La política de la oposición venezolana hacia Cuba coincide con la política de sanciones instrumentadas por la Administración Trump, a fin de presionar al régimen cubano para que saque sus manos de Venezuela. La revista The Economist las considera inconvenientes. El Grupo de Lima y países como Canadá coinciden con el magazine y favorecen un acercamiento al régimen cubano, a fin de buscar su colaboración hacia el logro de una transición pacífica en Venezuela. Sin embargo, la política del régimen de los Castro hasta el presente, ha sido la de sostener a su aliado local, ayudando a replicar la política del terror que lleva a cabo la dictadura cubana contra su población. Canadá, en negociaciones recientes, los ha invitado a ser parte de la solución y no del problema, como lo han sido hasta ahora.

Recientes declaraciones de Julio Borges fueron interpretadas como favorables a un diálogo con el régimen cubano. Las declaraciones del dirigente de Primero Justicia fueron malinterpretadas y provocaron reacciones en su contra en las redes sociales. La posición de Borges la expresó en un artículo en el diario New York Times, donde plantea que la relación entre Venezuela y Cuba es similar a la de un régimen colonial que ha posibilitado el drenaje de recursos de nuestro país a la isla, que han llegado a representar cerca del 12% del Producto Interno Bruto de la economía cubana. Ello ha implicado el envío de cubanos disfrazados de médicos y técnicos que han infiltrado las instituciones gubernamentales, en especial los servicios de inteligencia y las FAN ayudando a consolidar la dictadura venezolana. Revertir el dominio de Cuba sobre Venezuela y abrir nuestro país a la democracia requiere aumentar las presiones sobre la cúpula cubana, interrumpiendo el envío de crudo y la aplicación de sanciones a las empresas que comercian con el crudo venezolano y hacen posible su llegada a la isla. En este contexto el Grupo de Lima debe aupar investigaciones sobre corrupción y derechos humanos, sancionando a los responsables nacionales, venezolanos o cubanos.

En una línea de pensamiento similar a la planteada por Borges en su artículo, el secretario general de la OEA Luis Almagro estima que a Venezuela han arribado entre 40.000 y 20.000 cubanos. Éstos han infiltrado las instituciones gubernamentales dedicándose a labores de espionaje y participando en torturas a miembros de la disidencia política, instrumentando en Venezuela una política de terror similar a la que los Castro han implementado en Cuba y que ha posibilitado la prolongación en el poder de la mafia de gánsteres que dirige la dictadura venezolana.

En esta visión han coincidido la dirigencia de la oposición venezolana, el secretario general de la OEA y los sectores anticastristas del congreso de los Estados Unidos dirigidos por Marco Rubio. Estos últimos presionaron a Donald Trump para implementar una política de línea dura contra el régimen cubano, a lo cual éste accedió, dando un giro en la política exterior americana respecto a la del presidente Obama, que implicó un acercamiento al régimen. La iniciativa de Trump busca agudizar el colapso de la economía cubana, restringiendo los ingresos a la cúpula militar cubana y con ello debilitando su influencia en Venezuela.

La política de línea dura del gobierno de Trump implica por un lado la implementación de la Ley Helms-Burton que hasta ahora había estado en stand by. Dicha ley permite que ciudadanos americanos, perjudicados por las expropiaciones que se dieron al inicio de la revolución cubana, puedan demandar a las empresas que han utilizado los bienes confiscados para sus operaciones en Cuba. La mayoría de estas empresas son de origen canadiense y europeo. La otra parte de la política de línea dura contempla incrementar las restricciones a los viajes a la isla de los cubanos americanos, lo que afectaría el ingreso de divisas por turismo que es un ingreso vital para la economía cubana.

Antes de las sanciones de Trump, Cuba había entrado en un etapa de dificultades debido a la caída de su capacidad de importación, provocada por la reducción de sus ingresos de exportación. Ello provocó el impago de deudas previamente contraídas en sus negociaciones comerciales, lo que condujo a la restricción de créditos por parte de las empresas que los abastecían. Las iniciativas de Trump, unidas a la caída de la ayuda Venezolana, han agudizado el desabastecimiento en la isla, que ya se perfilaba precario debido a los factores anteriormente mencionados. Todo ello amenaza a los cubanos con resucitar el llamado “periodo especial”, que fue una etapa donde la población sufrió fuertes carencias como consecuencia de la finalización del subsidio soviético a la economía.

La revista inglesa The Economist ha señalado en un artículo reciente, dedicado a Venezuela, que si bien considera que las sanciones de Estados Unidos al régimen cubano se justifican por su deplorable intervención en Venezuela, no las considera convenientes en este momento. Primero porque en lugar de debilitar la relación del régimen cubano con el de Maduro, la fortalece. En segundo lugar, porque abre un frente de conflicto con los gobiernos de Europa y el de Canadá, dividiendo el frente que se ha consolidado para ayudar a resolver la crisis venezolana. A juicio del magazine inglés la Administración Trump debe dejar su pelea con el gobierno cubano a un lado y focalizar su atención en el problema venezolano.

El Grupo de Lima, en una línea similar a la de The Economist, ha manifestado en una reunión reciente, su decisión de “hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la solución de la crisis de Venezuela”. Estas gestiones se dan en un marco más amplio de diligencias, en las cuales se busca contactar a la Unión Europea y Uruguay (el llamado “grupo de contacto”). En este contexto, se solicita la colaboración de todos los países, incluidos los que simpatizan con el régimen de Maduro, a fin de buscar su colaboración para buscar un proceso de transición en Venezuela.

No hay ningún elemento hasta ahora que permita pensar que el régimen de los Castros pueda considerar su participación y colaboración en una solución al conflicto venezolano. Un buen signo de esto sería que los caribeños comiencen a retirar a sus esbirros de nuestro país, pero hasta ahora nada de eso ha sucedido.

Sin embargo, las gestiones de Canadá parec Parece ser que la dictadura cubana ha llegado a la conclusión de que su sobrevivencia está atada a la supervivencia del régimen de Maduro y están dispuestos a suicidarse con él.en abrir un escenario diferente. El primer ministro de Canadá (uno de los países afectado por la Ley Helms Burton) se ha reunido con Díaz Canel, el presidente de Cuba, y lo ha instado a colaborar en una salida a la crisis venezolana. La ministro de relaciones exteriores de ese país ha expresado que se le ha solicitado a los cubanos ser parte de la solución y no del problema. Una reunión reciente de ella con los cubanos parece haber arrojado resultados positivos, pues la funcionario canadiense ha percibido una disposición de los cubanos a colaborar en la solución de la crisis venezolana. Hasta ahora los cubanos han sido parte del problema. Habrá que ver si deciden ser parte de la solución.

Profesor UCV

La deuda externa de Venezuela se ubica cerca de los 160.000 millones de dólares. Es un elevado monto que comprometerá los ingresos de los venezolanos por generaciones y lastrará la gestión de un futuro gobierno de transición. El presidente Guaidó ha delegado en un equipo de expertos la responsabilidad de elaborar un plan de reestructuración y renegociación de la deuda. Estos sostienen que este proceso no se puede abordar sin que se recupere la industria petrolera y conozcamos la capacidad de pago del país. Una vez que ello ocurra se acudirá al FMI. Existe la disposición de conceder a Venezuela un paquete de ayuda importante para ayudarla a salir del atolladero. Sin embargo, honrar los compromisos de pago es una tarea futura que debe producirse luego de superar la crisis humanitaria que enfrentamos.

La deuda externa de Venezuela está conformada por bonos, financiamiento de entes multilaterales como el FMI, préstamos bilaterales con otros países (China y Rusia), pagos pendientes a proveedores extranjeros, reclamos provenientes de las expropiaciones que hizo Chávez y que se han presentado en organismos de arbitraje internacional. Las estimaciones oscilan entre 150.000 y 200.000 mil millones de dólares. La consultora Ecoanalítica la estima en 160.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 son bonos. Ricardo Hausmann, de la Universidad de Harvard y representante de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, coincide con las estimaciones de Ecoanalítica.

Si tomamos la estimación de 160.000 millones de dólares y asumiendo una fuerza de trabajo de 14 millones de trabajadores, la deuda de cada trabajador se acerca a los 12.000 dólares. Si tomamos en cuenta sólo a los que reciben salario mínimo, el cual se aproxima a los 36 dólares anuales, no es difícil estimar que los ingresos de la población trabajadora estarán comprometidos, por generaciones, en el pago de la deuda externa. Este es el legado de Chávez y Maduro, miseria y endeudamiento, además de una corrupción monumental. Estos cálculos elementales permiten determinar la elevada magnitud de un problema, que actuará como un lastre sobre los esfuerzos de recuperación económica que impulse el futuro gobierno de transición.

Una de las decisiones del Presidente Guaidó ha sido la de contratar un experto en el tema que asesore al futuro gobierno de transición en la elaboración de un plan de de reestructuración y renegociación de la deuda. Además de este experto hay otros economistas, nombrados por Guaidó, que están trabajando en este peliagudo problema y la manera de enfrentarlo. Uno de ellos, Alejandro Grisanti, señaló que un primer aspecto tiene que ver con la legitimidad de la deuda. Parte de la misma se contrató a espaldas de la Asamblea Nacional. Luego está el desorden de la misma. Debido a ello es necesario realizar una auditoría para determinar la legitimidad y el monto de la deuda. Si Venezuela decide acudir a los mercados en busca de recursos para ayudar a solventar su situación debe abordar este problema a fin de crear confianza entre los inversores y prestamistas. Además, no atender la misma, como hizo Maduro, expone a PDVSA a exponer sus propiedades en el exterior a embargo, incluidos los depósitos y tanqueros de petróleo. Si Venezuela aspira recuperar su industria petrolera e insertarse en los mercados internacionales como una nación competitiva, no puede desentenderse de este problema.

Si bien es uno de los temas claves a abordar por un gobierno de transición, es necesario que el país comience la recuperación de su industria petrolera y mejorar sus niveles de exportación para así determinar la capacidad de pago del país. Según Grisanti una vez que se determine la capacidad de pago del país es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI). Debe elaborarse, conjuntamente con el FMI, un plan de renegociación y reestructuración de la deuda. Luego de ello debe contactarse a los acreedores y presentarles este plan de renegociación. Según Hausman después de la recuperación, el país debe enfrentar el pago de los servicios (intereses) de la deuda. A la mayoría de los países le conviene dar a Venezuela un chance de recuperarse y que tenga la capacidad de pago necesaria para honrar estos compromisos, pero previo a esto es necesario resolver las carencias y la crisis que enfrenta el país en los diversos órdenes; electricidad, agua, gasolina, medicamentos.

El problema de la reestructuración debe enfocarse en el marco de una visión de desarrollo (como se hace en Europa con los países de África). Una estrategia de someter a los venezolanos a más carencias para pagar la deuda no es viable políticamente. De las declaraciones de Grisanti y Hausmann se desprende que afortunadamente existe la disposición, en el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, a ayudar a Venezuela a salir del atolladero en que se encuentra; lo cual se refleja en la disposición a conceder un paquete de ayuda muy importante a través de los organismos de financiamiento como el FMI. Afortunadamente estos organismos de financiamiento internacional han aprendido de pasadas experiencias en otros países, en los cuales se sometió a la población a carencias excesivas, lo que derivó en inestabilidad, que a su vez complicó el cronograma de pago. Un acuerdo de reestructuración debe hacerse con una visión de desarrollo, que considere la sostenibilidad del país en el mediano y largo plazo.

Profesor UCV

Guaidó ha designado un equipo con la finalidad de tomar control de los negocios de PDVSA en el exterior. Dicho equipo ya ha tomado control de Citgo y está actuando para defender los intereses de PDVSA y Venezuela en el exterior, recomendándole al presidente Guaidó las decisiones más convenientes en este sentido, como el pago del bono Venezuela 2020, que recientemente se llevó a cabo. El equipo también ha contactado a las empresas que producen petróleo en Venezuela dándole las garantías necesarias, para que reactiven la producción en el menor tiempo posible, una vez que el usurpador abandone Miraflores. También se está trabajando en el desarrollo de una propuesta para la renegociación y reestructuración de la deuda externa. Todo ello constituye un paso importante hacia la recuperación económica, por la importancia de la industria petrolera en la economía venezolana.

Según el economista Orlando Ochoa el plan de recuperación económica, a acometer por un gobierno de transición, debe enfatizar la recuperación petrolera ya que éste es el sector clave del país que aporta el 95% de las divisas y es la principal fuente de ingresos fiscales. A su juicio el sector petrolero aportará las divisas necesarias, mientras que el sector privado logre su recuperación y vuelva a exportar y suplir a Venezuela en las diversas áreas.

En este contexto las acciones del presidente Guaidó parecen orientarse en forma prioritaria en la línea apuntada por Ochoa, dando inicio a la recuperación del negocio petrolero y marcha atrás a la desastrosa gestión de Chávez y Maduro. Gestión que ha provocado el colapso de la producción de petróleo y sus derivados, que se refleja en la crisis económica que padecemos y en las largas colas que tenemos que hacer para abastecernos de gasolina.

Una de las primeras decisiones del presidente Guaido fue nombrar un equipo que asumiera esta tarea, el cual está siendo dirigido por Alejandro Grisanti, economista especialista en finanzas y Director de la empresa consultora Ecoanalítica. A Grisanti lo acompañan ocho expertos petroleros. El equipo ha orientado sus acciones en varias direcciones, todas dirigidas a tomar el control de las propiedades de PDVSA en el exterior. Esto está basado en el reconocimiento que hacen, cerca de 50 países, a Guaidó como el presidente de Venezuela y el representante legítimo de nuestro país.

Por un lado han tomado el control de CITGO y nombrado su directiva. CITGO es la joya de la corona de las propiedades de PDVSA en el exterior. CITGO según, el portal de negocios Bloomberg, tiene tres refinerías en Texas, Louisiana e Illinois, las cuales representan el 4 por ciento de la capacidad de producción de gasolina y diesel de los Estados Unidos. La gasolina y el diesel que producen se venden en más de 5.000 estaciones de gasolina distribuidas a lo largo de la parte oriental de los Estados Unidos.

Una segunda línea en la toma de decisiones, del equipo designado por Guaidó, se ha orientado al tema de la deuda externa y atender los reclamos contra PDVSA por las expropiaciones llevadas a cabo por el prócer de Sabaneta y su heredero. Existen reclamos en los tribunales de los Estados Unidos, que de ser exitosos pueden llevar a la pérdida de CITGO. En declaraciones al diario El País Grisanti señaló que sugirió al Presidente Guaidó el pago de los intereses del bono Venezuela 2020, el cual tenía como garantía a CITGO. Por otro lado los pagos a PDVSA por parte de empresas norteamericanas se están depositando en cuentas de la petrolera estatal en Estados Unidos. Grisanti señaló que están inventariando las cuentas y los depósitos a fin de tomar control de las mismas.

Grisanti, en las declaraciones ya citadas, señaló que se han establecido contactos informales con las empresas petroleras extranjeras que operan en Venezuela bajo el esquema de asociación con PDVSA. Las empresas les han informado que podrían desde un comienzo aumentar la producción. Se les ha informado que el gobierno de Guaidó está dispuesto a respetar sus derechos de propiedad y buscar soluciones para reactivar la producción. Según el economista la recuperación de la industria petrolera será rápida y no llevará más de tres años restaurarla a los niveles previos al gobierno de Maduro.

Uno de los temas más escabrosos que enfrentará el futuro gobierno de transición es el de la deuda externa, la cual es monumental y desordenada. Según Grisanti es necesario una auditoría previa que determine la legitimidad y el verdadero valor de la deuda. Un gobierno de transición debe ir hacia un proceso de renegociación y reestructuración de la deuda con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. A fin de comenzar a trabajar en una propuesta en este sentido se ha contratado a una empresa con experiencia en el tema.

El camino a recorrer por el equipo de Guaidó es escabroso e incierto, por las múltiples demandas y reclamos que se están dando en los tribunales estadounidenses contra las propiedades de PDVSA, como consecuencia de las arbitrariedades cometidas por el chavismo en el poder. Sin embargo, revela un esfuerzo llevado a cabo por un equipo competente, que de ser exitoso representaría un paso importante en la senda de la recuperación del negocio petrolero y de la recuperación económica, por la importancia de este sector en la economía venezolana.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

Los docentes universitarios hemos perdido nuestra seguridad social. En ello ha influido el deterioro de la capacidad de compra de los docentes causado por la hiperinflación y la dolarización. También la inviabilidad económica de los institutos de previsión, como es el caso del IPP de la UCV. Desde hace varios años se preveía que el IPP de la UCV sería inviable económicamente, debido a los costos asociados a la jubilación del personal.El deterioro de la capacidad de compra de los salarios, ha agravado la inviabilidad del IPP y el deterioro de sus servicios.

El régimen de seguridad social que tenemos los docentes es contributivo, es decir que depende de los aportes que hacemos los profesores, aportes estos que se traducen en descuentos mensuales que hace el Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) de la nómina de la UCV.. En la medida que la capacidad de compra de nuestros salarios ha venido declinando, nuestra capacidad para cotizar con la seguridad social se ha limitado, lo cual se refleja en el deterioro de la cobertura del seguro de hospitalización y cirugía (HCM), lo que limita el acceso a tratamientos que eran rutinarios( Ver: Rodríguez R, José.2019. El deterioro de la seguridad social de los docentes universitarios. Digalo Ahi, N°3, mayo 11, 2019).

La reducción de la cobertura del seguro y el deterioro de los servicios del IPP de la UCV es ocasionado en parte por la elevada inflación y la dolarizaciòn que se ha producido en la economía venezolana y que ha involucrado a los servicios de salud privados. Sin embargo, también es parte de la ecuación el hecho de que el sistema contributivo que hemos creado los profesores de la UCV se ha vuelto inviable económicamente pues los profesores no estamos en capacidad de cotizar o contribuir con el mismo. Los descuentos que está haciendo el IPP por diversos conceptos equivalen a un tercio del sueldo del profesor. Este sueldo que ya es insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica, se hace más precario aún después de los descuentos que hace nuestro instituto de previsión social. Las autoridades de la UCV han tratado de aliviar esta situación asumiendo parte de los costos del seguro de HCM, a pesar de ello los descuentos continúan siendo elevados agudizando la precariedad de nuestras remuneraciones.

La inviabilidad económica del IPP es un fenómeno de vieja data, que se ha agravado en la coyuntura actual. Esta inviabilidad es provocada por el peso de los costos asociados a la jubilación del personal administrativo y médico del IPP. Un profesor de nuestro entorno más cercano, asistió hace varios años a una sesión de la junta directiva de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), en la cual se estaba discutiendo el tema de la jubilación del personal y sus implicaciones en la sostenibilidad de la institución en el mediano y largo plazo. Las diversas directivas de la APUCV han concedido al personal las mismas concesiones que la UCV nos ha otorgado a los docentes. Debido a esto el peso de las pensiones por jubilación han consumido los escasos recursos de que dispone el IPP. El profesor mencionado me confió angustiado, que la conclusión de la sesión de la junta directiva fue que en un momento dado los descuentos que nos hacen, así como los ahorros, no serían suficientes para cubrir el costo representado por las pensiones, conduciendo al colapso del IPP. Actualmente estamos en medio de este proceso y la incapacidad del IPP de asumir sus obligaciones es reflejo de ello.

Actualmente el Consejo Universitario de la UCV discute el tema de un nuevo régimen de la seguridad social para los docentes utilizando como semilla los recursos del Fondo de Jubilaciones. Los miembros de la comisión que el Consejo Universitario ha nombrado para discutir el tema, deben considerar la experiencia del IPP y no repetir los mismos errores en cuanto a los compromisos laborales se refiere. No tiene sentido que los pensionados estemos contribuyendo a pagar las pensiones de otros. Si se crea un nuevo sistema de seguridad social es necesario no repetir esta experiencia sin sentido alguno.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

El 30 de abril fueron evidentes las fisuras en el régimen, cuyas consecuencias están todavía por verse. Maduro mostró signos de miedo cuando se enteró, el 2 de mayo, que habían hecho contacto con su ministro de defensa para negociar su salida. Igualmente tuvo conocimiento de la participación de su jefe de inteligencia en la liberación de Leopoldo López. Muchos analistas opinan que los altos cargos actuaron genuinamente para deponer a Maduro e ir hacia un gobierno de transición. Si bien las presiones de los Estados Unidos no han funcionado como se esperaba, el cambio es inevitable pues buena parte de la cúpula gobernante está consciente de ello y de la necesidad de ir hacia un gobierno de transición.

El intento de deponer a Maduro el 30 de abril fracasó, sin embargo Maduro sabe que sus problemas están lejos de resolverse. El 2 de mayo Maduro se presentó en un una base militar en Caracas rodeado por militares a los cuales les pidió que repitieran después de él “Leales siempre, traidores jamás”, lo cual hicieron. Después de su discurso intervino el ministro de defensa Padrino López quien expresó “Ellos trataron de compranos... como si fuéramos mercenarios”. Las cámaras de TV capturaron un trazo de miedo atravesando la cara de Maduro, como si fuera la primera vez que escuchara la confesión del militar. ¿Sería verdad que su ministro de la defensa estuvo en contacto con miembros de la oposición, como expresaron los funcionarios de Trump?.

Algunos opinan que el General Padrino López es un hábil doble agente, que mantuvo contactos con la oposición para eliminar disidentes. Pero otros no están seguros. Quizás él y Maikel Moreno, el mercurial presidente de la suprema corte títere y el general Iván Hernández Dala, jefe del servicio de inteligencia militar, estaban buscando genuinamente deponer a Maduro, trabajando con empresarios venezolanos interesados en que los Estados Unidos les levanten las sanciones. Uno de los militares de alto rango ciertamente desertó, el General Figuera del Sebin. Su deserción fue lo que posibilitó la liberación de Leopoldo López. El jefe de inteligencia pudo contar con la colaboración de la temida policía política que él dirigió. Por meses ha habido rumores de descontentos en el Sebin. En una intervención en Washington D.C. , el 7 de mayo, el vicepresidente Mike Pence señaló que Estados Unidos estaba levantando la sanción contra el General Figuera, tentando con similares medidas individuales, como un incentivo, a los otros oficiales que quieran oponerse a Maduro.

Mike Pence lleva a cabo la política del palo y la zanahoria. Amenazó a todos los miembros del TSJ que responderían por sus acciones, si fallaban en cumplir la constitución . La corte suprema títere lanzó una investigación criminal contra seis diputados de oposición, que luego fueron despojados de su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Constituyente oficialista. En ese contexto, el 8 de mayo, el vicepresidente de la AN Edgar Zambrano fue arrestado.

La frustración de los Estados Unidos es que su política del palo y la zanahoria parece no funcionar para sacar a Maduro. “Nos estamos quedando sin opciones” señaló Moises Rendon del CSIS un centro de estudios y consultorías en Washington D.C. Una de las opciones que la administración se niega a tomar es la de la intervención militar, pues implica grandes riesgos. Una posibilidad más atractiva es trabajar sobre los países que apuntalan a Maduro, como Cuba y Rusia.

Trump y el secretario de estado han llevado a cabo reuniones con Putin y funcionarios rusos sobre el tema de Venezuela. El gobierno de Trump está también endureciendo su política hacia Cuba, por su apoyo a Maduro. Mike Pence señaló en una entrevista de TV el 5 de mayo que “ están trabajando con los cubanos” para producir cambios en Venezuela. Las aperturas hacia Cuba parecen estarse multiplicando. El Grupo de Lima también trabaja esta opción, señalando que hará las gestiones necesarias para buscar la colaboración de Cuba para resolver la crisis en Venezuela, coordinado estas acciones con la UE y el llamado grupo de contacto

Todo esto crea un clima de incertidumbre para Maduro. El intento del 30 de abril fracasó, pero ello demostró que algunos miembros de la cúpula gobernante están buscando acuerdos que los unifiquen en la búsqueda de una salida, así sea para crear una pista de escape. “Hay una clara convicción, entre los funcionarios del régimen, de que Maduro debería irse y que una transición es inevitable” señaló Colette Capriles una politólogo con estrechos nexos con la oposición.

Nota: este escrito es una traducción libre de una parte del artículo: The Economist. 2019. Can diplomacy dislodge the Maduro dictatorship?, may 9th.

Profesor UCV

La política económica gubernamental ha generado una creciente hiperinflación que ha obligado a los individuos y empresas a refugiarse en el dólar, para proteger sus ahorros e inversiones. El creciente proceso de dolarización de la economía ha involucrado a los servicios de salud privados. En este contexto la cobertura del seguro de los profesores universitarios se ha deteriorado y no cubre el costo de tratamientos que antes eran rutinarios, lo que ha derivado en un deterioro de la salud de los docentes y en casos extremos en fallecimientos. El deterioro de la capacidad de compra de los salarios generado por la inflación y la dolarización, también ha provocado el deterioro de los servicios de los institutos de previsión social. Todo ello ha incentivado la deserción de los docentes. La mitad de la planta profesoral de las universidades ha emigrado a otras latitudes en busca de un futuro más cónsono con su formación y expectativas.

En una entrevista reciente el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) Víctor Márquez afirmó que los profesores de la UCV hemos perdido la seguridad social. El régimen de seguridad social que tenemos los docentes es contributivo, es decir que depende de los aportes que hacemos los profesores, aportes estos que se traducen en descuentos mensuales que hace el Instituto de Previsión (IPP) de la nómina de la UCV. La capacidad de compra de nuestros sueldos se ha venido deteriorando; como lo señala el profesor Márquez el máximo sueldo que cobraba un profesor en el mes de marzo era de 31.000 Bs. lo cual no alcanzaba para adquirir la canasta alimentaria. En la medida que la capacidad de compra de nuestros salarios ha venido declinando, nuestra capacidad para cotizar con la seguridad social se ha limitado, lo cual se refleja en el deterioro de la cobertura del seguro de hospitalización y cirugía (HCM), el cual en los actuales momentos es de tres millones de Bs.S equivalente a un poco más de 500 dólares.

Al mismo tiempo que la cobertura de nuestro seguro se ha ido reduciendo, se ha producido una dolarización de los servicios de salud. Ello ha limitado el acceso de los profesores a tratamientos que antes eran rutinarios, lo cual ha provocado en casos extremos el fallecimiento de profesores jubilados, que han sido incapaces de costear el elevado costo en dólares del tratamiento que han requerido. Ello sucedió el año pasado con un profesor jubilado el cual sufrió quebrantos de salud que lo obligaron a acudir a una clínica en la ciudad de Maracay, donde le diagnosticaron una obstrucción en una arteria y le recomendaron realizarse un cateterismo para solventar el problema. Los médicos que trataron al profesor le informaron que la clínica contaba con los equipos y el personal especializado, pero que el costo del cateterismo ascendía a tres mil dólares. Debido a que nuestro seguro no podía cubrir la cantidad señalada, el docente decidió acudir a otros centros especializados de la zona donde lo pudieran atender a costos más accesibles para nuestro seguro. Aparentemente tales gestiones fueron infructuosas pues el profesor falleció a los pocos días. El docente mencionado contribuyó a la formación de varias generaciones de agrónomos, algunos de los cuales pasamos a integrar la planta profesoral de la Facultad de Agronomía de la UCV. Es lamentable la forma como falleció, sin una seguridad social que lo protegiera. El caso del docente referido es significativo pues formó parte de la generación que creó la Asociación de Profesores de la UCV, uno de cuyos propósitos fundamentales a la hora de su gestación fue crear un sistema de seguridad social que protegiera al profesor de eventos como los que terminaron con la vida del docente en cuestión.

El caso del docente señalado no es aislado, ya que muchos de los jubilados hemos pasado por situaciones similares. En mi caso personal acudí el año pasado a una consulta con un prestigioso oftalmólogo local, a fin de discutir los detalles de una operación de catarata que debo realizarme, según recomendaciones de varios especialistas que me han evaluado. El médico luego del chequeo confirmó la necesidad de la intervención. Le solicité un presupuesto y me señaló que la intervención de los dos ojos tenía un costo estimado de 800 dólares. No pude llevar a cabo la intervaenciòn señalada, debido a ello sufro de una discapacidad crónica que me limita cuando debo escribir o leer, actividades fundamentales en un docente universitario.

Estamos ante un proceso de dolarización de facto de la economía venezolana. Los vehículos se transan en dólares, al igual que las viviendas y otros bienes. Este proceso ha involucrado también a los servicios de salud privados, lo cual es comprensible, pues los equipos utilizados en los tratamientos y procedimientos quirúrgicos como los mencionados son importados, al igual que los repuestos y la actualización tecnológica ligada a los mismos. Ante la situación descrita, la cobertura de nuestro seguro Samhoi es muy limitada, pues apenas alcanza al equivalente a un poco más de 500 dólares. La limitada cobertura de Samhoi nos coloca en la práctica en una situación de desprotección frente a la dolarización de los servicios privados de salud. Numerosos profesores jubilados sufrimos de dolencias cardiacas de diversa gravedad, así como deterioro de nuestra vista debido a nuestra avanzada edad, pero dado los costos actuales de los servicios de salud no podemos sufragar procedimientos que antes eran rutinarios.

Adicionalmente a la reducción de la cobertura del seguro se ha producido un deterioro de los servicios de los institutos de previsión social, un ejemplo de estos es el caso del IPP de la UCV donde la carencia de insumos es rutinaria, así como el encarecimiento de los servicios médicos internos que los hace inaccesibles a muchos docentes. La deserción de los médicos externos por las bajas tarifas que les paga el IPP, así como por los retrasos en los compromisos de pago, completan el cuadro de deterioro.

La seguridad social que disfrutabamos los profesores era uno de los incentivos para ingresar a la planta docente de la universidad. Si bien los salarios se venían deteriorando desde inicios del presente siglo, la elevada cobertura de nuestro seguro, así como de los servicios médicos y odontológicos que el IPP proveía, eran uno de los estímulos para permanecer en la docencia universitaria. Sin embargo la reducción de la cobertura de Samhoi ante la creciente dolarización de los servicios que prestan las clínicas privadas, ha hecho que muchos profesores deserten de la docencia universitaria. Las estimaciones del profesor Márquez apuntan a que más de 10 mil profesores han emigrado a otros países lo que representa cerca del 50% de la planta profesoral de las universidades.

Profesor UCV

La revista The Economist, en su último número, da credibilidad a las declaraciones de funcionarios de Trump, afirmando que hubo negociaciones entre la oposición y el entorno de Maduro para deponer a éste. Una carta del director del Sebin lo confirma. Las negociaciones han revelado que el descontento de la calle ha alcanzado a los altos jerarcas del régimen quienes han mostrado interès en propiciar la salida de Maduro a fin de culminar su desastrosa gestiòn.

El politólogo Michael Penfold ha insistido en escritos recientes que la ùnica salida a la crisis venezolana son negociaciones entre el gobierno y la oposición que se orienten hacia la implementación de un gobierno de transición. Enfatiza ademàs que dichas negociaciones deben ser secretas y no llevadas a cabo bajo los reflectores de los medios de comunicación. En ese mismo sentido se ha pronunciado la influyente revista The Economist en un artìculo reciente sobre la crisis venezolana.

Tales negociaciones se han venido produciendo y han involucrado a altos cargos del entorno más cercano a Maduro. Asì lo han afirmado funcionarios de la Administración Trump como John Bolton, asesor de seguridad nacional, Mike Pompeo, secretario de Estado, y Elliott Abrams enviado especial para Venezuela. John Bolton señaló que Juan Guaidó había tenido conversaciones con el MInistro de la Defensa Padrino López, el presidente del TSJ Maikel Moreno y el director de la Dirección de contrainteligencia Ivan Hernandez Dalta. Los altos cargos señalados han estado negociando a espaldas de Maduro su salida,

La revista The Economist plantea en su ùltimo nùmero este escenario y se pregunta en què medida las declaraciones de los funcionarios estadounidense se ajustan a la verdad de los hechos. La revista mencionada le da credibilidad a los planteamientos de los funcionarios de Trump basada en una carta, disponible en internet, en la cual el jefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Sebin, confirma que personeros del entorno de Maduro han estado negociando con la oposición su salida. En la carta del jefe del Sebin, General Manuel Ricardo Figuera, éste reconoce el estado de deterioro en todos los òrdenes en que está sumergida la patria y la corrupción desproporcionada que muchos servidores públicos practican como deporte. Señala además que entregó un escrito a Maduro debido a que descubrió que muchas personas de su confianza estaban negociado a sus espaldas... pero no negociaban por el bien mayor del país sino por sus propios y mezquinos intereses.. Luego dirigiéndose a sus compañeros de armas y al Alto Mando...señaló que hay reconstruir el país..pero no negociando a escondidas y a espalda del Presidente y del pueblo.

El acuerdo entre el entorno de Maduro y los dirigentes de la oposiciòn implicaba deponer a Maduro el 2 de mayo y entregar la presidencia a Guaidò. Al final, siempre siguiendo la argumentaciòn de The Economist, Maduro se entera del plan de derrocarlo y defenestra al director del Sebin. Ante la develaciòn del plan y temiendo lo peor Juan Guaido actùa antes de la fecha acordada, libera a Leopoldo Lòpez con la ayuda de los militares y se aparece en la Carlota dando inicio a los eventos que todos conocemos. Ante esta situaciòn los altos cargos que formaban parte de las negociaciones reculan y gritan a los cuatros vientos su lealtad a Maduro. El magazine inglés plantea que hubo un problema de coordinación entre las acciones de Guaidó y de los altos jerarcas militares que incidió en el resultado final.

Maduro y su entorno han estado negando esta realidad pero la verdad es que las negociaciones se produjeron y que su entorno ìntimo estaba de acuerdo en propiciar su salida y avanzar hacia un gobierno de transición que implementará soluciones al desastre generado por el sucesor de Chàvez. Esta es una realidad que no se puede esconder y que evidencia la fragilidad del gobierno. Maduro no puede confiar en su gente màs cercana, que està consciente, como lo expresa el director del Sebin, de la situaciòn desastrosa que enfrenta el paìs. Ya no se puede afirmar que las FANB estàn monolìticamente al lado de Maduro pues ya es evidente que el descontento no solo ha penetrado en las FANB sino en los altos jerarcas y al entorno màs cercano al usurpador. El estilo de Guadò y los factores que ha logrado aglutinar a su alrededor, han logrado penetrar las defensas gubernamentales. Las implicaciones estàn todavìa por verse.

Nota: el artìculo de The Economist al cual hemos hecho referencia es: The Economist. 2019. How to get rid of Nicolas Maduro. May 2nd.

Profesor UCV

La agricultura intensiva y las prácticas que implica son dañinas al medio ambiente. Están provocando un colapso en la población de insectos polinizadores, al extremo de que se proyecta su extinción masiva en las próximas décadas. Entramos en una nueva era en la que los ambientalistas le han declarado la guerra a la agricultura intensiva y al uso de pesticidas que esta implica, en defensa de la población de polinizadores como las abejas silvestres. Se comienza a imponer un enfoque en el cual se busca no solo proteger a la planta de sus depredadores, sino proteger también a los insectos polinizadores como una manera de salvar al mundo vegetal de una catástrofe.

En nuestra formación como agrónomos los insectos son uno de los enemigos a vencer, lo cual usualmente se hace recurriendo a pesticidas. El enfoque que ha privado es el de proteger a la planta de los depredadores que la dañan. El impacto ambiental de estas acciones se desdeñaba en los orígenes de la profesión en Venezuela. Un experimentado agrónomo, al cual consulté para este artículo, me señaló que en los inicios de la carrera el currículum no contemplaba la asignatura ecología.

Con el paso del tiempo el enfoque de proteger a la planta a toda costa fue cediendo paso a un enfoque más amigable con el ambiente. Progresivamente los agrónomos fueron tomando en cuenta los efectos colaterales de la tecnología agrícola y se fue desarrollando un enfoque más ecológico de la profesión. Los entomólogos estaban conscientes de que los insectos no podían ser englobados en un solo grupo como dañinos a las planta, pues existían los beneficiosos como lo polinizadores que hacen posible la reproducción de las plantas y la vida vegetal. Además son alimentos de muchas especies entre ellas las aves. Las últimas generaciones de agrónomos se han formado en el marco de una profesión que ha ido introduciendo técnicas para reducir el uso de pesticidas. A estas técnicas se les ha englobado en el campo del manejo integral de plagas. Estas implican hacerle un seguimiento a la población de insectos dañinos y aplicar el insecticida solo cuando la población llega a un nivel que constituiría un daño considerable para el cultivo afectado. También se recurre al control biológico, el cual busca estimular el desarrollo de los enemigos naturales de la plaga que se desea controlar.

Sin embargo las técnicas que implican un menor impacto ambiental, no cuentan con la simpatía de los agentes y empresas interesadas en vender agroquímicos, las cuales presionan por maximizar el uso de los mismos. La revolución verde constituyó un nuevo paso en la evolución de las tecnologías agrícolas que agudizó el problema. Se crearon semillas milagrosas de alto rendimiento, que solo expresaban su potencial genético si se cultivaban con una fuerte e intensiva utilización de agroquímicos.

A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para desarrollar una tecnología agrícola más amigable con el ambiente, el daño sigue siendo considerable, en especial el provocado por la agricultura intensiva que surgió de la revolución verde. La revista ingrela The Economist publicó, hace varios años, un número dedicado a la producción de alimentos en los océanos. En dicha edición el semanario inglés señalaba que las tecnologías agrícolas son por definición dañinas al medio ambiente, pues fueron desarrolladas en una época en la cual no existían las organizaciones ambientalistas como Greenpeace o los partidos verdes, que presionaran por técnicas más amigables con el ambiente. En ese sentido se imponía la búsqueda de alternativas con menor impacto ambiental como la producción de alimentos en los océanos.

Los señalamientos de la revista mencionada, sobre el negativo impacto ambiental de las tecnologías agrícolas, se han puesto en evidencia en un estudio reciente; en el cual se concluye que las prácticas agrícolas están provocando un colapso en la población de insectos; 40% de las especies de insectos enfrentaran una extinción masiva en las próximas décadas. Entre las especies de insectos afectadas destacan los polinizadores. De darse este escenario, no solo la agricultura y la producción de alimentos seria afectada, sino que el mundo vegetal y la vida silvestre como la conocemos actualmente enfrentarían una catástrofe (El País. 2019).

Los movimientos ambientalistas en Europa y los países desarrollados se han comenzado a movilizar contra la agricultura intensiva y el uso de pesticidas. En Baviera (Alemania) se introdujo una solicitud para un referendum que obligaría a los agricultores a restringir el uso de pesticidas y abandonar la agricultura intensiva, todo ello con el propósito de lograr la recuperación de la población de abejas silvestres. Se comienza a imponer un enfoque en el cual se busca no solo proteger a la planta sino proteger también a los insectos polinizadores como una manera de salvar al mundo vegetal de una catástrofe. En este enfoque ha tomado fuerza la idea de los santuarios o refugios para los insectos en peligro de extinción. Pero estos santuarios son de poca utilidad si en las inmediaciones de los mismos se siguen utilizando insecticidas en forma indiscriminada.

El declive de los polinizadores está afectando el rendimiento y las cosechas, lo cual era de esperar. Los agricultores y los agrónomos deben considerar que el colapso de la población de polinizadores afectará el rendimiento y las cosechas, reduciendo la rentabilidad del negocio agrícola. Debido a ello es una buena inversión dejar una parte de la tierra en descanso o barbecho a fin de que se recupere el suelo y la población de insectos beneficiosos. También es conveniente introducir, entre las plantas que operan como rompe viento, especies que ayuden al crecimiento de los insectos beneficiosos. Sin embargo estas medidas no serán de ninguna ayuda sino se restringe el uso de los insecticidas aplicando las tecnologías disponibles para su manejo como último recurso en el control de plagas.

Hemos entrado en una nueva era en la cual los movimientos ambientalistas europeos le han declarado la guerra a la agricultura intensiva y han colocado a los insectos polinizadores, como las abejas, bajo su protección. Esperamos que de estas acciones de los ambientalistas surja una tecnología agrícola menos dañina con el ambiente. Sin embargo un escenario probable es que la agricultura intensiva y el uso indiscriminado de químicos que ella implica, se refugien en países donde estos movimientos son débiles como en China, Brasil y Argentina. En algunos de ellos se ha llegado al extremo de asesinar a los ambientalistas como ha ocurrido en Brasil y México.

Referencia:

El País. 2019. Prácticas agrícolas abocan a los insectos a una desaparición masiva. 11 de febrero.

Profesor UCV

La producción de cacao, durante los recientes gobiernos de izquierda en Ecuador, se ha desarrollado en manos privadas, desde la producción del grano, procesamiento, hasta su colocación en los mercados internacionales. Mientras en Venezuela la cadena de cacao ha estado fuertemente intervenida por el gobierno, quien ha mantenido una política de hostigamiento al sector privado. En consecuencia, las exportaciones de cacao y derivados venezolanas alcanzan a duras penas a representar menos del 2% de las exportaciones ecuatorianas.

Según el sociólogo Trino Márquez de CEDICE, el 40% de la producción total de bienes y servicios (PIB) de los países del sur de América Latina provienen de pequeños y medianos productores empresariales, no de grandes empresas. Conscientes de ello los gobiernos de izquierda, como el de Evo Morales en Bolivia, han establecido con estos sectores una relación basada en el dialogo y han diseñado políticas de apoyo a los mismos. Ello se ha traducido en un aumento de la producción de estos países y en un incremento del apoyo electoral a los sectores de izquierda en zonas que son tradicionalmente conservadoras, como la de Santa Cruz en Bolivia. En esto influyó mucho la izquierda brasileña y Lula Da Silva quien promulgó en Brasil una política similar de acercamiento a los sectores medios.

En contraste el régimen chavista ha tenido una política de hostigamiento a los sectores medios y empresariales en Venezuela, muy influida por el régimen cubano, lo que produjo el rechazo de estos sectores y se ha traducido en un proceso de desinversión y contracción de la producción. Esto se evidencia claramente cuando comparamos la producción de cacao en Ecuador y Venezuela.

En Ecuador Rafael Correa posibilitó que los emprendedores privados, que dominaban la cadena de cacao, impulsaran sus negocios y la producción sin interferencia alguna, logrando que la producción de cacao y derivados alcanzaran niveles records. En Venezuela el régimen chavista hostigó a los empresarios privados de la cadena, deprimiendo las exportaciones a niveles insignificantes en relación a las exportaciones de Ecuador.

Los empresarios ecuatorianos están mercadeando su chocolate como el mejor del mundo. Así lo expresa el titular de un artículo del diario El País de España, que se refiere a la exportación de cacao ecuatoriano de la empresa Pacari liderada por el empresario Santiago Peralta, el cual produce un chocolate orgánico que está buscando posicionar en el mercado europeo y que aspira, según Pacari competir con los mejores chocolates de esa zona. El artículo describe un exitoso emprendimiento privado, y es un ejemplo de cómo la cadena de cacao en Ecuador está dominada por emprendedores privados, desde la producción agrícola, las labores post cosecha, la distribución y su posterior procesamiento industrial hasta su colocación en los mercados internacionales. Ello ha impulsado la exportación de cacao y derivados a cifras que sobrepasan los 900 millones de dólares según el reportaje mencionado (El. País. 2017). En este cultivo la prioridad gubernamental es estimular la exportación de grano y sus derivados, ya que el ingreso de divisas de la economía depende de la exportación de productos agroalimentarios. El 80% de su producción se exporta. En la medida que la economía esta dolarizada no existe control de cambio ni sobrevaluación de la moneda que reduzca la competitividad de las exportaciones como en Venezuela.

Mientras la cadena de cacao en Ecuador está dominada por emprendedores privados, la cadena de cacao en Venezuela está fuertemente intervenida por el Estado. La mayoría de la producción es generada por pequeños productores, el gobierno controla la asistencia técnica y los programas de asistencia sociales de apoyo a estos, que tienen una clara intención político clientelar. Luego, una parte sustancial del acopio y la distribución también están controladas por el Estado a través de un mamotreto burocrático llamado “Corporación Socialista del Cacao Venezolano”. La calidad del grano que llega a los mercados internacionales se ha deteriorado por las inadecuadas condiciones en que se realiza el almacenamiento y el transporte, lo que ha puesto en jaque a la marca internacional de Venezuela asociada a la calidad de los cacaos venezolanos, como la marca Chuao, tal como lo afirma la chef Fernanda Di Giacobe en un artículo publicado en Prodavinci (Di Giacobbe, F. 2016).

Bajo el esquema de control de cambio que priva en Venezuela el procedimiento de compra venta del grano también está intervenido por el Estado, el cual obliga a los exportadores a entregar al Banco Central de Venezuela el 20% de los dólares que reciben, a fin de conceder la licencia de exportación pertinente.

El régimen chavista ha mantenido una política de hostigamiento al sector privado en general y el caso de la cadena de cacao no es una excepción. Una finca de la empresa Chocolates El Rey fue invadida y expropiada. La concesión de las licencias de exportación se hace de manera caprichosa y el procedimiento de exportación se complica también de igual manera, ello ha ocurrido con la Casa Franceschi, una casa de larga tradición exportadora. Otro aspecto que ha complicado la exportación es que la política del régimen chavista ha sido la de priorizar el mercado interno no la exportación, debido a la cual se presiona a los productores a fin de que orienten su producción a los proyectos de chocolatería promovidos por los entes gubernamentales y no a los mercados externos.

Cuadro 1. Valor de la exportación de cacao y derivados de Ecuador y Venezuela (mil dólares). Año 2013.

El resultado de todo ello es que la exportación de cacao y derivados de Venezuela se ha reducido a la famélica cifra de cerca de 9 millones de dólares en el 2013, la cual no llega a representar ni el 2% del valor de la exportación de cacao y derivados de Ecuador, que alcanza a 530 millones de dólares según la FAO (Ver cuadro n°1). Ello refleja la pedida de mercados y la baja competitividad internacional del producto venezolano. Esto es particularmente grave en los actuales momentos donde la escasez de divisas ha llevado a reducir las exportaciones de medicinas y alimentos básicos creando una crisis humanitaria sin precedente.

Nota: los señalamientos del Sociólogo Trino Márquez fueron hechos en una entrevista que le hizo Vladimir Villegas en Unión Radio el 24 de agosto del año 2017, la cual está disponible en internet.

Referencias:

Di Giacobbe, F. 2016. ¿Qué está pasando con el cacao venezolano? Una reflexión de María Fernanda Di Giaccobe. Prodavinci, 16 de Julio.

El País. 2017. ¿El mejor chocolate del mundo? Es este, y es orgánico.

Profesor UCV

josenri2@gmaIl.com

Según Conindustria las exportaciones petroleras estarán comprometidas por muchos años en el pago de la deuda. Debido a ello los industriales deben abocarse a desarrollar las exportaciones necesarias que suministren las divisas para realizar las importaciones esenciales. En este contexto la agroindustria y la agricultura son sectores donde existen potencialidades competitivas que deben ser estimuladas con las políticas públicas adecuadas. Es probable que los niveles de pobreza se mantengan elevados por muchos años. Ante este escenario, la propuesta señalada es pertinente pues apunta a que el rol fundamental del sector agroalimentario será el de generador de divisas, las cuales se orientarían a financiar las importaciones alimentarias necesarias para satisfacer las necesidades de los sectores de más bajos ingresos.

En una entrevista en una televisora privada el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olaiquiaga, hizo una síntesis de la propuesta elaborada por su organización para salir de la crisis económica. A su juicio no podemos contar con las exportaciones petroleras, pues éstas es probable que declinen hasta los 600.000 barriles diarios, los cuales estarían comprometidos en el pago de la deuda a los bonistas, a China y Rusia. En consecuencia tenemos que pensar en que exportar. El sector petrolero debe ir a una apertura a la inversión multinacional. Sin embargo la recuperación de la industria petrolera será lenta Asumiendo un incremento de 100.000 barriles por año, llegar a 3 millones de b/d tomará muchos años.

Hay que exportar rubros diferentes al petróleo. Es prioritario definir que podemos exportar, para generar las divisas necesarias para costear las importaciones esenciales. Se hace necesario instrumentar políticas para permitir incrementos de productividad que posibiliten volver a lo que teníamos antes de 1998, cuando exportábamos chasis, acero, DVDs. En este sentido hay varias cadenas que son prioritarias entre las cuales mencionó la cadena agroindustrial, en la cual poseemos capacidades competitivas, como en el caso de café y cacao, donde podemos exportar productos que son apreciados en el mundo.

Los planteamientos de Conindustria coinciden con los del Plan País, que plantea la necesidad de una economía competitiva y el establecimiento de un tipo de cambio competitivo para lograrlo. Ello plantea un cambio de orientación en la política cambiaria que tradicionalmente se ha sesgado hacia la sobrevaluación de la moneda, lo cual ha estimulado el crecimiento de las importaciones y lesionado la capacidad competitiva de nuestras exportaciones.

Un escenario probable en el futuro inmediato del país es que evolucionemos hacia una situación en la que se recupere la economía, se logre controlar la inflación, pero se mantenga un elevado nivel de pobreza. Ejemplos a este respecto sobran. Nigeria, un país africano petrolero y miembro de la OPEP ha logrado evolucionar exitosamente, desde ser un Estado petrolero fallido, hasta convertirse en la mayor economía de África desplazando a Sudáfrica. A pesar de ello los niveles de pobreza del país africano se ubican por encima del 50% de la población. México, a pesar de ser un miembro de la OCDE, donde se codea con los países más ricos del mundo, y ubicarse como el octavo exportador mundial de vehículos, mantiene una elevada tasa de pobreza que ronda el 47%.

Dado el escenario señalado se hace necesario alimentar a la elevada proporción de la población que se mantendrá en situación vulnerable. Para ello no se puede contar con los agricultores. Históricamente el acceso de la población venezolana a los alimentos básicos se ha relacionado estrechamente con las importaciones, no con la producción nacional. Ello ha sido así, porque los gremios agropecuarios apelan constantemente a presionar por aumentos de precios, como el único estimulo para incrementar la producción.

En el contexto señalado la alternativa es importar los alimentos necesarios para satisfacer la demanda de los más vulnerables. En este contexto la propuesta de Conindustria es enormemente pertinente, la agroindustria y los agricultores deben orientar sus esfuerzos hacia el logro de cadenas competitivas, generadoras de divisas, que puedan ser usadas para importar los alimentos esenciales para los más vulnerables. Sin embargo, en este escenario es posible la existencia de nichos, en los cuales puede justificarse el diseño de políticas públicas para estimular el desarrollo de una agricultura orientada a satisfacer el consumo interno de productos altamente sensibles. Es el caso del maíz blanco que no es un comodity, pues no existe una amplia oferta internacional del mismo. Adicionalmente a ello su consumo está asociado a la arepa que es un producto altamente simbólico para los venezolanos.

Profesor UCV