Las políticas del “socialismo del siglo XXI” instrumentadas por Chávez, destruyeron las bases del progreso económico del país. Su continuación por el régimen de Maduro ha provocado un colapso de la economía venezolana. La producción de bienes y servicios (PIB) de este año equivale a una quinta parte de la generada en el año 2013, y nos ubica entre los países más pobres de la región, como Bolivia y Haití.

En un escrito previo expusimos las tesis de Dani Rodrik quien señala que la iniciativa privada es la clave del progreso económico. Los sistemas de mercados son los que mejor canalizan las iniciativas individuales hacia el progreso material de la sociedad. Sin embargo el sistema de mercados requiere un entorno de estabilidad macroeconómica (control de la inflación), respeto a los derechos de propiedad y seguridad personal. Las instituciones públicas son las que proveen este entorno para que los sistemas de mercado funcionen y los emprendedores privados se sientan motivados a invertir. Esta es la experiencia de los países industrializados más avanzados, incluido China (1).

En el escrito mencionado argumentamos que el “socialismo del siglo XXI” implicó, a diferencia del socialismo chino, la creación de un marco institucional hostil a la iniciativa privada, en un contexto de derroche, corrupción e ineficiencia sin parangón, lo que destruyó los fundamentos del progreso económico del país. Esto no tuvo mayores consecuencias durante el régimen de Chávez, debido a los altos precios del petróleo y el elevado ingreso de divisas que permitió incrementar las importaciones e instrumentar programas de subsidio al consumo, lo que compensó el efecto de las presiones inflacionarias en los sectores de más bajos ingresos.

Sin embargo una vez que los precios del petróleo colapsaron, después del 2014, afloró en toda su crudeza el descalabro que había sufrido la iniciativa privada. En ese momento ha debido producirse un cambio de rumbo. Rodrigo Cabezas, Ministro de Economía de Chávez, consciente de los desequilibrios que se habían generado, planteó la conveniencia de una rectificación de la política económica. Esto lo hizo en una comunicación a Nicolás Maduro en el 2015 y luego en una reunión con la directiva del partido de gobierno (PSUV) en el año 2016. Señala Cabezas, en una entrevista en el diario El País en el año 2018, que lo que recibió como respuesta fueron descalificaciones e improperios por parte de los dirigentes del PSUV. A pesar de las advertencias el régimen de Maduro prolongó las desacertadas políticas del “socialismo del siglo XXI”, lo que profundizó la destrucción de la actividad productiva. El mismo Cabezas expone, en el año 2019, el dramático deterioro de la infraestructura productiva y los traumáticos efectos de la inflación sobre la capacidad de compra de la población: “estamos en el colapso económico, hay un crack económico en Venezuela, haber perdido casi dos tercios de la economía en seis años, una economía de 320 mil millones de dólares que fue el último año del presidente Chávez en el 2012…y ver reducido eso a 120 mil millones de dólares que es el actual tamaño de la economía, es un crack económico increíble para un país petrolero como nosotros”(2). Estas cifras señaladas por Cabezas parecen provenir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que presenta estadísticas similares en su base de datos. Según los datos de la CEPAL, Venezuela, que era la cuarta economía de América Latina con un tamaño similar al de Colombia, pasó al octavo puesto en el 2019, mientras nuestro vecino país se ubicó como la quinta economía de nuestra región.

La contracción de la actividad económica se profundizó este año, a pesar de que el régimen ha modificado algunos aspectos del “socialismo del siglo XXI”. En un reportaje en el periódico Tal Cual, Ahiana Figueroa entrevista a dos economistas que ofrecen luces adicionales al respecto (3). Según el reportaje, el tamaño de la economía venezolana se ubicaría actualmente entre 48.610 millones y 60.000 millones de dólares, lo que representa menos de la mitad del tamaño que tenía en el año 2019 y la quinta parte del PIB generado en el año 2013, cuando Maduro inició su gestión.

La contracción del tamaño de la economía per se no refleja totalmente la tragedia de nuestro país, tenemos que tener en cuenta la dimensión de la población; cuando lo hacemos obtenemos el PIB por habitante que refleja nuestra capacidad de generación de riqueza per cápita. El PIB por habitante de Venezuela representó, para el 2019, la mitad del promedio de América Latina, si bien en el 2013 lo superaba, ubicándose a la cola de los llamados países bolivarianos que integraban el ALBA y por debajo de Cuba (según datos de la CEPAL). Si asumimos para el 2020 un PIB de 60 mil millones, ello representaría un PIB por habitante de 2.100 dólares, lo que nos ubicaría con un per cápita similar al de Bolivia, uno de los países más pobres de la región. Esta idea es confirmada por el economista y director de la empresa consultora Econométrica Francisco Ibarra, quien plantea, en el reportaje de Figueroa, que “una economía de 60.000 millones de dólares nos ubica como los países más pobres del hemisferio, quizás al lado de Haití y del noreste de Brasil, que es una zona muy pobre”.

(1) Rodríguez R, J.E. 2020. La clave del progreso económico. Dígalo Ahí. número 2, noviembre 7.

(3)Los Andes. 2019. Rodrigo Cabezas: Estamos en el colapso, hay un crack económico en Venezuela. 16 de mayo.

(3)Figueroa, A. 2020. Venezuela cayó estrepitosamente en un agujero de pobreza. Tal Cual. 16 de noviembre.

Profesor UCV

El factor clave del progreso económico es la iniciativa individual. Los sistemas de mercado son los que mejor canalizan estas iniciativas hacia el progreso material. Se requiere sin embargo un marco institucional que motive a los emprendedores. Esto lo tuvieron en cuenta los comunistas chinos, lo que posibilitó el acelerado crecimiento de su país. Los socialistas venezolanos, por el contrario, han creado un marco institucional hostil a la iniciativa privada, que ha generado una involución en nuestras capacidades productivas.

En este escrito expondremos las ideas de Dani Rodrik (1) en los primeros párrafos, expuestas en uno de sus trabajos, en el cual analiza las estrategias de desarrollo que considera más relevantes y que han impactado el crecimiento económico de los países calificados como en vías de desarrollo, incluyendo la “estrategia de dos vías” seguida por China (2). Al final haremos una interpretación del caso venezolano, basándonos en las ideas del profesor de Harvard.

Rodrik concluye que lo que determina el progreso económico es la iniciativa individual. Además señala que la experiencia indica que los sistemas de mercados son los que mejor canalizan las iniciativas individuales hacia el progreso material de la sociedad. Enfatiza, que la experiencia que nos ha dejado el siglo XX es que para que el desarrollo fructifique se requieren mercados apoyados por instituciones sólidas. Sin embargo las instituciones no tienen un rol relevante en la formación de los economistas, ya que los modelos que toman como referencia suponen que hay un conjunto definido de derechos de propiedad y que los contratos se respetan, como sucede en las economías industrializadas más avanzadas. En el trasfondo suponen que hay instituciones que establecen y protegen los derechos de propiedad.

En todas las naciones industrializadas avanzadas las economías están insertas en un conjunto de instituciones que regulan su comportamiento como las que garantizan la libre competencia y luchan contra las conductas que la traban. Todas las economías avanzadas cuentan con instituciones, como los Bancos Centrales, para estabilizar la economía (controlar la inflación) y evitar las crisis bancarias. También cuentan con sistemas de seguridad social que actúan como amortiguadores en tiempos de crisis. También están las instituciones para manejo de conflictos como los sindicatos, los partidos políticos, las electorales que moderan o median en los conflictos de grupos étnicos o grupos de interés enfrentados.

El marco institucional debe generar incentivos para que los emprendedores se decidan a invertir, en especial en lo que se refiere a los derechos de propiedad. Esto lo tuvieron muy en cuenta los dirigentes del Partido Comunista Chino cuando, a finales de la década de 1970, introdujeron pequeñas reformas en el sector agrícola para incrementar la producción. Estas reformas posibilitaron que los agricultores tuvieran el control de sus activos o bienechurías a pesar de que el Estado seguía manteniendo la propiedad de la Tierra. Igualmente se les ha permitido disponer de una parte considerable de sus cosechas para vender en los mercados de su preferencia. Todo ello motivó a los agricultores a invertir y generó un considerable incremento en la producción. Ello se dio en un contexto donde gradualmente se introdujeron reformas de mercado a fin de crear un sistema llamado de doble vía, en el cual coexisten la via de mercado y la estatal. Gracias a su gradual apertura al mercado y a la inversión privada, China ha logrado crecer a tasas cercanas al 10% anual durante décadas y posicionarse como la segunda economía del mundo.

El régimen chavista ha creado desde su inicio un marco institucional hostil a la iniciativa privada. Éste comenzó por el desconocimiento de los derechos de propiedad de las empresas, como sucedió con las confiscaciones y expropiaciones enmarcadas en la Ley de Tierras y en el caso de Agroisleña cuyos propietarios todavía esperan por una justa indemnización. Adicionalmente a ello, el Banco Central ha agudizado la inestabilidad económica al convertirse en la caja chica del gobierno. Ello se ha traducido en una hiperinflación que ha destruido la capacidad de compra de la gran mayoría de la población. Además de ver debilitados sus derechos de propiedad, las empresas se ven enfrentadas a un mercado que se ha hecho añicos, por la menguada capacidad adquisitiva de la población. Al lado de la inseguridad jurídica también se ha incrementado la personal. El sistema judicial y los cuerpos de seguridad se han orientado cada vez más a perseguir a la disidencia política, colocando en un segundo plano el control de la delincuencia. En la medida que los emprendedores privados se han visto enfrentados a un ambiente hostil han decidido emigrar a otros lugares con mejores condiciones para invertir, incorporándose a la diáspora de millones de venezolanos que huyen del infierno bolivariano.

Todo ello ha provocado un descalabro económico que se refleja en el comportamiento del PIB (que refleja la producción de bienes y servicios en un año). Según José Manuel Puente del IESA el análisis del comportamiento del PIB durante el periodo 1998-2017, revela “que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro prácticamente representan décadas perdidas en términos de crecimiento económico y un proceso que deja al país con un aparato productivo profundamente diezmado y con una escasa capacidad para generar riqueza”. Cuando extendemos el análisis hasta los tiempos que corren, podemos llegar a conclusiones similares pues la economía se continuó contrayendo sin signos de recuperación a la vista.

Adicionalmente a ello se ha producido una involución en las capacidades productivas del país que nos han hecho retroceder a la década de 1950. Puente afirma que una investigación que incluyó “el PIB per cápita del lapso 1951-2017 concluye que la producción de bienes y servicios por habitante se redujo 38% en los últimos cuatro años y se ubicó al nivel de 1955”.

1. Dani Rodrik es un economista especializado en economía del desarrollo. Profesor de la Universidad de Harvard. Ha publicado trabajos muy influyentes sobre el tema, algunos de ellos con funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este año recibió el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales por su contribución al estudio de la globalización y sus implicaciones en las sociedades de los países en desarrollo.
2. Rodrik, D. Estrategias de desarrollo para el nuevo siglo. En: Ocampo, J.A. (edt.) 2004. El desarrollo económico en los albores del siglo XXI. CEPAL-Alfaomega (disponible en el repositorio de la CEPAL).
3. (3) Los señalamientos de José M. Puente se citan en: Salmerón, Víctor. 2018. ¿Donde está Venezuela en el ranking de los colapsos económicos?. PRODAVINCI, 19 de febrero.

Profesor UCV

Mientras la economía venezolana ha colapsado, la de Republica Dominicana ha crecido a tasas que se han considerado de las más elevadas en América Latina y el Caribe. En la actualidad supera a Venezuela en sus avances económicos y sociales. Dominicana es un ejemplo de la importancia de un sector conservador (no socialista), que contrapese las erradas ideas provenientes del régimen de los Castros.

Cuando realizaba mis estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona, a inicios de la década de 1990, me topé con un economista dominicano que me trató con especial deferencia apenas conocerme. Luego, en una conversación en el cafetín de la Facultad, el profesional dominicano me confesaría que sentía un profundo agradecimiento hacia los venezolanos por el subsidio que Venezuela otorgaba a Dominicana en el marco del Pacto de San José, vigente en aquella época. Sin este subsidio la economía dominicana sería inviable, según el profesional dominicano. En efecto los datos de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) confirman que la patria natal de Billo Frómeta era una economía con una capacidad de creación de riqueza sustantivamente inferior a la de su vecino petrolero rico. El PIB por habitante de Dominicana era menos de una tercera parte del de Venezuela, como se evidencia en el cuadro insertado al final de este escrito.

Sin embargo esto es historia patria pues con el tiempo la situación de ambos países ha cambiado radicalmente. Mientras la economía venezolana ha colapsado, la de dominicana ha crecido en los últimos años a tasas que han sido consideradas como las más elevadas en América Latina y el Caribe. Como veremos más adelante, en los actuales momentos la creación de riqueza de Dominicana, medida por el PIB por habitante, supera ampliamente a la de Venezuela. La explicación de este cambio reposa en la contrastante agenda política y económica que han seguido ambos países. Nuestro país se adscribió a una agenda que ha privilegiado el control político y el mantenimiento en el poder del régimen, dañando en ese proceso las actividades económicas y productivas, como la petrolera. En contraste Dominicana ha venido instrumentando una agenda de reformas que ha tenido como propósito incentivar la inversión empresarial y el crecimiento económico, muy similar a la que se ha implementado en México, Colombia y Chile con resultados similares.

El primer elemento que hay que resaltar en la contrastante ruta seguida por ambos países es la agenda política e ideológica. Mientras en Venezuela las universidades, las instituciones culturales, los intelectuales de diverso pelaje y los partidos políticos han coqueteado con las ideas socialistas provenientes del régimen de los Castros, en Dominicana se impuso desde la década de 1960 una agenda anticomunista liderada por Joaquín Balaguer. Balaguer fue un político quien se desempeñó como funcionario de rango ministerial de la dictadura de “Chapita” Trujillo. Una vez que Trujillo fallece en un atentado los militares dominicanos toman el poder iniciándose un periodo de inestabilidad que culmina con la intervención de Estados Unidos y la elección de Balaguer como presidente. Una vez en el poder inicia un régimen autoritario que duraría 12 años durante los cuales se reprimió sistemáticamente a los partidos de izquierda. Balaguer decide armar un entramado político que favorecería a los sectores conservadores que él representaba. El antiguo funcionario de la dictadura era un político estrechamente cercano a la iglesia católica, por ello no simpatizaba con la izquierda socialista y entre ellos incluía a los socialdemócratas apoyados por la AD de Venezuela. Contaba además con el apoyo de los Estados Unidos que no deseaba que surgiera en el Caribe otro régimen como el de los Castros. De ese modo se consolida un polo conservador que detentaría el poder por varias gestiones, blindando al régimen dominicano frente a las ideas socialistas y comunistas, que se propagaron en el Caribe y en América Latina durante esos años. Si bien se realizaron importantes inversiones en infraestructura, el régimen se mostró reacio a introducir reformas que modernizaran la economía, la cual permaneció durante muchos años con un atraso relativo en relación a sus vecinos, en especial a su vecino rico Venezuela. Ello se refleja en su creación de riqueza medida por el PIB por habitante que a inicios de la década de 1990 se mantenía abiertamente por debajo del de Venezuela como hemos señalado.

Mientras en la Republica Dominicana Balaguer apoya un giro conservador, en la vecina isla de Cuba asciende al poder un régimen revolucionario que confisca las propiedades de todos los que consideraba enemigos de la revolución, entre ellos muchos de los empresarios e inversionistas que habían mantenido, en virtud de su actividad empresarial, vínculos con la dictadura de Fulgencio Batista. Adicionalmente a ello se instauró un régimen de terror que obligó a la clase empresarial a huir, mayormente a los Estados Unidos, en resguardo de su vida. República Dominicana se benefició del desbarajuste creado por la revolución cubana pues se convirtió en un lugar seguro para las inversiones de los empresarios obligados a huir del régimen de los Castros. Uno de estos fue Pepe Fanjul quien adquirió notoriedad recientemente, pues es un estrecho amigo del Rey Juan Carlos de España. Este empresario dedicado al negocio de la caña de azúcar decidió invertir sus capitales en la Republica Dominicana en el cultivo de la caña y en resorts de lujo en las zonas turísticas de la isla, que con el tiempo se convertirían en un imán para los artistas estadounidenses de origen latino como Marc Anthony y otras estrellas.

La influencia de Balaguer se prolongó hasta inicios de la década de 1990 cuando su partido fue decisivo a la hora de escoger el liderazgo que controlaría el nuevo gobierno que se iniciaría en 1996. Balaguer decidió apoyar a un nuevo liderazgo conservador dirigido por Leonel Fernández en contra de las aspiraciones de quienes lideraban a los socialdemócratas dominicanos apoyados por la AD de Venezuela. La nueva alianza de naturaleza conservadora dirigida por Fernández, se orientó a instrumentar reformas de naturaleza liberal que buscaron fortalecer la conexión del país con la economía internacional lo cual derivó en la firma de un tratado de libre comercio con Centroamérica, que a la postre derivaría en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual daría acceso privilegiado a los productos dominicanos al mercado de este país. En este terreno el liderazgo político dominicano aprendió de la experiencia venezolana, pues la firma del tratado fue parte de un consenso político que permitiría mantener las reformas liberales a pesar del cambio que se diera con motivo de las elecciones presidenciales. Ello ocurrió en las últimas elecciones cuando el partido oficialista perdió las mismas y cedió el poder al partido de la oposición. Como lo señala la revista The Economist en un número reciente “Aunque las transferencias de poder en el país son raras, ellas no necesariamente traen cambios. La política dominicana se ha caracterizado por un consenso de orientación política centrista y amigable con el sector empresarial” totalmente antagónica con la agenda política que ha predominado en Venezuela en las últimas décadas que ha sido hostil al empresariado y a los Estados Unidos. Las reformas introducidas por Fernández y sus aliados dieron inicio a una etapa de acelerado crecimiento económico que se prolongaría hasta los inicios del siglo XXI.

República Dominicana gracias a su gestión de naturaleza conservadora y las reformas liberales que introdujo, ha logrado avances considerables. Como podemos observar en el cuadro siguiente la creación de riqueza de República Dominicana, medida a través del PIB por habitante, se ha ido incrementando hasta casi duplicar en el 2019 la de Venezuela, país cuya economía ha colapsado al asumir la agenda estatista de los cubanos. También en el plano social Dominicana ha hecho avances considerables al reducir su tasa de pobreza a menos del 20%, según el Banco Mundial, mientras la de Venezuela se ha elevado por encima del 80% según los datos de la ENCOVI, llevada a cabo por la UCAB y otras universidades.

PIB por habitante en dólares constantes de República Dominicana y Venezuela para los años 1990, 1998 y 2019.

El caso de la Republica Dominicana revela la importancia de un sector conservador que contrapese la influencia de ideas equivocadas como las provenientes del régimen de los Castros, que no constituyen un ideario para el desarrollo sino una agenda para el control social y la eternización en el poder, que cuando se instrumentan tienen efectos traumáticos sobre la creación de riqueza. Ese rol lo desempeñó en Venezuela Rómulo Betancourt quien combatió, sin contemplación alguna, la influencia cubana, en el contexto de un acuerdo político (El Pacto de Punto Fijo) que sentó las bases de la democracia venezolana.

Profesor UCV .

Luis Pedro España, uno de los investigadores de la ENCOVI 2019-2020 afirmó, en el momento de la presentación de los resultados del estudio, que los indicadores de pobreza mostrados por el mismo no eran propios de Venezuela sino de un país africano. Como consecuencia de estos resultados algunos analistas han hablado de la “africanización de Venezuela”, pero tal afirmación no toma en cuenta que la situación económica y social de los países africanos ha mejorado y no guarda similitud con el colapso económico y la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país.

Zimbabue fue gobernado durante muchos años por un dictador senil, Robert Mugabe, quien mantuvo políticas similares a las del Socialismo del Siglo XXI impulsadas por el chavismo. Ello condujo a una situación de hiperinflación muy similar a la que atravesamos desde finales del 2017. Según un artículo de la revista The Economist, de inicios del 2016, el senil dictador decidió dolarizar la economía lo cual permitió controlar la hiperinflación e impulsar la economía del desventurado país africano. Ello, según la revista mencionada colocó a Zimbabue, a inicios del 2016, en una situación económica mejor que la de Venezuela, cuyo gobierno no tomó ninguna medida para enfrentar el flagelo inflacionario, el cual se agravó de finales del 2017 en adelante, agudizando el proceso de empobrecimiento que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años.

Sudáfrica, el país de Nelson Mandela, posee una economía diversificada la cual fue muy afectada por las sanciones económicas que se aplicaron al país durante la época del apartheid, pero una vez que éste finalizó y se inició la democracia la situación mejoró progresivamente. Es exportadora de productos minerales y agrícolas. Posee además una actividad turística importante y es el país más industrializado de África. Sus niveles de industrialización y lo diversificado de su economía la colocaron como la economía de mayor tamaño del continente africano, pero en años recientes fue desplazada por Nigeria. Su producto interno bruto rondó los 420 mil millones de dólares en el 2012 para descender a 351 mil millones de dólares en el 2019, lo cual es cinco veces el PIB de Venezuela, a pesar de tener una población ligeramente mayor a la de nuestro país. La inflación anual oscila entre 2 y 3% anual. Los gobiernos democráticos que sucedieron al apartheid emprendieron una política social de apoyo a los más vulnerables, constituidos en su mayoría por la población de raza negra. Gracias a ello su tasa de pobreza disminuyó y se ubicó, en el 2015, en 18,8 %, según el Banco Mundial, muy lejos de la desorbitada tasa de 96,5% de Venezuela.

Nigeria fue un Estado fallido hace varios años, sin embargo las elites gobernantes han tomado decisiones que han posibilitado un resurgimiento de la economía. En primer lugar el gobierno del país africano renegoció su deuda con el Club de Paris. También emprendió reformas que moderaron la inflación, la cual en el año 2019 se ubicó en 11%, que es una cifra elevada pero muy lejos de la hiperinflación que atenaza a la economía venezolana. La pobreza afecta a la mitad de la población, según el Banco Mundial, es una cifra elevada pero muy por debajo de la pobreza de nuestro país estimada en 96% por ENCOVI. La producción petrolera nigeriana está en manos de compañías transnacionales. Las elites nigerianas han tenido el cuidado de mantener la misma en manos del capital extranjero, lo cual les ha permitido acceso a capital y tecnología. Las compañías han incrementado el nivel de producción, el cual asciende a 2 millones de barriles diarios. También son exportadores de cacao y películas. La dimensión de la economía nigeriana, medida por el PIB, ha crecido a tal nivel que ha desplazado a Sudáfrica como la mayor economía del continente africano. Mientras las elites nigerianas han tomado decisiones que han impulsado la economía e incrementado el tamaño de la misma, la inacción del régimen venezolano ha provocado un colapso económico que ha disminuido el tamaño de la economía venezolana, hasta representar una cuarta parte del que tenía cuando comenzó el gobierno de Maduro.

Hablar de la “africanización de Venezuela” ante esta realidad no es muy acertado, pues las naciones africanas han tomado decisiones en política económica y social que las han hecho avanzar, alejándolas del caos económico que atenaza a Venezuela en la actualidad.

Profesor UCV

En el año 2007 Michael Reid predijo qué si los precios del petróleo caían y el régimen chavista continuaba con las políticas enmarcadas en el Socialismo del Siglo XXI, Venezuela se encaminaría hacia una condición de Estado fallido, similar a la de Nigeria, un país africano petrolero que había caído en esa condición.

En el año 2016, según la revista The Economist, la predicción se había cumplido, pues Venezuela se encontraba en una situación económica peor que la de países africanos como Zimbabue. La Encovi 2019-2020 acaba de confirmar que la llamada “africanización de Venezuela” se ha profundizado con el paso del tiempo, ante la inacción del régimen de Maduro de tomar las medidas necesarias para detener la hiperinflación.

Reid en su libro “Forgotten continent.The battle for latin america´s soul“ analizó las políticas de Chávez enmarcadas en el llamado Socialismo del Siglo XXI, las cuales implicaron un crecimiento desaforado del gasto público, que era insostenible en el largo plazo. Reid señaló, en ese momento, que si los precios del petróleo caían y las políticas en cuestión se mantenían, Venezuela se encaminaría ineluctablemente a una condición de Estado fallido, similar a la de Nigeria, un país africano petrolero que estuvo en esa condición hace algunos años.

A mediados del año 2014 Arabia Saudita inició una guerra de precios para sacar del mercado a la producción basada en el sistema fracking, lo que hizo que los precios del petróleo colapsaran. La caída de los precios del petróleo provocó un enorme hueco fiscal y el régimen de Maduro no hizo lo que los economistas aconsejan en estos casos, instrumentar un programa de ajuste con el apoyo financiero del FMI. El programa contempla medidas orientadas a reducir drásticamente el gasto público, como la privatización de empresas, liberar los precios y controlar la emisión de dinero. En su lugar el régimen continuó con las políticas de controles de precios y aceleró la emisión de dinero sin respaldo, lo cual hizo que la inflación se desbordara, colocando el país a las puertas de la hiperinflación. En síntesis los precios del petróleo cayeron y Maduro no tomó ninguna medida de ajuste para corregir la situación

En un artículo, publicado a inicios del 2016 la revista The Economist señaló que Venezuela para ese momento presentaba características similares a las de un país africano como Zimbabue, en uno de sus peores momentos, cuando la hiperinflación azotaba al país en cuestión. Mugabe, el senil gobernante del país africano, decidió dolarizar la economía y abandonar las viejas políticas de controles, lo cual moderó la inflación e inició una etapa de recuperación económica. Debido a ello el magazine señalaba que Zimbawe se encontraba en mejor situación que Venezuela, cuyo gobierno había decidido proseguir con las políticas del socialismo del siglo XXI, agravando los problemas que enfrentaba. En consecuencia, para inicios del 2016 la predicción de Reid se había cumplido, pues nuestro país se encontraba en peor situación que los países africanos.

Luego la situación se complicó aún más, en la medida que el régimen de Maduro no introdujo ninguna medida correctiva y aceleró la emisión de dinero sin respaldo, la inflación se aceleró y se transformó en hiperinflación a finales del 2017. La hiperinflación impulsó aún más el proceso de empobrecimiento que venía sufriendo el país. Según la Encovi la pobreza total se incrementó de 48,4 % en el 2014 a 87% en el 2017 y la extrema pobreza subió de 23,6% al 61,2% en el mismo lapso.

La Encovi 2019-2020 lo que hace es poner en evidencia que el deterioro social se ha profundizado como consecuencia de la hiperinflación. Según este estudio Venezuela se ubica como el más pobre de América Latina, pero cuando se juntan las variables de instabilidad política, PIB y pobreza extrema, nuestro país aparece en el segundo lugar de una lista de 12 países que encabeza Nigeria y termina con Irán, seguida de Chad, Congo y Zimbabue. El sociólogo Luis Pedro España, uno de los investigadores de la ENCOVI aseguró que Venezuela nunca ha tenido estos niveles de pobreza y solo se puede comparar con países sin estabilidad política y que pertenecen al continente africano, como Nigeria, Chad, Congo y Zimbabue. La llamada “africanización de Venezuela”, que se inició con el colapso de los precios del petróleo del 2014 en adelante, lo que hizo fue profundizarse en el tiempo; impulsada por la inacción del régimen de Maduro que no tomó las medidas necesarias, en su debido momento, para detener el colapso económico y la hiperinflación. En contraste los países africanos si lo han hecho, como fue el caso de Zimbabue donde Mugabe, un senil gobernante africano que culpaba a los homosexuales de los males que agobiaban a su país, introdujo la dolarización.

Profesor UCV

El descredito del socialismo venezolano ha sido utilizado como arma política en contra del gobierno del presidente Alberto Fernández de Argentina, quien es acusado de intentar seguir el mismo derrotero del socialismo venezolano, con sus desastrosas consecuencias. Fernández y otros dirigentes de la izquierda latinoamericana están tratando de vincularse con el entorno de Joe Biden, quien figura cono el probable ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El régimen venezolano ha sido excluido de tales gestiones, al igual que su socio cubano, reflejo de su aislamiento internacional.

Las encuestas revelan que, en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, Joe Biden aventaja a su contendor Trump. Ante esta circunstancia la izquierda latinoamericana se está organizando a fin de tender puentes a través de los que rodean a Biden. Con este propósito representantes de la izquierda democrática de la región están participando en la creación de la Internacional Progresista promovida por entes europeos y el Instituto Sanders, dirigido por la esposa de Bernie Sanders, contendor de Biden en las elecciones internas del Partido Demócrata.

Estas gestiones han estado impulsadas, entre otros, por un nuevo liderazgo donde destaca el presidente argentino Alberto Fernández, quien se ha visto obligado a desmarcarse del socialismo venezolano, ante las críticas de la oposición macrista en su país que lo acusa de tomar un derrotero similar al del socialismo venezolano.

A diferencia del socialismo cubano el socialismo a la venezolana se ha convertido en una marca desacreditada la cual es utilizada para descalificar a los gobiernos de izquierda y las estatizaciones que estos se han visto obligados a llevar a cabo. La revolución cubana en sus inicios gozó de un prestigio internacional, sin embargo, el ángel que tenía la abandonó hace tiempo y su desprestigio se ha agudizado por el descredito de su socio venezolano; el cual ha creado una de las crisis humanitarias de mayor dimensión en América Latina, obligando a millones de compatriotas a huir del país y refugiarse en las naciones vecinas, amenazando con colapsar los servicios públicos.

La gigantesca masa de refugiados huye del colapso económico generado por el régimen de Maduro, que se traduce en una inflación desbordada que ha llevado a la pobreza a la mayoría de la población. Uno de los elementos que contribuyó a dicho colapso en Venezuela fue la estatización de empresas, que al caer en manos del Estado derivaban en poco tiempo en una situación catastrófica.

La estatización del conglomerado agroexportador Vicentin en Argentina hizo cundir el pánico entre la población y los trabajadores que temían una reedición de la pesadilla venezolana. Los temores fueron acicateados por la oposición macrista que acusaba al gobierno de imitar el ejemplo de los bolivarianos venezolanos y de intentar instaurar un socialismo a la venezolana en Argentina. Fernández no negó que el socialismo venezolano fuera un desastre, pero señaló que su intención era hacer algo diferente y que lo mostraría en el parlamento cuando se discutiera el tema. Negó que la ex presidente Cristina de Kirchner esté detrás de la decisión pero una diputada ultrakirchnerista fue la que redactó la ley. El ministro de agricultura de Macri señaló que pretenden hacer algo parecido a lo de Chávez, y que todas las estatizaciones de la Kirchner terminaron mal.

El desprestigio del socialismo venezolano y el cubano se ha reflejado en las recientes reuniones de la izquierda global, donde no aparecen los representantes del socialismo autoritario por ninguna parte, quizás como parte de la estrategia de los organizadores de no invitar a unos socios que en lugar de sumar, restarían voluntades y dañarían la imagen de la reunión.

A inicios de este año la izquierda planetaria ha creado la Internacional Progresista, iniciativa que aparece secundada por más de 40 políticos e intelectuales de todos los continentes, iniciativa aupada por el movimiento europeísta DiEM25 y el mencionado Instituto Sanders.

La Internacional Progresista cuenta con un consejo de más de 40 asesores entre los cuales figuran una representante del Gobierno de Alberto Fernández, la ministra argentina de mujeres; el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa perseguido por la justicia de su país; el brasileño Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PTB) de Brasil en 2018, el ex ministro brasileño de exteriores de Lula Da Silva, Celso Amorín, ambos representantes de la corrupta dirigencia del PTB, buena parte de la cual ha sido juzgada y encarcelada por corrupción. El ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, representante de Evo Morales, quien en su ambición de poder sumergió a su país en una crisis política. Si bien hay una amplia representación de la izquierda corrupta, en el consejo no figura ningún representante de los regímenes autoritarios de latinoamérica como los de Venezuela o Cuba.

Profesor UCV

El venezolano es el éxodo más importante en la historia reciente de la región, por el número de desplazados y el número de países involucrados. El éxodo es forzado por el colapso económico creado por la revolución bolivariana y la crisis humanitaria que éste generó. Ello ha desprestigiado al “socialismo a la venezolana” como marca, incluso dentro de la izquierda latinoamericana, contribuyendo al aislamiento del régimen. Con el Covid 19 algunos de los desplazados han tratado de regresar pero el gobierno venezolano los ha rechazado, tildándolos de traidores y vende patrias, pues pusieron en evidencia ante la comunidad internacional la tragedia humanitaria que atraviesa el país.

El 26 de junio pasado se celebró el Día Internacional del Refugiado. El número de refugiados a nivel global se ha incrementado en 9 millones de personas en el último año, evidenciando que el problema se ha agravado. Los refugiados venezolanos constituyen el segundo grupo en importancia después de los desplazados de Siria, un país en guerra. En el caso de los venezolanos la crisis de los refugiados fue generada por el descalabro económico y social ocasionado por la revolución bolivariana. Ello ha sido reconocido por las organizaciones internacionales, tanto centros de investigación como las ligadas al tema de las migraciones.

La Brookings Institution, un centro de investigación ubicado en Washington, señala que la crisis de los refugiados venezolanos ha sido creada por el colapso económico generado por el régimen de Hugo Chávez y su heredero. Provea y entes como la Organización de las Naciones Unidas para las Migraciones (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), confirman que las motivaciones de los refugiados para huir del país están relacionados con factores económicos como la hiperinflación y laborales como la carencia de empleos. En segundo lugar aparecen las carencias de alimentos y medicamentos. En tercer lugar los temas de inseguridad y violencia.

Los primeros forzados a abandonar el país fueron los de la clase media profesional, como los ingenieros de PDVSA, después de ser despedidos por el prócer de Sabaneta. Luego siguieron los empresarios que vieron sus empresas confiscadas. Sin embargo, los ingresos extraordinarios del petróleo permitieron correr la arruga, a pesar de los despropósitos cometidos. El problema se agravó después del 2014 con la caída de los precios del petróleo y el desbordamiento de la inflación. La capacidad de compra de las clases medias y de los sectores populares se desplomó generando una crisis humanitaria que obligó a una proporción cada vez más importante de la población a irse del país.

En el 2016 las estadísticas de los organismos que hacen seguimiento a las migraciones indican que 40.000 venezolanos residían en Colombia. La situación se agravó en el 2017 con el repunte de la inflación. En el 2018 la cifra superó el millón de desplazados y la más reciente llegó a 1.800.000 venezolanos residiendo en el país vecino. A partir del 2018 la dolarización comenzó a tomar forma como una manera de escapar de los estragos de la hiperinflación. Los migrantes en el exterior comenzaron a enviar remesas a sus familias lo que aliviaba la situación de estos, ello impulsó a los familiares de los grupos de bajos ingresos a incentivar la emigración de los más jóvenes a fin de que remitieran divisas a los que se quedaba en el país. Ello ha llevado la cifra total de refugiados a más de 5 millones y se espera que supere los 6 millones a finales de año-

La pandemia y el confinamiento cambiaron la situación. Un funcionario de ACNUR, entrevistado recientemente en el canal alemán DW, señalaba que la inserción de los emigrantes en las economías vecinas era precaria, pues se trataba fundamentalmente de empleos en la economía informal, incluso de los trabajadores de mayor calificación. Cuando llegó el Coronavirus, que obligó al confinamiento, esta situación eclosionó y muchos se quedaron sin trabajo, lo que obligó a algunos a plantearse el retomo a Venezuela. Sin embargo, según el funcionario de la ACNUR, esta opción fue elegida por una ínfima minoría ya que la gran mayoría estaba consciente de que no tenía nada que buscar en Venezuela, como lo manifestó indignada una joven madre en una entrevista del mismo canal. Se estima que de 1.800.000 venezolanos que residen en Colombia solo 70. 000 se están planteando regresar, lo que representa menos del 5% de os emigrantes. Sin embargo, a pesar del pequeño número, el régimen venezolano los ha rechazado, calificándolos de apátridas y traidores, pues pusieron en evidencia ante la comunidad internacional el colapso económico y la crisis humanitaria creada por la revolución bolivariana.

Si bien una proporción de los emigrantes son profesionales que han significado una contribución a los países que los reciben, muchos constituyen un problema en especial después de la crisis del Covid 19. Ello ha obligado a los países a una colecta de fondos para ayudar a las naciones receptoras de la emigración venezolana. La Unión Europea y España convocaron a una reunión con el propósito de recabar fondos que permitió comprometer casi 2800 millones de dólares en donaciones.

La crisis de los refugiados venezolanos ha puesto en evidencia ante la comunidad internacional el colapso económico y la crisis humanitaria generada por el régimen bolivariano. El socialismo venezolano como marca ha sido desprestigiado, lo que ha contribuido al aislamiento del régimen de Maduro. Los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana como el presidente Alberto Fernández de Argentina han marcado distancia con las políticas implementadas por los socialistas venezolanos y niega que el derrotero de su gobierno siga la ruta trazada por estos. En las recientes reuniones de la izquierda latinoamericana, donde Fernández aparece con un liderazgo relevante, los representantes del socialismo a la venezolana brillan por su ausencia.

Profesor UCV

En los últimos años los precios del petróleo han disminuido en forma sostenida, lo que ha reducido la rentabilidad del negocio petrolero global, haciendo que los inversores pierdan interés en la actividad y reorienten sus capitales hacia otras alternativas. Los países con elevadas reservas, como Venezuela, corren el riesgo de que tengan que dejar las mismas en el suelo, debido al poco interés de los inversionistas en explotarlas. Ello soporta el planteamiento de Conindustria sobre la necesidad de buscar alternativas a la producción de petróleo.

Durante los últimos años la producción petrolera se desarrolló en un entorno en el cual predominaba la idea de que las reservas se habían agotado, en consecuencia la producción se expandía en función de lo que producían los campos existentes. El temor por el agotamiento del petróleo creó el ambiente para nuevos proyectos y emprendimientos como fue el caso del fracking en los Estados Unidos y nuevos proyectos costas afuera en Noruega y Brasil. Ello impulsó la producción no Opep y posicionó a los Estados Unidos como el principal productor de petróleo a nivel mundial.

En este contexto Arabia Saudita inició una guerra de precios impulsando la producción a fin de provocar la salida de las compañías que laboran bajo el sistema fracking del mercado, sin embargo las inversiones que realizaron dichas compañías lograron sorprendentes incrementos de productividad que permitieron competir exitosamente y superar la guerra de precios planteada por los sauditas. Los precios bajaron a tal nivel que afectaron las finanzas de los árabes los cuales se vieron obligados a abandonar su estrategia y recortar la producción para impulsar los precios.

Los precios se recuperaron pero en abril del 2020 la pandemia y el confinamiento colapsaron la demanda de combustibles iniciando un nuevo episodio que llevó los precios a niveles que hacían poco o nada rentable la actividad petrolera. Ello provocó nuevos recortes que llevaron los precios a niveles cercanos a los 40 dólares el barril en el periodo más reciente.

Todos estos episodios marcaron una tendencia sostenida a la disminución de los precios del crudo de 2015 en adelante lesionado la rentabilidad del negocio petrolero, llevando la misma por debajo de los costos del capital o sea la tasa de interés que cobran los bancos por los créditos concedidos. Ello ha presionado a los inversionistas a alejarse de la actividad petrolera y buscar otras opciones generándose un colapso en la inversión en la actividad petrolera global.

La caída de la rentabilidad afectará a los emprendimientos como los del fracking. Existe un consenso que el crecimiento del fracking americano en la década del 2020 será débil en comparación con el boom previo. Las inversiones, que generaron impresionantes incrementos de productividad en el sistema fracking, han disminuido. Los inversores pueden obtener mejores retornos en otras partes.

El colapso de las inversiones que se inició antes de la pandemia, ha cambiado el panorama del mercado petrolero. La Agencia Internacional de Energía (IEA), un organismo internacional especializado en proyecciones a largo plazo, estima que la inversión en exploración este año caerá a su nivel más bajo desde el año 2005. El banco Golman Sachs espera que la producción de crudo no Opep se estanque en la década del 2020, no debido a la geología sino a la carencia de inversión. Bernstein, una firma de investigación, piensa que la oferta no Opep, la cual aporta el 60 % de la producción global llegará a un pico en el 2025 y luego se mantendrá a nivel del último año.

La caída de la inversión ha agitado el debate sobre el futuro de la producción de crudo. Bernstein examinó las 50 compañías de energía más grandes fuera de la Opep y el caso de la extinta Unión Soviética. En el año 2019 ellos reinvirtieron un promedio de 64% de su flujo de caja operativo. El promedio en el largo plazo fue de 87%. La pandemia ha agudizado el asunto. Los productores han cerrado campos, retardado proyectos y contraído drásticamente la inversión. Se estima que el 15% de los emprendimientos clausurados no se reiniciarán. La IEA estima que la inversión que se traduce en incremento de la oferta será 33% menor este año que en el 2019 y 62% más baja en comparación al elevado nivel que alcanzó en el 2014.

En el contexto descrito, “si el apetito por petróleo disminuye en el futuro debido a los cambios de hábitos, tecnologías limpias, o regulaciones ambientales, los países con vastas reservas (como Venezuela) corren el riesgo de tener que dejar sus reservas debajo del suelo”.

En el hipotético caso que un gobierno de signo contrario al actual desee recuperar la industria petrolera venezolana, actualmente en ruinas, tendrá la dificultad de conseguir inversionistas extranjeros interesados en participar en la reconstrucción de la industria los cuales no abundarán. Ello confirma lo planteado por Conindustria, la recuperación de la industria petrolera será lenta y llena de dificultades. Por ello es necesario priorizar otras actividades que provean las divisas que necesita el país para sustituir las que en el pasado suministraba la actividad petrolera, como la industria, el turismo, el sector agroalimentario.

Referencia:

La mayor parte de este escrito está basado en una síntesis de un artículo publicado recientemente por la revista The Economist: The Economist. 2020.“Investment in oil supply has collapsed, it may no roar back”. Jun 11th 2020.

Profesor UCV

La FAO quedó entrampada en una política de permanente reconocimiento de los logros del régimen bolivariano, ponderando las bondades de los programas alimentarios, a pesar de sus carencias; y generando reportes y estadísticas desactualizadas, que son de precaria utilidad para la caracterización y análisis de la crisis alimentaria que atravesamos. Esto se desprende de un documento suscrito recientemente por 54 organizaciones relacionadas con el sector agroalimentario.

Conocí a José Graziano da Silva hace varios años en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural celebrado en Quito. Allí me enteré de que era uno de los cuadros profesionales, en el área agroalimentaria, del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva. Posteriormente, en el 2006, ascendió a Subdirector General de la FAO y representante de la organización para América Latina, estando el movimiento bolivariano en su apogeo. Luego fue designado como Director General. Como líder de esta organización comenzó una relación con el régimen chavista que se tradujo en varios reconocimientos al régimen por su lucha contra el hambre. Las últimas fueron en los años 2013 y 2015, siendo Maduro el presidente. Uno de los reconocimientos más notables fue el de otorgarle el nombre del Chávez a uno de los programas contra el hambre de la FAO. Estas distinciones probablemente fueron sugeridas por Lula Da Silva o algunos de los aliados políticos del movimiento bolivariano.

Mientras los precios petroleros se mantuvieron en alza la posición de la FAO reflejaba una realidad, el régimen chavista al igual que el de Lula en Brasil había emprendido un conjunto de programas sociales y alimentarios que aliviaron la situación de los más vulnerables y mejoraron sustantivamente la seguridad alimentaria, entendida como el acceso de la población a los alimentos. Después del año 2014 los precios del petróleo se desplomaron y todo el andamiaje que se había construido sobre los ingresos extraordinarios del crudo colapsó. La inflación se desbordó y los indicadores de pobreza y de la población en inseguridad alimentaria se dispararon. A pesar del desastre social y alimentario que el gobierno de Maduro ha generado, la FAO ha continuado su política de enaltecer los logros del régimen.

Ello se desprende del contenido del documento elaborado por 54 organizaciones gremiales, de investigación y consultoría relacionadas con el sector agroalimentario venezolano, en el cual se señala que la FAO sigue alabando las bondades de los programas alimentarios gubernamentales, a pesar de sus carencias y sigue generando estadísticas desactualizadas que corresponden al periodo de la bonanza petrolera (Tal Cual. 2020). A los burócratas de los organismos internacionales les es difícil elaborar estadísticas o visiones que contradigan las de los gobiernos que los financian, debido a ello la burocracia de la FAO no encontró otra solución que repetir la película de la bonaza petrolera una y otra vez para complacer al régimen que le da de comer y escabullirle el bulto a generar información que permita describir el desastre social y alimentario que atravesamos.

El documento suscrito por las organizaciones señaladas comienza haciendo referencia al “informe sobre los impactos potenciales de la pandemia del Covid 19” sobre la seguridad alimentaria en América Latina, preparado por la FAO a solicitud de la Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Tempore de México ante la CELAC; en el cual se señala de forma adecuada la crítica situación alimentaria del país, pero luego celebra la “buena práctica” del sistema de abastecimiento gubernamental comprendido en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (ClAP). Las organizaciones alertan que destacar los CLAP como una “buena práctica” resulta paradójico pues el propio gobierno de Nicolás Maduro reconoció que hasta un 88 % de la población venezolana presenta problemas para adquirir las cajas o bolsas de comida lo que ha originado protestas por parte de los beneficiarios. El valor nutricional de estas cajas también es un tema a considerar pues contienen productos que ofrecen nutrientes desequilibrados y predominan los carbohidratos y las grasas, además de que los productos alcanzan para que una familia se alimente solo por cinco días. Destacaron también las denuncias en torno a os CLAP y el negocio corrupto que mantendrían los gobiernos de México, Colombia y Argentina con el chavismo a la hora de adquirir los productos (Tal Cual. 2020).

Muchas de las estadísticas de la FAO sobre Venezuela tienen el problema de que están desactualizadas y corresponden al periodo de la bonanza petrolera o son proyecciones de ese periodo y pasan por alto la crisis alimentaria que sobrevino después del año 2014. Es el caso del Global Nutrición Report al cual se refieren las organizaciones mencionada en su documento, el cual descansa sobre cifras que tienen 11 años de retraso. Se trata de proyecciones de revistas científicas, basadas a su vez en modelos de cálculos que utilizan cifras que no son consistentes con la situación actual del país. Las organizaciones señaladas ponen en tela de juicio también el Reporte Mundial de Crisis alimentarias 2020, ya que se basaron únicamente en el reporte de Unicef sobre la situación humanitaria del país, que no recoge información completa sobre el estado alimenticio de los niños más vulnerables sino de los infantes beneficiados por los programas, que es un número muy limitado pues se circunscribe a 100.000 niños, lo cual no es representativo de la situación nutricional de los niños más vulnerables del país (Tal Cual. 2020).

Por otro lado en el documento de las organizaciones mencionadas hacen un exhorto al gobierno y a las organizaciones internacionales a monitorear, sin opacidad, las necesidades de la población. Por lo tanto exigen que se emprendan mayores esfuerzos para comprender, actualizar y difundir la verdadera crisis alimentaria y nutricional que sufre el país (Tal Cual. 2020); ya que como es evidente con la información desactualizada aportada por los reportes y estadísticas de la FAO, es imposible tener una visión razonablemente cercana a lo que sucede actualmente.

Nota: Entre las organizaciones autoras del documento mencionado en el escrito se destacan las dedicadas a la investigación y la consultoría como el CIAAL de la ULA(Mérida), el Cendes de la UCV, la Fundación Bengoa y la Red Agroalimentaria de Venezuela.

Referencia

Tal Cual. 2020. “54 organizaciones exigen más pericia en informes sobre situación alimentaria en Venezuela”. 26 de mayo.

Profesor UCV

En líneas generales los países de Europa y Asia están reiniciando sus actividades laborales. En América Latina, Colombia y México han dado pasos en este sentido. En nuestro país Conindustria y Consecomercio han planteado la necesidad de actuar en esta misma línea. Sin embargo el gobierno decidió prolongar la cuarentena, en lo cual parece haber influido la crisis de combustible y probablemente la poca confianza del régimen en sus cifras de contagio, que le hace prever que la pandemia se complicará. Los economistas han sido particularmente críticos con esta decisión la cual condena a los ciudadanos y a las empresas al colapso.

Los países en Europa y Asia están reiniciando sus actividades laborales. Las implicaciones de la cuarentena sobre el desempleo han obligado a estos países a tomar esta decisión a pesar de que las cifras de contagios siguen siendo elevadas. El reinicio de actividades viene acompañado de la continuación de las llamadas medidas de bioseguridad: uso obligatorio de las mascarillas, lavado o desinfección de manos y el distanciamiento social.

En América Latina varios países han dado pasos en el mismo sentido. El gobierno de México anunció que reiniciarán actividades en algunas áreas, entre las cuales destaca la producción de partes de vehículos, que forma parte de una cadena integrada a la producción de vehículos en los Estados Unidos. Colombia también ha comenzado a reiniciar las actividades en la industria manufacturera y en la construcción. En estos últimos países la cuarentena ha hecho estragos en la economía informal incrementando el desempleo y la pobreza, lo cual es un acicate adicional para la flexibilización de la cuarentena debido al elevado peso de la economía informal en sus economías.

En Venezuela la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) ha exhortado al gobierno para que, de forma progresiva, inicie el proceso de restitución de la actividad empresarial en el país. El organismo señalo que el “estado de alarma” decretado en el mes de marzo ha acelerado el deterioro que ya venía presentando el sector manufacturero. Señala también que entre los efectos de la cuarentena destaca la paralización casi total de la industria, con la consiguiente pérdida de miles de empleos agravando la situación de hambre y necesidad por la que atraviesa un elevado porcentaje de la población venezolana. En abril el presidente de Consecomercio propuso levantar el confinamiento de forma gradual para que el resto de los sectores económicos se incorporen de manera progresiva.

Los planteamientos de los industriales y comerciantes parecen haber tenido repercusión en el gobierno. El ministro Tareck El Aissami anunció que el gobierno planeaba flexibilizar la cuarentena en algunos sectores considerados no esenciales, lo cual parecía indicar que Venezuela avanzaría en la misma línea de Colombia y México. La posición del ministro chocaba con las de otros relevantes miembros del tren gubernamental quienes habían manifestado que si la cuarentena se levantaba podía haber un repunte de los contagiados por el virus, echando por tierra los esfuerzos que el gobierno había hecho para controlar la pandemia. Al final el gobierno optó por prolongar la cuarentena por 30 días más.

La decisión del gobierno no luce coherente con las bajas cifras de contagio que el mismo gobierno presenta. Así lo afirma el diputado y economista José Guerra quien planteó que la medida no tiene que ver con el coronavirus pues las cifras de contagiados dadas por el gobierno son muy bajas. Señaló además, que la decisión de prolongar la cuarentena tiene que ver con la crisis de combustible, pues la economía se encuentra paralizada por la restricción impuesta por ésta.

Una razón adicional que debe ser considerada, además de la señalada por Guerra, es la poca confianza que el gobierno tiene en sus cifras de contagiados. El régimen parece estar consciente que las cifras de contagio son superiores y que el problema puede agravarse, como lo ha indicado la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales. La Academia ha señalado que en las cifras oficiales hay un subregistro que oscila entre 63 y 95% y que las cifras de contagiados se elevarán en las próximas semanas.

Los economistas han sido particularmente críticos con la decisión de alargar la cuarentena, por sus implicaciones sobre las empresas. Asdrubal Oliveros de Ecoanalítica señaló que “esto es tan grave como la pandemia”. Señaló Oliveros adicionalmente que “mantener paralizada la economía en medio de la peor depresión económica de nuestra historia y sin un Estado capaz de ofrecer algún estimulo, condena a los ciudadanos y a las empresas al colapso. La cuarentena debe empezar a levantarse”.

Profesor UCV