Durante el régimen bolivariano, el salario de los profesores universitarios ha atravesado por diversas fases. Durante los primeros años del gobierno del ex presidente Chávez se prolongó la política económica de la llamada Agenda Venezuela, que se inició durante el periodo presidencial previo en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Durante estos años, privó la disciplina económica de la mencionada Agenda la cual se planteó como propósito principal el control de la inflación; dicha Agenda fue exitosa pues se logró reducir la inflación a 12% en el año 2003. En consecuencia, la capacidad de compra del salario de los profesores mejoró. Tomando como referencia el caso de un profesor en la categoría de agregado, éste podía adquirir con su salario un poco más de una canasta básica en el año 2001, como lo pondremos en evidencia posteriormente.

Una vez que los precios del petróleo tomaron un camino ascendente a partir del año 2004, el gobierno abandonó la disciplina económica de la Agenda Venezuela y comenzó una política de recurrir a la expansión del gasto público para dinamizar la economía, utilizando al Banco Central como la caja chica del ejecutivo. Esto impulsó la inflación, la cual se incrementó de 12% en el 2003 a 34% en el año 2008. A fin de compensar a los sectores de bajos ingresos por los efectos de la escalada de precios, se implementaron programas sociales y alimentarios con una clara orientación clientelar, que buscaban consolidar un piso político favorable al oficialismo en estos sectores. En consecuencia, durante los años del boom petrolero los niveles de pobreza disminuyeron a pesar de las crecientes presiones inflacionarias.

Los profesores universitarios no corrieron con la misma suerte ya que su capacidad de compra mermó. Como podemos observar en el cuadro siguiente la proporción de la canasta básica que un profesor agregado podía adquirir, descendió de 109% en el año 2001 a 76% en el año 2011.

Evolución del salario básico de un profesor en la categoría de agregado como proporción de la canasta básica del CENDAS.

Fuente: cálculos propios. Nota: el valor de la canasta básica a partir del 2011 se expresa en Bs F.

La situación previamente descrita creó una diferenciación entre los gremios universitarios. Mientras las asociaciones de profesores mantuvieron una posición crítica frente a la política gubernamental, los sectores de bajos ingresos como el de los obreros, fueron claramente beneficiados por la política oficial y sus gremios se vincularon políticamente a la gesta bolivariana. En la mesa de negociación salarial los gremios obreros hacían concesiones a la política oficial, conscientes de que los aumentos que obtenían era parte de un paquete complementado por los subsidios que el gobierno les concedía por otras vías. Sin embargo esto dejó de tener sentido en los años recientes, cuando los programas sociales y alimentarios entraron en franca decadencia. Sin embargo, donde hubo fuego cenizas quedan, pues los gremios de obreros y un sector de los empleados administrativos siguieron operando con estrechas vinculaciones con el oficialismo.

Para empeorar las cosas, los gremios universitarios han basado su accionar en el supuesto de que es posible compensar los efectos de la inflación mediante negociaciones salariales. Estas negociaciones toman como referencia la inflación pasada, como es el caso de las “normas de homologación” que todavía operan como una directriz de los gremios. En un ambiente de una inflación creciente ésta devora rápidamente los avances que hayan podido hacerse en las mesas de negociación. Por otro lado está el tiempo, mientras la inflación avanza inexorablemente todos los días, las negociaciones se llevan a cabo con constantes retrasos e interrupciones que las alargan innecesariamente conspirando contra sus propósitos. En consecuencia, el deterioro de la capacidad de compra del profesorado universitario se ha agudizado, como se puede observar en el cuadro previo, donde se evidencia que a finales del 2014 el salario del profesor agregado descendió a un 38% de la canasta básica.

Las últimas negociaciones salariales fueron controladas por el oficialismo, a través de los gremios con los que mantiene una estrecha relación. Este aumento se hizo efectivo a partir de enero del año pasado en forma escalonada y después de múltiples interrupciones y retrasos. La presión de la comunidad y la presencia de la FAPUV hicieron que el acuerdo final fuera más allá de la propuesta del oficialismo. Sin embargo el acuerdo no logró cambiar la tendencia al deterioro de la capacidad de compra de los profesores universitarios observada en años previos, debido al crecimiento desbocado de las presiones inflacionarias. Como puede observarse en el cuadro anterior, la capacidad de compra del profesor agregado empeoró drásticamente después del acuerdo, pasando de un 38% de la canasta, a finales del 2014, a 14% de la misma en marzo de este año. El acuerdo creó una ilusión temporal de una mejora en la situación del personal universitario, que se esfumó rápidamente.

Como hemos visto, después de la Agenda Venezuela, la lucha gremial ha sido poco efectiva para detener el deterioro de la capacidad de compra de los profesores. Esto ha hecho mella en el entusiasmo de los agremiados. La disposición de los profesores a participar en actividades como asambleas y acciones de calle ha decaído. Muchos miembros de la comunidad universitaria, no sólo los profesores, han optado por la salida individual buscando un ingreso complementario a su alicaído salario. El ausentismo laboral cunde en las casas de estudios superiores. Como lo señaló Alexis Ramos (Presidente del Consejo de Profesores Jubilados de la UCV), la dedicación exclusiva es una ficción.

Los gremios, no sólo los universitarios, deben tomar conciencia de que no se puede compensar a los agremiados por los efectos de una inflación creciente, que ya ronda la hiperinflación. Si no hay un cambio hacia una política antiinflacionaria como la contemplada en la Agenda Venezuela, no será posible mejorar la capacidad de compra de los asalariados universitarios. En consecuencia, los gremios deben cambiar su estrategia y presionar por la implementación de políticas que detengan la escalada de precios.

Profesor UCV

El pasado 7 de Abril, la cátedra libre de Agroambiente y Sociedad de la Facultad de Agronomía de la UCV realizó un nuevo evento. Se trató de una conferencia titulada “Crisis de la soberanía y seguridad alimentaria en Venezuela. Coyuntural o estructural?” El ponente a cargo de la misma fue el Ing. Rodrigo Agudo. Agudo es Ingeniero Químico y se ha desempeñado como consultor en el área agroalimentaria. Es un experto con una larga experiencia en el sector de lácteos, consejero de CONVECAR y asesor de empresas agroalimentarias. A continuación haremos una síntesis de la exposición del Ing. Agudo por considerarla un aporte que es necesario difundir, dada su experticia en el tema.

La tesis central del Ing°. Agudo es que la escasez es estructural, llegó para quedarse. Se extenderá hasta el 2017 debido al precario comportamiento de la producción agrícola.

En la primera parte de la exposición abordó el tema de la soberanía agroalimentaria y se inició con su definición. Existe soberanía agroalimentaria cuando las exportaciones, producto de los excedentes de una producción agrícola competitiva, pueden financiar las importaciones de aquellos rubros que no se pueden producir en el país por razones agroclimáticas. Al analizar las evidencias estadísticas se encontró que todos los países latinoamericanos incrementaron sus exportaciones agroalimentarias, excepto Venezuela que las redujo.

Detrás de la reducción de las exportaciones subyace el debacle de la producción. Tenemos siete años en continua caída de la producción agrícola. De 12 rubros que Fedeagro monitorea 11 decrecieron. Esta situación probablemente continúe en el 2017 dada las expectativas nada halagüeñas que existen sobre el comportamiento de la producción debido a la escasez de semillas; la producción de cereales en particular está en riesgo, si no hay cereales no hay producción avícola ni de cerdos Adicionalmente ello hace prever que el desabastecimiento se mantendrá o se agravará en el tiempo.

Al inicio del gobierno del ex presidente Chávez en el año 1999, las exportaciones agroalimentarias financiaban el 40% de las importaciones agroalimentarias. En el año 2015 las exportaciones financiaban el 0,5%, porque las importaciones crecieron y las exportaciones disminuyeron como parte del proceso de caída de la producción agrícola ya señalado. En conclusión sé perdió la soberanía agroalimentaria.

La segunda parte se centró en el tema de la seguridad alimentaria, la cual fue definida como el acceso de la población a los alimentos básicos; el Ing. Agudo destacó que el consumo per cápita mejoró entre 1999 y el 2012, pero no la calidad de la dieta debido al excesivo peso del consumo de carbohidratos. Sin embargo, cuando analizamos la evolución reciente del consumo per cápita, encontramos que en tres años se perdió todo lo que se logró previamente, lo que evidencia que los logros alcanzados no eran sustentables.

Una de las razones de la caída en el consumo es que el Estado se puso a hacer lo que no debía y dejó de hacer lo que debía. Actualmente el Estado es dueño de más de la mitad de la capacidad instalada en varios rubros y no lo hace bien, generando desabastecimiento en los mismos. En cambio dejó de hacer lo que debía, lo cual se ve reflejado en el deterioro del servicio eléctrico, la potabilización del agua, la vialidad agrícola y los servicios de asistencia social.

En el contexto del modelo que se ha buscado imponer, se produjo un hostigamiento a los actores privados de las diversas etapas de la cadena alimentaria (importadores, industriales, mayoristas, minoristas) que acabó con los inventarios en los diversos niveles de la misma, lo que ha originado el desabastecimiento. Ello ha obligado a las amas de casa a realizar compras para incrementar su reserva estratégica en previsión de un mayor desabastecimiento futuro.

La escasez estructural es parte de un modelo de cambio que se ha querido imponer en las relaciones de propiedad individual, sustituyéndola por la propiedad del pueblo (colectiva) representada por el Estado. Este modelo había fracasado en otros países, pero algunos jerarcas del régimen desarrollaron la tesis de que en Venezuela era factible por su condición petrolera; la abundancia de divisas hacía posible que, recurriendo a las importaciones, se podía hacer el tránsito al nuevo modelo sin lesionar al pueblo.

En la parte final de la conferencia Agudo expuso su propuesta para superar la crisis alimentaria. Hizo la salvedad que esto es muy difícil de cambiar; se requieren dos años para restablecer los equilibrios en la cadena agroalimentaria y es necesario estimular la agricultura en ese lapso para lograrlo. Sin embargo durante ese periodo es imprescindible recurrir a la ayuda externa para obtener recursos para pagar las importaciones. Para ello es necesario restablecer la confianza mediante un gran acuerdo nacional entre el gobierno, el sector productivo privado y la academia. El ejecutivo por sí solo no puede, debe reconocer que el modelo fracasó y debe sentarse a dialogar y promover un gran acuerdo entre los sectores señalados.

La inclinación al dialogo del ejecutivo depende del entorno político. En las actuales circunstancias es muy poco probable que ello ocurra. Sin embargo, si en las elecciones de gobernadores la oposición gana 20 gobernaciones como anuncian las encuestas, la oposición se convertiría en gobierno. En esas circunstancias el gobierno central se verá obligado a sentarse a la mesa con otros actores, para encontrar una salida a la crisis.

En cuanto al monto de la ayuda externa requerida para restablecer los equilibrios económicos, algunos economistas como Ricardo Hausmann la estiman en 55.000 millones de dólares. Agudo piensa que se queda corto pues no incluye los 22.000 millones que se requieren para restablecer los equilibrios en la cadena agroalimentaria. Considerando los dos montos, la ayuda externa requerida se estima en 77.000 millones de dólares; pero es necesario el gran acuerdo nacional señalado, si no, nadie nos presta, pues se trata de compromisos a largo plazo. Es necesario recuperar el comercio con Colombia quien nos puede ayudar a restablecer los equilibrios en la cadena agroalimentaria con importaciones financiadas por la CAF. Ello supone un cambio en nuestras prioridades de alianzas comerciales ya que nuestro socio natural es Colombia, no Brasil.

La noticia ocupó la primera plana de los periódicos de circulación nacional: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en una publicación reciente, reveló que la pobreza en Venezuela había repuntado 4,9% anual en el periodo 2010-2015.

El repunte de la pobreza tuvo que ver en primer lugar con las limitaciones de los programas sociales como “las misiones”. La “Encuesta sobre condiciones de vida Venezuela 2014” (ENCOVI 2014) conducida por la UCV y la UCAB, revela que casi la mitad de los beneficiarios de “las misiones” no son pobres. Adicionalmente la cobertura de “las misiones” se ha reducido, pero la proporción de la población vulnerable que se ha beneficiado de las mismas es muy bajo. Según ENCOVI 2014, sólo el 11,7% de la población pobre es cubierta por las misiones. La propaganda gubernamental ha generado la impresión que su cobertura era mayor. En este caso se aplica el dicho popular “fue más la bulla que la cabuya”.

La cobertura de los programas de asistencia alimentaria, como Mercal, fue más amplia y contribuyó a amortiguar los efectos de la inflación en los sectores de bajos ingresos. Sin embargo comparte con las misiones el hecho de no estar focalizados en los sectores más vulnerables de la población. El desabastecimiento fue siempre un problema en el programa, que ocasionaba largas colas y presionaba a muchos consumidores a comprar en otros sitios. El porcentaje de ahorro que obtenían los beneficiarios, en su periodo de auge, oscilaba en torno al 51%.El costo operacional del programa era de 1,49 Bs, por cada bolívar vendido, por lo que su sostenibilidad fue posible gracias a los ingresos extraordinarios del petróleo. En los últimos años el programa Mercal se encuentra en franco deterioro. 61,5% de la población no compra en Mercal. La cobertura se ha reducido, ya que la mitad de los puntos de venta se encuentran inactivos. Los “Mercalitos”, bodegas de las barriadas integradas al programa, han sido los más afectados.

La experiencia latinoamericana revela que estos programas para tener un impacto en los niveles de pobreza, sostenible en el tiempo, requieren ser focalizados en los sectores de mayor pobreza y tener un claro encuadramiento institucional, no contaminado con intereses clientelares o político electorales.

La reducción de la cobertura de los programas mencionados es consecuencia de la escasez de recursos que se produce una vez que el ciclo de elevados precios de las materias primas llegó a su fin, lo que revela la dependencia de los mismos. En consecuencia la eficacia, o sea el impacto de estos programas, mermó sustantivamente. Ello sumado a la desbocada inflación, que según cifras oficiales llegó a 180% en el año 2015, son los factores que subyacen detrás del repunte de la pobreza en los últimos años.

Las cifras de la CEPAL, divulgadas en la última edición de “Panorama social de América Latina 2014”, cuantifican el retroceso señalando que entre el año 2012 y el 2014 la pobreza había aumentado de 25,4% de la población a 32,1%. La CEPAL toma como referencia los guarismos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela. Las cifras señaladas subestiman la proporción de la población en situación de pobreza. La información de la ENCOVI 2014 es más contundente, evidenciando que los niveles de pobreza se remontaron a 48 % en el año 2014.

La medición de la pobreza se hace utilizando varios parámetros; en los párrafos previos nos hemos referidos a la pobreza ingreso. Existe también la pobreza estructural, la cual depende de otras variables como las características de la vivienda, si es propia o alquilada, si ésta posee servicios eléctricos, agua potable, desecho de basura y rasgos del entorno como las calles de acceso.

La ENCOVI 2015 detectó que la pobreza estructural afecta al 29,1% de la población. Sin embargo, debido al crecimiento explosivo de la inflación, el 73% de la población es pobre ateniéndonos al criterio de ingreso, en otras palabras no están en capacidad de pagar la canasta básica. Esto refleja la situación de los maestros, profesores universitarios y funcionarios públicos que han hecho un esfuerzo a lo largo de sus vidas por mejorar, adquiriendo una vivienda en zonas donde tienen acceso a los servicios básicos, pero que debido a la inflación sin control han visto colapsar su capacidad de compra. Estas personas despertaron un día del año 2015 y cuando fueron al mercado descubrieron que tenían que sacar la carne de su dieta usual porque no la podían pagar, o no podían pagar las reparaciones de la casa u otros gastos que usualmente realizaban. En ese momento se dieron cuenta que eran pobres de ingreso.

Los años 2014 y 2015 han sido un parteaguas en el empobrecimiento generalizado de la clase media y de la sociedad venezolana. Un factor clave en este proceso ha sido la inflación; estimaciones del FMI la proyectan en 700% para este año acelerando el proceso señalado. La inflación es un subproducto de la política económica del gobierno que utiliza al Banco Central para financiar la expansión del gasto público y del déficit generado. El control cambiario, fuente de una corrupción descomunal, impide estabilizar el valor del dólar que es otro de los factores que alimenta la inflación. Como señala Felipe Pérez Martí, ministro de economía del ex presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro está generando un desastre social con su política económica.

A pesar de la subestimación del problema, las cifras de la CEPAL revelan el fiasco de la agenda social y alimentaria del gobierno. Su importancia reside en la influencia de este organismo, que ha demostrado hasta la saciedad su compromiso con los intereses latinoamericanos, por lo que no puede ser descalificado como agente del imperio o representante de intereses transnacionales.

Las cifras de la CEPAL revelan también que el incremento brutal de la pobreza en Venezuela se da en un contexto regional donde la mayoría de los gobiernos latinoamericanos siguen cosechando éxitos en su lucha contra este flagelo, gracias a una combinación inteligente de políticas antiinflacionarias y programas antipobreza focalizados en los sectores de extrema pobreza de la población. Entre estos gobiernos, vale la pena destacar, los que están dirigidos por connotados representantes de la izquierda latinoamericana como el de Bachelet, el de Dilma Rousseff y el de Ollanta Humala, que han continuado reduciendo la pobreza en los años recientes. Señalar que las dificultades que enfrenta Venezuela para combatir la pobreza son atribuibles a los bajos precios de las materias primas, no se compadece con la experiencia de estos países.

La siembra del petróleo, una idea concebida por los pensadores positivistas del gomecismo Alberto Adriani y Arturo Uslar Pietri, tiene implicaciones más complejas de las que estos previeron. Estudios macroeconómicos realizados de la década de 1970 en adelante concluyeron que la siembra del petróleo lleva ineluctablemente a incrementar la propensión a la importación de la economía, imprimiendo mayor competitividad a los sectores importadores. Uno de los casos donde esta dinámica se revela con mayor transparencia, es en la producción de carnes venezolana donde la dinámica petrolera ha impulsado el crecimiento de la industria avícola; una industria de naturaleza global cuyo soporte tecnológico y el aprovisionamiento de materias primas se ubican en el exterior del país.

Es a partir del boom de los ingresos petroleros de la década de 1970 que se comienzan a desatar los demonios de la siembra del petróleo. La propensión a la importación de la economía como un todo se potencia. En este contexto se instauró una tendencia ininterrumpida, en el sector agroalimentario venezolano, al abaratamiento relativo de la carne de pollo en relación a la carne de vacuno. A partir esta década se observó una sostenida declinación en la competitividad de la carne vacuna y un salto en la competitividad de los derivados avícolas que se reflejó en la progresiva disminución del precio de la carne de pollo en relación a la carne vacuna. En ello influyó la política de los diversos gobiernos de otorgarle dólares preferenciales a la industria avícola, pero también pesó la permanente innovación tecnológica de la industria centrada en la obtención de razas de animales que mejoró la eficiencia de transformación de alimentos en carne. No está demás destacar que este proceso de innovación tecnológica se llevó a cabo en su mayoría en el exterior y no contó con la participación de las universidades nacionales ni las instituciones públicas de investigación.

En su proceso de expansión la industria avícola ha jugado un rol socialmente progresivo en la medida que ha posibilitado el acceso de la población venezolana a proteínas más baratas que las elaboradas a partir de la producción de carne vacuna. El proceso de sustitución de carnes caras como el vacuno, por carnes más baratas como el pollo se tradujo en una progresiva hegemonía de la carne de pollo en el patrón de consumo. Como resultado de este proceso al inicio del gobierno bolivariano el peso de la carne de pollo en el consumo total de carnes alcanzó el 56,2%, mientras que la carne vacuna representó el 33,1% según cifras oficiales.

El mejoramiento del acceso de los consumidores venezolanos a proteínas baratas se hizo a costa de erosionar la soberanía alimentaria del país y la utilización de los recursos internos que descansan en la producción vacuna. En consecuencia la siembra del petróleo en lugar de alentar una mayor utilización de los recursos internos como previeron los positivistas, tiende a aumentar su subutilización. Los esfuerzos realizados por las universidades nacionales e instituciones públicas para mejorar productividad de la ganadería no lograron influir en este proceso.

A partir del año 2004 se inicia una nueva etapa en la siembra del petróleo con el boom de los ingresos extraordinarios que se dio a partir de ese momento. El cabildeo de sectores empresariales ligados a la industria y el peso de los derivados avícolas en el consumo presionó por una política favorable a la misma; la cual se ha beneficiado de la elevada disponibilidad de divisas generada y de la elevada propensión a la importación de la economía que ello ha provocado. También ha contribuido la política alimentaría del gobierno bolivariano orientada a mejorar el acceso alimentario de los consumidores más pobres; recurriendo a las importaciones y al otorgamiento de dólares preferenciales para la importación de insumos y materias primas. La industria vivió un periodo estelar que cimentó su importancia en el consumo de carnes. Estimaciones de especialistas en el área agroalimentaria ubican a la carne de pollo como el principal suministrador de proteínas para el año 2004. Este crecimiento se potenció hasta alcanzar en el año 2012 más del 60% del consumo de carnes.

Adicionalmente a ello las importaciones de otras carnes como la vacuna se incrementaron hasta alcanzar 50% del consumo de este tipo de carne. Si sumamos el peso de la carne de pollo a las importaciones de carne vacuna encontramos que 75% de las carmes consumidas fueron importadas o tuvieron un elevado componente externo. Las importaciones de carne vacuna impusieron trabas a la colocación de la producción nacional en sus mercados naturales. Sumado a ello las acciones discrecionales de los burócratas del régimen bolivariano en contra de la propiedad agraria y el auge de la inseguridad personal, sumieron a la ganadería en un estado de postración.

Del año 2012 en adelante la economía venezolana entra en una nueva etapa signada por la escasez de divisas causadas por la corrupción, generada por el control cambiario, que asumió cifras descomunales. Esta escasez se agudiza posteriormente por la caída de los precios del petróleo. La caída en la disponibilidad de divisas ha disminuido sensiblemente las importaciones de materias primas para la elaboración de alimentos concentrados, lo cual ha afectado la producción de carne de pollo tanto en las fincas independientes como en las integradas a la industria donde se han observado actos de canibalismo. La inflación impulsa el precio de las carnes disminuyendo su consumo, afectando en mayor medida a los sectores de menores ingresos. Al final se evidencia que el último intento de sembrar el petróleo desató, en una dimensión mayor, los viejos demonios que llevaron a la economía a un caos.

Un balance de las implicaciones de la siembra del petrolero revela que a lo largo de las últimas décadas logró mejorar el acceso de los consumidores de bajos ingresos a proteínas baratas, tendencia esta que se prolongó hasta el año 2012. Sin embargo en los últimos años se hace evidente que el último intento de sembrar el petróleo terminó en un caos dominado por la escasez y la inflación, lo que ha revertido los avances logrados en la mejora del acceso alimentario de los sectores de más bajo ingreso. Al final el consumo de carnes queda anclado a una industria con bases frágiles, que se evidencia en la presente coyuntura cuando carecemos de las divisas necesarias para viabilizar su inserción externa. Por otro lado ha tendido a erosionar el uso de los recursos internos debido a que la actividad que hace uso de los mismos, la ganadería vacuna, languidece como una actividad residual precariamente integrada al consumo.

En días recientes se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía de la UCV un foro sobre políticas públicas y políticas agrícolas promovido por la Cátedra Libre de Agroambiente y Sociedad. En dicho foro el sociólogo Juan Luis Hernández, quien es un reconocido consultor en el área agroalimentaria, presidente de INNOVA y profesor de la UCV y la ULA, hizo una presentación en el marco de la cual planteó un diagnóstico de la crisis alimentaria que enfrentamos y expuso una propuesta para superar la misma. Dada la experticia del prof. Hernández en el tema, consideramos conveniente elaborar una síntesis de dicha propuesta para su divulgación y discusión.

En la primera parte de la presentación se hace un análisis de la coyuntura caracterizada por un notorio deterioro de la situación alimentaria. Inflación creciente la cual alcanzó en el 2015 un poco más de 200%. La inflación de alimentos la duplica llegando a un poco más de 400%.

La creciente inflación ha venido acompañada de una escasez que tiende a agravarse. El índice de escasez de la mayoría de los productos alimenticios se ubica entre 50 y 80% para el año 2015, tendiendo a agravarse para el año en curso.

El consumo de alimentos se ha contraído según las cifras del INE. La cobertura de los programas de asistencia alimentaria se ha reducido. La red pública de alimentación se encuentra en franco deterioro. En el año 2006, el 28% de la población no compraba en Mercal y en el 2014 esta cifra ha ascendido a 61,5%. La crisis que enfrentaba la red de abastos Bicentenario es parte de esta situación. El cierre de los mismos fue una medida efectista. La mitad de los puntos de venta de Mercal se encuentran inactivos Los mercalitos y los PDVAL pequeños que atienden a las familias en las zonas más lejanas son los más afectados.

En los últimos años el componente importado del consumo ha tendido a crecer. Los sistemas formales de distribución de alimentos como los supermercados y abastos han decaído, mientras los sistemas informales (bachaqueros) han tendido a crecer, lo cual dificulta la estimación de los índices de inflación de alimentos. El deterioro de la red pública de alimentación ha revertido los logros en el mejoramiento en el acceso alimentario de los sectores de más bajos ingresos, alcanzados previamente.

En una segunda parte de la presentación se desarrolló una propuesta para superar la crítica situación alimentaria descrita. En el plano macroeconómico se plantea un ajuste cambiario que permita reducir el amplio diferencial cambiario (Bs 6,30-Bs 1.000) existente en la actualidad.

Sin embargó el prof. Hernández precisó que no considera conveniente una unificación cambiaria. El control cambiario debe mantenerse pues la existencia de un cambio libre propiciaría una gigantesca fuga de capitales dado, entre otras cosas, a la cantidad de beneficios que algunas multinacionales tienen represados y no han podido remitir a sus casa matrices.

En este contexto. es necesario, en el muy corto plazo, plantearse una reactivación de las importaciones como solución a la situación de escasez; se deben mantener preferencias cambiarias para los circuitos alimentario vitales como el de aves-alimentos concentrados y el del trigo. La caída de este último puede tener efectos graves. En este aspecto coincidimos plenamente con el prof. Hernández, como lo planteamos en un artículo previo sobre la dependencia alimentaria y sus implicaciones.

Se debe romper el círculo vicioso que se ha mantenido por mucho tiempo, incluso antes del presente gobierno, gracias al cual se permite el creciente desarrollo de desequilibrios macroeconómicos como la sobrevaluación de la moneda para luego preceder a fuertes y traumáticos ajustes. En relación a este aspecto es necesario seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos como Colombia en el cual se permite deslizar y ajustar gradualmente el tipo de cambio.

Corregir distorsiones en el gasto público como las relacionadas con el subsidio a las tasas de interés preferenciales para la agricultura. De mantenerse este esquema ello puede dirigir en el mediano plazo a una crisis bancaria. Adicionalmente a ello el financiamiento a tasas preferenciales no se dirige a la agricultura sino a otras actividades. Si se coteja el comportamiento negativo de la producción agrícola, este no se compadece con el crecimiento de los volúmenes de financiamiento a tasas preferenciales.

Se hace necesario recurrir a los organismo multilaterales como el FMI para una renegociación de la deuda y la obtención de dinero fresco para incrementar las importaciones y superar la escasez de alimentos. Las exigencias planteadas por estos organismos y los procesos de ajuste que proponen no son similares a los de los años noventa pues ha habido un proceso de aprendizaje, en particular de los procesos de ajuste tipo shock que agudizaron las tensiones políticas y sociales en los años noventa. El margen de negociación actual es mayor; adicionalmente al FMI no le interesa que la economía venezolana empeore.

Es necesaria una intervención del Estado más efectiva y una reducción de las regulaciones. Se hace necesaria una concertación del Estado con los actores privados que sustituya a los actuales políticas de control de precios. Esta concertación entre los actores a lo largo de la cadena alimentaria buscaría que los precios se reduzcan en términos reales y aminoren su impacto en el consumidor final.

Deben impulsarse programas de apoyo a la producción agrícola y al abastecimiento. En este sentido es útil la experiencia de Fedeagro la cual es una organización con bases reales que ha impulsado programas de mejoramiento de la productividad y de la producción a nivel local que deben servir de referencia para ser replicados a nivel nacional.

En cuanto a los programas de financiamiento, las tasas de interés preferenciales tal como están planteadas son de poca ayuda como estímulo a la producción agrícola. Estas tasas deben estar dirigidas a financiamiento para proyectos de inversión definidos.

La propuesta planteada debe ser implementada por un nuevo gobierno, sin embargo el juego político actual parece trancado, según el prof. Hernández. La única opción para superar esta situación depende de la profundización de la fractura en el chavismo y la capacidad de la disidencia de presionar al presidente Maduro para que renuncie o permita la dinamización del juego político que conduzca a un nuevo gobierno.

Los sectores agroalimentarios importadores en Venezuela han desempeñado un rol clave en la producción de alimentos. Plantear que la opción fundamental para enfrentar la crisis alimentaria en curso es incentivar la producción agrícola nacional, es desconocer el rol que dichos sectores desempeñan. Adicionalmente puede tener impactos negativos, en especial en el acceso de los consumidores de más bajos ingresos a los alimentos.

La dependencia alimentaria es un fenómeno de vieja data en la economía venezolana; sin embargo a partir del boom petrolero de la década de 1970 toma nuevos bríos, lo cual se reflejó en el brusco incremento del componente importado del consumo. En ese momento los sectores agroalimentarios más integrados al exterior proveyeron 60% de las calorías consumidas según estimaciones de especialistas de la Fundación Polar. A partir de inicios de la década de 1980 los precios e ingresos provenientes del petróleo comenzaron una carrera descendente lo cual generó un estrés sobre los sectores importadores que disminuyó su importancia y los obligó a adecuarse a la nueva situación, sin embargo siguieron desempeñando un rol relevante en el consumo de cereales, grasas y aceites y carnes.

Dada la importancia de los sectores agroalimentarios importadores en el consumo, los diversos gobiernos que transcurrieron entre la década de 1970 y 1998 mantuvieron la política de concederles dólares preferenciales a fin de aminorar las presiones inflacionarias. Ello generó una estrecha relación entre el acceso de los consumidores a los alimentos y el componente importado del consumo, lo cual se ha evidenciado en análisis cuantitativos elaborados por investigadores especializados en el área agroalimentaria.

Entre el año 2004 y el año 2010 atravesamos por un nuevo boom petrolero que permitió la concesión de dólares preferenciales en abundancia a los sectores importadores. Adicionalmente el gobierno contó con los recursos necesarios para implementar una política social y alimentaria, con fines político electorales, orientada a incrementar el poder de compra de los consumidores de más bajo ingreso.

Los programas alimentarios de subsidio al consumo como Mercal se aprovisionaron fundamentalmente de alimentos importados o con un elevado componente externo. El sesgo de Mercal hacia las importaciones ocasionó que grupos de alimentos con un bajo componente externo (en el periodo previo a la existencia de Mercal), como el azúcar y la carne vacuna, aumentaron este de manera sustancial. Las importaciones de carne, que eran insignificantes en el periodo previo a la existencia de Mercal, llegaron a representar 50% del consumo.

Los sectores importadores vivieron un periodo estelar; así fue el caso de la industria avícola la cual tuvo una dinámica de crecimiento entre las más destacadas de América Latina según representantes de la industria. La dependencia alimentaria tomó nuevos bríos como ocurrió en la década de 1970; ello se reflejó en el comportamiento de las importaciones agroalimentarias las cuales ascendieron de 1469 millones de dólares en el año 2003 a 8122 millones en el año 2012, aumentando más de cinco veces su valor.

En el año 2004 especialistas del CIAAL de la Universidad de los Andes elaboraron una lista de los diez alimentos que más contribuyeron como aportadores de calorías y proteínas a la dieta del venezolano, clasificándolos por la importancia de su aporte. El mayor aportador de proteínas fue la carne de pollo. De los cinco principales aportadores de proteínas tres eran generados por sectores fuertemente imbricados con el aprovisionamiento externo: carne de pollo, harina de trigo para pan y pastelería y harina de trigo para pastas. En otras palabras el suministro de proteínas descansa fundamentalmente en los sectores importadores. De los aportadores de calorías cinco eran producidos por sectores importadores: aceite, harina de trigo para pan y pastelería, carne de pollo, margarina, harina de trigo para pastas.

En la coyuntura actual la situación de escasez y carestía de los alimentos que se perfilaba en años previos se ha agravado. Ya en el año 2014 con un precio de la cesta petrolera venezolana que rondaba los 90 dólares el índice de escasez se remontó a 35% y la inflación ascendió a 68%. En ese momento era evidente que la escasez y la inflación no se debían a la caída de los precios petroleros sino a la política gubernamental. En el periodo posterior la situación se ha agravado debido al colapso de los precios del petróleo, pero la política gubernamental sigue pesando como el factor fundamental detrás de ambos fenómenos. El grave déficit de divisas que enfrentamos se une a la política gubernamental para generar un fuerte estrés sobre la actividad productiva en general y sobre los sectores importadores en particular.

Desde hace tiempo las políticas de los diversos gobiernos venezolanos, en relación a los sectores agroalimentarios importadores, han sido pragmáticas reconociendo el rol de estos sectores como elemento claves en la producción de alimentos e implementando medidas para aliviar el estrés que sufren en los periodos de escasez de divisas. Sin embargo como en oportunidades anteriores estos deben adecuarse a la coyuntura, pues algunos de ellos pueden haberse sobredimensionado debido a la abundancia de dólares preferenciales en el pasado reciente.

Plantear que la principal alternativa frente a la crisis alimentaria que enfrentamos es impulsar la producción agrícola nacional no parece ser una decisión conveniente. Dejando de lado que la respuesta de la agricultura a los incentivos es normalmente lenta, es necesario considerar la poca eficacia de esta opción dada la precaria vinculación de la agricultura venezolana con la amplia gama de alimentos que se soporta sobre los sectores importadores. Además, dicha decisión sería socialmente regresiva debido a que los gremios agrícolas suelen plantear como único mecanismo de estimulo a la producción agrícola incrementos exorbitantes de precios; que ineluctablemente tenderán a agudizar las presiones inflacionarias y el empobrecimiento de la población.

Las demandas de los productores agrícolas por mejores precios para las materias primas que producen no afectan a los consumidores de los países ricos, debido al bajo peso de los alimentos en el presupuesto familiar. Los consumidores, inclusive, se solidarizan con las luchas de los productores por mayores precios y beneficios para su actividad. No sucede lo mismo en los países donde la mayoría de los consumidores son pobres ya que los alimentos representan una elevada proporción del costo de la vida.

El caso de Venezuela es representativo de un país donde una fracción importante de los consumidores es pobre. A mediados de la década de 1980 el Ministro de Agricultura Felipe Gómez Álvarez implementó una política orientada a impulsar la producción agrícola recurriendo fundamentalmente a una mejora sustantiva de los precios agrícolas. Esta política tuvo un fuerte impacto sobre la producción, en particular de cereales, por lo que se le llamó el periodo del “Milagro Agrícola”. La producción de cereales se expandió principalmente en suelos de mala calidad de las sábanas de Guárico y con la participación de productores de origen urbano, con poca o ninguna experiencia en el negocio agrícola. No es de sorprender que la productividad agrícola disminuyera durante la década mencionada. Los que pagaron los platos rotos del “Milagro Agrícola” de Gómez Álvarez fueron los consumidores urbanos, pues la inflación de alimentos se incrementó, lo que se tradujo en un mayor empobrecimiento de la población.

A partir de la experiencia del “Milagro Agrícola” se llevó a cabo una discusión sobre las políticas agrícolas y los instrumentos implícitos en las mismas considerando no solo los intereses de los productores agrícolas, sino también el impacto en el consumo y en los consumidores urbanos de bajos ingresos. Esta polémica se extendió a lo largo de la década de 1990 cuando Venezuela decidió ingresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y establecer un acuerdo de libre comercio con su socio natural Colombia.

En este contexto ingresa al Ministerio de Agricultura el profesor de la UCV Arnaldo Badillo como Viceministro. Badillo había cursado estudios de postgrado en el área de Economía Agrícola y por su formación estaba consciente de los beneficios del libre comercio para los consumidores. Desde el inicio de la profesión, los economistas han favorecido el libre comercio por su impacto positivo sobre los consumidores al disminuir el precio de los bienes que consumen. En esta línea de pensamiento se ubicaba Badillo por lo que por razones profesionales, se identificó con los propósitos de la CAN.

En el contexto descrito Badillo se dedicó a la implementación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) que era el marco regulatorio de la CAN para la fijación de precios agrícolas. Este mecanismo tomaba en cuenta los precios de las materias primas en los países de la CAN como base para el cálculo de los precios agrícolas, adicionalmente a otras variables; el mecanismo establecía así un techo a la discrecionalidad de los funcionarios de cada país y a las aspiraciones de los gremios agrícolas. Ello era inaceptable para los gremios agrícolas venezolanos quienes se habían organizado electoralmente para elegir al gobierno de turno; desde un principio utilizaron su influencia y posicionamiento institucional en el Ministerio de Agricultura para a boicotear el SAFP y la labor del Viceministro Badillo. Era difícil una conciliación ya que la preocupación fundamental de Badillo era no repetir la experiencia del “Milagro Agrícola” y su nefasto impacto en los consumidores, mientras los gremios agrícolas buscaban solo su estrecho interés como grupo, sin ninguna otra consideración.

Las tensiones de Badillo con los gremios agrícola debido a la implementación de el SAFP fueron volcadas en una obra titulada “Políticas de precios agrícolas en Venezuela. Teoría y vivencias” la cual fue editada en un esfuerzo conjunto entre el postgrado de Desarrollo Rural de la UCV y la Fundación de Materiales Educativos Impresos de la Gobernación del Estado Aragua, en el año 2008. En dicha obra Badillo expone una dura crítica a los gremios agrícolas cuyo interés, al buscar el desmantelamiento del SAFP, era retornar a la fijación discrecional de los precios agrícolas, sin importar el impacto que ello tuviera en el consumo y en los consumidores de bajos ingresos.

A juicio de Badillo los esfuerzos de los gremios se orientaban fundamentalmente a incrementar sus beneficios recurriendo al cabildeo político e institucional y no a realizar los esfuerzos necesarios para aumentar la productividad y la eficiencia de sus empresas. Lo que buscaban era reproducir el ineficiente modelo de crecimiento de la producción del “Milagro Agrícola” de la década de 1980.

A finales de la década de 1990 los gremios agrícolas se organizaron de nuevo electoralmente para apoyar la elección del entonces candidato Hugo Chávez. Como en anteriores ocasiones utilizaron su posicionamiento político e institucional para lograr mejoras en los precios agrícolas; labor en la que tuvieron éxito pues los precios de los cereales y en particular de maíz se fijaron por encima de la inflación. Badillo analiza el accionar de los gremios en esta etapa y señala que su éxito era coyuntural por que la orientación de la política general del gobierno bolivariano en materia alimentaria estaba sesgada hacia los consumidores de bajos ingresos, cuyo interés entraba en conflicto con los de los productores.

La predicción de Badillo fue acertada porque la política alimentaria se orientó preferentemente a utilizar las importaciones y los programas sociales alimentarios para beneficiar a los sectores de más bajos ingresos. En este contexto la producción agropecuaria fue afectada negativamente por la competencia de las importaciones. Adicionalmente las acciones gubernamentales en el campo acrecentaron la inseguridad jurídica y la escasez de insumos y repuestos. Si bien durante varios años la producción de maíz logró crecer en este ambiente de dificultades al final zozobró al igual que toda la producción agropecuaria.

La obra del Prof. Arnaldo Badillo refleja la complejidad de la implementación de las políticas agrícolas en Venezuela dadas las interrelaciones con otros países a través de los acuerdos de libre comercio, la influencia de los grupos de interés agrícola y las implicaciones de los incrementos de precios en los consumidores de bajos ingresos.

Venezuela debe restaurar su inserción activa en los acuerdos de libre comercio con nuestros socios naturales como Colombia. En este aspecto los gremios agrícolas han demostrado ser una traba. Por otro lado, si bien es necesario diseñar estímulos para la producción nacional, ello no debe lesionar la capacidad de compra de los consumidores pobres, tema en el que también los gremios agrícolas han evidenciado no ser parte de la solución, sino del problema.

Profesor. Facultad de Agronomía, UCV.

Los promotores de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) justificaron su necesidad debido al fracaso del proceso de Reforma Agraria de la década de 1960. A su juicio este proceso no logró afectar la estructura agraria latifundista la cual permaneció incólume así como la elevada concentración de la tierra inherente a la misma. En consecuencia era necesario una nueva reforma agraria que liquidara el latifundismo e impulsara un nuevo reparto de tierras a los campesinos pobres. La visión de los promotores de la LTDA era parte de una agenda político ideológica de la izquierda radical venezolana que no guardaba ninguna relación con la realidad del campo venezolano. Las acciones de intervención de fincas que se dieron en este contexto, buscaban en realidad la instauración del socialismo agrario y la liquidación del capitalismo en el campo y de la clase media empresarial que a su juicio lo representaba.

Una revisión de las estadísticas censales y de las investigaciones académicas relacionadas con el tema revelan que las políticas implementadas durante la segunda mitad del siglo XX, aunadas al mercado de tierras que se desarrolló, lograron eliminar el latifundismo como un fenómeno relevante e impulsaron un crecimiento sostenido de una producción familiar moderna; sostenida sobre este tipo de producción se desarrolló una clase media empresarial que logró la hegemonía de la estructura agraria a finales del siglo XX convirtiéndose en la base fundamental de la producción agrícola venezolana. Este grupo integrado por pequeños y medianos productores poseía más del 50% de la tierra en el año 1997, mientras las fincas latifundistas controlaban menos del 20% de la superficie agrícola bajo explotación.

La visión que dio pie a la LTDA formó parte de la agenda político ideológica de la izquierda radical marxista venezolana (MIR-PCV) de la década de 1960. Su representante más conspicuo fue Salvador de la Plaza. Históricamente en la cuestión agraria marxista se conformaron dos tendencias. La primera de ellas se desarrolló a partir de la tesis esbozada por el revolucionario bolchevique Vladimir Lenín quien planteó que producción familiar constituía la vía de desarrollo más rápida de las capacidades productivas de la agricultura y que el gobierno bolchevique debía orientar su política agraria a estimular la transformación del campesinado ruso en un productor familiar moderno. La tesis de Lenin fue retomada luego por el marxista alemán Karl Kaustky y sus herederos intelectuales en Europa Occidental quienes demostraron que las tesis de Lenín tendía a constatarse en las economías de mercado altamente industrializadas.

La segunda vertiente de la cuestión agraria marxista fue la planteada por los partidos comunistas europeos tutelados por el partido comunista soviético que ponderaban las virtudes de la política de estatización y colectivización de fincas llevadas a cabo por el régimen de Stalin. De la Plaza se adscribió a esta tesis e hizo caso omiso de las abrumadoras evidencias que mostraban que este proceso conllevó a un colapso de la producción agrícola que ocasionó una hambruna la cual generó la muerte de más de diez millones de personas. Lo mismo ocurrió en otros países socialistas como China bajo el régimen de Mao Tse-Tung. No hay que dejar de lado que esta política implicó el uso de la fuerza y el terror solo posibles en países sometidos a regímenes autoritarios.

A la larga, en la medida que gobernantes más pragmáticos ascendieron al poder en países socialistas, como China y Vietnam, llevaron a cabo un proceso de revisión de las políticas de estatización y colectivización de fincas. Ante sus desastrosos resultados decidieron revertir las mismas y estimular el desarrollo de una producción familiar dando garantías a los productores de sus derechos, tanto de los derechos de permanencia en las explotaciones como sobre las bienechurías que desarrollaran en las mismas. Este cambio de paradigma impulsó la producción agrícola y puso término a la crisis de abastecimiento previa.

Veinte años después que los comunistas chinos desmantelaron la colectivización y restauraron la producción familiar, el gobierno bolivariano instrumentó una política agraria que buscaba desmantelar las bases de la clase media empresarial. Retomó así la agenda político ideológica de Salvador de la Plaza y decidió implementar la misma a partir del año 2001 amparados en la LTDA.

Las acciones emprendidas buscaron revertir el proceso de titulación que se había llevado a cabo en las últimas décadas del siglo XX que persiguió consolidar los derechos de permanencia y de propiedad sobre las bienhechurías de los pequeños y medianos empresarios ocupantes en precario de tierras públicas. Estos derechos fueron desconocidos en la práctica contraviniendo el mandato constitucional y recurriendo a la fuerza con la complicidad de las FANB. La estatización y colectivización de fincas que se produjo arrojó el mismo resultado que en los países socialistas donde se ha implementado: colapso de la producción agrícola y crisis del abastecimiento urbano de alimentos.

La agenda del gobierno bolivariano para el campo ha sido contradictoria. Ha incluido políticas pragmáticas de estimulo a la producción de ciertos sectores como la producción de cereales y aves que impulsó el crecimiento de estos rubros durante varios años. Al lado de ello ha contemplado una agenda política ideológica como las acciones ligadas a la LTDA, la estatización de empresas generadoras de insumos agrícolas cono Agroisleña que han agudizado la escasez de estos y el control de precios en un ambiente inflacionario. En el largo plazo estas últimas acciones son las que han primado lesionando la capacidad productiva de la agricultura y su entorno.

Se impone en la actualidad, a fin de aliviar la crisis alimentaria que enfrentamos, seguir el ejemplo de los países socialistas como China donde se impuso una agenda pragmática siguiendo la máxima de Den Xiaoping: “no importa el color del gato con tal de que cace ratones”. Es necesario desmantelar el proceso de estatización y colectivización de fincas y retomar el camino previo a 1998, restaurando los derechos de los productores integrantes de la clase media empresarial. De igual modo es necesario revertir el proceso de estatización de empresas agroindustriales como Agroisleña y desmantelar igualmente la política de controles unilaterales de precios.

Profesor UCV. Facultad de Agronomía

(Una exposición detallada de los soportes tanto estadísticos como documentales de las ideas expuestas en los párrafos previos puede ser obtenida en el artículo “La cuestión agraria marxista y la política agraria venezolana, 1950-2008” publicado en el número 84, año 2013 de la revista Cuadernos del Cendes disponibles en internet).

El 26 de enero nos vemos en Belén

Palacios, Oramas y Zitman

El 11 de septiembre del año 2015 falleció a los 71 años el dibujante, grabador, pintor, diseñador gráfico y Premio Nacional de Artes Plásticas 1977 Alirio Palacios. El 3 de enero del año en curso falleció a los 92 años el pintor , muralista (4 murales en la UCV) y Premio Nacional de Artes Visuales 1951 Alirio Oramas. El pasado 11 de enero falleció el dibujante, escultor, diseñador industrial y Premio Oficial de Escultura en el XII Salón Oficial del año 1951 Cornelis Zitman, a los 90 años. Honor a los maestros que han partido de manera física. Están entre nosotros por la eternidad que les permite su paso por la tierra venezolana.

Art Madrid 2016 y Jesús Soto

Alberto Cornejo Alcaraz, Elena García y Bárbara Vidal motores fundamentales de la Feria de Arte Contemporáneo “Art Madrid”, nos informan que el evento se llevará a efecto entre los días 24 al 28 de febrero del presente año en el marco de la Semana de Arte de Madrid. Artistas de Alemania, Italia, Portugal, Grecia, Cuba, Taiwan, Francia, Letonia, España y Venezuela con la participación del Maestro del cinetismo mundial el venezolano Jesús Rafael Soto, se confrontan por y para los asistentes a la Feria de la Galería de Cristal del Centro Cibeles de la capital de España.

Salones de Arte de nuestra entidad federal

En el año 2015, se debieron realizar los salones “36 Salón de Pintura Municipal de Girardot“ y el “40 Salón Nacional de Arte de Aragua”. Ambas confrontaciones no se realizaron. Ni la alcaldía al mando de nuestro alcalde Pedro Bastidas, ni la Secretaría de Cultura de Aragua bajo la dirección de Guaiquirima Castro hicieron nada por elevar las anclas de esos dos eventos de proyección nacional e internacional de origen aragüeño. La historia los juzgará en tiempo y espacio. Amanecerá y veremos.

El Bosco

Nos preparamos para entonar los sones musicales que nos anuncian el 500 aniversario de la muerte del pintor Hieronymus van Acken Bosch “El Bosco” originario de la ciudad de Hertogennosch de los países bajos (Holanda). El falleció en el año de 1516 a la edad de 66 años. De estilo gótico flamenco. El romanticismo y el surrealismo de hoy le han dado la inmensa fama de la que goza.

Belén pueblo de historia

El venidero día martes 26 de enero a las 9 de la mañana se iniciará en la plaza Bolívar de la población de Belén en el estado Carabobo el III Concurso de Pintura al Aire Libre “Belén pueblo de historia”. Los participantes ubicados entre los 7 a 80 años deben acudir ese día y hora para la inscripción oficial. El formato con el que se trabajará es de 40 X 30 como máximo y mínimo de 30 X 20, siendo el material de libre elección por el participante. Juan Castro, Leonardo Crociata, Jaime Castillo y Daisy Agraz las puntas de lanzas del evento en cuestión. Nos esperan en Belén.

Premio Nobel bélico

Según Micah Zenko, miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de USA, el Presidente Obama, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2008, lanzó 23 mil 144 bombas en Irak, Siria, Alfganistán, Pakistán, Yemen y Somalía en el año 2015. Los suecos se han hecho los suecos con este tema. Yo apunto como anexo que aún está la cárcel de Guantánamo en Cuba, que él expresó en su campaña que eliminaría. Ver para creer.

Devuélveme la vida

Es el título de la ópera prima del maracayero Alain Maiki, que debutará en las salas de los cines venezolanos a mediados del mes en curso. Es la primera producción criolla del año 2016. Se trata de una historia policial con acento venezolano. Recomendamos su observación y apoyo al cine nuestro. Independientemente que las salas no se lo den.

Greivin Ureña

En los espacios de la Casa de la Cultura de la población de Palo Negro, la capital del Municipio Libertador de nuestra entidad federal, se está llevando a efecto la exposición del fotógrafo costarricense Greivin Ureña. Fotos de mediano formato a color se podrán observar hasta finales del mes de febrero del año en curso.

Centenario de Cervantes

El venidero día 22 de abril se estará celebrando en el planeta el IV Centenario de Cervantes. El “manco de Lepanto” nació en el año de 1547 y falleció por diabetes un 22 de abril de 1616 a los 68 años de edad.

18 de enero de 2016

Foto Mariano Palazzo

En la Casa de Italia de Maracay, bajo la coordinación general de la Sociedad Dante Alighieri de Venezuela, se reunió el jurado único de calificación integrado por los profesionales: Freddy Díaz, Carlos Velis , Alexander Rondell, Abel Poleo, Freddy Contreras, Marcos Briceño y Alexis Barrios , con el objeto de seleccionar las piezas ganadoras del Salón Internacional de Arte Postal “ El Italiano en la Música , la Música en el Italiano”, que contó con la participación de 97 artistas visuales de 8 países y una decena de estados venezolanos, fue comisariado por Mariano Palazzo (Presidente de la Danta Alighieri y Aquiles Ortiz su Director de Cultura .

Por decisión unánime del jurado de turno, los premios y menciones de honor recayeron en las obras presentadas por los artistas: José Omaña, Miguel Sangrana, Nellysabel Briceño, María Ledezma, Adelmo Guzmán y Jesús Velásquez. Las menciones de honor son para los artistas: Heddy Durán, Antoni Mendoza, Adriana Ortiz y Mario Agüero.

El evento en cuestión estará abierto hasta mediados del mes de enero del año próximo. Los participantes tomaron como bandera expresiva el tema de la música italiana de ayer, hoy y siempre. Mariano Palazzo informó a los medios de comunicación, que los premios se entregarán en la segunda semana del mes de enero y que desde ya se está en la organización de la “Semana de la lengua italiana 2016” evento que abrió sus puertas para que el Salón de Arte Postal esté en el tapete de la cultura aragüeña. De nuestra parte está el amanecerá y veremos que nos depara el futuro.