La Academia de Ciencias Económicas envió una carta al presidente de la republica Nicolás Maduro en la cual presenta un diagnóstico de la crítica situación de la economía venezolana. Para realizar el diagnostico, los economistas utilizaron las cifras del propio gobierno contenidas en un informe gubernamental enviado a la Security Exchange Commision (Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos). El informe se extiende hasta el año 2016 pero los economistas hicieron una proyección hasta el 2017 basados en otras fuentes.

De la información gubernamental se deduce que la economía está en el suelo postrada por el excesivo crecimiento de la emisión de dinero y la liquidez, una inflación fuera de control, caída en las reservas internacionales y la producción de petróleo, políticas de controles que han lesionado la producción y los servicios, contracción de la inversión y un elevado déficit fiscal.

En este contexto se ha producido, durante el gobierno de Maduro, una fuerte contracción del consumo por habitante la cual se estima en 32,1%, hay una situación de hambre creciente, problemas para conseguir alimentos y medicinas, malnutrición, es decir, el venezolano enfrenta una situación trágica. Según Humberto García Larralde, Presidente de la Academia, la intención de la carta es poner en evidencia que el gobierno y el presidente conocen la situación y no pueden argumentar que desconocen su propio diagnostico, escabullendo el problema diciendo que se trata de una guerra económica.

En torno a la economía de controles, de regulaciones y de precios diferenciales del tipo de cambio, García Larralde plantea que se han conformado poderosos intereses que están atrincherados en los nodos de decisión del Estado y no les interesa que se desmantelen las políticas de controles. Las enormes diferencias entre el tipo de cambio del Sistema de Divisas Protegidas (Dipro) y el del mercado paralelo es muy grande. Debido a ello, quienes tienen el monopolio de la importación de alimentos, los militares, enfrentan la gigantesca tentación de usar los dólares preferenciales para venderlos en el mercado paralelo.

También los militares tienen la función de custodiar la frontera donde el negocio de revender la gasolina, que en Venezuela cuesta 1 centavo de dólar y en Colombia más de 1 dólar, arroja pingues ganancias a los intermediarios. También la distribución de alimentos regulados, cuya responsabilidad está en manos de los militares y otros funcionarios, se presta a la reventa a precios de mercado que sobrepasan varias veces su precio regulado.

Todos estos negocios son amparados por la falta de transparencia y la rendición de cuentas, pues los organismos que deben cumplir esta función como la Asamblea Nacional, han sido acorralados por el gobierno, lo que le impide cumplir con su papel como contralor de la gestión gubernamental. El gobierno y el presidente están conscientes de la crítica situación que enfrenta la población, no toman decisiones pues esto afectaría los poderosos intereses de los diversos grupos que se han beneficiado de la economía de controles, en particular los militares.

Las afirmaciones de Larralde confirman lo que hemos sostenido en un artículo previo donde señalamos que el socialismo venezolano ha derivado en un capitalismo de amiguetes, al igual que el socialismo ruso. El capitalismo de amiguetes describe una economía en la cual el éxito en los negocios depende de la conexión con los funcionarios gubernamentales. Este tipo de economía se asocia fundamentalmente con gobiernos intervencionistas y autoritarios muy frecuentes en las economías petroleras. Este término fue utilizado por el afamado premio nobel de economía Paul Krugman, para describir a la Rusia de Vladimir Putin como un caso extremo de capitalismo de amiguetes, la cual constituye una cleptocracia donde los leales al régimen consiguen apropiarse de sumas en masa para su uso personal.

Krugman describe el entramado de corrupción que se desarrolló en torno a Vladimir Putin, con motivo de la contratación de la deuda externa rusa; la cual fue adquirida por entes privados que derivaron el monto del endeudamiento hacia el exterior de Rusia, invirtiéndolo en negocios inmobiliarios alrededor del planeta. Al final, el gobierno de Putin reconoció la deuda como propia y puso a los rusos a sufrir las angustias derivadas de su pago, sin haberse beneficiado en ningún momento de las inversiones asociadas a la misma (ver Capitalismo de amiguetes y crisis humanitaria. Digalo Ahí, 29 junio, 2016)).

Las bases del capitalismo de amiguetes en su versión venezolana las creó Hugo Chávez, quien, como lo ha señalado apropiadamente el historiador mexicano Enrique Krauze en su libro “El poder y el delirio”, no diferenciaba entre lo que era parte de su patrimonio personal y el del Estado venezolano. Dispuso de los bienes públicos como si se tratara de su peculio personal, creando alrededor de su figura un entramado de corrupción, que se extendió al manejo de la deuda, al sistema de control de cambio, a la importación y distribución de alimentos, al control de precios… y pare usted de contar. En este tinglado, los abnegados militares que lo acompañaron en su gesta revolucionaria ocuparon posiciones privilegiadas, dando lugar a uno de los más escandalosos procesos de corrupción que ha conocido el país.

Al lado de los militares, otros grupos se integraron con el tiempo a este tinglado de complicidad y corrupción, entre ellos comprometidos grupos de ultraizquierda como la Liga Socialista, Patria Para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, quienes han visto así recompensada su larga vigilia por los intereses de la patria.

A su fallecimiento, Hugo Chávez pasó la titularidad de la gestoría del entramado a Nicolás Maduro, quien con menos recursos que el prócer de Sabaneta ha tratado de prolongar las políticas de controles y regulación de su predecesor, sin alterar los rasgos fundamentales de la estructura que sostiene al gobierno bolivariano, en particular lo relacionado con el privilegiado rol de los militares en el mismo.

La torpe gestión de Maduro ha llevado al país a una encrucijada que demanda el desmantelamiento de las políticas de controles, sin embargo, como lo ha afirmado García Larralde, esta decisión conspiraría contra los intereses de los amiguetes del régimen que se benefician de la economía de controles, entre ellos los militares, lo cual impide una solución a la crisis económica que atravesamos desde hace varios años.

Nota: la información sobre la carta de la Academia de Ciencias Económicas y los planteamientos de García Larralde son tomados de una entrevista que le hicieran en un programa de CNN Dinero de mediados de enero de este año.

Profesor UCV

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En una entrevista realizada en el programa CNN Dinero sobre la transparencia de las elecciones decretadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el economista Michael Penfold, profesor del IESA y del Global Fellow Wilson Center, expresó que es muy probable que el gobierno gane las elecciones de abril, pero aún ganando enfrentará una situación económica y de gobernabilidad muy complicada, con un agravamiento de las sanciones internacionales que hará imposible abordar la crisis económica y la emergencia social que enfrentamos.

Según Penfold, la decisión de la ANC de convocar elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año abortó el esfuerzo que estaba haciendo la Comunidad Internacional propiciando negociaciones entre el gobierno y la oposición, a fin de garantizar condiciones electorales transparentes y confiables para ambas partes. Con esta decisión se hace evidente que el gobierno está interesado en un proceso electoral con condiciones controladas, en abril de este año. Ello incluye un CNE sesgado, la inhabilitación de los principales líderes políticos de la oposición, el control del voto de una parte importante de la población a través de tarjetas electrónicas que permiten las transferencias sociales a la misma, una alta abstención y una oposición desarticulada. En estas condiciones es muy probable que el gobierno gane las elecciones.

Sin embargo, aun ganando las elecciones, el gobierno entraría en una etapa donde la incapacidad del Estado de responder a las demandas sociales (ingobernabilidad) seguiría exacerbada, con una crisis económica qué se seguiría profundizando (hiperinflación, contracción económica, deterioro de capacidad de compra); donde es muy probable que las sanciones de los Estados Unidos evolucionen de sanciones financieras hacia sanciones comerciales, agudizando la crisis económica, y con la Unión Europea jugando un papel más importante en las sanciones individuales.

Si no se logra un acuerdo que permita estabilizar el clima político será muy difícil abordar la crisis económica, la hiperinflación y la emergencia social tan profunda que el país sufre, con un 82% de la población en situación de pobreza y una clase media cada vez más depauperada.

De las declaraciones de Penfold se deduce que el gobierno nos ha conducido a una situación económica y social que ha ido agravándose con el tiempo y que afecta a chavistas y opositores. El probable triunfo del gobierno en las elecciones amañadas de abril nos perjudicará a todos, pues continuaremos entrampados en una hiperinflación que se seguirá agudizando y una mayor parálisis de la actividad productiva, así como un mayor deterioro de la situación social.

Nota: Como lo hemos señalado, las líneas previas constituyen una síntesis de la entrevista al economista Michael Penfold, profesor del IESA y del Fellow Wilson Center, en el programa CNN Dinero conducido por Xavier Serbiá. En el anexo exponemos con mayor detalle la entrevista.

Profesor UCV

Anexo

Xabier Serbiá: “¿en un país que enfrenta una seria crisis económica se puede confiar en que las elecciones convocadas serán transparentes y confiables?”

Michael Penfold: “esta decisión de la Asamblea Constituyente (ANC), en el marco de las negociaciones que se están dando en República Dominicana, lo que hace es profundizar más la crisis de gobernabilidad y por lo tanto la crisis económica caracterizada por una hiperinflación que se viene acelerando en los últimos tres meses. Es difícil hablar de elecciones transparentes sin un cambio en el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el mantenimiento de la inhabilitación de los líderes de la oposición, en particular de los que tienen un mayor puntaje en las encuestas, y sin la validación de las tarjetas de los principales partidos de la oposición. Esto en medio de una gran presión internacional donde el Grupo de Lima y los Estados Unidos han expresado que no reconocerán los resultados de ese proceso, en la antesala de lo que puede ser una nueva escalada de sanciones económicas e individuales”.

Serbiá: “en diciembre del 2017 Socorro Hernández, rector principal del CNE, hablando a los empleados de PDVSA les planteaba que “nos están bloqueando” y que había que redoblar los esfuerzos para romper el bloqueo. ¿Con el árbitro asumiendo posiciones partidistas, se puede confiar en elecciones transparentes y confiables?”.

Penfold: “los últimos procesos electorales en Venezuela han estado caracterizados por un sesgo y control político muy cerca del proceso de votación. Las condiciones electorales de los procesos de votación para gobernadores y alcaldes se han venido deteriorando en forma dramática. La Comunidad Internacional propició negociaciones que buscaban dar garantías electorales para ambas partes. Esto no se va a materializar, no solo porque el gobierno va a este proceso en las mimas condiciones de los últimos procesos electorales, sino porque este evento se dará en medio de una crisis económica cada vez más profunda. Para que tenga una idea en los últimos cuatro años la contracción de la economía ha sido tan profunda que el país ha perdido el 40% de su Producto Interno Bruto. Este año vamos a seguir cayendo. No hay acceso a los mercados de capitales, PDVSA está perdiendo producción de maneara acelerada”.

Serbiá: “El gobierno controla todas las instituciones, se aferra al poder, con una oposición quebrada y sin recursos, una alta abstención, una crisis económica caracterizada por una elevada inflación. Te pronostico que si las elecciones se realizaran en abril es claro que los resultados son previsibles, ganará Maduro o el candidato que nombre el partido oficialista. ¿ Qué me dices frente a esta predicción?”.

Penfold: “es evidente que el gobierno quiere ir al evento electoral de abril con unas elecciones controladas, con inhabilitaciones, con capacidad para controlar al voto a través de las transferencias sociales y las tarjetas electrónicas que las viabilizan, con un juego que no les permita a los partidos legalizar su tarjeta, con una oposición que no muestra un alto nivel de articulación. En estas condiciones es probable que el gobierno gane, pero aun ganando el gobierno enfrentará una situación económica y de gobernabilidad muy complicada. Añadiéndole a esto que es muy probable que las sanciones de Estados Unidos evolucionen de sanciones financieras a comerciales, con Europa jugando un mayor rol en materia de sanciones individuales. Si Venezuela no resuelve su problema institucional y no se aborda un proceso de reinstitucionalización y sigue sumida en un conflicto político permanente, es difícil en este contexto abordar la crisis económica y la emergencia social que caracteriza al país, con un 82% de la población en estado de pobreza, con una clase media que se pauperiza aceleradamente y una inflación que en el mes de diciembre alcanzó el 80% intermensual y que en las dos primeras semanas de este año superó esa cifra”.

Serbiá: “una situación complicada que requiere un cambio político. Si este no se da la cosa irá de mal en peor”.

La política de control de cambio y de restricción de divisas a los importadores privados ha provocado una dolarización de facto de la economía venezolana, que ha generado una crisis del transporte público. El gobierno trata de culpar a las líneas y conductores por el deterioro y el encarecimiento del servicio propiciando un enfrentamiento entre usuarios y conductores, sin embargo el único responsable es el mismo gobierno por el manejo sesgado de la política de asignación de divisas orientada a beneficiar los oscuros intereses de los amiguetes del régimen.

El sistema de control de cambio funcionó relativamente bien hasta el año 2014 cuando los elevados precios del petróleo y el endeudamiento posibilitaron una abundante oferta de divisas por parte del gobierno, lo que permitía satisfacer las demandas planteadas por el sector privado y estabilizar el tipo de cambio paralelo, el cual tenía una influencia limitada en la economía. Posterior al 2014 el descenso de los precios del petróleo generó una escasez de divisas, en el marco de la cual el gobierno decidió privilegiar el pago de la deuda y la entrega de dólares a los oscuros negocios de los amiguetes del régimen, dejando de lado la demanda planteada por los empresarios del sector privado; estos debieron recurrir al dólar paralelo generando una danza ascendente del billete verde. En este contexto el economista José Guerra señala que se ha producido una dolarización de facto de la economía, que en lugar de tener a las tasas de cambio oficiales como referentes tienen al dólar paralelo. En consecuencia el dólar paralelo tiene un doble impacto, uno sobre el precio de los productos importados como textiles, calzados, electrodomésticos, y repuestos automotrices y el otro sobre los costos de reposición de los inventarios.

La no asignación de divisas a los importadores privados ha generado una escasez de repuestos e insumos que mantiene a buena parte de la flota de buses paralizada por la carencia de baterías, cauchos o alguna refacción. Aunado a ello la dolarización ha generado un encarecimiento de los repuestos e insumos utilizados en el transporte público y privado que refuerza la situación anterior pues el costo de reparación de los buses a veces es tan alto que no justifica su recuperación. El deterioro del transporte público que se genera está ralentizando la vida institucional y productiva del país. Al iniciar sus actividades en el mes de enero pasado el núcleo Táchira de la Universidad de los Andes se vio obligado, según el rector del mismo Mario Rossi, a discutir un nuevo horario de trabajo debido a los problemas de movilización que planteaba el deteriorado transporte público a los miembros de esa comunidad. El deterioro del transporte público se debe, según el rector, a la gran cantidad de unidades de transporte inoperantes por la falta de repuestos.

En nuestro estado Aragua la carestía de repuestos e insumos como aceite, baterías y cauchos ha obligado a las líneas de propietarios de los buses de pasajeros a exigir a las autoridades gubernamentales un aumento de 1.000 a 3.000 bolívares lo cual ha sido rechazado por las mismas, generándose un paro de transporte como mecanismo de presión por parte de los conductores de buses. El paro ha obligado a los usuarios a trasladarse a sus sitios de trabajo en camiones como si fueran ganado o mercancía de carga. Esta situación ha forzado a las instituciones educativas universitarias a instrumentar un horario especial de trabajo, como lo hizo el núcleo Táchira de la ULA, ralentizando las actividades de las instituciones, las cuales deben alterar su normal funcionamiento para permitir que los trabajadores y los estudiantes acudan a las mismas.

La semiparálisis del transporte público operado por líneas de conductores privados no ha podido ser compensada por el transporte público operado por organismos del Estado, pues este padece de problemas similares. En Caracas la prensa reporta que 305 unidades del Sistema Metrobus están en los estacionamientos del sistema convertidos en chatarra. La escasez de buses ha generado la cancelación de rutas y las que están operativas trabajan a la mitad de su capacidad. Debido a ello el sistema Metrobus opera con retraso, generándose largas colas y congestionamiento de pasajeros. Según un grupo llamado Familia Metro, en el deterioro de los buses han incidido la carestía y escasez de mano de obra calificada y la escasez de repuestos.

Los que nos movilizamos en automóviles de paseo también sufrimos los embates de los elevados costos de los repuestos y los insumos para el mantenimiento de los vehículos. A mediados del mes de enero estimamos, con la ayuda de un colega de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el costo de mantenimiento de un vehículo de paseo a los precios vigentes en ese momento; incluimos el cambio de un caucho cada año, una batería, un cambio de aceite anual y una reparación menor. Todo ello generó un costo de 21 millones al año que prorrateado entre 12 meses nos dio un poco menos de dos millones de bolívares mensuales, equivalente al ingreso mensual de un profesor con categoría de agregado, En otras palabras el profesor tenía que dedicar todo su ingreso al mantenimiento del vehículo. La conclusión es obvia, la baja capacidad adquisitiva de los profesores no les permite mantener su vehículo lo cual explica que muchos deban aparcar los mismos debido a que no pueden sufragar el costo de las refacciones necesarias o un simple cambio de aceite, que en estos momentos asciende a siete millones de bolívares. .

Como lo hemos planteado en párrafos previos la política cambiaria instrumentada por el gobierno después del 2014, orientada a la entrega de dólares preferenciales a los amiguetes del régimen, ha generado una dolarización de facto de la economía que ha agudizado los problemas de movilización de los trabajadores, ralentizando el funcionamiento de las instituciones públicas como las Universidades lo cual, inferimos, es extensible al resto de la administración pública.

Las autoridades gubernamentales tratan de culpar a las líneas y conductores por el mal servicio y el encarecimiento del transporte propiciando el enfrentamiento entre usuarios y conductores de buses; pero como bien apunta Mario Rossi, rector de la ULA Táchira, no se puede responsabilizar a las líneas y conductores por el deterioro del servicio de transporte, el único culpable es el gobierno por el mal manejo de las políticas públicas. Habría que añadir a los señalamientos del rector que en este mal manejo de las políticas públicas inciden los grupos de interés que se han beneficiado del tráfico de los dólares preferenciales, y bloquean cualquier intento de reformar la agenda gubernamental.

Profesor UCV

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Estas líneas están basadas en los planteamientos de Colette Capriles, expuestos en una entrevista que le realizara recientemente Alonso Moleiro, en una sección del periódico Tal Cual denominada Tal Cual Debates. La entrevista se centró sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana. En la entrevista Capriles destacó el rol clave que está desempeñando la comunidad internacional en las negociaciones, que son más que una negociación entre el gobierno y la oposición, una negociación entre el gobierno y la comunidad internacional. Destacó el interés del gobierno en que le levanten las sanciones, lo cual podría llevar a un acuerdo en materia electoral, que es uno de los temas relevantes para la oposición.

Después del triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del año 2015, el gobierno decidió implementar medidas para torcer la voluntad de cambio de la sociedad venezolana. En consecuencia decidió convertir los eventos electorales en una farsa. Agudizó la represión contra la oposición política, cuyos dirigentes fueron enviados a prisión o forzados al exilio. Ante esta situación la comunidad internacional ha optado por la aplicación de sanciones a fin de presionar al gobierno de Maduro a retornar al camino democrático. En esta línea de acción ha sido clave la acción de la comunidad latinoamericana a través de la creación del “grupo de Lima”, el cual ha decidido unirse a las sanciones internacionales a fin de presionar al gobierno venezolano a un cambio de conducta.

En este contexto se inscriben, según Colette Capriles, las negociaciones que se están llevando a cabo en República Dominicana. Según la escritora y analista político estas negociaciones difieren de las anteriores en un aspecto fundamental; se ha abierto una nueva etapa en la cual las negociaciones se han internacionalizado con la comunidad internacional asumiendo un rol clave en las mismas. En este sentido las negociaciones en Republica Dominicana no son una negociación entre el gobierno y la oposición, sino entre el gobierno y la comunidad internacional. Ello se refleja en la metodología adoptada según la cual el gobierno y la oposición exponen sus reparos y exigencias, pero al final el borrador de acuerdo que se discute es elaborado por los representantes de la comunidad internacional. Si bien esta iniciativa responde fundamentalmente a la iniciativa de los países latinoamericanos, los Estados Unidos están actuando en coherencia con estos representantes y han ofrecido desmontar las sanciones si se alcanza un acuerdo.

La percepción de Capriles es que el interés del gobierno en sentarse a la mesa de negociaciones, es porque necesita dinero para activar su base electoral a través de mecanismos perversos como los ligados al carnet de la patria. Para ello necesita plata, pero las sanciones han trabado toda operación financiera que tenga relación con Venezuela, lo cual ha agravado la crisis financiera que el gobierno padece. Por ello necesita que las sanciones se levanten y le den un respiro a fin de obtener dinero fresco que le permita aumentar el gasto público y activar su base electoral. Creen que si ello se logra pueden ganar en un evento electoral donde se den condiciones competitivas a la oposición.

El interés de la oposición es que se normalicen los eventos electorales y retornemos a elecciones competitivas. Por otro lado estamos ante una emergencia social y hay que buscar una salida. Las negociaciones son una puerta, abren la posibilidad de una salida y hay que explorarla. Las otras opciones han probado no ser una salida. Hemos visto los resultados de la calle como alternativa. También las elecciones, que han demostrado ser una farsa.

Hay sectores del gobierno que están interesados en que las negociaciones fracasen. No tienen problema en que entremos en una etapa similar al periodo especial cubano con todos los costos sociales que ello implica. Se están planteando permanecer seis años más en el poder en base a la represión y triquiñuelas electorales. Esta posición es el enemigo a combatir. Si estos sectores se imponen y las negociaciones fracasan, que el gobierno asuma los costos de esta decisión ante la comunidad internacional, a la cual no le quedará otra opción que agudizar las sanciones a Venezuela. El régimen debe asumir los costos de esta decisión de sobrevivir como un estado paria, si es que lo hace.

Hay antecedentes en los cuales se han utilizado las sanciones internacionales para abrirle la puerta a procesos de democratización. El caso más emblemático quizás sea el de Sudáfrica que posibilitó elecciones competitivas con la participación de la población negra, permitiendo el acceso de Mandela al poder, lo cual abrió una nueva etapa en la sociedad sudafricana.

Nota: Colette Capriles es escritora y analista político y forma parte del equipo técnico que ha estado presente en las negociaciones de la República Dominicana.

Profesor UCV

En los últimos meses se ha agudizado la debacle de la capacidad de compra de los profesores universitarios. El salario de un profesor agregado representaba, en septiembre del año pasado, un 17,8% de la canasta básica del CENDAS. Dicha cifra se redujo a 6,58% el 1 de enero de este año a pesar del aumento decretado por el gobierno. En otras palabras, en los primeros días del año que se inicia, el profesor universitario debe ingeniárselas para obtener de otras fuentes el ingreso necesario para costear el 93% de su gasto familiar. La hiperinflación ha pulverizado la capacidad de compra del salario universitario.

Hemos venido haciéndole seguimiento a la evolución del salario de los profesores universitarios, a fin de determinar como la capacidad de compra de los docentes ha sido afectada por el proceso de inflación que agobia a los venezolanos. En artículos previos hemos detectado una tendencia al deterioro de la capacidad de compra de los profesores que se inició en el año 2001, cuando el salario básico de un profesor con categoría de agregado era superior al valor de la canasta básica (CB). A partir de allí la capacidad de compra de los profesores ha venido cayendo hasta los años recientes cuando el salario de un profesor agregado llegó a representar un monto cercano al 20% de la canasta básica. En otras palabras un profesor universitario activo debía recurrir a otras fuentes de ingreso para poder cubrir el 80% de su gasto familiar (Ver: Rodríguez Rojas José E. El deterioro del salario universitario continúa. Dígalo Ahí, 9-10-2017).

A finales del año pasado la inflación tomó nuevos bríos, lo cual nos ha llevado a recorrer los caminos de la hiperinflación, entendiendo como tal una inflación analizada superior al 1.000%; algunas empresas consultoras como Ecoanalitica la ubican en 2.735%. En los últimos meses del año la inflación dio un salto, cuando anualizamos la inflación de noviembre y diciembre encontramos que la misma se ubicó por encima del 1.000%. Ello fue motivado por un lado por el crecimiento desmedido de la masa de dinero que circula en la economía, que creció por encima del 1.000% entre enero y diciembre del 2017. La producción no creció al mismo ritmo del dinero, trabada por el hostigamiento gubernamental a los empresarios. Una masa de dinero en manos del público que creció sin control frente a una producción rezagada, explica buena parte del crecimiento de los precios. Un segundo factor ha sido la danza imparable del dólar paralelo, al cual los venezolanos recurren desesperados para proteger su dinero de la inflación. También influye que una proporción importante de las importaciones privadas se han hecho con el llamado dólar libre.

En lugar de modificar su política económica el gobierno de Maduro mantiene su huida hacia adelante, empecinado en continuar los aumentos compulsivos del salario mínimo; a pesar de que ya es una percepción popular que dichos aumentos lo que hacen es atizar aun más la presión sobre los precios. El pasado 31 de diciembre decidió aumentar en un 40% el salario mínimo, aumento que hizo extensivo a toda la administración pública incluido los profesores y otros miembros de la comunidad universitaria. A fin de evaluar el impacto de dicho aumento sobre la capacidad adquisitiva de los profesores, hicimos una estimación del comportamiento de la capacidad de compra de un profesor agregado hasta el 1 de enero de este año, la cual presentamos en el cuadro 1. La Federación de Trabajadores Universitarios (FTUV) hizo una estimación reciente de los nuevos salarios de los profesores considerando el último aumento, la cual tomamos como base de nuestros cálculos. La data de la canasta básica (CB) proviene del CENDAS, un organismo de la Federación Venezolana de Maestros; la CB de diciembre que extendimos hasta el 1 de enero de este año, es una estimación del autor de estas líneas.

Como se evidencia en el cuadro 1 el salario de un profesor agregado (incluyendo el bono alimentario) se mantuvo en un nivel cercano al 20% de la CB hasta septiembre de este año. En la medida que el proceso de hiperinflación tomó cuerpo esta cifra descendió a 8,46% en noviembre y descendió aun más en diciembre cuando llegó a representar un poco menos del 5% de la CB. Las bonificaciones y el aguinaldo, que se pagaron en noviembre y diciembre, amortiguaron el impacto de esta debacle de la capacidad de compra del salario en la situación económica de los profesores. Sin embargo la realidad será otra en enero de este año cuando no hay pagos complementarios al salario. Como podemos ver en el cuadro citado el aumento decretado por Maduro incrementó el salario hasta representar un poco menos del 7% de la CB el 1 de enero del presente año. En otras palabras, al inicio del año el profesor debe ingeniárselas para obtener ingresos alternativos que le permitan costear el 93% de su gasto familiar. Es necesario acotar que la situación actual es peor que la descrita, pues no se ha considerado en los cálculos la inflación de enero. Es evidente que la hiperinflación ha destruido la capacidad de compra del salario llevándola a niveles insignificantes.

Cuadro 1. Evolución de la capacidad de compra del salario de un profesor agregado entre septiembre del 2017 y el 1 de enero del 2018.

Fuentes: Rodríguez Rojas José E.. El deterioro del salario universitario continúa. Dígalo Ahí, 9-10-2017; FTUV. Tabla con los salarios vigentes (enero 2018); Cendas. Costo de la canasta básica. ( obtenido de información de prensa); Cálculos propios. Nota: Las cifras sobre el salario (S) incluyen el bono alimentario. Las cifras de la canasta básica de diciembre 2017 son el resultado de una estimación asumiendo que la CB de este mes se incrementó en un 80% con respecto al mes de noviembre. Este supuesto se basa en las estimaciones de la empresa Ecoanalitica que estima la inflación de diciembre en 81%.

Hemos venido insistiendo en que el deterioro de la capacidad de compra del profesor no se resuelve en una mesa de negociaciones, donde los sindicatos y el gobierno se sientan a discutir las clausulas de la contratación colectiva que ampara a los trabajadores. Las cifras presentadas son la evidencia de que la III Convención Colectiva, que fue el último intento en este sentido, fue un fracaso en términos de proteger la capacidad de compra de los profesores universitarios y de los trabajadores. La III Convención Colectiva fue una argucia del gobierno y de los sindicatos afectos al mismo, a fin de crear una ilusión de mejora en la situación económica de los trabajadores aprobando extravagancias como “el bono hallaquero” y otras bonificaciones. Mientras el gobierno mantenga su política económica y continúe metiéndole fuego a la inflación, el resultado será un mayor deterioro de la capacidad de compra de los trabajadores, independientemente de los supuestos logros que se alcancen entre el gobierno y los sindicatos alcahuetes que le hacen el juego.

Profesor UCV

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En este artículo buscamos analizar el marco de las negociaciones que rodearon la entrega de PDVSA a los militares y las implicaciones de esta decisión. Estas negociaciones son parte de una recomposición de fuerzas que aparentemente pone fin al movimiento al que hemos llamado chavismo y da nacimiento a otro integrado por los actores políticos fieles al actual presidente, que algunos analistas denominan madurismo. Oswaldo Ramírez, politólogo y miembro de la consultora ORC, entrevistado por CNN Dinero, señala que en el chavismo se venía gestando un movimiento liderado por Rafael Ramírez quien había sido previamente marginado y enviado a un exilio dorado al exterior. Este movimiento estaba orientado a reclutar a todos los huérfanos y viudos de Hugo Chávez, que no fueron incorporados por Maduro en posiciones de poder. El ex presidente de PDVSA estaba en el proceso de lanzamiento de éste nuevo movimiento chavista, lo que no agradó al que en este momento cuenta con la aprobación del conglomerado chavista. En sus actividades Ramírez buscaba además posicionarse como candidato en las venideras elecciones presidenciales. Ante las iniciativas y aspiraciones del antiguo hombre de confianza de Chávez, el régimen de Maduro optó por ordenar a la fiscalía una investigación en su contra con el propósito de destruirlo políticamente.

Paralelamente al plan de cerrarle el paso al movimiento liderado por Rafael Ramírez, el régimen se concentró en un proceso de construcción de nuevas lealtades conformando las bases de una corriente que podríamos llamar “madurismo”. Con ese propósito, el régimen procedió a reforzar en el frente gubernamental a aquellos actores políticos que han mostrado mayor fidelidad a Maduro como Delsy Rodriguez, designándola al frente de la Asamblea Constituyente (ANC), Tareck El Aissami como Vicepresidente y Jorge Rodríguez como Ministro de Comunicaciones y responsable de las negociaciones en la República Dominicana.

Apunta Oswaldo Ramírez que en este contexto el régimen decide adelantar las elecciones presidenciales con miras a realizarlas en el primer cuatrimestre del próximo año, lanzando a Nicolás Maduro como candidato. Se busca así evitar que el evento electoral se lleve a cabo en el segundo semestre del año, cuando la mayoría de los analistas económicos prevén un default o cesación de pagos de la deuda externa, con todas sus traumáticas implicaciones para el gobierno y el país. En la actualidad el régimen realiza gestiones para obtener entre 2500 y 3500 millardos de dólares a fin de incrementar el gasto público, aumentar la frecuencia de llegada de los CLAP y ampliar los beneficios de las llamadas Misiones; dándole así a los operadores políticos la capacidad de generar incentivos, a través de los diversos beneficios que genera el carnet de la patria, a fin de que la población vuelva a afiliarse con Maduro.

Con el propósito de garantizar el apoyo de Diosdado Cabello a la candidatura de Maduro, se le entrega PDVSA a militares afectos a él y de este modo el régimen integra a Cabello al entorno de los fieles a la figura presidencial, superando el antagonismo entre ambos, que ha señalado entre otros, Henrique Capriles. Ello implicó la designación del General Manuel Quevedo al frente de PDVSA, lo cual fue acompañado por la decisión de sustituir a 60 ejecutivos de la empresa estatal por militares. Quevedo y los militares que lo acompañan no tienen ningún conocimiento de petróleo, ni formación en el área gerencial o de negocios.

Como lo señaló Eddie Ramírez en un artículo sobre el tema, desde su creación PDVSA ha sido dirigida en algunos periodos por militares que han mostrado competencia y buen desempeño, pero eran profesionales que poseían formación gerencial y experiencia. Este no es el caso de Quevedo cuyo único background es su fidelidad al régimen y su desempeño reprimiendo las manifestaciones de la oposición a sangre y fuego.

La impericia de los militares designados agravará la crítica situación de la empresa petrolera estatal según Francisco Monaldi, experto petrolero de la Universidad Rice de Texas. Señala Monaldi que existe preocupación entre los socios de PDVSA por los nombramientos señalados y sus repercusiones sobre la empresa, que viene desde hace años declinando su producción. Esta preocupación la comparten sectores cercanos al gobierno como la firma Torino Capital, asesora de UNASUR y del gobierno de Maduro, la cual expresa en un informe reciente que “observamos un riesgo considerable de que la reestructuración y toma de PDVSA por sectores menos profesionalizados perpetuará la caída de la producción…”. Adicionalmente a ello, apunta Monaldi, las sanciones de los Estados Unidos contribuirán a complicar el desempeño de la empresa y agudizar su deterioro.

Los analistas económicos prevén que la empresa estatal continuará el declive de su producción en el año 2018. La firma Torino Capital señala que la producción se reducirá de 1,83 millones de barriles diarios en noviembre del 2017 a 1,39 millones de barriles diarios en diciembre del 2018, lo cual implicará un descenso de 442.000 barriles diarios. Esto provocará una reducción de los ingresos en divisas, lo que disminuirá las importaciones en un 34%, según algunas consultoras, agudizando la escasez de productos que agobia a la población y hará imposible cumplir con los compromisos financieros en el segundo semestre de 2018, aumentando las posibilidades de un default o cesación de pagos.

Con la decisión de militarizar la dirección de PDVSA, el régimen demuestra que tiene poco interés en el declive productivo de la empresa y las implicaciones que ello pueda tener en los ingresos del país y el bienestar de la población. Subordina todo a su decisión de atornillarse en el poder.

Profesor UCV

Josenri2@gmail.com

En este escrito tratamos de escudriñar lo que nos depara el año que viene en materia económica. En síntesis, la situación que enfrentamos a final del 2017 se agravará el año venidero. Hemos entrado en hiperinflación, la cual se estima oscilará entre 2.350 y 5.000%, en el mejor de los casos. Si bien los precios del petróleo mejoraran, la caída de la producción de PDVSA compensará esta mejora, provocando una contracción en los ingresos petroleros que hará muy complicado cumplir los compromisos de deuda, por lo que la posibilidad de una cesación de pagos será muy elevada. La caída de los ingresos petroleros provocará a su vez una reducción de las importaciones que se estima en 34%; como se trata de insumos para el aparato productivo, esta caída acentuará la contracción de la producción interna y la escasez. La agudización de la hiperinflación continuará destruyendo la capacidad de compra de la población. Esto conducirá a los más débiles a profundizar su dependencia del Estado a través de los diversos beneficios que conllevan el carnet de la patria o las bolsas CLAP.

Como lo señalamos en un artículo similar a finales del año pasado las empresas y consultoras, así como los organismos internacionales suelen formular sus pronósticos económicos a finales de año. Repasaremos algunas de estas proyecciones a fin de aclarar o definir el escenario que nos espera el año que viene. El vocablo escenario se utiliza en este caso para definir un futuro posible en términos económicos. Si cambia alguna variable, en nuestro caso el precio del petróleo, se abre un nuevo escenario alternativo al que estamos considerando. También pueden cambiar las variables políticas, si en República Dominicana se llega a un acuerdo sobre un CNE más independiente, ello abriría un futuro distinto al que concebiríamos si continua el actual organismo especializado en fabricar cifras electorales a conveniencia de los intereses del PSUV.

Es necesario aclarar que una de las características de la coyuntura actual, como bien lo apunta el Fondo Monetario Internacional (FMI), es la incertidumbre, la cual dificulta o incrementa la probabilidad de errar en los pronósticos que se hacen. Debido a ello, como veremos en los próximos párrafos, algunas de las empresas están optando por formular varios escenarios, uno que consideran el más probable, que algunas firmas denominan el año base, y otro escenario extremo que es menos probable pero surge como un futuro posible en términos económicos.

La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un futuro más promisorio para la región latinoamericana dado el incremento del precio de las materias primas, que todavía constituye un item importante en sus exportaciones. Los países de América Latina y el Caribe experimentarán una moderada recuperación en 2018 y crecerán 2,2% el próximo año luego de anotar 1,3% promedio en 2017. La excepción a este panorama es Venezuela que aparece como el único país de la región que sufrirá una contracción económica estimada por la CEPAL en 5% del Producto Interno Bruto (PIB) que se define como el valor de la masa total de bienes y servicios producidos en una economía en un año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca en un informe reciente, la elevada incertidumbre que se ha adueñado de Venezuela, dada la crisis política que atraviesa. Ésta opera como un fardo de la actividad económica que el Fondo espera se contraiga en 5% el año próximo. La inflación según el FMI ha venido incrementándose progresivamente, en el 2016 fue de 254,4%, este año se espera llegue a 652,7% y se espera que el próximo año alcance la espeluznante cifra de 2.349,3 %.

Econométrica, una firma venezolana de consultoría económica, auspició a finales de este año un foro denominado Perspectivas 2018. En este foro, Henkel García (Director de la firma) señaló que la inflación anualizada para fines de noviembre de este año se ubica en 1.800%. La inflación mensual para noviembre la estiman en 64% y no descartan que llegue a 80%. Para esta consultora ya entramos en hiperinflación. Su estimación para el año que viene implica que el proceso inflacionario se agudizará y alcanzará, en el mejor de los casos, 5.000%. Sin embargo prevén un escenario extremo en el cual la inflación puede llegar a 29.000 %, cifra nunca vista en procesos similares en la región. Estiman una contracción del PIB de 5,5 %, pero que en un escenario extremo pude llegar a 12%.

Al igual que Econométrica, la consultora Ecoanalitica convocó a un evento al cual denominó: Foro Perspectivas 2018 ¿A dónde va Venezuela? en el que Asdrúbal Oliveros (Director de Ecoanalitica) confirmó la apreciación de la firma Econométrica y señaló que Venezuela está entrando, a finales del 2017, en una dinámica hiperinflacionaria lo cual se refleja en las elevadas cifras de inflación mensual, y en la escasez de efectivo y el comportamiento del dólar paralelo.

Alejandro Grisanti (Director de Ecoanalitica) intervino en el foro señalado y abordó el tema petrolero. Destacó que la producción petrolera ha estado cayendo, en los últimos años PDVSA ha dejado de producir 700. 000 barriles por día. Este proceso es difícil de revertir, por lo que la producción de petróleo seguirá declinando. Si bien los precios de la cesta petrolera venezolana mejorarán, la caída de la producción será más acentuada, lo que provocará una disminución de los ingresos petroleros para el año que viene. Ello provocará una contracción en las importaciones que según Grisanti pasaran de 12.760 millardos a 8.400 millardos, equivalente a una contracción del 34%. En la medida que estas importaciones suelen ser en su mayoría insumos para el aparato productivo, la contracción de las mismas terminará disminuyendo fuertemente la producción y oferta de bienes, incrementando la escasez. El gobierno seguirá aumentando salarios e imprimiendo dinero para financiarlo. Con poca oferta de bienes y mayor liquidez (dinero circulante), en manos del público el resultado es una inflación creciente. El descenso de la producción petrolera y de los ingresos en divisas arroja una elevada probabilidad de una cesación de pago de la deuda externa en el 2018. Señaló que es poco probable conseguir financiamiento para el año venidero debido a la elevada deuda con Rusia y China y las limitaciones financieras del primero.

Según Inter America Trends, un centro de análisis de políticas con base en Washington dedicada a la investigación de políticas públicas, las perspectivas de la economía venezolana profundizarán lo ocurrido en el 2017. El precio del petróleo mejorará ubicándose en una banda entre 52 a 55 dólares según el World Oil Outlook 2017 de la OPEP. La cesta venezolana mejorará entre 6 a 9 dólares adicionales al precio promedio de 2017 según un artículo de Antonio De la Cruz Director ejecutivo de Inter America Trends. En la misma línea de lo planteado por Alejandro Grisanti de Ecoanalitica, plantean que la producción de petróleo seguirá cayendo y causará, a pesar de la mejora en los precios, una caída de los ingresos por exportación de petróleo que no serán suficiente para cumplir con los compromisos financieros del país por lo que el riesgo de cesación de pagos el año venidero es muy alto. Debido a la contracción en el ingreso de divisas, estiman una reducción de las importaciones en 50%. Para el 2018 continuará el financiamiento público a PDVSA y al sector gubernamental, lo que incrementará la inflación y la subida del dólar paralelo. En el caso base se obtiene una inflación de 3.350% (35% promedio al mes) con un tipo de cambio de 360.000 Bs. por dólar, mientras que en el peor de los casos la inflación llegaría a 20.750% (60% promedio al mes) con un tipo de cambio libre de 14 millones. La hiperinflación seguirá pulverizando la capacidad de compra de los trabajadores la cual se ha venido contrayendo. Según Humberto García Larralde (Presidente de la Academia de Ciencias Económicas) la capacidad de compra del salario mínimo se ha contraído en un 27% en los últimos cuatro años. Inter America Trends plantea que este deterioro del poder de compra seguirá conduciendo a los más débiles a profundizar su dependencia del Estado a través de los diversos beneficios que conllevan el carnet de la patria o las bolsas CLAP.

Profesor UCV

Prominentes dirigentes del chavismo, algunos cercanos a Chávez cuando ejercía funciones de gobierno, han planteado la necesidad de discutir el tema económico y en particular lo referente a la escalada de precios que agobia a la población venezolana y ha pulverizado su poder adquisitivo. Recurrir al expediente de la guerra económica como una explicación al fenómeno hiperinflacionario ya no los convence. Ello ha desatado una polémica en el frente gubernamental, acicateada por las ambiciones personales que se perfilan, con motivo de la cercanía de las elecciones presidenciales del venidero año 2018.

El Vicepresidente de la Asamblea Constituyente (ANC) Isaías Rodríguez en un artículo publicado en el diario Ultimas Noticias, orientado a analizar los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre, expuso al final del mismo la necesidad de que la ANC se dedique a resolver problemas como el aumento constante de los precios. En la línea oficialista Pedro Carreño señaló, en respuesta a los señalamientos del constituyentista Rodríguez, que el desabastecimiento, la inflación inducida, el ataque a la moneda, son ocasionados por los ataques del imperio y de la derecha internacional. En ese sentido la solución a esos problemas no está en manos de la ANC y del gobierno venezolano, las acciones que implementa este último son para aminorar los mismos. Según Carreño empezar a endilgarle esto a la constituyente es para que digan que la ANC es un fracaso. Si lo hacen de manera deliberada es traición a la patria y si lo hacen de buena fe son unos tontos útiles.

Inquietudes similares a las de Isaías Rodríguez también fueron planteadas por el político y periodista José Vicente Rangel, durante su programa “José Vicente Hoy” que mantiene en Televen. José Vicente señaló que es injustificable que en cuestión de horas se multiplique en el mercado el precio de los alimento, al igual que el de los artículos de ferretería y los repuestos de vehículos. A su juicio lo que sucede en el país en torno a esto no tiene explicación. Señaló a continuación que es insoportable el costo de la vida y que es imposible guardar silencio ante un fenómeno que azota a todo el pueblo y que tiene a los venezolanos contra la pared. Planteó además que no hay sueldo ni salario que soporte el incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. También mencionó la situación del sector salud refiriéndose específicamente a los medicamentos y la calificó de “dramática”. Finalmente agregó que las medidas que está tomando el ejecutivo son “forjadas” y ninguna convence, ni por parte del gobierno ni de los empresarios.

A esta polémica entre los dirigentes del régimen se sumó recientemente el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, quien también se desempeñó por un tiempo como jefe del equipo económico de Nicolás Maduro. Diversas fuentes le atribuyen a Ramírez aspiraciones presidenciales, por lo que sus señalamientos se inscriben en el marco del tira y encoge que se está dando en el chavismo con la mira puesta en las elecciones del año 2018. Ramírez expresó, en un artículo reciente en el portal Aporrea, que cuando el presidente Maduro lo designó jefe de su equipo económico, él tenía una idea clara de los problemas y de lo que había que hacer en el área económica, pero no hubo apoyo político para avanzar en una agenda que él había consensuado al más alto nivel. Esta agenda no pudo aplicarse por desconfianza, prejuicios y desconocimiento, lo que torpedeó su instrumentación.

Ramírez señaló en un artículo titulado “la tormenta” que el propósito fundamental del Plan que él proponía era estabilizar la economía y alcanzar los equilibrios necesarios. A tal fin se planteaba crear otro sistema cambiario que evolucionara hacia un solo valor de equilibrio, que luego fluctuaría en el marco de una banda. También se establecía una política fiscal diferente, así como una política de incentivos a la producción nacional. Esta agenda buscaba que fuera más rentable producir en el país que conseguir una divisa barata que alimentara al dólar paralelo y por ende la inflación. También se proponía una estrategia para el manejo de la deuda externa.

En el artículo mencionado Ramírez expresó su fe en que el campo bolivariano avanzaría y que el régimen chavista poseía la fuerza suficiente para derrotar a sus enemigos, pero enfatizó la necesidad de profundizar el análisis en particular del tema económico. En este contexto citó a Chávez quien señaló que “en el socialismo, la prioridad de la economía debe ser resolver las necesidades del pueblo” y su calidad de vida.

En una entrevista concedida a la BBC, Ramírez señaló que sus planteamientos fueron desechados y para mantenerlo en silencio fue enviado a un exilio dorado como embajador en la ONU. A pesar de ello continuó escribiendo exponiendo su posición y compromiso con el proceso. En la medida que el régimen de Maduro anda en una onda electoral las opiniones del ex Presidente de PDVSA fueron tomadas como parte de una campaña orientada a promocionar su figura y sus aspiraciones presidenciales, respaldado por una parte del entorno intimo de Chávez, entre ellos la familia del prócer de Sabaneta. El régimen decidió en consecuencia llevar a cabo una purga, al más puro estilo estalinista, defenestrándolo de su cargo en la ONU y sustituyendo a una numerosa parte de la plantilla profesional de PDVSA y Citgo.

Las declaraciones y opiniones de Isaías Rodríguez, Rangel y Rafael Ramírez revelan que la hiperinflación reinante y sus implicaciones sociales están generando tensiones en el régimen y avivando la discusión sobre el tema económico y en particular lo relacionado con la escalada de precios y la incapacidad del gobierno de enfrentarla con éxito. Dirigentes históricos del chavismo ya no se conforman con recurrir al fácil expediente de la guerra económica para explicar la deriva de los precios. El régimen ha desatado una cacería de brujas buscando disuadir a los críticos. La opacidad del régimen no permite estimar las repercusiones que esta polémica tiene y las repercusiones que tendrá. Sin embargo la cercanía de las elecciones presidenciales probablemente seguirá acicateando las ambiciones personales y las fricciones entre los diversos grupos en el gobierno, oxigenando la discusión sobre el tema.

Profesor UCV

El régimen cubano está a la deriva. La burocracia hostiga a los emprendedores e inversionistas, lo cual ha limitado la inversión extranjera. El modelo socialista restringe la capacidad productiva. El 80% de los alimentos son importados. El ingreso en divisas se ha reducido contrayendo las importaciones, y amenaza con reducirse más debido a la política de Trump. Son necesarias reformas para estimular la inversión privada y la producción interna. El régimen comunista de la Habana no puede descansar en la generosidad de sus aliados, pues esta ha colapsado, y no tiene idea que hacer. La indecisión de la dirigencia se ha agudizado debido al cambio en el liderazgo. El nuevo liderazgo parece continuar la retorica anti imperialista del antiguo.

Cuba sigue sometida a un racionamiento que obliga a los cubanos a comprar en el mercado negro, donde los alimentos como el arroz cuestan 20 veces más de lo que vale un producto similar subsidiado por el gobierno. Esto no puede ser costeado por los trabajadores que devengan un salario de 23 dólares al mes. Es necesario crear trabajos mejor remunerados, estimulando la inversión privada. Sin embargo, en agosto el régimen anunció que se detendrían las emisiones de nuevas licencias para autorizar emprendimientos en dos docenas de áreas en las cuales la actividad privada es permitida. Ello abarca la gestión de restaurants, el arrendamiento de habitaciones a los turistas, y la enseñanza de música. Sin embargo, esto no afecta a los cuentapropistas (pequeños emprendedores independientes) que ya están trabajando en áreas como restaurants, hotelería y otras actividades. Pero el gobierno no confía en ellos, ya que son emprendedores con mentalidad independiente que un día podrían convertirse en disidentes del régimen. La prosperidad de estos emprendedores provoca envidia en los cubanos más pobres. Raúl Castro los criticó por evasión de impuestos y otras irregularidades. “El gobierno lucha contra la riqueza no contra la pobreza”, se lamentó un emprendedor.

Los ataques a los embriones de capitalismo ocurren en un momento que no es conveniente, ya que Castro debe entregar el poder en febrero, lo cual finaliza 60 años de liderazgo autoritario representado por él y su hermano. Las relaciones con Estados Unidos se han enturbiado debido al cambio de política de Trump y los ataques sónicos a la embajada de Estados Unidos.

El huracán Irma causó destrozos en la isla que afectaron a las playas de los balnearios más populares para el turismo y dejó fuera de servicio al sistema eléctrico. Con un déficit público estimado en 12%, el gobierno carece de recursos para enfrentar la reconstrucción y reparación de los daños. Estos son golpes a una economía que estaba ya en una situación terrible. La estratagema favorita del régimen de extraer subsidios de sus aliados tuvo sus días al contar con la ayuda de Venezuela, que reemplazó a la Unión Soviética como el benefactor del régimen.

Sin embargo, Venezuela está en este momento en peor situación que Cuba. El trueque entre ambos países, de petróleo por servicios (médicos y otros profesionales) se ha reducido de 8 millardos de dólares en el 2012 a 2,3 el último año. Cuba ha tenido que comprar petróleo al precio normal en el mercado internacional. A pesar de un boom en el turismo, sus ingresos por servicios (que incluye turismo y servicios médicos) ha ido descendiendo desde el año 2013.

Restringida por la camisa de fuerza del socialismo, Cuba produce menos que otros países. La agricultura, por ejemplo, está restringida por el control de precios y las carencias del transporte. Cuba importa 80% de los alimentos que consume. Pagar por estos bienes luce difícil. En julio, el Ministerio de Economía informó a la Asamblea Nacional que las restricciones financieras reducirán las importaciones en 1,5 mil millones de dólares en el 2017. Lo que está disponible en los comercios depende de lo que los suplidores de Cuba están dispuestos a esperar por el pago. El Producto Interno Bruto se contrajo en 0,9% en términos reales en el año 2016. Irma y la caída de las importaciones conducirán a otro mal año en el 2017.

El gobierno no sabe qué hacer. Una posible salida es estimular a los inversionistas extranjeros, pero el gobierno insiste en ponerles trabas burocráticas a estos. Debido a ello Cuba atrajo 1,3 millardos de dólares en inversión extranjera en el año 2014, menos de un cuarto de lo que ellos aspiraban. El gobierno ha hecho algunas concesiones a los inversionistas. En el caso de algunas compañías de alimentos se les ha permitido repatriar parte de sus beneficios. Sin embargo, los pequeños y medianos emprendedores están esperando por una ley que les permita actuar como lo hacen otras compañías, pero esta ley todavía no se ha aprobado.

Otro aspecto crucial es reformar el sistema cambiario que está basado en un doble tipo de cambio. A los turistas se les permite cambiar a 24 pesos por dólar, sin embargo, en el caso de las empresas públicas el cambio es uno a uno lo que implica una elevada sobrevaluación que favorece las importaciones, pues las abarata, pero penaliza las exportaciones, al encarecerlas. Es necesario una devaluación del peso para las empresas públicas, pero ello tendría un fuerte impacto que llevaría a muchas a la quiebra, generaría desempleo e incentivaría la inflación. Los países que hacen esto normalmente recurren a la ayuda de un organismo financiero como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero Cuba está fuera de este organismo debido a la oposición de Estados Unidos. Cuba no puede recurrir al FMI o a otros organismos como el Banco Mundial.

Los cambios que son necesarios son difíciles de llevar a cabo pues Cuba está a la espera de la designación de un nuevo líder. El proceso de designación ha agudizado el enfrentamiento entre conservadores y reformistas dentro del gobierno. La beligerancia de Trump probablemente ha ayudado a los primeros. La mayoría de los analistas sobre el tema cubano han señalado a Miguel Díaz Canel como el probable sucesor. Un video reciente lo muestra en una reunión del Partido Comunista Cubano dirigiéndose a los presentes con la misma retórica anti imperialista de los Castro y arremetiendo contra los medios independientes críticos del régimen, lo cual es una mala noticia para los emprendedores.

Comentario final: para salir de su predicamento el régimen cubano necesita estimular a los emprendedores, pero por el contrario los hostiga, desestimulando la inversión, la producción interna y el ingreso de divisas. Ello está en la naturaleza del régimen y en el fondo de la crisis que enfrenta. Este “modelo” es el que los alumnos de los Castro han trasladado a Venezuela con los resultados que conocemos.

Nota: este escrito, exceptuando el comentario final, es una traducción libre del artículo: “Slim Pickings. Clueless on Cuba’s economy”. The Economist. Sep 30th 2017.

Profesor UCV

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Venezuela y PDVSA vienen afrontando desde hace tiempo una situación que limita su capacidad de pago, debido a la declinación de la producción de PDVSA que es la empresa que aporta el 95% de los dólares que ingresan a la economía. El gobierno decidió utilizar los recursos requeridos para incrementar la producción reorientándolos a otros propósitos, a la espera de que los precios del petróleo se recuperaran y la empresa pudiera disponer de mayores ingresos para destinarlos a elevar la producción. Si bien los precios se han recuperado no han llegado a un nivel que permita cumplir tal propósito. La empresa debió recurrir a los entes financieros internacionales a fin de obtener nuevo endeudamiento y poder así pagar los compromisos de deuda que se vencen a finales de este año. Sin embargo los entes financieros no han sido receptivos a la solicitud de la empresa, debido a la situación del gobierno de Venezuela que ha sido acusado de violación de derechos humanos en los meses previos, lo que se ha agudizado por las sanciones financieras de la comunidad internacional (Ver artículos previos del autor en este boletín: “PDVSA al borde de la cesación de pagos” “La agonía de PDVSA”).

La situación descrita se ha agudizado en los últimos días y tanto Venezuela como PDVSA han entrado en cesación de pagos. Standart and Poor’s, una empresa estadounidense de servicios financieros que tiene entre sus propósitos calificar el riesgo de los bonos que emiten las empresas y los países en el mercado financiero, decidió esta semana que Venezuela y PDVSA entraron en cesación de pagos debido al retraso que se produjo en el pago de sus compromisos financieros. La Comisión Internacional de Swaps y Derivados (ISDA por sus siglas en ingles), que reúne a los acreedores, tomó una decisión similar por lo que se inició el proceso para pagar a los tenedores de bonos el seguro contratado para protegerlos de situaciones de impagos.

El origen del problema según Alejandro Grisanti, Director de la firma Ecoanalítica, empresa de asesoría económica, es la limitada capacidad de pago del gobierno, a pesar del aumento que se ha observado en los precios de la cesta petrolera venezolana. El incremento en los precios petroleros no ha logrado compensar el descenso que se ha producido en los últimos tres años en la producción petrolera. La producción de PDVSA ha caído en 800.000 barriles diarios, Su esto se hubiera producido este año Venezuela hubiera recibido 15 millardos de dólares. Esta cifra hubiera sido más que suficiente para haber pagado todos los compromisos de deuda con los bonistas y adicionalmente hubiera permitido triplicar las asignaciones que se vienen haciendo al sector privado para la importación de alimentos y medicinas, contribuyendo a aliviar la crisis humanitaria que enfrentamos.

Según Ecoanalítica la caída de la producción de PDVSA es ocasionada por el modelo económico que ha asumido el gobierno centrado en controles del tipo de cambio y de los precios y una política hostil a la inversión privada, lo que le ha restado operatividad a todos los entes gubernamentales, incluido PDVSA. Esta es la razón fundamental del problema y no las sanciones financieras aplicadas por los Estados Unidos, las cuales apenas están comenzando a instrumentarse.

Según las declaraciones de Grisanti a varios medios, el gobierno no tiene una estrategia clara para hacer frente a la situación de insolvencia y parece orientado a entorpecer el pago de la deuda, pago que cuando se hace se lleva a cabo con retraso, provocando que las empresas calificadoras de riesgo coloquen a Venezuela en situación de cesación de pagos. Una explicación a esta acción del gobierno la arroja el economista Maxim Ross quien señala que el gobierno parece orientado a presionar a los tenedores de bonos a fin de posponer los pagos de deuda del año que viene, que es un año electoral. De este modo el gobierno busca disponer de recursos para importar alimentos y medicinas y aliviar la crisis de desabastecimiento que enfrentamos en el año electoral que se avecina. Esta actitud del gobierno, según Grisanti, nos coloca en una condición de vulnerabilidad y a merced de los acreedores que podrían recurrir a los tribunales de Nueva York y embargar los activos de Venezuela en el exterior, complicando aun más la situación.

El Director de Ecoanalítica señala que para lograr una negociación exitosa el gobierno debe cambiar su modelo económico a fin de aumentar su capacidad de pago. Para ello debe unificar el tipo de cambio e incrementar la producción petrolera y minera. Una vez que los acreedores de Venezuela perciban que en el país se están haciendo reformas para aumentar la capacidad de pago se puede, en este ambiente, abordar un proceso exitoso de renegociación de la deuda y posponer los pagos. Si no se hacen cambios en el modelo económico cualquier proceso de renegociación que se aborde está condenado al fracaso.

Profesor UCV

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