La nueva Asamblea Nacional, surgida de la voluntad popular, ha asumido, entre sus tareas, discutir y aprobar una ley de amnistía.

En palabras sencillas, la amnistía es una decisión política, atribuida por la Constitución al Poder Legislativo, que se concreta en la renuncia del Estado a la persecución penal por determinados hechos calificados como delitos, los cuales quedan así borrados o cancelados y, por tanto, sus pretendidos autores o partícipes, libres de toda imputación, acusación o condena.

A la amnistía se recurre en todos los países en circunstancias en las cuales, en razón de conflictos o en épocas de confrontación política, la dinámica del proceso social y la tranquilidad pública demandan poner fin a situaciones que los órganos formales de la justicia no han resuelto o lo han hecho atendiendo a distorsiones y presiones, generadoras de entuertos que, por ello, deben ser rectificados.

Así como decimos, después de una ruptura dolorosa familiar que, en aras de los sentimientos nobles de hermandad, se impone la reconciliación y el olvido de las ofensas que nos han lastimado, en una sociedad organizada, por el bien común y para remediar situaciones extremas de persecución y afectación de derechos, surge la necesidad de llegar a acuerdos para el restablecimiento de la armonía y la tranquilidad de la colectividad.

No es fácil para quien tiene el poder propiciar y aceptar una amnistía, pero el Estado, colocándose por encima de intereses circunstanciales y sacrificando posiciones radicales, a la altura de los tiempos y por el bien de todos, debe facilitar salidas de encuentro de quienes han estado en posiciones extremas, exacerbados los sentimientos de venganza, incompatibles con el valor y el ideal de justicia.

En Venezuela, la amnistía tiene larga tradición en toda nuestra historia republicana y, en épocas recientes, en el año 2000, se tendió un manto de olvido sobre los hechos calificados como delitos por acciones llevadas a cabo para derrocar a un gobierno elegido por el pueblo y, en 2007, después de los sucesos de Abril de 2002, una ley de amnistía puso fin a la persecución penal contra los partícipes en esos acontecimientos, con exclusiones que hoy se deben remediar.

No hacen falta muchas normas para el éxito de esta ley. La ley de amnistía de Chávez de 2000 se limitó a 5 artículos y la ley española de 1977 solo se extendió a 12 disposiciones, después de una guerra fratricida. Pero lo que es fundamental es el logro de un consenso con miras a la meta de reconciliar al país, restableciendo un clima de concordia que no lo habrá con disidentes políticos presos.

La amnistía tiene que ver con la confrontación política y con las posiciones de intransigencia del gobierno en una sociedad polarizada; la amnistía tiene que ver con las diferencias en la conducción de la sociedad y la lucha por las ideas; y resulta fundamental que quien detenta el poder apoye y propicie una iniciativa de reconciliación, ya que, de otra manera, los obstáculos se multiplicarán para no permitir el logro de los objetivos propuestos.

El Proyecto de ley de amnistía hoy sometido a la discusión y aprobación de la Asamblea, con las características propias de la compleja situación que debe resolver, en el contexto del realismo mágico penal venezolano, con el denominador común para todos los hechos de la intencionalidad o motivación política, es una propuesta coherente, concreta, casuística -como lo exige la situación- respetuosa de los derechos del pueblo, con las limitaciones que impone la Constitución para que no se convierta en instrumento de impunidad por hechos que la Carta Magna no lo permite y que abre la puerta a una Comisión plural que debe hacer seguimiento a la ley y oír a todas las fuerzas vivas de la sociedad y, en particular “a las víctimas de la violencia en todas sus formas”.

Con la amnistía no hay vencedores ni vencidos; no hay impunidad por hechos que repudia la colectividad y que, hoy día, carecen de toda sanción; se aleja la justicia de la venganza; y no hay estímulo a la violencia ni al delito.

Sencillamente, en medio de la crisis que estamos viviendo, con esta ley se da un paso firme y decidido hacia la reconciliación de los venezolanos, haciendo buenas las palabras del Papa Francisco, recogidas en la Exposición de Motivos del Proyecto y que debemos hacer nuestras: “No hay que tenerle miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo”.

Muchos problemas que padecemos no pueden resolverse con leyes, pero una ley de amnistía, ciertamente, será un instrumento eficaz para iluminar este trecho de la vida de los venezolanos.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional, 15 de febrero 2016

En insólito atropello a la Constitución y a las potestades de la Asamblea Nacional, el TSJ acaba de validar el Decreto de Emergencia Económica que había rechazado, con razón, la representación de la voluntad popular,. El máximo tribunal resucita así la patente de corso para que Maduro maneje los recursos presupuestarios a su libre albedrío, requise haberes del sector privado, instrumente un corralito e introduzca cualquier otra barbaridad que se le ocurra, con gravísimas consecuencias para el bienestar de los venezolanos. ¿A qué obedece tamaño desafuero? La retórica oficialista dirá que ello le permitirá profundizar la ofensiva contra la “guerra económica” (¡!), es decir, continuar con las mismas disposiciones que nos trajeron hasta aquí. Y no faltará la referencia a las contraposiciones ideológicas en juego: la construcción del socialismo, estadio superior de civilización, que no ha dado sus frutos por el asedio incesante de la burguesía y el imperio en su contra, enfrentado al vil capitalismo, reino del egoísmo, la explotación y el desdén por la solidaridad con los pobres.

Desbrozando esta madeja de idioteces aparece, sin embargo, una explicación mucho más clara, que se adviene, además, a la visión materialista de la historia, tan preciada por quienes se autocalifican de marxistas. Es la constatación de poderosos intereses creados en torno a las enormes fortunas amasadas al amparo de los controles, regulaciones y el excesivo intervencionismo discrecional del Estado en los asuntos económicos. Se trata del arbitraje especulativo entre un dólar a Bs. 6,30 y otro que vale 150 veces más, la reventa de productos regulados por varias veces su precio y de la gasolina, en países vecinos, 8000 veces más cara, las comisiones cobradas para ponerse en estos manejos, retribuciones abultados al otorgar contratos y/o dólares preferenciales a empresas de maletín “amigas”, la extorsión a comerciantes y productores con la amenaza de aplicarles leyes punitivas de interpretación discrecional, la aquiescencia con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y por otras irregularidades. En fin, cuando las transacciones económicas no obedecen a la interacción de demanda y oferta en mercados donde reina la competencia sino que resultan del arbitrio administrativo de quien controla el poder, en un contexto de nula transparencia ni rendición de cuentas, las posibilidades de lucro ilícito se potencian, más en un país petrolero que captaba hasta hace apenas año y medio enormes rentas en el mercado internacional.

Se configura así un régimen de expoliación, consistente en un arreglo orquestado desde un poder político autocrático para el usufructo discrecional de la riqueza social, en atención a la correlación de fuerzas fraguadas en torno a sí. En el pasado la estrategia de “sembrar el petróleo” instrumentó medidas para aprovechar la renta en función de objetivos de desarrollo que se vieron vulneradas por el otorgamiento discrecional de privilegios. Hoy, esta práctica se ha institucionalizado en un Estado patrimonialista, en el que la propiedad de lo público se administra como si fuera privada. Adicional a los “negocios” antes citados, aparecen los privilegios de la camionetota con guardaespaldas y chófer, los viajes pagados al extranjero para “shopping” o para acompañar al presidente en sus giras, los dólares preferenciales, “gastos de representación” y viáticos a la libre, las colitas en las avionetas del Estado, el pasaporte diplomático sin ocupar cargo alguno de representación en el extranjero y pare usted de contar. El disfrute de la riqueza social queda sujeta a transacciones de naturaleza política mediante las cuales se trueca obsecuencia y lealtad a quienes detentan el poder, por el derecho a participar en el usufructo de esa riqueza. En ello juega un papel crucial la ideología y la “hegemonía comunicacional”, claves para “legitimar” tal arreglo.

El Estado Patrimonialista se entroniza al destruirse las instituciones del Estado de Derecho liberal. Se beneficia, en particular, de la disolución de los derechos de propiedad, alegando la construcción del “socialismo de siglo XXI”. Bajo la prédica de privilegiar lo colectivo sobre lo individual, son privatizados los bienes públicos para su usufructo excluyente y discrecional. Los recursos de un Estado, pretendidamente del “pueblo”, pasan a ser detentados por los “revolucionarios”, pues ellos son, por antonomasia, el “pueblo”. Si Maduro declara que la patente de corso del Estado de Emergencia Económica durará por todo el año 2016 y el 2017, en abierto desafío a lo pautado en la Constitución y las leyes que hablan de un período de 60 días, prorrogable con autorización de la Asamblea Nacional, es porque, en fin, el país es de él, le pertenece.

El esquema de expoliación sirve a una oligarquía que se estructura como un entresijo de mafias que cooperan o compiten entre sí. La lealtad pasa a ser el atributo más importante para congraciarse con quien controla las oportunidades de lucro en cada situación. Pero es la cúpula que corona estos grupos la que articula el tinglado de complicidades entre los distintos estamentos del poder para allanar el camino a los “negocios”. La designación tramposa de magistrados hecha por la Asamblea Nacional anterior los comprometió con estos fines, por lo que no pestañeó en validar el Decreto de Emergencia Económica para amparar las medidas de intervención discrecional que han sido la base del poder de estas mafias, no obstante el terrible daño que han ocasionado al país.

Está en juego la posibilidad de abrirle a la población la posibilidad de recuperar su futuro y salir del marasmo que lo agobia con una rectificación profunda del actual esquema de conducción de los asuntos económicos o continuar empobreciéndola para favorecer a estas mafias. Los economistas hemos venido insistiendo en la imperiosa necesidad de sanear las cuentas fiscales, negociar inteligentemente un generoso financiamiento externo, unificar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio, apagar la “maquinita” del BCV que imprime dinero sin respaldo, restablecer las seguridades jurídicas a la iniciativa privada y desmantelar el sistema de controles, para derrotar la pavorosa inflación y el desabastecimiento que está acabando con la vida de los venezolanos. Pero el TSJ le da luz verde a Maduro para continuar haciendo totalmente lo contrario y empobrecer aun más al país. Cada quien con su conciencia.

Se trata de poner fin al régimen de expoliación basado en los controles, las regulaciones y el usufructo discrecional de la renta, lo que supone el fin del Estado patrimonialista. De ahí la resistencia feroz, “como gata panza arriba” de las mafias ante todo intento de hacer que se cumpla con la ley y se rectifique la conducción de la economía. Insistir en el actual esquema representa un crimen contra el bienestar de los venezolanos. Pero tampoco tiene viabilidad ni futuro alguno. Ha perdido apoyo popular, la renta es apenas una fracción de lo que era hace poco, la Fuerza Armada no se sacrificará para sostener lo insostenible, y la anuencia cómplice de gobiernos “amigos” y de una opinión pública internacional sensible a los mitos de la revolución latinoamericana prácticamente se ha desvanecido. Pero obnubilados por el poder casi irrestricto del que gozaban hasta poco, la oligarquía se niega a ceder. No rectifica. Es demasiado lo que está en juego y muy costoso, en lo personal, desprenderse de la impunidad que hoy le depara ese poder mal habido.

Paradójicamente, la habilitación del Decreto de Emergencia les quita toda excusa para echarle la culpa a otros de su fracaso. Deja desnudita la naturaleza expoliadora del “modelo socialista” y su manifiesta incapacidad para satisfacer las necesidades del país. Hace mucho más clara la necesidad de cambiar de gobierno.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

¿Necesita Venezuela una empresa de servicios petroleros y de minería del Estado? Esta es la pregunta que nos hacemos al recibir con asombro la noticia de la creación en Gaceta Oficial N° 40.845, de fecha 11 de febrero de 2016, del Decreto Presidencial Nº 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado, bajo la forma de Compañía Anónima, que se denominará Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El Art. 3ro. de dicho Decreto es muy preciso, el objeto social de la empresa CAMIMPEG abarca los servicios petroleros en las áreas de Perforación y Completación de pozos, Producción de petróleo y gas, Oleoductos, Refinación, Mercadeo, Seguridad, Higiene y Ambiente, así como todo lo relacionado con la operación de los hidrocarburos.

Gente del Petróleo alerta a los venezolanos sobre la creación de esta empresa que estará bajo la responsabilidad de personas que han sido formadas para la preservación y defensa del territorio nacional y sus ciudadanos y no para administrar y operar una organización dedicada a prestar servicios en materia petrolera y de minería. Otro punto a destacar es que hoy día las empresas que prestan servicios a la industria petrolera son especializadas y CAMINPEG pretende hacer de todo.

Es que no ha sido suficiente con la baja producción de Pdvsa, los accidentes con pérdidas humanas y materiales, los daños al ambiente, el endeudamiento, la corrupción, para ahora, en medio de la peor crisis económica, política y social crear otra empresa del Estado, cuando la experiencia nos dice que son pésimos administradores, que toda empresa que asumen se convierte en una pesada carga para el país.

Es decir, ahora el régimen le ha transferido al estamento militar – caso único en el mundo- la responsabilidad para la ejecución de los servicios petroleros, incluyendo consultoría y planificación. La institución militar por naturaleza no posee el conocimiento ni la experiencia sobre una materia tan especializada y estratégica para el país como lo son los hidrocarburos.

Gente del Petróleo manifiesta que no existe ninguna razón gerencial u operacional, ni la más mínima lógica empresarial que justifique esta medida. Por el contrario, consideramos que además de maximizar la ya creciente ineficiencia de PDVSA, significa un riesgo innecesario para los trabajadores, las operaciones, las comunidades y el ambiente.

Observamos con preocupación como trasfondo de estas acciones, la militarización del país. Resulta insólito que la Junta Directiva de CAMIMPEG le rinda cuentas al Ministro de la Defensa y no al Ministro de Energía y Petróleo.

Gente de Petróleo, cuyo mayor compromiso es contribuir con el fortalecimiento de la democracia venezolana y el rescate de su industria petrolera, expresa su total inconformidad con esta medida y alerta a los venezolanos que este Decreto puede ser la estocada final para la ruina definitiva de Pdvsa, antes pivote del desarrollo del país y hoy mantenida financieramente por el también devaluado Banco Central de Venezuela.

¿A dónde llegaremos? ¿Cuál es el beneficio de este Decreto? ¿Hay alguna justificación para la creación de esta empresa? ¿Van a pasar activos de Pdvsa a esta empresa? Instamos a los venezolanos a reflexionar acerca de estas interrogantes y al gobierno nacional a responderlas.

Caracas 15 de febrero de 2016

Esta semana se han producido dos hechos que ratifican, una vez más, que el gobierno de Venezuela no es democrático: La injusta decisión de la Fiscalía contra el alcalde Antonio Ledezma y los dos años de prisión de Leopoldo López. Ambos casos, junto con el secuestro de Manuel Rosales en el Sebin, desnudan al régimen y confirman que la cúpula que desgobierna no tiene ninguna intención de rectificar, a pesar del desastre en el que han convertido a Venezuela desde el punto de vista económico, social y político. Irrespetando la decisión de la mayoría de los venezolanos que pacífica y democráticamente le exigieron un cambio urgente el 6 de diciembre pasado, ignorando la terrible situación alimentaria, de salud e inseguridad que está acabando con la población, insisten en continuar por el camino que nos lleva al precipicio.

Cuando publicamos el libro ” Leopoldo López, preso de Maduro” junto a un grupo de reconocidos juristas, periodistas y politólogos en noviembre de 2014, dijimos que Leopoldo, los estudiantes y los ciudadanos que tomaron las calles para protestar pacíficamente tenían razones de sobra para hacerlo, que una casta corrupta estaba tratando de adueñarse del país. Año y medio después, esas razones están más vigentes y son más urgentes que nunca: no hay alimentos ni medicinas, el agua y la luz están racionadas y la delincuencia ha tomado el control de pueblos y ciudades ante la incapacidad, y en muchos casos con la complicidad, de autoridades corrompidas.

Mientras a los pranes y sus compinches les permiten ingresar drogas y armas de guerra a los penales, a los familiares de Leopoldo López y otros presos políticos los tratan de humillar con requisas que violan las leyes y la dignidad humana. Es solo un ejemplo de las injusticias sin límites que viven hoy los venezolanos, la mayoría de las cuales no se dan a conocer por miedo o por censura.

Precisamente por denunciar a este Estado delincuente, por ser la voz de los que no tienen voz, es que Leopoldo López está preso. Porque se atrevió a protestar, a exigir libertad y justicia para todos los venezolanos que hoy sufren. Su sacrificio y el de su familia nos convoca a todos a luchar, a protestar democráticamente con fuerza e hidalguía, con dignidad venezolana. Los derechos son para todas las personas, como siempre dice Leopoldo, no solo para la casta cívico-militar que abusa del poder como si el país fuera su propiedad privada.

Venezuela exige la Ley de Amnistía para todos los presos políticos como primer paso para la reconciliación y el cambio que permita salvar al país de la destrucción total. Maduro debe reconocer que no pudo, que no estaba preparado, que el país le quedó grande y debe renunciar. Eso haría un demócrata pero como ha quedado evidenciado, no estamos frente a un demócrata. La Constitución ofrece las salidas pacíficas y democráticas para salir de esta terrible crisis. Debemos activarlas antes de que sea demasiado tarde.

Con la Unidad: Enmienda y Revocatorio ya!

16 de febrero de 2016

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En 1984, según escribe Edgar Paredes Pisani, la sociedad venezolana experimentaba una evidente incapacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad y aun cuando la crisis política e institucional no parecía evidente, se percibía graves indicios de un agotamiento del orden político; en ese marco se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).

La COPRE nació para elaborar y presentar un proyecto de reforma integral del Estado y de hecho, en el año 1986, presentó a la Presidencia de la República unas propuestas de Reformas Políticas Inmediatas, en cuyo contenido se planteaba: la elección de gobernadores de manera directa, secreta y universal, la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Municipal; la democratización de los partidos políticos y reglas para su financiamiento, así como también la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio.

Cinco años más tarde, 1989, se agravaba la crisis política e institucional del Estado, lo que llevó al Congreso de la República a crear una Comisión Bicameral para la revisión de la Constitución, que inició su labor planteándose una Enmienda Constitucional y terminó elaborando una propuesta de Reforma General de la Constitución. Entre sus propuestas estaba la creación del Primer Ministro, la incorporación del Referendo como mecanismo para facilitar la participación en los asuntos públicos y la reforma del Sistema Judicial.

Ricardo Combellas, quien fue presidente de la COPRE, reconocía en uno de sus escritos que aquellas reformas urgentes, necesarias e importantes, no se concretaron y terminaron enterradas porque no lograron capitalizar la voluntad política necesaria del entonces Congreso Nacional; pero además, Combellas afirma que el intento fallido de golpe militar de 1992, lejos de impulsar la reforma constitucional, debilitó la voluntad para avanzar en las reformas generales de la Constitución.

No fueron suficientes los esfuerzos de la COPRE en el período 1994-1998 por retomar la idea de la reforma general de la Constitución; irónicamente, quien impulsa el fallido golpe de estado terminó siendo el promotor de una reforma constitucional que el liderazgo político de aquél momento no logró impulsar oportunamente.

El carisma de Hugo Chávez, el deterioro de los partidos políticos y de las instituciones del Estado hicieron posible que la Corte Suprema de Justicia y un referendo con la participación de solo 37,5% de la población electoral validaran la Asamblea Constituyente como vía de reforma constitucional, aun cuando la misma era contraria al propio texto Constitucional de 1961.

El Dr. Allan Brewer-Carias, en varios de sus escritos, recuerda que las Asambleas o Congresos Constituyentes han sido parte de nuestra tradición histórica; en tal sentido, identifica esos procesos en los años 1811, 1830, 1858, 1863, 1893, 1901, 1904, 1946, 1952 y 1958, y destaca que en todos los casos, esos procesos constituyentes fueron producto de una situación de hecho, consecuencia de una ruptura del hilo constitucional precedente. La fórmula constituyente de 1999, a diferencia de las anteriores, fue producto de un proceso democrático y pacífico, pero cuyo antecedente más inmediato fue el intento fallido de golpe de estado.

Hoy, 2016, una nueva generación de líderes políticos, no tienen otra alternativa que enfrentar los desafíos que supone un modelo político clientelar que se agotó, que profundizó la cultura del rentismo petrolero y que expone la evidencia de su fracaso en los objetivos planteados que están contenidos en el Plan de la Patria 2013-2019.

Ese modelo político se impuso a espaldas del pueblo, abusando de manera vergonzosa de la función legislativa en diciembre 2010, desconociendo a la Constitución de 1999 e ignorando los resultados del referendo del 2 de diciembre de 2007, lo cual configuró un modelo político inconstitucional e ilegítimo.

El Estado, así como en 1984, en la actualidad no puede satisfacer las necesidades básicas del pueblo; el Estado Comunal o Socialista, no logra garantizar las necesidades de: alimentación, agua potable, electricidad, salud, educación, seguridad ciudadana y menos una justicia imparcial.

Si en 1999, con la participación de 37,67% de los electores y en consecuencia una abstención del 62,3%, la sociedad venezolana asumió el camino de una Constituyente, ignorando los mecanismos formales de reforma de la Constitución de 1961, como salida inmediata a la crisis política e institucional de aquél momento; hoy, 2016, con un proceso electoral parlamentario en el cual participó el 74,5% de electores, resulta más que evidente el nivel de legitimidad que reposa en la Asamblea Nacional para actuar como promotor y facilitador de un proceso político de transformación, que debe iniciarse con la reinstitucionalización del país, a los fines de enfrentar una crisis evidente en lo político, en lo social y también en lo económico.

Las actividades de la Asamblea Nacional en estas primeras semanas, ha permitido rescatar en la memoria de los venezolanos la función parlamentaria a través del debate de ideas, de la interpelación como mecanismo de control político sobre la gestión de gobierno y de la función legislativa a través de las iniciativas de ley que se han planteado.

La rutina parlamentaria, mencionada en 1998 por Ricardo Combellas como una de las razones por las cuales no se acometieron las reformas que oportunamente propuso la Comisión Bicameral de revisión constitucional que actúo entre 1989 y 1992, debe llamar a la reflexión de los nuevos diputados en función de la responsabilidad histórica que esta Asamblea Nacional tiene en sus manos.

La Asamblea Nacional, a pesar de los intentos externos de saboteo, ha logrado responsablemente superarlos y ha logrado en poco tiempo exponer una gestión parlamentaria de cara a los ciudadanos y sin discriminación alguna. Cada vez que el ciudadano comenta sobre unas palabras o una intervención de algún diputado, sobre una decisión de la Asamblea Nacional, claramente está dejando constancia que siente y percibe la existencia del Poder Legislativo, lo cual es un gran paso, luego de ser un Poder Público prácticamente inexistente.

Por último, la Unidad tiene el deber ético y moral de responder políticamente al desafío que impone la realidad actual. El debate político y el diálogo entre todos los actores deben prevalecer. El espíritu de Unidad que privó en el referendo el 2007 y en las parlamentarias de 2015, debe alimentarse a los fines de ser efectivos en la defensa del orden constitucional y de la reinstitucionalización del país.

Qué oportunas son las palabras de Mario Briceño Iragorry cuando a mediados del siglo pasado escribió: “Por ello, de cambio en cambio, de modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos llegado en el afán de borrar el pasado, hasta frustrar nuestra genuina fisonomía nacional.” Allí se puede identificar las consecuencias de las tres 3 últimas décadas de cambios, reformas y transformaciones.

Referencias Bibliográficas:

Brewer-Carías, Allan. Poder Constituyente originario y Asamblea Nacional Constituyente. Editorial Jurídica Venezolana 1999.

COPRE. Reformas Políticas para el Cambio Político. Volumen 3. 1993.

Combellas, Ricardo (Coordinador) Constituyente, aportes al Debate. COPRE, Konrad Adenauer. 1998.

Artículo escrito para Politika UCAB, 12 de febrero de 2016

¿Qué comentar? sigue siendo un dilema difícil de resolver ante el cúmulo de declaraciones, decisiones y maniobras, términos definitivamente redundantes en este momento político, para reflejar lo que hace el oficialismo en su desgobierno, sin que se vislumbre una sola acción destinada a resolver los grandes problemas del país.

Ante esta realidad, se nos ocurre cuestionarnos sobre la posibilidad de que exista otra vida, distinta y mejor, después de la que estamos mal viviendo, en términos individuales y como ese todo que somos la sociedad venezolana.

Enumerar constantemente lo que sufrimos no ayuda a nada, ni a nadie, mientras que atrevernos a imaginarnos que las cosas pueden ser distintas representa una aliciente para seguir resistiendo y luchando por un futuro diferente, cada quien desde sus realidades y circunstancias.

Convencidos de ello, acompañamos la idea de que Venezuela tiene un futuro cada vez más cercano, en el cuál será posible desarrollar las aspiraciones personales, con respeto a las de los demás y a nuestro entorno natural, gracias a un marco jurídico que garantice la igualdad de oportunidades para todos los que en ella vivimos.

Ese futuro tenemos que construirlo desde ya, teniendo claro que nunca el mismo será producto de una individualidad, que los mesías modernos son creaciones publicitarias, y que solo el trabajo en equipo, asignado democráticamente a un grupo de venezolanos constantemente sujeto a supervisión, puede sacarnos adelante en un mundo cada vez más interdependiente a pesar de sus contradicciones.

Requerimos un país unido a partir del reconocimiento de las realidades y capacidades existentes en nuestras regiones, las cuales federadas en su accionar pueden gestionar gracias a su cercanía, las expectativas de las comunidades. Esta acción federada demanda una hacienda pública capaz de recaudar lo que es de todos y gestionar su distribución hacia niveles nacionales y locales de acuerdo a competencias y responsabilidades claramente establecidas.

Las reglas de todo juego y sobre todo, las de este que es vital, deben estar totalmente claras y más nunca sujetas a interpretaciones en manos de unos pocos, la opinión de cada venezolano debe contar por igual y el cumplimiento de lo establecido como ley debe ser garantizado de manera justa y expedita.

Partiendo de esa base y con honestidad administrativa presumida, pero además sujeta a supervisión y comprobación, nuestro país, en muy poco tiempo estará en la vía de acogernos con seguridad jurídica, seguridad social y seguridad personal para todos.

Claro que podemos; hagámoslo juntos.

Esta semana la sala constitucional de TSJ decidió, finalmente, quitarse la careta institucional y dejar ver su verdadero rostro rojo rojito, fallando a favor del decreto de emergencia económica propuesto por el jefe del régimen al inicio del año, que fue negado en el uso pleno de sus facultades constitucionales, por la nueva Asamblea Nacional. La sala constitucional, simplemente, no tiene la facultad para abrogarse semejante atribución y en consecuencia prefiere violar la Constitución Nacional a decirle al gobierno que no puede anular la decisión de la AN.

Esto crea un limbo jurídico institucional que enfrenta abiertamente tres poderes constituidos, dos de ellos por la expresión de la voluntad popular, la presidencia y la asamblea nacional y el otro por designación de la AN, como es el TSJ y sus salas respectivas, por lo que constitucionalmente, esta última no puede estar por encima de la voluntad del elector y debe, más bien, cumplir una labor de equilibrio para que se haga lo justo.

Abstrayéndose de estos principios, es incomprensible que la sala constitucional no se percate que el referido decreto de emergencia sólo hará empeorar las penurias que vivimos los venezolanos ya que, definitivamente, el gobierno no tiene la posibilidad de resolverlas porque precisamente el gobierno, es el problema.

Esta apreciación, ahora más generalizada dentro de la sociedad venezolana, incluyendo buena parte de los simpatizantes chavistas, apunta a la necesidad de cambiar al gobierno de la forma constitucional, pacífica, democrática y electoral mediante un método que se propondría dentro de seis meses según palabras iniciales del presidente de la AN al instalarse la misma el 05 de enero pasado. Sin embargo, las actuaciones arbitrarias del régimen, incluidos su poderes compinches, hacen ver que un plazo de seis meses (ahora cinco) luce excesivo y hasta peligroso para la existencia de Venezuela como país viable.

De allí que las palabras del presidente de la AN, durante la rueda de prensa ofrecida al país para fijar posición ante la ilegal decisión de la sala constitucional, al manifestar que quedaba sin efecto ese plazo de seis meses y que se abocarían a buscar el método para cambiar al gobierno en un tiempo más perentorio, evidencia la gravedad de la situación donde parece que la mejor opción del régimen es propiciarse un golpe de estado.

Para este cambio, sin duda impostergable, la AN y la oposición democrática deben activar inmediatamente la presencia de organismos e instituciones internacionales que garanticen el mantenimiento del precario estado de derecho que aún nos queda, mientras se ejecuta el método de cambio acordado y generen la suficiente presión institucional externa, ya no solo para el proceso de cambio, sino más importante aún, para preservarnos como país.

13 de febrero de 2016