El dólar paralelo tuvo poca importancia en el año 2014 y en el periodo previo al mismo. Las políticas económicas del régimen madurista han incentivado su crecimiento hasta convertirlo en un elemento clave del régimen cambiario y del entorno económico. En consecuencia, cuando el gobierno dice que mantiene una guerra con el dólar negro y que lo derrotará, en realidad se trata de un boxeo de sombras pues está peleando con una criatura a la cual engendró y amamantó hasta convertirla en el fenómeno que es hoy en día

El gobierno estuvo durante un tiempo restándole importancia al dólar paralelo y su influencia en la economía. Ciertamente, durante el reciente periodo de ingresos extraordinarios del petróleo, el paralelo tuvo una relevancia menor que se reflejaba en el hecho de que las importaciones realizadas con el mismo eran de poca significación. En consecuencia, las presiones sobre este mercado eran bajas, lo cual determinó que el valor del mismo estuviera contenido al menos hasta el año 2014. Un periodista de CNN Dinero comentó en un programa reciente que los periodistas que monitorearon las protestas del año 2014 se sorprendían pues a pesar del clima de tensión política que existía, el dólar del mercado negro se mantenía en 90 bolívares. Ello fue posible porque la capacidad de intervención del gobierno en el mercado era elevada pues sus ingresos lo posibilitaban. El barril de petróleo venezolano se mantenía en un precio de 90 dólares y los mercados internacionales estaban abiertos a las emisiones de bonos de deuda que hacían, tanto PDVSA como los otros organismo públicos, por lo que el ingreso de dólares por concepto de deuda era elevado también.

Sin embargo, la situación cambió en los años posteriores al 2014 en la medida que los precios del petróleo colapsaron, primero por la estrategia de los árabes sauditas de saturar el mercado para derrotar al sistema fracking de los Estados Unidos, y luego por el exceso de petróleo en el mercado internacional debido a los avances tecnológicos y la ralentización de la demanda. Esta situación hizo aflorar la crítica situación de PDVSA y los problemas de flujo de caja de la empresa que limitaban su capacidad de pagar los compromisos de deuda y su aporte al fisco nacional (Ver Rodríguez Rojas, J.E. La agonía de PDVSA. Dígalo Ahí, n° 11,abril 29, 2017 ). Ello llevó al gobierno y a la empresa a una situación de bancarrota que restringió fuertemente las importaciones y la capacidad de intervención del gobierno en el suministro de dólares a los importadores privados, a través de los distintos sistemas que se implementaron para el otorgamiento de dólares preferenciales a estos.

Una investigación de la consultora Ecoanalítica revela que entre mayo del 2016 e igual mes del 2017, las asignaciones de dólares a los importadores privados cayeron 54%. En este entorno, el dólar paralelo ha venido incrementando su importancia pues ante la carencia de dólares oficiales, los importadores se han visto obligados a recurrir al mismo. Adicionalmente a ello y con el fin de reducir el desabastecimiento, el gobierno optó por permitir la importación de alimentos esenciales y medicinas a dólar libre, y su venta a precios sustantivamente elevados inaccesibles para la mayoría de la población y en especial para los más pobres que han sido el target político del régimen. Ello ha permitido reducir el desabastecimiento a costa de elevar la presión sobre el dólar libre y los precios. La política señalada ha aumentado la importancia de las importaciones hechas con el dólar negro, según la investigación de Ecoanalítica, 42,7% de las importaciones del sector privado hechas durante el primer trimestre de este año han sido realizadas con el dólar libre. En consecuencia, ya no se trata de importaciones de escasa importancia en el conjunto.

La mayor importancia del dólar libre se ha acentuado también por el hecho de que después del 2014 la inflación se ha disparado, ante ello los tenedores de bolívares tienden a posicionarse en dólares a fin de proteger su patrimonio. Adicionalmente a ello, la política del Banco Central de financiar el excesivo gasto del gobierno recurriendo a la maquinita de imprimir bolívares, ha impulsado la liquidez (es decir el dinero en manos del público). Esta elevada cantidad de dinero al salir a la calle y no encontrar mercancías que adquirir, se canaliza hacia el dólar potenciando su valor (Rodríguez Rojas, J.E. Bancarrota gubernamental y dólar paralelo. Dígalo Ahí, n° 6, junio 21, 2017).

Los factores señalados han incrementado la presión sobre el paralelo el cual desde el año 2014 ha venido progresivamente incrementando su valor, hasta llegar a superar los 4000 bolívares en los primeros meses de este año. Ante esta alza del paralelo, el gobierno creó recientemente expectativas de que dicha situación cambiaria y que con el nuevo sistema de asignación de divisas llamado DICOM se derrotaría al dólar negro. Sin embargo, dichas expectativas se vieron frustradas pues en las primeras operaciones del DICOM el volumen de dólares transados diariamente fue inferior al del sistema precedente. Se acentuó la idea en los demandantes de dólares que el gobierno en bancarrota no tenía la capacidad de intervenir en el mercado. En consecuencia los importadores privados se volcaron hacia el paralelo acentuando su espiral de ascenso y llevándolo por encima de la cota de 8000 bolívares.

Como hemos visto el crecimiento de la importancia del dólar paralelo y de su valor es consecuencia de la misma política gubernamental, al generar mayor liquidez y mayor inflación por un lado, y por otro, al mermar las asignaciones de dólares al sector privado y tratar de reducir el desabastecimiento incentivando a los importadores privados a recurrir al dólar negro. El dólar paralelo no sube como consecuencia de una guerra económica auspiciada por enemigos del gobierno a los cuales se debe derrotar, sino que se ha disparado como un efecto colateral de la misma política gubernamental. Mientras estas políticas se mantengan, la danza ascendente del dólar negro continuará sin parar y es difícil prever hasta dónde llegará.

Nota: la información sobre la investigación de la consultora Ecoanalítica fue tomada de: El Nacional. “Mercado paralelo cubrió 42,7% de las importaciones privadas entre enero y marzo”. El Nacional, 18 junio, p. 4, 2017.

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El llamado dólar del mercado paralelo atravesó la barrera de los 8000 bolívares. El dólar paralelo ha venido ascendiendo progresivamente desde hace varios años. En ello han incidido el comportamiento de los tenedores de bolívares que ante la inflación desbordada buscan el dólar como refugio para proteger su patrimonio. Por otro lado, el exceso de dinero circulando en la economía, producto de la equivocada política del Banco Central de imprimir dinero para financiar el excesivo gasto gubernamental, también ha contribuido, pues estos bolívares al no conseguir mercancías que comprar se canalizan hacia el dólar, metiéndole presión al mercado.

Adicionalmente a los factores señalados, el ascenso meteórico de la moneda americana es una evidencia de la situación de bancarrota del gobierno y de sus esfuerzos por ocultarla a través de la propaganda. En las últimas semanas la disparada de la divisa americana siguió al inicio de la implementación del sistema de asignación de divisas complementarias llamado “DICOM”, el cual, se había anunciado entre bombos y platillos que derrotaría al dólar paralelo, según palabras del presidente Maduro. Cuando comenzó a funcionar, el sistema DICOM asignó menos divisas diarias que el sistema precedente. Los agentes económicos demandantes de dólares entendieron que el gobierno, en bancarrota, no tenía los dólares para intervenir en el mercado y cumplir con su propósito y corrieron en avalancha a comprar la moneda americana en el mercado paralelo, lo cual hizo que su espiral ascendente se acentuara.

Las ideas expuestas previamente provienen de información de prensa y de una entrevista realizada recientemente a José Guerra, presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional, en el programa CNN Dinero. El presentador del programa, al introducir el tema del exorbitante crecimiento del dólar paralelo, señaló que en Venezuela operan dos sistemas cambiarios oficiales para la asignación de divisas preferenciales. Un primer sistema orientado a entregar divisas para la compra de medicinas, alimentos y otras áreas prioritarias que se ubica en 10 bolívares. Un segundo sistemción de divisas complementarias llamado DICOM, el cual se ubica en 2200 bolívares. Además de estos sistemas oficiales, está el llamado mercado paralelo que algunos denominan mercado negro, el cual ha ido progresivamente ascendiendo, desde 90 bolívares en el año 2014 hasta rebasar los 8000 bolívares a mediados de junio del presente año. Esto implicó un crecimiento del 9000 % según las estimaciones del programa mencionado.

El periodista de CNN interrogó a José Guerra sobre las causas del acelerado incremento del dólar en el mercado paralelo. Guerra destacó dos causas como las más relevantes. La primera es que los venezolanos se deshacen de los bolívares que tienen para comprar dólares, como un mecanismo de protección contra la inflación desbordada que se estima este año se ubicará en 800%. Los que tienen bolívares están condenados a perder su patrimonio por lo cual buscan refugio en la divisa americana. La segunda razón, argumenta Guerra, es que para que haya un dólar que cueste 8000, tiene que haber los bolívares para comprarlos, estos bolívares los crea el Banco Central de Venezuela (BCV) financiando el déficit del gobierno. El BCV imprime, con la maquinita de imprimir bolívares, mayor cantidad de moneda nacional, la cual sale a la calle y al no encontrar bienes o mercancías que comprar se canaliza hacia la compra de dólares. Esto es lo que en Venezuela se denomina dinero inorgánico. Debido a la acción del BCV imprimiendo dinero, la liquidez, o sea el dinero en manos del público, ha crecido 400% en un año, comparando mediados de junio del 2016 con mediados de junio del 2017. Esta espiral ascendente del dólar no se sabe cuándo va a parar.

Otro tema abordado en la entrevista, fue el relacionado con el nuevo sistema de asignación de divisas llamado DICOM. El periodista planteó que el nuevo sistema de subastas de dólares implementado por el gobierno estaba orientado, según palabas del presidente Maduro, a derrotar al dólar paralelo. El periodista le preguntó a Guerra sobre lo que sucede con estas subastas y si tendrían algún efecto positivo. El diputado respondió que no, que fueron un fracaso absoluto. El fracaso se refleja en la forma como el dólar paralelo se ha disparado. El sistema DICOM es un sistema de racionamiento de divisas bajo el cual una persona no puede comprar las divisas que desea, al no poder hacerlo debe acudir al paralelo. Un industrial o un comerciante que no recibe los dólares que necesita del DICOM tiene dos opciones: cierra el negocio o acude al mercado paralelo. El sistema DICOM satisface apenas un 20% de las necesidades de divisas que se le plantean, queda un 80% de la demanda insatisfecha que va al paralelo y compra dólares al precio que sea, lo cual le mete presión al mercado y hace que la divisa se dispare. El sistema de asignación de divisas oficial es un sistema opaco en el cual no se sabe cuáles son los criterios bajo los cuales se han asignado los dólares. Señala Guerra, que mientras los venezolanos tengamos este control con cambios múltiples va a existir un mercado paralelo o negro. Esta es la historia universal de los controles de cambio que ha acabado con la economía venezolana.

El periodista de CNN introdujo el tema de la corrupción y señaló que este tipo de sistemas se presta a toda clase de actos de corrupción. Ante esto, Guerra señaló que partiendo de la base del dólar DICOM, el cual se ubica en un poco más de 2000 bolívares, no hay negocio de ninguna naturaleza en el mundo (ni la droga, ni el tráfico de armas) que pueda competir con el hecho de que usted pueda obtener un dólar a 2200 bolívares y revenderlo a 8000. Es un negocio demasiado jugoso. En consecuencia, el problema no está en los venezolanos o en los empresarios, el problema está en el control de cambio que genera brechas tan significativas entre uno y otro tipo de cambio que promueve todo tipo de hechos ilícitos y de corrupción. En Venezuela hay gente que se ha hecho rica sin trabajar con estas transacciones, que logran capturar estos dólares tan baratos para luego voltearse y revenderlos en el mercado paralelo.

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En una operación de reciente data el Banco Central de Venezuela vendió bonos de PDVSA a Goldman Sachs, un banco de inversión del “Imperio”, a precios de gallina flaca, operación en la cual el banco estadounidense realizó pingues beneficios. Los bonos en cuestión habían sido negociados por PDVSA al Banco Central de Venezuela (BCV) en el año 2014 y se vencían en el año 2022, por lo cual estaban en manos del instituto financiero como un activo de la República.

Los bonos de PDVSA cuando se transan en el mercado no se venden al 100% de su valor, sino con un descuento que depende del riesgo de impago de la empresa. Estos bonos son atractivos por los elevados intereses que pagan, cerca de 30%, cuando otros países latinoamericanos pagan menos de 9%. Su atractivo proviene también de las elevadas reservas petroleras que PDVSA posee. Sin embargo, los problemas de flujo de caja (flujo de efectivo) de la empresa venezolana hacen de estos títulos una inversión de elevado riesgo, por lo cual tiene un fuerte descuento cuando se negocian en el mercado.

La venta a Goldman Sachs fue reportada y analizada por noticieros y publicaciones especializadas en el área económica, las cuales señalaron que los bonos tenían un valor de 2,8 mil millones de dólares y habían sido vendidos por 865 millones de dólares, lo cual equivale a un 31% de su valor. En este contexto, CNN Dinero entrevistó al Director ejecutivo de la consultora Ecoanalítica Alejandro Grisanti, preguntándole si era cierto que los bonos de PDVSA 2022 habían sido vendidos muy baratos. Grisanti respondió afirmativamente señalando que bonos de PDVSA similares a los transados en la negociación estaban siendo ofertados en el mercado con un 55% de descuento aproximadamente. En otras palabras, un inversionista poseedor de esos bonos podía obtener entre 44 y 45 centavos por cada dólar invertido en los bonos. En contraste, el PDVSA2022 objeto de la negociación fue vendido con un descuento de casi 70% obteniendo el BCV 31 centavos de dólar por cada dólar invertido en los títulos señalados. En consecuencia, comparado con los precios del mercado, el banco de inversión estadounidense obtuvo un descuento adicional del 30%. En cifras absolutas el descuento equivale a cerca de 364 millones de dólares que el Banco Central de Venezuela regaló al banco estadounidense. En ese sentido, uno de los aspectos que no se entiende es como un gobierno que acusa al “Imperio” de alentar una guerra económica en su contra, le regala a un banco de inversión del “Imperio” una millonada como la señalada.

La segunda pregunta que el presentador de CNN Dinero le planteó a Grisanti es por qué el gobierno negoció el PDVSA2022 por debajo de los precios del mercado. La respuesta de Grisanti es que se trata de un gobierno que está buscando financiamiento desesperadamente, que está enfrentando una crisis de gobernabilidad muy fuerte, fuertemente cuestionado por la población. La operación es reflejo de un gobierno muy débil, que se encuentra en una calle ciega de la cual no sabe cómo salir y al final lo que está es raspando la olla, endeudando al país. Como consecuencia de la negociación se transformó un activo en manos del BCV en una deuda, incrementándose la proporción de la deuda de PDVSA en manos foráneas. Venezuela está recibiendo 865 millones de dólares, unas migajas, frente a los 3640 millones de dólares que tendrá que pagar en los próximos cinco años. Por cada dólar obtenido, PDVSA va a tener que pagar 4,2 dólares, es decir, está cuadruplicando los pagos que tiene que hacer en los próximos cinco años.

La negociación generó una fuerte respuesta por parte de la Asamblea Nacional (AN), cuyo presidente Julio Borges dirigió una comunicación al CEO (gerente ejecutivo) de Goldman Sachs, señalándole que con la operación se estaba financiando a una dictadura que viola los derechos humanos. Además, señaló que la AN está discutiendo si en un futuro un gobierno democrático reconocerá la operación como legitima. Henrique Capriles, el excandidato presidencial de la oposición, se expresó en los mimos términos que Borges.

Goldman Sachs, en una comunicación dirigida a CNN Dinero expresó que “habían hecho la inversión porque creemos que la situación en el país debe mejorar con el tiempo, reconocemos que la situación es compleja y que Venezuela está en crisis. Estamos de acuerdo que la vida allí tiene que mejorar e hicimos la inversión porque creemos que así será”. Con todo lo criticable que puede ser la decisión del banco estadounidense, su comunicación es un mensaje de optimismo.

La operación develó las contradicciones de un gobierno que maneja un discurso socialista, anti capitalista y anti imperialista, el cual usa como una guayabera, se lo quita y se lo pone de acuerdo con las circunstancias. En el marco de estas contradicciones no tiene reparos, en su desesperación por conseguir recursos, de regalarle una millonada de dólares a un banco estadounidense e hipotecar al país, mientras la población padece penurias de toda naturaleza por la carencia de divisas para importar alimentos y medicinas.

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Los países de América Latina han desarrollado, desde hace varias décadas, una relación con los Estados Unidos que oscila entre alianzas comerciales y políticas de diverso orden, como en el caso de Chile, Colombia, Perú, República Dominicana y México, o un régimen de tolerancia mutua como en el caso de los países de la llamada alianza bolivariana. Incluso Cuba ha iniciado un proceso de acercamiento hacia el coloso del norte, a fin de incrementar el turismo estadounidense hacia la isla y aumentar el flujo de dólares, que el régimen de Raúl Castro necesita desesperadamente ante la caída de la ayuda venezolana.

En el contexto descrito, Colombia ha sido el país que ha llevado a cabo una alianza más franca y estrecha, que se acaba de ratificar en fecha reciente con la reunión entre Trump y Santos, en la cual el polémico presidente de los Estados Unidos le ratifico al colombiano su disposición a continuar el apoyo estadounidense a la lucha contra las drogas y al proceso de paz. La exitosa lucha del gobierno neogranadino contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas ( FARC) no hubiera sido posible sin el apoyo estadunidense, implementado a través del Plan Colombia.

El Plan Colombia se inició en el año 1999 e implicó el apoyo militar y financiero de Estados Unidos a través de asesores, equipos y tecnología y sobre todo de información proveniente de satélites y de labores de espionaje, con el propósito de terminar el conflicto armado y crear una estrategia antidroga. Gracias a este apoyo y a la fuerte determinación de líderes, como el ex presidente Uribe, los colombianos lograron arrinconar a las FARC, la cual no tuvo otra opción que sentarse a la mesa de negociación y acceder a un proceso de paz, que todavía es objeto de polémica entre nuestros apreciados vecinos.

Mientras Colombia, con el apoyo estadunidense enfrentaba militarmente a las FARC, Chávez impulsaba una alianza con la narco guerrilla intentando financiarla en un primer momento, con el propósito de debilitar al gobierno de Uribe y hacer posible un gobierno de las FARC en los territorios “liberados” del vecino país, con el reconocimiento de los países de la llamada alianza bolivariana de naciones. De este modo los militares venezolanos se vieron involucrados con la narco guerrilla y sus negocios, dándoles un apoyo explicito del lado venezolano, por órdenes del presidente.

Una vez elegido Santos, y siendo evidente la derrota de la guerrilla, el astuto presidente colombiano convence al obsesionado Chávez, que lo más conveniente para su prestigio y liderazgo internacional era sentar a las FARC a la mesa de negociación y aupar el proceso de paz, por lo cual podría incluso ser merecedor del Premio Nobel de la Paz. Ante tal perspectiva, Chávez accede a impulsar las negociaciones, dejando colgados a sus aliados. Sin embargo, el daño estaba hecho, pues la relación de los militares venezolanos con la narco guerrilla ya era un hecho, lo que posibilitó que ésta utilizara el territorio venezolano como área de descanso y recuperación para sus maltratadas tropas, y como vía de transito para la droga dirigida a Estados Unidos y Europa, custodiada por los militares venezolanos.

La participación de militares venezolanos en el tráfico de droga ha llevado al gobierno estadounidense a acusar y sancionar a varios altos mandos militares. Estas acusaciones y sanciones se han extendido a miembros del alto gobierno como el Vicepresidente de la República. La detención y posterior juicio de dos sobrinos de la primera dama revelan hasta que punto la narco guerrilla ha sido exitosa en su tarea de penetración de las instancias militares y gubernamentales venezolanas.

En consecuencia, mientras Santos estrechaba la mano de Trump ratificando la alianza de Colombia y Estados Unidos, el presidente Maduro insultaba al mandatario estadounidense solicitándole que sacara sus cochinas manos de Venezuela, en respuesta a las sanciones que el Departamento del Tesoro había impuesto a los miembros del TSJ, por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.

En un artículo reciente que trata de analizar las realidades del poder en Venezuela Moisés Naím señala que el presidente Maduro es un títere de tres mafias que son las que realmente deciden en el país. Una de esas mafias es la de los narcotraficantes. Señala Naim “Que ellos constituyen el otro gran poder que hace que Maduro no importe mucho. Venezuela es hoy una de las principales rutas de la droga a los Estados Unidos y Europa. Esto significa que hay miles de millones de dólares en juego y que en el país opera una vasta red de personas y organizaciones que controlan ese comercio ilícito y la enorme cantidad de dinero que genera. Según las autoridades estadounidenses, una de esas personas es el Vicepresidente Tareck El Aissami, así como un buen número de militares y de familiares y socios de la oligarquía chavista”.

La gran mayoría de los países de América Latina mantienen una relación con los Estados Unidos que implica alianzas de diverso orden. En esas alianzas la lucha contra las organizaciones delictivas que giran alrededor del tráfico de drogas es una de las vertientes de mayor peso. Nuestros vecinos, como Colombia, han estrechado vínculos con los Estados Unidos a fin de reafirmar sus compromisos en esta dirección, conduciendo al país a una mayor estabilidad y menor nivel de violencia. En este contexto el gobierno de Venezuela luce entrampado con el narcotráfico, manteniendo un estéril enfrentamiento con los Estados Unidos, que lo ha conducido a un progresivo aislamiento de sus vecinos latinoamericanos.

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El gobierno de Maduro es incapaz de cumplir con los compromisos derivados de la deuda externa, declarando por la vía de los hechos, la cesación de pagos (default), aislándose de los mercados financieros internacionales. Ante esta situación, el diputado José Guerra plantea que un eventual gobierno de la oposición debe retornar a los mercados internacionales, proponiendo un programa de refinanciamiento de la deuda. Este programa debe incluir, como tarea previa, la implementación de un programa económico orientado a impulsar el crecimiento y controlar la inflación. Ambas iniciativas deberían dirigirse a la generación de recursos que permitan incentivar las importaciones, a fin de aliviar la crisis humanitaria que padecemos.

Un grupo de pasajeros de la línea aérea CONVIASA quedaron varados en el aeropuerto de Maiquetía durante varios días, sin que la línea aérea les informara sobre las razones del retraso. Entre los pasajeros figuraban un grupo de médicos que planeaban asistir a un congreso de medicina en Argentina. La paralización de los vuelos internacionales de CONVIASA , se debió a la suspensión de la póliza de seguros de varios aviones por deudas pendientes y al retiro de una de las aeronaves que rentaba a la empresa española Wamos, la cual procedió a confiscar el avión, por la imposibilidad de cobrar la deuda por el alquiler de la aeronave.

La situación de CONVIASA, una empresa pública, es parte de la bancarrota que sufre el gobierno de Maduro, la cual se refleja en la imposibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores internacionales. El gobierno está actuando en la práctica como si hubiera declarado una cesación de pagos de la deuda externa (default). Reflejo de ello es que los bonos de Venezuela en el mercado de valores de Nueva York se están cotizando a precio de default, según fuentes financieras citadas por el programa CNN Dinero. En otras palabras el mercado está actuando como si el gobierno hubiera declarado el default.

El gobierno ha intentado paliar esta situación tratando de obtener préstamos de las instituciones financieras internacionales, colocando como garantía el oro de las reservas y otros activos que posee. Esta opción fue discutida en una edición reciente del programa CNN Dinero, donde se entrevistó a Alejandro Arreaza, un economista de la compañía de servicios financieros Barclays. En dicho programa se puso en cuestión la capacidad de pago del gobierno de Venezuela y las alternativas que tiene. El entrevistador del programa Xabier Serbiá expuso que el gobierno venezolano posee diversos activos que lo colocan en condiciones de pagar sus compromisos de deuda en el futuro inmediato. Entre esos activos mencionó el oro de las reservas internacionales, bonos de PDVSA, recursos en el Fondo Chino y dinero en cuentas de PDVSA en el exterior. Arreaza respondió que la mayoría de esos recursos no son líquidos o sea requieren ser transformados en efectivo para poder ser utilizados en los pagos de la deuda. El gobierno venezolano ha intentado realizar esta operación, pero en la medida que se ha colocado en una situación de ilegitimidad al violar la constitución nacional, las puertas de los mercados financieros internacionales se le han cerrado, ya que los entes financieros no están dispuestos a involucrarse en una operación con el gobierno en tales condiciones.

En la situación descrita el gobierno que suceda al régimen bolivariano heredará, parafraseando a Luis Herrera Campins, un país hipotecado, aunque en esta ocasión los compromisos derivados de la hipoteca serán imposible de pagar. Ello ha generado un debate sobre la deuda externa que ha implicado varios aspectos: el precario estado de PDVSA, la legalidad y legitimidad de la deuda, la capacidad de pago del gobierno, el elevado costo social de la estrategia de pago de la deuda por parte del régimen de Maduro, las políticas requeridas para impulsar la generación de divisas en áreas diferentes a las petroleras y la conveniencia de renegociar y refinanciar la deuda en un eventual gobierno de la oposición (Ver : Rodríguez Rojas, José E. Deuda externa y crisis humanitaria, Dígalo Ahí, n° 1, mayo 3, 2017 ).

En este contexto el diputado José Guerra ha venido insistiendo en que, a los precios del petróleo vigentes, la deuda es impagable. Así lo expresó en una entrevista realizada en una edición reciente del programa CNN Dinero. Según el diputado, ante esta situación el gobierno de Maduro ha optado por pagar la deuda utilizando las divisas requeridas para importar alimentos y medicinas, lo cual implica una solución que ha conllevado un costo social muy elevado. A juicio del economista es necesario encontrar una solución al pago de la deuda que involucre un menor costo social. Ante la situación actual, donde el gobierno se ha aislado de los mercados financieros declarando por la vía de los hechos un cesación de pagos, Guerra ha planteado que un gobierno de la oposición debe retornar a los mercados financieros internacionales solicitándole a los acreedores una renegociación de la deuda y un programa de refinanciamiento de la misma, ya que la deuda en las condiciones actuales no se puede pagar. La renegociación debe implicar la consecución de nuevos recursos para incrementar las importaciones y aliviar la crisis humanitaria.

El programa de refinanciamiento mencionado debe incluir, como tarea previa, la implementación de un programa económico que se oriente a impulsar el crecimiento. Este programa debe implicar un desmantelamiento de las políticas de controles y la liberalización del tipo de cambio y de los precios de los productos de consumo diario. Adicionalmente a ello es necesario una reforma fiscal y dotar a al Banco Central de instrumentos que le permitan el control de la inflación. Las políticas de controles limitan la generación de divisas en las actividades diferentes al petróleo, su eliminación permitiría incentivar las exportaciones no petroleras y compensar la alicaída oferta de moneda extranjera que provee PDVSA. La liberalización del tipo de cambio es una idea compartida por otros economistas como Francisco Rodríguez de la firma Torino Capital y asesor de UNASUR, quien ha señalado que la eliminación del control de cambio y el logro de un tipo de cambio más próximo al del mercado, estimularía un ingreso de divisas por exportaciones no petroleras del orden de los 8 mil millones de dólares.

El otro aspecto abordado por economistas entrevistados por Victor Salmeron, en la página de Prodavinci, es la necesidad de involucrar a los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI en la búsqueda de una solución al problema de la deuda venezolana. Estos organismos son claves en la obtención de nuevos préstamos que ayuden a incrementar las importaciones y aliviar la crisis humanitaria. Este es un tema polémico dada la resistencia del régimen chavista a vincularse a estos organismos.

Profesor UCV

La casi totalidad de las divisas que ingresan a Venezuela son aportadas por las exportaciones de petróleo. El descalabro de PDVSA ha disminuido el ingreso de divisas y limitado la capacidad de pago de la nación. La deuda externa, a los precios del petróleo vigentes, es impagable. El gobierno ha optado por pagar la deuda recurriendo a las divisas requeridas para la importación de alimentos y medicinas, lo que ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. La superación de la crisis humanitaria pasa por encontrar una solución al pago de la deuda, sin afectar las divisas requeridas para las importaciones esenciales. Debido a ello, el tema se ha convertido en uno de los elementos claves de la discusión reciente sobre una política económica alternativa, a la implementada por régimen.

El régimen chavista ha profundizado la dependencia del petróleo. Según Prodavinci, en un trabajo sobre la deuda titulado “Entre la iliquidez y la insolvencia”, alrededor del 96% de los ingresos por exportación de Venezuela provienen del petróleo. Las exportaciones por concepto de petróleo han venido descendiendo debido a la sostenida caída de la producción de PDVSA. Este declive en la producción es un reflejo del descalabro de la empresa, debido a que no se han realizado las inversiones necesarias para el mantenimiento y expansión de su capacidad productiva. A los precios actuales del petróleo, la empresa carece del flujo de caja (flujo de efectivo) necesario para realizar tales inversiones y la producción continuará declinando, reduciendo la disponibilidad de divisas para pagar los compromisos de deuda de la empresa y de la nación (Ver: Rodríguez R., José E. La agonía de PDVSA, Digalo Ahí Digital, n° 11, abril 29, 2017 ).

Otra herencia que el régimen chavista le dejará a un futuro gobierno, será la pesada carga de la deuda externa. Parte de esta deuda ha sido contraída en condiciones poco transparentes, durante el ciclo de elevados precios del petróleo. Los bonos emitidos han sido concedidos a amiguetes del gobierno que se han beneficiado de los elevados intereses que se han pagado por los mismos. El crecimiento de la deuda ha elevado ésta a montos superlativos, dificultando su manejo. La deuda de los gobiernos latinoamericano se ubica en promedio en un 37, 6% del PIB, según la CEPAL, incluyendo tanto la interna como la externa. La deuda venezolana es equivalente a un 97% del PIB, según estimaciones recientes de la firma Torino Capital, una cifra estrambótica que revela las irregularidades que subyacen detrás de la misma. La gran mayoría de esa deuda es externa.

En la medida que la crisis humanitaria pasa por encontrar una solución viable al pago de la deuda externa, este último tema se ha posicionado como uno de los elementos claves en la discusión reciente sobre política económica. Ello se ha traducido en la realización de foros, entrevistas y artículos, en las páginas web de diversa orientación política, como las de Prodavinci y Aporrea. En la página de Prodavinci, en el contexto del trabajo mencionado sobre la deuda, Victor Salmerón entrevistó a varios economistas a fin de escuchar sus opiniones. También el tema ha sido abordado en varias ediciones recientes del programa CNN Dinero, donde se ha entrevistado a economistas especializados en el área, a fin de poner en cuestión la capacidad de pago de Venezuela y las alternativas que se pueden manejar.

En el marco de esta discusión el diputado José Guerra ha venido insistiendo en que, a los precios del petróleo vigentes, la deuda es impagable. Así lo expresó en una entrevista realizada en una edición reciente del programa CNN Dinero. Según el diputado, ante esta situación el gobierno de Maduro ha optado por pagar la deuda utilizando las divisas requeridas para importar alimentos y medicinas, lo cual implica una solución que ha conllevado un costo social muy elevado. A juicio del economista es necesario encontrar una alternativa al pago de la deuda, que involucre un menor costo social. El diputado ha planteado, que una vez que la oposición llegue al gobierno, debe solicitar un refinanciamiento de la deuda.

Uno de los temas más neurálgicos, expuestos por los economistas entrevistados por Victor Salmerón en la página de Prodavinci, se relaciona con la necesidad de revisar las políticas económicas de controles que limitan la generación de divisas en las actividades diferentes al petróleo, lo cual permitiría compensar la alicaída oferta de moneda extranjera que provee PDVSA. Otro de los temas abordados se vincula con la necesidad de involucrar a los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI, en la búsqueda de una solución al problema de la deuda venezolana. Este es un tema polémico dada la resistencia del régimen chavista a vincularse con estos organismos.

En la página de Aporrea Carlos Carcione, plantea el tema de la legitimidad de la deuda externa y de las opacas condiciones en las cuales la misma fue contraída y sugiere la necesidad de auditar la legitimidad y legalidad de la misma.

En síntesis el debate sobre la deuda externa ha implicado varios aspectos: el precario estado de PDVSA, la legalidad y legitimidad de la deuda, la capacidad de pago del gobierno, el elevado costo social de la estrategia de pago de la deuda por parte del régimen de Maduro, las políticas requeridas para impulsar la generación de divisas en áreas diferentes a las petroleras y la conveniencia de renegociar y refinanciar la misma en un eventual gobierno de la oposición.

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En la nueva situación del mercado petrolero, dominada por la sobreoferta, la OPEP ha perdido su capacidad de controlar los precios. La sobreproducción ha sido generada por una revolución tecnológica que ha impulsado la oferta de petróleo. Como parte de esta revolución el sistema de producción fracking ha cambiado las reglas de juego de la industria. En este contexto, el régimen bolivariano sumergió a PDVSA en un estado de postración, como consecuencia del cual la producción ha venido disminuyendo. En el entorno actual del mercado, dominado por bajos precios, la empresa es inviable y su producción continuará declinando, en una lenta agonía, a menos que se implementen reformas para adaptarla a la nueva situación del mercado.

En el pasado mes de marzo de este año CNN Dinero dedicó otro programa al tema petrolero. En esta oportunidad, entrevistaron al experto petrolero Evanán Romero, quien se desempeño como viceministro de energía y minas en el segundo gobierno de Rafael Caldera. El tema planteado por el entrevistador Xavier Serbiá, fue el relacionado con el comportamiento de los precios del petróleo y la incapacidad de los productores de la OPEP de generar una recuperación significativa de los mismos. El acuerdo de la OPEP impulsó los precios hasta un pico en enero, cuando rondaron los 60 dólares el barril, pero a partir de allí los precios comenzaron a bajar hasta ubicarse en alrededor de 50 dólares y la tendencia del mercado continuaba a la baja. El fracaso de la OPEP en controlar los precios, ha llevado al banco de inversión Goldman Sachs a concluir que ya la OPEP no es una organización “hacedora de precios sino una gran administradora de recursos petroleros”.

Ante estos planteamientos, el experto entrevistado señaló que el fracaso de la OPEP era normal en un mercado dominado por la sobreoferta de petróleo. Los avances tecnológicos, que han impulsado la oferta de petróleo, han cambiado las reglas del juego del negocio. Un elemento clave de esta revolución tecnológica es el sistema de fracturación hidráulica conocido como fracking, el cual ha contribuido a impulsar la producción de crudo de los Estados Unidos y convertido a este país en el primer productor de crudo del mundo. Según Romero, Arabia Saudita trató, en el año 2014, de cambiar esta situación y eliminar la producción basada en el fracking, a tal fin inundaron el mercado y bajaron los precios hasta llegar a los 26 dólares. Sin embargo, fracasaron en su propósito y lo que lograron fue presionar a los productores de fracking a incrementar su eficiencia y productividad. 60% de los pequeños productores basados en este sistema sobrevivieron. Las grandes empresas estatales de producción de crudo, como la de Arabia Saudita, fracasaron y debieron renunciar a su intento de eliminar el fracking, ya que su situación fiscal había sido afectada y era insostenible. Este evento fue un hito que reveló hasta qué punto los productores OPEP perdieron el control del mercado.

A continuación el entrevistador del programa señaló, que el sistema fracking también había sido afectado por los bajos precios, pues se vieron obligados a endeudarse. Si los precios bajan de 45 dólares los productores enfrentarán problemas de financiamiento, ya que los bancos cerrarían el grifo.

Ante esta posibilidad, Romero respondió que esto es correcto, la situación de ahora en adelante será de precios bajos y las perspectivas que se avizoran es que ahora van a entrar al fracking las grandes compañías transnacionales, que tienen recursos propios y no tienen que recurrir a los bancos. En consecuencia los pequeños productores serán desplazados. Esta es la prioridad de estas grandes compañías, que ya no están entrando en la explotación petrolera en el golfo, Siberia o Alaska. Estima que el precio no va a pasar de 65 a 70 dólares.

Al final de la entrevista, el experto petrolero señaló que esta nueva situación pone en un predicamento a las grandes empresas estatales productoras de petróleo. A su juicio estos dinosaurios corren el riesgo de desaparecer. Con estos niveles de precios no hay forma en que los estados puedan mantener estos parapetos ineficientes, burocráticos y dominados por la corrupción. Ellos van a desaparecer. Los que no incluyeron las reformas, caso PDVSA de Venezuela, van a desaparecer. Pemex de México está acelerando las mismas.

La aseveración de Romero sobre PDVSA es confirmada por varias fuentes. Por un lado el estado de postración de PDVSA ha sido reconocido por instituciones como el IESA. El jefe del Centro de Energía y Ambiente del IESA Francisco Monaldi y Diego Guerrero del mismo centro, han resaltado el declive de la producción de la estatal y los factores que han incidido en ello, destacando el descuido en cuanto a atender las necesidades de inversión y mantenimiento de la empresa. El régimen bolivariano cifró sus esperanzas en que la OPEP lograría un incremento sustantivo en los precios del petróleo y orientó los recursos para mantenimiento e inversión a otros fines, raspando la olla sin contemplación alguna. El incremento de la burocracia y la dispersión de la empresa en diversos propósitos diferentes al de una empresa petrolera, ha incrementado su ineficiencia. Adicionalmente a ello, el flujo de caja (flujo de efectivo) de la empresa se ha reducido, ya que una buena parte de la producción se destina a pagar los compromisos con China y otra parte a apoyar los compromisos del Pacto de San José y el apoyo a Cuba. El precario flujo de caja limita la posibilidad de que la empresa pueda afrontar los gastos de mantenimiento y la inversión necesaria para impulsar la producción y recuperarse.

Analistas de firmas financieras informaron recientemente, en la página de Bloomberg especializada en noticias de negocios y mercados, que PDVSA necesita un precio mínimo de 100 dólares para tener un flujo de caja que le permita realizar las inversiones requeridas para impulsar la producción y comenzar un proceso de recuperación. A los bajos precios, que se prevén dominarán el mercado, la empresa no es viable y su producción continuará declinando tal como lo afirma el experto entrevistado por CNN.

En síntesis, el chavismo ha llevado a la compañía petrolera a un estado de postración que pone en duda su sostenibilidad, en la nueva situación de bajos precios que dominarán el mercado petrolero de ahora en adelante. En consecuencia la agonía de PDVSA se prolongará en el tiempo, a menos que se emprendan reformas para adaptarla a las nuevas características del mercado.

Profesor UCV

El mercado del petróleo tiende a ser excedentario, debido a ello predominarán los precios bajos. En este contexto, las grandes compañías estatales como las de Rusia y Arabia Saudita se adaptan a este entorno, combinando una estrategia de mejorar los precios con otra dirigida a lograr elevados niveles de producción, que les permitan mantener su posicionamiento en el mercado. La política del gobierno de Venezuela se ha centrado exclusivamente en mejorar los precios y ha dejado de lado la inversión en la industria, lo cual ha ocasionado un declive de la producción que impide una estrategia de posicionamiento en el mercado. En consecuencia, su ingreso tiende a disminuir y su participación en el mercado es cada vez menos relevante.

En el reciente mes de enero, el presentador del programa CNN Dinero Xabier Serbià, entrevistó al experto petrolero Jorge Piñón quien se desempeña como jefe del Centro de Energía y Ambiente de la Universidad de Texas en Austin. La entrevista se concentró en el informe recientemente publicado por British Petroleum (BP) sobre la situación del mercado petrolero. Piñón señaló que el informe, a pesar de ser emitido por una empresa, es reconocido por su objetividad por parte de la industria y los sectores académicos.

Según el informe de BP, los productores de petróleo deben acostumbrarse a que habrá precios bajos del petróleo en forma prolongada. BP argumenta que la principal causa por lo cual eso sucederá, es que habrá un exceso de petróleo en el mercado. Se mencionan 3 razones que provocan esto: 1) Hay más reservas, 2) La tecnología permite encontrar petróleo donde hace poco no se podía encontrar o no se podía sacar, 3) Hay menos demanda debido a que el consumo está orientándose cada vez más a energías alternativas y por una mayor eficiencia en el uso de la energía.

Añadió Jorge Piñón, que el consumo de petróleo en el sector eléctrico va a desparecer en los próximos 10 a 15 años, el petróleo se está reemplazando con el gas, el carbón y las energías renovables. 80 % del petróleo que se consume globalmente es para el sector del transporte. La mayor eficiencia del transporte y el ahorro de los consumidores va a mantener en un nivel menor el consumo de petróleo. El consumo de combustibles líquidos: gasolina, diesel y combustibles para aviones, no va a crecer al nivel que se esperaba según BP.

Como consecuencia de un mercado dominado por el exceso de oferta, el acuerdo de la OPEP tuvo un impacto limitado en el mercado. Los precios llegaron a un pico el 17 de enero de este año. Uno de los precios utilizados en la industria, el WTI, llegó a 58 dólares el barril y en marzo disminuyó a 48. El otro marcador de precio, el Brent llegó a rozar los 60 dólares y en marzo bajó a 50 por barril, en consecuencia la tendencia es a la baja. La Agencia Internacional de Energía dice que los inventarios siguen creciendo por lo cual los precios siguen bajos.

Según Piñón, las grandes compañías estatales se están ajustando a este escenario de bajos precios, el ajuste lo vimos a finales de año pasado cuando países como Arabia Saudita querían proteger su participación en el mercado indio y chino, que son los mercados de mayor crecimiento. El objetivo de estas compañías en este momento, no es solo el precio, sino la participación en el mercado para poder mantener su nivel de producción elevado en el futuro. En el mes de noviembre, Rusia fue por primera vez el principal suministrador de petróleo a China. Ello quiere decir que Arabia Saudita tendrá que luchar por mantener su participación en el mercado de India y China.

Venezuela, a diferencia de Arabia Saudita y Rusia, ha centrado su estrategia solo en la elevación de los precios y no en el posicionamiento del mercado. Esto último no es posible debido a la declinación de la producción de PDVSA. Disminución de la producción que se genera porque el gobierno ha descuidado a la industria y no ha hecho las inversiones y el mantenimiento necesario, confiado en que los precios se elevarán y de ese modo los ingresos de PDVSA se recuperarán. Lo anterior se deriva de lo planteado por Diego Guerrero del IESA en un artículo denominado “La vertiginosa caída de la producción petrolera venezolana”, en el cual plantea que “la política petrolera venezolana se ha concentrado en coordinar infructuosamente con los principales actores del mundo para recuperar el precio del petróleo. No obstante en lo interno la industria parece desatendida, pues no se dan pasos definitivos para estabilizar y aumentar la producción”.

Como consecuencia de la declinación de la producción, la presencia de Venezuela en el mercado petrolero es cada vez menos relevante. Hace pocos años se ubicaba entre los primeros diez productores de petróleo del mundo. Las últimas cifras publicadas, ubican a nuestro país en el puesto número 13. En los mercados de mayor crecimiento, como el de China, la participación no es relevante.

Guerrero, Diego. La vertiginosa caída de la producción petrolera venezolana”. Disponible en: iesa.edu.ve. Consultado el: 10 -4-2017.

Profesor UCV

En fecha reciente, un funcionario de las Naciones Unidas (ONU) entregó al presidente Maduro un certificado en el cual reconocían los logros del país en materia de desarrollo humano, que permitían ubicarlo en el puesto 71 del ranking de Desarrollo Humano de la ONU, el cual surge de una clasificación en función del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Venezuela aparece en este ranking por encima de otros países de América Latina como Colombia, Brasil, México y Perú.

El índice de Desarrollo Humano (IDH) se basa en una peculiar definición del desarrollo humano, el cual se concibe como el proceso de incrementar las posibilidades de elección de una persona. Esto se refiere no solo a las posibilidades de elección que permita un mayor ingreso, sino a las posibilidades de elección razonables de las personas para desarrollar su potencial y llevar una vida creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses. El ranking de los países según el IDH, se divide en un primer grupo con un IDH muy alto entre 1 y 0.800, un segundo grupo de países con un desarrollo humano alto entre 0.800 y 0.699, finalmente se ubican los países con IDH medio y bajo que poseen un IDH inferior a 0.700.

El IDH es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual todos los años elabora un informe sobre los aspectos que integran su visión del desarrollo humano: salud, educación, situación laboral, situación de las mujeres. De estos el IDH privilegia tres: años de escolaridad, longevidad y nivel de vida. Elementos como la libertad política, derechos humanos básicos como el derecho a la vida y a la libertad de expresión, no son considerados como parte de esta visión del desarrollo humano. En consecuencia, el índice desde su definición es cuestionable, pues una dictadura como la cubana donde se imparte una educación ideológica que no prepara a las personas para ser productivas, o analíticas, sino para ser miembros de un comité de propaganda y leer proclamas de alabanzas al líder máximo de la revolución, es ubicada con un nivel educativo elevado. La precaria calidad de la educación no cuenta. Tampoco influye el hecho de que el pueblo cubano viva bajo un régimen permanente de carencias, racionamiento, cortes de luz eléctrica, por lo que Cuba aparece con un IDH superior a varios países latinoamericanos que poseen un nivel de vida superior al de la isla del Caribe

Otro problema con el IDH es que la información que toma la ONU en cuenta como base para su cálculo es la provista por los propios gobiernos. En el caso de los gobiernos dictatoriales o autoritarios se trata de cifras manipuladas por los organismos gubernamentales, sin ser contrastadas con fuentes no alineadas con los intereses del régimen. Como consecuencia de este procedimiento poco transparente, países como Irán son ubicados en el puesto 69 del ranking de la ONU con un IDH de 0.766 y Cuba en el lugar número 67, con un IDH de 0.769 superior al de Venezuela y varias naciones latinoamericanas, lo cual los ubica en el segundo grupo de países con un desarrollo humano elevado. Tanto en Cuba como en Irán, quien se atreva a cuestionar las cifras gubernamentales es acusado de algo similar a traición a la patria y encarcelado. No hay libertad de expresión y tampoco una prensa independiente que permita una discusión abierta de las bondades o limitaciones de las estadísticas gubernamentales y de la metodología utilizada para elaborarlos.

En el ranking de la ONU en base al IDH, Venezuela aparece con un índice elevado de 0,762 que la ubica por encima de varios países latinoamericanos. El elevado IDH, que el PNUD le asigna a Venezuela, revela que la ONU le confiere veracidad a la propaganda gubernamental que habla de avances sin precedentes en el plano educativo y de una política social que ha logrado disminuir los niveles de pobreza moderando el impacto de la inflación sobre los sectores de más bajos ingresos. Sin embargo, a pesar de la existencia de un gobierno con vocación autoritaria, existen fuentes alternativas generadoras de información confiable que permiten poner en evidencia el fraude gubernamental y la alcahuetería del PNUD. Nos centraremos en estos dos aspectos del IDH dejando a un lado el tema de la crisis humanitaria, a fin de no extendernos más allá de lo conveniente.

En relación a la educación, organizaciones como Provea describen en su último informe anual del 2016 el estancamiento de la matricula de educación primaria en la última década, señalando que el gobierno no logró su objetivo de universalización de la educación primaria, adicionalmente acotan que los elevados niveles de pobreza en el país ponen en riesgo la prosecución escolar y los nuevos ingresos. En cuanto a la educación universitaria, el gobierno se vanagloria de haber incrementado sustantivamente la matrícula universitaria, pero los que laboramos en ese medio sabemos que ello se ha hecho expandiendo la matricula en universidades de cuestionable calidad como la Bolivariana. En las universidades de mayor calidad como las autónomas, los niveles de deserción se han elevado a cifras que oscilan entre 60 y 40% debido a la mala formación de la educación media. El deterioro de las universidades se ha acentuado en los últimos años por la deserción profesoral, debido a la reducida capacidad de compra de los salarios que reciben los docentes y la política de cerco presupuestario que ha impuesto el ejecutivo.

El otro fraude gubernamental es el que tiene que ver con la disminución de la pobreza. El IDH aborda este aspecto a través de la temática relacionada con el nivel de vida, el cual depende del ingreso y la capacidad de compra, que resulta determinada por los precios. La elevada inflación, que ya ronda la hiperinflación, ha agudizado el deterioro de la capacidad de compra, lo cual se refleja en el incremento de los niveles de pobreza. Este fenómeno es subestimado por los organismos gubernamentales, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), que la estiman en 32, 5% para el año 2014 y 33,05% para el 2015. Los organismos de la ONU como la CEPAL dan dicha cifra como cierta y es la que publican en el Anuario Estadístico de América Latina 2016 donde presentan una cifra de pobreza de 32,1% para Venezuela. Investigaciones desarrolladas por las Universidades Nacionales dan cifras muy superiores, que la ubican en 73% para el 2015 y 82% para el año 2016.

En síntesis, con una educación en profundo deterioro y con más del 80% de su población en situación de pobreza, con un grueso número de sus familias buscando comida en los trastos de basura, solo los malabarismos de los organismos gubernamentales venezolanos y la complicidad del PNUD pueden generar un IDH para Venezuela superior al de otras naciones latinoamericanas, hacia las cuales han emigrado cientos de miles de venezolanos huyendo del desastre creado por la revolución bolivariana.

Profesor UCV

En una de sus más recientes obras el caricaturista EDO de El Nacional, plasma la imagen del General Marcos Pérez Jiménez con un comentario en el cual se lee: “Aquí hace falta un Pérez Jiménez”, decían, y esos votos trajeron estos lodos. En los tiempos que corren, con un régimen fuertemente militarizado, algunos, como el caricaturista EDO, tienden a asimilar el mismo con un retorno al gobierno dictatorial del ex gobernante tachirense. A nuestro juicio esto es confundir la gimnasia con la magnesia, ya que la orientación política de ambos regímenes es diametralmente opuesta, así como las políticas económicas que impulsaron y la situación económica que ambos fomentaron.

En primer lugar Marcos Pérez Jiménez (MPJ) era anticomunista y un aliado declarado de los Estados Unidos, apoyándolo incluso en las aventuras que “el imperio” realizó, en ese momento, derrocando regímenes sospechosos de ser comunistas. Este fue el caso de la intervención de Estados unidos en Guatemala derrocando al gobierno del coronel Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, el cual fue acusado de tendencias comunistas. La logística de la invasión fue coordinada por Pedro Estrada, jefe de la policía política venezolana, con el apoyo de las dictaduras de Trujillo y Somoza, logrando al final el derrocamiento de Arbenz y la imposición de una Junta militar.

En segundo lugar el tachirense fue un decidido aliado de la iniciativa privada, apoyando al sector privado a través de la política de sustitución de importaciones, que buscaba fomentar la industrialización del país, siguiendo las recomendaciones de la CEPAL, tal como lo hacían otros gobiernos latinoamericanos en esa época. Apoyó también las inversiones extrajeras, en particular las que realizaron las multinacionales en el área petrolera. Todo este esfuerzo fue reconocido por FEDACAMARAS y las compañías extranjeras que fueron beneficiarias de tal política.

El gobierno siguió las tesis de los intelectuales positivistas del régimen de Juan Vicente Gómez, uno de cuyos representantes más conspicuos fue Laureano Vallenilla Lanz. Su hijo Laureano Vallenilla Planchart fue integrante del gabinete de MPJ y ejerció una influencia decisiva en los planes de fomento a la inmigración del régimen. La tesis de los positivistas, y en particular de Alberto Adriani, era la de estimular la inmigración europea blanca a fin de disminuir el peso de la sangre negra en nuestro mestizaje. A juicio de Adriani el elevado peso de la negritud en nuestros genes era uno de las limitantes a nuestro desarrollo.

En consecuencia el gobierno incentivó la inmigración blanca europea, en particular la italiana. Cientos de miles de europeos llegaron a nuestras costas, huyendo de las penurias en sus países de origen. Esta inmigración estuvo orientada fundamentalmente a la industria de la construcción, que era una de las actividades más importantes impulsadas por el régimen para dinamizar la economía. La inmigración, en particular la italiana, se concentró en algunas zonas, como Maracay y sus alrededores, cambiando el paisaje humano de nuestra región, en particular de las clases medias. El gobierno incentivó el crecimiento económico utilizando los abundantes recursos petroleros que ingresaban al país, ya que el petróleo se había convertido en una pieza clave de la expansión económica del mundo occidental más desarrollado. En consecuencia se vivió un periodo de prosperidad, lo cual fue uno de los factores que atrajo a los cientos de miles de europeos que arribaron a nuestras costas. No fue desdeñable el bajo índice de inseguridad personal que existía en todo el territorio nacional, a lo cual contribuyó, probablemente, el carácter fuertemente represivo del gobierno.

En este contexto de apoyo a la iniciativa privada y fomento a la inmigración, el gobierno contribuyó a sentar las bases de una clase media empresarial en el campo venezolano, que produjera las materias primas y alimentos necesarios para las ciudades y el sector agroindustrial en expansión. Esta clase media se consolidó posteriormente con el proceso de reforma agraria que se inició en la década de 1960. Un programa clave en este proceso fue el programa de colonización de Turen, en el estado Portuguesa, el cual fue inicialmente concebido por Alberto Adriani en su condición de primer ministro de agricultura del país, durante el gobierno de López Contreras, en la década de 1930. En este programa, el gobierno de Pérez Jiménez buscaba utilizar las tierras de frontera agrícola a fin de crear una prospera clase media empresarial, que sirviera de barrera a la expansión del comunismo en el campo venezolano, como lo expresó el ex dictador en una de sus obras. De este modo Pérez Jiménez se oponía a la modernización de la agricultura en base al reparto de tierras a campesinos pobres.

Mientras el régimen de MPJ fue explícitamente anticomunista, el de Chávez- Maduro ha sido declaradamente pro comunista en su versión cubana. Mientras Pérez Jiménez apoyó la iniciativa privada el régimen chavista, en su orientación cubanófila, ha implementado políticas que se han orientado a hostigar al sector privado, entre las que destaca la Ley de Tierras, la cual persiguió la destrucción de la clase media empresarial del campo venezolano, que auspició el gobierno de MPJ en su momento. Estas políticas han generado una crisis de desabastecimiento y racionamiento, similar a la que se ha impuesto en Cuba desde inicios de los años 60 del siglo pasado.

Por otro lado, mientras el régimen de Pérez Jiménez estimuló la llegada al país de una ola masiva de inmigrantes de origen europeo, el régimen chavista ha estimulado una diáspora de venezolanos que se han desplazado al exterior, en una cuantía que algunos estiman en más de dos millones de personas. Los venezolanos que emigran lo hacen huyendo de la situación de inseguridad y penurias de todo orden que ha creado el régimen cubanófilo de Chávez-Maduro.

El gobierno de Pérez Jiménez fue un decidido aliado de los Estados Unidos, en contraste el régimen de Chávez- Maduro ha enrarecido nuestra relación con la potencia norteamericana, lo que ha provocado que nos colocaran en la lista de potenciales enemigos de ésta, al lado de países árabes terroristas, lo cual ha afectado nuestra condición de proveedor seguro de petróleo a los Estados Unidos, uno de los principales clientes de nuestras exportaciones y proveedor de materias primas y alimentos. Ello ha obligado a la potencia del norte a diseñar una política de autosuficiencia energética, como lo expresó el ex presidente Obama, “para no depender de nuestros enemigos”, grupo en el cual hemos sido ubicados en forma destacada.

En términos gruesos las políticas de MPJ fueron continuadas por el gobierno democrático de Rómulo Betancourt, quien mantuvo la política de industrialización a través de la sustitución de importaciones, el apoyo a la iniciativa privada y a la expansión de la clase media empresarial en el campo venezolano, así como una política de alianzas con los Estados Unidos, confirmando la posición de Venezuela como proveedor confiable de petróleo. Betancourt también mantuvo el sesgo anticomunista del gobierno de Pérez, planteando el aislamiento internacional del régimen de Fidel Castro y enfrentando el alzamiento armado de los grupos de ultraizquierda financiados por el sátrapa caribeño.

El régimen Chavista no guarda ninguna relación ni con el gobierno de Pérez Jiménez, ni con los gobiernos democráticos posteriores, en cuanto a las políticas económicas emprendidas y los resultados obtenidos. Meter en un mismo saco al régimen de Pérez Jiménez y al chavista, no nos permite considerar debidamente que además de un gobierno con un alto componente militar, el de Chávez-Maduro ha sido un régimen de izquierda, que ha buscado copiar las estrambóticas ideas del régimen de los Castro e implementarlas en Venezuela, con resultados similares a los que se han observado en Cuba y en los otros países socialistas que las llevaron a cabo.

Nota: la información sobre el gobierno de Pérez Jiménez fue tomada fundamentalmente de: Sierra, Manuel Felipe. 2010. Marcos Pérez Jiménez. Biblioteca Biográfica Venezolana, n° 112, C.A. Editora El Nacional.

Profesor UCV