Carta del Director

Tras la polémica y amplia difusión que tuvo mi pasado artículo “¿Violencia o resultados?”, ha resultado difícil decidir cómo contribuir a una mejor comprensión de este proceso, de lo que debe hacerse, y lo que no debe hacerse, desde este espacio. Siguiendo las recomendaciones de algunos amigos y lectores, trataré de continuar abonando de la manera más sencilla posible, y sin preciosismos académicos, a la comprensión sobre dónde estamos hoy y qué debemos hacer para tener mayores posibilidades de alcanzar el objetivo que reclama la gran mayoría del país: Una transición democrática que se materialice en un cambio político efectivo y sostenible, con los menores costos y traumas posibles.

Y como en mi caso particular no estoy en la competencia de popularidad, que en muchos cosas pareciera condicionar lo que algunos dicen o dejan de decir, sino en una por la verdad aunque a algunos no les guste, sin pretender ser su dueño, intentaré hoy poner los puntos al menos sobre algunas íes en relación a lo que se debe y a lo que no debe hacerse con la protesta. Y digo sobre algunas íes porque el tema no puede simplificarse y agotarse en un artículo.

En primer lugar, ¿por cuánto tiempo debe sostenerse la protesta para tener resultados? Eso nadie lo sabe con precisión, lo que sí sabemos es que sin protesta no habrá cambios de ningún tipo, por lo que es necesario manejarla de manera inteligente para hacerla sostenible durante el tiempo que sea necesario. Los cambios institucionales implican cooperación de las instituciones, y tal cooperación de parte de instituciones como el CNE o el TSJ, que hoy no gozan de ninguna autonomía y están totalmente cooptadas por el gobierno, no es posible, al menos que las circunstancias modifiquen sus cálculos costo/beneficio. Para ello la protesta tiene en valor fundamental.

En segundo lugar, ¿es sostenible la protesta? Lo que hace sostenible una acción colectiva son las expectativas de quienes participan. Las expectativas de las personas actuando de manera colectiva suelen ser de corto plazo, por lo cual mantenerlas en el largo plazo es siempre difícil e implica un manejo adecuado de la comunicación del liderazgo convocante con quienes participan en la protesta, y el tener los objetivos que se persiguen con la protesta definidos con claridad y de manera realista para evitar, justamente, desinflar las expectativas de la gente y, con ello, su disposición a protestar.

En tal sentido, hoy es evidente que tenemos dos tipos de protesta: las rutinarias de todos los días, las cuales se caracterizan por niveles muy altos de violencia y represión y con cada vez menor participación, y las masivas que solo se logran cuando se convoca de manera unitaria e inteligente, buscando los espacios, días y horas en donde puede haber mayor participación. En estas protestas la participación es mucho mayor, en primer lugar porque en su diseño se busca facilitar las condiciones para que la mayoría asista, pero también porque se genera la expectativa de que mucha gente irá y la sensación de que los riesgos serán menores y el impacto mayor.

La protesta rutinaria y confrontacional tiende a ser cada día menor, aunque algunos se empeñen en no verlo, porque la violencia, independientemente del lado que venga, eleva las barreras físicas, morales y psicológicas a la participación, pero además le hace un daño enorme a la protesta en general porque ayuda al gobierno a justificar la represión, lo que afecta la participación al generar expectativas negativas en la gente sobre los riesgos y la utilidad de la protesta para generara un cambio político. Solo la protesta masiva, con altos niveles de participación, que estudiosos del tema como Erica Chenoweth calculan entre tres y cinco por ciento de la población nacional, son los que logran tener impacto político.

Entonces, ¿cuáles deben ser los objetivos de la protesta? El objetivo general o propósito de la protesta en un proceso de democratización como el que se trata de impulsar en Venezuela es el de impedir que un gobierno pueda imponer su voluntad a un pueblo por la fuerza, y para ello es vital que la protesta, lejos de facilitar y dar elementos al gobierno para justificar la represión, haciéndola más riesgosa y costosa para los protestantes y afectando sus niveles de participación, haga difícil y costosa la represión ejercida por el gobierno. Por ejemplo, aquellas protestas cuyo recorrido o destino final no son realistas y plantean desafíos geográficos que son garantía de confrontación, reducen su participación y hacen predecible, en consecuencia, más bajas entre los que protestan, lo que lejos de leerse como un triunfo, se entiende como costos, pérdidas y derrotas que ya hoy se han convertido parte de una rutina que, lejos de alimentar las expectativas positivas, las destruye.

Las protestas no son campañas bélicas destinadas a conquistar territorios, sino campañas civiles destinadas a visibilizar la voluntad de la gente y presionar por decisiones favorables. En tal sentido, entre los objetivos específicos de la protesta está el lograr cambios en los pilares que sostienen al régimen, recordando siempre que el régimen y las pseudo-instituciones que lo sostienen no son estructuras monolíticas, sino sistemas formados por seres humanos, muchos de ellos críticos o con dudas sobre la manera en que se están manejando las cosas y su sustentabilidad y, por lo tanto, no siempre incondicionales en su apoyo. Es entonces necesario que la protesta se oriente, principalmente, hacia el objetivo de modificar el comportamiento de estos pilares del régimen, tal como sucedió en el caso de la Fiscalía General de la República. Esto no se logrará escalando las agresiones de manera tal que les estemos diciendo que su única salvación es sostener al régimen.

¿Debe entonces toda protesta ser masiva? No necesariamente. La protesta con mayor impacto es la que logra altos niveles de participación, pero ello no es posible lograrlo todos los días y existen otras acciones que permiten lograr otros objetivos e incluso alimentan las expectativas y fortalecen la convocatoria a las protestas masivas. En tal sentido, mientras las protestas que escalan en violencia reducen los niveles de participación en futuras, las protestas no-violentas ejecutadas por pequeños grupos, pero adecuadamente comunicadas, pueden tener un valor simbólico muy importante y fortalecen las expectativas de la gente para participar en otras cuya convocatoria busque altos nivelad de participación. Es así como los teatros de calle, en los que se usaba el humor para educar a la gente sobre las acciones y pretensiones ilegitimas de sus gobernantes, fueron muy importantes en los procesos de democratización de Europa del Este; las actuaciones operísticas de jóvenes cantando a la libertad, como las que vimos en recientes días en el Centro Comercial Sambil, que motivan y alimentan el espíritu de lucha, forman parte de un repertorio que puede ser tan amplio como la imaginación.

Y ¿qué hacemos con los “escuderos”? Existen, de acuerdo a lo que hemos podido identificar, cuatro tipos de escuderos: los infiltrados, los mercenarios, los ingenuos y los defensores. Los infiltrados son en algunos casos agentes de inteligencia de cuerpos policiales y militares, y en otros mercenarios, colocados por el gobierno en la vanguardia de las protestas para que sean ellos quienes marquen la dinámica de las protestas opositoras, generando los primeros actos de violencia, muchas veces antes de que la misma policía o la Guardia actúen, para justificar la represión. Estos infiltrados normalmente desaparecen inmediatamente después de que le represión comienza. Si Usted toma la iniciativa de colocarse con suficiente antelación y discretamente a poca distancia de los piquetes de la policía y la guardia, verá a algunos de estos infiltrados con sus escudos y en ropa de protesta, compartiendo con la policía y la Guardia. Los infiltrados, obviamente, deben ser identificados y execrados de las protestas de la oposición, sin agresiones que puedan revertirse en contra de quienes protestan legítimamente.

Los mercenarios son aquellos que actúan en las protestas buscando un beneficio económico propio, algunos de ellos levantando dinero en medio de las protestas, otros siendo financiados por personas bien intencionadas que pretenden ayudar, y otros por agentes de inteligencia del Estado que los usan, consciente o inconscientemente, para escalar la violencia de la misma forma en que lo hacen con los infiltrados. El problema con el mercenario es que es un individuo poco confiable en el sentido de que sus motivaciones poco o nada tienen que ver con los valores que defendemos, y de la misma forma que hoy actúa a favor de un lado a cambio de un pago, mañana podría estar actuando desde el lado contrario por las mismas razones. Con los mercenarios aplica la conversión a una lucha por principios, lo que no siempre es posible, o su execración de la protesta, en la misma forma que se recomienda con los infiltrados. Pero en este caso, toca también cortar las fuentes de financiamiento de estos grupos, lo que implica no cooperar con la contribución pequeña. Y si Usted conoce a alguien que haga contribuciones mayores, por favor hágale saber el efecto contraproducente que su contribución está teniendo a la causa.

Con la denominación de ingenuos me refiero a una categoría, la más importante quizás no porque son la mayoría sino por ser los más activos en la calle y en las redes, que tienen los mismos valores que la mayoría de nosotros, pero poca o ninguna comprensión sobre cómo funciona la protesta y lo que debe o no hacerse. Estos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, están convencidos de que pueden ganar esta guerra por métodos convencionales, o sea enfrentando la fuerza pública con la fuerza de sus escudos, chinas, molotov o puputov, y pueden ganar. Los ingenuos actúan con buena intención, pero sin conciencia del enrome daño que terminan haciéndole al movimiento democrático, al contribuir con sus propias acciones al mismo objetivo de escalar la violencia y reducir la participación en las protestas, que es lo mismo que busca el gobierno a través de sus infiltrados. Si la protesta quiere ser vista desde al ángulo confrontacional, como una guerra, que es como muchos insisten en verla, entonces lo primero que debe entenderse es que no se trata de una guerra convencional en la que gana quien sea capaz de ejercer más poder letal sobre el otro, sino de una guerra asimétrica, lo que implica el uso de estrategias y armas distintas a las del adversario. La resistencia civil no violenta tiene como principio, justamente, el de elevar los costos de la represión hasta neutralizar el uso de la violencia de parte del Estado. Este grupo, tan numeroso como valioso y valiente, debe ser convencido del valor de cambiar sus tácticas de lucha por los principios de la resistencia civil no violenta.

Finalmente, tenemos a lo que he llamado los defensores que, aunque comparten los valores de la mayoría de quienes estamos en esta lucha y son más realistas que los ingenuos en sus expectativas sobre la confrontación, al asumirlo no con el objetivo de derrotar al adversario sino de defenderse, es necesario comprender, aunque reconozco que es más fácil decirlo que hacerlo, que el ejercicio de la violencia en el caso de la legítima defensa, lejos de lograr los resultados que buscamos, logrará el efecto opuesto. Como decíamos en nuestro último artículo, si confrontar exige valor, mucho más valor exige el resistir sin confrontar, y es justamente este tipo de respuesta asimétrica la que hace la represión injustificable y eleva al máximo los costos para el gobierno y para órganos represores como la policía y las fuerzas armadas. Es justamente la conducta de resistencia no violenta la que le generará al régimen y a las fuerzas armadas los mayores problemas para reprimir.

Hacer sostenible la protesta implicará, entre otras cosas, erradicar de manera urgente la violencia, para ello es necesario cambiar el comportamiento de la vanguardia de las marchas, que debe ser ocupada por un liderazgo político y social, sin capuchas ni morrales con piedras, chinas, molotov o puputov que evidencian intenciones y disposición a la violencia, y que sea capaz de asumir con una actitud ejemplar y de modelaje el giro de la protesta hacia dinámicas que han probado su eficacia en entornos aún más represivos y violentos que el nuestro. Hacer sostenible la protesta implica cambiar la forma y el mensaje de nuestros escudos, como se hizo en Hong Kong con las sombrillas, o quizás prescindir de ellos como hicieron María José, esa valiente mujer que se paró frente a la banqueta de la Guardia Nacional, o Hans Wuerich, ese joven estudiante de la UCV que enfrentó desnudo los disparos de sus opresores. Hacer sostenible la protesta implica que no destruyamos nuestros propios espacios y agredamos a nuestros propios vecinos, lo cual lejos de afectar al gobierno nos afecta a nosotros y resulta tan irracional como sería destruir nuestro propio país en una guerra para “ganarle” al adversario. Hacer sostenible la protesta implica no convertirla en campo de oportunidades para los mercenarios sin escrúpulos, así como dejar de aplaudir y convertir en héroes a infiltrados o a ignorantes bien intencionados.

Evidentemente, comprender la complejidad de la resistencia civil no violenta leyendo unas pocas cuartillas no es fácil, pero existen unos cuantos sitios serios en Internet que contienen cursos para todo público y material muy amplio que contribuye a una comprensión más realista y menos dogmática y prejuiciada sobre este tema.

Director

Centro de Estudios Políticos

Universidad Católica Andrés Bello

https://politikaucab.net/2017/06/02/poniendo-los-puntos-sobre-las-ies-de-la-protesta/

En la segunda mitad de la década de los años 60, se presentó al Estadio Nacional ¨Brígido Iriarte un joven cumanés cargado de ilusiones y esperanzas. Su objetivo era transformarse en un atleta destacado que le permitiera representar a su país en competencias internacionales.

Así comenzó Nelson Augusto Rodríguez Freites su transitar por el mundo deportivo. Para ese entonces, su contextura física era de extremada delgadez y cada vez que participaba en su distancia preferida los 400 metros planos, sus compañeros del equipo ¨UNION¨ al verlo correr expresaban que parecía a un ¨fosforito¨ ya que solo destacaba en la pista, su cuerpo delgado y su cabeza. Ese apodo vino a ser su segundo nombre (¿o quizás el primero?) para el resto de su vida. Posteriormente, la manera como discutía para defender sus ideas o rebelarse contra las injusticias, consolidó por siempre el nombre de ¨FOSFORITO¨.

El atletismo fue el alma de su vida, a él, se entregó por completo. Su experiencia como atleta los llevo a inscribirse en el Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) de donde egresó en 1970 con el título de Entrenador de Atletismo que siempre exhibió con profundo orgullo.

Durante sus estudios propició la fundación del Centro de Estudiantes de la ENED siendo él su primer presidente.

Los acontecimientos mundiales conocidos como: El Mayo Francés, la protesta del Black Power en los Juegos Olímpicos de México y el boicot de los países africanos contra el APARTHEID en Sudáfrica, motivaron en él la necesidad de prepararse cada vez más para así tener una visión integral del acontecer deportivo nacional e internacional.

Por estas razones no vaciló ni un instante en acompañar a Carlos Sánchez en el movimiento de re-estructuración del Colegio de Entrenadores, para desde allí, impulsar las luchas reivindicativas por condiciones laborales más justas y la inserción de los técnicos en la estructura deportiva venezolana.

De todos es conocido que el episodio más significativo que marcó para siempre el papel de los entrenadores en el deporte, fue la huelga de mayo en 1975, hito histórico en las luchas gremiales del mundo entero y en ella Nelson fue uno de los coordinadores principales de esa gesta.

En los años sucesivos, participó plenamente en el proceso de democratización de las federaciones deportivas, luchando en el frente jurídico para lograr el derecho pleno de los entrenadores a ser dirigentes deportivos. Lucha que alcanzó su máximo nivel cuando en 1980, es electo como miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Venezolano y de la Federación Venezolana de Atletismo. En ambos organismos, defendió su visión estratégica de “Un deporte mejor en una sociedad mejor”.

Ese andar permanente por los distintos caminos del deporte, lo llevo a ser miembro del Consejo Nacional del Deporte, de la Comisión Permanente para la Reforma de Estado (COPRE). También representó a Venezuela en la Cumbre de los Países No Alineados y Altos Dirigentes del Área Deportiva celebrada en la Habana, donde defendió magistralmente los valores de Democracia y Libertad como fundamentos del desarrollo deportivo de un país.

Formó parte de la Comisión Presidencial para el estudio de factibilidad del Instituto Universitario del Deporte y ocupó el cargo de Asesor Permanente de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la República para la promulgación de la Ley del Deporte de 1995.

Además, se desempeñó como docente en el área de Organización y Legislación Deportiva en la ENED y en los estudios de post grado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL Maracay) y la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

Asumió la representación laboral en el directorio del IND y la presidencia de la Caja de Ahorros del IND (CAPINDE).

Asistido por los abogados Getulio Romero y Fabián Chacón, introdujo en la Corte Suprema de Justicia un recurso en el que solicitaba que el Bono Compensatorio formara parte del salario de los trabajadores, la Corte, en una histórica decisión falló a su favor.

Así mismo, fue el primer dirigente en introducir un Recurso de Amparo ante los tribunales de la república para proteger los derechos de los atletas.

Como Presidente del Colegio de Entrenadores Deportivos de Venezuela (CEDV) llevó sobre sus hombros lo concerniente al proceso de descentralización y reestructuración del IND. Junto al ingeniero de PDVSA, presidente del IND para ese entonces, Luis Cedeño Bond, logró establecer las Normas y Procedimientos que regularían todo lo concerniente a la descentralización institucional.

En su búsqueda de nuevos horizontes, impulsó el Programa Nacional de Mejoramiento Profesional, cuyo objetivo fundamental fue elevar el nivel académico de los entrenadores para que prosiguieran sus estudios a nivel universitario. Marcó el camino a seguir con su ejemplar conducta de dedicación y esfuerzo permanente al obtener el título de abogado de la república. Decenas de sus compañeros le secundaron y hoy son profesionales universitarios en diferentes áreas.

A nivel internacional, se hizo presente en un sin número de congresos deportivos o científicos. Además fue designado Vice-presidente de la Confederación Suramericana de Atletismo y representó a nuestro país en diferentes ediciones de los juegos olímpicos, panamericanos, centroamericanos, suramericanos, bolivarianos y campeonatos mundiales de atletismo.

A siete años de su partida, su ejemplo como atleta, entrenador, dirigente, docente, abogado, amigo, esposo y padre de familia está por siempre grabado en los corazones y pensamientos de los que como él luchan por “Un deporte mejor en una sociedad mejor”.

Huérfana de carnes, la sombra de un sujeto deambula por el mapa. La acosan fantasmas y duendes burlones que han sido enmascarados por robustas legiones de zombies, enhorquetados en bestias de metal y gasolina de muy peligroso octanaje.

Ese alguien –el sujeto en cuestión, si es que se le puede cuestionar algo- piensa en el presente, pero también resume el pasado y proyecta un futuro que ve quebrantado en los ojos de sus interlocutores. Y reflexiona, intuye que vive en un país sobre un cuero seco que se levanta por todos lados y no logra desvanecer la angustia.

El estómago del hombre reniega de su vacío. Habla y comenta sus entrañas, tan dolidas de ese algo que entra por la boca y calma el hambre. El país, desnutrido, es un esqueleto que a pesar de sus pulidos huesos sigue siendo manjar para la jauría.

El poder sobre el hambre. El poder sobre la sangre de los huesudos que colman las calles y se desvanecen en sus casas mientras las lágrimas humedecen las urnas que, de noche rellenan los recuerdos, esperan por el sepulcro o la incineración de sus contenidos.

La muerte es un alivio para muchos. La muerte es la salvación para los enfermos. La muerte es el viaje prematuro, el ansiado de los achacosos que ya no pueden con sus piernas mientras sus costillas semejan la jaula detrás de las cuales mueren sus órganos ¿vitales?

Para los lectores esto parecerá una grosería. La realidad es peor que las pesadillas. La realidad es una llaga purulenta. Una punzada en el píloro, una mordida en el duodeno. Una masticada en la anatomía del hambre.

El país muestra su esqueleto. Un país enfermo. Asediado por la necesidad urgente de llevarse el pan a la boca, por alejarse del odio concebido como nomenclatura del poder, sale a la calle, enfrenta a quienes protegen a ese poder enclaustrado en sus miedos. Porque el poder tiene miedo. El poder se vale del pesimismo del contrario para minimizarlo. Matarlo de hambre, de sed, de miedo, de acosos, de encierros.

El hambre viaja en el caos. Esa concepción de la “revolución” ha resultado en patios como el cubano, como el coreano del Norte, como en la poquedad venezolana, hasta ahora. Y mientras el hambre rasguña la conciencia, el poder representado por la estupidez y la brutalidad, se harta, viaja, viste bien y hasta baila sobre los llamados símbolos patrios, que no son más que otra engañifa.

El excesivo número de héroes salvadores nos ha hundido en la épica de la idiotez. Los de la Independencia, los venidos luego en las tantas malacrianzas y desabridas batallitas de reyezuelos y tiranos. Los héroes de cartón de la guerra federal, quienes acabaron con el país de la época. Los refundadores de ensueños. Los beneméritos. Los liberales y conservadores. Los del ideal nacional. Los héroes del monte y de la ciudad. Los héroes de estatuas de bronce y de barro. Los héroes escondidos. Los héroes de la muerte. Los héroes del hambre.

Los héroes de la tierra arrasada.

Venezuela muestra su lado negro, su lado oscuro. Su costal de muerte en la desnutrición de sus hijos. Desnutrición que se traduce en el cuerpo raquítico, no sólo de los niños sino de jóvenes y adultos mayores. Y la paradoja: los dementes de la calle, que saben pedir, muestran un cuerpo robusto, “papeado”, como los de otros ámbitos donde la demencia criminal se hace de las riquezas de una nación que hoy muere de inanición y de ganas de ser libre de la estupidez ideológica.

Hoy, la palabra patria duele en la boca. Pero más duele por la pérdida de su significado. La palabra patria está tan devaluada como la moneda. Y por eso duele, porque ya no está en nuestros pensamientos y nuestros bolsillos, en ese respectivamente que nos toca.

Queda entonces la muerte como figurín en la cara picada de soldados y oficiales, quienes son capaces de decir que no creen en los derechos humanos. Quienes abultan más el vientre para afirmar que quien los rechaza se viste y calza con los colores de la GNB para matar a sus compañeros.

¿Qué pasó aquí? ¿Qué animal mitológico mordió a estos sujetos desnutridos de cerebro para convertir a un país en un erial, en un desierto, en una maldición? ¿Qué pasó para que muchos sean tan negativos y dejar pasar la historia a su lado como un quelonio dialéctico? ¿Eso se entiende? La figura literaria bien vale un trago de cicuta.

Hambre de todo. El hambre como ideología. Si Mao Zedong acabó con más 100 millones de vidas, así como Stalin y Hitler hicieron lo propio en menos proporciones, pero igualmente escandalosas, ¿qué queda decir de una gente que busca que el país sea conducidos por criminales motorizados, apoyados por uniformados que juraron defender a sus compatriotas? ¿En qué cabeza cabe que maten de hambre a un país? ¿En qué pecho cabe que extranjeros sean quienes elaboren las políticas, todas, tanto las represivas como las alimenticias?

El país desnutrido. El país fundido, pero capaz todavía que quitarse de encima a los batracios que la han sumido en la tristeza y enfermedades de todo tipo.

Ya habrá tiempo para el ácido fólico, para las vitaminas, para recoger los cuerpos vencidos y enterrarlos, así como ya estamos en el tiempo para derrotar a quienes nos matan a diario.

No hace falta ser abogado o versado en leyes para entender, a diferencia de políticos togados, que un nuevo pacto social que toma cuerpo en una constitución solo puede ser la expresión de la manifiesta voluntad popular que, en un denominado momento, acuerda convocar a un proceso Constituyente.

Solo en un acto libérrimo y trascendente el pueblo “puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución” (artículo 347). Otra cosa es la iniciativa para ello, que no puede confundirse con la convocatoria que, lógicamente, exige un referéndum como forma de expresión y consulta, por el voto universal, directo y secreto del pueblo, a los fines de que se lleve a cabo el llamado y se pronuncie sobre las bases que regirán la asamblea.

La fiscal general de la República, precisamente, asumiendo a plenitud sus funciones y como guardián de la legalidad, ante la nueva decisión de la inefable Sala Constitucional que avala la arbitrariedad de una convocatoria que usurpa las funciones del pueblo y desconoce su condición de depositario del poder constituyente originario, ha planteado ante la propia sala la exigencia de aclarar la necesidad de la consulta popular, vía referéndum, precedente de 1999, en línea de progresión y reivindicación de la democracia participativa y protagónica, lo que ha sido desconocido y exige que sea aclarada una decisión que, a todas luces, se coloca al margen de la carta magna.

Pero el problema no puede quedarse en un planteamiento jurídico, ni mucho menos resolverse en instancias judiciales convertidas en brazo ejecutor de un régimen colocado a espaldas de la ley.

Tenemos que reclamar por nuestros derechos como ciudadanos y además, como es lógico, preguntarnos si una constituyente contribuirá a enfrentar la gravísima crisis que vivimos.

No se puede seguir engañando a la colectividad con las consabidas, desgastadas, inútiles y falaces consignas de la guerra económica, el desacato, el diálogo y, ahora, la poción mágica de una constitución que nos traería unión, progreso, cambio, rectificación y remedio infalible para todos los males que padecemos a diario.

El hambre y la desnutrición de nuestros niños, la carencia de medicamentos, la falta de atención a la salud y la violencia impulsada por la impunidad no se resuelven con una nueva constitución, que pretende imponerse con la fuerza de los hechos, ahora en terreno abonado por la más cruda represión que persigue cercenar el derecho a la protesta ciudadana.

El país entero, incluyendo a quienes son partidarios del gobierno y no quedan cubiertos por el manto del poder que los mantiene alejados de las penurias diarias, demanda un cambio de rumbo pacífico, firme y decidido que nos devuelva el derecho de vivir en paz y en democracia.

Este cambio nada tiene que ver con la nueva consigna repetida hasta la saciedad de una “constituyente”.

El mamotreto que pretende armarse con el aval del CNE, de la Sala Constitucional y del tren oficialista es la más burda maniobra contra la Constitución y consuma la ruptura del orden republicano, mediante la “constitucionalización” del plan de la patria ya vigente mediante decretos-leyes y espurias sentencias que han subvertido los principios fundamentales de un Estado de Derecho y de Justicia.

La propuesta ilegítima debe ser rechazada por el pueblo, al que le ha sido arrebatado el poder exclusivo de convocar una asamblea nacional constituyente, expresión de su incuestionable soberanía, según mandato del texto constitucional que estamos obligados a respetar y a preservar en su efectiva vigencia.

aas@arteagasanchez.com

La regresión en la garantía de derechos civiles y humanos, la diferencia entre la iniciativa y la convocatoria, el desconocimiento al poder originario del soberano, la vuelta a una democracia representativa y el olvido de la consagración constitucional del modelo participativo y protagónico. Estos son los incumplimientos jurídicos que contempla la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del presidente Nicolás Maduro en los que coinciden la actual fiscal general, Luisa Ortega Díaz y, quien fuese el fiscal general entre 1999 y 2000, Javier Elechiguerra.

El abogado y profesor universitario, quien fuese el primero en ocupar el cargo frente al ministerio público con la actual estructura democrática que establece la Constitución Nacional, entonces aun en discusión, defiende la posición crítica de Ortega Díaz y la llama a dar el siguiente paso en su denuncia contra las actuaciones del Tribunal Supremo de Justica: un antejuicio de mérito.

“Creo que la fiscal general está obligada a explicarle al país si efectivamente la sentencia 155 y, sobretodo, la 156 establecieron una ruptura del orden constitucional, porque eso es un delito establecido en el código penal como conspiración”.

Elechiguerra establece serias críticas al poder judicial, al que califica como “el brazo ejecutor del Gobierno”, considera que la justicia internacional podría tomar el lugar de “arbitro imparcial” que el TSJ ha dejado de lado y compara el destino de Nicolás Maduro con los dictadores como Augusto Pinochet y Benito Mussolini.

“El mundo está globalizado, nos guste o no, y hoy en día no se puede pensar como antes, que si tú ocupas el Gobierno de un país, puedes hacer lo que te da la gana porque dominas los tribunales de tu país, los represores podrían estar sentándose en el futuro banquillo de los acusados”, sentencia.

“Lo único que le queda al ciudadano es rebelarse, es un mandato de la Constitución”

¿Qué implicaciones tiene la más reciente sentencia de la Sala Constitucional del TSJ mediante la cual se decide que no es necesario un refrendo convocatorio para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, “porque la soberanía popular reside indirectamente en el Presidente de la República”?

– La decisión nº 378 más que sorprendente, que lo es, es groseramente inconstitucional, yo la calificaría como inconstitucionalmente impúdica, porque es grosera, porque desconoce absolutamente la voluntad del Constituyente y porque es tratar de torcer, a través de una interpretación maliciosa, el sentido de las palabras que da la Constitución en esta materia. En la sentencia, los magistrados se cuidan mucho de decir que la soberanía reside en el pueblo y olvidan que según el artículo 5 la soberanía popular sí reside en el pueblo y “es intransferible”. No quiero pensar que los magistrados que firmaron en la sentencia desconocen lo que se llama intransferiblemente. Eso quiere decir que no se puede pasar, que no se puede ejercer sino directamente. Y precisamente en el diario de debate de la Constituyente del 99, cuando se discutía este artículo y cuando se hablaba de la representatividad, que se decía que se pasaba de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica, encontramos que ese día intervino una gran cantidad de gente y todos coincidían que el gran paso que se estaba dando era que esa democracia sería directa a la voluntad del pueblo.

Ese día hablaron Elías Jaua, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y muchos otros que en aquel momento reivindicaron lo que significaba el voto directo. Esto lo señalo porque, después de eso, ahora viene el TSJ a decir que, a pesar de la soberanía reside en el pueblo, eso no significa que no puede ser ejercida indirectamente a través del presidente. Y eso realmente es un galimatías que no tiene ningún sentido, la sala va hacia delante y hacia atrás y termina citando una tesis de Dussel, donde Dussel dice que la democracia representativa y la participativa no son excluyentes, que se complementan. Esta Sala Constitucional ha sido tan grosera en la interpretación de la Constitución que pretende negarle al pueblo un derecho que la anterior Corte Suprema de Justicia sí le otorgó.

Luego pasan a explicar que el presidente puede tener la iniciativa para la convocatoria y, si entendemos de buena fe esta afirmación, eso está diciendo, ni más ni menos, que los magistrados tienen una confusión inexplicable entre lo que es convocatoria y lo que es iniciativa, porque si el 347 dice que es el pueblo el poder originario y que es él que puede convocar, entonces otra cosa es la iniciativa para esa convocatoria. Y si hubiese dudas hay que ver el 348, que menciona entre los que tiene iniciativa el 15 % de los electores, aceptar esto que está diciendo el TSJ en Sala Constitucional equivale a decir que solamente basta el 15 % puede convocar a una Constituyente y eso no es una tesis sostenible.

Así que esta sentencia no es más que corroborar que en Venezuela, en este momento, no hay poder judicial, con la gravedad que significa esa afirmación. Porque un poder judicial implica necesariamente que todas sus decisiones sean autónomas e independientes, y con una decisión de ese tipo uno se pregunta qué pasa.

Pero es que ya tenemos los antecedentes de las decisiones de155, 156 y 157, es decir, el poder judicial venezolano, concretamente la sala Constitucional se postró de rodillas ante el poder ejecutivo cuando en un lapso de nueve horas ilegalmente modificó la decisión en la cual ellos pretendían suplantar la voluntad del pueblo expresada a través de la Asamblea Nacional. Y es bueno recordar que esos magistrados fueron señalados por la fiscal general como las personas que rompieron el orden constitucional y atentaron contra la forma republicana, así que tienen encima ese peso ético. Pero es que también, según la ONG Acceso a la Justicia, el tiempo promedio de respuesta del TSJ a las solicitudes formuladas por los funcionarios oficialistas es de nueve días, mientras que si la solicitud la realiza un ciudadano es de 1.179 días. Si alguien le quedaba una duda, esa duda queda despejada de que el TSJ no es más que un brazo ejecutor del poder ejecutivo.

DERECHO A LA REBELIÓN

Elechiguerra asegura que en Venezuela no hay poder judicial independiente. “La Sala Constitucional se postró de rodillas ante el poder ejecutivo”

¿A dónde recurrir ante semejantes decisiones, violatorias de la Constitución vigente?

– Nuestro profesor de derecho, Jesús María Casal Montbrun, nos enseñó lo que era el artículo 250 de la Constitución del 61, que es ahora exactamente el artículo 333, que establece el derecho a la rebelión. Para evitar que la Constitución pierda vigencia lo único que le queda al ciudadano es rebelarse. Es un mandato de la Constitución que va a dirigido a todos los ciudadanos, sean o no funcionarios, de tal manera que el pueblo tiene todo el derecho de rebelarse ante una situación como esta en la que la sentencia del TSJ deroga de hecho la Constitución, y no solo ahora sino desde hace mucho tiempo porque ha sido la conducta reiterada del TSJ.

¿Y cómo se puede materializar esa rebelión que consagran los artículos 333 y 350 constitucional?

– Cualquier funcionario puede perfectamente negarse a cumplir órdenes por otros funcionarios que están incumpliendo la Constitución, eso no es ilegal, ni es ningún golpe de Estado. El golpe de Estado lo ha dado el TSJ a través de su Sala Constitucional que ha hecho lo que se podía y no se podía hacer para intentar cercar a todos los poderes que no están acorde con todo lo que impone el ejecutivo. Esto nos lleva a lo siguiente, un Estado democrático debe cumplir con dos requisitos la legitimidad de origen, que son elecciones limpias e imparciales, y la legitimidad de desempeño, una vez electo tiene que cumplir con unas normas que son la Constitución y los pactos internacionales suscritos por la República. Eso lleva a decir que la división de poderes se debe respetar, que los derechos humanos deben ser cumplidos y que no puede ser autoritario en el ejercicio del poder.

¿La conflictividad política del país en los últimos meses demuestra que ese desempeño legítimo no se cumple?

– Sí, por ejemplo, el Estado venezolano actual es responsable de la violencia que hay en el país, y no solo la violencia producto de estos actos que están ocurriendo sino la violencia reiterada, porque el único que tiene la exclusividad de la represión es el Estado, a través de la policía y los tribunales, entonces, si es el único que lo tiene y hay demasiados homicidios ese es el fracaso de quien gobierna. A mí me da tristeza cuando veo a un ministro de defensa, o de interior, justica y paz, explicándole al país cómo fue que ocurrieron las muertes, no se trata de eso, ellos no son ministros para eso sino para evitar que suceda, pero vemos diariamente que eso no ocurre, entonces esas son las confesiones del fracaso de una clase dirigente de evitar la violencia. Venezuela tiene los índices de delincuencia común más altos en América Latina y a eso se le incorpora esta violencia política que estamos viendo, que la fiscal ya dijo que está justificada porque el origen es el estado, las instituciones, y los ciudadanos lo que hacen es defenderse. La violencia debe ser condenada en su totalidad pero hoy nace de la fuerza represiva y está la prueba de que cuando no hay represión no hay violencia.

¿La fiscal general de la República, como garante de la Constitución, está en capacidad de denunciar todas esas rupturas del orden constitucional por parte de la Sala Constitucional con las sentencias 115, 156 y 378?

– Yo creo que tiene la obligación. Creo que la fiscal general está obligada a explicarle al país si efectivamente la sentencia 155 y sobretodo la 156 establecieron una ruptura del orden constitucional porque eso es un delito establecido en el código penal como conspiración. Y cuando la fiscal sabe de la comisión de un delito está obligada a solicitar el antejuicio de mérito, que es un permiso para enjuiciar porque se trata de unos magistrados.

Yo creo que en cualquier momento la fiscal general solicitará el antejuicio ante la Sala Plena del TSJ, contra los siete magistrados que firmaron esas sentencias. Y, además de esa decisión, al intentar la acción solicitará la recusación de los siete magistrados, porque ellos forman parte de la sala plena y no me quiero imaginar a unos magistrados enjuiciándose a ellos mismos. Por otra parte, como miembro del Consejo Moral Republicano está obligada a solicitar a los otros dos miembros, al defensor del pueblo y al contralor, la calificación de falta grave para activar el procedimiento administrativo y llevarlos a la Asamblea para que, de conformidad con la Constitución, se sustituya a esos funcionarios.

Si la justicia venezolana no responde, el sistema penal internacional podría actuar contra el presidente Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional y los militares que con sus acciones violan los derechos humanos del pueblo venezolano

¿Cómo operaría un proceso de esa naturaleza si se sabe de antemano que existe un control político de ese tribunal por parte del Ejecutivo?

– Ahí también entran los mecanismos internacionales a pesar del hecho de que Venezuela se haya retirado de la OEA y haya abandonado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay una norma en la Constitución, en el artículo 19, que garantiza el principio de progresividad, yo comparo ese principio con un carro sin retroceso, de manera que una vez que se logra un avance no se puede regresar. Y precisamente esta Constitución debe su nacimiento a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se consagraba el derecho político a elegir. De tal manera que te queda abierta esa posibilidad y, reitero, queda activado el artículo 333 porque todo ciudadano tiene el deber de que esa Constitución esté vigente.

“VENEZUELA NO ES UN ESTADO CORPORATIVO”

¿Qué opina de las bases comiciales impuestas por el jefe de Estado para la convocatoria de la Asamblea Constituyente? ¿Es justo que a determinados sectores sociales controlados por el Gobierno tengan una representación determinante en la Constituyente?

– Se usa la ANC desde los municipios para poder lograr un determinado número de Constituyentes y a su vez para querer sembrar el estado comunal, que ya fue negado por el pueblo en la reforma del presidente Chávez. Si hacemos un examen de esto tenemos que, según la Constitución, Venezuela es un Estado federal, eso significa un gran pacto que hicieron los distintos estados que conforman la República. Cuando se intenta montar una ANC municipalizándola, te estas saltando el estado Federal porque se le quita importancia a los estados y se le da a los municipios, desde el punto de vista técnico jurídico. Pero además divides al elector y creas una diferencia con los sectores ¿por qué son ocho? ¿Por qué no pueden ser más? de hecho, el sector seguridad está pidiendo formar parte.

El sectorializar una elección nos obliga a tocar el antecedente de lo que hizo Mussolini, y que molesta tanto al presidente, por la década de 1930 cuando dividió a la sociedad italiana. Y esa es la mejor manera de hablar de un corporativismo y Venezuela no es un Estado corporativo, sino que el presidente lo diga, pero que primero convoque una ANC como debe ser y que sea una persona, un voto, y, si se lee el Registro Electoral Permanente con 16 millones de personas, deban ser 16 millones de votos. No hacer eso es violar la Constitución, violarla por dos frentes.

¿Entonces qué vendría a ser la ANC propuesta?

– Primero, los argumentos que ha manejado el presidente de la República y el presidente de esa nueva Comisión presidencial, Elías Jaua, han determinado cuidadosamente que no se trata de renegar y cambiar la Constitución del 1999, pero, si no se trata de eso, basta para que no haya Constituyente, lo que quieren será otra cosa. Pero es que también han dicho que la ANC es para remozar un poco algunos aspectos de la Constitución, después han dicho que es expresamente para reformarla y también han declarado que es realmente para que los funcionarios públicos que se salieron del carril entren por ella, tipo fiscal general y tipo Asamblea Nacional, y esa es la confesión abierta que esto se trata de una manipulación. Lo último que han dicho es que la oposición no quiere diálogo porque no se inscriben en la constituyente, pero es que la ANC no es una mesa de diálogo. La Constitución dice claramente que es para refundar la república y si se quiere hacer eso es porque esta República que tiene no sirve.

JUICIOS INTERNACIONALES

El Gobierno ha usado tribunales militares para enjuiciar a civiles que manifiestan ¿se usa esta práctica para frenar la intervención de la fiscalía en favor de los manifestantes?

– Si faltaba algo tenemos los tribunales militares y es bueno recordarles a todos esos militares que están haciendo juicios contra los civiles que están cometiendo delitos contra los derechos humanos que son imprescriptibles. Yo siempre recuerdo en estos casos a Pinochet ¿quién podía pensar que Pinochet podía ser enjuiciado cuando estaba en la cúspide del poder y cometiendo todas las tropelías y asesinatos que cometió su régimen? Y, sin embargo, Pinochet fue enjuiciado por la justicia internacional.

De tal manera, que les decimos a los jueces militares y policiales que con su actuación no están haciendo más que colocándose en el futuro banquillo de los acusados. Tarde o temprano los va a alcanzar el brazo de la justicia, porque el mundo está globalizado, nos guste o no, y hoy en día no se puede pensar como antes que si tú ocupas el gobierno de un país, puedes hacer lo que te da la gana porque dominas los tribunales de tu país.

¿Se puede repetir esa detención ocurrida contra el dictador Augusto Pincochet en Londres, dadas las denuncias en contra de Nicolás Maduro en varios tribunales del exterior?

– Claro, y contra todas las personas que violan los derechos: el defensor del pueblo que tiene un deber que cumplir, el poder judicial que no ha sido capaz de ponerle orden a las cosas, el CNE que ha cerrado la vía electoral, porque solo sirve para impedir elecciones y ahora vemos una sospechosa celeridad y resulta que la deuda originaria que era la elección de gobernadores no se dijo nada hasta que no apareció el presidente.

¿Cómo evalúa la actuación de la fiscalía tras estos 60 días de protestas y conflictividad política?

– Cualquier funcionario cuando lo nombran en el cargo se juramenta para cumplir con la Constitución y con la ley, a partir de ese momento, se tiene esa responsabilidad y se debe honrar ese juramento, cada funcionario verá cómo lo ha cumplido y si lo ha hecho. Pero en este momento la fiscal está cumpliendo con su deber, primero porque fue valiente al denunciar la ruptura de ese orden constitucional y sobre todo dijo además que la violencia de la calle era respondiendo a la violencia que nace del estado.

Y últimamente cuando uno ve como la acusan de traidora, vamos a ser claros, pareciera que si tú me preguntasen qué significa hoy que a una persona la acusen de todo eso, es que está cumpliendo con su deber. Pero resulta que la Constitución se caracteriza porque los cinco poderes deben ser autónomos e independientes, pero aquí cuando un poder se vuelve independiente se vuelve incómodo, y eso es la negación de la democracia.

¿Estos casos que ha denunciado la fiscalía, como el uso de los tribunales militares, la violencia con que ha actuado la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los llamados “colectivos” contra los manifestantes, podrían ser tema para la justicia penal internacional, concretamente de la Corte Penal Internacional de La Haya?

– Sí, porque si hay algo que es aceptado pacíficamente por todos los tribunales internacionales es que los civiles no podemos ser enjuiciados por los tribunales militares, ni siquiera cometiendo delitos militares. Nuestra Constitución lo dice en el artículo 261, lo que quiere decir que cada vez que esos militares enjuician a un civil están incurriendo en violación a derechos humanos y por lo tanto son candidatos a ser enjuiciados. Pero claro, como ya la fiscalía se volvió incomoda y el ejecutivo no se confía de la fiscalía, tenemos ahora ese panorama.

¿Y cómo debe operar el sistema penal internacional contra los involucrados en delitos de lesa humanidad?

– Cuando se habla de delitos de lesa humanidad es cuando hay una conducta reiterada de violación reiterada contra un grupo y es la Corte Penal Internacional la que tiene un fiscal, se presenta la denuncia y se inicia el procedimiento. Podemos recordar que hasta cierta época gozaban de inmunidad los presidentes de la república pero ya hay antecedentes y siendo incluso presidentes pueden ser enjuiciados por la Corte Penal.

Y en el ámbito interno venezolano, ¿podría la fiscal general proceder, vía antejuicio de mérito, contra el presidente de la República por el caso Odebrecht que está investigando ese despacho?

– Ante cualquier situación que la fiscalía detecte o se le informe en la cual pueda aparecer vinculado cualquier funcionario público, la obligación del fiscal si es un alto funcionario que goza de la protección procesal del antejuicio, es acudir ante los organismos competentes, que en este caso es la Sala Plena del TSJ, solicitando el antejuicio de quien resulte como implicado o que eventualmente pueda parecer responsable de un delito. Esa es la responsabilidad del cargo.

¿Debe el caso Odebrecht tener entonces la celeridad que se le ha dado en otros países de Latinoamérica por el escándalo de corrupción que representa?

– Yo me he enterado que la fiscalía está trabajando el caso y lo dividió, porque Odebrecht está vinculada a muchos expedientes. Me informaban que hay casos en los cuales a una cooperativa le otorgaron millones de dólares y resulta que el dinero que le dieron no aparece. También está el caso de los bolichicos que tienen que ver con la seguridad energética, casos es lo que sobra y la fiscalía tiene que manifestarse en ese sentido porque como titular de la acción penal tiene esa responsabilidad. Esperemos que en un determinado momento se destapen todos esos casos.

EL ANTEJUICIO A MIQUILENA

¿A 18 años del antejuicio de mérito promovido por usted como fiscal general de la República contra el expresidente de la Asamblea Constituyente de 1999, Luis Miquilena, qué valoración retrospectiva hace de ese evento, el único ocurrido en nuestra historia reciente? ¿Eran condiciones tan adversas para la Fiscalía, como las actuales, en cuanto al control de alto tribunal por parte del Ejecutivo?

– En aquel momento cuando yo solicité el antejuicio, que era mi obligación como fiscal general, todo el mundo decía que el fiscal iba a ser incapaz de intentar ese antejuicio porque fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, a mí me juramentó Luis Miquilena, pero yo me juramenté para cumplir con la Constitución y con la ley no para hacerle caso a nadie. En aquel momento hubo cuatro magistrados que salvaron el voto de acuerdo con lo que decía la sala plena, ellos fueron los magistrados José Rafael Tinoco, Jorge Rosell Senhenn, Carlos Escarrá Malavé y Héctor Peña, y esos cuatro magistrados fueron cuatro de los no ratificados, no creo que haya sido casualidad.

En ese entonces se intentó la acción y a mí me acusaron de traidor y vende patria. Retrospectivamente yo creo que se perdió una gran oportunidad de ponerle un freno a todo esto, porque un antejuicio no es más que tocar la puerta a un tribunal para que se permita investigar a un funcionario, y, sin embargo, el comportamiento de aquel TSJ hizo que ese mismo criterio usado con Miquilena les impidiera después condenar el golpe de Estado en el 2002 en Sala Plena. Pero aquellos polvos trajeron estos lodos, y si no se le pone orden pasa lo que estamos viviendo. Venezuela nunca ha tenido un poder judicial autónomo e independiente, y si no se tiene un árbitro imparcial que ante una falta en el área chica no canta penalti, y que ha sido reiterado como pasa aquí, las gradas se molestan y normalmente terminan quemando el estadio. Ojalá y eso no pase, porque si no hay una reflexión profunda en lo que está sucediendo, todos lo vamos a sufrir, aunque los grandes responsables al final intenten irse. Se necesita una gran humildad y pensar en el país, es un momento de reflexión importante.

¿El gobierno está a tiempo de hacer esa reflexión y rectificación?

– Yo creo que siempre se está a tiempo, pero en la medida en que tú abandones esa postura te va a llevar por un camino inexplorado que no se sabe dónde va a llegar. Mientras más te tardes en rectificar los costos van a ser mayores, pero hay un momento también de no retorno y hay que seguir y aterrizar de la peor manera, aunque a veces aterrizas y estrellas el avión. Se debe recoger esa convocatoria a Asamblea Constituyente o, si se quiere cambiar la Constitución, que se haga plenamente con un elector y un voto. Porque tengo la información que esas UBCH se les están rebelando en al menos 11 estados, pudiésemos tener entonces el escenario de que esa ANC una vez instalada se rebele y una vez rebelada no se sabe que pueda pasar.

Es antigua la manía de llamar traidor a cualquiera que no convalide actos inaceptables, como por ejemplo, las violaciones a la constitución, la sustitución de una dirección política de un partido por un grupo cerrado que toma decisiones sin consultar, sin discutir, o lo que es peor, por un jefe político elevado a la condición de dios.
Ese calificativo sirve para escurrir el bulto, eludir el debate sobre el fondo de los asuntos de la política y de la vida. Y sobre todo sirve para que los verdaderos traidores acusen a otros, como el carterista que grita ¡al ladrón, al ladrón! Pero además, pone de relieve la paranoia de quienes, sabiendo que cometen errores, que se saltan las reglas de juego, que desvían el camino de proyectos originales, temen que cada vez crezca el número de individuos que dejan de acompañarlos.
Por estos días de truculenta Constituyente es muy frecuente escuchar nuevamente en boca de dirigentes del oficialismo la palabra traidor. Ante la falta de voluntad pares discutir abierta y ampliamente su enrevesada Iniciativa vuelven a insistir con sustituir argumentos por descalificaciones .Y entonces surge otro calificativo , el de saltador de talanquera . Ese da para un tratado completo .
En lo personal creo que el parámetro perfecto para determinar si alguien ha traicionado o no un proyecto es el documento base que le sirve de sustento . En el caso de Venezuela, tenemos una Carta Magna nacida de un amplio proceso de consultas y debates . Y de paso es la primera en haber sido sometida al veredicto del pueblo, que la aprobó en referendo el 15 de diciembre de 1999.
Esa Constitución de 1999 unifica la inmensa mayoría de las voluntades en Venezuela..Opositores, chavistas, no alineados, independientes, políticos, no políticos, dicen defenderla. Y si vamos a los liderazgos de gobierno y de la Mesa de la Unidad Democrática, ambos dicen actuar en su nombre, apegados a su contenido. Es decir, se trata de una Carta Magna legitimada, luego de que en 2002 el breve gobierno de facto de Pedro Carmona la defenestrara, y en 2007, el propio Hugo Chávez y su partido intentaran modificarla sustancialmente, cosa que fue rechazada en referendo popular .
Ahora de nuevo el liderazgo psuvista, con Nicolás Maduro a la cabeza, quiere cambiar la Constitución. No conforme con venir actuando al margen de ella convocan una Asamblea Nacional Constituyente de espaldas al espíritu de participación protagónica que caracterizó la experiencia de 1999, cuando se realizó un amplio debate nacional sobre la nueva Carta Magna, luego de que se le preguntara al soberano si quería o no una Constituyente y si aceptaba las bases propuestas.
No quieren, o mejor dicho, temen preguntarle al soberano si desean o no una Asamblea Constituyente. Ignoran el principio constitucional del voto universal, directo y secreto, y de paso municipalizan la elección de los candidatos con el propósito de igualar en nùmero de constituyentes a las grandes ciudades del país con pequeñas poblaciones. Por ejemplo, municipios del Estado Amazonas con poblaciones que no pasan de 3 mil habitantes, tendrán igual o más representantes que Caracas, Maracaibo, Valencia o Barqusimeto. Toda una ingeniería destinada a lograr que una fuerza con un porcentaje entre el 20 y el 25 por ciento de apoyo se asegure una amplia mayoría.
Desde el Presidente Maduro hasta voceros medios psuvistas han negado la posibilidad de consultar al soberano. Algunos hasta llegaron a afirmar que no es obligatorio someter a referendo el resultado del trabajo de esa Constituyente pret a porter. Ya en los últimos días, ante la evidencia de que está en marcha la usurpación de una competencia exclusiva del soberano, el propio Jefe de Estado anunció que la Asamblea Constituyente sì someterá a consulta sus decisiones. Pero, vaya detalle, eso aun no aparece en las llamadas bases comiciales. Días antes, había dicho que " la Constituyente puede hacer lo que le dé la gana " ... Y si escuchamos todo lo que ha dicho Diosdado Cabello, el panorama que le espera a los derechos conquistados por nuestro pueblo es sencillamente aterrador. Hasta el amigo Isaías Rodríguez habla de aniquilar a la oposición...
Entonces, volviendo al tema de la traición, si nos remitimos a los hechos, quienes quieren cambiar la Constitución a lo "Juan Charrasqueado" están acusando de traidor a todo aquel que, desde las filas del chavismo,,o desde la disidencia interna, reaccione contra ese despropósito y alce la voz contra la represión y las políticas del gobierno madurista. Aquí cachicamo le está diciendo "conchùo" a quien no lo es. La traición, entonces, está por los lados de quienes ahora le temen al pueblo y pretenden modificar la Constitución apelando a todo tipo de estratagemas para no someterse a su voluntad. Los traidores a la Carta Magna se sienten traicionados por quienes no quieren acompañarlos en su aventura . La Constitución, hoy casi moribunda, es la verdadera talanquera . Ellos son quienes la saltan. Y al colocar la palabra traición en su boca quedan en evidencia, como el cachicamo frente al espejo.

http://www.notiminuto.com/noticia/traidores-traicionados/

El fin del régimen de Maduro está muy cerca y hay algo que hace el hecho mucho más esperanzador; a muy pocos les dolerá, ni mucho menos lo extrañarán.

Este convencimiento no viene acompañado de la misma seguridad en cuanto al que será nuestro porvenir inmediato. Si aprendimos como sociedad que en lo ocurrido no hubo nada fortuito, que nuestros males, y sus causas, comenzaron hace muchos años y sobre todo, que ante ellos fuimos cuando menos indiferentes, tendremos de seguro la oportunidad de sentar las bases para una Venezuela con futuro para todos.

Cuando las cosas cambien, que de seguro van a cambiar, es indispensable recuperar la institucionalidad y la dignidad de las funciones ciudadanas, públicas y privadas. Será ineludible reconocer la deuda inmensa que en cuanto a la educación, salud y seguridad personal se ha venido incrementando para con todos nosotros y especialmente, la impostergable necesidad de recupera el estado de derecho que debe regirnos en el día a día.

Reconvertirnos en un país eficiente en lo productivo es indispensable, pero nunca menos lo será el que también ese país sea mandatoriamente justo en cuanto a las oportunidades reales de desarrollo personal y grupal a las que tengamos acceso los venezolanos.

Lograrlo demanda un esfuerzo de nuestra dirigencia política y el compromiso de todos en torno a la obligación de encontrar juntos formas de convivencia que permitan reconocernos en la diversidad, valorándola como una de nuestras mayores virtudes. Para ello es indispensable oirnos.

De seguro que los que han perdido familiares y amigos, no solo en la protesta, sino también como producto de las estrecheces vitales a las que hemos estado sometidos, no podrán, ni deben, olvidar por lo que hemos pasado. Tenerlos presentes es inevitable y necesario, reclamar justicia y procurarla es una obligación, pero lo que no podemos permitirnos como sociedad es la venganza traducida en la persecución del otro por sus ideas, raza, religión o preferencias de cualquier otro tipo.

Los delincuentes tendrán que afrontar sus fechorías y no somos la gente común los obligados a juzgarlos legalmente; eso sí, ojalá que no vuelvan a repetirse esos vacíos de memoria colectiva que ha permitido en nuestra historia su regreso a la escena pública, inclusive con pretensiones de dictar cátedra. Todos nos conocemos y somos capaces de decidir quiénes merecen nuestra consideración.

Los demócratas reclamamos respeto a los derechos de todos, por lo que sería negarnos nosotros mismos si repetimos conductas que decimos rechazar. Lo que es malo para nosotros es malo para todos y tolerar las diferencias en un ambiente de convivencia es lo que debe signar nuestro comportamiento futuro.

Queremos algo distinto y tenemos que demostrarlo, permitiendo que una democracia verdadera sea la que rija los destinos de la nación. Si nos lo proponemos, seguro que lo logramos.