El militar forajido que irrumpió en 1992 y generó y alimentó toda esta desgraciada vorágine se presentó con las armas de la república a dar al traste con el Estado de Derecho que existió en Venezuela dentro del consensuado y perfectible acuerdo democrático denominado Pacto de Punto Fijo, logrado entre los más estudiados y estudiosos líderes del país rural de los años ’50, cuando Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, orden alfabético, curtidos de luchas intelectuales, estudiantiles y laborales, sostuvieron que sólo la unión de las fuerzas democráticas podría acelerar la caída de la dictadura perezjimenista y darle a la tierra de Bolívar la anhelada y bregada libertad.

Ese facineroso uniformado desde un principio pretendió hacer de las armas su instrumento de conspiración en la búsqueda del poder por el poder mismo, el poder de la fuerza de las armas y no el poder de la fuerza de la razón, porque en esa cabeza sin fundamento nunca hubo razón; se alió con otro puñado de delincuentes armados y de canallas de la prensa y de la pluma para llegarles a los bandidos del dinero y fantasear una seudorrevolución que emocionó a casi todo un mundo que le entregó alma, corazón y vida.

Pero el malandro del camuflaje insistía en que su propuesta era de una revolución para devolverle al país la democracia y la libertad, y que todo eso sería mediante una asamblea nacional constituyente para reformar el Estado y cimentar a Venezuela sobre un árbol de tres raíces representadas en Simón Bolívar, Simón Rodríguez y (¡nada menos!) Ezequiel Zamora, cuyos pensamiento, formación y acción darían la base para un cambio profundo en el ordenamiento jurídico mediante una Constitución democrática, participativa y protagónica.

Pura paja, pura muela, pura bulla, pura coba y desde muy temprano mostró garras y dientes con un lenguaje incendiario y repitiendo a diestra y siniestra aquí, allá y acullá que su revolución era pacífica… Pero, ojo, pacífica y armada. “No se caigan a cuentos; mi revolución es pacífica, pero está armada…”, decía el malhechor de marras. Y aquí la tenemos, dictadura, tortura pura y dura no sólo por el hambre y la desnutrición que acaban a nuestro pueblo, sino con el atropello a los derechos humanos y el asesinato a mansalva de los jóvenes que, siempre, son quienes dan la cara por este país en todo tiempo y en todo momento.

Y dejó el tirano a su desangelado hijastro ilegítimo encargado de poner en práctica todas las tropelías que él no había podido adelantar y que ya han cansado hasta a los dirigentes enchufados y a los activistas tarifados en sus mítines nariceados y aguados que incluso los camarógrafos no hallan cómo hacer para dar la sensación de que el pueblo está feliz y contento, que ríe y se alegran ante cada arenga del farsante a la gente.

A la gente subyugada que lo dio todo por la revolución se le arrugó el alma, se quedó sin corazón y ahora está entregando su vida en las calles de Venezuela como manera única de salir de la horrible pesadilla que nos agobia y nos oprime por la acción de los esbirros del régimen que empuñan las armas y empeñan sus almas tratando en vano de sostenerse porque, sabido es, que fusiles y bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas.

Los que tomaron las armas y dijeron adiós a sus almas, los desalmados, no saben cuán cerca están de su final, del trágico final que les espera y al cual arrastrarán, por desgracia, a su familia, a sus amigos y a sus vecinos que creían de ellos otra cosa distinta a lo que estamos viendo. La justicia tarda pero llega. Y sin duda aquí llegará, y muy pronto, Dios mediante…

En estos años de sedicente revolución que nos ha conducido a la más grave de todas las crisis de nuestro sufrido país, ha sido reiterativo el recurso o el anuncio de misiones, operativos, planes y motores con sus consiguientes decretos publicados en Gaceta Oficial, ofrecidos como la solución de los problemas sociales que aquejan a los venezolanos y que, por supuesto, lejos de resolverse, se han incrementado.

Ante el más justo reclamo del ciudadano común y la protesta de todas las fuerzas vivas del país, unidos en una sola voz, que ha reforzado y estimulado a la propia dirigencia política, por las carencias de alimentos, de medicinas, de seguridad y del más elemental respeto por la dignidad humana, el gobierno, a la par del incremento de la represión, ha recurrido a un nuevo engaño, auténtico fraude a la Constitución, convocando a una “constituyente popular”, de espaldas al propio pueblo, con el ofrecimiento de resolver la trágica realidad del presente, producto de la ineficiencia y del abuso de poder.

Debe quedar en claro, en primer lugar, que la convocatoria del presidente es inconstitucional. No tiene el jefe del Ejecutivo esa facultad, que corresponde al pueblo, “depositario del poder constituyente originario” según reza la Constitución, en su artículo 347, por lo cual, sin más, cabe afirmar que, sencillamente, con el decreto enviado al CNE, el presidente usurpó la voluntad popular, la secuestró, para colocarse una vez más sobre la carta magna, como se decía en los regímenes absolutistas, “sin ataduras o por encima de la ley”.

El decreto emitido, por tanto, con la pretendida convocatoria, es inconstitucional, nulo, ineficaz, verdadero exabrupto de una constituyente convocada sin la consulta al pueblo que, necesariamente, en la primera fase del proceso, debe expresar su decisión de “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, como dispone el mismo artículo 347, antes citado. Solo el pueblo tiene en sus manos ese poder y debe expresarlo en un referendo, a los fines de que se materialice la convocatoria.

En todo caso, lo único que le atribuye la Constitución al presidente, en Consejo de Ministros, es la iniciativa para la convocatoria (Art. 348), al igual que también la tiene la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los concejos municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras de los mismos; o el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral.

Pero, además –lo que no es menos importante–, no solo se le pretende arrebatar al pueblo el derecho a la convocatoria constituyente, sino que se le engaña con el ofrecimiento de una nueva Constitución como remedio para todos los males que padecemos, producto precisamente, de la puesta en práctica y aplicación de las políticas, lineamientos y estrategias de un “modelo socialista” que se pretendería ahora “constitucionalizar” y que nos ha llevado no solo a la ruina material, sino a la mayor postración y debacle moral de la historia patria.

Venezuela, al borde del abismo, no requiere de una nueva Constitución ni de nuevas leyes y, en un momento de crisis sin precedente, no puede esperar por nuevas argucias y falsas promesas, siendo impostergable un cambio en la conducción del país, cuya tragedia es responsabilidad de hombres y no de leyes.

Sin duda, ante un problema político y no jurídico, de verdadera emergencia popular, se imponen medidas efectivas que implican una inequívoca rectificación en el rumbo impuesto al país, cuyo reclamo no puede resultar ahogado por una escalada represiva sin justificación alguna, inundando de dolor a la familia venezolana y que pone de manifiesto la exigencia inmediata de un cese a la violencia para emprender la reconstrucción de esta resquebrajada Venezuela.

08 de mayo de 2017

El Nacional

http://www.el-nacional.com/noticias/opinion/engano-constituyente_181061

Acuso a los generales Padrino López, Néstor Reverol y Antonio Benavides Torres, ministro de la Defensa, ministro del Interior y Comandante General de la Guardia Nacional, respectivamente, de arengar a los guardias nacionales para que degüellen a quienes protestan en contra del totalitarismo. Así se desprende del video en el que en marcha de entrenamiento los guardias cantan ¨Quisiera tener un puñal de acero para degollar a un maldito guarimbero¨. ¡Qué degenerados!

Con este tipo de lavado de cerebro no es de extrañar que los guardias nacionales, con sus oficiales al frente, salgan a asesinar a ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes que protestan porque el régimen los dejó sin futuro y sin democracia. Los comandantes de Destacamentos, demás oficiales, clases y guardias no pueden eludir su responsabilidad, ni escudarse en que acatan órdenes.

Estos generales, obedeciendo órdenes del presidente de facto, quieren degollar a quienes se oponen a una dictadura que solo ha ocasionado sufrimientos a la población. Maduro y sus palafreneros lo que han producido es miseria. Degollaron a la democracia. Degollaron a la Asamblea Nacional. Degollaron a la justicia. Degollaron al CNE. Degollaron a los derechos humanos. Degollaron el sistema de salud. Degollaron el sistema educativo. Degollaron la seguridad personal y la jurídica. Degollaron a la libertad de prensa. Degollaron a la agricultura. Degollaron a la industria. Degollaron al comercio. Degollaron nuestra moneda. Degollaron el abastecimiento de alimentos, medicinas y repuestos. Degollaron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Degollaron a las empresas del hierro, del acero y del aluminio. Degollaron al sistema eléctrico. Degollaron la infraestructura y están degollando a nuestros jóvenes.

Estos gorilas rojos son degolladores por naturaleza. Además, son tan cínicos que no les importa que el mundo presencie un video que debería avergonzar a cualquier ser humano y sin embargo siguen afirmando que esta es una ¨revolución de amor¨.

Este perturbador video no puede pasar desapercibido por quienes todavía apoyan al régimen y son magistrados del TSJ, rectoras del CNE, diputados, concejales, gobernadores de estado, directores de institutos autónomos y de empresas del Estado, así como embajadores. De no pronunciarse rechazando a los degolladores, necesariamente son corresponsables de los degollamientos. Aún es tiempo de que rechacen los atropellos, tal y como han hecho la Fiscal General Luisa Ortega, Nicmar Evans, Dudamel, los generales Rodríguez Torres, Cliver Alcalá y otros. El asesinato de 38 venezolanos, la mayoría de ellos jóvenes, y los 717 heridos tienen que mover la sensibilidad de todos.

Los oficiales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea no pueden seguir avalando los abusos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional y de los paramilitares rojos. No se les solicita que se levanten en armas, sino que le exijan a Maduro, a Padrino, a Reverol y a Benavides que cese la represión y que acepten la formación de un gobierno de transición que conduzca a elecciones generales ¡Honor a los caídos en defensa de la democracia! ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Una grave amenaza, quizás la más grave de todas las recientes, se cierne sobre Venezuela. Nicolás Maduro concurrió ayer (3/5/2017) al Consejo Nacional Electoral como convocante de una Asamblea Constituyente, previamente invocada mediante el Decreto 2.830 de fecha 1° de mayo (Gaceta Oficial N° 6.295 Extraordinario, de igual fecha).

Esta jugada política, que en criollo podríamos llamar «huida hacia adelante», tomó por sorpresa al mundo político y a una parte del académico que, aturdidos por el mazazo y ahogados por la lluvia de estrellas que les produjo, no percibieron, en primera instancia, que la convocatoria presidencial es contraria al texto constitucional y, por ende, nula de nulidad absoluta.

En la calle priva la idea de que este gobierno se está cayendo; que ni éste ni ningún otro es capaz de resistir indefinidamente el rechazo militante de un pueblo que le perdió el respeto y que está convencido de que la corrupción e ineptitud de los gobernantes son las causas de que seamos el país más arruinado de Latinoamérica, con pretensiones de serlo del mundo.

Maduro, cual boxeador grogui que se sienta en las cuerdas con la esperanza de propinar un golpe que gire el rumbo de la pelea que sabe perdida, decidió cambiarle el sentido al adjetivo «iniciativa» del artículo 348 de la Constitución por el del verbo «convocar» del artículo 347, ejusdem. Me explico:

El citado artículo 348 faculta al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional, a los Concejos Municipales y al 15% del electorado, para proponer una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Iniciativa, –según dice el Diccionario de la Lengua– es lo que da principio a algo o –también– el derecho de hacer una propuesta. Por simple interpretación gramatical, es incontrovertible que el Presidente de la República tiene la facultad de proponer ante el Consejo Nacional Electoral que realice los trámites necesarios para efectuar un referendo consultivo, para que el pueblo se pronuncie acerca de una convocatoria de tal naturaleza. Si en dicho referendo el pueblo se pronunciara afirmativamente, vendría la etapa de elección de los constituyentes mediante un proceso similar al de elección de los diputados para la Asamblea Nacional.

Pero hay otro asunto que es menester comentar: siendo el sufragio un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, según el artículo 63 constitucional, su pretendida sectorización (votos de consejos comunales o similares) colide frontalmente con esta norma, por lo que su invalidez sería absoluta. Resumiendo, este artículo 63 señala: un ciudadano, un voto.

Cuando en su artículo 347 la Constitución establece que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario, de hecho está señalando que solamente el pueblo puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual hará mediante los mecanismos referendarios señalados en la Carta Magna. Resulta contrario a la más elemental lógica que el pueblo sea el depositario de la soberanía, pero que sean órganos del Estado (ninguno de los cuales es soberano) quienes la ejerzan.

En resumen:

- el Presidente puede proponer, pero no convocar, la Asamblea Nacional Constituyente;

- solamente el pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede hacer tal convocatoria, para lo cual se requeriría un referendo consultivo;

- si la iniciativa, originada en cualquiera de sus cuatro posibles fuentes, resultara aprobada, mediante votación libre, universal, directa y secreta, el CNE procederá a convocar la elección de los constituyentitas;

- elegidos los diputados a la Constituyente, ésta se instalará y se constituirá como el más alto poder del Estado, según reza el artículo 349 de la Constitución, en su segundo párrafo: «Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente.».

Por otra parte, es notorio que el Decreto 6.295 incurre en error al señalar que el artículo 347 confiere alguna atribución al Presidente de la República, como tampoco lo hace el artículo 70, citado en el mismo sentido. El Presidente de la República no es el pueblo y ni siquiera es su representante, salvo –claro está- que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia disponga lo contrario, en respuesta a los reclamos de algún dirigente «opositor».

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

5 mayo de 2017

Hay una anécdota que con frecuencia se usa como explicación académica. En Francia, un grupo de fogosos revolucionarios ingenuos se presentó en la casa del Barón de Rothschild y le dijo: “-Venimos porque hemos implantado la igualdad económica y hay que repartir la riqueza”. Entonces Rothschild le dijo al grupo: “-Muy bien señores, ¿cuánto dinero tengo yo?”. “-Usted debe tener cincuenta millones de francos”, le dijeron. “-¿Y cuántos habitantes tiene Francia?”. “-Veinticinco millones de personas”, respondieron los revolucionarios. “-Entonces, como ustedes son seis, tomen dos francos por cabeza, que es lo que les corresponde a cada uno”, replicó el barón.

Es muy lamentable que esta manera de interpretar el fundamento de la riqueza de las naciones, tenga todavía resonancia en países como el nuestro: Mucho más lastimoso cuando escuchamos estas formas de pensar en gentes que ha recibido cierta formación de carácter educativo, pero se niega a aceptar la realidad.

Esa forma de asumir la relación entre los ciudadanos de nuestro país y las infinitas riquezas naturales que aquí se encuentran, tiene su punto más encumbrado en el momento en que aparece el petróleo. Desde allí se produjo una relación con el trabajo, que hasta el presente ha sido una tergiversación del sentido del mismo, en donde el regalo, la dádiva y el clientelismo se asumen como fórmulas naturales de convivencia entre nosotros, cuando en realidad son aberraciones sociales.

Esa relación con el trabajo ha tenido, para desventura de los venezolanos, un nicho en el cual se le ha dado un basamento de carácter ideológico; me refiero a quienes en nuestro continente, bajo la autodenominación de movimientos de izquierda o socialistas, manejan un discurso que busca reivindicar los derechos de los grupos sociales más pobres, que en América Latina representan la mayoría de sus habitantes. En la teoría es un discurso altisonante que se jacta de conectarse con las necesidades de los menos favorecidos, pero en la práctica es precisamente esa manera de pensar la que ha fomentado la pobreza de nuestros países.

Con la revolución cubana, el grueso de los intelectuales del continente se solidarizó con las luchas de un pueblo que buscaba derrotar al dictador Fulgencio Batista. El caso de Cuba es emblemático porque la simpatía inicial por ese proceso tuvo un carácter de encantamiento en los hombres de pensamiento de nuestra región. De ahí que el ideario marxista forma parte de la manera de entender el mundo de muchos de nuestros personajes de ideas y no hay posibilidades de que vean las cosas de otro modo. El problema de los procesos revolucionarios es que se basan en una manera de deliberar disociada de la realidad y lo que es peor, disgregada de los elementos más básicos en relación al manejo de la riqueza.

El intelectual de izquierda latinoamericano se sigue conduciendo como los revolucionarios ingenuos que se presentaron en la casa del Barón de Rothschild, y sin muchas elucubraciones apela a la lucha de clase, llegando muchos a tener una formación intelectual, que incluso es de tipo presocialista. No es casual que se invoque a ciertos héroes patrios como si fuesen hombres de pensamiento, cuando al explorar un poco sus ideas, no pasaron de ser lectores de panfletos de ideas europeas, en una Venezuela rural y desarraigada.

Esa manera de concebir el curso de las causas sociales, se encuentra completamente desapegada del ideal de progreso, llegando incluso, desde hace ya unas cuantas décadas, a despreciar palabras, porque no son compatibles con la nomenclatura del ideario de nuestra desventurada región, creando una mezcla de fórmulas, las cuales no pueden ser materializadas.

En muchos de nuestros vernáculos pensadores, muy por el contrario de lo que preconizan, se redunda en un eurocentrismo intelectual, en donde se mezclan marxismo, nacionalismo, racismo y xenofobia. Todo un contrasentido de carácter antihumanístico que no hace sino seguir generando atraso y confrontaciones estériles. La palabra “anti” se asoma como símbolo de lucha y los remedos mal hechos y las calcas de otras sociedades que no tienen que ver con nuestra realidad, se intentan imponer, a pesar de que fracasen una y otra vez en la realidad.

El perseverante discurso de la gran “izquierda” latinoamericana puede tener en muchos de sus representantes una intencionalidad sana, pero las consecuencias son profundamente enemigas del bienestar de las grandes mayorías desfavorecidas, siendo el caudillismo, el mesianismo y el populismo, las tres sombras que le acompañan.

El asunto no es repartir la riqueza, como si estuviera encerrada en un lugar, pues eso no tendría sentido ni valor; lo que hay que repartir, y es lo que muchos se niegan a aceptar, es la capacidad de producir, y para poder producir se debe trabajar. De manera honesta, no se puede trabajar menos y ganar más, pues la fórmula del éxito no puede ser jamás la exaltación del parasitismo social.

@perezlopresti

En Venezuela ningún escenario luce aún definitivo: ni los buenos ni los malos. Las posibilidades de que distintos factores políticos o sociales aceleren un proceso de cambio, que impliquen restaurar el estado de derecho y la democracia, dependen en estos momentos de dos condiciones que son absolutamente fundamentales. La primera condición es que la movilización ciudadana y la unidad de la oposición se logren consolidar cada vez más tanto en su intensidad como en su alcance social. Tan sólo un aumento de los costos en los que incurre el gobierno por el uso de la represión para tratar de desmovilizar a la sociedad puede obligarlos (sea por presión militar o internacional) a dar concesiones que precipiten un proceso de transformación política que sea irreversible. Esto explica por qué la sociedad venezolana lucha con tanta intensidad en las calles: para los ciudadanos la resolución de la crisis actual es un asunto existencial pues representa su única garantía para poder restablecer sus derechos individuales frente a la vocación autoritaria de un gobierno que suspende elecciones, disuelve los poderes públicos y convoca inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente sin someter la iniciativa y sus bases comiciales a un referendo.

En el marco de esta movilización ciudadana, que también incluye la represión estatal y la violencia paraestatal –que es el cuadro que mejor caracteriza al país en estos momentos–, surge un instante en el que la diferencia entre el costo de reprimir o hacer concesiones significativas, comienza a ser una disyuntiva real tanto para el gobierno como para los militares, frente al riesgo cada vez más alto de perder el poder y ser desplazados por algún tipo de alternativa. Es difícil estimar qué tan próximos estamos de este punto de inflexión, pero hay muchos indicios que sugieren que no estamos tan lejos: la intensidad y continuidad de las protestas, el espectro del descontento social, la crudeza y crueldad del uso de la violencia por parte de los entes de seguridad, el derrumbe de los elementos simbólicos de la revolución, como la estatua de Chávez en Machiques, y la indisposición que muestran algunos oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional Bolivariana a la hora de reprimir a la población que reclama sus derechos.

La segunda condición, que está íntimamente vinculada con la primera, es la necesidad de que los conflictos internos dentro del chavismo y aquellos dentro del mundo militar, se hagan cada vez más visibles, sobre todo en torno a qué tipo de concesiones deben realizarse tanto en el frente político como en el económico para poder enfrentar el descontento social. En la medida en que aparezcan grupos muy bien definidos dentro del chavismo que piensen que aun haciendo concesiones significativas a la oposición, ellos pueden llegar a influir en las características y los tiempos de este proceso de cambio, en esa misma medida la influencia de los radicales se verá seriamente cuestionada. Por el contrario, si el chavismo percibe que no hay futuro sin el presidente Maduro, pues no hay quien los proteja, entonces difícilmente surjan estos conflictos, y el chavismo se cohesionará alrededor de su destino. Esto es lo que algunos llaman el costo de salida. Si perciben, en cambio, que estos grupos tienen cómo influir decisivamente en el proceso, inevitablemente apostarán por el mismo. Este cálculo es uno que ya deben estar haciendo no sólo algunos políticos dentro del PSUV sino también muchos actores en las esferas militares. Este es el famoso tema de las garantías. Y no es un tema menor. Es el corazón del dilema del cambio político en Venezuela.

La aparición de este tipo de fracturas tampoco es inevitable. Hasta ahora es el frente que mejor ha resguardado el gobierno tanto a nivel partidista como militar. Los radicales han logrado mantener un férreo dominio sobre todo el proceso de toma de decisiones (tanto en el plano económico y político así como en el de la seguridad). Y este grupo se ha encargado de recordar que cualquier concesión es una traición a la revolución y elevan su credibilidad al incrementar cada vez más los castigos a cualquier facción disidente y al aumentar el uso de la represión hacia la misma oposición. Este fuerte control es lo que impide asegurar que en estos momentos estemos viviendo una transición democrática (como han dicho algunos) cuando la realidad es que estamos presenciando, más bien, un proceso de formalización abiertamente autoritaria del ejercicio del poder.

Sin embargo, las diferencias dentro del chavismo, en especial alrededor de los temas relativos a la suspensión de las elecciones regionales y locales, la írrita convocatoria a la constituyente, el uso de la violencia y el dramatismo de la situación económica y social, comienzan a hacerse cada vez más palpables e irreconciliables. Las declaraciones de Luisa Ortega Díaz denunciando la violación de los derechos ciudadanos durante las protestas así como su pronunciamiento sobre la necesidad de promover un proceso de negociación política para lograr reinstitucionalizar el país; las opiniones de Isaías Rodríguez sobre la obligación de someter a un referendo la iniciativa del Ejecutivo para que sea el pueblo quien convoque directamente a una Asamblea Nacional Constituyente; y la carta de un músico del prestigio internacional de Gustavo Dudamel –una figura simbólica muy importante para el mundo chavista–, en la que condena moralmente la violencia y la falta de apertura democrática, prefiguran la profundidad de este tipo de fracturas. Estas mismas grietas también se deben estar comenzando a observar en el mundo militar.

El cruce de estas dos condiciones dibuja los escenarios futuros para el país. Algunos de estos escenarios son pesimistas pero también hay otros que son luminosos. Creo que todos son probables, unos más que otros, pero confieso que mi percepción es que esa probabilidad de ocurrencia no son significativamente muy diferentes, por lo que me parece ilógico no describirlos e incluso absurdo eliminarlos. Eso hace que el futuro sea muy incierto, lo cual explica parte de la angustia que experimentamos. Muchos piensan que nuestro futuro es binario y sin duda es imposible negarles la razón y también lo creen los jóvenes en la calle: dictadura o democracia. Otros analistas, como mi amigo Luis Vicente León, concuerdan en que los escenarios son igualmente binarios pues las alternativas se reducen sustancialmente debido a los altísimos costos de salida para el chavismo: represión o negociación. Mi impresión es que los escenarios son un poco más variados (incluso algunos vienen en modalidades diferentes) y confieso que todos son inestables (y en todos vamos a tener que comernos algunos sapos y seguramente una culebra).

En este sentido, los escenarios que voy a describir son complejos e inciertos; la sostenibilidad política de ninguno de estos mundos está plenamente garantizada. Es importante aclarar que un ejercicio de esta naturaleza siempre conlleva proyectar en el tiempo futuro una narrativa totalmente ficticia (aunque probable) de los distintos escenarios, todo ello a partir de unas variables críticas que han sido identificadas; en ningún momento los escenarios que describo aspiran predecir los eventos que van a ocurrir en el país (ese es un don del que solo gozan los videntes).

Muchos me preguntan con insistencia si realmente es posible un escenario de cambio democrático porque todos aspiramos tener otro futuro y los que están afuera desean volver a nuestro querido país. Mi respuesta siempre es la misma: el cambio democrático requiere de dos factores: movilización ciudadana y capacidad de negociación para generar acuerdos mínimos. Sin ambos instrumentos es imposible promover un proceso de democratización en Venezuela. En nuestro país, lamentablemente, a veces tendemos a contraponer la calle con los acuerdos y la negociación. Es la triste herencia de octubre pasado al no priorizar y mantener la calle (para complacer al Vaticano en una mediación inoportuna) cuando el gobierno suspendió arbitrariamente el referendo revocatorio. Sin embargo, si aceptamos la utilidad de ambos instrumentos, entonces el futuro de Venezuela es promisorio, pues estaremos abordando el mayor reto del país: su institucionalización política y económica con control ciudadano.

Estos son los escenarios:

La Negociación: Los militares retiran su apoyo al gobierno ante los altos costos de sostener la represión pero tampoco están dispuestos a aliarse con la oposición para protagonizar una insurrección. Obligan a los más radicales –con apoyo de la comunidad internacional y en especial del Vaticano, pero esta vez sin la presencia de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos– a negociar sus condiciones de salida dentro del marco de la Constitución actual. Los militares instrumentalizan la inevitabilidad de la renuncia del Presidente e imponen a un sustituto de mutuo acuerdo –que fue nombrado poco antes como vicepresidente– y que tiene como objetivo conducir un gobierno transitorio. La Constitución se mantiene intacta. Los militares fundamentan esta decisión argumentando que se hace imperativo tener un personaje que sea confiable para ambos bandos para poder hacer la “triangulación”.

Durante la negociación, la oposición se ve obligada a aceptar todo tipo de amnistías y garantías a cambio de un proceso electoral futuro que sea competitivo y transparente. El Tribunal Supremo de Justicia queda en manos del chavismo para garantizar que todos los acuerdos sean efectivamente respetados. También exigen que la Constitución sea reformada para garantizar que estos mismos acuerdos queden incorporados en la carta magna y los militares también obtienen mayores fueros y prebendas. La oposición logra restaurar las prerrogativas de la Asamblea Nacional, institucionalizan la independencia del CNE y logran reducir el periodo presidencial de seis a cinco años sin referendo revocatorio y prohíben la reelección presidencial. Se realizan elecciones regionales y locales. La comunidad internacional presiona exitosamente para que se liberen a los presos políticos y se eliminen sus inhabilitaciones pero todos los candidatos presidenciales postergan sus aspiraciones para permitir la materialización del acuerdo facilitado por la comunidad internacional y ejecutado por el presidente que “triangula”. El nuevo gabinete aborda las reformas para estabilizar la economía e implementar el plan de emergencia social con amplio apoyo multilateral. Las elecciones competitivas y abiertas se pautan en un tiempo prudencial una vez que todos los acuerdos políticos se hayan verificado y las reformas económicas se hayan implementado.

Nuevas Alianzas: Ante la intensificación de la movilización ciudadana y el recrudecimiento de la represión y el intento del Presidente Maduro de insistir con la convocatoria del proceso Constituyente, unos diputados moderados del chavismo deciden rebelarse en la Asamblea Nacional. Un grupo de ocho legisladores del PSUV amenaza al ala más radical con votar conjuntamente con la bancada opositora si Maduro no es obligado a renunciar y sustituido por un nuevo líder del partido. Aquí se abren dos modalidades de cambio: acuerdos dentro del chavismo o acuerdos con la oposición.

En el primer tipo de acuerdos, el chavismo se renueva y los radicales ceden ante la amenaza de los moderados; el chavismo se aglutina nuevamente alrededor de un nuevo líder y deciden abordar la crisis económica con apoyo de los organismos internacionales y los chinos. El nuevo Presidente no negocia con la oposición pero acepta hacer algunas concesiones parciales como liberar a los presos políticos y fijar un cronograma electoral para comicios regionales, locales y de Presidente que favorezca al chavismo, es decir, que les compre suficiente tiempo. Sin embargo, las inhabilitaciones se mantienen. La revolución continúa. El nuevo Presidente mejora sus niveles de aceptación y la elección se hace mucho más pareja pero no es perfectamente competitiva.

En la segunda modalidad de este mismo escenario, la Asamblea Nacional, ahora con una renovada mayoría calificada de las dos terceras partes, gracias a la alianza entre la disidencia chavista y la oposición, y con el apoyo internacional e incluso con la anuencia de los militares, logra cambiar la composición del TSJ y del CNE. También logra remover al Presidente y su vicepresidente. Un nuevo gobierno transitorio es escogido por la misma AN para cubrir el resto del periodo presidencial y reconocido por la comunidad internacional y las fuerzas armadas. Los presos políticos son liberados. La comunidad internacional respalda todas las decisiones del gobierno de amplia base y provee financiamiento para el programa de estabilización y emergencia social. Se mantiene la actual Constitución aunque se prohíbe la reelección presidencial. El programa de estabilización y emergencia social es respaldado por ambas fuerzas políticas, incluyendo los organismos internacionales y también los chinos.

La Imposición: En este escenario el gobierno logra doblegar las protestas a través de un uso desmedido de la represión que es tolerado por las fuerzas militares. La sociedad se desmoviliza gradualmente y las protestas se terminan concentrando tan solo en unos pequeños focos en la ciudad capital. La Rebelión de Abril es virtualmente derrotada. El presidente Maduro avanza con la convocatoria a la Constituyente sin ningún tipo de referendo previo –a pesar de la crítica internacional y de la decisión de la oposición de no participar en ella–, lo que le permite suspender formalmente cualquier tipo de elección y utiliza mecanismos corporativistas para unificar de facto al chavismo alrededor de su figura presidencial. Venezuela materializa su salida de la OEA y Mercosur. La crisis económica se profundiza y el estado comunal se consolida.

El Colapso: El gobierno de Maduro logra desmovilizar la Rebelión de Abril gracias a la incondicionalidad de los militares pero a un costo político interno muy alto. Los focos de protestas se mantienen. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente tampoco genera suficientes consensos dentro del gobierno. Todos los factores de poder coinciden en que la mejor Constitución es la de Chávez. La popularidad de Maduro se desploma y los moderados se rebelan pero tampoco pueden imponerse. El presidente Maduro logra sostenerse pero mucho más debilitado. Tampoco hay elecciones (el chavismo promete de forma poco creíble alguna elección presidencial en el 2019 pues el TSJ validó que el inicio del periodo fue a partir de su juramentación en abril de 2013). La represión a los partidos opositores y el uso de inhabilitaciones se intensifica. El gobierno continúa posponiendo las reformas económicas y se mantiene aferrado a los controles cambiarios y de precios. La producción petrolera acelera dramáticamente su caída ante la falta de inversión.

A mediados del 2018, a pesar de su voluntad de mantener los pagos de deuda, el gobierno hace default debido a su incapacidad para mantener los desembolsos frente a la caída de la producción petrolera y debido al tamaño de los compromisos financieros. El país descubre que lo que resta de las reservas internacionales en oro no son tan líquidas pues ya han sido pignoradas. La emergencia social se intensifica. La inflación se acelera. El país se anarquiza. La emigración aumenta y la violencia organizada toma pleno control de las calles. El país termina de colapsar.

Transición sin Transacción: La sociedad intensifica su movilización y amplía la conexión con diversos sectores sociales en todo el territorio nacional. Los militares encuentran que el costo de sostener la represión es demasiado alto y le solicitan al presidente Maduro que negocie algunas concesiones sustanciales con la oposición. El chavismo se mantiene unido alrededor de los más radicales –los moderados chavistas han sido silenciados– y deciden que no van a negociar otorgando condiciones previas y amenazan con ampliar aún más el despliegue de las milicias y los colectivos. Los militares se rebelan ante la incapacidad del chavismo de otorgar algunas concesiones sustantivas y optan por aliarse con la oposición para darle la estocada final al gobierno. Triunfa la Rebelión de Abril y se convoca a elecciones generales. Es la transición sin transacción. El nuevo gobierno afronta algunas reformas estructurales en la economía, a través de un programa de estabilización con el apoyo de diversas organizaciones multilaterales, pero con ciertas dificultades ante lo convulsionado del ambiente político, pues una parte del chavismo ahora está en la resistencia y denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado. Los partidos políticos pactan una reforma constitucional. Los colectivos inician una nueva ola de violencia.

***

Me gustaría culminar con algunas conclusiones que deben ser resaltadas. En todos los escenarios los militares son actores fundamentales, incluso en aquellos en los que las nuevas alianzas o la negociación, el asunto parece una transacción estrictamente política. Otra conclusión que surge del ejercicio, es que muchos expertos internacionales y nacionales enfatizan la importancia que juegan los moderados de ambos bandos para garantizar un cambio democrático. Mi impresión es que esta enseñanza para el caso venezolano es mucho más compleja y debe ser precisada: lo importante es que la oposición se mantenga unida más allá de la distinción entre moderados y radicales. El cambio democrático es virtualmente imposible sin unidad. Más bien, lo fundamental es que los moderados surjan del lado del chavismo y jueguen un papel preponderante en la resolución de la crisis, especialmente en una ruta que involucre un papel protagónico que puede llegar a tener la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional.

Si la oposición luce dividida entre distintas etiquetas, entonces los incentivos para los chavistas disidentes de transar con la bancada opositora se van a ver seriamente afectada por una simple razón, que es que su amenaza frente a los radicales del gobierno se vuelve muy poco creíble y por lo tanto muy poco efectiva. Finalmente, los militares siempre van a preferir una salida de la coyuntura actual a través de una negociación o un acuerdo entre chavistas o incluso un acuerdo en la Asamblea Nacional –por eso el afán del gobierno de insistir con la constituyente porque es la mejor manera de frenar cualquiera de estas otras alternativas (salvo la negociación)–. De modo que si los militares irrumpen en la escena política venezolana, no será porque fueron convencidos por la oposición, lo cual me luce muy poco factible, sino porque los radicales chavistas ante la presión de calle y su ceguera política optaron por no negociar de una forma sincera, es decir, aceptando algunas condiciones previas como liberar a los presos políticos y abrir el canal humanitario. Es evidente que los dilemas del país son complejísimos, pero también es cierto que tampoco son irresolubles, pues no hay una sola hoja de ruta sino varias.

http://prodavinci.com/blogs/los-cuatro-escenarios-politicos-en-venezuela...

Conversando con unos amigos, señalaba que era una sorpresa alentadora observar cómo jóvenes, que no habían nacido al comienzo de la etapa oscura que vivimos y que comenzó cuando sacaron a Carlos Andrés Pérez II, en 1993, pueden tener una cultura profundamente pacífica, democrática, pluralista, respetuosa de la propiedad privada y de los derechos ajenos; ser educados, trabajadores, igualitarios, generosos, libertarios y dispuestos a participar. Todo ello a pesar de la propaganda y de la gestión contraria a esos principios.

Esto significa que la mayoría de nuestras instituciones y de sus líderes han sabido educar a esos jóvenes para una sociedad moderna, muy lejos del autoritarismo y clientelismo que se observa en nuestra sociedad. Nada más elocuente de esta dualidad que vivimos que un acertado mensaje que nos envió mi amigo Jorge Nevett a través del Whatsapp y a quien cito a continuación:

“De los argumentos que más desmotivan cuando se habla de la reconstrucción del país, es que somos una sociedad que perdió sus valores…, que estos… años nos convirtieron en un país lleno de gente mala, corrupta y conformista; que arreglar eso es lo que más tiempo y esfuerzo nos va a costar... …que seremos generaciones perdidas. Y yo les respondo –dice Jorge–: Somos el país que, cuando tu abuelo necesita una medicina, un desconocido en otra ciudad te la consigue por Twitter, donde los médicos donan su tiempo para trabajar gratis en hospitales públicos, donde los profesores trabajan por vocación y no por sueldo, donde los vigilantes les abren las puertas a los manifestantes para que se escondan de la represión, donde las abuelas se enfrentan a los Guardias Nacionales para resguardar a los chamos, donde las clínicas privadas asumen el costo del tratamiento de los heridos en las marchas cuando el paciente no lo puede costear… Es verdad que estos… años sacaron lo peor en algunos, pero también sacaron lo mejor de muchos... y somos mayoría. Yo me quedo con ese país.”

@jagilyepes