Varias veces a lo largo de 23 años, Venezuela abrigó expectativas de librarse rápidamente del régimen socialista, lo que sucedió por primera vez en Abril de 2002 y por última vez en 2019, cuando la depauperación de las mayorías generaba un enorme descontento social contra el régimen, a la vez que una amplia alianza de países desconocía su legitimidad y algunos muy influyentes le imponían sanciones que estrechaban su espacio de maniobra, a la vez que reconocían a un “Gobierno Interino” ejercido por la Oposición.

Pero hoy, países muy importantes de la alianza internacional de 2019 la han abandonado o no comparten ya la estrategia inicial, mientras en Venezuela se constata un apoyo claro de las Fuerzas Armadas al régimen socialista y un reconocimiento exiguo de la ciudadanía a los partidos y líderes de Oposición, todo lo cual ha disipado las expectativas de desplazar prontamente del poder al régimen. Y los sufrimientos de la crisis continúan pesando sobre las mayorías, porque aquella sigue siendo muy grave y no se está superando, a pesar de la narrativa según la cual “Venezuela se está arreglando”, que comparten y difunden el régimen y algunos importadores y miembros del nuevo “Jet Set” caraqueño.

Ante la dramática realidad de hoy, muchos actores democráticos favorecen una negociación con el régimen, argumentando que por esa vía podría mejorarse prontamente la situación económica y social de la mayor parte de los venezolanos. En este discurso coinciden actores cuyos intereses políticos no son necesariamente convergentes, algunos de ellos comprometidos con la lucha por recuperar las libertades y otros dispuestos a abandonar la resistencia al régimen por considerarla fútil. De hecho, ya se han iniciado conversaciones preliminares, las cuales, según dejan entrever algunos voceros de la Oposición, son preparatorias de una negociación cuya Agenda contempla obtener una liberalización política interna a cambio de apoyar una flexibilización de las sanciones internacionales.

Pero seamos francos, si esa es la Agenda de la negociación en puertas, aún si la liberalización política deseada mejorase las condiciones de competitividad de la elección de 2024, apoyar la flexibilización de las sanciones no estaría sirviendo a una pronta recuperación económica y social en favor de las mayorías. Eso no bastaría para dinamizar la economía, porque las inversiones requeridas sólo se materializarían si se implementan reformas regulatorias concretas que les ofrezcan seguridad, estabilidad e injerencias estatales mínimas; y no todo tipo de crecimiento económico favorecería a quienes más necesitan recuperar su nivel de vida, hacen falta políticas orientadas a lograrlo porque no es verdad que “la mejor política social es el crecimiento económico”.

En fin, que los actores democráticos participantes en las tratativas previstas apoyen la flexibilización de las sanciones, tendría un “valor de transacción” muy alto, que sólo correspondería ceder en dos escenarios hipotéticos.

La primera circunstancia que ameritaría ofrecer apoyo a la flexibilización de las sanciones, es una tal vez ingenua por inalcanzable, sería que el compromiso de liberalización política del régimen tuviese garantías internacionales y comprendiese condiciones perfectas de competitividad y transparencia para las elecciones de 2024, ya que el triunfo seguro que obtendría la Oposición en esas condiciones podría dar inicio inmediato a la recuperación económica y social.

Y el segundo caso de negociación que justificaría secundar la flexibilización de las sanciones, algo más realista aunque no del todo fácil de construir, sería que el régimen se comprometiese simultáneamente en dos planos, en una liberalización que incluya mejoras políticas y se acompañe de compromisos internacionales supervisados, y en la implementación -también supervisada- de reformas institucionales y políticas económicas y sociales que sirvan de soporte cierto al inicio de una recuperación económica y social del país.

Que la Oposición participe en unas negociaciones con el régimen ofreciendo el apoyo para la flexibilización de las sanciones a cambio de una liberalización que no se acompañe de reformas y políticas dirigidas a mejorar la situación de las mayorías, solo generaría frustración general y desprestigio político para cualquier opción futura de negociar.

… Poque si se argumenta en favor de acudir a una negociación porque ella podría abrir las puertas a una mejora cercana de las condiciones económicas y sociales de las mayorías, sería un engaño que sólo se negocie en busca de logros electorales en lo inmediato, aunque ellos abran un camino de largo plazo...

Septiembre de 2022

1. El retroceso económico de Venezuela comenzó hace más de cuarenta años y ha sido enorme

Una primera imagen de lo que fue el progreso de Venezuela y de cuándo y hasta donde llegó su retroceso en el concierto global es ofrecida por la figura 1.^[2] Hasta el inicio de la era petrolera, Venezuela y Haití eran los países más pobres de America, lo que cambió desde la década de 1920 haciendo que Venezuela se despegase del resto de América Latina e incluso de la OCDE por muchos años. Desde 1945 y hasta 1970 el PIB per cápita de Venezuela fue superior al promedio de la OCDE; el cociente llegó a sus máximos valores en los años 1948 y 1957. Desde los años 60 comenzó a reducirse a pesar de que el PIB de Venezuela crecía, porque ya Europa, Australia y Japón recuperaban su dinamismo previo a la guerra mundial y Venezuela había recibido corrientes migratorias muy importantes. La tendencia del mismo cociente posterior a 1978 fue siempre muy decreciente porque el PIB de Venezuela se estancaba o contraía mientras el de la OCDE se elevaba (ver la sección 2 y el Cuadro C-1).

Para 1998 ya Venezuela mostraba la misma posición relativa a la OCDE que había tenido en 1920 (un retroceso de 78 años) y para 2021 había vuelto a caer por debajo del PIBpc del resto de América Latina y el Caribe, retrocediendo tanto con respecto a los países desarrollados que no hay un parangón estadístico en toda la historia del país posterior a 1870.

Figura F-1: PIB pc como % del PIB pc de la OCDE (USD GK de 1990)

2. Expresiones económicas, sociales e institucionales del progreso y la regresión desde 1936

Comparando a Venezuela consigo misma con base en los indicadores del Cuadro C-1, puede reiterarse que después de más de 40 años de expansión continua del PIB per cápita y del salario medio, desde que se agotó el boom de precios del petróleo de los años 70 del Siglo XX, la sociedad venezolana ha vivido siempre con retrocesos del salario y con alta inflación, llegando a niveles de hiperinflación desde 2018. Para 1998 los hogares venezolanos ya habían visto retroceder sus ingresos reales salariales a los valores que tenían en la década de 1950, mientras en 2021 habían retrocedido a niveles previos a los de 1936.

En el lapso de los últimos cuarenta años las tendencias del PIB per cápita y los salarios han sido decrecientes y las del empleo precario y la pobreza han sido expansivas, con la excepción del período de boom de precios internacionales del petróleo 2004-2013, después de cuyo agotamiento todas las tendencias retomaron la dirección negativa que traían y se hicieron aún más pronunciadas.

Cuadro C-1: Indicadores económicos, sociales e institucionales del desarrollo de Venezuela³

En términos político-institucionales la crisis venezolana se expresa en el deterioro de la calidad de la gobernanza,^[3] que proyecta la pérdida de la democracia, en la caída de todos los índices de libertad^[4] violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos, en la corrupción rampante y no controlada en el Estado y en el debilitamiento de todas las instituciones.

El Estado de Venezuela ha llegado a la fragilidad extrema^[5] y, desde hace dos décadas, se ha alineado de manera beligerante en la confrontación geopolítica mundial, participando en ella en alianzas con países como Rusia, China, Irán y Cuba; ha propiciado o apoyado internacionalmente formas de conflicto de cuarta generación que agravan dicha confrontación, asociadas al terrorismo, el lavado de activos y el tráfico de drogas, y se ha convertido en un promotor muy activo de regímenes de corte similar en toda América Latina.

Por otra parte, la crisis ha afectado seriamente la cultura de lo público influyendo negativamente en la violencia social y la inseguridad ciudadana, ⁹ así como en los valores, normas éticas y actitudes de muchas personas pertenecientes a todos los estratos sociales, sea frente a la convivencia pacífica en democracia o frente al progreso basado en las capacidades y el esfuerzo propios.

Finalmente, los sistemas sociales, culturales y económicos de la sociedad venezolana que pudiesen -en concierto- contribuir a revertir la crisis, también vienen deteriorándose desde hace más de cuatro décadas y en los últimos veinte años prácticamente se han derrumbado como consecuencia de estrategias adelantadas por el Estado para imponer el Socialismo del Siglo XXI, dirigidas al control ideológico de la población, a la anulación de la autonomía ciudadana y a la desaparición de las libertades económicas. Ello ha sucedido con el sistema educativo público que atiende a niños y adolescentes, igual que con los sistemas públicos de atención de salud y con la economía productiva privada, y ha ocurrido en los últimos 15 años con las universidades del Estado, que llegaron al colapso por el cerco económico que estableció sobre ellas el Régimen Socialista.

Resumiendo, Venezuela vive una profunda Crisis de Desarrollo que lleva una gestación de cuatro décadas y que abarca los órdenes económico, social y político-institucional. Es justo decir que la complejidad, la profundidad y la duración de la crisis son tales que sólo podrá resolverse cambiando el estilo de desarrollo por uno alineado con los valores y objetivos de Desarrollo Humano Sostenible. No puede esperarse que el solo cambio de régimen político o una liberalización de la economía terminen resolviéndola. Hace falta provocar una transición real a un nuevo estilo de desarrollo, que abarque la actividad económica, la esfera de lo social, las instituciones y reglas y el ejercicio de la política.

El futuro político de Colombia pareciera ominoso, si se juzga por las trayectorias y declaraciones a los dos candidatos que van a la segunda vuelta de la eleccion presidencial.

De Petro se ha hablado mucho y se tienen temores fundados que derivan de su historia guerrillera, su cercanía a Chávez y Maduro y sus promesas concretas de corte populista de izquierda; del “Ingeniero Hernández” se conoce menos pero algunas de sus declaraciones lo hacen ver como un populista de derecha sin ningún programa o propuesta, que ha hablado mucho de desaparecer la corrupción sin expresar ideas sobre cómo hacerlo ni cómo abordar los profundos problemas sociales del país. Pareciera tratarse, como ya lo comentan algunos analistas, de un “Trump colombiano”, que en 2016 no tuvo empacho en declararse admirador de un “pensador alemán” llamado Adolfo Hitler.

Es casi seguro que el Uribismo y otros factores políticos tradicionales de Colombia se unirán alrededor de Hernández para cerrar las puertas a Petro, pero eso podría no garantizar un triunfo electoral de Hernández o que su eventual gobierno asegure la paz en nuestro país vecino, visto el alto porcentaje que alcanzó Petro en los votos de ayer y la eventual molestia y rechazo que podría darse en las mayorías ante una maniobra así.

En fin, cualquiera de los escenarios políticos previsibles parecen de alto riesgo y podrían desencadenar acontecimientos muy serios de violencia que Colombia ya ha vivido en el pasado.

Dos quiera que no sea así.

30/05/2022

Asumir que la crisis de Venezuela nació en 2015 o con la llegada de Chávez al poder en 1999 puede llevarnos a cometer errores muy serios y a poner nuevamente en grave riesgo a la democracia, casi inmediatamente después de que logremos liberarnos del presente régimen.

Las lecciones a aprender hoy, en febrero de 2022 para la recuperación de la libertad y el progreso y para lograr que ellos se mantengan irreversibles en el futuro, incluyen fundamentalmente tres cosas: la necesidad de que acordarnos para que la nueva democracia que construyamos sea una democracia plena, que asegure para todos justicia, oportunidades para el progreso y el bienestar, y no se limite a asegurar elecciones limpias; en segundo lugar que los liderazgos se comprometan realmente con objetivos y estrategias para el desarrollo del país y no abandonen en ningún momento esos compromisos; y por último que hoy y no en 2024 se construya una unidad de los liderazgos en función de los principales objetivos de desarrollo, incluyendo los económicos, los de protección de la naturaleza y el ambiente, los de equidad social en las oportunidades y los de gobernanza democrática, trascendiendo unidades tácticas para participar en comicios.

El Proyecto de País de la Democracia del Siglo XX y la ruptura del compromiso de los liderazgos

El progreso continuo habido en todos los niveles sociales hasta 1978 había hecho realidad muchos de los objetivos del Proyecto de País de la Democracia alrededor del cual se habían comprometido de manera explícita sus líderes en 1958, cuyos resultados ya se expresaban para los primeros años 70, antes del boom de precios del petróleo, en una clase media en continuo progreso y expansión, educada y políticamente activa. El retroceso iniciado en 1979 y agravado hasta los años 90 resultaba del funcionamiento de una democracia que se apartaba progresivamente de los compromisos con el cambio social y el desarrollo con los que se había iniciado, y se reducía gradualmente a garantizar la alternabilidad en el poder; es decir una democracia electoral y no plena;[1]

El intento de revertir el deterioro del desarrollo venezolano en la última década del Siglo XX

En un intento de revertir el deterioro comentado, a partir de 1989 el segundo gobierno del presidente Pérez inició reformas y nuevas políticas dirigidas a corregir deformaciones del estilo de desarrollo, entre ellas una reforma institucional orientada a desaparecer vicios de excesivo centralismo político y administrativo, y reformas económicas que incluían un programa de ajustes instantáneos dirigido a detener el deterioro económico progresivo de la población que se había iniciado diez años antes. No habiéndose construido una plataforma suficiente de apoyo político a las reformas, liderazgos fundamentales del partido de gobierno adversaron partes importantes de ambas líneas de transformación, mientras líderes empresariales y laborales adversaron buena parte de las reformas económicas y muchas figuras de las élites intelectuales, económicas y políticas se abstuvieron de ofrecerles el apoyo que necesitaban;

La “antipolítica” en personalidades y medios: último eslabón de la cadena, no la causa inicial

El Caracazo de Febrero de 1989 y su represión por las Fuerzas Armadas, el primer golpe militar de 1992 y el debate habido sobre el mismo en el Congreso Nacional, así como las disidencias existentes en el seno de los liderazgos de AD y Copei, fueron empleadas por importantes medios de comunicación para lanzar campañas muy negativas para la imagen del sistema democrático, como fueron algunas novelas de gran audiencia en TV y coberturas tendenciosas en diarios de gran circulación. También fueron amplificados por iniciativas de personalidades prestigiosas como fue la de “Los Notables”, que criticaron de manera abierta deterioros que eran graves y reales en la democracia en medio de una gran debilidad de sus instituciones.

Pero no perdimos la democracia por la “antipolítica” practicada por algunos medios y personalidades, esos hechos eran el último eslabón de una cadena que comenzó con el deterioro en el desarrollo del país iniciado al final de la década de los años 70.

La degradación de la democracia de Venezuela y el debilitamiento de sus partidos que ya observábamos en la última década del Siglo XX eran dos expresiones de ese deterioro, que se fue haciendo importante en lo social en los años 80, hasta expresarse fuertemente en la esfera política con el Caracazo, los golpes militares de 1992, la interrupción del mandato del Presidente Pérez en 1993 y las campañas mediáticas que terminaron de minar la credibilidad del sistema democrático.

Toda esta secuencia erosionó el apoyo popular del que habían disfrutado los dos partidos mayoritarios[2] y deslegitimó a sus liderazgos en las bases de la sociedad, lo cual abrió las puertas por las que entró el chavismo para instalar y consolidar el actual Régimen Populista Autoritario cuyas ejecutorias llevaron al clímax actual de la crisis.

05-02-2022

[1] Una selección de ocho indicadores relevantes de desarrollo muestra la variación de la calidad de vida de la sociedad venezolana entre los años 1958-1978 y los que van de 1978 a 1998 en términos económicos, sociales e institucionales: i) el salario real del trabajador se multiplicó por más de 2 entre 1958 y 1978 (año más alto) para llegar en 1998 a ser una tercera parte del máximo y ser 25% más baja que la inicial de 1958; ii) el índice de precariedad laboral (suma del desempleo abierto y el empleo informal como % de la Población Económicamente Activa PEA) era de 59% en 1958, cayó a 43,6% en 1978 y llegó a 60,1% en 1998; iii) los homicidios al año por cada 100.000 habitantes pasaron de 13 en 1963 a 11 en 1978 a 17 en 1993 y a 20 en 1998; iv) la población en situación de pobreza de ingresos pasó de representar el 27% de la población total en 1971 a 35,2 % en 1989, 38,6% en 1993 y 64.3% en 1998. En términos absolutos, se pasó de 4.7 millones de pobres en 1978 a 10.9 millones en 1989 y a 14.9 millones en 1998, se triplicó el número de pobres en los últimos 20 años de la democracia; v) El índice de calidad del régimen de gobierno (Polity IV, de -10 para la autocracia absoluta a +10 para la mejor democracia) pasa de -3 en 1957 a +9 en 1975 para caer a +8 a partir de 1992; vi) el índice mundial de libertad (Freedom House, de 0 a 10) pasa de mantenerse en 9.2 entre 1976 y 1987 a mantenerse en 6,7 después de 1993; vii) en libertad económica (Fraser Institute) Venezuela es percibida en 1980 por encima del percentil 90 de todos los países del mundo, para caer al percentil 67 en 1990 y por debajo del percentil 25 en 1995; y viii) el número de protestas ciudadanas (Base de Datos El Bravo Pueblo, López Maya), crece desde 1980 y las protestas violentas pasan de ser el 40% del total en 1984 a representar el 80% del total a fines del siglo.

[2] La suma de los votos recibidos por AD y Copei en las elecciones generales habían pasado de ser un 50% del total de electores inscritos en 1963 a superar el 80% a partir de 1973, coincidiendo con la rama ascendente del progreso y caen a 32% en 1993 y a 6,6% en 1998, coincidiendo con el descrédito de los partidos y liderazgos y el máximo del retroceso social de los años finales de la democracia.

Con motivo del triunfo de Boric en Chile se despiertan nuevamente entre nosotros las poco racionales “discusiones de redes sociales” sobre lo mejor y lo peor que puede suceder a Venezuela (y a las sociedades latinoamericanas) cuando enfrentan la disyuntiva de votar por candidatos de izquierda o de derecha, viendo a esas opciones como arquetipos: la izquierda extrema destructora de instituciones y logros materiales, de un lado, y del otro la derecha retrógrada que rechaza toda evolución social y apela a la represión sistemática para mantener sus privilegios.

Ignorar así las características de cada país y cada candidatura resulta de la manipulación populista de imaginarios de los diversos grupos sociales, manejo que hacen todas las campañas comunicacionales que buscan polarizar. Y esa polarización alcanza no solo a los grupos de electores del país que vive los comicios, sino también a los “mirones” de otros países que recrean en aquellas elecciones sus propios temores y fantasmas.

En uno de los chats en que participo fui testigo (mirón de palo) de una discusión en la que un participante decía -palabras más, palabras menos- que en Chile hubo un “pecado original” de destrucción izquierdista (el gobierno de la UP), del cual derivaron 17 años de dictadura de derecha, la que enderezó los entuertos y encaminó al país al progreso material y a una democracia liberal que hoy Boric pone en peligro.

A mi manera de ver, semejante razonamiento ignora cómo y por qué llegó Allende al poder, en un país con enormes diferencias entre grupos sociales que ya advertían los partidos democráticos.

En fin, creo que en Venezuela y en toda América Latina hay diferencias sociales que ameritan reformas muy profundas, por ejemplo, en el acceso a la educación de calidad, en la atención de salud y en la seguridad social, que den a todas las familias oportunidades reales de progreso. No hacerlo genera cada día más razones para que la izquierda extrema gane elecciones; dedicarse a cazar brujas entre la izquierda reformista o a desmerecer las reformas necesarias con argumentos tecnocráticos, solo favorece a las opciones revolucionarias.

21 de diciembre 2021

El título que tiene este escrito se refiere a la cohesión que es necesaria entre los demócratas para que podamos comenzar a construir una democracia venezolana que asegure progreso y libertad para todos, comenzando por salir de esta tiranía.

La pregunta completa es si habrá servido de algo la agria confrontación interna que crece hace años en la Oposición, la cual ha llegado a los niveles más altos en la víspera de estos comicios.

Pues habrá merecido la pena, digo yo, si a la luz de la experiencia -sea la que sea-logramos construir una mayoría pensante capaz de unirse en unos objetivos que sean más trascendentes que ganar una elección, una mayoría dispuesta a identificarse en una misma agenda de cambios, no solo en una lista de candidatos.

Y creo que esa nueva cohesión se puede lograr por varias vías que pasan por las elecciones de hoy.

Por ejemplo, podría lograrse esa cohesión porque el 21/11 se demuestre definitivamente que con este régimen no se alcanzan elecciones libres; igual podría lograrse si en estas elecciones se demuestra que la mayoría opositora (la cual suponemos real) se expresa en los resultados que serán anunciados por el CNE.

Y por cierto, también habrá merecido la pena si logramos unirnos en el convencimiento de que hay que cambiar tanto al régimen gobernante como a quienes “gobiernan” en la Oposición.

En fin, habrá merecido la pena esta división si ella nos lleva a descubrir la verdadera realidad que deberemos enfrentar después del 21/11.

21 de noviembre de 2021

El presente escrito discute la construcción de una democracia capaz de proveer oportunidades de progreso para todos los venezolanos sin excepción, proceso que debería iniciarse tempranamente como parte de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo, para evitar los riesgos que comentábamos en el artículo anterior, de perder nuevamente las libertades si al librarnos del régimen actual nos conformamos con reconstruir una democracia electoral. [1] Nuestra democracia puede renacer y desarrollarse con el apoyo de toda nuestra sociedad o marchitarse antes de florecer, dependiendo de si la orientamos a servir a toda nuestra gente o sólo a honrar las tradiciones electorales.

LIBERTAD, DESARROLLO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA, FINES DE LA DEMOCRACIA PLENA

Comencemos por afirmar que el desarrollo es un proceso que puede vivir la sociedad y no un estadio que ella puede alcanzar, y que su curso, cuando es virtuoso, muestra siempre dos caras, que son, por una parte la ampliación de la libertad de los miembros de la sociedad y de las oportunidades de todos ellos y sus generaciones futuras, y por la otra la reducción de la población que vive en la pobreza. Esta aseveración viene al caso porque lo que más distingue a una democracia plena de una democracia electoral es ser instrumento de la realización de las personas y el desarrollo de la sociedad.

En esa afirmación, el desarrollo comprende al crecimiento pero lo trasciende. En primer lugar porque envuelve ampliar las libertades de las personas, sólo posible si ellas progresan autónomamente; además porque incorpora la sostenibilidad, solamente viable si se da en paz social y en armonía con la naturaleza; y finalmente porque implica equidad en el disfrute por todos del progreso y la libertad.

Por otra parte, reducir la pobreza no es equivalente a incrementar los ingresos de grupos que viven en gran estrechez económica. Es pobre quien no progresa autónomamente por carecer de capacidades o de oportunidades para emplearlas en su propia realización, y no deja de serlo quien recibe auxilios para sobrevivir, lo que -por el contrario- suele asociarse a la exigencia clientelar de hipotecar su autonomía.

En fin, la Democracia Plena que construyamos debe corregir para siempre las cinco desviaciones de nuestra democracia que por casi cinco décadas han creado obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza: i) han restringido las libertades económicas limitando la inversión no estatal y con ello las oportunidades de trabajo decente para los venezolanos; ii) han dejado degradar la calidad de la educación a la que tienen acceso los hijos de los hogares populares, desmejorando sus oportunidades de lograr un futuro digno y superar la pobreza de sus padres; iii) han hecho inaccesible la atención de salud y la seguridad social para la mayoría de los hogares, que caen en precariedad cuando deben enfrentar una enfermedad delicada, otro suceso inesperado que las golpee o simplemente la vejez; iv) han descuidado los asentamientos humanos dejando que las familias vivan en su mayoría en medios precarios e inseguros en los que sus hijos crecen expuestos a la violencia y el malvivir; y v) han sembrado en la cultura pública la idea de que el Estado no tiene que respetar los derechos humanos porque él no está al servicio de los ciudadanos sino al revés, y han consolidado como práctica política aceptable el populismo clientelar que manipula a los más vulnerables e impide la participación real de los ciudadanos en las decisiones.

UN PACTO CON EL APOYO CONSCIENTE DE LA SOCIEDAD A CINCO PROGRAMAS NACIONALES

Los programas para la construcción de la democracia plena deben contar con un apoyo robusto de la sociedad y acrecentarlo generando “victorias tempranas”, en función de lo cual pareciera pertinente instrumentarlos mediante un Pacto que reuna en un empeño estratégico a los poderes públicos y a los partidos democráticos, las organizaciones laborales y empresariales, las ONGs y las Iglesias.

Se trataría de un compromiso para ejecutar -durante no menos de veinte años- cinco programas de reformas y políticas públicas cuya realización obligue a los órganos del Estado y propicie, mediante modalidades diversas, acciones coadyuvantes de los demás sectores; y para hacerles seguimiento a través de un Consejo del Pacto, órgano independiente de alto nivel político, que represente a la colectividad, la informe periódicamente de los logros y le recomiende ajustes de ser necesarios.

La reforma y el impulso inicial de la economía, el primer programa, tiene como fines incrementar la inversión productiva y la innovación, incentivar la complejidad de la producción, favorecer la sostenibilidad del crecimiento y crear muchos puestos de trabajo decente. Alcanzar esto requiere de un nuevo marco regulatorio que desaparezca el protagonismo estatal en la economía, que propicie Alianzas PúblicoPrivadas (APP) para la producción de bienes públicos como ciertas infraestructuras y que dé sustento a una economía de mercado orientada al bien común, mediante un sistema de incentivos que oriente hacia aquellos fines a la inversión, la tecnología, el capital humano y el uso de los recursos naturales.

En el marco de esas reformas regulatorias, deben ser prioritarias las que permitan abatir prontamente la inflación y atraer inversión privada para recuperar la exportación de hidrocarburos, iniciar nuestra transición energética y adecuar las infraestructuras (ver cuarto programa). Adicionalmente será prioritario alinear las nuevas reglas de toda la economía a las condicionalidades ambientales, sociales y de gobernanza ESG,[2] para facilitar el acceso de los proyectos públicos y privados al financiamiento.

Una educación para el progreso y la libertad, el segundo de los cinco programas, busca elevar la calidad de la educación a la que tienen acceso todos los niños y jóvenes; incrementar la oferta y la eficiencia de los sistemas de formación y capacitación que sirven a la demanda calificada de los Sectores Productivos y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; e incorporar en todos los niveles educativos la formación en valores para el progreso autónomo y la libertad, y para la responsabilidad, la convivencia en paz y la solidaridad.

Las líneas de prioridad inmediata del programa deberían ser cuatro. La primera es elevar la escolarización y la calidad en los niveles de educación inicial y básica para los hijos de los hogares populares, a través de reformas curriculares y de gestión, de la capacitación de docentes y la adecuación de sus remuneraciones, y del establecimiento de alianzas entre los sistemas públicos, por una parte, y planteles privados y organizaciones independientes de educadores, por la otra; la segunda es incrementar y adecuar tecnológicamente la oferta de capacitación técnica a través de APPs con empresas y gremios sectoriales; la tercera consiste en dar auxilio económico inmediato para salvar de la precariedad a las universidades autónomas a la vez que iniciar el estudio de opciones sostenibles para su financiamiento y una discusión en el seno de sus comunidades académicas, tendentes a definir los modelos deseables para su funcionamiento futuro, fase que daría paso a la consideración de las reformas pertinentes por el Poder Legislativo; y la cuarta es poner en marcha proyectos que involucren a redes de nuestra Diáspora de Talentos en las tres iniciativas anteriores y especialmente en las relativas a la Nueva Educación Superior y el relanzamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El desarrollo de un nuevo sistema de salud y seguridad social sería el tercer programa del Pacto. Un sistema que, partiendo de lo existente, incorpore modos de financiamiento e innovaciones de gestión y tecnología que permitan ir elevando progresivamente la eficiencia operacional, la cobertura poblacional y los niveles de prestación, hasta constituirse en un sistema universal financieramente sostenible, que asegure asistencia oportuna y de calidad a todas las familias que la requieran.

Las prioridades inmediatas del programa son tres y en todas ellas sería deseable la participación de redes de miembros de nuestra Diáspora de Talentos que han acumulado experiencias valiosas en la gestión de sistemas de salud y previsión social de otros países. La primera es atender las calamidades que deja la Emergencia Humanitaria Compleja, lo que requerirá de la movilización de un personal de salud hoy escaso y desincentivado por remuneraciones exiguas, y una adecuación de los equipamientos y la logística de los sistemas públicos, sólo posible con APPs y financiamiento internacional. La segunda es iniciar la reforma del sistema público de salud mediante proyectos que experimenten varios modelos de financiamiento y gestión en los diversos subsistemas de atención, para dar paso a un programa definitivo tendente por etapas a la cobertura universal. La tercera es iniciar las negociaciones que lleven a establecer un nuevo sistema previsional capaz de ofrecer protección de desempleo, invalidez y retiro, tratativas que deben incorporar a empresas, trabajadores y Estado teniendo como norte un sistema de prestaciones socialmente justas y financieramente viables, de gestión independiente y protegida de avatares políticos.

El cuarto programa, de adecuación de infraestructuras y asentamientos tiene también tres objetivos. Se trata de un esfuerzo ambicioso pero necesario si se quiere alcanzar niveles de crecimiento, empleo y progreso que muevan a la mayoría de la sociedad venezolana a apoyar a su democracia desde los primeros años de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo. Las magnitudes de inversión implicadas sólo serán alcanzables si sus principales proyectos se realizan en APPs y reciben financiamiento internacional.

El primer objetivo es recuperar las redes de infraestructuras y equipamientos de servicios que deben apoyar a los asentamientos humanos y a la producción, lo que es indispensable para salvar prontamente la Emergencia Humanitaria Compleja y dar un primer impulso a la competitividad de la economía. El segundo es mejorar progresivamente las condiciones urbanísticas y de servicios de los asentamientos en los que vive una gran mayoría de la población, con miras a que en un horizonte de 20-25 años ésta disfrute de estándares típicos de zonas urbanas reguladas. Y el tercero es contribuir prontamente a una generación amplia de oportunidades de trabajo decente, en las que participen como demandantes los sectores inmobiliario y de la construcción y las redes de economía solidaria y emprendimientos populares, mientras alcanza vigor la economía productiva moderna como resultado de las reformas del primer programa, y mientras el segundo programa, de educación para el progreso y la libertad, da resultados cuantitativamente importantes para elevar la capacitación media de la fuerza de trabajo en general.

Poner el Estado al servicio del ciudadano, el quinto programa, se plantea dos propósitos principales que obligan a avanzar en varios ámbitos de la reforma del Estado.

El primero es maximizar las oportunidades de participación política efectiva para los ciudadanos en general, que implica por una parte revertir las reformas de contenido inconstitucional impuestas por el gobierno socialista tendentes al establecimiento del “poder comunal” y retomar la descentralización para profundizarla robusteciendo mecanismos para la participación ciudadana a nivel municipal; y por la otra, poner en vigor normativas que obstaculicen los mecanismos del populismo clientelar limitando legalmente los fines “sociales” a los cuales puedan aplicarse partidas presupuestarias, especialmente en períodos electorales; estableciendo normas estrictas para la transparencia de las contrataciones públicas, elevando el derecho de la sociedad civil organizada a ejercer contraloría ciudadana sobre el cumplimiento de esas normativas y creando sanciones ejemplarizantes para sus violaciones. El segundo objetivo es ampliar el acceso real de los ciudadanos y las comunidades a la justicia y en especial asegurar su protección frente a violaciones de los derechos humanos provenientes de funcionarios al servicio del Estado, lo que implica una amplia reinstitucionalización del sistema de justicia incluyendo a la justicia militar, los sistemas policial y penitenciario, tarea ardua y ambiciosa pero indispensable si en efecto se busca poner el Estado al servicio del ciudadano.

[1] Las propuestas de este artículo sintetizan el “Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza” que despliega el libro “Venezuela, vértigo y futuro” (Miquilena, T. y W. Corrales; Ed. Dahbar y UNIMET, 2018).

[2] El sistema financiero mundial, incluyendo los bancos multilaterales, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU, está generalizando la exigencia de condicionalidades ESG (iniciales en Inglés de Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para dar prioridad de acceso al financiamiento de proyectos públicos y privados.

Parte I/II: Los riesgos de sólo intentar volver a una Democracia Electoral

El presente escrito es el primero de dos artículos dedicados a discutir la necesidad de que los venezolanos nos planteemos algo más que regresar a la democracia electoral de finales del Siglo XX, una vez que logremos salir del actual régimen político.

Los dos artículos están motivados en el convencimiento de que nuestro país solo podrá progresar y disfrutar de libertad estable en el futuro si, además de producir el cambio de régimen, pone en marcha reformas y políticas que la lleven a vivir un Nuevo Estilo de Desarrollo, que implica en términos político-institucionales un sistema político que sea capaz de proveer oportunidades reales de progreso, libertad y seguridad para todos los ciudadanos, además de alternar los gobiernos por la vía de elecciones libres. A esa gobernanza nos referimos como una democracia plena, para diferenciarla de la incompleta democracia electoral a la que aluden distinguidos constitucionalistas venezolanos que califican así a una gobernanza en la que destaca un rasgo necesario pero insuficiente para caracterizar a una democracia que es cabal.

LA PRECARIEDAD SOCIAL EN LA PÉRDIDA DE NUESTRA DEMOCRACIA

La pérdida del régimen de libertades de la que los venezolanos son conscientes hace 23 años, tiene mucho que ver con la elevación de la pobreza que sucedió en las dos décadas previas a 1998, años que vieron crecer nuevamente la precariedad social que Venezuela había logrado reducir en los primeros veinte años de la democracia.

Para 1971 se estimaba la población pobre de Venezuela en menos del 30% del total (no más de 2.9 millones de habitantes), pero a partir del agotamiento del boom de los precios internacionales del petróleo y hasta 1998, esa proporción creció sostenidamente hasta un 64% (14,9 millones de personas), como resultado de varios factores, entre ellos una excesiva intervención del Estado en la economía y varios importantes errores de política económica que hicieron crónica la inflación y nos limitaron a un crecimiento muy débil del PIB y de la creación de empleos, factores que no comentamos aquí porque han sido analizados y debatidos in extenso por expertos y políticos a lo largo de cuatro décadas.

Lo que no ha sido destacado de la misma manera, y pareciera necesario que entiendan todos los liderazgos, es que casi todos los gobiernos de las dos últimas décadas del Siglo XX asumieron una línea de conducta política que es contraria a las lógicas del progreso y conduce a elevar la pobreza y multiplicar las oportunidades de corrupción en el Estado: derivaron hacia el populismo clientelar.

En pocas palabras, en los últimos veinte años de su vida, el régimen democrático de Venezuela fue incapaz de superar el estadio de democracia electoral que ya había alcanzado a finales de los años 60 porque no hizo lo necesario para convertirse en una democracia plena, una capaz de proveer oportunidades de progreso, libertad y seguridad a todos sus ciudadanos, además de elecciones periódicas libres para alternar a los gobiernos.

Permitir que la gobernanza se estanque en una democracia electoral contribuye a consolidar liderazgos populistas clientelares que ven a los miembros de la sociedad como electores a captar como clientes, más que ciudadanos cuya realización se debe propiciar, dirigentes que consideran necesaria la existencia de un “robusto sector público de la economía” desde el cual hacer política con los empleados y las contrataciones del Estado, y políticos proclives a prácticas impropias en el manejo de los recursos públicos.

En los últimos veinte años del Siglo XX la respuesta que dio la democracia electoral a la pobreza creciente fue subsidiar el consumo de los hogares populares esperando de ellos una conducta electoral favorable en los comicios, mientras descuidaba los sistemas responsables de crear bienes públicos, entre ellos los de educación, salud y seguridad social, que de mantener su calidad habrían ayudado a los miembros de aquellas familias a desarrollar capacidades de agencia, con las cuales construir autónomamente las vidas que cada quien hubiese tenido razones para valorar.

El incremento de la pobreza que derivó de esos veinte años de democracia electoral creó tensiones e inconformidades que aprovechó el chavismo para llegar al poder. La historia más reciente es muy conocida; el Socialismo del Siglo XXI exacerbó la manipulación clientelar sin reducir la pobreza, la cual se elevó a cifras exorbitantes, propició la violencia y sembró eficazmente el odio entre clases sociales, dramas que no mermarán automáticamente con la salida del socialismo del poder.

En 2021, después de más de dos décadas de un régimen que ha destruido las capacidades, las instituciones y la cohesión social de Venezuela, la mayoría de los venezolanos desea volver a la democracia. Pero lamentablemente no vemos en la mayor parte de los liderazgos democráticos señales de que quieran ir más allá de recuperar la democracia electoral.

Al juzgar las prácticas políticas de los líderes de hoy, la manera de confrontar a sus rivales, sus mensajes de campañas referidos al progreso y a lo social en general, debemos concluir que ellos, salvo honrosas excepciones, son populistas clientelares, a pesar de que casi todos dicen apoyar una reducción del exagerado rol del Estado en la economía, uno de los factores que -como hemos dicho- han impedido por cuarenta años nuestro progreso.

EL RIESGO DE CONFORMARNOS CON RECOBRAR UNA DEMOCRACIA ELECTORAL

Imaginemos qué podría suceder seis o siete años después de desembarazarnos del régimen socialista, si en ese período nos hemos conformado con regresar a la democracia electoral con la lógica populista clientelar de sus liderazgos. Si esa es nuestra meta referida a la democracia, dos motivos hacen que sea muy alto el riesgo de perder nuevamente el régimen de libertades en los primeros comicios normales que sucedan al final del período.

En primer lugar, el chavismo y otros neopopulismos de izquierda radical sobrevivirán a la recuperación de las libertades, continuarán sembrando odios y provocando tensión y violencia en todas partes, para desprestigiar a la democracia y llegar nuevamente al poder apoyados en sus discursos de redención social. En segundo lugar, en ese lapso no se producirá un milagro económico venezolano capaz de reducir sensiblemente la pobreza desde los niveles de 97% actuales, partiendo de una economía destruida y de una industria petrolera incapaz de obtener más del 20% de lo que producía a finales del Siglo XX, cuya recuperación a aquellos niveles tomaría aproximadamente siete años con inversiones de unos ciento cincuenta millardos de dólares.

Para que Venezuela pueda recuperarse como nación y para que sea capaz de conjurar los riesgos de retroceso que la acecharán en el primer período post-socialista, es necesario que se dedique, desde el primer día y febrilmente, a construir una democracia plena.

El segundo artículo de esta serie explica los componentes del Pacto para la construcción de una Democracia Plena al que alude el título de los dos escritos. Un pacto así deberá reunir las reformas y políticas que son necesarias para que Venezuela comience tempranamente a proveer para todos oportunidades de progreso y de realización autónoma, poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos y no al revés como ha sido la situación en nuestras últimas décadas.

Es triste que la Oposición esté dividida pero hay que analizar por qué lo está antes de echar todas las culpas a quien critique lo que el o ella considere incorrecto.

Si se lee equilibradamente el titular con el que salen las declaraciones dadas a ABC por María Corina Machado no se puede decir que ella esté mintiendo... Lo mismo puede decirse de las declaraciones de Capriles sobre la caída de Guaidó en la opinión pública.

¿Es inoportuno lo dicho por Maria Corina?... no para quien siempre ha estado en contra de estas elecciones por pensar que no conducen a ninguna parte y legitiman al régimen.

También yo estoy entre quienes piensan que es muy triste que no haya una mayor coincidencia entre los partidos de Oposición, pero francamente creo justificado que quien se oponga a la corrupción en la Oposición no se alíe con grupos entre cuyos candidatos se cuentan algunos con muchos indicios de dolo. El escándalo de
Monómeros no es el único y las muestras de asociación de algunos “dirigentes” con el caso Saab van más allá de haberle extendido al “embajador” de Maduro cartas de buena conducta.

Es muy probable que algunos candidatos de la Oposición ganen el 21 -11 gobernaciones, alcaldías y curules; ojalá entre ellos no haya nuevos casos de los cuales avergonzarse.

Para concluir, yo me pregunto qué hace más daño a la imagen de la Oposición... ¿la corrupción existente y no atacada en los partidos?... ¿el alacranismo?... o que algunos no participen en los comicios y critiquen el dolo?.

En miembros notables de nuestros partidos de Oposición hay corrupcion y juegos extraños con figuras del régimen o sus “embajadores”.... ¿Que hay que hacer ante eso?... ¿mirar hacia otro lado?...¿no criticar o denunciar porque estamos en medio de unas elecciones?

Hay trapos sucios que huelen muy mal y por más que se los quiera esconder o lavar a puertas cerradas, todo el mundo se da cuenta de la fetidez.

No se cuando vendrá una verdadera renovación de los liderazgos, una que reúna a dirigentes honestos y bien formados; mientras tanto, María Corina Machado puede ser incómoda para muchos, pero es un referente de rectitud.

Esta mañana encontré en mi WhatsApp el mensaje de una querida amiga donde ella me hacía esta pregunta.

Quiero compartir con Uds mi respuesta esperando contribuir a dilucidar una cuestión que nos implica profundamente a los venezolanos.

La razón principal del fracaso de América Latina en la reducción de la pobreza y la exclusión es que la mayor parte de las élites de nuestros países cree erróneamente que pobreza es “falta de riqueza” o bien pretende manipular a los pobres para llegar al poder y mantenerse en él con sus votos. De allí que los populistas implanten políticas de subsidios (y manipulaciones de contrapartida) y casi todos los tecnócratas embarquen a sus gobiernos en programas de crecimiento acelerado que supuestamente generarían riqueza que se repartiría sobre toda la sociedad por “derrames”.

El hecho es que la pobreza de una sociedad solo se reduce suficientemente y de manera estable creando capacidades en todos los miembros de la misma.

La mayoría de los políticos de nuestros países no tienen paciencia, prefieren comprar espejitos a corto plazo con programas de reparto (subsidios), en vez de crear capacidades en toda la gente cuyos resultados relevantes sólo se realizan a largo plazo.

Una estrategia exitosa para superar la pobreza es una que cree oportunidades para que todos los miembros de la sociedad progresen, lo que solo se logra si todos pueden acumular capacidades que les permitan a cada quien construir por sí mismos las vidas que valoran.

Una estrategia así no puede durar los dos años previos a cada elección presidencial; debe ser sostenida por más de 20 años y contar al menos con las siguientes cuatro políticas y programas:

*a)* Elevación real y sostenida de la calidad de la educación a la que tienen acceso todos los niños y jóvenes de todos los hogares, y particularmente los hijos de los hogares pobres, para que ellos no hereden la pobreza de sus padres y lleguen a la vida adulta con capacidades para producir y realizarse; y -a la vez- crear y mantener programas suficientes de educación y capacitación acelerada de adultos para que sus beneficiarios se conecten en empleos con condiciones de trabajo decente;

*b)* Universalización progresiva de la atención de salud y de la seguridad social para proteger a todos los ciudadanos (en el caso de Venezuela para que los viejos tengan cómo comer después de haber trabajado toda su vida y para que más del 60% de quienes se enfermen no se queden -como en los últimos 30 años- sin atención médica y sin ingresos del empleo ni tengan que endeudarse con agiotistas);

*c)* Mientras va dando frutos el programa de educación (ver *a*)), generar oportunidades suficientes de empleo productivo estable, adicionales a las que genera “la economía moderna”, es decir generar mucho empleo con exigencias de capacitación relativamente bajas como sucede con el empleo que se demanda en la construcción de obras públicas; y

*d)* Descentralizar al máximo posible las decisiones presupuestales, llevándolas hasta el nivel municipal y quitar a los partidos (gobiernos de turno) la mayor parte de las oportunidades de hacer populismo para manipular a los pobres a través del erario público, marcando la mayor parte del presupuesto en actividades que creen capacidades y no puedan ser convertidas en subsidios. Esta última estrategia busca empoderar a los ciudadanos a través de su decisión en los municipios y debilitar las bases del populismo rentista que se adueñó de nuestra política desde hace al menos cuarenta años).