Los resultados de la consulta popular promovida por la sociedad venezolana y convocada por la Asamblea Nacional el pasado domingo 16 de julio marcan un hito en el arduo camino de resistencia al régimen autoritario que devino del chavismo. Por segunda vez en la actual crisis se ha expresado claramente la voluntad popular. En diciembre de 2015, en las parlamentarias, con la contundente victoria opositora, esa voluntad exigió un cambio político, yo diría que negociado, entre el Ejecutivo —heredero del legado de Chávez— y el Legislativo —controlado a partir de entonces por los partidos opositores del proyecto político chavista—. Este julio de 2017 la voluntad popular, ante la sordera gubernamental, fue más severa: más de siete millones y medio de ciudadanos, corriendo con los riesgos que implica salir a ejercer sus derechos políticos en un contexto de creciente represión y anomia, lo hicieron para exigir al gobierno nacional desistir de su convocatoria a una Asamblea Constituyente. Demandó así mismo que la Asamblea Nacional (AN) y la FFAA, dos instituciones clave del Estado,cumplan con sus obligaciones. Es decir, redoblen sus esfuerzos para que la nación, la sociedad y el Estado, vuelvan al cauce constitucional.

Muchos ya han señalado el gran poder simbólico que ha significado ese evento del 16J. La rapidez con que logró organizarse, la escasez de recursos, la solidaridad de partidos, movimientos y agrupaciones de la sociedad civil, la superación de obstáculos colocados por instituciones pervertidas, la disposición de cientos de venezolanos dispersos por el mundo para organizarse con la AN y lograr que cientos de miles de compatriotas pudieran ejercer también sus derechos políticos, resulta, por decir los menos, asombroso. Un genuino ejercicio de democracia directa ejercida por una nación que, con las penurias sufridas, se ha metamorfoseado en una sociedad globalizada del siglo XXI. Sí, estamos en todas partes, pero seguimos con Venezuela en el corazón. Cinco y hasta siete horas de cola hicieron algunos para ejercer su derecho. El mensaje de firmeza, de convicción, parece irreversible. Los venezolanos no van a resignarse a un régimen sin derechos ni libertades; no van a aceptar que los desalojen de la comunidad democrática internacional a la que pertenecen.

Más allá de lo simbólico hubo también el domingo 16J un vigoroso baño de legitimidad para los actores sociales y políticos que vienen luchando por abrir el cauce de una salida pacífica y democrática para el país. La masiva participación popular debe entenderse también como un respaldo claro a la razón que asiste a las fuerzas de la sociedad que llevan más de cien días luchando en calles y en diversos otros espacios públicos. Esas fuerzas que han desarrollado dentro y fuera del país todo tipo de iniciativas con el fin de hacer visible al mundo el repudio de la nación a la deriva autoritaria, nepótica, corrupta y represiva del gobierno de Maduro. La ciudadanía el 16J reconoció ese esfuerzo y pide que se siga abriendo el camino, que estarán allí apoyándolos y harán lo necesario para asistirlos, siempre dentro del cauce pacífico y democrático.

En lo que sigue voy a tocar dos puntos de esa ratificación de legitimidad. Me voy a referir primero, a la consulta como un mecanismo de democracia directa. En el evento del 16J se pudo constatar, irónicamente, un legado del chavismo en su primera etapa, antes de ser lo que ahora es: que la participación ciudadana individual y directa es un principio que no sólo se asentó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino en lo profundo de la concepción de democracia que anida en la sociedad. Y con esta idea como guía, en un segundo punto desarrollo unas ideas sobre cómo seguir desde aquí, cuyo objeto es servir a la discusión colectiva que debe hacerse permanente. Estamos ante un juego muy complicado de ajedrez, pero considero que la participación ciudadana se ha erguido como pieza clave, como la reina en el tablero que se juega. Necesita, por supuesto de las otras piezas, pero es clave para el jaque mate.

El 16J fue un ejercicio de democracia directa

En teoría democrática, una cosa es la democracia representativa, otra la directa o participativa. Ambas son concepciones de la democracia, pero se alimentan de corrientes filosóficas distintas.

La democracia representativa es considerada hoy por occidente, y por buena parte de la comunidad internacional, como el sistema democrático por excelencia. En ella la soberanía popular reside en el pueblo, un pueblo plural y diverso, que delega su soberanía a través del voto, a sus representantes. El pueblo gobierna, decide, a través de sus representantes, usualmente organizados en partidos políticos. Es el sistema propio de la modernidad, fue discutido en la fundación de las dos democracias paradigmáticas de occidente: la estadounidense y la francesa. En ambas se llegó a un consenso mayoritario sobre la imposibilidad de una democracia directa, y la inconveniencia de la misma, en las complejas sociedades en desarrollo. Sin embargo, quedó en el aire esa valoración de la democracia directa, como la “verdadera” democracia.

La democracia directa, se nutre del ideal griego. En ella, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente sin mediaciones, sin partidos políticos y sin representantes. La soberanía es indivisible y se expresa en asambleas, plebiscitos, referendos, y otros mecanismos donde la mayoría expresa directamente la voluntad general de la nación. En democracia directa no hay partidos ni representantes, ni se reconocen derechos de minorías.

Los siglos de evolución de estas dos concepciones de democracia han mostrado sus virtudes y flaquezas. La democracia representativa ha producido una importante igualdad ante la ley y estabilidad sociopolítica. Pero, tiende a que la política sea un asunto de profesionales o elites y, en este sentido, se aleja de las mayorías, se oligarquiza, privilegiando intereses de minorías pudientes. En ella se mantienen importantes desigualdades económicas y sociales de los ciudadanos.

Los regímenes de democracia directa, por el contrario, tienden a desconocer la pluralidad de intereses y aspiraciones que anidan en la sociedad. Los mecanismos plebiscitarios o las asambleas tienden a fortalecer las posiciones de las mayorías, contribuyendo a la igualdad social. Sin embargo, su desprecio hacia las minorías los hace propensos a tiranías, intolerancia, autoritarismo y, eventualmente, son sostén de regímenes totalitarios. Los ejemplos del nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el estalinismo soviético, vacunaron en el siglo XX a las naciones occidentales contra este tipo de regímenes.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se fue haciendo evidente, que el principio participativo y los mecanismos de democracia directa, temidos por la democracia representativa, son fundamentales para la salud y buen desenvolvimiento de la democracia. En América Latina, particularmente, el principio participativo ha sido muy popular en el pensamiento de la Iglesia Católica, considerándolo un instrumento al servicio de la inclusión y empoderamiento de los pobres, de la liberación del pueblo.

Esta disquisición viene a propósito de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que, en un esfuerzo por mejorar la calidad democrática del sistema político construido a partir de 1958, combinó las dos formas de democracia. La nuestra es un régimen de democracia representativa con una amplia gama de mecanismos de democracia directa. El chavismo en el primer gobierno de Chávez, socializó fuertemente el valor de la participación popular creando mecanismos para tomar decisiones, que apelan directamente a la soberanía popular sin intermediarios partidistas, como lo son las asambleas, y referendos. Nuestra Constitución los considera idóneos para producir el cambio social y político y, sobre todo, para asegurar el empoderamiento de la ciudadanía.

Así, aunque Tibisay Lucena declare que la consulta popular este 16J carece de valor “legal”, lo cierto es que el mecanismo directo de la consulta o plebiscito, o referendo, de acuerdo a nuestra Constitución, es legal y, sobre todo, es de incuestionable legitimidad. Porque como mecanismo de democracia directa, está en el corazón de la concepción del régimen participativo y protagónico. Maduro, Lucena y compañía han confesado, al restarle importancia, su divorcio con el legado original de Chávez y han enterrado definitivamente el proyecto popular que alguna vez tuvieron.

Esta consulta popular ha buscado, en mi criterio, resolver de acuerdo a nuestra Constitución y leyes el impasse que autoridades del poder público —me refiero a la Presidencia, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral— mantienen con el Legislativo y la Fiscalía General de la Nación. En la consulta del 16J la voluntad general de la nación se expresó sin intermediarios y de manera diáfana. Esa voz de la soberanía popular rechaza la Constituyente propugnada por la Presidencia y los poderes a él sometidos y exige a la Asamblea Nacional y a la FFAA cumplir con el Estado de derecho e ir a un Gobierno de Unidad Nacional como recurso de salida a una transición democrática. La voz soberana es el sostén del orden político, y no puede estabilizarse ningún gobierno sin ella. La fuerza bruta, personificada en los cuerpos de seguridad del Estado y los paramilitares que atemorizan y reprimen al pueblo, sólo prolongan la crisis y agonía del gobierno de Maduro, pero no pueden estabilizarlo.

¿Qué sigue?

El juego político que se desarrolla ante nuestros ojos es muy complejo. Si bien la voluntad general se ha expresado con claridad, en el tablero existen diversas piezas que ahora deberán moverse a partir de esta jugada. Por el momento, las posibilidades de una resolución pacífica y democrática se han fortalecido.

En primer término, el Ejecutivo Nacional recibe el mandato de retirar su llamado a Constituyente en los términos en que lo ha hecho. Si desea continuarla debe ajustarse al requisito constitucional de consultar previamente al depositario de la soberanía popular: al pueblo.

En segundo término, los actores políticos, que hacen vida en la Asamblea Nacional, los partidos de la MUD, los diversos actores de la sociedad civil, e incluso sectores de la disidencia chavista, que en cierto modo están representados en la institución de la Fiscalía y en algunos diputados que se han alejado del bloque chavista, quedan de alguna manera legitimados para continuar abriendo el camino institucional para una vuelta al Estado de derecho. En lo inmediato, debe leerse el resultado como un fuerte espaldarazo para que desde la Asamblea Nacional se continúen los procesos de remoción de autoridades de los otros poderes públicos, que fueron designados en los últimos dos años sin ajustarse a la Constitución y las leyes,y se nombren, ajustado a derecho las autoridades que los reemplacen. Que se continúen las labores propias de la casa de la soberanía popular. En mi criterio, también es un respaldo a la labor que con gran valentía ha venido adelantando la Fiscalía y un mandato para que continúe. La Asamblea Nacional recibe el encargo de promover los pasos conducentes a unas elecciones y buscar un gobierno de unidad nacional. A la FFAA se le exige ponerse a derecho, cumplir sus funciones.

¿Obedecerá el gobierno y los poderes que controla? ¿Se ajustará a las leyes la FFAA? ¿Cómo llegar a unas elecciones sabiendo ahora con toda la evidencia del caso, que el chavismo va a perder estrepitosamente?

Los costos políticos de desobedecer el mandato popular para los actores atrincherados en el poder se van a hacer cada vez más altos. Ya en la comunidad internacional, el gobierno de Maduro es un actor incómodo, aislado, criticado. Las presiones continúan para que deje de reprimir a civiles desarmados, garantice los derechos humanos de la población y para que convoque a elecciones. Los gobiernos vecinos, así como las instituciones interamericanas e internacionales, cada vez les es más difícil mirar hacia otro lado sobre lo que pasa en Venezuela. La diáspora venezolana acarrea todo tipo de problemas a los vecinos, que ven colapsar servicios públicos y escasear empleos en sus fronteras. Esas piezas del tablero, después de la consulta, se moverán fortaleciendo a la reina, la voz popular.

Pero, otros actores, otras piezas, se mueven en otra dirección. En la comunidad internacional están los aliados del chavismo, los gobiernos de China, Rusia y Cuba, con intereses importantes en la sobrevivencia de Maduro o del chavismo a futuro. Tienen mucho dinero invertido aquí, negocios que están en riesgo, deudas que no han sido cobradas, expectativas de influencia geopolítica. En las semanas recientes se han reseñado “conversaciones exploratorias” de estos actores entre sí y con el gobierno. Se trata, en este caso de piezas del ajedrez, que podrían moverse no tanto para que se respete el Estado de Derecho, sino más bien para favorecer una salida negociada, que les asegure la permanencia de sus negocios e intereses en nuestro país. Sobre esto es importante que la ciudadanía tome conciencia de que habrá que hacer concesiones para llegar a la transición democrática. Y que los actores que se sientan a la mesa para representar nuestras aspiraciones deben estar preparados y alertas sobre qué puede concederse y qué no.

La FFAA, otra pieza importante de este ajedrez, sigue respaldando el régimen. Circulan rumores de tensiones, fragmentaciones y conflictos, hay algunos oficiales detenidos, pero en lo concreto, siguen los militares sin reaccionar, sin entender que debe cambiar su comportamiento. Esta institución,aunque desprestigiada, sigue detentando las armas, siguen muchos oficiales con intereses materiales, muchos provenientes de hechos ilícitos, con privilegios, que no van a deponer sin pelear. Por ello, es necesario buscar una salida negociada. También aquí la ciudadanía debe tomar conciencia que, en un proceso de negociación, habrá que quizás ofrecer concesiones onerosas, exilios dorados o impunidad de ciertos delitos, a cambio de que podamos abrirnos a elecciones y a una paz duradera.

En resumen, las posibilidades de llegar al umbral de una transición democrática han mejorado en las semanas recientes. Pero aún no está garantizada. En este juego de un gobierno degradado y corrupto, pero aún controlando poder, dinero y armas, la ciudadanía y las instituciones que respaldan la paz y la democracia deben permanecer más alertas que nunca y más unidas. Pero eso no basta, esta es una lucha de una Goliat, una fuerza bruta, contra un David, una vuelta a la civilidad. Es la habilidad, la inteligencia, apelando a mecanismos de democracia directa cuando se requiera, lo que, junto a la paciencia, permitirá seguir avanzando y ver una luz al final del túnel.

No puede haber dudas del triunfo obtenido con la consulta popular del pasado 16 de julio. La inmensa mayoría la apoyó, aunque no todos se manifestaron, por razones técnicas, pero el País y el mundo vieron todos los puntos soberanos abarrotados de gente, se le respondió con votos a las amenazas, al chantaje, al poder económico y a las armas de la dictadura.

Fue una respuesta ante tanta ignominia, ante el abuso de un poder que está matando de hambre al pueblo y que cerró los caminos democráticos, para la superación de la crisis. Sí con un tercio de las mesas que normalmente se utilizan en un proceso electoral, hubo 7.676.894 manifestaciones de voluntad, imaginémonos una votación en la totalidad de las mesas, por la medida chiquita, se hubiese duplicado esa cantidad. De todas formas, este evento representó una derrota política para el régimen siniestro y para quienes dirigen el CNE, además, como ya se ha dicho, se demostró que un evento enteramente civil como las elecciones, no tiene por qué ser custodiado por militares.

El pueblo no se comió el cuento del imperio mediático, de que la consulta no era vinculante, ya ni sus seguidores les creen, porque son muchas mentiras juntas y de un tamaño descomunal, sin ir muy lejos, para esa cúpula los resultados electorales del 6 de diciembre de 2015, tampoco fueron vinculantes. Decimos esto, porque vale la pena aclarar que el único que puede determinar si una consulta es o no vinculante, es el soberano, por ser el depositario del poder originario, en consecuencia, la consulta legitimó la decisión de deslegitimar el fraude fechado para el 30 de julio.

Ahora bien, después de lo que ha sucedido, sigue la incertidumbre, en algunas personas, sobre el devenir del país. Sucede que a veces nos colocamos tiempos y metas fuera de nuestro alcance y gobernabilidad, o creemos todo lo que nos dicen de buena o mala fe y tampoco somos estrategas ni expertos en los vericuetos de la contrainteligencia, que despliega informaciones, precisamente para sembrar dudas y generar confusión.

Algunos son expertos en transmitir las dudas y otros en crear ilusiones, ejemplo, los que dicen que con los votos del 16J no salimos del régimen o el otro extremo, quienes anuncian que, con los alcances logrados ese día, los forajidos saldrán ipso facto del poder. Las cosas en política, no suceden tal cual las deseamos o imaginamos, lo importante, es tener la convicción de que vamos por el camino correcto y que los objetivos serán logrados.

Ellos penden de un hilo, el de las armas, de esa manera pudieran imponer su adefesio de constituyente, que sólo les serviría para alargar su agonía, porque la gente lo desconoció y por ende todo lo que de él emane. El pueblo sabe que mientras haya dictadura, se agravarán los males del país, proseguirá el conflicto social y político, crecerá la presión de la opinión internacional y el desmoronamiento interno del PSUV. A lo que se suma la enfermedad terminal que padece el régimen, una mínima complicación puede causar un desenlace.

Este pueblo tiene plena consciencia de que vendrán tiempos mejores, por ello no ha delegado el protagonismo, se activó plenamente en la desobediencia civil, que ha incluido la protesta de calle, con todas sus combinaciones; la consulta realizada y está preparado para un sinfín de acciones de mayor contundencia, todas dirigidas extirpar el cáncer que tiene postrado al país. Por ello insistimos que debemos echar las dudas a un lado.

Secretario General de Vanguardia Popular en el Zulia

Como a un limón ha exprimido Reccep Tayyip Erdogan al fallido golpe de Julio del 2016. Para él fue un regalo del cielo. Precisamente cuando estaba en retroceso, oficiales sin base política, socialmente desconectados y sin apoyo del grueso del ejército, intentaron llevar a cabo un golpe de estado.

Opinadores aseguran que el golpe fue un invento de Erdogan para asegurar su poder, instaurar una autocracia islamista y liquidar a sus enemigos. Probablemente no fue así, pero definitivamente es lo mejor que pudo haberle sucedido.

Si bien en el golpe participó solo un reducido grupo de oficiales y los partidos de oposición dieron su apoyo al gobierno, Erdogan tenía, pocos días después, miles de presos, más de cuarenta mil empleados despedidos, radios y periódicos clausurados. Tampoco desaprovechó la oportunidad para redoblar sus ataques en contra de los kurdos cuya complicidad con el golpe nadie ha probado.

En suma, sobre la base de un mini-golpe, Erdogan logró modificar a la Constitución y asegurar la absoluta fidelidad de los militares. No sin razón algunos medios lo han bautizado como el Maduro de Turquía.

Sin embargo, la forma y estilo como Erdogan ha reconstruido al Estado hacen pensar más bien en el Hugo Chávez del fallido golpe del 11 de abril de 2002. La diferencia es que ese golpe no fue planificado. Por el contrario, resultó de incidencias por nadie previstas. La semejanza es que ambos intentos fueron punteados a favor del régimen.

Que el empresario Pedro Carmona y el sindicalista Carlos Ortega hubieran tenido la “brillante” idea de extender el curso de una gran manifestación hacia Miraflores, que Chávez hubiera ordenado disparar a la multitud, que los altos mandos no hubiesen acatado la criminal orden, que los generales no formaran Junta y nombraran a Carmona presidente provisional, que este hubiera comenzado a firmar decretos antisociales, y que los mismos “golpistas” a fin de evitar una masacre hubiesen repuesto a Chávez, todo eso serviría al chavismo para rehacer la historia y convertir al grotesco sainete en un golpe perpetrado por “apátridas” al servicio del “imperio”.

Lo cierto es que al igual que como sucedió después a Erdogan, los golpistas abrieron las puertas a Chávez para que transformara al ejército en guardia pretoriana, silenciara a la prensa y a la televisión y desmantelara a las organizaciones sindicales y empresariales. Ambos presidentes, Chávez y Erdogan, solo aprovecharon la imbecilidad de golpistas fracasados para iniciar su camino hacia la conquista del poder total. En ese sentido no hicieron sino seguir el ejemplo de Hitler cuando en 1933 se sirvió del incendio del Reichstag para inhabilitar al parlamento y convertirse en “el gran dictador”.

Advertencia:

El 16 J-2017 la ciudadanía democrática venezolana, siguiendo la directriz de un liderazgo colegiado, ha obtenido una de las victorias más decisivas de su historia. La dictadura de Maduro se encuentra nacional e internacionalmente arrinconada y millones de voluntades divisan una luz al final del túnel. El de después del 16J será, tanto en sus movilizaciones como en sus eventuales negociaciones –sí, negociaciones– un tiempo crucial. Pero también peligroso. Puede darse incluso el caso de que, como ya sucedió con Chávez y Erdogan, Maduro intente utilizar la ansiedad de políticos hambrientos de liderazgo. Una de las tareas más decisivas de la oposición será, por lo mismo, la de neutralizar a eventuales salidas divisionistas que atenten en contra de la vía aceptada por su mayoría: constitucional, pacífica, democrática y electoral.

El día 16 de julio de 2017 será más importante en nuestra historia de lo que nosotros mismos pensamos: es el triunfo de la ciudadanía. Ciudadano es, etimológicamente, si nos atenemos a su raíz latina, habitante de la ciudad, la ciudad de Roma y antes de ella las ciudades griegas, la “polis” de donde viene “política”. Parece tan simple, sin embargo es una de las palabras más importantes que la cultura occidental nos ha legado. Para los romanos, ser ciudadano era una dignidad a la que no tenían acceso todos. Un ciudadano romano tenía deberes y derechos: un ciudadano romano, por ejemplo, no podía ser azotado, torturado ni crucificado (como sospechará el lector, Jesús no era ciudadano, aunque la ciudadanía de occidente tenga mucho de sus enseñanzas). Los ciudadanos romanos podían apelar las sentencias de los magistrados, tenían derecho a juicio justo en caso de cometer alguna falta. Los ciudadanos romanos vestían de una manera particular: usaban toga, una larga tela de lana que se enrollaban de una manera especial alrededor de la túnica. Una frase común entre los romanos –la cita Cicerón– es: “cedant arma togae, concedat laurea lauri”. Es una frase fabulosa que bien podría ser el programa de gobierno de la nueva Venezuela que ha de venir, significa: “cedan las armas ante las togas y que el laurel se dé a los meritos”. En ella está la esencia de Roma: el poder civil, el del Senado, debe mandar sobre el poder militar del ejército y la capacidad, la preparación y el merito como único camino para el éxito, porque éxito no es tener 42 millones en Suiza, sino cuatro borlas en el birrete.

La restringida ciudadanía romana paso de la cuidad al mundo entero, las proclamas romanas comenzaban con la frase: “urbi et orbi”, a la ciudad y al mundo, como la bendición del Papa en ciertas festividades. Roma era el mundo. Somos herederos jurídicos de ese imperio. Tenemos derechos, aunque en los últimos tiempos hemos sido reducidos a la esclavitud. Conocimos esos derechos, tenemos memoria de ellos y eso nos salva –a diferencia de otros pueblos–, la guardan incluso –y vívidamente– los que hoy tienen 17 años nacidos y criados en la esclavitud. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder. El día 16 de julio, los que alguna vez fuimos ciudadanos de Venezuela recordamos nuestra fuerza y nuestro coraje cívico (cívico por cierto lo relativo a ciudadanía), un proceso electoral que fue una fiesta, sin presencia de armas que vigilen a los ciudadanos, porque somos los ciudadanos los que debemos vigilar a las armas. Millones de personas organizadas con civilidad (cualidad de respetar las leyes urbanas), solo para expresar nuestro deseo de volver a ser libres.

El moderno concepto de ciudadanía implica la pertenencia a una comunidad política con cuyo destino se está comprometido. Ser ciudadano implica una identidad (¿Quiénes somos?: ¡Venezuela!) y un deseo de vivir de determinada manera (¿Qué queremos?: ¡Libertad!). Democracia y ciudadanía son palabras que van juntas en los tiempos modernos. Hemos sido expropiados en nuestros derechos. No es la primera vez que sucede en Venezuela. La lucha entre la civilización (forma de vida organizada, sujeta a principios y leyes, llena de arte y cultura) y la barbarie, que sirve de trasfondo a la obra de Gallegos, sigue teniendo vigencia. Todos hemos visto la barbarie de las muertes, las golpizas con saña enfermiza, la crueldad infinita de la represión que comandada por el régimen, pero también vimos el 16 de julio el rostro de la civilización. Ese baño de autoestima cívica nos hacía falta.

“Cedant arma togae, concedat laurea lauri”

(Qué culto queda uno con un cierre en latín).

Hay un dicho popular que podría quedar como anillo al dedo en las actuales circunstancias. Dice “tanto nadar para morir ahogado en la orilla”. Se refiere al esfuerzo inconcluso, tal vez producto del mal criterio, o también de la mala fortuna. Critica al que no tiene la suficiente fortaleza para terminar algo que ha iniciado, o la baja productividad de un gran esfuerzo. Luego de más de cien días de lucha cívica, los ciudadanos han comenzado a preguntarse qué sentido tiene todo lo que han sacrificado en el camino, tanta sangre, sudor, lágrimas, muerte y luto involucrado sin que parezca que el régimen afloje, sin que ellos den una sola señal de agotamiento, sin que dejen de insistir en llegar a la cabeza de playa constituyente, sin que cese la amenaza totalitaria, sin que moderen el lenguaje, sin que dejen de insistir en el macabro espectáculo de una falsa realidad que solo existe en la propaganda que ellos difunden. En fin, sin que se logre un quebré definitivo del totalitarismo que permita dar paso a otra cosa, el proceso de recuperación de las libertades y el camino a la prosperidad. ¿Será que moriremos en la orilla, ahogados en una playa de un centímetro de profundidad?

Pero también podemos ver la realidad en su sentido inverso. Podemos desarrollar la sensibilidad y la intuición suficiente para “escuchar crecer la hierba”. El régimen si está impactado por la protesta cívica, cada día está más confinado en sus propias fantasías, es obvia la soledad que en este momento viven, sin pueblo que los respalde, sin aliados internacionales incondicionales, hediondos a su propia condición terminal, y aferrados a una única consigna, que se puede convertir en su propio sepulcro: el fraude constituyente, impugnado por adelantado, prevenido como un salto al vacío que no pueden dar, un caramelito envenenado que los va a intoxicar de vacuidad política, y que, de lograrlo, los va a convertir en más responsables aún, de la zozobra nacional, de su ruina social, de la hambruna generalizada, de la inseguridad y del caos.

Pero es verdad que nada se puede dar por descontado. Ni la victoria de la libertad, ni el triunfo del totalitarismo. En los próximos días se apreciará una crueldad inusitada en la batalla, una profundización de la represión, una mayor intransigencia autoritaria, pero también un coraje ciudadano desbocado, exigente, suspicaz y muy pendiente de la forma como se va a ir negociando la libertad.

Thomas Schelling, premio nobel de economía 2006, escribió un libro cuyas premisas tienen vigencia en la realidad actual venezolana. Se llama “La Estrategia del Conflicto” y es una obra maestra para comprender qué es y cómo se maneja racionalmente este tipo de competición en la que todos los participantes tratan de ganar. De eso se trata esta situación que estamos viviendo. No podemos ser tan ingenuos para creer que el régimen no va a ser todo lo posible para salir airoso, tampoco podemos prescindir de la conjetura de que nosotros queremos lo mismo. Y aquí surge la primera dificultad: sus ganancias, las del régimen, son pérdidas absolutas para nosotros, y viceversa. No hay demasiados espacios para la concertación, habida cuenta que se trata de la confrontación de dos proyectos que no son homogeneizables. Ellos quieren y necesitan todo el poder para seguir haciendo lo que han practicado por más de veinte años: el saqueo sistemático de los recursos del país, sin tener que rendir cuentas, sin pasar por el susto de concebirse como una minoría, y sin que nadie les objete la meta de comunizar al país para que nada ni nadie compita con ellos en términos de poder. Nosotros queremos absolutamente lo contrario.

En el medio están pugnando dos concepciones de poder radicalmente diferentes: ellos conciben el poder para el disfrute concupiscente de una nomenclatura que vive al margen de la suerte del país, y nosotros estamos en la ruta de definir al poder como una oportunidad de servicio público, para crear una sociedad de derechos y garantías, donde la libertad sea el signo y no la excepción. Ellos quieren usar el poder para aplastar la libertad, nosotros para afianzar la libertad. No hay puntos de encuentro. Ahora bien, estamos en medio de un conflicto en el que gana el que se equivoque menos. Schelling llama juegos de estrategia a “aquellos juegos en los que la modalidad óptima de la actuación depende para cada jugador de lo que haga el otro”, dicho de otra forma, el resultado de los juegos estratégicos depende de la interdependencia que se tiene de las decisiones de los adversarios, y sus expectativas respecto de la conducta de sus contrincantes”. Por eso, no hay demasiadas holguras para las equivocaciones.

En la política todo cuenta. Las palabras, las acciones, las imágenes, los contextos, las intenciones percibidas, las fragilidades que se muestren. Todo tiene un impacto potencial en la percepción que el otro va construyendo de su adversario. No es lo mismo fortaleza y control, que caos y desbandada. No es lo mismo unidad compacta, que porciones trabajando cada uno por su propia cuenta. Y por supuesto, no es lo mismo una oferta de futuro que otra. En este caso, el régimen está en franca desventaja porque no le queda más remedio que ofrecer una versión más concentrada de lo mismo que nos ha traído hasta aquí. Ellos están entrampados entre las mentiras que ya lucen desgastadas, y una realidad atroz, que no les da cuartel. Pero ¿y nosotros?

La Mesa de la Unidad Democrática presentó el 19 de julio un documento que llamó “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que viene a ser un adelanto de lo que ellos harían en caso de llegar a ser gobierno. Hay que decir que resulta un avance muy importante el hecho de que todos los partidos se hayan nucleado alrededor de “un compromiso unitario para facilitar la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad del venidero gobierno de Unión y Reconstrucción nacional”. Desde el inicio advierten que no será el tramo más fácil del camino aquel que tenga que reorganizar la casa luego de tantos años de derroche y sinsentido. Pero caen en la tentación de ofrecer soluciones sin compartir un diagnóstico que seguramente está lleno de dificultades y bloqueos, pero que los ciudadanos tienen que asumir. Y los ciudadanos lo saben. El daño infligido a la sociedad, la economía y la política es profundo, y el hambre es solamente una de sus múltiples y desoladoras manifestaciones. Y habría que preguntarse por qué el socialismo solamente es capaz de producir esto que estamos viviendo.

El socialismo tiene como una premisa central de su pensar y de su hacer el logro de la “justicia social”, que es una oferta de tanto autoritarismo económico y político como sea posible. El que el documento de gobierno de la MUD comience diciendo que su prioridad es la Justicia Social, lo equipara a los supuestos ideológicos imperantes, y en ese sentido, nada diferencia una oferta de la otra. Ambas son socialistas, y ambas tendrán los mismos resultados, independientemente de que una y otra se diferencien en la pulcritud.

En el referido documento ellos dicen que pretenden atender de manera prioritaria la superación de la pobreza, y por eso mismo requieren de manera urgente aplicar “un Plan de Atención Inmediata a la Crisis Humanitaria, con énfasis en alimentación (abastecimiento y precios) y salud (medicamentos y atención) y a la necesidad de dar respuestas concretas al legítimo descontento popular, con apropiado sentido de urgencia y prioridad”. Como no se puede valorar la oferta sino en función de los principios y precedentes de quienes la suscriben, no queda otro remedio que imaginar de nuevo la imposición de un sistema de control y administración de la economía, tal y como lo intentó el régimen que está al frente del gobierno, y probablemente con los mismos costos sociales. No se puede resolver el problema del socialismo con más socialismo. La “Justicia Social”, dice Hayek, tiene su fin natural en una economía dirigida, que impone a los individuos un qué hacer, y que cercena derechos, dificulta el ánimo emprendedor y le corta las alas al libre mercado. La “Justicia Social” es el argumento del populismo, que promete repartir lo que primero les quita a los otros, y que tiene detrás el equivocado argumento de que “el sufrimiento de la gente tiene como culpables a los que han tenido éxito, a los más productivos, a los que por esa misma razón hay que quitarles para darle al resto”. La “Justicia Social” tiene ese contenido y esa intención, pero también estos resultados que estamos ya viviendo.

El documento es escaso en palabras importantes. Solo repite dos veces la palabra libertad. Uno para denunciar que todos hemos sido despojados de ella, y otra vez para prometerla como resultado de la justicia social, lo cual es imposible. Pero lo mismo ocurre con la palabra justicia, cuatro veces, una para identificar al partido PJ, dos para aludir a la “justicia social”, y otra para aludir a “los órganos de justicia”. La palabra ley, tan solo una vez, para comprometerse a respetar a los que la han cumplido, aun siendo parte del actual régimen. ¿Y cuál es el problema? Que lo que necesita el país, y por lo que ha luchado, es precisamente un programa para construir riqueza, generar prosperidad, incrementar la empresarialidad, generar tres veces el empleo formal que tenemos, mejorar la productividad para pagar mejores salarios, y nada de esto aparece delineado en el plan. No hay camino aún para salir de la servidumbre, ni se ha planteado todavía una dinámica del crecimiento que nos permita dejar atrás estas décadas de pesadilla. Y no se saldrá de ella sin libertad, libre mercado, derecho y justicia estables, y respeto a la propiedad plural. La “justicia social” como prioridad es un error, porque con ella solo aseguramos más estado, y de ninguna manera ese fluir productivo que activa la movilidad social y que permitiría a la clase media volver a ser, y a los sectores pobres no morir de hambre.

Tampoco se dice nada del tamaño del Estado, que en este momento es infinanciable. O qué hacer con las empresas públicas quebradas, o cómo se va a negociar la concentración económica en manos de militares, o la aberración ecológica y económica del arco minero. Dice poco, pero lo poco que dice no garantiza el cambio por el que luchan los venezolanos: una oportunidad para la libertad, que no es lo mismo que cambiar de carcelero.

Pero vayamos más allá. En este momento la palabra negociación anda realenga. Muchos la invocan. Dicen que ha llegado la hora de sentarse a conversar. ¿Es así? No lo creo. Todo tiene su momento, y llegado ese momento, se negociará. Dependerá de dos cosas. De que el régimen entienda que por la vía del conflicto abierto solo acumulará más pérdidas. Y de que la alternativa entienda que ha llegado a su punto culminante de victoria, más allá del cual, cualquier cosa que haga solo significará perder. Pero ganar y perder en relación con el propio sistema de valores, que abre el marco a las mutuas concesiones, o que por lo menos termine evitando una conducta mutuamente perjudicial.

Decíamos al inicio que se enfrentan dos modelos mutuamente excluyentes, que niega la convivencia. Nos faltó decir que el plano de la negociación enfrentaría, en su momento, a dos fuerzas desiguales, una dispuesta a la aniquilación del contrario, y la otra solo con el apresto moral de representar la indignación cívica. Una con ganas de concentrar todo el poder, otra con la necesidad de compartir el poder y nuclearse alrededor de un programa mínimo común. Una que no reconoce la realidad ni la responsabilidad sobre las consecuencias de sus propios actos, y otra que tiene un diagnóstico de la realidad, y que presenta un plan para resolverlo. Una que no es confiable porque es perversa, y otra ingenua, por falta de experiencia política. Y ambos, con una sociedad que no está dispuesta a más desvaríos. Y que está atenta a la traición de la confianza encomendada, de algunos que tienen muchas razones para estar siendo extorsionados, pero que no reconocen su debilidad intrínseca, y su invalidación como agentes de la supuesta negociación. Por eso mismo, recordamos el desastre de la última mesa de negociación. Otros simplemente piensan diferente, creen que es convalidable la experiencia actual con la que viene, y que es posible la cohabitación, porque más o menos piensan de la misma manera. Esta última versión es la que yo llamo la izquierda exquisita, a la que ahora debemos sumar a los nostálgicos del chavismo. Lo que resulta insólito es que sea la izquierda exquisita y sus adláteres los que pretendan negociar en exclusiva. Lo mismo se debería decir del grupo de políticos extorsionados. Ni los unos, ni los otros. En todo caso, la habilidad del agente negociador debería ser prístina, y su agenda, debidamente acordada y delimitada, incluso en el uso del lenguaje. De nuevo, recordemos el desastre de la última mesa de diálogo.

Pero hay más. El régimen quiere negociar para quedarse, y la alternativa desearía negociar una salida. El régimen es experto en ganar tiempo y en disolver su representación en organizaciones espurias, mientras que la alternativa democrática no tiene tiempo que perder. Entonces ¿cómo y qué se puede negociar?

El desastre político y económico del país, y la lucha emprendida y mantenida por los ciudadanos, a veces alineados con la dirigencia, y otras veces autónoma, acotan sensiblemente la agenda de negociación a un único punto: un cronograma ordenado de salida del régimen de la forma más rápida posible. Sin eso puesto en la mesa, cualquier intento será ilegítimo y condenado al fracaso. Ya no se trata de canales humanitarios, ni de presos políticos, ni de reconocer la Asamblea Nacional. Luego de más de cien días de lucha sostenida, y después de haber enterrado a más de cien víctimas de la represión, no es posible otra cosa que el cambio político, la transición hacia la libertad, el gobierno de unidad nacional, y ojalá, una nueva forma de encarar al país, su economía y su sociedad. El tiempo sigue siendo una variable crítica, y a la vuelta de la esquina está la atrocidad constituyente.

Ojalá no estemos condenados a lo que propone Jehuda Amijai en uno de sus bellos poemas. Ojalá no seamos “profetas de lo que ya ha ocurrido, lectores del pasado en la palma de la mano, pronosticadores de la lluvia que ya cayó”, delineadores de una nueva oportunidad para esquemas fracasados, comprometidos con una justicia social que solo provoca la tragedia de la pobreza, con sus pobres manipulados por el engaño pueril, carceleros de nuestros propios deseos de libertad, e idólatras del Dios de las mil caras del socialismo, todas atroces, todas falsarias. Ojalá no negocien por nosotros, las esperanzas de la libertad.

El pasado domingo tuvo lugar la Consulta Popular, promovida por la Asamblea Nacional y realizada como respuesta a la decisión del CNE de no convocar a los ciudadanos para que se pronunciaran sobre la propuesta presidencial de designar una Asamblea Nacional Constituyente.

De acuerdo al trabajo efectuado por observadores nacionales e internacionales, la tranquilidad y el orden le dieron el tono dominante al proceso realizado. Lamentablemente hubo algunos incidentes violentos en diversas partes del país, con el saldo de dos personas fallecidas, como consecuencia de hechos que presuntamente tuvieron como responsables a personas que intentaron sabotear el evento.

Además de fundamentalmente pacífico, fue un acto al que acudieron muchos ciudadanos, a pesar de algunos obstáculos puestos en el camino. En efecto, además de las dificultades organizativas y técnicas, derivadas del apuro con el que tuvo que implementarse el evento - apenas dos semanas -, hubo, encima, que enfrentar diversas obstrucciones puestas por el oficialismo incluyendo, a última hora, la orden de CONATEL en el sentido de limitar la libertad de información respecto al proceso. A pesar de ello, de acuerdo a las cifras dadas por los convocantes – más allá de los injustos y, sobre todo absurdos, reparos sobre la veracidad de las mismas -, 7.650.000 venezolanos acudieron a los centros ubicados en todo el país y en muchas ciudades del exterior a fin de consignar su opinión. Como se ha señalado, fue, sin duda, una gran manifestación ciudadana, expresión de la voluntad de paz de los venezolanos, de su convicción democrática y también, desde luego, de su indignación por las condiciones en las que transcurre su vida.

Lo ocurrido debería cambiar las coordenadas que pautan la política nacional. No se puede omitir la realidad y cabe exigir, entonces, que los diversos actores que se desempeñan a lo largo del espectro político – militares inclusive, dada la naturaleza de nuestro gobierno -, revisen las claves desde las que interpretan al país y redefinan, así mismo, los próximos pasos a fin plantarle cara a la compleja situación nacional. Pareciera haber llegado, piensa uno, la hora de las negociaciones y de los acuerdos. Después de siete millones y pico de votos no puede ser que el juego se mantenga trancado y el deterioro del país siga avanzando.

Ojalá que el liderazgo nacional este a la altura del gentío que voto el pasado domingo.

El Nacional, miércoles 18 julio 2O17

La imagen de Wuilly Arteaga llorando después de que las fuerzas de seguridad venezolanas destruyeran su violín ha sido vista por millones de personas en todo el mundo. Arteaga, de 23 años, se unió a las protestas contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tocando canciones patrióticas. Su mirada de desesperación habla de lo que muchos en Venezuela están sintiendo mientras se preguntan cuánto tiempo más su país debe sufrir la violencia y el desgobierno.

Al menos 115 manifestantes han muerto en Venezuela desde que comenzaron las protestas callejeras organizadas por la oposición el 1 de abril. Más de 50 de ellos eran menores de 30 años y muchos eran solo adolescentes. Entre ellos se encuentran personas como Neomar Lander, un manifestante de 17 años que al parecer sufrió un disparo a quemarropa con un recipiente de gas lacrimógeno, y Yeison Mora, también de 17 años, que recibió un disparo en la cara mientras participaba en una manifestación en el suroeste del país.

Siempre es difícil estimar el tamaño y la demografía de los manifestantes, pero dos cosas están claras sobre las protestas de hoy en Venezuela. En primer lugar, son mucho más amplias y más socioeconómicamente diversas que las protestas anti-Maduro en 2014, que parecían estar compuestas principalmente por venezolanos de clase media. En segundo lugar, muchos de los manifestantes de hoy son jóvenes.

Los jóvenes han encabezado tres olas de protesta contra el régimen chavista, creado por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, antes de morir en 2013. En 2007, fueron los jóvenes los que dirigieron las protestas contra el gobierno de Chávez cuando cerró la popular Radio Caracas Televisión, reemplazándola con un canal de televisión estatal. Luego, en 2014, se manifestaron contra la ola de crímenes violentos del país bajo Maduro, y en apoyo a su propio derecho a protestar. Y ahora, una nueva generación de jóvenes se ha unido a los participantes de esas olas anteriores para exigir elecciones y el fin del régimen.

Las protestas actuales han durado más de 90 días. Los jóvenes venezolanos están haciendo oír su voz en contra del alto desempleo y la falta de oportunidades económicas. En 2016, el 70% de todas las protestas estuvieron motivadas por preocupaciones económicas, y entre ellas una importante era la demanda de puestos de trabajo. El gobierno no ha informado las tasas oficiales de desempleo en más de un año. Pero está claro que los venezolanos -especialmente los jóvenes que no pueden pagar su comida ni vivienda- están sufriendo más que nunca con la crisis económica de su país.

Los jóvenes son particularmente peligrosos para el régimen porque no tienen nada que perder ahora, y todo que perder más tarde. Como dijo un líder estudiantil en 2014, "tenemos que protestar porque el gobierno está robando nuestro futuro". Por el contrario, las personas más adultas tienden a hacer el cálculo opuesto: no quieren arriesgar las posesiones y los medios de subsistencia que tienen ahora por un futuro incierto. Sin embargo, cuando sus propios hijos salen a la calle, a veces los siguen.

El régimen solo puede culparse a sí mismo por las protestas actuales. Como un Donald Trump latino, Chávez llegó al poder sobre una ola de populismo en 1998, y frecuentemente se jactaba de sus esfuerzos por reducir el desempleo. Su gobierno invirtió mucho en educación terciaria y, para 2010, Venezuela ocupaba el quinto lugar en matrícula universitaria a nivel mundial. Muchas de las nuevas universidades públicas fundadas en ese período estaban estrechamente alineadas con el régimen. En entrevistas, los estudiantes han dicho que el régimen requería su participación en manifestaciones progubernamentales, pero que también les prometió puestos de trabajo estatales después de graduarse.

Para cumplir con esta promesa, el régimen aprovechó los grandes ingresos petroleros del país en ese momento para expandir el sector público. Pero gastar los ingresos petroleros para educar a los estudiantes para empleos que dependen de los futuros ingresos por el petróleo no es un modelo económico sostenible, lo cual se hizo evidente en 2014, cuando los precios del crudo comenzaron a desplomarse.

El colapso de los precios del petróleo, combinado con años de mala administración económica, ha dejado a los jóvenes venezolanos con grandes expectativas pero sin perspectivas reales. La única solución del gobierno de Maduro parece ser aumentar la represión.

Las lágrimas que Arteaga derramó por su instrumento y su país, como las imágenes de los deudos de los funerales de los manifestantes jóvenes, ilustran perfectamente esta dinámica: los jóvenes salieron a las calles para exigir cambios y oportunidades, y el gobierno (un gobierno que se apoya en promesas que no puede mantener) ha respondido con palizas y balas. Tras fracasar en el cumplimiento de sus compromisos, está traicionando a los hijos de sus simpatizantes con la violencia que una vez reservó a las élites del país.

La pregunta ahora es quién va a renunciar primero. El lema no oficial de las protestas de 2014 fue "El que se cansa, pierde". Pero en esa ocasión, la oposición parpadeó primero, y las protestas fracasaron con el inicio de la Copa del Mundo.

Esta vez, la oposición ha hecho demandas más concretas, y ha prometido permanecer en la calle hasta que se cumplan. Pide al gobierno que haga elecciones presidenciales justas, libere a todos los presos políticos y abra un corredor humanitario para que el país reciba los alimentos y medicinas que tanto necesita.

Maduro ha culpado a los manifestantes por la escasez del país. Pero esta vez necesitará más que una retórica populista para calmar a la gente. Los venezolanos han hablado alto y claro: están cansados del populismo y no se cansarán de ocupar las calles.

Washington, DC

17 de julio de 2017

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

https://www.project-syndicate.org/commentary/venezuela-youth-protests-ag...