No sabemos si es ignorancia de la ley o caradurismo infeliz, o en el mejor de los casos, una imprudente declaración, lo afirmado por la rectora del CNE Socorro Hernández, a un medio televisivo, en el cual manifestó que “la Constitución no prevé consulta popular para refrendar la Constituyente, agregando, que no hay artículo de la Constitución que establezca que la Constituyente deba ser refrendada por consulta popular”. Mayor estulticia no se puede.

La señora Hernández, a pesar de sus títulos, nos permite reflexionar entre el autoritarismo presidencial, reminiscencia de la antigua potestad de los Monarcas y el principio republicano que sostiene que la soberanía reside en el pueblo, ratificado en el artículo 5 de la vigente Carta Magna. Pero válido es tambien decir, que nuestra legislación civil obliga a cumplir la ley a pesar de su ignorancia, sobre todo a los altos funcionarios del Estado, salvo que se trate de personas analfabetas o de notorio atraso intelectual, lo que les exime de sanción o critica alguna.

Al grano. Desde las revoluciones, la norteamericana en 1776 y la francesa, en 1789, se trastocaron sin duda los principios del constitucionalismo que regían para la época, y que sustentaban el Estado Absoluto. Entre esos estaba el denominado principio monárquico, en virtud del cual el Monarca absoluto era el soberano, como lo afirmaba el rey Luis XIV, “el Estado soy yo”, y era esa la fuente de todo poder y derecho, el cual no podía, incluso, equivocarse ni tenía responsabilidad por el ejercicio del poder. Era infalible. De modo que con arreglo a este principio monárquico, la Constitución era dada por el Monarca y en ella no tenía cabida el ciudadano como titular de derechos. Aquellas revoluciones modificaron diametralmente este principio y lo sustituyeron por el principio republicano, conforme al cual el pueblo es el único titular de la soberanía y la única fuente del derecho, que la ejerce mediante consultas a través del sufragio, directo, secreto y universal y con arreglo a la representación popular.

En nuestro país, para regocijo de los demócratas, este principio republicano se recogió por primera vez en el Reglamento dictado por la Junta Suprema de Caracas, instalada el 19 de abril de 1810, a raíz de la crisis monárquica española derivada de la invasión napoleónica, y con ella se iniciaron las tareas para elaborar las bases de un nuevo ordenamiento jurídico estatal que permitió la creación del nuevo e independiente Estado venezolano, instalándose luego un Congreso General con representantes de las provincias de Venezuela que promulgaron la extraordinaria y maravillosa Declaración de Derechos del Pueblo el 1° de julio de 1811, que dictó nuestra declaración de independencia el 5 de julio de 1811 y finalmente sancionó nuestra primera Constitución, el 21 de diciembre de 1811. Aquellos actos constitucionales, hay que decirlo, incubaron en el Estado que se creaba “el principio republicano que colocaba la soberanía en el pueblo”, como lo asentó la referida Declaración venezolana del 1° de julio de 1811, Primera Declaración de Derechos de Hispanoamérica y la Tercera en la historia constitucional moderna, que estableció: “La soberanía reside en pueblo; y el ejercicio de ella en los ciudadanos con derecho a sufragio, por medio de sus apoderados legalmente constituidos”, entendiendo así, entonces, que la Asamblea Nacional es la receptora de primer orden de la soberanía que dimana del pueblo. Este principio que se recoge en el artículo 5 de la Constitución Bolivariana y antes, en el artículo 4 de la de 1.961, ha constituido un signo invariable de nuestro régimen político que parece ignorar la rectora del CNE, Socorro Hernández.

En criterio de esta rectora, Maduro, además de ser presidente de la República, pretende ser Gobernador de todos los Estados, el Alcalde de los 335 Municipios del país, retrotraerse a los tiempos en que el Estado soy yo y redactar una nueva Constitución, -sin consultar al pueblo-, y para destruir el actual ordenamiento constitucional, se acompaña de algunos paniaguados que desconocen la voluntad de más del 85% de los venezolanos que rechazan la Constituyente convocada ilegalmente por el presidente. No es necesario que exista un artículo expreso en la Constitución para desconocer que se requiere la autorización del pueblo soberano para modificar o sustituir el texto fundamental de la Nación; como si la Constitución fuese el Libro Grande de Petete, en donde para cualquier acto debe redactarse un artículo expreso y no un Texto de Principios Fundamentales a partir de los cuales regular el ordenamiento jurídico constitucional.

La gente no va a dejarse echar esa vaina, como lo pretende la rectora del CNE.

El título que encabeza esta crónica nada tiene que ver con el gobierno democrático y plural al que aspira la inmensa mayoría de venezolanos, es más bien una reflexión de lo que probablemente ocurra de imponerse una Asamblea Constituyente bajo la concepción ideológica de quienes nos gobiernan.

La propuesta de Maduro y sus acólitos para convocar una Constituyente, con fraude a la Constitución, es una maniobra política para imponerle al país un conjunto de disposiciones constitucionales que fueron rechazadas en el referéndum del año 2007, pero que a través de la legislación ordinaria y el control que tenían de la Asamblea Nacional, impusieron nuevas leyes que no armonizan con la Constitución, con las cuales han venido demoliendo progresivamente los principios de la democracia representativa y atribuyéndose con descaro la representación directa de la soberanía popular, ejemplo de ello, por citar un caso, aprobaron el cognomento “del Poder Popular”, tinte ideológico para llamar a los despachos ministeriales, Ministerio del Poder Popular. Nada de eso existe en la Constitución.

Lo que se demanda, entonces, es continuar desnudando y rechazando el despropósito de quien ocupa Miraflores porque con aquella,-la constituyente-, lo que se pretende es la concentración del poder bajo el control de un partido único que se confunda con las competencias del gobierno y el funcionamiento del Estado. Al margen de que este despropósito se postula en el momento de mayor debilidad del gobierno, por el rechazo descomunal a su gestión, que sobrepasa el 80% de los venezolanos, que es la consecuencia de su ineptitud para administrar el gobierno, la vinculación de sectores oficialista con el narcotráfico, la impúdica corrupción de civiles y militares, sin menoscabo del hambre y la miseria que campea en los sectores más deprimidos de nuestra sociedad y una crisis moral y social que habrá de encarar para revertir los valores ciudadanos agravados por una gestión que ha hecho mil millonarios a funcionarios, gestores y testaferros, lo que subyace en el fondo es constitucionalizar la Comuna y establecer el Estado Comunal.

De vieja data es esta pretensión y una conseja se repite, que en algún lugar existe la propuesta del difunto Chávez para que le aprobaran su Constitución concebida por su puño y letra para imponernos ab initio de su gobierno, este modelo totalitario. Afortunadamente eso no ocurrió, a pesar de la mayoría alcanzada en aquella ocasión con kinos y triquiñuelas.

La Comuna entendida como estructura de los ciudadanos para participar en la vida de la ciudad, a pesar de no tener tradición en nuestra vida republicana, se fortalece en la vida democrática municipal y funciona en algunos países, pero la Comuna que pretenden es otra, es la que busca la desaparición progresiva del Estado para construir el autogobierno comunal, puesto al servicio de la clase gobernante y su burocracia. Es la totalitaria, porque su forma de gobierno está determinada por el poder Central a través de Asambleas y Comisarios del gobierno, derivadas de una concepción ideológica. De modo que el difunto siempre se propuso avanzar hacia un Estado Comunal utilizando para ello los medios y formas institucionales contenidos en el ordenamiento jurídico del Estado Democrático y de Derecho. Así ocurrió en la Alemania de 1919 con la llegada de Hitler al poder quien utilizó la Constitución de Weimar para alcanzar sus despropósitos. “Alcanzamos el objetivo, ahora comienza la revolución alemana”, habría dicho Joseph Goebbels, ministro de Propaganda en el gobierno de Hitler y uno de sus más cercanos colaboradores. Hacia ello, pues, conduce la convocatoria fraudulenta de una Constituyente en la cual se quiere que la voten sectores corporizados del gobierno chavista.

Claro que los obreros y grupos territoriales y gremiales forman parte del pueblo, pero no son el pueblo. Una Constituyente tiene que ser postulada bajo la premisa constitucional de consultar a TODO el pueblo, si la acepta o no. Y es a partir de esa aprobación, que el pueblo en ejercicio de su soberanía, fundado en lo dispuesto en el artículo 5 en concordancia con el artículo 63, de la Constitución de 1.999, puede convocar la Constituyente y elegir a los constituyentes para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico o redactar una nueva Constitución. Una Asamblea como la que quiere Maduro, además de ser ilegal, fraudulenta, ilegítima e inconstitucional, es una farsa y una traición al pueblo, que sólo aspira mejores empleos, comida y tranquilidad social para desarrollarse pluralmente. Otra razón para rechazar esa Constituyente.

frusbet@gmail.com

Carlos Moreno, el joven caraqueño de 17 años asesinado en la urbanización San Bernardino de Caracas, apenas con 17 años de edad, no alcanzó a vivir en democracia; nació con el inicio del gobierno chavista, el que pretendió imponer el llamado socialismo del siglo 21, una ideología trasnochada que arruinó la economía del país, hizo más pobres a los venezolanos y ha destrozado la Institucionalidad de la República.

La muerte del joven estudiante se produce por un disparo al cráneo. Ha sido característica en todas las protestas cívicas, que las muertes de los manifestantes, desde el aciago día de los pistoleros de Puente Llaguno, han sido por daños a la cabeza, lo que confirma que son disparos de francotiradores apostados en azoteas de edificios o desde motocicletas.

La dictadura está aún decidida a pagar cara su despido del gobierno. Un ochenta por ciento de los venezolanos rechazan la presencia de Maduro en el Palacio de Miraflores y las malas políticas de su gobierno. Se aferran a una conducta que es contraria a los principios básicos de la convivencia política y a la obligación establecida en la Constitución de formular planes de desarrollo que sirva de base y provea los lineamientos estratégicos de las políticas públicas para el crecimiento y tranquilidad de sus conciudadanos.

La democracia y sus valores, la que se reclama y reivindica en las protestas pacíficas, son letra muerta para quien gobierna y para sus acólitos, civiles y militares, quienes con mucho dinero y aviones privados, no tienen probabilidad de disfrutarlos en el exterior ni en interior del país; bien sabemos las razones, algunos por sus actos de corrupción y otros por su vinculación al narcotráfico y a delitos de lesa humanidad.

El pasado 19 de abril, fecha de celebración de nuestro grito de independencia, fue escogido para iniciar el reclamo definitivo de rechazo pacífico a las políticas del gobierno. La represión ha sido brutal. La GNB, los milicianos,- cuerpo armado ilegal e inconstitucionalmente, con reminiscencia de los tontons macutes en la vieja dictadura haitiana-, y los mal llamados colectivos o paramilitares, donde probablemente se incorporan expertos tiradores cubanos, han sido los llamados para reprimir a quienes reclaman libertad, comida y comicios transparentes. La comunidad internacional ya conoce de esta barbarie.

Se escogió la calle para expresar el descontento y pedirle al presidente elecciones libres y un gobierno nuevo con separación de poderes, sin presos políticos y empleos para superar la pobreza y vivir mejor.

La calle se escogió, porque fracasó el diálogo tramposo del gobierno y sus fiadores y es entonces, el lugar para reclamar derechos civiles y reivindicar la democracia.

La calle hoy es el territorio que queda al pueblo para expresar su descontento contra un gobierno que baila al son de las corruptelas, los negocios y el tráfico de drogas en algunos sectores, mientras las grandes mayorías populares pasan graves necesidades y viven con sueldos de miseria y sin esperanzas de mejor vida para sus hijos, todo a riesgo de la brutal represión policíaco-militar que ha visto el mundo.

El gobierno se ha visto debilitado y por ello acude al librito de las dictaduras, que es la represión, la que ya cobra seis muertes de jóvenes y un Guardia Nacional, todos venezolanos que aspiraban vivir en paz y con respeto por sus derechos políticos, económicos y constitucionales.

Con todo, el país va a vivir tiempos de cambios, que esperamos sea el más espectacular desafío de la nueva época democrática. Desde 1958 vivimos una experiencia democrática que hoy, a pesar de los 18 años perdidos, la gente reivindica ese modo de vivir en libertad, porque la democracia es ciertamente un sistema de vida, que con todos sus errores, se consolidó en el alma venezolana, que a pesar de sus fallas, permitió una sana confrontación electoral cada 5 años, con alternación en el gobierno y generó una sociedad dinámica que resolvió problemas primarios con estabilidad política.

El chavismo engañó al pueblo pretendiendo acelerar la historia, terminó entregando nuestra soberanía a una ideología que recoge los peores males sociales y económicos. Hoy la insatisfacción ha crecido y nos regresó a tiempos ominosos para la República. El decadente gobierno de Maduro-Cabello, con apoyo de un personaje que en el gobierno nacional tiene más títulos que el Rey Carlos V, ha carecido de perspectivas positivas por sus corruptelas, su incapacidad y los desafueros autoritarios, con lamentables descréditos en las altas esferas castrenses; su agravamiento ha hecho estallar la calle, que es hoy el territorio para alcanzar la paz nacional.

Corolario: La calle sigue, pero debe evitarse mayor derramamiento de sangre inocente; el inicio de los cambios impone la salida del presidente, él es parte de la crisis, y la instalación de un proceso de transición es necesario para lograr la gobernabilidad hasta la conclusión del periodo constitucional, con un líder que sin pretensiones de elegirse respete el pluralismo y concite la concordia, el consenso entre los factores políticos y dirija la convocatoria a elecciones libres y transparentes para consolidar la nueva democracia. La justicia independiente se encargará, a su tiempo, de sancionar a los desfalcadores del erario público, a los traficantes y a los incursos en violaciones a la Constitución, por imperio de lo contemplado en los artículos 25 y 139 de la Carta Magna.

frusbet@gmail.com

Comenzar por lo primero:

Las sentencias números 156 y 157 de la Sala Constitucional del TSJ constituyen el colofón de un conjunto de decisiones dirigidas a enervar las atribuciones o el ejercicio constitucional de la Asamblea Nacional, en las cuales la Sala Constitucional usurpó funciones que son privativas de la Asamblea Nacional, que sin duda, constituyen el zarpazo definitivo del gobierno, se quita el disfraz y se convierte en una dictadura al desconocer a uno de los poderes donde reside la representación de la soberanía popular, como es la Asamblea Nacional. De modo que estamos en presencia de un autogolpe que ha desconocido los atributos o principios de la democracia, es decir, el derecho al sufragio, la inmunidad parlamentaria, la representación del pueblo asentada en la Asamblea Nacional y ha violado la Constitución. Con esas dos decisiones, el Tribunal Supremo de Justicia, altera el orden constitucional venezolano y afecta gravemente la institucionalidad democrática.

Estas dos sentencias son más bien un conjunto de citas doctrinales de índole constitucional dirigidas a desconocer fraudulentamente el orden democrático nacional.

Son ya más de 50 sentencias dictadas por el TSJ en contra de las actuaciones de la Asamblea Nacional y cuyo fundamento es debilitar y suprimir las funciones parlamentarias y destruir sus atribuciones constitucionales, porque el gobierno es minoría y no ha digerido su derrota el 6D del año 2015, se convirtió en un régimen de cartón piedra con un decorado de corruptelas.

Como señalamos, ya antes ha dictado decisiones perniciosas para el sistema democrático: veamos

La N° 260 de la Sala Electoral, dictada el 30 de diciembre de 2015, que ordenó la suspensión de la proclamación de 3 diputados de la oposición y uno del PSUV. Esta decisión, además de hacer imposible que el pleno reúna los 2/3 requeridos para ciertas decisiones, ha sido la excusa para el resto de las decisiones contra la AN.

A través de una medida cautelar se impide la incorporación de diputados electos, lesionando la competencia de la AN para calificar a sus miembros y el fuero del que gozan los diputados desde su proclamación. Esa sentencia fue el pretexto para decisiones posteriores como la declaración de ‘desacato’, contenida en el fallo número 01 del 11-01-2016, también de la Sala Electoral, que es la base para desconocer la legislación aprobada, la elección de una nueva directiva y el derecho de la directiva a representar a la AN en los procesos judiciales.

Otras dos sentencias le siguen a la 260, en términos de daño institucional, ellas son la número 9 de la Sala Constitucional del 1° de marzo de 2016, que limita las facultades de control sobre el Ejecutivo y la de revisar sus propios actos, así como la derogación del control parlamentario a los estados de excepción, contenida en la decisión N° 184 del 17 de marzo de 2016, que ha servido como pretexto para, entre otras cosas, abolir el control parlamentario del gasto público.

No podemos obviar los fallos de la Sala Constitucional números 810, del 21 de septiembre de 2016, que trastoca 6 atribuciones; las sentencias 341 del 05-05-2016, 411 (del 19-05-2016) y 04 (del 19-01-2017), cada una de las cuales afecta al menos 5 atribuciones del Poder Legislativo; y por la referida decisión 09 de la Sala Constitucional del 1°-03-2016, que lesiona 4 facultades. El resto de las sentencias violan entre una y tres atribuciones de la AN.

El TSJ en Sala Electoral fue muy diligente en desincorporar a los parlamentarios del Estado Amazonas, mediante una medida cautelar, que deja sin representación al Estado Amazonas en un sistema Federal centralizado, aún no ha resuelto el fondo del asunto, que en todo caso, si se encontraron irregularidades en el acto de votación de aquel Estado, lo legal habría sido convocar a un nuevo proceso electoral y permitir la representación parlamentaria del Estado Amazonas, sin embargo en tres días la Sala Constitucional dictó una sentencia, la 156 con más de 40 folios y en un día se pronunció en una sentencia de 53 folios.

No hay duda que ha sido un proceso calculado para trastocar el orden constitucional y fraudulentamente invalidar el parlamento que la Nación se dio el 6D de 2015.

Si aquellas sentencias se han dictado para impedir el funcionamiento constitucional del parlamento nacional, estas dos últimas sentencias y la aclaratoria, han revelado la incompetencia jurisdiccional de los magistrados de la Sala Constitucional, y la decisión número 158, que resuelve aclarar la numero 158 y suprime algunos párrafos, los hace incurrir en una figura gravísima para quien ejerce la magistratura y es motivo de destitución, como es el error inexcusable. Ese error es de tal magnitud que no admite excusa, como es la de atribuirse competencias que no tiene y finalmente aclarar una sentencia que no tiene recurso alguno y lo más grave, suprimir párrafos de esa decisión.

El artículo 252 del Código Procesal Civil venezolano, prohíbe que, una vez pronunciada la sentencia definitiva esta se revoque o se reforme, más grave aún, suprimirle párrafos al texto de la sentencia. La legislación procesal si bien permite, a solicitud de parte, es decir, de los interesados, rectificar errores de copia, de cálculos numéricos, salvar omisiones, o aclarar puntos dudosos, no lo es modificar el contenido de la decisión ni menos suprimirle párrafos. Eso lo sabe un estudiante de primer año de Derecho.

Pero tampoco puede el Consejo de Defensa de la Nación exhortar al TSJ a revisar y aclarar los contenidos de las sentencias 156 y 157, por las declaraciones que hizo la Fiscal General de la República, quien aseguró que las decisiones del máximo tribunal significaban "violaciones al orden constitucional". Este exhorto del Consejo de Defensa de la Nación es violatorio de la legislación porque él no es parte en el procedimiento que da lugar a la sentencia, para pedir su revisión o aclaratoria, es un órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación (art. 323 de la CN)

De modo que estamos en una grave, muy grave situación constitucional, en donde la Sala Constitucional se ha abrogado atribuciones o competencias que no tiene para abolir las que corresponden a la Asamblea Nacional y porque no se trata de un impasse entre dos poderes. La FGR forma parte de uno de los poderes públicos en tanto que la Asamblea Nacional es uno de los cinco poderes públicos. Están muy bien definidos en la Constitución.

Ahora, veamos el procedimiento para la revocación de Magistrados del TSJ.

No es fácil el procedimiento para la destitución de los Magistrados cuando el más Alto Tribunal de la Republica actúa con fraude a la Constitución.

En mi opinión podríamos revisar dos procedimientos para llevar a cabo la remoción de los Magistrados:

1.- La nulidad de acto administrativo de su designación:

El artículo 25 de la CN, con relación a la validez de la cuestionada postulación y posterior designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es sumamente claro cuando inviste al Poder Legislativo como custodio del Estado de Derecho y columna vertebral de la estructura jurídica y normativa de la república, respecto de la validez de las actuaciones de sus órganos públicos. Allí establece que todo acto que se dicte en ejercicio del Poder Público, que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución Nacional y la ley, es nulo; y que los funcionarios que los ordenen o los ejecuten, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ( Artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y ordinal 2° del artículo 19 de la referida ley.), puede el Órgano Administrativo, en este caso, la Asamblea Nacional en ejercicio de sus funciones administrativas, revisar y revocar sus propias decisiones.

En efecto, de acuerdo a la doctrina universal del Derecho Administrativo, en materia de revocación de los actos administrativos, puede la Administración, en este caso La Asamblea Nacional, excepcionalmente, revocar aquellos actos que declaren o crean derechos a favor de particulares, y el fundamento de tal doctrina lo constituye la razón de ilegalidad por ser un vicio de nulidad absoluta. De modo que de acuerdo a esta doctrina universal, asumida por nuestra Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente, la única posibilidad que tiene una autoridad administrativa, (la Asamblea Nacional en ejercicio de facultades administrativas), para revocar un acto administrativo, (como es la designación de magistrados del TSJ), que es creador de derechos a favor de particulares, es cuando considera que dicho acto es un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta.

Es un hecho notorio y plenamente documentado, que el proceso de postulación, documentación, y posterior designación de los nuevos magistrados del TSJ, llevado cabo por la anterior Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, estuvo infectado por torpes hechos violatorios de la Constitución Nacional y la normativa establecida en la Ley Orgánica del TSJ.

El vicio de nulidad absoluta se encuentra en que los Magistrados designados no cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Ver artículos 263 de la CN y 7 de la Ley Orgánica del TSJ).

2.- El otro medio de remoción deviene de faltas graves de los Magistrados; se encuentra en la propia Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

El artículo 265 de la CN previene que los magistrados podrán ser removidos por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado (cumplimiento del debido proceso), en caso de faltas graves que fuesen calificadas por el Poder Ciudadano.

Como se ve, la sentencia dictada por la Sala Electoral N° 260, hace imposible que el pleno reúna los 2/3 requeridos para ciertas decisiones, entre ellas, la mayoría calificada de las dos terceras partes para la remoción de los magistrados, una vez concedida la audiencia a los interesados y la calificación del Poder Ciudadano.

3.- Verificados estos dos medios para proceder a la revocación de los Magistrados, advertimos sin embargo, que la Fiscal General de la República, a quien corresponde ejercer la acción penal en nombre del Estado, ha manifestado públicamente que las decisiones números 156 y 157 constituyen una ruptura del orden constitucional, pero no es suficiente tal declaración, ella está obligada a actuar. Eso está por verse. Recordamos que el artículo 139 de la Constitución estatuye claramente que, el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución, lo que concuerda con el artículo 25 de la Constitución, supra indicado. El país espera por la Fiscal General.

Finalmente, creo que el asunto judicial está trabado, entonces el problema no es jurídico, es eminentemente político porque el gobierno haciendo uso de la dependencia del TSJ y la ausencia de la separación de poderes, decide gobernar sin controles y desconocer la Constitución poniéndole música de dictadura al proceso.

¿Qué nos espera a los venezolanos? Vivimos tiempos de profunda convulsión política. ¿Hay desacato de la AN o violación fraudulenta de la Constitución por la Sala Constitucional? La Asamblea Nacional desde su elección el 6D de 2015 no ha podido ejercer sus competencias constitucionales porque el gobierno no digiere su derrota electoral y prefiere enfrentar al parlamento con sentencias dictadas fraudulentamente dictadas por un TSJ que desconoce la AN y resuelve asumir funciones legislativas que no le atribuye nuestra Carta Magna, un CNE que limita los derechos constitucionales a elegir y ser elegido, viola la Carta Magna cuando se resiste a convocar los procesos electorales, los adelanta o los retrasa a conveniencia del gobierno, sin dar explicaciones de ningún tipo al país, y finalmente, un Poder Ciudadano que en voz de la Fiscal General desconoce las sentencias del TSJ y anuncia la ruptura del orden constitucional.

La ruta, sin embargo, sigue siendo democrática y es electoral. El mensaje tiene que ser la participación y a exigir pacíficamente el restablecimiento de los valores y principios de la democracia y la recuperación de las instituciones. El mensaje a la sociedad política es hacia la construcción de un acuerdo nacional de transición que permita tomar decisiones para contener el deterioro del país.

Maracay, 4 de abril de 2017

frusbet@gmail.com

El comentario de la semana

En tres días, los magistrados de la Sala Constitucional que nunca han sido jueces, dictaron una decisión de 40 páginas en la cual declararon la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por la Asamblea nacional, que se refiere al proceso de aplicación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA y ordenó al presidente de la República, mediante medidas cautelares, un conjunto de actuaciones políticas, jurídicas, económicas y administrativas ante lo que han llamado el desacato y la omisión de la Asamblea Nacional.

Lo que ventila ahora es la decisión N° 156, tomada por la misma Sala Constitucional en horas de la noche del miércoles 29, que constituye un zarpazo a la institucionalidad democrática al asumir funciones que son privativas, exclusivamente, del parlamento venezolano. Es el zarpazo definitivo del gobierno que se quita el disfraz y se convierte en una dictadura porque desconoce a uno de los poderes donde reside la soberanía popular, como es la Asamblea Nacional. Estamos en presencia de un autogolpe que ha desconocido los atributos o principios de la democracia, es decir, el derecho al sufragio, la inmunidad parlamentaria y la representación del pueblo asentada en la Asamblea Nacional. Es indudable que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, altera el orden constitucional venezolano y afecta gravemente la institucionalidad democrática.

La referida sentencia N° 156, es un conjunto de citas doctrinales de índole constitucional para desconocer fraudulentamente el orden democrático nacional. Son ya más de 50 sentencias dictadas por el TSJ en contra de las actuaciones de la Asamblea Nacional y cuyo fundamento es enervar, debilitar las funciones parlamentarias y destruir sus atribuciones constitucionales, porque el gobierno es minoría, es un régimen de cartón piedra, con un decorado de corruptelas.

Esta nueva sentencia dictada en horas nocturnas del pasado día 29, está igualmente viciada de nulidad, porque la Sala Constitucional ha usurpado funciones que corresponden a la Asamblea Nacional y toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces.

Todo está claro, como en Jalisco, no controlan el parlamento y han asumido bajo fraude judicial, las atribuciones que se indican en el artículo 187 de la Constitución Nacional, en especial las que se señalan en sus ordinales 6, 7, 8 y 9. Además, es violatoria de los artículos 187 y 200 de la Constitución Nacional, y a ello se agrega, es una sentencia dictada por magistrados que fueron designados a contrapelo de la Constitución Nacional, sin curriculum y sin conocimientos sobre la judicatura.

Entonces el problema no es jurídico ni constitucional, es eminentemente político porque el gobierno haciendo uso de la dependencia del TSJ y la ausencia de la separación de poderes, decide gobernar sin controles y desconocer el derecho al sufragio y a elecciones libres. No quieren contarse.

Pero tambien la sentencia habla de traición a la patria en razón de la solicitud que ha formulado el parlamento a la OEA para que aplique la Carta Democrática Interamericana. Hay que decirlo, este es un instrumento internacional suscrito por los 35 países americanos en el año 2001, incluida Venezuela, y por ello es ley venezolana, que reconoce el fundamento y promoción de los principios democráticos, y en tal razón, solicitar su aplicación no puede constituir en modo alguno, traición a la patria.

El oficialismo y el gobierno en particular, han querido sembrar en la conciencia del país, aquello de que quien no comulgue con sus ideas es un apátrida. Traición a la patria es entregar la soberanía del Estado venezolano a un gobierno miserable que gobierna a la isla de Cuba. En los cuarteles, en las oficinas de identificación, en los puertos y aeropuertos, en los Registros, en Centros de Salud y en casi todas las oficinas públicas conviven funcionarios cubanos que vigilan el comportamiento político de nuestros conciudadanos; traición a la patria es entregar los recursos naturales y en otros casos regalarlos, a otros Estados en detrimento de las necesidades de nuestra población. A China le hemos entregado los recursos petroleros y otros minerales del sur del país, configurándose una entrega que afecta el futuro de nuestros hijos y nietos. A China le debemos hasta el modo de caminar y a la Cuba del miserable gobierno castrista la mantenemos como se hace con los chulos. Eso es traición a la patria y esta pesadilla de gobierno que vivimos en algún momento debemos superarla, será entonces la ocasión para que un Tribunal Supremo de Justicia constituido por juristas-y no políticos disfrazados con toga al servicio del gobernante de turno-, sean los encargados de devolver los valores y principios de libertad y justicia social, que son intrínsecos a la democracia.

frusbet@gmail.com

El gobierno de Chávez siempre presumió de ser un gobierno decente, pero el tiempo demostró que sólo fue un decorado de cartón piedra para camuflar sus corruptelas. La corrupción arruinó el país e hizo ricos a una nueva casta de políticos, militares y arrimados pseudo izquierdistas, que engañaron al país y a la comunidad internacional durante mucho tiempo.

Ahora se desmorona el régimen de cartón piedra, nadie lo quiere, apesta en los sectores populares, que son los más engatusados y golpeados por el modelo económico chavista que ha continuado su impuesto sucesor. De la fuerza popular del régimen no queda ni siquiera la estructura artificial de aquel andamiaje que juró acabar con los partidos y con la democracia.

Durante dieciocho años, no solo se robaron la esperanza del pueblo, tambien el dinero producto de sus recursos naturales, mataron la gallinita de los huevos de oro que era PDVSA y como eso no los satisfizo, se metieron a narcotraficantes. Llegará el momento en que habrá que buscarlos bajo las piedras, civiles y con uniformes, para que devuelvan lo robado y se les castigue por traficar con drogas; para ello habremos de contar con un poder judicial que se escriba con letras mayúsculas y asuma su condición más particular, ser una rama del poder público independiente y autónomo.

Este país tiene la esperanza - que no debe perderse- de tener un gobierno republicano y democrático, alternativo y responsable, dentro de poco tiempo; un gobierno que, a partir de un proceso de transición, concluya el actual periodo constitucional para que se celebren elecciones generales con un cuerpo de árbitros decentes y conductas transparentes, que generen confianza y que abra al país de nuevo al desarrollo.

El hambre de hoy será una experiencia para que mañana seamos de nuevo los venezolanos de la amistad y la conciliación con quienes no han delinquido en la militancia partidista; de la generosidad, el trabajo y la recuperación de la cultura y la educación del pueblo, que fue siempre respetuoso de las normas de convivencia social.

Los organismos multilaterales y políticos de la región, respetaran y auparan los cambios que vendrán para organizar el país y entregar el gobierno a quien resulte elegido por el voto popular en sufragios libres y democráticos.

La gran mayoría de los venezolanos reclamamos una administración de transición para superar la difícil situación política y económica, con un presidente que encarne la majestad de la presidencia de un país serio y respetado y asuma los riesgos de poner orden en la vida cotidiana y constitucional de la Nación y permita la gobernabilidad en los tiempos por venir. Una transición para gobernar para todos sin aspirar a la competencia presidencial del nuevo periodo; para reafirmar la democracia y ser el comandante en jefe de unas nuevas fuerzas armadas que genere el respeto de sus conciudadanos. Tambien para dar trabajo y garantizar la comida al pueblo, y por qué no, aupar una constituyente, sin turbulencias políticas, convocada con reglas de igualdad para la restructuración a fondo del Estado que nos devuelva la bicameralidad, un nuevo y más corto periodo de gobierno con una sola reelección, que haga respetar los atributos de un Tribunal Supremo de Justicia autónomo e independiente y cree las Cortes Superiores en cada jurisdicción a fin de que permita un mejor acceso del ciudadano a la justicia; que haga letra cierta la descentralización administrativa que rompa con el modelo centralista heredado de aquel Estado federal centralizado del colonialismo español, en fin, hay poco espacio, pero una transición que nos permita soñar con un país de ciudadanos que nos libere de esa ignorancia delirante en que nos metió Chávez.

No es difícil soñar ni es imposible aspirar a un país de todos y para todos.

frusbet@gmail.com

El pasado domingo 5 de marzo, Maracay, la ciudad que acogimos como nuestra hace 40 años, estuvo de cumpleaños, no hubo celebración, fue un día sin pena ni gloria para sus habitantes, ni festejo alguno de sus gobernantes. La otrora ciudad jardín sigue huérfana y abandonada, la suerte le ha sido esquiva con sus administradores; ya hace algunos años, se enajenó una calle de servicio, al norte de la ciudad, para la construcción de un centro comercial, otro Alcalde, rojo rojito, estaba más preocupado de los fustanes de su mujer que del interés del Municipio, y el actual, reelegido, flojo, cómodo y boliburgués, su gestión más brillante ha sido reubicar algunas bocacalles del norte de la ciudad, asesorado según, de un converso y frustrado candidato a Alcalde.

El nacimiento de Maracay, nos las trae tres versiones, en una se señala, sin fundamentación histórica, como fundador a Andrés Pérez Almarza, cuyo boulevar del centro de la ciudad lleva su nombre, otra versión, más de leyenda, nos afirma la existencia de un cacique Maracayá de quien vendría el nombre de Maracay, que en lengua caribe designa a un felino y significa cunaguarito, una suerte de tigre que habitaba estos lares. La que parece más seria, es que aquí comenzó un poblamiento y en el año 1700, un grupo de vecinos le pidieron al Obispo Diego de Baños, la creación de una parroquia que tuviera además, cura e iglesia, y así el referido Obispo, decretó el día 5 de marzo de 1701 la constitución de la vicefeligresía de Maracay, que es probablemente su acta de nacimiento. De modo que Maracay fue un sitio de poblamiento de civiles y eclesiásticos y de allí que se le conociera como Rosa de los vientos y encrucijada de caminos. No hay pues, fundador, como ocurre en otras ciudades de Venezuela.

A pesar de haberse iniciado en los años 50 un proceso de industrialización que para finales de los años 90, ya funcionaban varios parques industriales con más de 1500 industrias asentadas, Maracay es hoy una ciudad sin crecimiento social ni urbanístico; es una ciudad paralizada, pues el Alcalde actual y los anteriores no desarrollaron políticas públicas y sociales para su crecimiento. Debo observar, sin embargo, que una Alcaldesa enfrentó en el Tribunal Segundo Civil del Estado, la pretensión de Corpoturismo para arrebatarle a la ciudad los terrenos donde está construido el Hotel Maracay. Esos terrenos, en Las Delicias, con un extenso territorio para convertirse en un gran pulmón vegetal, por obra de esa actuación son propiedad del Municipio por donación que le hiciera la Junta de Gobierno en el año 1.958, pero la ciudad es un caos, la basura es recogida a destiempos, los escombros, la mala vialidad, salvo algunas avenidas, es una ciudad de calles rotas y descuidadas, los abusos de los motorizados y las unidades de transporte en mal estado, se detienen a recoger pasajeros donde mejor les parece, sin que haya autoridad para su control; no hay lugares de recreación ni se celebran eventos culturales y el peaje de entrada a la ciudad desde la ARC, más parece un terminal de pasajeros, en el cual abundan las irregularidades viales, a la vista de las autoridades y donde los conductores hacen lo que les viene en gana.

El Alcalde no se ocupa de la ciudad. Si ese señor fuese un buen Alcalde-, en una gestión que cumple dos periodos, quien para bien de la ciudad, con éste concluye su gestión-, ha debido gerencial la municipalidad y liderar a la comunidad, organizar y motivar a sus equipos de trabajo, estimulando el efecto sinérgico de 2 más 2 son 5, mejorar sus habilidades para comunicarse con sus conciudadanos o vecinos, planificar estrategias de desarrollo de corto plazo y de largo alcance, con participación de la comunidad, sin importar colores políticos o partidistas, y finalmente, mejorar la conciencia y la educación cívica de la comunidad, que mucha falta hace en esta ciudad y en el país en general. Pero pareciera que el interés del Alcalde tiene otras motivaciones, distintas al interés de la ciudad.

No es extraño, que en estos días el Parque de Ferias sea el escogido para realizar alguna fiesta para mantener a los maracayeros pobres esperanzados y enfiestados. Con música bien pagada, mientras en nuestro hospital central faltan medicinas, y bastante ron, la fiesta debe mantenerse, no importa que los maracayeros coman de la basura y no haya medicinas en los centros médicos de la ciudad, pero pobres engañados si, como alguna vez dijera el exministro Giordani, “los pobres tendrán que seguir siendo pobres, los necesitamos así, con esperanzas”, pero ahora hurgando en las bolsas de basura de cada esquina para comer.

Maracay necesita un buen Alcalde, un buen organizador de la ciudad; desde la sociedad civil hay proyectos buenos para el desarrollo y la descongestión de la ciudad, y tambien candidato que surja de aquella para el rescate de la ciudad. En eso estamos.

Había pasado mucho tiempo sin que la voluntad dictatorial del señor Maduro no se manifestara, como ocurrió en el acto del día de La Juventud, el pasado domingo 12 en nuestra ciudad heroica de La Victoria

La investigación periodística de un medio independiente, sobre la presunta venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de origen musulmán, y con ello la atribución de la nacionalidad, y más allá de ello, a personas que, al parecer, mantienen vínculos con prácticas políticas distintas, a las que, desde siempre, ha caracterizado a la actividad democrática, ha colocado una amenaza cierta al canal de televisión CNN en español. Ya tuvimos una experiencia con la salida del aire de Radio Caracas Televisión y con el canal televisivo colombiano NTN24.

La disonante expresión, “quiero a CNN fuera de Venezuela”, más que una orden a Conatel, es la espada de Damocles, frase acuñada en la historia, que en el caso venezolano, no es para ejemplificar el peligro que se instala en aquellos que ostentan gran poder, pero que pueden perderlo de golpe, sino, el peligro que se instala en los que se arriesgan ante la arbitrariedad de quienes tienen el poder y rehúsan ser sus corifeos; es el grave riesgo que se cierne sobre el derecho de los venezolanos a estar cabalmente informados. Esa prepotencia de quien nos gobierna es una copia de la arbitraria “exprópiese” del difunto Chávez.

Ninguna dictadura congenia con la libertad de expresión ni con el derecho a la información de los ciudadanos. A nuestros gobernantes les importa un pito que tales derechos estén consagrados en nuestro texto constitucional, ni que formen parte de tratados ni de declaraciones sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Es una de las características propias de un régimen forajido. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra la libertad de expresión y de opinión, entre las cuales incluye, recibir informaciones y opiniones, por cualquier medio de expresión. De modo que estos son derechos humanos que se irrespetan y se continúan amenazando en el país. Son valores fundamentales de la sociedad y derechos y garantías de los ciudadanos que constituyen aportes del constitucionalismo moderno, pero que datan, en la historia nuestra, desde 1.811 con la Declaración de Derechos del Pueblo, adoptada por el Supremo Congreso de Venezuela.

Cierta o falsa la información, un gobierno de raíz democrática habría ordenado una investigación para determinar responsabilidades, sin embargo, el gobierno prefiere actuar como el avestruz y se niega a dar una declaración, al contrario, la reacción es la descalificación del medio y la amenaza con la salida del portal televisivo que transmite para Venezuela.

Se sigue violentando la Constitución, que no solo ocurre cuando se desconocen los atributos de la Asamblea Nacional o se burlan de la inmunidad parlamentaria, tambien cuando se vulneran los principios y las garantías de los venezolanos.

Tenemos que atrevernos, y atrevernos siempre a la protesta cívica y al reclamo constitucional, que debe involucrarnos a todos para rescatar la democracia que nos permita asegurar la libertad y la dignidad del hombre, como un instrumento material para el desarrollo y la afirmación de la existencia de diferentes partidos políticos que aseguren la vigencia del principio de la soberanía popular, la paz de nuestro pueblo y evitar la violencia gubernamental, que nos ha traído la catastrófica destrucción social, política, económica y moral de la Nación.

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La señora que nos hace el servicio en la casa dos veces a la semana, fue notificada por mi mujer de hacer ahora el trabajo una vez semanal, en virtud de la dificultad económica que nos impide erogar una suma de dinero que compromete mensualmente nuestra economía familiar. La señora nos contesta, que esta notificación le ha sido comentada en otros hogares donde acudía semanalmente a prestar el servicio interno. Y no es para menos, el último estudio de opinión nacional realizado por Datanalisis, arrojó como primer problema de los venezolanos el desabastecimiento de alimentos, y el segundo, es el alto costo de la vida.

Estas son dos necesidades sentidas, dicho de otro modo, son los dos problemas personales más significativos de los venezolanos, y parecieran no estar en los proyectos del gobierno ni tampoco, lo más grave, en los propósitos de lucha política de la plataforma electoral que dirige a la oposición. Estas dos necesidades revelan el hambre y la miseria que padece la gran mayoría de los treinta millones de venezolanos, incluida la clase media y profesional.

Mientras tanto, el gobierno se preocupa por llevar los restos de un venezolano que creyó en la utopía revolucionaria, sin haber sido revolucionario, y esto lo digo del modo más respetuoso, sin pizca de ánimo en molestar su memoria. El gobierno sigue empeñado, ejecutiva y arbitrariamente, en convertir el santuario de la patria en una suerte del paseo de la fama, al estilo de las placas que se colocan en una calle de Hollywood para el reconocimiento de sus actores preferidos. Al Panteón Nacional llega hoy, desde El Agachado, un personaje que fue asaltante de caminos en esas montoneras que cubrieron el centro del país en el año 1847, hasta venezolanos ilustres, sin duda, pero que por la naturaleza del monumento sólo deben guardarse las cenizas de nuestros libertadores y los que hubieron prestado servicios eminentes a la República, siempre previa aprobación del parlamento nacional. También, más importante que las necesidades sentidas de los venezolanos, es la creación del Comando Anti-golpe para lo cual designó al exgobernador del Estado Aragua. Las funciones atribuidas por Decreto, según los personajes que la integran, parece ser la persecución a la disidencia.

Es la nueva SN de los años 50, o la vieja y conocida Gestapo de la Alemania nazi dirigida por Reinhard Heydrich, hasta su muerte en el atentado en Praga en el año 1942. Ya actúa, le arrebataron el pasaporte al diputado Luis Florido, impidieron la salida al exterior al diputado William Dávila, detuvieron nuevamente al General Raúl Isaías Baduel, golpearon a diputados que protestaban pacíficamente ante el CNE e igualmente a quien proteste por la falta de alimentos o reclame derechos políticos.

El Comando que la gente quiere del gobierno es aquel que le permita llevar con su trabajo, los tres golpes diarios para su familia, el desayuno, el almuerzo y la cena.

No hay duda, tenemos un Estado forajido, porque está gobernado por grupos o individuos que no respetan los derechos humanos, que convierten al Derecho en una farsa (TSJ dixit), que desconocen las normas de convivencia política y maltrata al adversario político, que el comportamiento de sus integrantes no es propio de estadistas porque actúan con superchería, en tanto la respuesta opositora es como si se tratara de un gobierno democrático. No le arrebatamos ni siquiera un afiche al gobierno.

La dirigencia de oposición sigue sin dar pie con bola en la búsqueda de un proyecto político que no repita los errores y evite la desconfianza y el aburrimiento de los electores. Que vaya más allá de la plataforma electoral. Los partidos continúan encerrados en sus claustros, entretenidos en resolver el asunto de su legalización para actuar en la eventual convocatoria a elecciones regionales y municipales y la candidatura presidencial. Cada quien en su soliloquio. A veces cuesta recordarlo, pero para ir al rescate de la democracia operan fuerzas más urgentes que la legalización de un grupo político. Tenemos que atrevernos y volvernos a atrever, tenemos que atrevernos siempre. Para ello no hay que ser alquimista.

Insisto, por las calles de nuestros pueblos y ciudades, la hambruna en el país se agrava y no es cuento de caminos. Las largas colas ante cualquier bodega o supermercado y bajo un sol que quema la piel, así lo refleja. A quién importa. La falta de comida y los altos precios para comprarla, la colocan como la principal necesidad de nuestros compatriotas; los estratos más bajos de la población presentan mayores problemas respecto a la administración de sus ingresos y la capacidad para adquirir alimentos, cada día más costosos, de allí entonces que la desnutrición sea ahora un problema que ataca a los niños y ancianos que concluye con la muerte, como está ocurriendo en distintos centros hospitalarios públicos y que la esperanza de vida al nacer se haya reducido.

Este es un asunto que compete a la responsabilidad del gobierno y en especial, al presidente de la República quien tiene la obligación constitucional de formular el Plan Nacional de Desarrollo de la Nación. No hay ni ha habido Plan Nacional de Desarrollo, que sirva de base y provea los lineamientos estratégicos de las políticas públicas para el crecimiento y tranquilidad de sus conciudadanos. Ese plan nunca se ha presentado a la Asamblea Nacional, ni al comienzo de su mandato ni en ninguna de sus comparecencias ante la Asamblea Nacional. Es un plan que incluye asuntos políticos, económicos, sociales, así como la seguridad del país, para el buen funcionamiento del Estado. No es entonces, el plan bufo de la patria ni tampoco la chapucería del carnet de la patria. Cuando se desconocen estos asuntos y se comienza por desconocer la voluntad del soberano que eligió a sus representantes en la Asamblea Nacional, se comienza a instalar el Estado forajido. Esto lo tenemos hace tiempo y la falta de comida y dinero para comprarla tambien está en el día a día de todos los venezolanos.

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Sin pitos ni glorias, pero tambien, sin plena libertad ni vigencia democrática, transcurrió el pasado lunes 23 de enero, el 58° aniversario de la caída de un tirano, que es fecha memorable en la historia política contemporánea de nuestro país. Pocos ya celebran la fecha de inicio del proceso democrático que permitió avanzar al país y que fue interrumpido en la elección presidencial del año 1999 y que se alarga hasta la fecha, con la constitución de un gobierno que desprecia los valores democráticos y se empeña en impedir el funcionamiento cabal de los partidos políticos opositores, el libre juego de las ideas y la libertad de expresión, así como la persecución de los dirigentes políticos. Precisamente, los aspectos políticos que iniciaron el derrumbe de la dictadura perezjimenista.

Hacen ya 58 años que fue derrocada la penúltima, y creíamos sería la última, dictadura, de las tantas que ha padecido Venezuela en su historia republicana. Entonces, habida cuenta de las contradicciones internas del régimen, la crisis económica de la época, el viraje en las relaciones internacionales del hemisferio occidental y el entendimiento de la fuerzas civiles y militares, aunado a la acción popular dirigida por un organismo clandestino y unitario que se llamó la Junta Patriótica, constituida por dirigentes de URD, Copei, el PCV y AD, dieron al traste con el régimen que gobernaba en nombre de las Fuerzas Armadas. No parece haber mucha diferencia con lo que ocurre hoy en el país. Nadie duda de las diferencias internas en el gobierno, ni tampoco la brutal crisis económica que maltrata sin piedad el bolsillo de los venezolanos, tambien el deterioro de nuestras relaciones internacionales, cada vez más disminuidas, salvo su dependencia de un gobierno miserable en una pobre isla y el respaldo que le brindan gobiernos como el de Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

El 23 de enero de 1958, encarnó el espíritu de la unidad para avanzar en el camino de la consolidación democrática, y a pesar de que siguen siendo polémicos los hechos posteriores a aquella fecha, por las profundas observaciones que se hicieron, no hay duda que el proceso de industrialización y el desarrollo de la producción agrícola nos permitieron vivir sin sobresaltos en cuanto a la provisión alimentaria y de medicinas; se crearon instituciones educativas a lo largo del país, con Escuelas, Liceos y nuevas Universidades. Hubo respeto para el debate político y el crecimiento del país fue indudable. El rompimiento de la democracia de partidos, -más allá de sus imperfecciones, y errores-, con la llegada de un gobierno de tinte militarista, sin ideología definida, con resentimientos acumulados y reñido con los más elementales valores de la honestidad administrativa, que ya media en los 18 años, ha estimulado los descontroles sociales que ha multiplicado el auge delictivo y la inseguridad personal, la aparición de nuevas formas de violencia social que no se detiene en el robo a las personas, sino que se ensaña con el asesinato.

La experiencia histórica del 23 de enero de 1958, hay que decirlo, se constituyó por la conjunción de esfuerzos y voluntades del pueblo y sus Fuerzas Armadas en razón de que los hombres de uniforme escucharon la voz del pueblo para restaurar la democracia, que a la par de ser un sistema de gobierno que debe regir nuestra vida republicana, es una forma de vida tallada para la convivencia política y la superación de los ciudadanos. A ello hay que sumar los aldabonazos que en su momento hiciera la Iglesia venezolana y que se manifestara con la pastoral de Monseñor Arias Blanco.

Hoy mucho tenemos que aprender de aquellas fechas y poco podemos diferenciar con las características del régimen que nos gobierna, una dictadura de nuevo cuño con los bemoles de las nuevas tecnologías y el cinismo propio de los embaucadores para engañar al pueblo con listas y carnets para ofrecer comida a cambio de votos para elecciones que el gobierno impide porque se sabe perdió la confianza de la gente.

La MUD no es, cierto, la Junta Patriótica, ni tampoco es clandestina; es un organismo conformado por partidos para participar electoralmente, pero debería ser el centro de gravitación de la oposición al gobierno; una entidad más amplia, pero no una asamblea, para la toma de decisiones, debe ser creativa y realmente unitaria para restaurar y generar la confianza de la sociedad civil, quien es la que consagra los liderazgos con sus votos y con su participación. Hay que salir de la costra de la pasividad, hay que movilizar y concientizar a la gente.

En la Junta Patriótica estaban todos. A la MUD, la de hoy, le corresponde la tarea pendiente de alimentar la esperanza irredenta de los miles de miles venezolanos que queremos salir de la pesadilla de ahora y vivir definitivamente en democracia. De nuevo, frente al fracaso de quienes nos gobiernan, por su burla a la gente y su incapacidad para administrar al país, el desafío es la unidad.

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