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Opinión

En la lucha sin descanso que tiene lugar en Venezuela entre la libertad y el despotismo, el oficialismo ha decidido evitar, por todos los medios, cualquier medición electoral. Buscan dirimir la crisis política por vías extra democráticas provocando una especie de bloqueo político que difícilmente tenga largo recorrido por lo insostenible de la situación, por el calado de las tensiones existentes y el por el mayoritario deseo de cambio que une a la ciudadanía.

El alargamiento del nefasto bloqueo oficialista solo puede ser resuelto por la vía de una enorme y decidida presión nacional de la mayoría partidaria del cambio. Mayoría en la cual hay que incluir a sectores descontentos del chavismo enfrentados a la cúpula enquistada en el Poder. Por tanto es importante registrar que una suerte de unidad nacional se viene gestando por la base al calor de las penurias y de la terquedad de quienes gobiernan, solo preocupados en proteger sus intereses.

Las fuerzas democráticas han escogido el Referéndum Revocatorio Presidencial como la vía constitucional y democrática para sustituir al Gobierno, pero también al Sistema. Desde marzo se viene luchando contra los innumerables y sobrevenidos obstáculos instrumentados por el CNE para impedir la celebración del rr en el 2016 o quizás para que no se efectué en ningún caso. Sin embargo, se ha venido avanzando en el proceso de activación de la consulta.

Faltan todavía dos pasos para su concreción: la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral para solicitarlo y una vez cumplido el requisito la convocatoria al acto de votación.

En el proceso para materializar los siguientes pasos del RR es necesario superar el boicot impuesto por el régimen.

Es aquí donde adquiere pertinencia la jornada del 1 de septiembre como manifestación clara de la voluntad de los venezolanos de que el RR se realice.

Una jornada nacional, unitaria, masiva, contundente y combativa, que paralice el país demostrando la decisión ciudadana de luchar por la realización de la consulta refrendaría puede torcerle las manos al oficialismo y por tanto acercar la siguiente estación del proceso, cual es la recolección del 20% de las firmas, además incidiría en la obtención de las condiciones técnicas y logísticas apropiadas para esa etapa.

Una jornada de recolección de firmas en la cual millones de ciudadanos – muchos más de los necesarios para cumplir con el requisito - se vuelquen a las calles y centros de recolección puede generar muchas consecuencias positivas para el cambio.

En todo esto tanto la dirigencia democrática como la ciudadanía tenemos responsabilidades ineludibles.

Los primeros en dirigir con responsabilidad y astucia lo que viene, para ello la unidad de propósitos y en la acción es indispensable, el discurso convocatorio debe conjugar lo político con lo social y estimular y facilitar la presencia de la disidencia chavista en los eventos por consumar. También denunciar y desbaratar las maniobras del gobierno para impedir las movilizaciones y provocar la violencia.

Los ciudadanos debemos comprender la necesidad vital y decisiva de que nuestra participación masiva y contundente es imprescindible para torcerle la mano al régimen y acercar los tiempos del cambio. Nadie va a hacer por nosotros lo que debemos. Todos tenemos que contribuir.

Convirtamos el 1/9 y el firmazo en jornadas épicas e históricas en pro de un país libre, próspero, justo y seguro.

Caracas, 23 de agosto de 2016

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Una mirada por la región latinoamericana, nos lleva a Panamá en donde el Gobierno ha logrado aprobar un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el cual, según nota de prensa[1], ha sido el producto de 12 consultas públicas y cuyo contenido es presentado como el instrumento de planificación para definir políticas públicas que busquen mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptable para los panameños.

Ese Plan Nacional, se prevé no sólo la creación de una institucionalidad que logre desarrollar e implementar el Plan en un marco de cooperación interinstitucional, sino que además, prevé la reducción de riesgos asociados con eventos como las sequías e inundaciones.

En Venezuela en noviembre 2013, Miguel Leonardo Rodríguez, entonces Ministro de Ambiente, luego fue Presidente de Hidroven y actualmente diputado suspendido por el TSJ por Amazonas, anunció como algo real la presentación de un Plan Nacional de Agua, con un costo de 16 mil millones de bolívares y cuya misión era mejorar, reforzar y establecer el suministro de agua, especialmente en comunidades populares[2].

Tres años más tarde el Plan no es un documento público al cual se pueda acceder vía la página web de Hidroven y menos vía la página web de Hidrocapital, al menos para el 24 de agosto de 2016; ahora bien, según nota de prensa del 8 de mayo del 2014, ese Plan Nacional de Aguas, sirvió de justificación para que la Asamblea Nacional aprobara la cantidad de 2 mil 210 millones de bolívares, que según Ramón Lobo, entonces vicepresidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sería destinado para el Plan Nacional de Agua en el marco del Plan de la Patria.[3]

Según Manuel Briceño, entonces Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, en mayo 2014, afirmó que el Plan Nacional de Agua fortalecería la rehabilitación de las infraestructuras importantes para abastecer de agua potable a toda la población; la dinámica, particularmente en Caracas, advierte con mucha claridad que tal misión no se logró, lo que pone en evidencia el fracaso de ese Plan y su inexistencia en el mundo virtual.

Mientras Naciones Unidas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 y el Vaticano a través de la Encíclica Laudato Si abordan el problema de la cantidad y calidad del agua como uno de los grandes desafíos del presente que exige diálogo y acuerdos, el Gobierno de Nicolás Maduro, no asume el debate, mantiene silencio, crea más y más incertidumbre en la población en la medida que no facilita información alguna sobre la crisis hídrica y lo que si deja claramente establecido es que el racionamiento es indefinido, el deterioro del servicio público irreversible y en consecuencia el Socialismo del Siglo XXI se convierte en la principal causa del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos

Para el Socialismo del Siglo XXI, presidido por Nicolás Maduro, la Ley de Aguas como la Ley Orgánica de Prestación del Servicio del Agua Potable y Saneamiento, se convierten en instrumentos jurídicos nominales y formales, ignorados e inútiles en la práctica por el propio Estado. Las ruinas institucionales y jurídicas que soportan al régimen, lo convierten en el promotor de la privatización de la prestación del servicio de agua, pero además, lo hace responsable del pago doble por el servicio de agua, sin la debida garantía de calidad; ello ocurre cuando el ciudadano compra cisternas porque pasan días que no llega agua, o porque no se cumple el horario de racionamiento, el servicio especial que exige un pago considerable a un actor privado, representa un pago adicional al pago ordinario que se hace a empresas como Hidrocapital.

Para la Laudato Si, el tema del agua debe ser asumido como un asunto de primera importancia, pero la ausencia de información por parte del gobierno nacional y el informe de la Asamblea Nacional sobre la Crisis del Agua aprobado en abril 2016, ponen en evidencia que en Venezuela el tema no es de primera importancia.

Para valorar la actuación del Gobierno, es importante iniciar el análisis con los compromisos asumidos a través del Plan de la Patria 2013-2019, que según los representantes del oficialismo, tiene valor y fuerza de ley, esos compromisos previstos en el Objetivo 3.4 que plantea la profundización de una nueva geopolítica nacional, fueron:

Fortalecer y mejorar los sistemas de agua potable a lo largo del territorio nacional.

Mantener e incrementar la continuidad del servicio de agua potable a 250 litros por persona, tanto en zonas urbanas como rurales en todo el territorio.

Construir 100 acueductos a nivel nacional para garantizar la producción de 4.000 millones de metros cúbicos de agua potable, para satisfacer la demanda de 32.000.000 de habitantes para el 2019.

Culminar la construcción de Tuy 4, que beneficiaría el área metropolitana con 21.000 litros/segundo de agua. Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi, beneficiando Nueva Esparta y Sucre con 2.700 litros/segundo. Ampliación de Sistema Regional del Centro, que beneficiaria el estado Carabobo, Aragua, aumentando producción de 7.300 a 9.000 litros/segundo. Acueducto Barcelona-Guanta-Lecherías, para beneficiar habitantes de esas poblaciones aumentando producción de 3.000 a 6.000 litros/segundo.

Continuar la construcción de distribución de agua potable y saneamiento de aguas servidas en asentamientos que aún presenta carencia del servicio.

Ese Plan de la Patria va quedando moribundo con el pasar del tiempo y esos compromisos facilitan el análisis para valorar el fracaso del Socialismo del Siglo XXI y del Gobierno de Nicolás Maduro en garantizar a los venezolanos agua limpia, segura y permanente.

La Asamblea Nacional como Poder autónomo y constitucionalmente llamado a ejercer un control político sobre el Poder Ejecutivo, con la legitimidad que posee, asumió la responsabilidad de evaluar la crisis del agua y es así como en abril 2016, aprueba en plenaria, el Primer Informe sobre la Crisis de Agua en Venezuela, presentado por una Comisión Mixta[4] y cuyo contenido resulta importante para ser analizado y debatido en asambleas de ciudadanos para comprender mejor las causas del racionamiento de agua en nuestras comunidades.

En ese informe, disponible en la página web de la Asamblea Nacional, se advierte de la contaminación “irreversible” de las fuentes de agua potable que surten a Caracas y a la conurbación de Maracay-Valencia; destaca el incumplimiento del Estado en ejecutar las grandes obras propuestas y su irresponsabilidad en ejecutar obras que hoy no tienen utilidad práctica; además reclama que el Estado no cumple su obligación de informar sobre la calidad del agua y cuestiona que las empresas de servicio se han convertido en instrumentos políticos.

Concluye la Asamblea Nacional afirmando que el Niño no es la causa principal de la crisis hídrica, identificando en consecuencia que la causa directa se encuentra en la implementación de un modelo político y económico, que la Asamblea advierte se caracteriza por el mal manejo de políticas públicas, falta de planificación, ineficiencia y abrupta corrupción de los recursos públicos.

El Gobierno no puede responder simplemente con un racionamiento y menos aún se puede permitir que el mismo sea asumido como indefinido, es urgente, el reclamo pacífico, cívico y contundente, organizado y sistemático de los ciudadanos porque en esa Constitución aprobada vía referendo, expresamente se reconoce que el Estado es responsable, y en consecuencia, los riesgos a los que expone el gobierno a la sociedad con la escasez y las ausencia de garantías sobre la calidad del agua no pueden ser ignorados.

25 de agosto 2016

[1]HolaCiudad.com. Gobierno Panamá adopta Plan Nacional de Seguridad Hídrica. 24 de agosto 2016. Online em:http://www.holaciudad.com/noticias/Gobierno-Panama-Nacional-Seguridad-Hi...

[2]Confirmado.com Ministro de Ambiente anuncia lanzamiento de Plan Nacional de Agua. 8 de noviembre 2013. Online en:http://confirmado.com.ve/ministro-de-ambiente-anuncia-lanzamiento-de-pla...

[3]VTV. AN autoriza recursos para ejecutar Plan Nacional de Aguas. 8 de mayo de 2014. Online en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/05/07/ana-autoriza-recursos-para-ej...

[4] Asamblea Nacional. Primer Informe Problemática del Agua en Venzuela. Abril 2016. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a97a5452d6b0b0...

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El 1° de septiembre de 2016, independientemente de los resultados de la llamada «Gran Toma de Caracas», tiene visos de adquirir importancia para el análisis político y el registro histórico.

Por razones que desconocemos, la movilización de la población nacional hacia la capital de la República se fijó para el primer día de septiembre; para muchos, esta fecha le concedió al régimen veintitrés días de sosiego en un País cuyas circunstancias hacen prever un estallido social impulsado por el hambre y la desesperanza. Pero la fecha en si resulta irrelevante, ante el cúmulo de fallas y peligros que se ciernen sobre la convocatoria a un pueblo cuya mochila está tan vacía de bienes como llena de suspicacia.

Esta desconfianza es lógica, pues son muchas las actitudes criminales de algunos políticos «opositores»: haber planteado el referendo revocatorio como el único camino viable hacia la libertad y haber transigido, a la vez, con el régimen en aspectos electorales que convirtieron al CNE en el poder electoral real, es decir, en quien determina vencedores y derrotados, de espaldas al voto popular; haber convertido a la MUD en coto de caza de AD, PJ y UNT y en instrumento para potenciar trasnochadas aspiraciones presidenciales, que estorban el espíritu unitario requerido por la brega para la recuperación de la libertad; haber convertido los términos «Oposición» y «Unidad» en suerte de marcas registradas o franquicias y haberlas usado para fustigar la disensión interna, que es consustancial con la democracia; haber convertido a partidos como Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela en rehenes de una mayoría parlamentaria construida por «el dedo» y afincada sobre la falacia de la votación del 6D, que en realidad fue una explosión de rechazo al régimen y una expresión masiva de quienes asistieron a las mesas de votación con los ojos cerrados y el pañuelo en la nariz.

Estas circunstancias, que cada día son de mayor dominio público, debilitan «La Toma» y acrecientan la incertidumbre de un conglomerado que ve su nevera vacía y el caudal menguado y que, sobre todo, reza pasando las cuentas de un rosario de fracasos que tuvieron su origen en la fragilidad testicular de los dirigentes «opositores».

Nadie, grupo o persona, debe tratar de apropiarse de la jornada del primero de septiembre. Ella será construida por ciudadanos del más variado estrato social y de las más disímiles posturas políticas, hermanados por el hartazgo producido por un régimen que ha irrespetado las libertades básicas, destruido el aparato productivo y manchado el honor nacional; la gente saldrá a la calle en una operación de autodefensa, aguijoneada por el hambre, la inseguridad y el desconcierto que producen horrores inéditos, insospechados hace apenas tres lustros.

La gente estará en la calle en busca de la libertad y en defensa de sus intereses básicos; no marchará animada por intereses parciales ni en apoyo a ambiciones personales. Su esfuerzo y objetivos serán mucho más trascendentes, mil veces más hermosos e infinitamente más valiosos: pan, libertad, justicia, seguridad y trabajo. La gente marchará pensando en la Venezuela que quiere para sus hijos y recordando el País que alguna vez tuvimos, que luce brillante (sin serlo) al ser contrastado con el desastre actual, o como dijeran algunos partidos y diputados de la MUD en documento fechado el 21 de agosto, por cuanto «… Hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay gobierno democrático, no hay respeto a la separación de poderes, no se respeta el pluralismo político, no se respetan los derechos humanos, no hay transparencia ni probidad en el manejo de los recursos públicos».

La «Gran Toma de Caracas» se realizará bajo una doble acechanza: la del régimen, dispuesto a todo para impedirla, para no quedar desnudo de pueblo ante propios y extraños y, también, por los intereses subalternos que se mueven dentro de la MUD, entre los que destacan las candidaturas presidenciales, a gobernaciones de estado y al posicionamiento de partidos políticos a cuya dirigencia parece importarles poco la suerte de la República.

Mientras que la carta de Luis Almagro a Leopoldo López atizó nuestras esperanzas, así como el documento suscrito por algunos miembros de la MUD (21/08/2016), el firmado por Jesús Torrealba nos llenó de incertidumbre, pues contrariamente a lo que afirma Chuo, en el documento «Objetivos políticos y plan operativo de la jornada del 1ro de septiembre 2016», los marchantes estarán allí sin ningún interés en «la necesaria foto unitaria», rechazando la «sentada», sin ningún interés por las palabras de los representantes del antidemocrático «G4» y de los gobernadores, ni como ratones de laboratorio para que se experimente «la capacidad de conducción y liderazgo de las direcciones partidistas y de la MUD como conjunto».

El pueblo irá a marchar, pero no a favor de la MUD, ni de los partidos que la lideran hegemónicamente, ni en apoyo a los trasnochados candidatos presidenciales. Lo hará en rechazo al régimen genocida que destroza al País, en un legítimo ejercicio de supervivenciay en busca de un mejor futuro para todos, al cobijo de una sola bandera: la tricolor de siete estrellas.

Turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

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Luis Ugalde

No es fácil que cuarenta obispos se pongan de acuerdo rápidamente para presentar la realidad con toda su crudeza. Siempre parece más fácil y prudente expresarse en principios cristianos generales. Pero cuando la situación es de extrema gravedad y la sordera del poder aterradora, los obispos se sienten obligados a enviar un comunicado tan veraz y desgarrado como es la dura Exhortación episcopal de este mes de julio. Quiero publicar la mayor parte de ella en el espacio disponible para mi artículo con la esperanza de que los lectores encuentren en ella la dura verdad de la actual muerte venezolana y el camino hacia la libertad y vida.

“La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles. En la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la represión militar” (…).

“El discurso belicista y agresivo de la dirigencia oficial hace cada día más difícil la vida. La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz” (…).

“El auge de la delincuencia y de la impunidad entorpece el ordinario quehacer de la gente y provocan, en ciudades o poblaciones grandes o pequeñas, verdaderos toques de queda”.

“Vivimos prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos, quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son inaceptables” (…).

“El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar. No se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el conflicto”.

“La crisis moral es mayor que la crisis económica y política, porque afecta a toda la población en sus normas de comportamiento. La verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción, el diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía. La corrupción se ha incrementado en los organismos del Estado y la descomposición moral ha invadido a muchas personas integrantes de instituciones privadas y públicas, civiles y militares, así como a amplios componentes de la sociedad. Un exponente de esta degradación moral es la reventa especulativa de productos, llamada popularmente “bachaqueo”.

“Desconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad soberana expresada en el voto popular. La división, autonomía y colaboración entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable” (…).

“La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”.

“El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes”.

“Es de urgente prioridad que el Ejecutivo permita la entrada de medicamentos al país, dada su gran escasez. Para su recepción y distribución, la Iglesia ofrece los servicios e infraestructura de Cáritas, y de otras instancias eclesiales abiertas a la cooperación de otras confesiones religiosas e instituciones privadas. Este servicio no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda significativa”.

“Es una necesidad que se abra de manera permanente la frontera colombo-venezolana” (…).

“Aumenta el número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas. La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena o al menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal”.

“Las angustias y esperanzas del pueblo venezolano son compartidas en estos momentos por numerosas instancias nacionales e internacionales. El gobierno no debe declararlas ajenas a nuestros derechos ni culpar a quienes acuden a ellas legítimamente, denunciando injerencias y aduciendo soberanía e independencia, ya que vivimos en un mundo interconectado y globalizado”(…).

“En el nombre de Jesús que nos manda “amarnos unos a otros” (Jn.13, 34) hacemos un llamado a las autoridades para que frenen el deterioro de la vida de los venezolanos, cualquiera que sea su preferencia política, y para que se detenga la actual espiral de violencia, odio y muerte. Movidos exclusivamente por el bien y la paz de todos los venezolanos, reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios para facilitar el encuentro entre los contrarios y el entendimiento en la búsqueda de soluciones efectivas”.

Los obispos como los médicos no pueden ser neutrales entre la vida y la muerte y menos cometer el error de confundir lo uno con lo otro. La liberación y vida de Venezuela necesita reconocer la verdad del dolor generalizado que vivimos los venezolanos.

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¡La ciudadanía está desesperada y sometida a una situación extrema! La inseguridad, muertes producto del hampa, hambre, desabastecimiento de alimentos, alto costo de la vida, enfermedades, escasez de medicamentos, son parte de la terrible realidad que exige a los políticos guiar, para lograr una salida de esta crisis brutal, por la que estamos atravesando los venezolanos. ¡La Unidad Nacional es vital!

Es un deber trabajar unidos con inclusión y amplitud, reafirmando la transparencia y la valentía, con salidas enmarcadas en la Constitución Nacional. Las recientes declaraciones de la presidenta del Poder Electoral, lejos de solventar la crisis institucional imperante en el país, pretenden profundizar el desconcierto y la frustración, en los ciudadanos que impulsamos la revocatoria del mandato del Presidente de la República, como respuesta a su incompetencia e incapacidad para generar soluciones.

Si cedemos o renunciamos a nuestros derechos, estaremos enfrentados a la historia, juez implacable cuya memoria permanece en el tiempo, aprendamos de los errores y reivindiquemos el sacrificio de tantos compatriotas. Cada una de las victorias y derrotas han sido enfrentadas con un espíritu unitario, capaz de distribuir las cargas y responsabilidades, donde sin duda el aporte de todos ha sido fundamental.

La Unidad es más que una coalición electoral de partidos políticos, se ha convertido en la aspiración ciudadana para generar las transformaciones sociales y políticas para el país.

¡La Unidad es fortaleza! Un referente ético y moral, solo cuando reconoce y valora el innegable aporte de los estudiantes, trabajadores, sindicatos, gremios, obreros, sociedad civil organizada, voluntarios, profesores, amas de casa, empresarios, empleados públicos, dirigentes políticos, militares y religiosos, en fin todo aquel ciudadano que centra sus esperanzas en el rescate de la República. ¡Unidos nada es imposible!

Hoy es irrenunciable apegarnos a la institucionalidad en la toma de decisiones, garantizándoles a todos los actores los espacios de debate y conducción política. La pluralidad es la naturaleza de toda coalición democrática, y sus principios deben promover el debate respetuoso de las diferentes posiciones tácticas para cohesionar una estrategia en común, consagrada al propósito superior: Remover democráticamente al régimen lo antes posible y articular un Gobierno sustentable de Unidad Nacional capaz de reconstruir moral, social, institucional y económicamente a nuestra Nación.

Promover reglas claras, termina siendo la mayor garantía para alcanzar rápidos entendimientos; la participación y la validación de compromisos es la verdadera Unidad. Esta nos blinda de cualquier inaceptable acción que pretenda imponer una hegemonía de pocos, sobre todo cuando luchamos contra la exclusión de un régimen corrupto y mafioso.

Enfrentamos el totalitarismo del régimen y a sus vicios, como expresión elevada de dignidad, donde amparados en la virtud y el honor, proponemos un proyecto alterno, reivindicativo y democrático dispuesto a modelar desde el ejemplo.

Los principios y derechos no pueden ser sometidos a ninguna negociación y estamos llamados a defender el mandato constituyente, expresado a través del voto en representación de la innegable mayoría de la Asamblea Nacional. Ningún diálogo es capaz de prosperar sin dos características previas: la igualdad de condiciones entre las partes y la disposición a conversar para buscar soluciones. Ambas se ven atacadas en las acciones de un régimen que mantiene como prisioneros de conciencia a compañeros estudiantes, militantes y líderes fundamentales de la Unidad.

Es oportuna la prevención que hace ante la crisis actual, la Conferencia Episcopal:

“El diálogo, del cual habla el gobierno, comienza por el reconocimiento de la gravedad de la situación en todos los órdenes y la manifestación de la voluntad mediante signos visibles, de querer cambiar positivamente o transformar la situación. El incremento del poder militar no solucionará los problemas éticos y sociales. Un diálogo político sin metas precisas, sin fases definidas y sin resultados previstos es inútil”.

Aprovechemos todo el respaldo y atención de la comunidad internacional, para una estrategia en favor del cambio democrático y oportuno, tal como lo expresó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro:

“La democracia requiere diálogo. Para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones. La democracia no tiene nacionalidad. La democracia es más que una elección, es libertad. Libertad de expresión, de asociación, de reunión. Es una ciudadanía empoderada. Una judicatura independiente. Una estructura de seguridad que tenga la confianza de la gente, del pueblo y que le rinda cuentas. Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de Derecho”.

Hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay gobierno democrático, no hay respeto a la separación de poderes, no se respeta el pluralismo político, no se respetan los derechos humanos, no hay transparencia ni probidad en el manejo de los recursos públicos.

El diálogo demandado es nacional y para serlo hay que escuchar al pueblo, y el pueblo lo que pide es respeto a la Constitución, vale decir, acatamiento de su decisión de ir a un innegociable referendo revocatorio a celebrarse este año 2.016.

Por otra parte, cumplir la promesa electoral recogida en los acuerdos políticos suscritos por la Unidad, en el documento del 25 de noviembre de 2.015 es una obligación de cara al mandato recibido por millones de venezolanos.

Debemos dar prioridad al Proyecto de País, antes que al líder llamado a conducirlo, el reto consiste precisamente en promover un liderazgo colectivo fiel a este proyecto.

Por esta razón consideramos fundamental y alentamos a participar en la manifestación ciudadana del próximo 1ero de Septiembre: “Gran toma de Caracas”, no sólo para exigir fecha al CNE, además es la oportunidad de manifestar de forma no violenta, pero con irreverencia y fuerza, el derecho contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos: 5, 333, 347, 348, 349 y 350. La soberanía y el poder constituyente residen en el pueblo y es nuestro deber restituir la democracia en defensa de la República. Alertamos a los miembros de la FAN la obligación que tienen de cumplir lo establecido en el artículo 328 de la Carta Magna, igualmente, lo señalado en el artículo 68 y como venezolanos, la responsabilidad que le establece el artículo 25 de la Constitución sobre la responsabilidad civil, penal y militar, sin que puedan alegar “cumplimiento de ordenes superiores”.

La Unidad debe ser con todos, para todos, sin exclusiones y de proceder transparente, a la altura de las demandas ciudadanas y consciente de la trascendencia de nuestra misión.

Suscriben las Organizaciones Políticas integrantes de la MUD

Carlos Blanco – Alianza Bravo Pueblo

Haydee Deutsch – Fuerza Liberal

Fernando Álvarez Paz – Gente Emergente

Gustavo Mujica – Izquierda Democrática

Jorge Valverde – Moverse

Julio Albarrán – Movimiento Republicano

Luis Velásquez – Progreso Social

Dip. Deyalitza Aray – Proyecto Carabobo

Dip. Carlos Eduardo Berrizbeitia – Proyecto Venezuela

Cjal. Jesús Gutiérrez – Unidos Para Venezuela

Irma López – Unidad Noe

Iván López – Unidad Visión Venezuela

Gral. Enrique Prieto Silva – Vamos Adelante

Henry Alviárez – Vente Venezuela

Diputados por la MUD

Richard Blanco, Juan Pablo García, José Gregorio Aparicio, Edwing Luzardo, José Gregorio Hernández, Juan Vilera, Juan Carlos Bolívar, Alexis Lamazares, Elías Bessis, Freddy Castellano, María Verónica Rengifo, Nafir Morales, Lucia Castillo, Aura Hernández, Magalvi Estaba, Gina Rodríguez, María Aular, Adela Otaiza, Andrea Leger, Ana Morales, Carmen Serrada, Carlos Pinelly, Mary Ruiz, Andreina López, Edmundo Prieto, Belkis Ulacio, Cristina Minerva Ortega, Noé Mujica, Aranza Cordero, Carlos Bastardo, Omar González, Luis Barragán, Winston Flores, Franco Casella, Omar Ávila.

Caracas, 21 de agosto de 2016

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Las organizaciones sociales e instituciones firmantes de este manifiesto, interpretando el sentimiento de nuestros agremiados, fijamos nuestra posición ante la grave crisis nacional.

Las políticas de este gobierno han resultado un desastre que los venezolanos se niegan a seguir soportando. Las pesadumbres han tocado la esencia de nuestro ser como compatriotas solidarios y como seres humanos civilizados que necesitamos cubrir necesidades esenciales y vivir mejor.

Venezuela no aguanta más estas condiciones de vida. Nos negamos a seguir en una eterna cola, de un abasto a otro, de una farmacia a otra, sin encontrar lo que nos hace falta. No queremos, ni para nosotros ni para nuestros hijos y familiares, un país donde se destruya el trabajo como fuente de progreso y se siga multiplicando el hambre y la delincuencia.

La profundidad de la crisis y la magnitud de los daños ocasionados en todos los ámbitos del país exigen cambios urgentes para detener la ruina y apuntalar un camino de reconstrucción hacia el bienestar y la prosperidad de los venezolanos. Es el momento de que las bases de nuestra sociedad —los ciudadanos, en quienes constitucionalmente reside el poder originario y constituyente de nuestra república— opinen y se pronuncien sobre la continuidad o el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Asumimos que las reivindicaciones inmediatas que exigen los trabajadores, emprendedores, profesionales y técnicos, productores del campo y de la industria, maestros, profesores y estudiantes, empleados públicos y cualquier habitante de barriadas y urbanizaciones, no tendrán una respuesta satisfactoria ni se resolverá la exigencia de mejoría de nuestras condiciones de vida y de trabajo, mientras el actual Gobierno continúe. Hemos llegado a esta ineludible conclusión luego de hacer miles de intentos para que se oyeran nuestras voces y peticiones y se cumpliera con el “Estado de derecho y de justicia” que establecen la Constitución y las leyes.

Como el gobierno se niega a cambiar, vamos a cambiar el gobierno. Exigimos el cambio político aunque persistiremos, incluso con más ganas y más tesón, más unidad y más solidaridad, en el impulso de nuestras luchas inmediatas por reivindicaciones para paliar el difícil momento que vivimos: por aumento general de sueldos y salarios y el cese de la espiral inflacionaria y especulativa; por salvar la universidad; para que se acepte la ayuda humanitaria en alimentos y medicinas; por mejoras sustanciales en los servicios, salud y educación; por requerimientos urgentes para reactivar la producción nacional, en fin, continuaremos con nuestro esfuerzo diario por ir construyendo una Venezuela digna de vivir por las venideras generaciones.

Sabemos que sólo un cambio gubernamental no es suficiente, pero es un paso imprescindible para repensar y replantear un nuevo acuerdo social y político, y así conjugar las mejores voluntades de hombres y mujeres decentes y de buena voluntad que viven en esta tierra de gracia. A Venezuela le sobran reservas morales y éticas para salir de este atolladero, gente laboriosa, inteligente y capaz, además de ingentes recursos materiales, para responder con rapidez y prontitud a las grandes dificultades económicas y sociales que hoy nos agobian.

Si echamos a un lado las discriminaciones y las diferencias, si en la conducción de nuestra patria impera un sentimiento y un espíritu de país y de pueblo, si colocamos al frente la unidad por encima de la división, si jerarquizamos los intereses colectivos ante las ambiciones personales, estamos seguros de que no transcurrirá mucho tiempo para ver resplandecer a un pueblo capaz de edificar una mejor democracia, una economía fuerte y soberana, unas relaciones sociales basadas en la solidaridad, el apoyo y la fraternidad, y un Estado verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

Hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas a unir esfuerzos por una salida inmediata y urgente que haga eficaz el rotagonismo del pueblo mediante la realización del Referendo Revocatorio en este año 2016. La fuerza del pueblo puede hacer cambiar la decisión del CNE de enviar esta consulta electoral a 2017 y quitarle su eficacia política. Que nadie se desmoralice ni se amedrente por las amenazas, chantajes y represión de este régimen ineficaz e indolente. Los venezolanos somos un pueblo que no se deja pisotear ni se subordina ante imposiciones autoritarias.

Que los jóvenes y los profesionales refuercen su arraigo en nuestro país y se sumen a esta noble y titánica tarea de reconstruir la patria. Que las mujeres sigan en su insustituible actitud de valentía ante la injusticia y en defensa de la familia y de los valores. Que los partidos políticos expongan sus mejores análisis y propongan nuevas iniciativas para luchar juntos. Que los ciudadanos se organicen más y mejor para plasmar en la realidad el protagonismo social y la autonomía popular. Que los sindicatos, colegios profesionales y gremios multipliquen sus iniciativas en defensa de sus afiliados y de los trabajadores en general. No es hora de lamentos. Saquemos las mejores fuerzas de nosotros mismos para abrir los caminos del progreso, la democracia y la libertad. Sumemos nuestras voluntades y ejerzamos el derecho constitucional a cambiar de gobierno mediante el Referendo Revocatorio.

Revoquemos el hambre y la escasez

Por una vida digna y de progreso para todos

Todos a la marcha del 1º de septiembre

Revocatorio Ya

Asociación de Profesores de la UCV (APUCV)

Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela

Colegio de Odontólogos de Venezuela

Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela

Colegio de Enfermeros de Caracas

Bloque Profesional, Gremial y Sindical

Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de Sanidad (SUNEP-SAS)

Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU UCV)

Unidad de Acción Sindical y Gremial (UASG)

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)

Unión Nacional de Trabajadores (UNETE)

Confederación General de Trabajadores (CGT)

Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA)

Frente Autónomo en Defensa del Salario y el Sindicato (FADESS)

Movimiento de Sindicatos de Base (MOSBASE)

Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN)

Movimiento Estudiantil de la Universidad Metropolitana

Dirigentes de las Federaciones Deportivas Nacionales

Gente del Deporte

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En el preámbulo de la Constitución de 1999, Venezuela es definida como una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural.

De acuerdo al Artículo 62 de dicho texto: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Sin embargo, el gobierno venezolano está tomando en secreto decisiones de carácter estratégico que podrían estar definiendo el futuro del país por del resto del siglo, sin debate alguno en el seno de la sociedad. Mediante el decreto presidencial del Arco Minero del Orinoco, se decidió la creación de una especie de zona franca minera, bajo control militar, donde se suspenden preventivamente muchos de los derechos constitucionales entre otros, los derechos de los pueblos indígenas. Se ha anunciado que se ha llegado acuerdos con 130 o 150 empresas, sin que los venezolanos ni las venezolanas tengamos idea de cuáles son dichas empresas, y cuál es el contenido de dichos contratos.

Tendrá que haber razones de mucho peso, será que su contenido es muy perjudicial para el país, para que el gobierno se sienta obligado a mantener, no solo las negociaciones, sino los acuerdos en secreto. Dado este secreto gubernamental, no nos queda más remedio a los ciudadanos de este país que buscar fuentes de información externa.

En pasado 8 de agosto la empresa Gold Reserve, realizó un anunció público, en la ciudad de Spokane, Estado de Washington de los Estados Unidos, explicándole a sus accionistas y potenciales inversionistas el contenido del acuerdo que ha firmado con el gobierno venezolano.

Los contenidos más resaltantes de este acuerdo son los siguientes:

El gobierno Venezolano ha acordado la creación de una empresa mixta con la Gold Reserve. La Empresa Mixta tendrá derechos mineros al oro, el cobre y la plata en 18.000 hectáreas, incluyendo los depósitos de Brisas-Cristinas.

La República Bolivariana de Venezuela acuerda pagar la totalidad de la indemnización que de acuerdo al laudo arbitral solicitado por la empresa al CIADI, más los intereses acumulados hasta el 24 de febrero de este año por un total de US$ 769.681.823. Este monto será pagado en dos partes antes del 31 de diciembre de este año.

El gobierno venezolano acuerda comprar los datos técnicos de minería en Venezuela con los que cuenta la empresa por un total de 240 millones de dólares. Solo cuando se termine de cancelar este montó, los datos serán entregados por la empresa.

La Gold Reserve ha acordado una suspensión temporal de la exigencia legal de la aplicación de la indemnización del laudo arbitral hasta que el pago final de esta indemnización sea hecha por Venezuela. Tras el pago final de la indemnización, la Compañía cesará todas las actividades legales relacionadas con el reclamo de la indemnización. La Gold Reserve podrá dar por terminado el Acuerdo de solución mediante notificación escrita, sin exigir una decisión de cualquier autoridad judicial, si las dos cuotas correspondientes al pago de la indemnización no son recibidas por Gold Reserve en los plazos previstos en el Acuerdo de solución.

Venezuela va a utilizar el producto de toda financiación que se cierre después de la ejecución de este acuerdo para pagar a Gold Reserve las cantidades adeudadas en virtud de este acuerdo con preferencia a cualquier otro acreedor.

En las condiciones de profunda crisis que vive en país, donde no hay suficientes divisas para garantizar la importación de los alimentos y medicamentos básicos que requiere la población, el gobierno se compromete a entregar a la Gold Reserve, a corto plazo, más de mil millones de dólares.

Mediante este acuerdo, se establece además que los pagos del Estado Venezolano a la Gold Reserve tendrá prioridad sobre cualquier otro acreedor, aunque se trate de deudas que sea necesario cancelar como condición para poder adquirir los alimentos y medicamentos que con urgencia requiere la población venezolana.

La Empresa Mixta será propiedad en 55% de Venezuela y 45% por una subsidiaria propiedad en un cien por ciento de Gold Reserve. La duración del proyecto minero es de 40 años (20 años con dos extensiones de 10 años).

Venezuela contribuirá a la Empresa Mixta, los derechos sobre el oro, el cobre, la plata y otros minerales estratégicos contenidos dentro de 18.000 hectáreas ubicadas en el sureste del Estado Bolívar, que incluye el proyecto Brisas Cristinas. Gold Reserve, bajo un Acuerdo de Servicios Técnicos, proporcionará los servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción a la Empresa Mixta. Gold Reserve percibirá una comisión del 5% de todos los costes de la construcción y el desarrollo del proyecto. Una vez que comience la producción comercial, a la Compañía se le pagará una cuota del 5% por su asistencia técnica durante las operaciones.

Venezuela y la compañía trabajarán en conjunto para completar los recursos para financiar los US $ 2,1 millardos previstos como costos de capital para el proyecto Brisas Cristinas.

Esto es, se calcula que se necesitan más de dos mil millones de dólares de nuevo capital para llevar a cabo el proyecto. La empresa, a pesar de recibir más de mil millones de dólares del Estado venezolano no aportará capital propio, no traerá dinero fresco. Esos mil millones serán distribuidos entre los accionistas de Gold Reserve. La nueva empresa mixta tendrá que buscar esos recursos en el mercado de capitales. Para el Estado venezolano esto significa que además de los más de mil millones de dólares que debe pagar a corto plazo a la Gold Reserve, tiene que endeudarse por 1.155 millones de dólares adicionales para poder hacer su aporte al capital requerido por la nueva empresa mixta. ¿De dónde saldrán estos 2164 millones de dólares? ¿Es esa la prioridad que hoy tiene la población venezolana?

Decretos Presidenciales han sido o serán emitidos dentro del marco legal del Arco Minero del Orinoco, con los siguientes incentivos impositivos y fiscales para las empresas mixtas que operan en esa zona:

Aquí es importante hacer notar que la empresa afirma que, además de los extraordinarios beneficios impositivos y fiscales ya acordados a las empresas transnacionales, el gobierno les ha garantizado nuevos beneficios por la vía de nuevos decretos que serían emitidos a futuro.

Exención de pago del impuesto sobre el valor agregado, impuesto de timbres fiscales, impuestos municipales y los impuestos que surjan como contribución de bienes tangibles e intangibles, de existir estos, a las empresas mixtas de las partes.

Las Empresas Mixtas incurrirán en el mismo costo de la electricidad, diésel y gasolina como los efectuados por el Gobierno o entidades relacionadas.

Venezuela y Gold Reserve participarán en las ganancias netas de la empresa mixta, de acuerdo con una fórmula acordada resultando en porcentajes especificados basados en el precio de venta de oro por onza.

La Empresa Mixta pagará una regalía (net smelter return royalty) a Venezuela sobre la venta de oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos de 5% durante los primeros diez años de la producción comercial, 6% durante los siguientes diez años y el 7% en los años siguientes.

La Empresa Mixta estará autorizada para mantener fondos asociados con los futuros costos de financiamiento en dólares estadounidenses.

La Empresa Mixta estará autorizada para exportar y vender su concentrado y barras doré que contengan oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos fuera de Venezuela y mantener los ingresos de tales ventas en una cuenta offshore en dólares norteamericanos.

Esto entra en clara contradicción con lo establecido el Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, de diciembre del año pasado, que establece en su artículo 31 que:

El oro y demás minerales estratégicos que se obtengan como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, serán de obligatoria venta y entrega al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela podrá autorizar, la venta y/o entrega de cada mineral a una entidad distinta, en los términos que a tales efectos se establezca.

Si Venezuela entra en un acuerdo con un tercero para la incorporación de una empresa mixta para llevar a cabo actividades similares en términos y condiciones que sean más favorables que los incentivos impositivos y fiscales señalados arriba, Venezuela se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para otorgar a la Sociedad Mixta términos similares que se aplicarán al proyecto Brisas Cristinas.

Como si fueran poco favorables para la empresa las condiciones de este acuerdo, cualquier beneficio adicional acordado a otra empresa, sería igualmente extendido a la Gold Reserve.

Particularmente alarmante es el siguiente punto del acuerdo:

Venezuela indemnizará a Gold Reserve y afiliados contra cualquier futura acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas.

Esto está definido en términos tan amplios que el Estado venezolano asume los costos de cualquier acción legal asociada con el proyecto Brisas Cristinas, estén estos relacionados con el carácter inconstitucional e ilegal de las operaciones mineras del Arco Minero del Orinoco, como de cualquier impacto socioambientales o laborales que se deriven de las operaciones de la empresa mixta. Es este el ideal máximo de una empresa, un capitalismo sin riesgo, y sin incentivo alguno para cumplir con las normas legales del país donde operan. El Estado se compromete a asumir y pagar todas las consecuencias.

Como parte de su interés complacer a sus accionistas y atraer nuevos inversionistas, la empresa afirma que:

El proyecto combinado Brisas Cristinas, un depósito de oro y cobre ubicado en distrito minero kilómetro 88 del estado Bolívar en el sureste de Venezuela, cuando se construya, se prevé que sea la mayor mina de oro en América del Sur y una de las más grandes del mundo.

El boletín de la Gold Reserve concluye con una declaración de Doug Belanger, presidente de la empresa que dice lo siguiente: _En nombre de los accionistas y las partes interesadas están muy contentos de resolver nuestra disputa con Venezuela. Este acuerdo permite que procedamos con la tremenda oportunidad para la Compañía y para Venezuela de desarrollar en forma conjunta el depósito de oro y cobre Brisas Cristinas, a la vez que proporciona a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras directas debido al conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera. Esto se transformará en sólido crecimiento económico de Venezuela y en la expansión de una nueva industria complementaria a la existente industria petrolera de la República. Después de la recepción de la indemnización y liquidación de la totalidad de las obligaciones financieras de la empresa, una mayoría sustancial de los ingresos netos relacionados con la indemnización y la venta de datos técnicos de minería está previsto que sean distribuidos a nuestros accionistas.

De esta declaración es importante destacar lo siguiente: proporciona a Venezuela una gran oportunidad para atraer nuevas inversiones extranjeras directas debido al conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera.

Aquí está claramente por lo menos parte de la explicación de por qué el gobierno venezolano ha decidido entrar en un convenio tan leonino y tan perjudicial para la nación como el firmado con esta empresa. El conjunto de políticas y reglamentos aprobados por el gobierno para la industria minera (esto es el control militar y la suspensión preventiva de garantías constitucionales en el territorio minero, así como la clara violación del derecho a la consulta previa e informada a los pueblos indígenas), por un lado y fiel cumplimiento con las exigencias del CIADI fueron consideradas por el gobierno como condiciones sin las cuales no podría aspirar a generar la requerida confianza entre los inversionistas extranjeros, condición necesaria para atraer las ansiadas inversiones de las corporaciones mineras transnacionales.

En un ambiente de tan generalizada corrupción ¿existirán algunos incentivos adicionales para que los altos funcionaros de este gobierno auto-denominado como revolucionarios considerasen conveniente la firma de este convenio?

¿Qué pasó con la soberanía? ¿Con el anti-imperialismo?

La Gold Reserve es una pequeña empresa de exploración que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto como empresa de capital de riesgo, registrada bajo la denominación de Aventure capital@. Como otras empresas de su tipo, su fuente principal de ganancias no está en la actividad productiva sino en la especulación.

Nosotros, integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, no tenemos por los momentos forma de saber hasta que punto el comunicado público de la Gold Reserve es fiel al contenido del acuerdo al cual se llegó con el gobierno venezolano. Si el gobierno llegase a considerar como incorrecta esta información, en lugar de desmentir su contenido, tiene la obligación de difundir ampliamente los documentos de los acuerdos suscritos.

Caracas 15 de agosto 2016

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