En 1984, según escribe Edgar Paredes Pisani, la sociedad venezolana experimentaba una evidente incapacidad del Estado para responder a las demandas de la sociedad y aun cuando la crisis política e institucional no parecía evidente, se percibía graves indicios de un agotamiento del orden político; en ese marco se creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).

La COPRE nació para elaborar y presentar un proyecto de reforma integral del Estado y de hecho, en el año 1986, presentó a la Presidencia de la República unas propuestas de Reformas Políticas Inmediatas, en cuyo contenido se planteaba: la elección de gobernadores de manera directa, secreta y universal, la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Municipal; la democratización de los partidos políticos y reglas para su financiamiento, así como también la reforma a la Ley Orgánica del Sufragio.

Cinco años más tarde, 1989, se agravaba la crisis política e institucional del Estado, lo que llevó al Congreso de la República a crear una Comisión Bicameral para la revisión de la Constitución, que inició su labor planteándose una Enmienda Constitucional y terminó elaborando una propuesta de Reforma General de la Constitución. Entre sus propuestas estaba la creación del Primer Ministro, la incorporación del Referendo como mecanismo para facilitar la participación en los asuntos públicos y la reforma del Sistema Judicial.

Ricardo Combellas, quien fue presidente de la COPRE, reconocía en uno de sus escritos que aquellas reformas urgentes, necesarias e importantes, no se concretaron y terminaron enterradas porque no lograron capitalizar la voluntad política necesaria del entonces Congreso Nacional; pero además, Combellas afirma que el intento fallido de golpe militar de 1992, lejos de impulsar la reforma constitucional, debilitó la voluntad para avanzar en las reformas generales de la Constitución.

No fueron suficientes los esfuerzos de la COPRE en el período 1994-1998 por retomar la idea de la reforma general de la Constitución; irónicamente, quien impulsa el fallido golpe de estado terminó siendo el promotor de una reforma constitucional que el liderazgo político de aquél momento no logró impulsar oportunamente.

El carisma de Hugo Chávez, el deterioro de los partidos políticos y de las instituciones del Estado hicieron posible que la Corte Suprema de Justicia y un referendo con la participación de solo 37,5% de la población electoral validaran la Asamblea Constituyente como vía de reforma constitucional, aun cuando la misma era contraria al propio texto Constitucional de 1961.

El Dr. Allan Brewer-Carias, en varios de sus escritos, recuerda que las Asambleas o Congresos Constituyentes han sido parte de nuestra tradición histórica; en tal sentido, identifica esos procesos en los años 1811, 1830, 1858, 1863, 1893, 1901, 1904, 1946, 1952 y 1958, y destaca que en todos los casos, esos procesos constituyentes fueron producto de una situación de hecho, consecuencia de una ruptura del hilo constitucional precedente. La fórmula constituyente de 1999, a diferencia de las anteriores, fue producto de un proceso democrático y pacífico, pero cuyo antecedente más inmediato fue el intento fallido de golpe de estado.

Hoy, 2016, una nueva generación de líderes políticos, no tienen otra alternativa que enfrentar los desafíos que supone un modelo político clientelar que se agotó, que profundizó la cultura del rentismo petrolero y que expone la evidencia de su fracaso en los objetivos planteados que están contenidos en el Plan de la Patria 2013-2019.

Ese modelo político se impuso a espaldas del pueblo, abusando de manera vergonzosa de la función legislativa en diciembre 2010, desconociendo a la Constitución de 1999 e ignorando los resultados del referendo del 2 de diciembre de 2007, lo cual configuró un modelo político inconstitucional e ilegítimo.

El Estado, así como en 1984, en la actualidad no puede satisfacer las necesidades básicas del pueblo; el Estado Comunal o Socialista, no logra garantizar las necesidades de: alimentación, agua potable, electricidad, salud, educación, seguridad ciudadana y menos una justicia imparcial.

Si en 1999, con la participación de 37,67% de los electores y en consecuencia una abstención del 62,3%, la sociedad venezolana asumió el camino de una Constituyente, ignorando los mecanismos formales de reforma de la Constitución de 1961, como salida inmediata a la crisis política e institucional de aquél momento; hoy, 2016, con un proceso electoral parlamentario en el cual participó el 74,5% de electores, resulta más que evidente el nivel de legitimidad que reposa en la Asamblea Nacional para actuar como promotor y facilitador de un proceso político de transformación, que debe iniciarse con la reinstitucionalización del país, a los fines de enfrentar una crisis evidente en lo político, en lo social y también en lo económico.

Las actividades de la Asamblea Nacional en estas primeras semanas, ha permitido rescatar en la memoria de los venezolanos la función parlamentaria a través del debate de ideas, de la interpelación como mecanismo de control político sobre la gestión de gobierno y de la función legislativa a través de las iniciativas de ley que se han planteado.

La rutina parlamentaria, mencionada en 1998 por Ricardo Combellas como una de las razones por las cuales no se acometieron las reformas que oportunamente propuso la Comisión Bicameral de revisión constitucional que actúo entre 1989 y 1992, debe llamar a la reflexión de los nuevos diputados en función de la responsabilidad histórica que esta Asamblea Nacional tiene en sus manos.

La Asamblea Nacional, a pesar de los intentos externos de saboteo, ha logrado responsablemente superarlos y ha logrado en poco tiempo exponer una gestión parlamentaria de cara a los ciudadanos y sin discriminación alguna. Cada vez que el ciudadano comenta sobre unas palabras o una intervención de algún diputado, sobre una decisión de la Asamblea Nacional, claramente está dejando constancia que siente y percibe la existencia del Poder Legislativo, lo cual es un gran paso, luego de ser un Poder Público prácticamente inexistente.

Por último, la Unidad tiene el deber ético y moral de responder políticamente al desafío que impone la realidad actual. El debate político y el diálogo entre todos los actores deben prevalecer. El espíritu de Unidad que privó en el referendo el 2007 y en las parlamentarias de 2015, debe alimentarse a los fines de ser efectivos en la defensa del orden constitucional y de la reinstitucionalización del país.

Qué oportunas son las palabras de Mario Briceño Iragorry cuando a mediados del siglo pasado escribió: “Por ello, de cambio en cambio, de modificación en modificación, de sistema en sistema, de ensayo en ensayo, hemos llegado en el afán de borrar el pasado, hasta frustrar nuestra genuina fisonomía nacional.” Allí se puede identificar las consecuencias de las tres 3 últimas décadas de cambios, reformas y transformaciones.

Referencias Bibliográficas:

Brewer-Carías, Allan. Poder Constituyente originario y Asamblea Nacional Constituyente. Editorial Jurídica Venezolana 1999.

COPRE. Reformas Políticas para el Cambio Político. Volumen 3. 1993.

Combellas, Ricardo (Coordinador) Constituyente, aportes al Debate. COPRE, Konrad Adenauer. 1998.

Artículo escrito para Politika UCAB, 12 de febrero de 2016

¿Qué comentar? sigue siendo un dilema difícil de resolver ante el cúmulo de declaraciones, decisiones y maniobras, términos definitivamente redundantes en este momento político, para reflejar lo que hace el oficialismo en su desgobierno, sin que se vislumbre una sola acción destinada a resolver los grandes problemas del país.

Ante esta realidad, se nos ocurre cuestionarnos sobre la posibilidad de que exista otra vida, distinta y mejor, después de la que estamos mal viviendo, en términos individuales y como ese todo que somos la sociedad venezolana.

Enumerar constantemente lo que sufrimos no ayuda a nada, ni a nadie, mientras que atrevernos a imaginarnos que las cosas pueden ser distintas representa una aliciente para seguir resistiendo y luchando por un futuro diferente, cada quien desde sus realidades y circunstancias.

Convencidos de ello, acompañamos la idea de que Venezuela tiene un futuro cada vez más cercano, en el cuál será posible desarrollar las aspiraciones personales, con respeto a las de los demás y a nuestro entorno natural, gracias a un marco jurídico que garantice la igualdad de oportunidades para todos los que en ella vivimos.

Ese futuro tenemos que construirlo desde ya, teniendo claro que nunca el mismo será producto de una individualidad, que los mesías modernos son creaciones publicitarias, y que solo el trabajo en equipo, asignado democráticamente a un grupo de venezolanos constantemente sujeto a supervisión, puede sacarnos adelante en un mundo cada vez más interdependiente a pesar de sus contradicciones.

Requerimos un país unido a partir del reconocimiento de las realidades y capacidades existentes en nuestras regiones, las cuales federadas en su accionar pueden gestionar gracias a su cercanía, las expectativas de las comunidades. Esta acción federada demanda una hacienda pública capaz de recaudar lo que es de todos y gestionar su distribución hacia niveles nacionales y locales de acuerdo a competencias y responsabilidades claramente establecidas.

Las reglas de todo juego y sobre todo, las de este que es vital, deben estar totalmente claras y más nunca sujetas a interpretaciones en manos de unos pocos, la opinión de cada venezolano debe contar por igual y el cumplimiento de lo establecido como ley debe ser garantizado de manera justa y expedita.

Partiendo de esa base y con honestidad administrativa presumida, pero además sujeta a supervisión y comprobación, nuestro país, en muy poco tiempo estará en la vía de acogernos con seguridad jurídica, seguridad social y seguridad personal para todos.

Claro que podemos; hagámoslo juntos.

Esta semana la sala constitucional de TSJ decidió, finalmente, quitarse la careta institucional y dejar ver su verdadero rostro rojo rojito, fallando a favor del decreto de emergencia económica propuesto por el jefe del régimen al inicio del año, que fue negado en el uso pleno de sus facultades constitucionales, por la nueva Asamblea Nacional. La sala constitucional, simplemente, no tiene la facultad para abrogarse semejante atribución y en consecuencia prefiere violar la Constitución Nacional a decirle al gobierno que no puede anular la decisión de la AN.

Esto crea un limbo jurídico institucional que enfrenta abiertamente tres poderes constituidos, dos de ellos por la expresión de la voluntad popular, la presidencia y la asamblea nacional y el otro por designación de la AN, como es el TSJ y sus salas respectivas, por lo que constitucionalmente, esta última no puede estar por encima de la voluntad del elector y debe, más bien, cumplir una labor de equilibrio para que se haga lo justo.

Abstrayéndose de estos principios, es incomprensible que la sala constitucional no se percate que el referido decreto de emergencia sólo hará empeorar las penurias que vivimos los venezolanos ya que, definitivamente, el gobierno no tiene la posibilidad de resolverlas porque precisamente el gobierno, es el problema.

Esta apreciación, ahora más generalizada dentro de la sociedad venezolana, incluyendo buena parte de los simpatizantes chavistas, apunta a la necesidad de cambiar al gobierno de la forma constitucional, pacífica, democrática y electoral mediante un método que se propondría dentro de seis meses según palabras iniciales del presidente de la AN al instalarse la misma el 05 de enero pasado. Sin embargo, las actuaciones arbitrarias del régimen, incluidos su poderes compinches, hacen ver que un plazo de seis meses (ahora cinco) luce excesivo y hasta peligroso para la existencia de Venezuela como país viable.

De allí que las palabras del presidente de la AN, durante la rueda de prensa ofrecida al país para fijar posición ante la ilegal decisión de la sala constitucional, al manifestar que quedaba sin efecto ese plazo de seis meses y que se abocarían a buscar el método para cambiar al gobierno en un tiempo más perentorio, evidencia la gravedad de la situación donde parece que la mejor opción del régimen es propiciarse un golpe de estado.

Para este cambio, sin duda impostergable, la AN y la oposición democrática deben activar inmediatamente la presencia de organismos e instituciones internacionales que garanticen el mantenimiento del precario estado de derecho que aún nos queda, mientras se ejecuta el método de cambio acordado y generen la suficiente presión institucional externa, ya no solo para el proceso de cambio, sino más importante aún, para preservarnos como país.

13 de febrero de 2016

La casa del Embajador de la República Popular China en Caracas, el pasado 8 de Febrero, abrió sus puertas, para celebrar por todo lo alto “El Año Nuevo Chino”.

Todos los representantes diplomáticos, de los países acreditados, hicieron acto de presencia. El Embajador Zhao Bentang, radiaba de felicidad al ver que todo el mundo diplomático había atendido a su llamado.

Luego, de las salutaciones de rigor, el camarada Zhao, se concentró en buscar con especial atención al representante del gobierno venezolano ¿Nǎlǐ shì sà kē? (¿Dónde está Nicolás?)…..Le preguntó a su asistente…..

Tā méiyǒu lái, ér shì pàichū fù zǒngcái (No vino, en su lugar envió al vicepresidente)…..respondió nervioso el asistente.

El embajador, se sintió ofendido por el desaire presidencial. Pero, hizo uso de su experiencia diplomática y no le dio importancia al hecho. Con el petróleo, el oro, el coltán y el uranio asegurado, me importa un comino si Nicolás viene o no a mi fiesta….lo importante es que firme todos los acuerdos energéticos y comerciales que le hemos planteado. Volteándose, hacia su asistente, le ordenó que buscara al representante gubernamental.

No salía de su asombro el embajador, al ver frente a él, al Vicepresidente Aristóbulo. Agradeció su presencia con unas significativas palabras “Xièxiè nǐ de guānglín. Nǐ shì zhuóyuè de zhōngguó xīnnián qìngzhù huódòng de dàibiǎo rénwù. Tèbié shì jīnnián shì hóu nián”….que de inmediato, fueron traducidas por el intérprete oficial “Gracias por venir. Usted, es una figura representativa por excelencia, en la celebración del año nuevo chino. Con la especial significación que este es el “Año del Mono”.

Algunos miembros del cuerpo diplomático, dándole un doble sentido a las palabras dichas, expresaron en su rostro una sonrisa burlona.

A partir de ese momento, las atenciones del embajador se centraron en Aristóbulo. Su presencia, sin lugar a dudas, viene a reafirmar las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros pueblos y más en este periodo que es El Año del Mono Rojo de Fuego.

Sé, continuó el embajador chino, que usted desde los altos cargos del Psuv, la gobernación de Anzoátegui y ahora desde la vicepresidencia, ha impulsado múltiples acuerdos en áreas como infraestructura, cultura, social, educativa, agrícola y tecnológica con nuestro gobierno.

Además, con toda la intención del caso, ha permitido y consolidado las tradiciones que rodean a las festividades del nuevo año lunar chino.

-Camarada, discúlpeme, pero no comprendo, dijo Aristóbulo.

Déjeme darle algunos ejemplos, dijo orgulloso el embajador:

Una de nuestras tradiciones, es limpiar la casa. Y el gobierno que usted representa, entrega las viviendas que nosotros construimos “En obra limpia”

También, ponemos adornos rojos en todas partes…..y veo con satisfacción como ustedes llenan las paredes y postes con propaganda Loja-lojita.

Nosotros, los chinos, nos vestimos para la ocasión de celebrar el año nuevo, con algo lojo. Pero, ustedes han llevado esto al extremo con zapatos, medias, pantalones, franelas y gorras de color lojo….algunos aseguran que hasta la lopa interior es Loja.

Tradicionalmente visitamos un templo……pero aquí su gobierno visita dialamente La Tumba del Difunto Etelno……ni al camarada Mao, lo visitan tanto.

Los fuegos artificiales, representan una tradición de año nuevo…..pero, veo que aquí en Calacas todas las noches el cielo se llena de plomos artificiales.

Por último, pero quizás lo más importante es el uso que su gobierno ha dado a los “Hong Pao” o los “Sobres Rojos” que por tradición nosotros en China los repartimos con algo de dinero para la alegría de nuestros niños y ustedes en su gobierno lo han llevado a extremos nunca vistos…..de los sobres pasaron a los maletines rojos con pacas de dólares o euros para la alegría y satisfacción de sus coluptos.

Repito, mis palabras iniciales de agradecimiento, perdón por mis fallas con el español. En el Año del Mono, es usted un genuino representante….brindemos por eso.

Muertos de la risa, los diplomáticos dijeron….salud.

Comentarios sobre las alternativas constitucionales para el cambio

Entre las tareas ciudadanas que en Aragua en Red nos hemos impuesto, en el año 2016, está la promoción de un conjunto de actividades que tiendan a informar a los aragüeños sobre las opciones o alternativas constitucionales y democráticas para resolver la grave crisis política, social y económica que atraviesa el país. De modo que hemos iniciado un programa denominado EN LA RUTA DEMOCRATICA PARA EL CAMBIO, y, esta declaración de hoy como el foro realizado el pasado miércoles en el auditorio de la Cámara de Comercio del Estado Aragua, constituyen la iniciación de tales actividades.

La situación del país es insostenible. Este país está quebrado económica, fiscal, social, moral y políticamente. Tenemos la mayor inflación del mundo y la mayor corrupción jamás vistas en Venezuela. Estos gobernantes nuestros en 17 años, se robaron los huevos y mataron la gallina de oro que es PDVSA. Por ello el país pide a gritos una solución constitucional para salir del gobierno.

Son varias las opciones constitucionales:

A) La renuncia del presidente. Art. 233 de la CN.

Es la menos gravosa y la más expedita porque resulta de un acto voluntario. No hay que acudir a ninguna instancia para aplicar el procedimiento constitucional de sustitución. Pudiera haber acuerdo de transición, pero si esa renuncia se produce durante los dos (2) últimos años del periodo presidencial, asume el vicepresidente. Esta puede ser la estrategia gatopardiana del gobierno. O es Aristóbulo o es Diosdado. Eso no es transición.

B) El Revocatorio. Artículo 72 de la C.N

Este supuesto procede una vez cumplido la mitad del periodo constitucional, que en el caso presidencial es de tres (3) años.

Procedimiento: Recolección de firmas de por lo menos el 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral (hablamos de más de tres millones de firmas) y una votación que supere el 25% de los votantes, pero igualmente la votación para revocar debe ser igual o mayor a la elección del presidente que fue de 7.500.000 votos aproximadamente.

Por otro lado, debemos precisar que de acuerdo a los dos Reglamentos dictados por el CNE para el Revocatorio, específicamente la N° 070207-036 del siete (7), este proceso lo administra el CNE, desde fijar tres (3) días para la recolección de firmas mediante el método de captahuellas y la escogencia de los lugares para aquellas, amén de que se reserva la redacción de la pregunta. Finalmente, establece de acuerdo con sentencia de la inefable Sala Constitucional del TSJ, además de igual o superar la votación del presidente, debe ganar el referendo. Es un proceso riesgoso, tanto por quien administra el proceso como por el que sentencia en caso de reclamos oficialistas.

C) La Enmienda. Art. 340 C.N.

Existe un proyecto para aplicar la enmienda a la Constitución. El propósito es reducir a 4 años el periodo presidencial, eliminar la reelección indefinida y recortar el mandato de los Gobernadores y Alcaldes. Tambien para la reducción de los magistrados de 12 a 6 años.

La enmienda es la adicción o modificación de uno o varios artículos de la C.N., sin alterar su estructura fundamental. Debemos informar que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica; ésta última se refiere a la organización del Estado y es dónde cabría la enmienda.

Procedimiento: La iniciativa puede partir del 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Registro Electoral o el 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente en Consejo de Ministros.

De ser la iniciativa de la A.N., sólo se aprueba con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados y su discusión es propia de la elaboración de las leyes ordinarias.

Aprobada la enmienda, el CNE la someterá a referéndum a los 30 días de su recepción. El presidente tiene 10 días para promulgar la enmienda (Art. 215 de la CN) y no creo que pueda solicitar la inconstitucionalidad de la enmienda en virtud de haberse aprobado a través de un referéndum que es una de las expresiones de soberanía del pueblo.

Si el presidente se negare a promulgar la enmienda, la directiva de la A.N., podrá promulgarla sin perjuicio de las responsabilidades del Presidente por su omisión.

Como esta exposición tiene fundamentalmente un criterio jurídico, sin atender a los asuntos políticos, me arriesgo a señalar que con arreglo a las normas de derecho intertemporal en el derecho comparado y el derecho positivo venezolano, “los actos y relaciones de la vida real se regulan por la ley vigente en el momento en que se llevan a cabo…”, y es una regla que si bien es creación de la doctrina y no se formula en forma directa en el derecho positivo, explícitamente se expresa en dos preceptos, a saber, “las leyes no tienen efecto retroactivo”, y “las leyes no afectan a los derechos adquiridos”, con lo cual la nueva ley no afectaría a los derechos que se adquirieron antes de su entrada en vigor. Sin embargo, es necesario asentar, que de la revisión de nuestros textos constitucionales, anteriores a la C.N de 1931 y hasta 1947, contenían en el capítulo referido al Poder Legislativo, específicamente a la formación de las leyes, expresamente indicaba que “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo…”. Tal disposición constitucional fue abandonada en las Constituciones de 1961 y la actual de 1.999. De modo que el riesgo estaría en el manotazo que pueda asestarle la Sala Constitucional del TSJ a la voluntad popular representada en la Asamblea Nacional.

D) La Reforma Constitucional. Art. 342 de la C.N.

La constituye la revisión parcial de la Constitución y la sustitución de uno o varios de sus artículos, sin modificar la estructura y principios fundamentales de la C.N. Hay algunas diferencias de esta con la enmienda que podemos comentarlas adelante.

La iniciativa corresponde al presidente en Consejo de Ministros, o al 15% de los electores inscritos en el Registro Civil y Electoral; tambien a la Asamblea Nacional aprobada por mayoría simple.

Trámite: Es más complicado que la enmienda pues requiere una primera discusión parlamentaria en las sesiones de presentación del proyecto, luego, la segunda discusión es por capítulo o título de la Constitución, según las normas a reformar, y la tercera discusión, trata artículo por artículo. Tiene un plazo de dos (2) años para aprobarla y se aprueba con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la A.N. Tambien se somete a referéndum como establece el artículo 344 de la CN. Será aprobada si los votos afirmativos son superiores a los votos negativos. La promulgación es idéntica al artículo 216 de la C.N. (10 días)

E) La Asamblea Constituyente.- Art. 348 C.N.

Esta requiere la iniciativa del presidente en Consejo de Ministros, o las 2/3 partes de la Asamblea nacional, o las 2/3 partes de los Concejos Municipales o el 15% de los electores inscritos en el R.E.

Se requiere entonces una mayoría calificada del parlamento, que son 112 diputados, lo que resulta discutible ahora en razón de la incertidumbre que resulta de la desincorporación de 3 diputados opositores por el Estado Amazonas. En caso de la iniciativa popular, hay que recoger firmas y entiendo que debe regularse a través del CNE.

Ninguno de los poderes constituidos pueden impedir las decisiones de la ANC ni el presidente puede objetar la nueva Constitución.

Una ANC es la expresión soberana del pueblo, originaria o derivada; mediante ella se redacta un nuevo texto constitucional y puede transformarse el Estado., pero no hay duda que es un proceso complejo y de temores en los electores por las experiencias anteriores de persecución, sobre todo a empleados y funcionarios menores que aspiran un cambio político. En mi opinión personal, no la de Aragua en Red, no hay todavía mecanismos claros para impulsar la ANC por iniciativa popular.

Finalmente, hay quienes opinan que a Maduro hay que dejarlo unos meses más para que se guise en su propio aceite, pero el riesgo es la degradación del país.

DIFERENCIAS ENTRE ENMIENDA Y REFORMA

Las diferencias fundamentales están: en la amplitud de la misma: La enmienda agrega o modifica uno o varios artículos, la reforma revisa el texto parcialmente y sustituye artículos, es más amplia.

La enmienda requiere de una mayoría simple para aprobarla en forma de ley, la reforma se aprueba con mayoría calificada del parlamento.

El método de aprobación de la enmienda es el de una ley ordinaria, por mayoría simple, en cambio, la reforma el proceso legislativo es más complejo: requiere de tres discusiones, presentación del proyecto, discusión por capítulos o títulos de la CN, y artículo por artículos a reformar, además el plazo de aprobación es mayor.

Ambas deben ser aprobadas por referéndum en 30 días y deben ser promulgadas por el Presidente o por la Directiva del parlamento.

Coordinador de Aragua en Red

Maracay, 12 de febrero de 2016

El martes 2 de febrero, día de la Candelaria, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Asamblea Nacional el informe sobre su actuación en el año 2015 y el retrato, a su manera, de la justicia penal venezolana.

Unas son las consideraciones teóricas y los planes de la fiscal y otra la realidad de la cual no ha podido escapar, a pesar del maquillaje de las cifras y la seducción de sus cuadros a colores para ilustrar las estadísticas.

Hay que resaltar, sin embargo, que asumió su responsabilidad ante la representación del pueblo, aunque ahora ha señalado que no tiene la obligación de concurrir, alegato en franca contradicción con lo que establece la Constitución. En todo caso, suministró algunos datos que permiten avanzar en el camino de importantes conclusiones.

Por fin, un alto funcionario público, en este caso, el garante de la legalidad de los procesos penales y de la buena marcha de la administración de justicia, dejó a un lado la peregrina tesis de la impresionante cifra de homicidios por “ajuste de cuentas”, para aceptar que, en 2015, hubo 17.778 asesinados, con una terrible y escandalosa tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes, signo de evidente alarma, dejando muy lejos a países hermanos como Colombia, Perú, Chile, Argentina y otros, con tasas muy inferiores a las nuestras.

Aceptar esta cifra ya es un paso importante, ya que implica admitir la realidad como punto de partida para enmendar errores e implementar una seria y coherente política criminal, aunque no se atrevió la fiscal a dar cuenta de la impunidad de más de 90% en todos los delitos, factor determinante de la violencia que nos cerca, nos agobia y nos inmoviliza, creando terror y zozobra en la colectividad, reducidos todos a la más absoluta impotencia.

La fiscal nos ilustra sobre su actuación en materia de defensa de los derechos de la mujer, sobre la lucha contra la corrupción y sobre la salvaguarda de los derechos humanos.

Pero, en verdad, en estos aspectos la realidad nada tiene que ver con los loables y expresados propósitos del Ministerio Público. En efecto, no podemos entender la misión emprendida para erradicar la violencia contra la mujer, mientras la Fiscalía se calla ante las prácticas de las requisas impúdicas que padecen, día a día, las madres, las hijas y las hermanas de los presos; ni se puede entender que se luche contra la corrupción ante la carencia de toda respuesta efectiva ante el asalto a los dólares de Cadivi sin pasamontañas, a plena luz del día y con la complicidad de los custodios del propio Estado; y no se puede compartir la preocupación por el respeto a los derechos humanos, mientras se enjuicia a disidentes políticos y se les encierra en celdas terroríficas por el simple hecho de opinar, de expresarse, de enviar “tuits”, de manifestar o de protestar, torciendo así la letra, el espíritu de la Constitución y la esencia de toda la normativa penal garantista.

Una humilde mujer, que no entiende el mensaje de la fiscal, Yaroxe Santana, ante el cuadro de la muerte de su hijo, Anthony Santana, tatuador de 25 años, ultimado a golpes en el apartamento que tenía alquilado en La Hoyada (El Nacional, 2-2-16), solo alcanzó a decir: “No pido venganza, lo que pido es justicia”. Es la nobleza de un pueblo sufrido que nos da lecciones en la materia de valores, en la que muchos líderes están “raspados”.

Ante la realidad aplastante de la inseguridad, de la violencia y del desprecio por la vida, la respuesta no va por el camino de un nuevo Código Penal, como lo auspicia la fiscal, ya que el problema nuestro no es de leyes, sino de hombres y mujeres que asuman la carga de la justicia y se la coloquen sobre sus hombros con la conciencia de que la dama ciega está hoy abandonada a su suerte, marginada, arrinconada y puesta al servicio de los intereses del poder o arrodillada ante sus oficiantes y de espaldas a las exigencias legítimas de un pueblo que solo aspira a vivir dignamente y en paz, reconociéndonos como hermanos y, llegado el momento, ante la cruda y no deseada realidad de un delito que lesione nuestros legítimos derechos o que nos prive del bien supremo de la vida, obtener la respuesta oportuna y eficaz de un sistema de control social que haga brillar la justicia en el caso concreto, que aplique la sanción adecuada y oportuna, que de alguna manera repare el entuerto, sirva de lección a la colectividad y proporcione la oportunidad, a quien hizo el daño, de reconocer su error y reinsertarse en la vida social regenerado, una vez cumplida su pena en un centro digno de seres humanos y no en antros de degradación y escuelas especializadas del delito, como son nuestras prisiones, ahora sedicentemente “humanizadas” bajo el imperio de los pranes.

El Nacional, 8 de febrero 2016

Las demandas de los productores agrícolas por mejores precios para las materias primas que producen no afectan a los consumidores de los países ricos, debido al bajo peso de los alimentos en el presupuesto familiar. Los consumidores, inclusive, se solidarizan con las luchas de los productores por mayores precios y beneficios para su actividad. No sucede lo mismo en los países donde la mayoría de los consumidores son pobres ya que los alimentos representan una elevada proporción del costo de la vida.

El caso de Venezuela es representativo de un país donde una fracción importante de los consumidores es pobre. A mediados de la década de 1980 el Ministro de Agricultura Felipe Gómez Álvarez implementó una política orientada a impulsar la producción agrícola recurriendo fundamentalmente a una mejora sustantiva de los precios agrícolas. Esta política tuvo un fuerte impacto sobre la producción, en particular de cereales, por lo que se le llamó el periodo del “Milagro Agrícola”. La producción de cereales se expandió principalmente en suelos de mala calidad de las sábanas de Guárico y con la participación de productores de origen urbano, con poca o ninguna experiencia en el negocio agrícola. No es de sorprender que la productividad agrícola disminuyera durante la década mencionada. Los que pagaron los platos rotos del “Milagro Agrícola” de Gómez Álvarez fueron los consumidores urbanos, pues la inflación de alimentos se incrementó, lo que se tradujo en un mayor empobrecimiento de la población.

A partir de la experiencia del “Milagro Agrícola” se llevó a cabo una discusión sobre las políticas agrícolas y los instrumentos implícitos en las mismas considerando no solo los intereses de los productores agrícolas, sino también el impacto en el consumo y en los consumidores urbanos de bajos ingresos. Esta polémica se extendió a lo largo de la década de 1990 cuando Venezuela decidió ingresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y establecer un acuerdo de libre comercio con su socio natural Colombia.

En este contexto ingresa al Ministerio de Agricultura el profesor de la UCV Arnaldo Badillo como Viceministro. Badillo había cursado estudios de postgrado en el área de Economía Agrícola y por su formación estaba consciente de los beneficios del libre comercio para los consumidores. Desde el inicio de la profesión, los economistas han favorecido el libre comercio por su impacto positivo sobre los consumidores al disminuir el precio de los bienes que consumen. En esta línea de pensamiento se ubicaba Badillo por lo que por razones profesionales, se identificó con los propósitos de la CAN.

En el contexto descrito Badillo se dedicó a la implementación del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) que era el marco regulatorio de la CAN para la fijación de precios agrícolas. Este mecanismo tomaba en cuenta los precios de las materias primas en los países de la CAN como base para el cálculo de los precios agrícolas, adicionalmente a otras variables; el mecanismo establecía así un techo a la discrecionalidad de los funcionarios de cada país y a las aspiraciones de los gremios agrícolas. Ello era inaceptable para los gremios agrícolas venezolanos quienes se habían organizado electoralmente para elegir al gobierno de turno; desde un principio utilizaron su influencia y posicionamiento institucional en el Ministerio de Agricultura para a boicotear el SAFP y la labor del Viceministro Badillo. Era difícil una conciliación ya que la preocupación fundamental de Badillo era no repetir la experiencia del “Milagro Agrícola” y su nefasto impacto en los consumidores, mientras los gremios agrícolas buscaban solo su estrecho interés como grupo, sin ninguna otra consideración.

Las tensiones de Badillo con los gremios agrícola debido a la implementación de el SAFP fueron volcadas en una obra titulada “Políticas de precios agrícolas en Venezuela. Teoría y vivencias” la cual fue editada en un esfuerzo conjunto entre el postgrado de Desarrollo Rural de la UCV y la Fundación de Materiales Educativos Impresos de la Gobernación del Estado Aragua, en el año 2008. En dicha obra Badillo expone una dura crítica a los gremios agrícolas cuyo interés, al buscar el desmantelamiento del SAFP, era retornar a la fijación discrecional de los precios agrícolas, sin importar el impacto que ello tuviera en el consumo y en los consumidores de bajos ingresos.

A juicio de Badillo los esfuerzos de los gremios se orientaban fundamentalmente a incrementar sus beneficios recurriendo al cabildeo político e institucional y no a realizar los esfuerzos necesarios para aumentar la productividad y la eficiencia de sus empresas. Lo que buscaban era reproducir el ineficiente modelo de crecimiento de la producción del “Milagro Agrícola” de la década de 1980.

A finales de la década de 1990 los gremios agrícolas se organizaron de nuevo electoralmente para apoyar la elección del entonces candidato Hugo Chávez. Como en anteriores ocasiones utilizaron su posicionamiento político e institucional para lograr mejoras en los precios agrícolas; labor en la que tuvieron éxito pues los precios de los cereales y en particular de maíz se fijaron por encima de la inflación. Badillo analiza el accionar de los gremios en esta etapa y señala que su éxito era coyuntural por que la orientación de la política general del gobierno bolivariano en materia alimentaria estaba sesgada hacia los consumidores de bajos ingresos, cuyo interés entraba en conflicto con los de los productores.

La predicción de Badillo fue acertada porque la política alimentaria se orientó preferentemente a utilizar las importaciones y los programas sociales alimentarios para beneficiar a los sectores de más bajos ingresos. En este contexto la producción agropecuaria fue afectada negativamente por la competencia de las importaciones. Adicionalmente las acciones gubernamentales en el campo acrecentaron la inseguridad jurídica y la escasez de insumos y repuestos. Si bien durante varios años la producción de maíz logró crecer en este ambiente de dificultades al final zozobró al igual que toda la producción agropecuaria.

La obra del Prof. Arnaldo Badillo refleja la complejidad de la implementación de las políticas agrícolas en Venezuela dadas las interrelaciones con otros países a través de los acuerdos de libre comercio, la influencia de los grupos de interés agrícola y las implicaciones de los incrementos de precios en los consumidores de bajos ingresos.

Venezuela debe restaurar su inserción activa en los acuerdos de libre comercio con nuestros socios naturales como Colombia. En este aspecto los gremios agrícolas han demostrado ser una traba. Por otro lado, si bien es necesario diseñar estímulos para la producción nacional, ello no debe lesionar la capacidad de compra de los consumidores pobres, tema en el que también los gremios agrícolas han evidenciado no ser parte de la solución, sino del problema.

Profesor. Facultad de Agronomía, UCV.