esa torrente expresión de rebeldía democrática que señala al cuerpo armado como una institución usurpadora, primitiva, inmoral y confundida capaz de cumplir órdenes de supuestos superiores violadores de la Constitución de Venezuela y los derechos humanos intentando perseguir y reprimir los derechos legítimos que consagra la Carta Magna. Esos represores forman parte de los grupos en los cuales la ideologización primitiva ha alterado las significaciones imaginarias sociales permitiendo conductas vergonzosas propias de regímenes dictatoriales caracterizados por sujetos sanguinarios y cobardes distantes del gentilicio venezolano.

309 nuevos presos políticos que la cobardía de los cuerpos armados mantiene en las mazmorras de las cárceles militares, pero además pretenden enjuiciarlos violando elderecho natural e imponiendo el juicio militarista. Juicio militarista que refleja el pánico del régimen, su insensatez y torpeza que reconoce el mundo habida cuenta los resultados de los venezolanos muertos, heridos, detenidos y presos políticos que muestran al régimen de Nicolás Maduro como uno sanguinario y tiránico que será objeto del más grande juicio histórico en la postmodernidad debido al ejer cicio de la violencia política y violencia armada en una nación que lucha por reinstalar la democracia.

Una nación ensombrecida por el luto de madres que lloran a sus hijos, de familias que rechazan el militarismo cobarde y de una sociedad decidida a producir, a través de la resistencia civil, un cambio político categórico. El luto que ensombrece a la República servirá de espacio y tiempo para que resplandezca la luz de la libertad y se reinstale un modo de vida en el cual la Constitución y las Leyes sea n el paradigma rutinario para el crecimiento, la paz y el desarrollo de una Venezuela avergonzada por la lujuria, el primitivismo y la cobardía del partido político en armas.

De este gran dolor que sufre la República emanará de manera radiante la decisión férrea de la protesta incremental para alcanzar la rebelión. Rebelión ciudadana para desconocer al régimen. Rebelión para incrementar el sentimiento y respeto por la democracia. Rebelión para escribir una nueva página en la historia republicana. Rebelión que deje claro la perversión y locura de los golpistas acunados en una organización armada irresponsable que permitió el engendro de matones, como lo refleja la represión militarista por la cual responderán en los tribunales de la República y en los tribunales internacionales quienes hoy han causado muerte, heridos, detenidos y presos políticos que reclaman su derecho el establecimiento de una virtuosa democracia en el siglo XXI.

Es auténtico

Director CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 31/05/2017

El 16 de mayo de 2017, la Sala Constitucional en su Sentencia 355, recordó que hay un nuevo paradigma de participación ciudadana desde la vigencia de la Constitución de 1999, a través del cual la participación no se condiciona al ejercicio del sufragio o la designación de representantes a cargos públicos de representación popular.

La Sala Constitucional reconoce que el nuevo paradigma privilegia la participación ciudadana como un derecho general en el proceso de desarrollo económico y social, reivindicando el papel de los sujetos sociales en la formulación de políticas y programas de acción pública.

La supuesta intervención efectiva de los ciudadanos en todos los ámbitos del acontecer nacional, que busca esa nueva concepción de participación, contrasta de manera radical con la realidad experimentada por la sociedad venezolana en el caso de la solicitud del referendo revocatorio, en el proceso de legalización de partidos políticos y ahora en la convocatoria unilateral de una Asamblea Constituyente.

Con la Sentencia 355 la Sala Constitucional buscó reconocer por un lado a la comuna como un actor institucional, con carácter muy particular o especial y por el otro, pretendió validar la asamblea de ciudadanos como un instrumento político de participación, todo ello en detrimento del municipio, y del derecho a la libre asociación y participación.

La tarea de impulsar el modelo del poder popular desde la Sala Constitucional, se complementa con la Sentencia dictada el 31 de mayo de 2017, mediante la cual se afirma que no es necesario y menos aún obligante convocar a una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

En esa sentencia del 31 de mayo de 2017, la Sala Constitucional asume que la democracia participativa se ejerce en el ordenamiento jurídico venezolano a través del poder popular, en consecuencia, peligrosamente los magistrados de la Sala Constitucional, sostienen que el ejercicio directo de la soberanía popular previstos en el artículo 70 de la Constitución se desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico a través de las leyes del poder popular.

Para la Sala Constitucional el pueblo es titular de la soberanía y su ejercicio efectivo es a través del poder popular que encarna la democracia directa; la Sentencia también afirmó que no es posible pretender que las expresiones de ese poder popular sean elegidas como si se tratara de una “representación” del cuerpo electoral, lo que es común en la democracia representativa.

La Sentencia señala que la democracia participativa, se manifiesta de dos formas, la primera a través de referendos (referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio) y la otra, mediante el ejercicio directo de la soberanía a través del poder popular.

Para la Sala Constitucional democracia participativa es democracia directa y se ejerce, como ya se señaló, vía poder popular y cuando se habla del ejercicio indirecta de la soberanía, la Sentencia reconoce que la misma se ejerce a través de los órganos del Poder Público.

El artículo 71 de la Constitución reconoce como una opción, la utilización del referendo como un mecanismo para consultar asuntos de especial trascendencia nacional, en el caso de la consulta popular para la Constituyente, la Sala Constitucional, ignoró todo lo que ha señalado en relación al privilegio que la Constitución de 1999 otorga a la participación ciudadana y decidió que no era necesario y menos aún una obligación constitucional convocar a una consulta popular para convocar a una Constituyente.

¿Dónde quedó el concepto de derecho general a participar en todos los asuntos públicos en el marco de un nuevo paradigma de participación?.

Para justificar su decisión, la Sala argumentó que en el caso de la convocatoria a una constituyente, hay circunstancias objetivas sobrevenidas que ambientan el proceso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales se refieren a la aguda situación de la crisis política que ha provocado el decreto de un estado de excepción no concluido aun, que ha motivado la toma de decisiones genéricas, expeditas y de profundidad constitucional, dentro de la cuales, por iniciativa del Presidente de la República se ha resuelto iniciar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que pueda en condiciones pacíficas poner de acuerdo al país en un nuevo Contrato Social, sin hacer uso en esta oportunidad, por tales circunstancias, de lo previsto en el citado artículo 71.

Adicionalmente la Sala Constitucional buscó en el Debate de la Constituyente de 1999 otro argumento y concluyó que en aquél momento no se limitó la Asamblea Constituyente por ser ella expresión directa de la soberanía popular.

La Sala Constitucional, luego de varios argumentos, llegó a la conclusión que por no estar contemplado en ninguna disposición del Capítulo III del Titulo IX, la obligación de un referendo consultivo para convocar a una Asamblea Constituyente, entonces no era necesaria la consulta popular.

Con estas dos sentencias, en primer lugar, el Tribunal Supremo de Justicia nuevamente abandona su función de ser garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, complementando la ruptura del orden constitucional y el golpe de estado continuado que declaró la Asamblea Nacional el 23 de octubre de 2016.

En segundo lugar, las dos sentencias pretenden justificar la existencia del Estado comunal, uno de los objetivos previstos en la agenda de la Constituyente convocada por el Presidente y peligrosamente abre el camino para debilitar el ejercicio del sufragio directo, universal y secreto en beneficio de la validación del sistema electoral diseñado en el modelo comunal.

Un régimen que opera bajo un estado de excepción inconstitucional, que tuvo que buscar romper el hilo constitucional para mantenerse en el poder y negar el protagonismo del pueblo para evitar medirse en un revocatorio y ahora en una constituyente, ha vacíado de legitimidad a la Presidencia.

Estas sentencias impone como desafío a la sociedad venezolana el ejercicio del derecho a invocar la desobediencia civil frente a esa constituyente que proviene de un régimen que además de ilegítimo opera al margen de la constitución; pero también exige, que el ejercicio del 350, se vincule con la obligación prevista en el 333 de la Constitución a los fines de articular las acciones pertinentes, cívicas y pacíficas para exigir de manera efectiva, pública y notoria la restitución del orden constitucional y democrático del país.

Es el momento de hacer sentir la voz del ciudadano desde cada comunidad, de tomar nuestras aceras para unir muchas voces a los reclamos y denuncias de la Conferencia Episcopal, de la Asamblea Nacional, de la propia Unidad y de muchos otros actores, en defensa de la democracia y de la Constitución.

31 de mayo de 2017

Con voz propia

A la crisis humanitaria que padece Venezuela se le agrega la inclusión entre los países con la peor institucionalidad del mundo, según estudio difundido por el Centro de Investigación del Conocimiento Económico. Además se le coloca por debajo de países en guerra o con situaciones dramáticas, como Siria o Zimbabue.

El Frente Institucional Militar (FIM), formado por efectivos en reserva, califica de “grave catástrofe”. Expresa su voz de alerta ante la comunidad internacional y sectores de la sociedad venezolana en virtud del pavoroso panorama.

Conmovedor el balance de la Fiscal General (FG) Luisa Ortega Díaz, en la acción de protesta. De acuerdo a estadísticas del Foro Penal, hasta el 30 de mayo ha dejado 69 muertos, más de mil heridos y 2.977 presos, de los cuales 1.351 continúan tras las rejas, el 80% son jóvenes, 60% de estudiantes; 309 presos, 21 mujeres, 32 militares y 12 militantes de partidos. Según la FG, hasta el 24 del mismo mes, 3 de los muertos son policiales o militares y del mismo sector 229 heridos.

Las acciones siguieron y destacamos ensañamiento militar y policial contra marcha del 29 de mayo que causó 247 heridos: 65 con metras, 66 con perdigones, 90 asfixiados, 4 fracturas y 22 golpeados; además del robo de motos y pertenencias a civiles, políticos y periodistas.

“Se han imputado 19 policías y militares por cometer delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de armas, violación ilegítima de libertad, de domicilio. Por ejecutar están 18 órdenes de captura” –informa la FG. Resalta la manifestación pacífica de estudiantes en un liceo de La Pastora:

“Llegaron civiles a amenazarlos con pistolas. Se han abierto 16 investigaciones contra colectivos armados o grupos paramilitares. Preocupa proliferación de esos grupos”.

Jamás olvidaremos que Nicolás Maduro (NM) anunció la expansión de la milicia, cuerpo de civiles con entrenamiento militar creado como apoyo a la Fuerza Armada, a 500.000 miembros "cada uno" con su fusil "garantizado".

Y tampoco olvidar el cinismo del Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López quien rechaza calificar a esos llamados “colectivos” como grupos violentos armados y asegura que tienen un sentido más humano.

Sobre la protección de la FAN a colectivos, replica:

“Eso no tiene ningún sentido; es parte de manipulación, campaña del odio”.

La FG refirió al estudiante Juan Pernalete, muerto el 26 de abril en una protesta, a causa de shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax, lesión producida por el impacto de bomba lacrimógena por la Guardia Nacional.

Para el camarada MinDefensa “Aquí no hay militarización. La Fan que está envuelta en proceso de modernidad, renovación constante, de revolución, no solamente desde aspecto ético y moral, sino de doctrina y organización”.

Para distraer la preocupación, el corrupto narco régimen lanza el exabrupto de llamar a Asamblea Nacional Constituyente (ANC), “mamotreto totalitario profundamente cubano rechazado por tratarse de una megatrampa constitucional” (FIM)

Dentro del mismo oficialismo hay discrepancia por inconstitucional convocatoria, sobre todo por ignorar referendo consultivo. Entre otras voces se dan las de la ex ministra Maripili Hernández; la ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez; Rafael Ramírez, ex PVSA; William Ojeda.

-El juego está trancado y ANC es escenario para la paz- dice Mindefensa.

Sondeo de opinión revela que 79,9% de venezolanos no tienen intención de participar con su voto en elección de la ANC. De allí la línea de rechazo a la propuesta

Al MARGEN. En programa Boza con Valdez, de VTV: "No es cierto que la gente pierda peso porque no consigue alimentos. Se alimentan mejor y eso permite mantener peso corporal idóneo". jordanalberto18@yahoo.com.

No sabemos si es ignorancia de la ley o caradurismo infeliz, o en el mejor de los casos, una imprudente declaración, lo afirmado por la rectora del CNE Socorro Hernández, a un medio televisivo, en el cual manifestó que “la Constitución no prevé consulta popular para refrendar la Constituyente, agregando, que no hay artículo de la Constitución que establezca que la Constituyente deba ser refrendada por consulta popular”. Mayor estulticia no se puede.

La señora Hernández, a pesar de sus títulos, nos permite reflexionar entre el autoritarismo presidencial, reminiscencia de la antigua potestad de los Monarcas y el principio republicano que sostiene que la soberanía reside en el pueblo, ratificado en el artículo 5 de la vigente Carta Magna. Pero válido es tambien decir, que nuestra legislación civil obliga a cumplir la ley a pesar de su ignorancia, sobre todo a los altos funcionarios del Estado, salvo que se trate de personas analfabetas o de notorio atraso intelectual, lo que les exime de sanción o critica alguna.

Al grano. Desde las revoluciones, la norteamericana en 1776 y la francesa, en 1789, se trastocaron sin duda los principios del constitucionalismo que regían para la época, y que sustentaban el Estado Absoluto. Entre esos estaba el denominado principio monárquico, en virtud del cual el Monarca absoluto era el soberano, como lo afirmaba el rey Luis XIV, “el Estado soy yo”, y era esa la fuente de todo poder y derecho, el cual no podía, incluso, equivocarse ni tenía responsabilidad por el ejercicio del poder. Era infalible. De modo que con arreglo a este principio monárquico, la Constitución era dada por el Monarca y en ella no tenía cabida el ciudadano como titular de derechos. Aquellas revoluciones modificaron diametralmente este principio y lo sustituyeron por el principio republicano, conforme al cual el pueblo es el único titular de la soberanía y la única fuente del derecho, que la ejerce mediante consultas a través del sufragio, directo, secreto y universal y con arreglo a la representación popular.

En nuestro país, para regocijo de los demócratas, este principio republicano se recogió por primera vez en el Reglamento dictado por la Junta Suprema de Caracas, instalada el 19 de abril de 1810, a raíz de la crisis monárquica española derivada de la invasión napoleónica, y con ella se iniciaron las tareas para elaborar las bases de un nuevo ordenamiento jurídico estatal que permitió la creación del nuevo e independiente Estado venezolano, instalándose luego un Congreso General con representantes de las provincias de Venezuela que promulgaron la extraordinaria y maravillosa Declaración de Derechos del Pueblo el 1° de julio de 1811, que dictó nuestra declaración de independencia el 5 de julio de 1811 y finalmente sancionó nuestra primera Constitución, el 21 de diciembre de 1811. Aquellos actos constitucionales, hay que decirlo, incubaron en el Estado que se creaba “el principio republicano que colocaba la soberanía en el pueblo”, como lo asentó la referida Declaración venezolana del 1° de julio de 1811, Primera Declaración de Derechos de Hispanoamérica y la Tercera en la historia constitucional moderna, que estableció: “La soberanía reside en pueblo; y el ejercicio de ella en los ciudadanos con derecho a sufragio, por medio de sus apoderados legalmente constituidos”, entendiendo así, entonces, que la Asamblea Nacional es la receptora de primer orden de la soberanía que dimana del pueblo. Este principio que se recoge en el artículo 5 de la Constitución Bolivariana y antes, en el artículo 4 de la de 1.961, ha constituido un signo invariable de nuestro régimen político que parece ignorar la rectora del CNE, Socorro Hernández.

En criterio de esta rectora, Maduro, además de ser presidente de la República, pretende ser Gobernador de todos los Estados, el Alcalde de los 335 Municipios del país, retrotraerse a los tiempos en que el Estado soy yo y redactar una nueva Constitución, -sin consultar al pueblo-, y para destruir el actual ordenamiento constitucional, se acompaña de algunos paniaguados que desconocen la voluntad de más del 85% de los venezolanos que rechazan la Constituyente convocada ilegalmente por el presidente. No es necesario que exista un artículo expreso en la Constitución para desconocer que se requiere la autorización del pueblo soberano para modificar o sustituir el texto fundamental de la Nación; como si la Constitución fuese el Libro Grande de Petete, en donde para cualquier acto debe redactarse un artículo expreso y no un Texto de Principios Fundamentales a partir de los cuales regular el ordenamiento jurídico constitucional.

La gente no va a dejarse echar esa vaina, como lo pretende la rectora del CNE.